Corporativismo y ritual en la creación de dos tipos de...
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Conmemoración del 1 de mayo,
“Festejo al líder agrarista Miguel
Pantoja”.
EL COLEGIO DE
MICHOACÁN A.C.
Corporativismo y ritual
en la creación de dos
tipos de ciudadanía: el
caso de Romero de
Torres
María del Socorro Ramos Ramírez
03/10/2011
2
Índice
Introducción………………………………………………… 3
1. El proceso de exclusión social y política…………………… 9
2. El corporativismo…………………………………………… 11
3. El nuevo panorama en el marco de la reforma agraria …. 21
Reflexiones finales………………………………………….… 28
Bibliografía…………………………………………………. 31
Páginas electrónicas…………………………………………. 34
3
Introducción
El proceso del reparto agrario en el país fue la expresión de una tendencia político-
ideológica que, como lo explica Eduardo Nava, se gestó muchos años antes de que el
general Lázaro Cárdenas fungiera como gobernador del Estado (Nava, 2009: 23). Dicho
proceso no sólo reestructuró la forma de tenencia de la tierra, sino también las estructuras
de poder en distintos ámbitos.
En el presente documento se intenta analizar el surgimiento de dos tipos de ciudadanía a
raíz del reparto agrario, considerando el ejido como una construcción social y no como
producto exclusivamente legislativo o como un proyecto político del Estado. Se intenta
mostrar a través de una versión histórica cómo en el rancho1 de Romero de Torres, han
coexistido dos tipos de ciudadanos: el primero comprende a los ciudadanos plenos
apoyados en la construcción social del ejido y los rituales estatales que han fomentado un
tipo de cultura política a través del corporativismo oficial; y el segundo, a un tipo de
ciudadanos con las mismas características y condiciones de vida que los primeros, pero con
derechos y obligaciones políticos restringidos, los cuales han intentado por medio de otras
vías alternas a las oficiales lograr su estatus pleno de ciudadanos.
Retomar al ejido como una construcción social y no sólo como resultado de la legislación
agraria o un producto del naciente Estado mexicano, significa considerar la manera en que
la participación de ejidatarios y no ejidatarios le ha imprimido sentido a sus prácticas y ha
derivado en formas particulares de organización social (Mendoza, 2002: 12, 29, 31). Esto
me compromete a escribir sobre personas “reales”, como lo retoma Carpinteiro de
Roseberry (2007), “ligadas a diversas configuraciones espaciales, pero todas ellas
relacionadas con la formación del México moderno”. Es decir, hablar de personas o gente
1 La denominación “rancho”, tiene sus antecedentes en el asentamiento improvisado de peones acasillados de
la hacienda de Romero de Torres, de modo que a la fecha, con esta palabra sus habitantes se refieren a su
espacio socio territorial. Herón Pérez explica en el artículo “el vocablo rancho y sus derivados: génesis,
evolución y usos”, del libro Rancheros y sociedades Rancheras, que, en el siglo XIX ya se utilizaba el término
“rancho” para referirse a un pequeño poblado que la hacienda creaba alrededor suyo, nótese también que
Herón Pérez retoma de literatura previa cómo también se hacía referencia a “viviendas e instalaciones que
surgen… al calor de la necesidad” (Pérez, 1994: 37).
4
“real” es una invitación a trascender los análisis de clase, explicar la posición que cada
sujeto juega dentro del entramado de la organización social y entender desde otra
perspectiva sus acciones. Entendiendo también que desde esas posiciones particulares los
sujetos no viven pasivamente las relaciones jerárquicas, sino que desde su mundo cotidiano
las confrontan y resignifican en luchas desiguales para crear espacios de acceso al poder y
recursos. El Estado no sólo es obra de los grupos dominantes, sino que está construido
también por la “gente real” (Gómez, 2008: 137).
En el aspecto metodológico tuve como guía de criterios la propuesta del doctor Zendejas
(2008) para la elaboración de investigaciones basadas en el enfoque de antropología
histórica, donde se propone analizar los espacios sociales como campos abiertos de
relaciones en los cuales podamos ver los procesos de construcción recíproca de sujetos, que
al mismo tiempo se forman en condiciones sociales que tienen una historia. De manera que
el proceso de formación ejidal no se limita al estudio de sus integrantes ni de sus espacios
de discusión, sino que se extiende a todo lo que se enlaza en la construcción relacional y
dinámica de fragmentos etnográficos que lo explican. El autor sugiere ir más allá del
presente etnográfico y seguirle la pista a evidencias de relaciones que desbordan esos
espacios y los influyen como parte de un mismo campo social.
Así que el reto ha sido la construcción de dichos fragmentos etnográficos, para lo cual
centré mi atención en la observación en las relaciones de poder del grupo ejidal, expresadas
en sus vínculos internos, así como las establecidas con otros grupos políticos y sociales, sus
rituales, sus distribuciones espaciales y sus estrategias de vida, teniendo en cuenta la
imbricación de otros procesos sociales en la transformación del grupo en diferentes
momentos históricos.
A lo largo del documento se enuncian algunos procesos de escalas y temporalidades
variables implicados en la formación histórica del ejido. El primero tiene que ver con la
reforma agraria, la cual algunos autores consideran que se inició con el levantamiento de
1910 (Verduzco, 1992; Stavenhagen, 1974), aunque hay quienes sugieren que tiene sus
antecedentes en luchas más añejas de reclamo por terrenos comunales (Oikión, 2009;
Roseberry, 2004; Bartra, 1985); e incluso, para otros, su expresión es clara durante el
5
gobierno presidencial de Lázaro Cárdenas (Ginzberg, 1999; Flores et al., 1988), además de
que no fue uniforme en todas las regiones del país. Por ejemplo, Aboites describe cómo se
diferenció el reparto agrario para la zona norte del país: en el caso de Durango y de
Chihuahua el cardenismo repartió menos cantidad que lo acumulado entre 1915 y 1935 y en
Coahuila el reparto se triplicó en relación con lo repartido durante éstos años (Aboites,
1991: 21-23); hacia 1930, Michoacán seguía siendo un estado latifundista (Ginzberg, 1999:
35); y en 1983, en el estado de Chiapas seguían registrándose fincas con peones acasillados
que exigían el reparto agrario (Flores et al., 1988: 181).
El llamado “giro a la derecha” que tuvo lugar durante el gobierno de Ávila Camacho ha
sido considerado el inicio del fin que se extendió agonizante hasta 1992 (Leonard et.al,
2003: 16). Al mismo tiempo, el proceso de retiro del estado benefactor se reflejó en las
políticas de apoyo al campesinado, que contribuyeron a la crisis de legitimidad vivida entre
las décadas de 1960 y 1970 (Oikión, 2004; Flores et al., 1988). Al respecto, Flores, Paré y
Sarmiento explican que a partir de 1940 comenzaron a implementarse mecanismos de
centralización de los recursos naturales, técnicos y económicos en manos de la burguesía
agrícola empresarial, y que se iniciaron con el freno del reparto agrario y con medidas
legales de protección a la pequeña propiedad (Flores et.al., 1988: 25). Oikión explica que
en Michoacán, al igual que en todas las regiones del país, el partido de Estado conservó la
hegemonía y el control del poder político desde la década de los veinte hasta la década de
los cincuenta, e impidió el desarrollo de grupos contrarios al régimen (Oikión, 2004: 461,
489). Así, una economía contraria a los campesinos y la clase trabajadora, aunada a la
restricción de espacios de participación política, provocó que se organizaran diferentes
movimientos encaminados a democratizar los espacios políticos y sindicales. En
Michoacán, desde la década de 1940 se intentó organizar un partido que no formara parte
del gobierno, llamado Partido Popular. Y a nivel nacional, varios movimientos sociales
─como el ferrocarrilero, el magisterial, entre otros movimientos regionales, como las
uniones de consumidores─ cobraron protagonismo en la política de nuestro país (Carr,
1996: 230).
Es por esto que entender el proceso histórico del corporativismo en el campo se vuelve
necesario para discutir la forma en que el grupo ejidal se convirtió en un espacio importante
6
de gestión y resguardo de la posición política de intermediación entre la población y las
diferentes dependencias del estado. Su filiación política al partido de gobierno y la crisis de
legitimidad democrática que vivió a mitad del siglo pasado podríamos considerarlas
factores que propiciaron el surgimiento o fortalecimiento de nuevas organizaciones
campesinas.
Retomo también, de la investigación de Miguel Hernández, La Comunidad Autoritaria, la
definición de “estrategias de vida”, como acciones que expresan y recuperan una serie de
saberes y destrezas que tienen que ver no sólo con la reproducción material sino también
con la conservación de un estatus (Hernández, 1990: 25). En este sentido, se abordan de
manera preliminar algunos procesos que contribuyen a modificar las estrategias de vida de
los sujetos investigados, lo cual puede explicar en algunos casos su posición en el ejido. Me
refiero principalmente al proceso migratorio, la tecnificación del campo y el desarrollo
urbano con sus consecuentes impactos para la estructura ejidal.
El trabajo se apoya teóricamente en la obra de William Roseberry (1988), quien sugiere que
se deben retar las abstracciones teóricas y enfatizar las relaciones concretas (Roseberry,
2008: 138). El autor propone que es importante rescatar las experiencias concretas de los
sujetos para entender qué mecanismos operan en las relaciones de poder; por ejemplo,
cuando nos propone analizar qué significan las disputas locales respecto a los procesos de
formación del Estado nacional se vuelve necesario describir qué, quiénes y cómo, porque es
parte de la recuperación de las experiencias de los sujetos (Roseberry, 2004).
De igual manera nos ayuda a examinar el peso de las construcciones culturales en procesos
más amplios cuando expone su idea de marco discursivo con el cual un lenguaje común
sirve de vía para disputar los recursos (Roseberry, 2002: 220). La idea de “vínculos
internalizados” nos permite entender la influencia recíproca entre estructuras y acciones de
los sujetos sociales, es decir donde existe la idea de una relación directa y tiene efectos de
realidad, lo cual tiene que ver con lo que Roseberry denominó como campos de poder en su
artículo “Cuestiones agrarias y campos sociales” (1988). El autor enfatiza retomando de
Anderson la idea de “comunidad imaginada”, de la que deriva la noción de comunidad
política, que se refiere al modo en que en términos concretos son sentidas, vividas e
7
interpretadas las relaciones por quienes participan en ellas, y nos invita a comprender el
poder que tienen esas imágenes y estructuras en las relaciones de dominación política, que
pueden derivar en formas particulares de creación de comunidades heterogéneas que
responden de modos diferentes a las estructuras y sucesos. De este modo, un campo social
se vuelve una configuración específica de relaciones sociales, delimitadas por cambios en
las dimensiones que las constituyen y que el mismo investigador va mostrando como
pertinentes para un análisis.
Entonces, siguiendo a Roseberry, este análisis se apoya en la elección de dimensiones
específicas que forman parte de un campo multidimensional que demarca las posiciones
particulares de los sujetos que investigo. Por eso este trabajo tiene que ver con un tipo de
historia específica donde se muestran experiencias concretas que nos ayudan a analizar los
componentes que han hecho operar formas de poder (Carpinteiro, 2008: 138). En síntesis,
se trata de una mirada a los nodos de poder que se juegan en una estructura local.
Las preguntas que me han guiado son: ¿Qué está en juego en la división local entre dos
facciones que habían sido originalmente del mismo grupo de peones de la hacienda de
Romero de Torres? ¿Cómo se dividieron y qué transformaciones han vivido? ¿Qué han
significado para unos y otros diferentes momentos históricos? ¿Qué significa y cómo se
conecta la vida de estas personas con otros procesos más amplios temporal y espacialmente,
que además tienen que ver con el proceso de formación del Estado-nación?
El trabajo no está organizado por campos sociales delimitados temporalmente; más bien, se
integra por una reflexión de diferentes fragmentos etnográficos que tienen que ver con los
campos analíticos en los cuales estoy trabajando. Estos fragmentos tuvieron relación con:
El proceso de exclusión social y política.
El corporativismo.
El nuevo panorama en el marco de la reforma agraria.
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1. El proceso de exclusión social y política
Considero que el primer elemento que podemos discutir para irnos acercando a nuestro
objetivo es la manera en que se juegan las lealtades y su sentido en diferentes momentos
históricos. En el libro Simbolismo y Ritual en la Política Mexicana, los autores Larissa
Salazar, y Elena Adler exponen cómo desde su análisis la lealtad se vuelve el “aceite” que
ha facilitado el funcionamiento en el sistema político mexicano, que entenderemos
─siguiendo a estos mismos autores─ como las reglas formales e informales bajo las cuales
se compiten los espacios de representación popular y las prácticas dedicadas a estos fines.
Sin embargo, las “lealtades” no son permanentes, como lo explica Baitenmann, a menudo
las divisiones se recuerdan como estáticas y en realidad fueron cambiantes, las facciones no
son fácilmente comprendidas por conceptos como clase, cultura regional, religiosidad, etc.
(Baitenmann, 2007: 80). Por esto se hace indispensable conocer los modos y tiempos en
que esas divisiones se expresan y los sentidos que se les otorgan. Para el caso del ejido en
el que centro mi investigación, me pregunto cómo un grupo de peones que vivían en un
mismo caserío, tenían las mismas condiciones de vida y trabajaban para el mismo patrón,
entendieron y expresaron su división cuando consideraron la posibilidad de ser
beneficiarios del reparto agrario, aun cuando para esas fechas el poblado de Romero de
Torres no alcanzaba los requisitos que le permitieran legalmente aspirar al reparto ejidal.
Podemos constatar que es hasta la elaboración del código agrario de 1934 que en el artículo
45 se integra la categoría de “peones acasillados”2
como sujetos de derecho agrario.
En varias entrevistas, José García Zavala ─de 102 años de edad y el único ejidatario que
queda de los que participaron durante el reparto agrario─ explicaba que cuando fueron con
Faustino Gómez, que era inspector del trabajo y se encontraba en la cabecera municipal
atendiendo problemas agrarios, la intención era quejarse por el tamaño de las tareas y el
salario que el mayordomo del hacendado Francisco Ortiz les estaba asignando, pero el
mismo representante les sugirió solicitar las tierras en dotación, explicándoles que ya había
2 http://www.ran.gob.mx/ran/dgaj/Normateca/Documentos/Leyes/Abrogadas/CODIGO_AGRARIO_1934.pdf
9
varias solicitudes pendientes de grupos agrarios aledaños.3 Hay que recordar que, para
1930, ya había tenido lugar el primer congreso agrario estatal y en Zamora tenía dos años
de haberse constituido la Federación Agraria, la cual podemos entender como parte de un
proyecto nacional de unificación política plasmado en el Partido Nacional Revolucionario
(PNR) y que tenía como correas de transmisión este tipo de organizaciones locales, cuya
función principal era mediar entre las políticas económicas para el campo y sus
destinatarios, así que hacían labor de convencimiento para que los campesinos solicitaran
tierras y era necesario adherirse a ellas para obtener los beneficios de la reforma agraria
(Ginzberg, 1999: 77). Es interesante revisar al respecto el libro de Bartra Los herederos de
Zapata, ya que afirma que el agrarismo institucional no fue una modalidad del zapatismo,
que expresara el derecho de los campesinos a la tierra, sino que reivindicó el derecho del
Estado a regular la tenencia de la tierra. Desde este enfoque podríamos preguntarnos qué
grupos de poder eran los que estaban actuando y quiénes eran su contraparte.
Esto hace necesario distinguir la manera en que confluyeron dos estructuras
organizacionales paralelas y el papel que jugaron en los enfrentamientos a nivel local. Si
bien, por un lado, en el municipio influían los hacendados y la iglesia católica ─cuyo poder
es posible dimensionar considerando que, para 1922, en la diócesis de Zamora había
veinticinco centros locales de la Unión Católica Obrera (Sánchez, 1992: 212)─, los
ayuntamientos habían sido excluidos del proceso de reforma agraria (Beitenmann, 2007:
82), lo cual refleja una disputa en diferentes niveles por un lado la estructura de poder laica
posrevolucionaria y la estructura de poder municipal fuertemente influida por el clero, que
peleaban no sólo por los recursos tangibles sino también por la legitimación de una
estructura de poder local.
Reygadas explica en su artículo “La cultura como palestra y el poder como relación
significativa”, que el poder no es el mero control materialista, sino una relación
significativa entre agentes incrustados en contextos culturales (Reygadas, 2009: 51). A
partir de esto, podemos dimensionar la serie de elementos materiales y significativos que
entraron en juego cuando las estructuras posrevolucionarias de poder se disputaban el
3 Entrevista con José García Zavala y su esposa Catalina el 21 de abril del 2011.
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control de diferentes grupos, lo que fue visible para el caso de Romero de Torres en la
ruptura entre quienes siguieron el trámite de dotación y quienes prefirieron quedarse
trabajando para el hacendado.
En la facción contraria a los solicitantes de tierra estaban los peones que habían decidido
quedarse trabajando para la hacienda, entre ellos Antonio Oseguera y Manuel Caballero. El
primero, según lo describe su hijo Manuel Oseguera, era un mediero eficiente que
completaba su ingreso con la venta de miel que levantaba de los panales que el patrón le
dejaba conservar en sus tierras, esposo de una mujer muy devota encargada de los rezos en
el rancho,4 quien se opuso a que su marido se incorporara al grupo de solicitantes por las
prohibiciones que hacía la iglesia respecto a pertenecer al grupo agrarista. El segundo,
Manuel Caballero, era uno de los mayordomos de Francisco Ortiz. El señor Eliseo Moreno,
nieto de Manuel Caballero, recuerda que los Ortiz fueron buenos patrones; explica que
después del reparto ejidal rentaba la parcela del ejidatario Antonio Carrillo y don Victorino
Ortiz le prestaba la maquinaria y parte de sus peones para hacer el trabajo de ese terreno.
Creo que hasta aquí podríamos pensar la manera en que el acceso diferencial que se tiene a
los recursos materiales, junto con los significados que se otorgan a las acciones, se vuelven
importantes en el momento de definir lealtades. Reygadas destaca que para influir en los
demás es necesario contar con algo que sea importante para ellos, que les sea un recurso
significativo (Castro y Tejera, 2009: 10): para algunos, la propiedad de la tierra; para otros,
conservar el trabajo o entrar al cielo. De cualquier modo, considero problemático hablar de
lealtad definitiva si las personas distinguen entre “el bien y el mal” de acuerdo con sus
circunstancias y valores, como sucedía con los campesinos de Veracruz que estudiaba
Baitenmann, quien se pregunta: ¿cómo podemos saber qué grupo era más agrarista que
otro?
4 Entrevista con Manuel Oseguera el día 18 de abril del 2011.
11
2. El corporativismo
Según lo recuerda José García, desde el momento en que expresaron quienes querían
“pelear” la tierra ante el representante agrario, automáticamente quedaron adheridos a la
Federación Agraria y Sindicalista de Zamora encabezada por Juan Gutiérrez. Esto nos
remite a lo que Bartra explica como el sometimiento inmediato de los agraristas al nuevo
orden establecido desde que admiten que su derecho a la tierra proviene de él y la propia
naturaleza del trámite los entrampó en el engranaje del agrarismo (1985: 23). De este modo,
podemos pensar que la estrategia estatal corporativista para fortalecer el nuevo orden al
mismo tiempo era clientelar, ya que al integrarse a las corporaciones oficialistas ─como era
la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT) y posteriormente la
Confederación Nacional Campesina (CNC)─ quienes ostentaban esta membresía obtenían
beneficios exclusivos. Como Baitenmann explica, la reforma agraria creó de facto dos
categorías de ciudadanos, y aun cuando eran dos grupos de la misma clase social y sin
tierra, fueron beneficiados diferencialmente por nuevos derechos y obligaciones,
dependiendo el grupo al que se adhirieron (2007: 81).
Para asentar la primacía del Estado sobre la iglesia y el ala conservadora, una arena de
lucha importante fue la consolidación de las organizaciones campesinas. La CRMDT fue
uno de los instrumentos políticos más importantes que se creó en 1929 durante el gobierno
estatal de Cárdenas, y es considerada la primera organización de masas inducida por el
gobierno y ligada verticalmente a él; sus brazos operativos fueron las Federaciones
Distritales Agrarias y Sindicalistas. Esta organización le brindó a Cárdenas las bases
sociales de legitimación y apoyo que requería para desarrollar los proyectos estatales,
incluso la constitución del PNR en Michoacán estuvo imbricada con las acciones políticas
de la CRMDT (Oikión, 2004: 65, 115).
Mientras que el grupo de los ejidatarios había logrado eficientes vínculos de apoyo en la
CRMDT representada a nivel municipal por la Federación Agraria y Sindicalista dirigida
por Juan Gutiérrez, los peones que seguían trabajando para el hacendado no eran
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considerados por algunos ejidatarios ni siquiera en la categoría de avecindados del rancho,
y quedaron marginados de las decisiones políticas deliberadas en el seno del ejido y de los
cargos de representación. El 9 de julio de 1935, el presidente Cárdenas formalizó el Comité
Organizador de la Unificación Campesina, y en 1938 tuvo lugar la convención constitutiva
de la Confederación Nacional Campesina (CNC), que agrupó a las Federaciones Agrarias
en torno a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (Oikión, 2004: 212).
Al parecer, las diferentes experiencias que vivieron los integrantes del grupo agrario les
fueron dando una conciencia que los separaba de quienes se habían mantenido trabajando
en la hacienda, dando pie a tensiones irresolubles; por mencionar algunas: los mítines y el
carácter anticlerical de las ligas femeninas de la Federación Femenil Socialista de la
CRMDT, que radicalizaban la postura de quienes participaban con su esposa y calificaban
de traidores o poco firmes a la causa a quienes no querían que su esposa participara.5
Todo esto puede formar parte de lo que Roseberry ha estudiado como emergencia o
constitución de comunidades políticas en las cuales intervienen marcos institucionales que
van formando parte de la imaginación, en la cual se inmiscuyen diferentes procesos de
creación cultural que tienen que ver no sólo con la dimensión material (Roseberry, 1989:
225-228). Por ejemplo, la delegación de la Comisión Local Agraria que se instauró en
Zamora, según lo explica Ginzberg, no fue una respuesta práctica a la distancia de la central
de Morelia, sino que tenía un significado simbólico que aludía a la labor agrarista de
Miguel Regalado, quien se expresó abiertamente por la recuperación de las tierras
comunales del pueblo de Atacheo en 1910 y lideraba para 1912 la Sociedad Unificadora de
los Pueblos de Raza Indígena (Ochoa, 1989: 89). Entonces, este tipo de estrategias
institucionales aunadas al significado atribuido por la experiencia, van entretejiéndose en
los nuevos marcos discursivos que se juegan en las relaciones de poder. Para entender este
proceso, Hector Tejera (2009: 33) explica que, a través de prácticas político-culturales
como los discursos y performances, se van objetivando nuevas percepciones políticas que
se relacionan con aspectos que refuerzan un tipo de identidad social. Así, el tímido intento
5 Entrevista con José García Zavala, ejidatario de 100 años, el 17 de abril del 2010.
13
inicial por conseguir mejores condiciones laborales se convirtió poco a poco en una
convicción política que en el centro del país ya estaba institucionalizada (Bartra, 1985: 15).
Cuando el representante agrario llegó a ejecutar la resolución de dotación provisional,
presionado por Miguel Pantoja, presidente del comité agrario, y por Rubén Oseguera,
miembro del grupo agrarista, reelaboró el censo dejando fuera a varios enlistados. ¿Cómo
podríamos explicar esta reelaboración del censo? De acuerdo con los testimonios de Ofelia,
hija de Miguel Pantoja, Salud Pantoja, que había sido uno de los tres mayordomos que tenía
el hacendado Ortiz, le asignó a su hermano Miguel la responsabilidad del comité ejecutivo
agrario integrado a la CRMDT. Miguel Pantoja organizaba las comisiones a Morelia y
designaba a sus acompañantes, que por lo general era uno de sus hermanos. Su jerarquía en
el comité le permitió obtener información privilegiada en las comisiones, y los contactos
que establecía con los representantes agrarios fueron importantes para posicionarlo entre
los que serían posteriormente los miembros del núcleo ejidal.
Pero no todos estaban de acuerdo o compartían las mismas ideas con Miguel. Por ejemplo,
un motivo de discusiones fue el carácter anticlerical del movimiento agrarista y la
participación de las mujeres en los grupos de la liga femenina. El ejidatario Cecilio
consideraba que su mujer no tenía porqué integrarse a ella y que no era conveniente trabajar
en común las tierras una vez que ya estaban repartidas. Urias, el hijo de Cecilio, recuerda
cómo en varias ocasiones Miguel Pantoja trató de quitarle las tierras a su papá, porque “no
se disciplinaba”. 6
Beitenmann explica la manera en que los comisariados ejidales, que en muchas localidades
eran los mejor organizados, tomaron el control sobre la gestión de los servicios públicos.
En Romero de Torres esto se facilitó porque se crearon criterios que controlaban la
asignación de cargos y los espacios de opinión. Por ejemplo, para ocupar el puesto de
encargado del orden, que tenía que ver con un órgano administrativo municipal y no
agrario, un requisito era ser ejidatario, Juan Pantoja explica que era una regla de ahí,
refiriéndose a una regla impuesta al interior del ejido. Según era porque el encargado debía
dar fe de las reuniones ejidales y por eso no podía ser “cualquier hijo de pueblo”, la ley de
6 Entrevista con Teresa Barajas, esposa del encargado del orden, el 26 de mayo del 2009
14
1934 no adjudicaba este derecho para el comisariado ejidal.7 Muchas veces, este tipo de
acciones políticas ha dado lugar a lo que algunos autores han denominado “normatividades
paralelas”, que se refieren a la manera en que las normas legales se reinterpretan y se
apropian de modo que se pueda actuar en un margen de acción más amplio (Leonard et al.,
2003: 10).
Desde su fundación en 1928, el PNR se convirtió en la vía de expresión para otros partidos
y bases sociales (Oikión, 2004: 115), y las Federaciones Agrarias y Sindicalistas fueron las
estructuras organizacionales a través de las cuales se podían gestionar recursos para el
campo. Sin embargo después del gobierno de Lázaro Cárdenas se inicia un periodo de
contrarreforma agraria en la cual se reorientaron los recursos técnicos y financieros
concentrándose en la agricultura capitalista, y el resultado fue la descapitalización de los
sectores campesinos dedicados a la producción de granos básicos (Flores et al, 1988: 28).
Como lo explica Stavenhagen,8 la reforma agraria en realidad nunca afectó las relaciones de
producción en el campo, una vez que los ejidatarios de Romero de Torres recibieron sus
parcelas las trabajaron y sus productos pronto fueron acaparados por el antiguo hacendado.
Fidel Amezcua, que es hijo de ejidatario, explica que cuando repartieron la tierra no tenían
insumos ni herramientas para trabajarla y Rubén Ortiz les facilitó la semilla y también les
compraba su producto.9 Además, el modo vertical de las relaciones de poder
fundamentadas en la asimetría de recursos tampoco cambió. De modo que, en las siguientes
tres décadas, los problemas en el campo se recrudecieron y las políticas agrarias ya no
favorecieron a los núcleos ejidales. Hacia los años 60, “la continua desmoralización del
sistema de ejidos, así como la creciente presión demográfica, intensificaban los problemas
de quienes carecían de tierras” (Carr, 1996: 239). Para 1950, los asalariados agrícolas
representaban 37% de la PEA y hacia 1980 había aumentado hasta 54% (Flores et. al, 1988:
179).
7 http://www.ran.gob.mx/ran/dgaj/Normateca/Documentos/Leyes/Abrogadas/CODIGO_AGRARIO_1934.pdf
8 Stavenhagen, Rodolfo, “el fracaso de la reforma agraria”, Publicación Semanal de Excélsior, No. 83, 2 de
enero, 1974. 9 Entrevista a Fidel Amezcua el día 29 de julio del 2011.
15
Para entonces, en Romero de Torres había ya una división social y espacial muy visible
entre los que adquirieron el carácter de ejidatarios y los peones que habían quedado fuera
del reparto denominados por los ejidatarios como “peones de Ortiz”. Éstos promovieron en
1944 una solicitud de dotación de tierras, pero los tiempos políticos ya no eran propicios
para hacer ese tipo de demandas, por lo que los brazos corporativos del Estado, es decir, las
dependencias agrarias locales, fueron las primeras en rechazar los intentos de solicitud de
ampliación o dotación, explicando que ya no había tierras afectables.10
Al mismo tiempo,
en la región se estaba desarrollando un movimiento de campesinos sin tierra y jornaleros
agrícolas. El señor Rafael Hernández, ex militante comunista, narra cómo este tipo de
organizaciones campesinas independientes empezaron a trabajar en la región desde 1940 y
que fue en los años 60 y 70 que tuvieron mayor afluencia de militantes. Se podría explicar
el fortalecimiento de estas organizaciones independientes por la falta de espacios
democráticos que estaban siendo demandados por distintos sectores y debido al ajuste de
las organizaciones campesinas oficiales a las políticas de retiro del estado benefactor.
Como resultado de la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la
Emancipación Económica y la Paz, en 1961, se organizó el Movimiento de Liberación
Nacional (MLN), dirigido por Lázaro Cárdenas, donde se integraba la mayoría de los
partidos socialistas existentes y personalidades que, según el autor Barry Carr, podían
llamarse “cardenistas”, “progresistas” o “liberales”. De acuerdo con Eduardo Nava, para el
general Lázaro Cárdenas, el MLN no era otra cosa que una reivindicación del programa
social de la Revolución Mexicana. En la entrevista realizada por Nava a Rafael Hernández,
éste relata cómo el general Cárdenas, convocó a un grupo de zamoranos, entre los cuales
estaba él, para invitarlos a organizar el Movimiento de Liberación Nacional (Nava, 2009;
Ramírez, 2006).
Los días 19 y 20 de abril de 1962 se reúnen en Zamora, Michoacán, delegados agrarios de
diversas entidades del país que decían representar a más de cien mil campesinos, y
acuerdan constituir la Central Campesina Independiente (CCI), que se funda el 6 de enero
de 1963. Al acto de fundación asistió el general Lázaro Cárdenas (Carr, 1996: 231; Nava
10
Archivo personal de Manuel Oseguera, Membrete del expediente 1904, Municipio de Zamora.
16
2009: 380). Por su parte, el antropólogo Luis Ramírez documenta que en esos años en las
células campesinas que servían como bases a la CCI ya participaban campesinos de Ario de
Rayón y de Romero de Torres (Ramírez, 2006: 191).
Hasta entonces el ejido de Romero de Torres se había mantenido afiliado a la CNC y al PRI
y al margen de la solicitud de dotación que habían hecho los peones de Ortiz desde 1948,
del cual hay registros de seguimiento en 1954 y después hasta 1971. Es muy probable que
la solicitud de dotación de los “peones de Ortiz” dos décadas antes haya derivado en la
toma de tierras en 1971 y 1972 con la participación también de los ejidatarios.
Según Manuel Oseguera, presidente del comité de solicitud de los peones de Ortiz, contactó
a Juan Pantoja secretario del comisariado ejidal, para convenir que sería más fácil solicitar
una ampliación del ejido que una dotación ejidal y a cambio se lotificarían las tierras de
modo parejo entre los hijos de ejidatario y las nuevas familias de los peones de Ortiz. Este
encuentro causó el descontento de Salud Castro y Eliseo Moreno, que formaban parte del
grupo de solicitantes que encabezaba Manuel Oseguera. También los ejidatarios Miguel
Pantoja y José García reprobaron esa alianza y por este motivo quedaron al margen del
proceso de solicitud de ampliación.
El tema se trató en una asamblea ejidal, en la cual Juan Pantoja dio cabida a Manuel
Oseguera, que formaba parte de los peones de Ortiz. Miguel Pantoja y José García se
opusieron, pero por mayoría se acordó acudir a la CNC y solicitar la ampliación. ¿Cómo
fue que la votación no se inclinó hacia la opinión emitida por Miguel Pantoja y José García
que eran reconocidos fundadores del ejido? Podríamos explicar que para 1970, según lo
explica Juan Pantoja, ya participaban en la asamblea muchos “hijos de ejidatarios”, como
se le denominó a la segunda generación ejidal y de alguna manera eran quienes estaban
padeciendo la subdivisión de parcelas.
Para entonces, Manuel Oseguera ya participaba en la CCI, era un miembro activo no sólo
de la CCI sino también del Partido Comunista, y era reconocido al interior del rancho por
un pleito laboral que sostuvo con el hacendado, quien se negó a prestarle dinero y lo
17
reprendió por no administrar bien su salario, lo cual indignó a Manuel.11
Esto lo podríamos
analizar con lo que Scott llamó “los agravios cotidianos” para dimensionar lo que él explica
como el sentido cultural de la pobreza, al respecto escribe (Scott, 2000: 142):
Saber que un aldeano malayo es pobre y carece de tierra no es saber mucho de él. Sabremos
mucho más de la dimensión cultural de su pobreza si nos enteramos de que está
especialmente desesperado porque no puede […] darles a sus padres una digna sepultura
[…] y de que tiene que portarse humildemente ─muchas veces sin resultado─ para pedir
trabajo y arroz a sus vecinos más holgados.
Manuel Oseguera acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y en 1954 inició un litigio
laboral del cual resultó beneficiado, reconociéndosele el solar donde vivía y el pago de 10
mil pesos de indemnización.
Entonces, Manuel Oseguera, que para finales de los 70 ya era un miembro muy activo del
Partido Comunista, conectó a miembros de la CCI de Danzós Palomino12
con miembros del
núcleo ejidal de Romero de Torres. En Zamora se organizó el Comité de Defensa
Campesino, que tenía como objetivo ayudarles en los trámites agrarios, la obtención de
créditos y conseguir apoyo para sacar de los hospitales a enfermos que no podían pagar. En
este comité participaron varios integrantes del ejido. Un aspecto que facilitó su
participación fue que el comité de Defensa era una organización que dependía de la CCI y
era cercana al Partido Comunista pero que no necesariamente exigía ser miembro del
partido para trabajar en ella, de modo que podían seguir ostentándose como priistas pero
también como defensores de los derechos campesinos, aunque, en el plano religioso, el
obispo de Zamora había prohibido a los fieles, desde mucho antes, afiliarse a la CCI o al
MLN (Nava, 2009: 384).
Como se explica en el libro Las voces del campo movimiento campesino y política agraria,
el ya entonces PRI había logrado corporativizar casi todos los segmentos de la sociedad,
11
Entrevista a Manuel Oseguera el día 13 de mayo del 2011. 12
La CCI se funda en 1963 con la participación de 2000 delegados que representaban medio millón de
trabajadores del campo, y casi desde su creación se dividió en dos; una fracción liderada por Garzón
Santibáñez y otra por Danzós Palomino. En 1970, la primera fracción sufre una nueva ruptura de la cual nace
el Consejo Agrarista Mexicano (CAM) y la que dirigió Danzós Palomino se transforma en la Central
Independiente de Obreros y Agrícolas Campesinos (CIOAC) en 1975. Flores et al., 1988, p. 38.
18
pero millones de campesinos sin tierra o jornaleros no participaban en los espacios de
deliberación política, estaban fuera de su control y propensos a actividades radicales (Flores
et al., 1988: 193). La CCI de Danzós jugó un papel importante en este sentido, pues desde
el inicio de la organización una de las preocupaciones importantes fue apoyar las demandas
de este sector, apoyados en la idea de que tenía que llegar un momento en que también
fueran ejidatarios y pudieran acceder a los recursos materiales y espacios políticos que
hasta entonces se les seguían negando.
La estrategia que adoptaron las organizaciones campesinas independientes para agilizar los
trámites de dotación o ampliación fue la toma de las tierras demandadas. En 1971 el grupo
de Romero de Torres que solicitaba la ampliación, para entonces integrado entre ejidatarios
y no ejidatarios, decidió por mayoría ─en una asamblea dirigida por Samuel Sánchez
comunista y dirigente del Comité de Defensa─ tomar las tierras solicitadas que pertenecían
al antiguo hacendado Victorino Ortiz y otro pequeño propietario de nombre Herlindo
Magaña. Según Juan Pantoja, hijo de un ejidatario líder del movimiento de tomas de tierra,
donde participaron casi mil personas de toda la región y habitantes de Romero de Torres, en
una primera toma el ejercito levantó la manifestación y se llevó a Juan Pantoja y a Manuel
Oseguera, pero fue el inicio de varias tomas apoyadas por el Comité de Defensa. En 1972
se volvieron a tomar las tierras y los manifestantes reunidos en la parcela negociaron su
salida con Manuel Ávila Salado, encargado de Procuración y Quejas del Departamento
Agrario y el Presidente municipal de Zamora, a cambio de que se agilizara su trámite de
ampliación. Estas tomas de tierra, que se dieron al igual que en otros lugares del país,
forman parte de lo que Flores, Paré y Sarmiento explican como resurgimiento del
movimiento campesino en los años setenta, que tuvo una fuerza no vista desde el
cardenismo; sin embargo, no estaba articulado a nivel nacional. Se exigía solución y
agilidad en los trámites agrarios. En 1973 la prensa nacional registró 600 invasiones en
Tlaxcala, Guanajuato y Michoacán (Flores et al., 1988: 37).
En febrero de 1973, Manuel Oseguera y Rafael Hernández, militantes comunistas, fueron
aprehendidos durante un mitin en Tangancícuaro, Samuel Sánchez organizó un grupo de
personas para exigir su liberación. Manuel Oseguera cuenta cómo la presión de estudiantes
y maestros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo contribuyó a su
19
liberación. Por esas mismas fechas, durante una manifestación en Chaparaco, se aprehendió
a Samuel Sánchez, líder del Comité de Defensa Campesino de Zamora, y a Juan Pantoja,
comisariado ejidal de Romero de Torres, entre otros. El 28 de julio de 1973, Ramón Danzós
Palomino fue detenido en Atlixco, Puebla, acusado por el ministerio público de incitar a sus
agremiados a la toma de tierra.13
La solicitud de ampliación culminó en trámites
burocráticos interminables, y la represión desplegada por el gobierno neutralizó a algunos
de los principales dirigentes, entre ellos Juan Pantoja, quien después de esto dejó de
participar en el Comité de Defensa y reafirmó su filiación al PRI.
Los ejidatarios más activos en el Comité de Defensa se mantuvieron participando en esta
organización e incluso algunos de ellos como Antonio Pérez y Urias García, hijos de
ejidatarios, se afiliaron al Partido Comunista y se fortalecieron como un grupo de oposición
al interior del ejido. Manuel Oseguera Cervantes comentó en entrevista que, después de las
tomas de tierra, hubo quienes consideraban que la vía armada era la alternativa para dar
solución a sus demandas y él estaba a favor.
Manuel Oseguera García, de los ex peones de Ortiz, también siguió participando en la CCI
de Danzós, que en 1975 cambió su nombre a Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos (CIOAC), pero ya no se le permitió el acceso a las asambleas del ejido, las
reuniones y capacitaciones que la CCI brindaba a los campesinos de Romero de Torres se
reubicaron al solar de don Manuel. En la década de los 80, Manuel Oseguera fue suplente
del candidato distrital para la diputación por el Partido Socialista Unificado de México
(PSUM). En 1996, la CIOAC se escindió en dos: la CIOAC encabezada por Ramón Danzós
Palomino y la CIOAC-democrática dirigida por Jacobo García; esta división se originó a
causa de la participación en la firma del finiquito agrario.14
Manuel Oseguera siguió
participando en la CIOAC-democrática, y actualmente funge como suplente del secretario
nacional de asuntos agrarios.
13
Carlos Monsiváis, Amor Perdido, México, Era, 1986, p.145. 14
En entrevista con Manuel Oseguera, el día 6 de junio del 2011, se describe una reunión en la cual hubo una
confrontación con Danzós porque estaba “abogando” por el finiquito agrario. En la página electrónica
siguiente se afirma que la CIOAC sí firmó el finiquito agrario y participó en el Consejo Agrario Permanente:
http://www.pa.gob.mx/publica/cd_estudios/Paginas/autores/guzman%20molina%20maria%20organizaciones
%20campesinas.pdf
20
El trámite de ampliación dejó de gestionarse después de la represión de 1973, y no fue sino
hasta 1985 que Antonio Pérez, hijo de un ejidatario, fue electo presidente del comisariado
ejidal (recordemos que también formaba parte del grupo de oposición al interior del ejido
que se fortaleció con la participación en el Comité de Defensa). Entonces, Antonio Pérez
encabezó la inquietud por reactivar el expediente de ampliación, pero las condiciones
económicas y la falta de experiencia en el trato con las instituciones agrarias limitaron sus
posibilidades y sólo se llegó a consultar del expediente; sin la orientación adecuada ni las
posibilidades económicas para pagarla, el trámite fue nuevamente abandonado.
21
3. El nuevo panorama en el marco de la reforma agraria
En 1997 los miembros del ejido de Romero de Torres aprobaron el Programa de
Certificación de los Derechos Agrarios y Titulación de Solares (PROCEDE), que, como lo
explican Leonard et al., no fue un fenómeno estatal aislado a nivel internacional sino que,
en la perspectiva de las organizaciones financieras internacionales y los gobiernos
neoliberales, constituyó un eje complementario de las políticas de desregulación de los
mercados agrícolas (2003:5). Urias, hijo de ejidatario, recuerda que durante la asamblea en
la cual se discutió el PROCEDE, muchos miembros del ejido no querían participar porque
sabían que asumirían que ya no había tierra por repartir. Finalmente, decidieron aceptar,
porque el funcionario del Procuraduría Agraria les dijo que si no participaban no iban a
poder recibir el subsidio del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y
tampoco serían considerados en otros programas por no existir en el registro del
PROCEDE. Ventura explica cómo los beneficiarios del PROCAMPO deben comprobar sus
derechos sobre la tierra con el “certificado parcelario”, lo cual representa una presión sobre
los núcleos agrarios para que terminen por aceptar el PROCEDE (2008: 4). Una vez
firmado, asumieron que ya no había tierra por repartir y, por lo tanto, que ya no había tierra
por la cual pelear. Siguiendo a Ventura, “izar la bandera blanca del reparto agrario significó
en los hechos la disolución de una conquista histórica, la cancelación jurídica de cualquier
solicitud de tierras ya fuera para conformar nuevos núcleos agrarios o para la ampliación de
los ya existentes” (ídem).
Con la reforma al artículo 27 constitucional y la ley agraria en 1992, se presentaron nuevas
posibilidades para los ejidatarios. En primer lugar, los bienes y derechos que eran
inalienables, imprescriptibles e inembargables, perdieron estas categorías y ahora la Ley
Agraria permite estos tratos. Además, antes la preferencia de sucesión recaía en las
personas que constituían el grupo familiar, el artículo 81 seguía considerando la parcela
como patrimonio familiar hasta 1971 y se señalaba que el ejidatario tenía la facultad de
designar a su sucesor entre su cónyuge e hijos o entre personas que dependieran
22
económicamente de él. Ahora el artículo 17 de la actual ley agraria estipula que el ejidatario
puede designar a su sucesor entre los miembros de su familia o “cualquier otra persona”.15
No está por demás decir que esta reforma ha sido muy importante dado el número de tierras
catalogadas como propiedad social en el país. A esto cabe agregar que el ejido, además de
una forma de tenencia de tierra, también se ha considerado una forma de organización
política relevante para toda la población local, incluyendo a los no ejidatarios (Zendejas,
1995: 34). Entonces, sigue pendiente analizar qué otros efectos ha tenido a casi veinte años
de su implementación en los procesos sociales locales y de formación del estado, qué
situaciones han favorecido esta transformación y que ha significado para los ejidatarios.
A la par de las reformas agrarias se han implementado políticas de asistencia social como el
programa PROGRESA, que a partir del año 2000 se volvió “Oportunidades”, “70 y más” o
PROCAMPO. Todos han sido programas que se identifican plenamente con la tendencia
neoliberal del estado, forman parte de lo que se ha identificado como programas de
transferencias condicionadas o redes de protección social, sugeridos en las estrategias de
desarrollo dictadas por el banco mundial.16
En este marco de reformas agrarias, la propuesta política sigue siendo de una apertura
desmedida hacia el mercado, monopolizando la capacidad de producción en unas cuantas
manos; el Estado se ha retirado para dar paso a las grandes corporaciones y los campesinos
son vistos como responsables de su pobreza, por lo que es necesario que se conviertan en
económicamente competitivos, como lo explica Eguren en una crítica a las nociones
actuales de desarrollo, no es necesario que la sociedad, las políticas y las relaciones
15
Art. 81. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la unidad de
dotación y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, de entre su cónyuge e hijos, y en defecto de
ellos, a la persona con la que haga vida marital, siempre que dependan económicamente de él. A falta de las
personas anteriores, el ejidatario formulará una lista de sucesión, en la que consten los nombres de las
personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su
fallecimiento, siempre que también dependan económicamente de él.
Art. 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en
los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de
sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba
hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o
concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. 16
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/0531Spanish.pdf
23
internacionales cambien, es suficiente redistribuir y que los pobres cambien (Eguren, 2005:
164).
Todas estas situaciones se ven reflejadas en las condiciones que atraviesan los miembros
del ejido en Romero de Torres. En una reunión de ejido llevada a cabo el 7 de septiembre
del presente año, Gabriel Ramírez, hijo de ejidatario, comentaba a la asamblea que cada vez
son menos los apoyos para el campo y no es posible sembrar por la falta de apoyos
crediticios y técnicos. En el ejido de Romero de Torres participan 41 miembros, la mayoría
son hijos de ejidatarios, queda un ejidatario y otro ejidatario del llamado “reajuste”,
también empiezan a participar nietos de ejidatario o miembros de la tercera generación.
Aunque el mayor porcentaje de parcelas aún está representado por la segunda generación
de ejidatarios, en los hechos la tercera generación cultiva fracciones de parcela. Como lo
explica el autor Héctor Robles, “el minifundio se considera como una limitante a la
viabilidad de la unidad productiva ejidal y como un impedimento para el desarrollo rural de
nuestro país” (2003: 141). De manera que las políticas que se están impulsando actualmente
van encaminadas a que los ejidatarios se asocien con empresarios agroindustriales para
potenciar en conjunto las capacidades productivas, según lo explicó el licenciado Manzo de
la Procuraduría Agraria, quien promueve el programa de Fomento a la Inversión Pública y
Privada en las Áreas Rurales (FIPP) de la Secretaría de la Reforma Agraria.
En el ejido de Romero de Torres, desde hace cinco años aumentó el porcentaje de tierras
rentadas. Ahora la renta no es a campesinos del mismo ejido o alguno de los vecinos sino a
empresas agroindustriales, una de ellas dirigida por Alejandro Torres, dedicada al cultivo
de hortalizas y la otra por Luis García, exportadora de berries (fresas, zarzamora,
frambuesa). Esta situación ha transformado algunas relaciones de trabajo. Ahora los
mismos renteros son jornaleros agrícolas en sus propios terrenos y quienes siguen
cultivando su parcela explican que ha escaseado la mano de obra.17
Fidel Amezcua, que es
hijo de ejidatario, comentaba en entrevista que ahora se han incrementado sus costos
porque tiene qué pagarles 20 o 30 pesos más a los peones con el fin de que vayan a hacer
las faenas a su parcela quedando el pago por jornal en 150 pesos. Si no los paga prefieren
17
Entrevistas semiestructuradas a 37de los 41 ejidatarios que integran el ejido de Romero de Torres.
24
irse con los empresarios agrícolas que, aunque pagan 120 pesos, el ingreso es más
constante.18
Para los jornaleros agrícolas de Romero de Torres, el ingreso de su trabajo con los
empresarios agrícolas se ha vuelto más necesario porque el ingreso de los rentistas se limita
a los 6500 pesos anuales por hectárea si son de temporal, y 8500 pesos si la parcela rentada
se ubica en el área de riego; incluso hay parcelas por las que se pagan 3200 pesos anuales
debido a que la tierra es de mala calidad. Además, con la renta se acaba la derrama
económica local por el pago de otros servicios que brindaban los mismos vecinos como
barbecho y azurco. Hay que considerar también que en tiempo de cosecha abundaba el
producto de que se tratara en la localidad.19
Actualmente 32 de 41 ejidatarios rentan la
parcela a estos empresarios agrícolas, abarcando una superficie aproximada de 80 hectáreas
de las 250 que comprende su área parcelada.
El autor Robles expone que en los ejidos conurbados se presenta una intensa presión sobre
las tierras, lo cual acarrea problemas como la venta ilegal de tierras y conflictos agrarios.
Romero de Torres se encuentra en el área del corredor industrial proyectado en el plan de
conurbación entre Zamora y Jacona aprobado en 1993. En la última década ha habido
transformaciones importantes en esta zona de la ciudad. El pago por hectárea se ha elevado
considerablemente en esta zona y se vuelve atractivo para los propietarios la venta de esas
tierras.
A estas condiciones de presión sobre la tierra del ejido de Romero de Torres, le podemos
agregar otros datos sobre las características de los miembros del ejido que nos hacen pensar
en un panorama difícil frente a las nuevas políticas campesinas. De los actuales miembros
del ejido, ninguno cuenta con estudios de secundaria, la mayoría han estudiado hasta tercer
año de nivel básico. El promedio de edad oscila entre los 65 y 70 años, varios de ellos se
sostienen de las remesas de Estados Unidos. También es importante comentar que un
18
Entrevista realizada a Fidel Amezcua el 27 de julio del 2011. 19
Entre los productos con los cuales se contaba están el chile, jitomate, cebolla, tomate, maíz, trigo, garbanzo,
fresa, milo, frijol, entre otro tipo de hortalizas sembradas en menor escala y hace varios años también
cosechaban papas. Entrevista realizada a Ezequiel Hernández el 26 de agosto del 2011.
25
porcentaje amplio ha tenido que vender, rentar o dejar en garantía su parcela a instituciones
crediticias o agiotistas para cubrir gastos médicos o funerarios.
Es interesante preguntarse qué elementos de la dinámica política del ejido podrían jugar a
favor o en contra de las condiciones antes descritas. En los últimos dos años Rubén
Oseguera presidente del comisariado ejidal ha promovido el festejo al fallecido Miguel
Pantoja, como un reconocimiento a su labor como dirigente agrario. Desde el momento en
que propuso en la asamblea hacerle un monumento, Urias García que forma parte del grupo
de oposición en el ejido, externó que no tenía suficientes méritos que valieran para hacerle
un monumento. Además, Rubén proponía que se hiciera el monumento con dinero que
había obtenido el ejido por una venta de parcela. Sin la autorización de los miembros del
ejido se realizó la develación del monumento el día 1 de mayo del 2010. Esto se pudo hacer
porque en el comisariado ejidal las posiciones estratégicas las ocupaban los familiares del
homenajeado, Rubén el presidente era el sobrino y Ofelia que fungía como tesorera era su
hija. ¿Cómo podríamos explicar que desde 1932 ─con algunas importantes excepciones─
se sostenga el mismo grupo de poder a la cabeza del ejido? Al respecto se pueden discutir
algunas hipótesis.
La primera tiene que ver con la manera en que se ha ido formando una estructuración
particular para tomar decisiones al interior del ejido. Las reuniones ejidales se limitan a un
informe de actividades donde el presidente junto al resto del comisariado ejidal no le
proponen a los miembros de la asamblea participar en las actividades que se llevan a cabo,
pero tampoco los miembros del ejido han externado interés en participar en las comisiones
de solicitud de recursos o en las faenas. Parece que la asamblea le otorga al presidente del
comisariado ejidal el poder de decidir el tipo de actividades que se van a realizar y ser la
voz que sanciona cuando alguien “no se deja organizar”.20
Otro punto es que las relaciones clientelares no han cambiado, podemos observar relaciones
horizontales y verticales entre los miembros del ejido. Por ejemplo, antes de la elección del
nuevo comisariado ejidal durante la asamblea, cuatro personas expresaban su
agradecimiento al actual presidente del comisariado por favores que les hizo en antaño. En
20
Diario de campo, asistencia a la asamblea ejidal el 24 de agosto del 2011, frase de Juan Pantoja.
26
este mismo tipo de relaciones clientelares pero verticales podríamos catalogar la actitud del
visitador agrario de la Procuraduría Agraria el día de la elección del nuevo comisariado
ejidal, el cual dio inicio anunciando la planilla única que el presidente del comisariado
ejidal había formulado y al día siguiente la nueva tesorera del ejido le dio una cooperación
voluntaria por sus servicios. Podríamos entender lo anterior como una red clientelar y como
un ejemplo claro de cómo se construyen en lo local las relaciones de apoyo y respaldo
político a ciertos grupos de interés y se coadyuva a mantener su control político.
Un punto que facilitó éste manejo durante la elección fue el número de miembros que
tienen sus derechos legalmente reconocidos. La ley establece que el órgano supremo del
ejido es la asamblea integrada por los miembros que tienen sus derechos reconocidos, en el
caso del ejido de Romero de 41 miembros del ejido sólo 28 tienen sus documentos
regularizados legalmente y a la asamblea de elección del comisariado asistieron 22. Para la
instalación válida de la asamblea deben asistir la mitad mas uno de los ejidatarios y en
segunda convocatoria con los que concurran, la ley establece que las resoluciones se toman
por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para ausentes y
disidentes.21
De este modo durante la elección en Romero, que se efectuó por segunda
convocatoria, sólo eran necesarias 14 personas, de las cuales 6 formaban parte del
comisariado saliente y no podían competir en la nueva elección así que restaban 8 personas
entre las cuales se eligió la nueva planilla.
El visitador agrario procedió a la votación, cuatro personas levantaron la mano y el
visitador dio por terminada la votación. Podríamos considerar todo el proceso desde la
convocatoria hasta el momento de la elección como la expresión de un tipo de cultura
política en el cual el rito de sucesión es muy importante para que se asuma y se legitime el
cambio de autoridades, no es tanto que se vigile que el proceso sea democrático, sino que
sea un espacio controlado y legal para expresar los conflictos y reafirmar las alianzas.
Como lo explicaría Adler respecto a las formas de sucesión sexenal y su forma de
manifestación cultural “la política mexicana mantiene las formas y respeta los equilibrios”
(2004: 61). Antonio Pérez y Salvador Rodríguez que se veían molestos por la manera en
21
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13.pdf
27
que se estaba eligiendo al nuevo comisariado ejidal, quien resultó electo con 4 de 28 votos
que debieron hacerse efectivos, en el momento de la toma de protesta se vieron envueltos
en el rito estatal. El visitador agrario pidió al nuevo comisariado ejidal que pasara al frente
para llevar a cabo la toma de protesta, también pidió a los asistentes que se pusieran de pie,
don Antonio y Salvador no sólo se pusieron de pie incluso uno de ellos extendió la mano
actuando conforme al rito que declaraba y formalizaba la misma situación a la que se
estaban oponiendo minutos antes.
28
Reflexiones finales
A lo largo de este documento hemos podido apreciar cómo la reforma agraria creó de facto
dos tipos de ciudadanía entre individuos que tenían las mismas condiciones de vida como
lo explica Baitenmann. Además, sembró la expectativa del reparto agrario en los
campesinos sin tierra, quienes creyeron que el reparto agrario era un proceso gradual y que
en algún momento también llegarían a ser ejidatarios, sin considerar que el reparto también
fue una estrategia de cooptación política que en los momentos más difíciles políticamente
fue activado y reactivado. Esta expectativa, contraria a las acciones estatales dirigidas a
conservar los intereses de la burguesía agraria, fue llevando al sector campesino a
manifestaciones cada vez más enérgicas hasta llegar a posiciones de una izquierda radical y
con intentos de lucha armada. También contribuyó el crecimiento natural demográfico ya
que a mediados del siglo pasado, a pesar de un reparto considerable de tierras, ya existían
nuevas familias campesinas con las mismas demandas.
En el rancho de Romero de Torres ha habido dos tipos de ciudadanos. Por un lado, los
ejidatarios que podían usufructuar tierras, con reconocida capacidad para elegir a sus
representantes y ser electos no sólo al interior del ejido sino también en el ámbito
administrativo municipal, y que podían gestionar desde el tipo de servicios públicos que
necesitaban hasta la educación de sus hijos, y que además se atribuían la capacidad de
reconocer la membresía al rancho ligándola con el territorio ejidal. Por otro lado, los
denominados “peones de Ortiz”, el otro tipo de ciudadanos, que no disponían de tierras para
su manutención, no tenían acceso a los espacios de discusión política, ni a los cargos de
representación popular y tampoco podían elegir a sus representantes, pero que debían
asumir los acuerdos que se tomaran en la asamblea ejidal para la localidad sin haber
participado, esto ha sido el origen de muchas disputas entre ambos bandos.
La estructura ejidal reestructuró las relaciones dentro y fuera del ejido; sus miembros
crearon redes verticales y horizontales basadas en relaciones clientelares que les permitían
29
ser los intermediarios ideales entre los recursos materiales y simbólicos que proveía el
estado y el resto de la población.
También revisamos cómo a las normas legales las acompañan normas paralelas que las
personas van elaborando con el fin de tener un margen de maniobra más amplio. Pero estas
normas legales no se ignoran de modo tan simple, sino que se convierten en un proceso de
discusiones interminables en las cuales se intenta acordar el sentido que deben tener estas
normas ya que finalmente regirán sus acciones inmediatas.
Las lealtades son conflictivas, ya que la producción de sentidos tiene que ver con las
experiencias que cada sujeto ha aprendido en diferentes situaciones institucionales ─que
también son cambiantes─ y se juegan para definir el tipo de acción que se despliega. El
papel de los ritos oficiales en la definición de lealtades es importante, ya que al participar
en ellos pueden construirse nuevos significados que permiten ir delimitando los campos de
discusión al tiempo que se van cohesionando identidades grupales.
La tenencia de la tierra y la categoría político administrativa de localidad no determinan a
priori las identidades sociales, son más bien resultado de un proceso histórico de
construcción social, entre relaciones de fuerzas desiguales en redes que involucran
dependencias, organismos e institutos políticos en los cuales se apoyan. En el rancho de
Romero de Torres es posible apreciar el enfrentamiento de dos visiones, una que pugna por
definir los criterios de pertenencia al rancho emanada de la reforma agraria, el espacio
ejidal, y otra que va más allá y lo impugna como el único y legítimo espacio de
interlocución.
A lo largo del documento también se han mostrado algunos de los cambios importantes que
ha sufrido una y otra facción. En el grupo ejidal hacia 1970, los hijos de ejidatario que
habían tomado el lugar de sus padres ya tenían una posición importante en la toma de
decisiones al interior del ejido, de modo que fue posible participar en acciones que iban en
contra de su filiación partidista tradicional. La participación de los ejidatarios en las tomas
de los 70 también podrían reflejar el cambio de opinión respecto al sistema político que
predominaba y para entonces sufría una crisis democrática. Después de esta experiencia
participativa al interior del ejido se consolidó un grupo de oposición que empezó a disputar
30
la representación del ejido. Actualmente empiezan a incursionar cada vez más los nietos de
ejidatarios en un escenario político agrario completamente adverso a los intereses de los
campesinos minifundistas, será interesante conocer y darle seguimiento a sus reacciones y
estrategias para hacerles frente.
El grupo de los peones que se quedaron trabajando para el hacendado sufrió cambios
importantes desde la década de los 50 cuando decidieron solicitar una dotación de tierras, lo
cual nos muestra cómo lo que al principio no puede ser aceptado con el paso del tiempo
puede ser algo deseable, de modo que para 1970 también participaron aliados con la mayor
parte de los miembros del ejido en las tomas de tierra y surgieron de ahí líderes importantes
para el movimiento campesino independiente regional. Apoyados en la noción de localidad
y sus antecedentes históricos de Rancho han logrado actualmente abrir espacios de
representación política. Sin embargo su acceso a la tierra como un recurso significativo ha
quedado como una demanda inconclusa que espera mejores tiempos para hacerse efectiva.
En Romero de Torres, el ejido ha intentado controlar los espacios de representación política
y definir quién pertenece y quien no al rancho, basados en la membrecía ejidal, en la cual se
han apoyado para justificar una serie de derechos y obligaciones diferenciados entre los
habitantes de esta localidad.
31
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