Revista IZQuierda 21

abril / 201221

Conflicto y solución política Solución final o solución política Régimen político y discurso la reforma de la justicia y la crisis de la acción

de tutela · Víctimas y tierras: Un campo en disputa · El retorno a la Tierra: Conocimiento popular y organización social en los

campos de Colombia Capitalismo en crisis la crisis capitalista y el patrón de acumulación Luchas populares ¿Que en Colombia no

hay presos políticos?: “la fe en la autoridad es una cosa, hechos que se tocan con la mano, son otra” · las iras de Transmilenio

Nuestra América bolivia: En ebullición un nuevo levantamiento social Crítica cultural El peso del vacío

Editorial El 9 de abril: presente continuo

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Tatianna Castillo reyes Diseño y diagramación

Espacio Crítico EdicionesPublicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

iSSn-2215-8332nº 21, abril de 2012. bogotá, Colombia

SolUCión Final o SolUCión PolíTiCa Jairo Estrada Álvarez 4

la rEForma DE la JUSTiCia y la CriSiS DE la aCCión DE TUTEla Marino Canizales Paltar 12VíCTimaS y TiErraS: Un CamPo En DiSPUTa Oscar Andrés Espitia Lombo 20El rETorno a la TiErra: ConoCimiEnTo PoPUlar y organiZaCión SoCial En loS CamPoS DE Colombia Juan Camilo Díaz M. 26

la CriSiS CaPiTaliSTa y El PaTrón DE aCUmUlaCión Edwin Andrés Martínez Casas 32

¿QUE En Colombia no hay PrESoS PolíTiCoS?:“la FE En la aUToriDaD ES Una CoSa, hEChoS QUE SE ToCan Con la mano, Son oTra” Miguel Ángel Beltrán V. 40laS iraS DE TranSmilEnio Ricardo Sánchez Ángel 46

boliVia: En EbUlliCión Un nUEVo lEVanTamiEnTo SoCial Pablo Mamani Ramírez 52

El PESo DEl VaCío Andrés Gualdrón Ramírez 60

El 9 DE abril: PrESEnTE ConTinUo Jesús Gualdrón 64

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Solución final o solución política

Jairo Estrada ÁlvarEz

Profesor del Departamento de Ciencias Políticas

Universidad Nacional de Colombia

La retórica gubernamental acerca de la paz, inclui-da la metáfora de la llave (“está en mi bolsillo”, “no me da miedo sacarla”, etcétera), así como los

reiterados rumores sobre contactos secretos entre voce-ros del Gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC-EP, parecieran mostrar la existencia de una voluntad política gubernamental para considerar la posibilidad de una sa-lida política al conflicto social y armado. Tal posibilidad se encuentra atrapada, en realidad, por los cálculos de una solución militar. Y a juzgar, por los anuncios y los planes militares gubernamentales, se encuentra en curso la solu-ción final, entendida como la reducción definitiva y el exter-minio masivo del enemigo armado interno, con todo y sus retaguardias rurales y urbanas. Esa presunta solución final tiene un nombre: el Plan Espada de honor. En ese sentido, todo indica que la retórica de la paz es la materialidad de la guerra, y que se aspira a producir una pax romana, la paz de los vencidos.

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Debe sí reconocerse que, a diferencia de otros anuncios en otros momentos de nuestra historia de los últimos cincuenta años, en esta ocasión no hay plazos definidos. En efecto, en reciente entrevista concedida al diario El Tiempo (12.03.2012), el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, afirmaba:

Hemos llegado a la última etapa del conflicto. Lo que pasa es que no sabemos cuánto va a durar. Pero generalmente esta es la etapa más corta y la más empinada, la que más tiene dificultades.

No obstante, si el cálculo militar se acompasara con el cálculo político, bien podría afirmarse que la actual estrategia de guerra es, al mismo tiempo, la estrategia de la reelección presidencial. Según se ha dicho, el Plan Espada de honor es un plan concebido a dos años. Ello significa que a más tardar en los primeros meses de 2014 se estarían dando los anuncios sobre el fin de la guerra. Momento por demás propicio, pues se estará en plena campaña presidencial, también de reelección. Imagino una retórica presidencial demandando la prolongación del tiempo para la prosperidad democrática que no alcanzó a llegar, por los esfuerzos que habría sido necesario destinar para la empresa de la solución final. Y ello, me traería a la

El 23 de enero de 1903, en el Barrio Egipto al sur de Bogotá, nace Jorge Eliécer Gaitán, quien es considerado como el líder más emblemático del pueblo colombiano.Imagen: Javier J. Bravo García. Colombia a través de la fotografía: 1842-2010. Madrid: Fundación Mapfre: Taurus, 2010.

Nº 21, Abril de 2012 · Bogotá, Colombia Conflicto y solución política Volver

memoria la campaña reeleccionista de 2006. Sólo que ya habrían pasado ocho años más, con todo lo que representa una intensificación de la guerra en términos humanos, políticos, sociales, culturales y socioambientales.

En medio de todo esto –que pareciera ser un cálculo gu-bernamental–, se desatiende lo fundamental para pensar cualquier consideración acerca de la superación de la guerra y del accionar insurgente en Colombia: las raíces históricas y la naturaleza política y social del conflicto colombiano. Ahí está el por qué de su persistencia y, sobre todo, de su capaci-dad de producirse y reproducirse, desplegando una continua capacidad adaptativa que atiende la tendencia y la dinámica de la conflictividad social y de clase, con lógicas intensivas y de expansión, desiguales y diferenciadas, según el momen-to histórico. Estamos en presencia de un conflicto social y armado que no puede ser reducido a una mera contienda militar. Su solución, por tanto, no se encuentra en ese ex-clusivo ámbito. Mucha razón le asiste a las voces que desde diferentes campos de la vida social y política han planteado la necesidad de retomar la agenda de la solución política.

Por lo pronto, empero, se viene imponiendo la idea de la solución final que, además de sustentarse en primerísima instancia en el escalonamiento del accionar militar del Estado, el mencionado Plan Espada de honor, se fundamenta en una creciente y preocupante profundización de la estrategia de militarización de la política y, en general, de la vida social.

El Plan Espada de honorEl Plan Espada de honor está concebido como la

respuesta al cambio de táctica de la guerrilla y, sobre todo, para producir la derrota militar que conlleve la rendición y la desmovilización. Se sustenta, en primer lugar, en una redefinición geográfica de los teatros de operación militar a partir de la ubicación de las diez principales áreas de

Si el cálculo militar se acompasara con el cálculo político,

bien podría afirmarse que la actual estrategia

de guerra es, al mismo tiempo,

la estrategia de la reelección

presidencial. Según se ha dicho, el Plan Espada de honor es un plan concebido

a dos años. Ello significa que a

más tardar en los primeros meses de

2014 se estarían dando los anuncios

sobre el fin de la guerra. Momento

por demás propicio, pues se estará en

plena campaña presidencial,

también de reelección.


concentración de la actividad insurgente (se trataría del ochenta por ciento de su accionar), lo cual implica, en palabras del general Navas, “reacondicionar las fuerzas estatales para ejercer presión adecuada a esos sitios, como el Cauca, el sur del Valle, el Catatumbo y el Arauca”. En segundo lugar, en el debilitamiento del mando político-militar de la insurgencia con base en el resquebrajamiento de su estructura organizativa, en tanto la política de eliminación de objetivos de alto valor se acompaña de la eliminación de mandos intermedios y de operaciones de ataque masivo a bases guerrilleras. Lo anterior, en tercer lugar, con fundamento en una combinación del uso intensivo de tecnología con operaciones de consolidación territorial mediante el uso extensivo del pie de fuerza.

Particularmente en el uso de alta tecnología se aprecia la posibilidad de la solución final, que militarmente se apoya en un concepto de guerra vertical que, por su parte, se basa en la superioridad aérea. En efecto, la identificación de objetivos con recursos de inteligencia tecnológica y humana se constituye en la antesala de bombardeos de exterminio, cuyo rasgo principal es el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza1. A estos les sigue, luego, la operación de desembarco de tropas para la constatación de resultados y las inspecciones judiciales del caso.

A juzgar por noticias recientes, todo indica que el gobierno tiene la decisión política de transitar el costoso camino de la sofisticación del dispositivo tecnológico de la guerra. Se ha pedido el apoyo de Estados Unidos para la utilización de vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, utilizados en las intervenciones imperialistas en Irak, Afganistán y, más recientemente, en Libia. Se ha anunciado igualmente la adquisición de diez helicópteros black hawk, que se sumaría a la flotilla aérea de helicópteros y aviones Tucano ya existente.

Todo esto se explica por el papel estructurante que juega el intervencionismo del imperialismo estadounidense en la política del régimen de la prosperidad democrá-tica. El viaje del Ministro de Defensa colombiano al Pentágono, la reciente visita del Comandante de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, Martin Dempsey, a Colom-bia, y el anuncio de la asistencia de altos mandos estadounidenses de la ocupación

1 ElrelatosobrelarecienteoperaciónenlaveredaElSilencio,enelMeta,essuficientementeilustrativo al respecto: “En el suelo, que olía a pólvora y metralla después de la explosión de diez toneladas de bombas arrojadas por una decena de aviones de la Fuerza Aérea, yacían 34 cadáveres de guerrilleros” (Revista Semana, 31 de marzo de 2012). Para cada guerrillero, en promedio algo más de 294 kilos de bombas.


Luego de estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, Gaitán viaja a Italia para especializarse en

jurisprudencia y derecho penal, bajo la tutela de Enrico Ferri. Imagen: Javier J. Bravo García. Colombia a través de la fotografía:

1842-2010. Madrid: Fundación Mapfre: Taurus, 2010.


en Irak y Afganistán no es solamente un asunto de trámite. La política contrainsurgente debe ser examinada en un senti-do geopolítico y geoeconómico. Desde la perspectiva impe-rialista se trata de garantizar, el acceso a recursos naturales estratégicos (hidrocarburos, minerales, agua, biodiversidad), de proteger las inversiones de empresas transnacionales y de la contención de cualquier amenaza frente a esos propósitos, provenga ésta de movimientos sociales o insurgentes, o de Estados soberanos. La reactivación de la IV Flota que navega hoy en las aguas del Mar Caribe no es una mera casualidad. En todo ello, el Estado colombiano es un aliado estratégico y coincide con los propósitos propios de mantenimiento de un régimen de privilegios.

Aún está por verse, en el plano estrictamente militar, si el Plan Espada de honor puede cumplir su cometido. Al fin y al cabo se trata de dos fuerzas en contienda que en guerras irregulares, asimétricas y de largo aliento, modifican de manera permanente su táctica y estrategia. Hasta ahora, la historia colombiana ha estado plagada de soluciones militares desde la entrada de la segunda mitad del siglo XX, sin que ninguna de ellas haya logrado producir el desenlace inicialmente anunciado.

La guerra integralPor otra parte, la tendencia reciente de la acumulación

capitalista, basada en el modelo de reprimarización financia-rizada de la economía, así como la configuración autoritaria, criminal y mafiosa del régimen político, han extendido la lógi-ca de la guerra al conjunto de la vida política y social. Y desde el entendimiento de la solución final.

En efecto, el país vive una marcada tendencia a la mili-tarización consistente en la tendencia a la imposición de un tratamiento militar de tierra arrasada a la regulación y la so-lución de los conflictos, matizada por la retórica presidencial

Son múltiples las expresiones que aún bajo el predominio de la idea de la solución final claman por la solución política. Hacer de esas expresiones un movimiento representa la tarea política del momento. No es una tarea fácil considerando ante todo el poder y la fuerza de quienes se empeñan en la solución militar. Cambiar el balance actual es un imperativo ético y político para la construcción de la paz democrática con justicia social.


de restablecimiento del orden del derecho. La política económica y social ha deveni-do en guerra económica y social contra las clases subalternas; el modelo económico basado en economías extractivas ha asumido los rasgos de una guerra socioam-biental; el descontento y la protesta social son tratados como prácticas terroristas; el exterminio y la liquidación del contradictor como forma de superación de las dife-rencias se encuentran entronizados socioculturalmente; los medios de comunicación alientan la retórica marcial; plumas enardecidas –de seudointelectuales y analistas de escritorio– tañen los tambores de la guerra; desarrollos normativos, constitucionales o legales, se conciben para darle trámites más tranquilos a la solución final.

En suma, una especie de cultura fascista quisiera invadir y copar todos los poros de la vida política y social para imponer un disciplinamiento social que permita preservar y reproducir a mayor escala el régimen de privilegios de las clases dominantes. Todo ello se ve adicionalmente alimentado por una macroeconomía de la prosperidad ficticia que está produciendo la explotación intensiva de los recursos naturales, en una de las operaciones de despojo de riqueza social más grandes de la historia nacional a favor de empresas trasnacionales y de poderosos grupos económicos.

Crece la audiencia por la solución políticaAl tiempo que se encuentra en curso la idea de una solución final, se advierte un

creciente clamor por la solución política. Los anuncios de la insurgencia en ese sen-tido, si bien son importantes, resultan insuficientes, pues la posibilidad real de una solución política, además de contar con manifestaciones de voluntad de las partes comprometidas directamente en la contienda, requiere ser apropiada socialmente. La exigencia política del momento consiste precisamente en desatar las posibilidades de una solución política que posibilite trámites distintos a los de la contienda militar, a las múltiples conflictividades que atraviesan la sociedad. Ex presidentes de la Re-pública, como Ernesto Samper y Andrés Pastrana, se han expresado favorablemente en ese sentido; sectores del empresariado en consultas de opinión han señalado la conveniencia de una solución política; intelectuales demócratas han insistido en transitar los caminos del diálogo; sectores de la Iglesia se han pronunciado en ese sentido; partidos políticos, como el PDA, han advertido que la paz está en su orden de prioridades; diversas organizaciones sindicales y populares han señalado que la superación de las causas de la guerra y la guerra misma están dentro de sus prin-cipales preocupaciones; organizaciones no gubernamentales se han manifestado a


favor del diálogo y la negociación polí-tica; Colombianos y colombianas por la paz han adelantado una valiosísima la-bor humanitaria; el Congreso de los Pue-blos tiene en su agenda la realización de un Congreso de Paz, la Marcha Patriótica ha hecho suya la propuesta del Encuen-tro de Barrancabermeja de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendien-tes de realización de constituyentes re-gionales que confluyan en una Asamblea nacional de constituyentes regionales por la solución política y la paz.

En suma, son múltiples las expresiones que, aún bajo el predominio de la idea de la solución final, claman por la solución política y se unen a las diversas iniciativas en el mismo sentido en América Latina y el Caribe y en la comunidad internacional en general. Hacer de esas expresiones un movimiento representa la tarea política del momento. No es un propósito fácil considerando no sólo los entendimientos acerca del conflicto social y armado colombiano, sino, ante todo, el poder y la fuerza de quienes se empeñan en la solución militar. Cambiar el balance actual constituye un imperativo ético y político para la construcción de la paz democrática con justicia social.

En Italia, el gobierno del dictador Mussolini impactó fuertemente a Gaitán. Las masivas movilizaciones organizadas por el caudillo colombiano, su transformación y su estilo oratorio son ejemplo evidente de esa experiencia.Imagen: El saqueo de una ilusión: el 9 de abril, 50 años después. Bogotá: Número Ediciones, Corporación Revista Número, 1997.


Abogado laboralistaMagíster en Filosofía

Profesor universitario

Marino Canizales Palta

Diferencias, afinidades y un proyecto común

Se suele afirmar, en un contexto de opiniones encontradas, que el presidente Juan Manuel

Santos es distinto del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Otros, en igual mar de confusiones, lo presentan como su igual en el ejercicio del poder. Desde el punto de vista del estilo de gobierno, es apenas obvio que son diferentes, así Juan Manuel Santos haya sido Ministro de Defensa en el segundo gobierno de Uribe Vélez por más de tres años, y en sus manos, o, en las manos de ambos, haya estallado el escándalo de los crímenes de Estado, llamados en forma light “falsos positivos”. También aparece asociado a sonados casos de similar naturaleza, tales como las “chuzadas del DAS” y la persecución contra Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, y figuras de la oposición. Los alcances y los efectos de todo esto en

La reforma de la justicia y la crisis de la acción de tutela


términos jurídicos y políticos, y también éticos, son harto conocidos dentro y fuera del país.

Esa falsa discusión, de si son iguales o distintos, se evitaría si el debate se planteara en otros términos. Quiere esto decir, que Juan Manuel Santos gobier-na como jefe de Estado dentro de un régimen político que responde a unas demandas especificas de las clases dominantes, el cual tiene fijadas metas y propósitos tanto a nivel nacional como internacional. De ahí que sea necesario, a fin de evitar equívocos, caracterizar dicho régimen político. Olvidan tanto los defensores como los detractores del actual Gobierno nacional que es, justa-mente, la figura presidencial la que vertebra y da cuerpo a tal régimen político, configurándose en el ejercicio del poder como un régimen presidencial bona-partista de signo reaccionario. Arbitra y decide políticamente, pero expresando sus decisiones por medio de normas jurídicas, en función y para los intereses de las clases en el poder, sólo que lo hace a nombre del país como un todo.

En tal sentido, el actual Gobierno nacional es continuista en relación con el anterior, pero con programas, directrices y decisiones jurídico-políticas muchas veces distintas de las de su antecesor. Continuar no es lo mismo que actuar en igual forma a lo anterior desde el punto de vista de la personalidad política y

Regresó a Colombia y lideró en septiembre de 1929 en el Congreso de la República un debate por el asesinato a manos del ejército oficial de trabajadores de la United Fruit Company en la región de Ciénaga, Magdalena, conocido como la Masacre de las Bananeras. Imagen: Javier J. Bravo García. Colombia a través de la fotografía: 1842-2010. Madrid: Fundación Mapfre: Taurus, 2010.

Régimen político y discursoNº 21, Abril de 2012 · Bogotá, Colombia Volver

de las decisiones tomadas en el ejercicio del poder. Se puede ser continuista dentro de una perspectiva política determinada, pero gobernar con énfasis y acentos dife-rentes en la valoración y apreciación de las dinámicas y procesos que constituyen la realidad nacional, lo mismo que las relaciones a escala internacional. Son esos énfa-sis, acentos y prioridades en el uso del poder, articulados a un concepto de Estado y de sociedad, en el marco de una específica relación de fuerzas entre las clases, lo que marca la diferencia y define un estilo de gobierno, así como el carácter de un régimen político. Por eso, entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos existen seme-janzas, pero también diferencias. En un gran punto coin-ciden, o, mejor, se identifican: su posición abyecta ante los dictados del gobierno norteamericano, y la entrega de la economía nacional a la voracidad de las multinacio-nales. Sin embargo es necesario matizar y, por lo tanto, reconocer la actitud diferente del gobierno de Santos en la relación con los países vecinos, particularmente con Ecuador y Venezuela. Lo mismo debe predicarse en lo relativo al problema de la legalización de las drogas y la despenalización de su consumo, como asunto que debe ser tratado a nivel internacional buscando convergencias y acuerdos al respecto. Uribe triunfa en la consolidación de la segunda contrarreforma agraria iniciada en la déca-da de los 80 del siglo pasado por el paramilitarismo y el narcotráfico. Fracasa, en términos relativos, en el forta-lecimiento de un Estado policiaco en Colombia y en sus pretensiones de una segunda reelección a la presidencia.

Juan Manuel Santos, si no quiere fracasar también, debe resolver, pues está ante varios frentes, no sólo el conflicto armado ‒cuya existencia negó tercamente el gobierno anterior‒, sino también los efectos explosivos y disolventes de dicha contrarreforma agraria, y promover,

La reforma de la justicia, concebida

por el Gobierno como una reforma constitucional, no

solo es revanchista contra las altas

Cortes, en especial contra la Corte

Suprema de Justicia, sino que

igualmente adolece de los mismos o peores vicios de

otros intentos de reforma en la misma

dirección, donde el punto central

ha sido y es el fortalecimiento del

poder presidencial y de la rama ejecutiva

que lo sustenta.


como si fuere poco, la reforma a las estructuras del Estado con el fin de consolidar su fisionomía neoliberal, siendo una de ellas la reforma de la justicia, donde también fracasó Uribe. Los aliados para enfrentar tales desafíos pueden ser, igualmente, los de este último, pero así mismo, serán necesarios otros. Las relaciones entre las clases nunca son iguales y lineales, como tampoco son homogéneas en su conformación interior y, menos aún, cuando los de abajo empiezan a movilizarse de nuevo por sus derechos.

¿Reforma o sometimiento de la justicia?La reforma de la justicia, concebida por el Gobierno como una reforma

constitucional, no solo es revanchista contra las altas Cortes, en especial contra la Corte Suprema de Justicia, sino que igualmente adolece de los mismos o peores vicios de otros intentos de reforma en la misma dirección, donde el punto central ha sido y es el fortalecimiento del poder presidencial y de la rama ejecutiva que lo sustenta. No pretende resolver en modo alguno los graves problemas de la administración de justicia a nivel nacional. Es más bien, a pesar de los eufemismos y esguinces tanto del presidente como de los ministros del Interior y de Justicia, una respuesta a la posición republicana y democrática asumida por la Corte Suprema de Justicia ante los atropellos y desafueros del anterior gobierno de Uribe Vélez por establecer, como ya se dijo antes, un Estado policiaco y legalizar los paraestados. La independencia de la Rama Judicial representada por las altas cortes y los jueces no puede ser quebrada. La citada Corte enarboló e hizo públicas posiciones democráticas y de defensa de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas de la violencia estatal y paraestatal. Hizo valer, a pesar de la jauría mediática y los ataques sistemáticos de los validos del poder, el principio del Estado Social Constitucional de derecho. Hoy, muchos de los promotores de ese Estado policiaco y criminal, están investigados, otros, tras las rejas, y su promotor, Álvaro Uribe Vélez, en la picota pública.

Con el mencionado proyecto de reforma a la justicia, nuevos nubarrones se ciernen sobre la Rama Judicial, ya que se pretende debilitar sus funciones y competencias allí donde el poder presidencial ha sido objeto de control y vigilancia. Sus defensores simulan buscar con su aprobación que se haga realidad “una pronta y cumplida justicia” que, bien se sabe, es clamor nacional; sin embargo, el ministro de Justicia ‒ex candidato del anterior gobierno de


En 1933 se fundó el movimiento político “Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria” (UNIR), con la que Gaitán promovió un programa de reformas para democratizar la propiedad agraria y reconocer los derechos de los trabajadores del campo, así como para la implementación de un Estado interventor.Imagen: Gloria Gaitán Jaramillo, Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un buick. Bogotá: Graficsa, 1998


Uribe Vélez para el cargo de Fiscal General‒ junto con el ministro del Interior, se niegan a incrementar el presupuesto para la Rama. En cambio, proponen privatizar la administración de justicia trasladando funciones jurisdiccionales a notarios y abogados. La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, otro reclamo nacional, debido a su rotundo fracaso y prácticas clientelistas, se aplaza de nuevo, y termina quedándose en el articulado probado en la primera vuelta de su trámite en el Congreso. La postulación de candidatos para los cargos de Procurador, Contralor y Fiscal General se invierte, con el claro propósito de que sea el presidente de la República quien designe sus titulares, so pretexto de que la Corte Suprema de Justicia está politizada. Así, los órganos de control quedarían bajo el redil del ejecutivo. Para los mentores de dicha reforma, la derrota sufrida por Uribe Vélez en el intento de controlar la designación del Fiscal General de la nación no puede repetirse. Como si lo anterior si fuese poco, a este proyecto se le colgó a última hora la reforma y fortalecimiento del fuero militar, con el claro respaldo del gobierno nacional, a pesar del rechazo de amplios sectores de opinión, dentro y fuera del país, en particular de Human Rights Watch. A última hora, también, pero con más altanería, el Gobierno retira dicho engendro del articulado aprobado, el cual amenaza con hundir dicha reforma en la segunda vuelta, sólo que, para presentarlo nuevamente y aparte con mayores alcances, como una reforma constitucional, en la que el Estado de excepción asoma sus orejas.

Son estas y otras razones que, por limitaciones de espacio no es posible comentar, las que llevaron a las altas cortes a retirarse de la discusión y trámite del citado proyecto de reforma. Además, sus propuestas al respecto, presentadas con antelación y en forma oportuna antes de su trámite en el Congreso de la República, fueron desatendidas por el Gobierno nacional y sus dos ministros del ramo. Por el lado que se lo mire, dicho proyecto de reforma de la justicia es burocrático, y está hecho a la medida de las ambiciones de una presidencia bonapartista. El modelo de acumulación capitalista sustentado en la sobreexplotación y empobrecimiento de la clase trabajadora dentro del contexto de una economía y una institucionalidad de naturaleza neoliberal, donde los TLC con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros, ocuparán un lugar central, así lo requiere.


El valor de la tutela De ahí la necesidad que tiene el régimen de limitar los alcances y el valor

de la tutela, que goza de la aceptación y reconocimiento de los débiles ante los abusos de los poderosos y dueños del poder. “Es necesario regularla para que haya seguridad jurídica”, exclaman a voz en cuello los ministros del Interior y de Justicia. A lo que hay que responder: ¿para qué regular una institución-instrumento que se encuentra regulada desde 1991, y que ha demostrado ser eficaz en la garantía y cumplimiento de los derechos fundamentales de los colombianos durante más de veinte años? Lo que no impide señalar que, por las vías de hecho, se viene consolidando en forma alarmante la conversión de la acción de tutela en proceso ordinario, anulando la eficacia antes referida. No son pocos los casos que así lo demuestran, principalmente dentro de algunas secciones del Consejo de Estado. Desafortunadamente y en la misma línea de acción, está inscrita una providencia dictada por la Corte Constitucional en relación con un fallo de tutela dictado por un juez de la ciudad de Cali que protegía los derechos fundamentales de más de treinta trabajadores afiliados a Simtraemcali, que reclamaban el cumplimiento de una Sentencia que ordenó su reintegro a las Empresas Municipales de Cali. Igualmente dejó sin efecto otra providencia que declaró en desacato al gerente de dicha empresa por no cumplir tanto el fallo que ordenó el reintegro de dichos trabajadores, como la sentencia de tutela en mención, actitud que los llevó a adelantar una huelga de hambre en la Plaza de Caicedo, desde finales de noviembre del año pasado. Por solicitud expresa de la Procuraduría General de la Nación, y por fuera de dicho proceso, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional suspendió en forma indefinida los efectos jurídicos del fallo de tutela ya mencionado, con el fin de evitar un supuesto perjuicio al interés público. “De permitir el cumplimiento efectivo”, se dice en tal decisión, “se pagarían un sinnúmero de acreencias laborales con recursos provenientes de una empresa industrial y comercial del Estado”. Además considera que tal fallo a favor de los trabajadores se debe suspender, ya que se encuentran en trámite varios recursos extraordinarios de casación ante la Corte Suprema de Justicia, los que deben ser tenidos en cuenta, lo que no es cierto en relación con los trabajadores que invocaron la citada protección constitucional.


Dicha suspensión de sentencia de tutela no sólo es funesta por sus consecuencias jurídicas y morales, sino que se convertirá en adelante en una vía de hecho como recurso para burlar o dejar sin efecto la protección constitucional que se decrete dentro de una acción de tutela, cuando en su cumplimiento estén comprometidos dineros públicos. Esto último, que no tiene antecedentes, lo mismo que la aprobación del acto legislativo que consagró la figura de la sostenibilidad fiscal, configuran un derrotero que pone en crisis la importancia y valor de la acción de tutela. Por tal motivo los abogados laboralistas de nuestra asociación, lo mismo que las centrales obreras y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, así como también dirigentes sociales y políticos y personalidades democráticas, deben expresar públicamente su rechazo a tales hechos y prácticas.

Gaitán expone sus ideas en la convención liberal.Imagen: Gloria Gaitán Jaramillo, Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un buick. Bogotá: Graficsa, 1998


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Economista

osCar andrés esPitia loMbo

En el marco de la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de

2011), el gobierno de Juan Manuel Santos, las expresiones políticas y armadas de la extrema derecha nacional, el colectivo de víctimas de la violencia rural y la sociedad civil en general –con sus partidos políticos y organizaciones sociales– personifican un tinglado de aspiraciones y proyectos político-económicos en pugna permanente. Los resultados más sobresalientes son el retorno de los temas agrarios a la agenda de la democracia colombiana y la reconfiguración de la lucha por la tierra y los derechos en la Colombia rural.

Una larga luchaLas demandas por la reforma agraria de las décadas

del sesenta y setenta dominaron el debate público y la agenda política nacional de aquel entonces. Tales reivindicaciones fueron derrotadas y criminalizadas. Estos

Víctimas y tierras: Un campo en disputa

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hechos, sumados a la gestión de los gobiernos de López Michelsen y Misael Pastrana, formalizaron y legitimaron la contrarreforma agraria en marcha, cuya expresión institucional fue el Pacto de Chicoral y la firma de la posterior ley.

Así se inaugura un extenso ciclo de repliegue y desarticulación de la movilización social, doliente de la pauperización de la ruralidad colombiana. Como símbolo de dicho ocaso se encuentra la experiencia de lucha de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), hito organizativo de los movimientos agrarios de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, así como el posterior surgimiento y expansión del andamiaje paramilitar.

El desplazamiento forzado y la expropiación generalizada de los campesinos y de los pequeños productores rurales vinieron a profundizar la desarticulación de las organizaciones campesinas y, en el mejor de los casos, su fragmentación o atomización.

A la par de esta dinámica siniestra se produjo una reconfiguración de las luchas por la tierra, centradas desde entonces en la defensa del derecho legítimo de los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes a permanecer o retornar al territorio y a la resistencia contra el avance y consolidación del paramilitarismo.

Agosto 7 de 1930: posesión presidencial de Enrique Olaya Herrera. La victoria de Olaya, candidato “nacional” pero de filiación liberal, sobre el dividido partido conservador puso fin a la “hegemonía conservadora” e inauguró el periodo de la “república liberal”.Imagen: Ingnacio Gaitán. Colección museo Nacional de Colombia, Bogotá. En Javier J. Bravo García. Colombia a través de la fotografía: 1842-2010. Madrid: Fundación Mapfre: Taurus, 2010.


La elección de Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia, y la configuración del uribismo como proyecto político referente del paramilitarismo, representó una amarga derrota para las víctimas, quienes vieron como se legitimaba y legalizaba el despojo.

No obstante, el desplazamiento forzado, con sus millones de víctimas deambulando como parias por las ciudades colombianas, y la precariedad de la Ley de Justicia y Paz promovida por Uribe Vélez, hicieron evidentes la connivencia gubernamental para con estas circunstancias.

Es así como los reclamos y las denuncias de las víctimas empezaron a tener eco en amplios círculos de la academia, la opinión pública y de la comunidad internacional. A la incredulidad y el desinterés de antaño les siguieron la indig-nación y la solidaridad crecientes para con la realidad de las víctimas, a medida que empezaban a conocerse los testimonios de los paramilitares desmovilizados sobre las descomunales magnitudes de la expropiación y la barbarie.

De esta manera, la lucha del colectivo de víctimas por el retorno a la tierra obtiene un fuerte respaldo social y político, nacional e internacional, fortalecién-dose su papel como antítesis del engranaje paramilitar y del uribismo. El punto culminante de esta gesta es la obtención del reconocimiento de la legitimidad de sus demandas en el gobierno de Juan Manuel Santos a partir de la expedición de la ley 1448 de 2010, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Santos y Uribe: Sintonías y desencuentros en torno a las víctimas y las tierras

Desde la elección de Juan Manuel Santos como Presidente de Colombia, la fórmula Santos I igual a Uribe III ha operado como axioma incontestable, de-terminante de la praxis política de colectivos comprometidos con la causa de la tierra, la verdad y la justicia en la Colombia rural, desde organizaciones campe-sinas, hasta sectores varios de la opinión pública y de la izquierda democrática.

El horizonte común de los programas agrarios de uno y otro sustenta dicha premisa: perfil empresarial y agroexportador de la producción, concentración y extranjerización de la propiedad y debilitamiento de la producción campesina, con base en una política pública centrada en el fomento a la competitividad, la productividad y la acumulación capitalista.


En efecto, el gobierno de Juan Manuel Santos tiende a facilitar la consolidación del más reciente ciclo de acumulación que tiene a la tierra como eje espacial en América Latina, ciclo que en Colombia tuvo como impulso inicial la expropiación violenta de la propiedad rural, orquestada y perpetrada por la extrema derecha nacional en su expresión política y militar.

No obstante el capital, en su dinámica actual de expansión, viene requiriendo en Colombia una atmósfera de claridad sobre la titulación de la propiedad rural en aras de reactivar el mercado de tierras, libre de distorsiones en los precios y de cuestionamientos legales sobre su tenencia y usufructo. Se trata de brindarle seguridad jurídica al gran capital nacional y extranjero.

Son estas circunstancias las que motivan el apoyo institucional del gobierno de Juan Manuel Santos a la for-mulación e implementación de la Ley de Víctimas y Resti-tución de Tierras, imposible de concretarse sin un cuestio-namiento explícito de las estructuras de poder ligadas al crimen y la expropiación en el campo, desarrolladas por el paramilitarismo y defendidas celosamente por el uribismo.

Así las cosas, el gobierno de Juan Manuel Santos no representa una simple prolongación del legado de Uribe, dado que existen modulaciones con respecto al manejo del asunto agrario, que, aunque secundarias, no por ello son menos importantes ni dejan de marcar una diferencia. Es el despliegue de las contradicciones interburguesas, las mismas que se observan en el estilo de gobierno y en el manejo de la política internacional.

El porvenir de la lucha por la tierraDesde la perspectiva de las víctimas, la aprobación

de la ley 1448 de 2011 representa un avance sobresaliente en su larga lucha. Esta ley, aunque incompleta en

Desde la perspectiva de las víctimas, la aprobación de la ley 1448 de 2011 representa un avance sobresaliente en su larga lucha. Esta ley, aunque incompleta en sus disposiciones y mediocre en sus metas, permite avanzar en el reconocimiento y legitimación social de las reivindicaciones de campesinos, indígenas y afrodescendientes, abriendo un extenso abanico de posibilidades para su movilización y organización.


Como funcionario público se desempeño en los ministerios de Trabajo y Educación, en los que emprendió campañas de alfabetización, restaurantes escolares, extensión cultural masiva y apoyo los derechos de la mujer. Imagen: Ingnacio Gaitán. Colección museo Nacional de Colombia, Bogotá. En Javier J. Bravo García. Colombia a través de la fotografía: 1842-2010. Madrid: Fundación Mapfre: Taurus, 2010.


sus disposiciones y mediocre en sus metas, permite avanzar en el reconocimiento y legitimación social de las reivindicaciones de campesinos, indígenas y afrodescendientes, abriendo un extenso abanico de posibilidades para su movilización y organización.

En ese plano, las movilizaciones del pasado 11 de fe-brero en Necoclí (Urabá antioqueño) y del 6 de marzo en varias ciudades del país deben interpretarse como mani-festaciones de un punto de inflexión en la dialéctica de la lucha por la tierra y en la dinámica de las organizaciones de las víctimas de la violencia, que de a poco pasan a la ofensiva luego de décadas enteras en la retaguardia.

Esto lo saben y le temen de antemano los militantes de la derecha reaccionaria, que con infundios, bravatas y paros armados pretenden obstaculizar –impedir– cualquier intento de organización que aspire a corregir, aunque en poco fuere, las iniquidades que priman en el campo. Por eso han convertido el ataque y el descredito de la ley en el cascaron de proa de su proyecto político.

Por tanto, la defensa de las aspiraciones de las víctimas, por la restitución, la verdad y la justicia, pasa, en primer lugar, por una condena decidida y abierta del paramilitarismo y de sus expresiones políticas representadas en el uribismo.

Se requiere, además, adoptar la profundización de la ley como un propósito nacional, fundamentado en la organización y unificación de los distintos esfuerzos y expresiones de la lucha por la tierra que supere la fragmentación actual.

El ataque intestino a la ley y a sus resultados por parte de los simpatizantes de la causa de las víctimas carece de eficiencia práctica, toda vez que se sintoniza con los intereses de los terratenientes y refuerza los propósitos de la extrema derecha ligada al paramilitarismo.

El capital, en su dinámica actual de expansión, viene requiriendo en Colombia una atmósfera de claridad sobre la titulación de la propiedad rural en aras de reactivar el mercado de tierras, libre de distorsiones en los precios y de cuestionamientos legales sobre su tenencia y usufructo. Se trata de brindarle seguridad jurídica al gran capital nacional y extranjero


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FilósofoCandidato a Magister

en Historia Universidad Nacional

de Colombia

Juan CaMilo díaz M.

Las raíces

No es la primera vez que en Colombia se habla de entrega de tierras, reforma agraria

o políticas de desarrollo rural. La tenencia de la tierra ha sido históricamente uno de los ejes estructurales en la construcción de la nación; sin embargo, y a pesar de ser social y culturalmente un pueblo con vocación campesina, el campo y sus habitantes han sufrido el desarraigo a causa de la violencia y la ineficaz presencia del Estado, o, peor aún, han tenido que ver cómo sus tierras son entregadas en manos de grandes multinacionales.

El agro comenzó a convertirse en el eje principal de la economía del país en la segunda mitad del siglo XIX, siendo el tabaco y la quina los productos que impulsaron las exportaciones y la inserción de la nación en el merca-do mundial. Años más tarde, el café y la hacienda cafete-ra se convertirían en el modelo productivo por excelencia

El Retorno a la Tierra: Conocimiento popular y organización social en los campos de Colombia

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del país. La ley de titulación de baldíos y la ley 200 de 1936 serían los primeros intentos por llevar a cabo una reforma social agraria. De ese momento para acá sólo queda evocar las gestas del movimiento campesino en la década del seten-ta. Organizado en la anuC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) y bajo el lema “La tierra para el que la trabaja”, el campesinado en Colombia inició un duro trasegar por la toma de tierras y el retorno al campo, proceso que estuvo marcado por la división que generó al interior del movimiento el gobierno de Misael Pastrana Borrero con la firma del “Pacto de Chicoral”. Entre 1971 y 1974, el territorio colombiano fue regado con las semillas de la lucha por la tierra, una lucha modificada con los años y que ha encontrado nuevos enemigos, tales como cacicazgos políticos, nuevas formas de violencia, multinacionales, etc.

A pesar de todos estos intentos y del nuevo proyecto de Desarrollo Rural y Tenencia de la Tierra que está promoviendo el actual gobierno, en Colombia no ha sido posible construir una reforma social agraria que responda a los conflictos que se presentan en el campo, pero que, además, empodere a los campesinos y le reconozca su valor político y social dentro de la sociedad colombiana. ¿Por qué siendo un país con una clara vocación campesina no hemos podido res-ponder a este desafío histórico, social y político? Porque la legislación sobre

Gaitán rodeado de dirigentes liberales de la corriente adversa a la suya. Después de la disolución de la UNIR (1935), regresa como un caballo de Troya al partido liberal. Imagen: Gloria Gaitán Jaramillo, Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un buick. Bogotá: Graficsa, 1998


la tierra en Colombia tiene una característica en común: jamás en sus procesos de discusión y debate han sido te-nidos en cuenta los campesinos, los indígenas, los afros, etc., como conocedores del territorio y sujetos capaces de promover no sólo las políticas sociales con respecto al campo y su producción, sino también la manera como se debe organizar nuestro territorio atendiendo a la impor-tancia de los recursos naturales.

Las semillasEl año pasado, en la celebración del Día del Campe-

sino en Sincelejo, frente a casi 3000 campesinos, el presi-dente Juan Manuel Santos afirmaba que la nueva Ley de Desarrollo Rural iba a ser el camino para que el campo volviera a progresar.1 Pero, ¿cómo pueden progresar el campo y sus pobladores en Colombia a través de una ley que se construye bajo la visión de los grandes gremios agrarios del país y con la exclusión de los conocimientos populares de nuestros campesinos? ¿Cómo se quiere lle-var progreso al campo, sí a la par que se habla de restitu-ción de tierras, millones de hectáreas productivas son en-tregadas a empresas multinacionales para proyectos de megaminería y generación eléctrica? ¿Cómo debemos enfrentar el avance de este tipo de leyes que nada tienen que ver con las dinámicas del territorio y los sujetos que lo habitan?

Teniendo en cuenta la situación en la que se encuen-tran los campesinos en Colombia, el peligro que corren las Zonas de Reserva y nuestros recursos naturales, pode-mos identificar que en el país se está generando a través de las políticas agrarias y mineras un cambio de vocación productiva, pero también social y cultural. El avance de la

1 http://www.urnadecristal.gov.co/index.php?lk=32&cod=33

Más allá de la protesta

generalizada, todos consideran que es necesario caminar

hacia la unidad en medio de la

diversidad, es decir, articular fuerzas en

torno a un propósito común: la defensa

del territorio y los recursos

naturales; todo esto, por medio

de la solidaridad y confianza mutua con el fin de crear redes

de afecto basadas en la amistad, o, mejor aún, redes

de intercambio afectivo lejanas

de las dinámicas del capital y la economía

neoliberal.


locomotora minero-energética en gran parte de la geografía nacional evidencia la forma como se está llevando a cabo este proceso: la construcción de la Re-presa de El Quimbo y el desvío del Río Magdalena son una clara ilustración de la manera como el gobierno nacional propicia la desaparición del campesinado. Es preocupante el cambio al que se ven sometidas las poblaciones con el supuesto modelo de “desarrollo” que se quiere imponer, el cual desconoce las dinámicas propias del territorio y, a su vez, el papel que como sujetos históricos y sociales cumplen los pescadores, campesinos e indígenas que guardan en sus manos y atarrayas nuestro conocimiento ancestral sobre la naturaleza y el territorio.

Como consecuencia de lo anterior, podemos afirmar que existe hoy día una crisis del modelo territorial que desde arriba se quiere imponer a las provincias. Todavía en ellas se refleja la burocracia y el gamonalismo de los gobernantes de turno que defienden el interés individual y privado por encima del interés común. Frente a esto, los campesinos, indígenas, afros y toda esa gran masa de población colombiana que se siente identificada con sus ríos, cordilleras, bosques, mares, etc., comienzan a plantear desde sus movilizaciones y discur-sos la necesidad de reformular la idea de territorio a partir de un ordenamiento del mismo que promueva la paz, la vida y la soberanía alimentaria. Para ello proponen articularse en redes colectivas basadas en su conocimiento popular con el fin de crear tejidos de confianza y afecto; así, pues, el compromiso con el territorio y su ordenamiento debe partir desde los valores de solidaridad y resis-tencia que caracterizan a nuestros pueblos originarios. En palabras de Orlando Fals Borda: “Una indiscutible prioridad para estos fines es el retorno a la tierra y valorar el mundo rural con todo su entorno y su historia. Es el cosmos verde que nos ha alimentado como nación desde que el mundo es mundo. Ignorar el tró-pico es suicida y miope. Entregarlo en manos de intereses de otros contornos, es traición.” 2

Traición, miopía o ignorancia, males comunes de la clase dirigente en Co-lombia. Poco o nada conocen nuestros gobernantes el territorio nacional y sus múltiples conflictos y dinámicas sociales, históricas y culturales. La entrega de concesiones a megaproyectos mineros en zonas como el Quimbo, el Páramo

2 Fals Borda, Orlando, Ante la crisis del país. Ideas-acción para el cambio, El Áncora Editores / Panamericana Editorial, Bogotá, 2003, p. 40.


de Pisba, Santurban y Sumapaz refleja la traición que se está cometiendo en contra de ese cosmos verde, del campo, de la tierra, del agua, del aire, de nues-tra naturaleza. Una locomotora del desarrollo que no busca otra cosa diferente que entregar la tierra y los recursos naturales poniendo en riesgo la seguridad agrícola, alimentaria y ambiental de nuestro territorio. Sin embargo, frente a la locomotora, el pueblo colombiano comienza su caminar como forma de resis-tencia política y social, aunque también como una manera de demostrarle a la sociedad que el desarrollo no se encuentra determinado por lo que las grandes multinacionales puedan hacer en nuestro país, sino, más bien, por la forma como nosotros, los habitantes de este territorio nos empoderamos de él y comenza-mos a generar el retorno al campo. Un retorno a la vocación campesina, carac-terística histórica y cultural de nuestros pueblos. Frente al avance de las grandes multinacionales se debe sentir la fuerza de la marcha y de la palabra que con-voca a las múltiples organizaciones sociales a la defensa y reordenamiento de nuestro territorio, se debe sentir el fervor por la Pacha Mama, fervor que sólo puede surgir a través de todo ese conocimiento popular y ancestral que guarda entre sus arados, cauces, siembras, cordilleras…

Redes de afecto y comunicación¿Cómo promover esta articulación y el retorno al campo desde el conoci-

miento popular de nuestros pueblos originarios? ¿Cómo evitar que se presente un cambio de vocación de lo agrícola a lo minero en nuestras regiones? “El día que llego la multinacional al pueblo, nuestra tranquilidad se acabo”, así expresaban su descontento algunos campesinos de la región cundiboyacense: el desarrollo traía con sus máquinas y capital el conflicto entre hermanos, la violencia, el au-mento de bares, discotecas, etc. Pero más allá de la protesta generalizada, todos consideran que es necesario caminar hacia la unidad en medio de la diversidad, es decir, articular fuerzas en torno a un propósito común: la defensa del territorio y los recursos naturales; todo esto, por medio de la solidaridad y confianza mu-tua con el fin de crear redes de afecto basadas en la amistad, o, mejor aún, redes de intercambio afectivo lejanas de las dinámicas del capital y la economía neo-liberal. Estas redes de comunicación permiten que los diversos actores sociales se comuniquen y movilicen alrededor de un objetivo común, p.ej., el agua; así pues, sin importar la diferencia de identidades, los movimientos sociales actúan


Como resultado de la elección de Alfonso López Pumarejo y del fracaso electoral de la UNIR, Gaitán regresa al partido liberal y se des-empeña como alcalde de Bogotá, magistrado de la corte Suprema de Justicia, parlamentario y ministro. Imagen: Arturo Alape. El bogotazo: me-morias del olvido. Bogotá: Círculo de Editores, 1985.

con base en el reconocimiento y la diver-sidad, construyendo tejidos por medio de los cuales es posible recuperar los saberes y las prácticas tradicionales que histórica-mente convocaban a las comunidades en el pasado. Ejemplo de este tipo de arti-culación y procesos en contra del avance multinacional son los Mercados Campesi-nos3, los proyectos agro-comunitarios en las zonas rurales de Bogotá4, el proceso y adecuación de acueductos comunitarios5, la defensa del Quimbo y el Magdalena, el intercambio de semillas que se lleva a cabo en algunas regiones del país, entre otras. Todas ellas formas de organización y movilización social que nacen desde el seno de la comunidad y se construyen a través de ese gran conocimiento popular que guardan entre sus territorios nuestros pueblos originarios.

3 ht tp: //p rensamercadoscampes inos .blogspot.com/search/label/quienes

4 http://soches.blogspot.com/5 ht tp://www.periferiaprensa.org/index.

php?option=com_content&view=article&id=622:acueductos-comunitarios-veredales-y-barriales-una-apuesta-de-autogestion-y - s o b e r a n i a&c a t i d =9 9:e d i c io n - 59 -febrero-2011&Itemid=60


Con la crisis económica de largo alcance vivida por el capitalismo desde finales de la década

de los sesenta y comienzos de los setenta, se inaugura un nuevo patrón de acumulación de capital que va cam-biando el tipo de políticas económicas necesarias para el sostenimiento de la hegemonía norteamericana (Harvey, El Nuevo Imperialismo, 2003), y se promueve una aper-tura sin precedentes de los mercados, en especial de los mercados financieros. En este nuevo escenario, la finan-ciarización de la economía juega un papel importante en la dinámica de la acumulación de capital. Detrás de la im-plantación de este modelo está la derrota histórica sufri-da por la clase trabajadora y los movimientos populares.

Lo que se ha denominado como el modelo neoliberal inaugura una serie de transformaciones de fondo en el capitalismo mundial que van más allá de los procesos de liberalización y desregulación de la economía. El neoliberalismo implicó transformaciones sustanciales en la relación salarial, las formas de organización del trabajo, la organización del comercio internacional, el auge del

Edwin Andrés Martínez Casas

EconomistaProfesor

Universidad La Gran Colombia

La crisis capitalista y el patrón de acumulación


consumismo, entre otros elementos. Esto explica que la naturaleza y el carácter de las crisis bajo el neoliberalismo sean diferentes a las de periodos anteriores. En este contexto, la hipertrofia financiera juega un papel central en el desarrollo de las crisis.

¿Refleja la crisis en general –pero en especial la actual crisis– simplemente el carácter cíclico de la economía capitalista, una onda larga depresiva ligada a la caída de la tasa de ganancia o una crisis estructural del régimen de acumulación? Autores como Ernest Mandel (1986) señalan que existe una especie de regularidad en el comportamiento de los grandes ciclos de la economía mundial; en particular, este enfoque hace énfasis en que las crisis deben ser entendidas desde lo que sucede en las esferas de la producción y la circulación. Usando esta metodología, Mandel realiza una periodización del desarrollo capitalista en el siglo XX, en que desde 1968 se asiste a una fase descendente.

Para otros la crisis también corresponde a un periodo de onda larga depresiva al estilo de las expuestas por Kondratiev, la cual se da en el marco de una crisis de sobreproducción que ha conducido a un declive de la tasa de ganancia, si se la compara con el periodo de la “belle époque” del capitalismo entre los años cuarenta y sesenta.

No obstante, estas crisis no necesariamente están asociadas a una tendencia decreciente en la tasa de ganancia mundial. De hecho, en la actualidad

Gaitán en las elecciones parlamentarias de marzo de 1947, cuando el gaitanismo vence el oficialismo liberal. Imagen: Gloria Gaitán Jaramillo, Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un buick. Bogotá: Graficsa, 1998.

Nº 21, Abril de 2012 · Bogotá, Colombia Capitalismo en crisis Volver

existe un intenso debate a propósito de cuáles han sido los resultados del neoliberalismo en esta materia. Así, por ejemplo, en Robert Brenner (2010), la actual crisis capitalista se explica por el declive económico de las economías más importantes, fenómeno ligado a la caída en la tasa de ganancia. Para ello señala que precisamente la última década ha sido el periodo de menor crecimiento desde la posguerra. A su turno, el economista latinoamericano Orlando Caputo llama la atención de que en el periodo que comprende el final de la década de los ochenta hasta 2007 –cuando empieza la crisis en Estados Unidos– hubo una tendencia creciente de la tasa de ganancia, en que el sector real financió las actividades del sector financiero-especulativo.

Sin embargo, a pesar de que es cierto que la dinámica de crecimiento parece ser menor en la última década, esto no necesariamente conduce a una baja en la tasa de ganancia. Katz (2010) señala que el patrón neoliberal de acumulación ha conducido a revertir la caída en la tasa de ganancia que se presentó en el periodo 1974-1975. Esta última hipótesis tiene como ventaja poder explicar que, ante el escenario actual de crisis en Estados Unidos y en Europa, las alternativas de política para salir de la crisis se han caracterizado por la profundización de algunas medidas de corte neoliberal y no por su desmonte.

Para David Harvey (2010) la actual crisis tiene como rasgo fundamental la sobreacumulación, lo cual explicaría algunas modificaciones en la espacialidad del capitalismo y el flujo de capitales a países asiáticos y de América del Sur.

La utilización de la categoría patrón de acumulación o régimen de acumulación proviene fundamentalmente de los aportes teóricos realizados por la escuela regulacionista, en especial los análisis de Aglietta (1979) y Boyer (1987), aunque ya en Marx existe un análisis de las fases históricas de la acumulación, que van desde la cooperación simple, pasando por el periodo de la manufactura hasta llegar al periodo de la revolución industrial. En este enfoque, la acumulación de capital adquiere unas formas específicas predominantes en cada periodo del desarrollo histórico, a las cuales corresponden unos instrumentos de regulación del sistema y unas formas institucionales propias, entre las que se encuentran la moneda, el Estado, las formas de competencia, la inserción del sistema productivo nacional en la división internacional del trabajo, la relación salarial y las formas de organización de la producción y el trabajo (Neffa, 2000, pág. 49).


Proclamación de la candidatura popular de Gaitán el 23 de septiembre de 1945 en la Plaza de Toros de Bogotá. “Impulsaremos la unión del pueblo liberal-conservador contra la oligarquía liberal-conservadora...”. Imagen. http://fondogaitan.wordpress.com/2012/01/23/fotografias-jorge-eliecer-gaitan-y-su-tiempo/candidato-4-2/

Proclamación de la candidatura popular de Gaitán el 23 de septiembre de 1945 en la Plaza de Toros de Bogotá. “Impulsaremos la unión del pueblo liberal-conservador contra la oligarquía liberal-conservadora...”. Imagen. http://fondogaitan.wordpress.com/2012/01/23/fotografias-jorge-eliecer-gaitan-y-su-tiempo/candidato-4-2/


En la teoría de la regulación el análisis de las crisis ocupa un campo especial de estudio, pues éstas –dependiendo de su magnitud, carácter y alcance– pueden conducir a cambios sustanciales en el régimen de acumulación y en las formas de regulación de una economía. De acuerdo con este enfoque, las crisis podrían ser de 5 tipos: i) crisis exógenas, derivadas de catástrofes naturales; ii) pequeñas crisis que depuran el régimen de acumulación de desequilibrios anteriormente generados; iii) crisis del modo de regulación, que se presentan cuando la relación salarial vigente ya no es capaz de resolver los desequilibrios estructurales del sistema, iv) crisis del régimen de acumulación como consecuencia de contradicciones internas insalvables con las formas institucionales vigentes para ese régimen de acumulación y que requiere el paso a uno nuevo, y v) crisis del modo de producción dominante.

En la actualidad, los países de la zona euro y los Estados Unidos padecen los rigores de una crisis que algunos analistas comparan con la Gran Depresión de los años treinta. Independientemente de si esta comparación es válida o no, es claro que se asiste a una crisis profunda del capitalismo desarrollado que ha conducido a cambios sustanciales en la política económica de estos países. Pero, además, podrían estar presentándose transformaciones en el patrón de acumulación como consecuencia de esta crisis, aunque vale la pena resaltar que algunas de las transformaciones se venían gestando incluso desde la crisis norteamericana de 2000-2001, en el marco del atentado a la Torres Gemelas y el inicio de la ofensiva imperial de la “lucha contra el terrorismo” y la “guerra defensiva”. Las típicas medidas de corte neoliberal y sobreexplotación del trabajo que caracterizaban solamente a la periferia del sistema capitalista empiezan a ser aplicadas con fuerza en los países metropolitanos. Severos ajustes fiscales, reformas laborales y pensionales, privatización de los servicios de salud y educación, entre otros, caracterizan la situación actual.

La aparente recuperación de la economía norteamericana deja muchas dudas sobre la efectividad de las políticas económicas adoptadas en este país para conjurar la crisis. El crecimiento económico registrado en los Estados Unidos en los últimos dos años es poco satisfactorio si se tiene en cuenta que el apoyo estatal para afrontar la crisis llegó a casi diez billones de dólares.

En la actualidad, con un déficit fiscal que bordea el 10%, el gobierno de Oba-ma se ve obligado a desarrollar una serie de políticas de ajuste sin que la eco-


nomía haya mejorado estructuralmente, lo cual puede conducir a echar por tierra la pírrica recuperación. La in-minente congelación del gasto público en infraestructura, salud, educación y tecnología puede tener consecuencias muy negativas para el comportamiento del conjunto de la economía y, en especial, para el empleo. El déficit fiscal y la tasa de desempleo al alza, que llega casi a 10%, son los principales problemas a los que se enfrenta la econo-mía norteamericana.

Por otra parte, el repunte reciente de las agresiones imperiales se enmarca en estas transformaciones. El imperialismo contemporáneo se está modificando: “¿Cuáles son los efectos de esta nueva etapa neoliberal sobre la dinámica imperial? El impacto más visible es la extensión geográfica del capitalismo y el consiguiente incremento de la escala en que se desenvuelven las acciones imperialistas” (Katz, 2011, pág. 49). Pero estas agresiones imperiales tienen un común denominador: la lucha por asegurar el acceso a materias primas esenciales, petróleo, carbón, gas, entre otros. Por ello, el centro de las agresiones es Oriente Medio.

No obstante, América Latina también hace parte de este proceso, tal como se evidencia en el auge extractivista que vive la región, incluso en algunos países cuyos regímenes políticos han matizado el desarrollo de políticas neoliberales. Lo que acontece en esta región del planeta es la otra cara de la crisis capitalista. América Latina aparece como estratégica no solo en cuanto a la provisión de petróleo y demás insumos de producción; también por ser proveedora potencial de biodiversidad. Es en este escenario que se entiende cómo los capitales que están ingresando a la región no se destinan al desarrollo industrial manufacturero –como se dio en la década de

La clave para evaluar si estas transformaciones en el patrón de acumulación se pueden consolidar está en lo que suceda en el terreno de la lucha de clases; a pesar de que la iniciativa del capital pasa por la transformación del espacio, la creación de nuevas zonas de acumulación, el fortalecimiento de nuevos sectores y el desarrollo de nuevas formas de explotación del trabajo y del ambiente, sus resultados no sólo dependen de esta iniciativa, sino también de la capacidad de resistencia de los sectores que se perjudican por estos cambios.


los noventa bajo la primera oleada del neoliberalismo–, sino que se concentran en la minería y los hidrocarburos.

La consecuencia más visible de este proceso es la transformación del espacio que se está presentado en muchos países de la región. Se está configurando una nueva espacialidad capitalista. Antiguas zonas marginales que no cumplían un papel decisivo en los procesos de acumulación de capital, aparecen ahora como el destino predilecto de las inversiones del gran capital nacional y extranjero. Así mismo, el destino del capital extranjero se orienta a las inversiones en proyectos de infraestructura y comunicaciones, en los que se obtienen rendimientos a mediano y largo plazo.

¿De qué depende la mayor o menor visibilidad de estas transformaciones en la región latinoamericana? Depende fundamentalmente de las opciones políticas que están en juego actualmente en América Latina. Es claro que las crisis que azotaron a la región en la segunda parte de la década de los noventa condujeron a soluciones diferenciadas debido a los distintos proyectos políticos que surgieron tras la crisis. En el caso más extremo, la salida a la crisis colombiana, peruana y mexicana estuvo signada por la profundización de algunas medidas neoliberales con el surgimiento de otras nuevas, que en el caso colombiano adquirieron mayor grado de de-sarrollo, como el establecimiento de zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica, entre otros. Esto explica por qué el auge extractivista es más evidente en la eco-nomía colombiana.

La clave para evaluar si estas transformaciones en el patrón de acumulación se pueden consolidar está en lo que suceda en el terreno de la lucha de clases; a pesar de que la iniciativa del capital pasa por la transformación del espacio, la creación de nuevas zonas de acumulación,

El neoliberalismo implicó

transformaciones sustanciales en la

relación salarial, las formas de organización

del trabajo, la organización del comercio

internacional, el auge del

consumismo, entre otros

elementos. Esto explica que la

naturaleza y el carácter de las

crisis bajo el neoliberalismo

sean diferentes a las de periodos

anteriores


el fortalecimiento de nuevos sectores y el desarrollo de nuevas formas de ex-plotación del trabajo y del ambiente, sus resultados no sólo dependen de esta iniciativa, sino también de la capacidad de resistencia de los sectores que se per-judican por estos cambios. Las expansiones geográficas del capitalismo también generan expansiones en los campos de lucha y en los sectores involucrados y crean nuevas formas de la lucha de clases. La actual situación muestra una vez más que la crisis es un campo de lucha, en el que todo está por decidirse.

Bibliografía

Aglietta, M. (1979). Regulación y Crisis del Capitalismo. Madrid: Siglo XX editores.Boyer, R. (1987). La Teoría de la Regulación. Un análisis Crítico. Buenos Aires: SECYT.Brenner, R. (2010). “Un Análisis Histórico-económico Clásico de la actual Crisis.” En: J. Estrada, Crisis Capitalista, economía política y movimiento. Bogotá: Espacio Crítico Ediciones.Estrada, J. (2004). Construcción del Modelo Neoliberal en Colombia 1970-2004. Bogotá: Ediciones Aurora.Harvey, D. (2003). El Nuevo Imperialismo. Barcelona: Akal.Harvey, D. (2010). “¿Estamos realmente ante el fin del Neoliberalismo? La Crisis y la Consolidación del poder de las clases dominantes.” En: J. Estrada, Crisis Capitalitsa, economía, política y movimiento. Bogotá: Espacio Crítico ediciones.Katz, C. (2010). “Las Tres Dimensiones de la Crisis.” Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad, XIX (37/38).Katz, C. (2011). Bajo el Imperio del Capital. Bogotá: Espacio Crítico Ediciones.Mandel, E. (1986). Las Ondas Largas del Desarrollo Capitalista. La Interpretación Marxista. Madrid: Siglo XXI Editores.Neffa, J. C. (2000). Modos de Regulación, Regímenes de Acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996). Buenos Aires: Eudeba.


¿Que en Colombia no hay presos políticos?

Miguel Ángel BeltrÁn V.

Profesor Asociado Universidad Nacional

Perseguido Político

“La fe en la autoridad es una cosa, hechos que se tocan con la mano, son otra”*

El presidente de la República le recibió en pie, la cabeza levantada,un brazo suelto naturalmente y el otro a la espalda,y, sin darle tiempo a que lo saludara, le cantó:-Yo le diré, don Luis, ¡y eso sí!, que no estoy dispuesto a quepor chismes de mediquetes se menoscabe el crédito de mi gobierno en lo más mínimo. ¡Deberían saberlo mis enemigos para no descuidarse,porque a la primera, les boto la cabeza!

El Señor Presidente

Miguel Ángel Asturias


En una alocución televisada, el entonces presidente de la República, Julio César Turbay Ayala (1978-1982), en respuesta al Informe presentado por Amnistía Internacional, en el que se denunciaban graves violaciones a los

derechos humanos en Colombia señalaba que:

“El gobierno rechaza por inexactas las referidas apreciaciones y afirma que en este país no hay ‘presos de conciencia’. Nadie ha sido detenido y juzgado por ser sindicalista, médico, abogado, estudiante, campesino, artesano o por pertenecer a un determinado partido político. Lo que ocurre es que entre los sindicados por la comisión de delitos muy probablemente existen personas que ejercen alguna profesión u oficio, pero obviamente no es en razón de su profesión por los que han sido detenidas, sino por la comisión de delitos” (Turbay Ayala, abril 19 de 1980).

Un cuarto de siglo después, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, repite casi textualmente la misma frase:

“[En Colombia] Existen presos de organizaciones criminales, de organizaciones armadas ilegales y presos que han violentado la ley. El Estado en Colombia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia la

En mayo de 1944, los gaitanistas contaban con su propio periódico: Jornada, como medio para denunciar las acciones del gobierno. Imagen tomada de: Gloria Gaitán Jaramillo, Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un buick. Bogotá: Graficsa, 1998

Nº 21, Abril de 2012 · Bogotá, Colombia Luchas populares Volver

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existencia de presos políticos, eso sería aceptar la legalización de las organizaciones armadas ilegales y eso no lo vamos a hacer porque son contrarias a la democracia, son contrarias al derecho de la población a vivir tranquilamente, en bienestar y en paz” (El Universal, marzo 18 de 2012).

La parodia de Angelino Garzón no deja de evocarnos aquel pasaje de El 18 Brumario de Luis Bonaparte, tan frecuentemente citado: “Hegel dice en alguna parte –escribe Marx– que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos, dos veces, pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como farsa”. Nada más cierto, pues si ayer la expresión afloraba del cinismo de un genuino representante de la clase política tradicional, hoy la hace suya un ex aguerrido dirigente sindical que, aunque en ese entonces lideró protestas callejeras contra el “Estatuto de Seguridad”, hace tiempo abandonó sus ideales sociales y se inclinó ante los poderes hegemónicos, revistiendo sus desmedidas ansias de figuración con un supuesto nuevo lenguaje político.

Lo que sí comparte esta caricaturesca declaración del vicepresidente Garzón es que hoy, como en los tiempos del presidente Turbay Ayala, no sólo las cárceles están llenas de prisioneros(as) de guerra y presos(as) políticos* víctimas de montajes judiciales y falsos positivos, sino que el mismo Código Penal reconoce dicho delito, por el que arbitrariamente hemos sido privados de la libertad numerosos académicos, líderes sociales, periodistas y miembros de la oposición que disentimos de las políticas

Seguidores de Jorge Eliécer Gaitán durante su campaña electoral. Imagen: Gloria Gaitán Jaramillo, Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un buick. Bogotá: Graficsa, 1998

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oficiales. De manera tal que el propósito común de estos pronunciamientos no es otro que el de ocultar las realidades de un conflicto social y armado que se ha prolongado por más de medio siglo.

Lo que sucede es que en Colombia –como suele en ocurrir bajo los gobiernos de corte autoritario– se ha proscrito el uso público de determinados conceptos, los cuales han sido anatemizados como “lenguaje subversivo”, pues al mejor estilo de lo que narra el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos en su novela “Yo el Supremo” se pretende crear nuevas realidades a punta de plumazos (y plomazos). Recordemos que no hace muchos años, una circular dirigida a las representaciones diplomáticas en el exterior, firmada por el Alto Comisionado para la paz de ese entonces, Luis Carlos Restrepo, prohibía el uso de términos como “conflicto armado”, “actores armados”, “comunidades de paz”, ya que aceptarlos era a su juicio legitimar “los grupos armados ilegales”.

La situación parece haber cambiado… pero para seguir igual. El presidente Juan Manuel Santos reconoció hace cerca de un año –en medio de la euforia inicial que despertó en ciertos sectores de la opinión pública su promocionado proyecto de unidad nacional– que en Colombia existe un conflicto armado, concepto que fue incorporado al proyecto de ley de Víctimas de la Violencia, que circulaba en esos días en el Congreso. Hoy el ex comisionado es requerido por la justicia y el concepto de “conflicto armado interno” discurre –como si nada– por los diarios nacionales, ocupando la atención de reconocidos analistas del mismo, que como hábiles timoneles acomodan sus naves teóricas a los oleajes de la coyuntura política.


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Pero hasta ahí no más. Las consecuencias lógicas que de ese reconocimiento derivan son todavía intangibles. Prueba de ello es que ahora el presidente Santos (porque aunque parezca callado, silencioso, mudo, su silencio –como en la novela del aludido escritor paraguayo– es de mando), niega –a través de su Ministro de Justicia– el ingreso de una comisión de verificación de las cárceles, encabezada por la doctora Piedad Córdoba e integrada por reconocidas personalidades políticas y sociales del continente, para constatar las condiciones en que se encuentran privados de libertad los presos políticos, declarando a reglón seguido la inexistencia en el país de “presos y presas políticos, de guerra y de conciencia”.

Si como afirma el vicepresidente Garzón “a los presos de las FARC se les ha garantizado y se les sigue garantizando el respeto al debido proceso, el respeto a los derechos humanos y se les permite la visita de la familia, la asistencia jurídica y sanitaria”, ¿cuál es el temor de que haga presencia esta comisión humanitaria? ¿No sería esta una excepcional oportunidad para dar cuenta de las grandezas de “la democracia más antigua y estable del continente” y a la vez destrabar el proceso de liberación de los uniformados retenidos por esta organización insurgente, cuya vuelta a sus hogares anhelamos millones de colombianos?

Seguramente la preocupación surge de que esta misión de observación humanitaria se va a encontrar con una realidad muy diferente: un trato discriminatorio hacia presos y presas político(as) frecuentemente sometidos(as) a aislamientos, humillaciones y trato degradantes; un régimen penitenciario violatorio de los derechos fundamentales de los internos, que se aplica por igual a condenados y sindicados; una permanente obstrucción a la libre comunicación de los internos con sus abogados defensores (cuando los tienen); un continuo maltrato a los familiares que van a visitar a sus seres queridos presos; en síntesis, unas condiciones denigrantes para miles de prisioneros(as) que están allí como resultado del conflicto interno colombiano.

La actitud del gobierno frente a la contundente realidad de la existencia de más de ocho mil presos(as) políticos(a) en el país, nos hace evocar la incredulidad de aquellos sabios de la corte florentina a los que Galileo Galilei trataba de demostrar sus descubrimientos hechos por medio del telescopio que confirmaban las teorías heliocéntricas de Copérnico. Al pedirle a estos eruditos que verificaran a través de

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su anteojo la existencia de aquellas estrellas que éstos consideraban inexistentes, uno de ellos alega que el telescopio “al mostrar algo que no existe, no es un instrumento muy exacto”, por lo que “sería mucho más provechoso, si usted nos pudiera nombrar las causas [razones] que lo movieron a suponer la existencia de astros que cuelgan libremente en las esfera superiores del inmutable firmamento”. A lo que el científico italiano responde con estupor: “¿Las razones? ¿Cuando de una mirada a los mismos astros y con mis apuntes queda demostrado el fenómeno? ¡Pero señores, la disputa resultaría absurda!” (Bertolt Brecht. Galileo Galilei)

Post scriptumLos inexistentes presos políticos del país han manifestado en un reciente comunicado público que a partir del martes 20 de marzo de 2012 se declaran “en desobediencia y huelga de hambre para exigir del gobierno y las autoridades penitenciarias la ejecución de la visita de verificación nacional e internacional”. Así mismo han reiterado estos fantasmas que deambulan en los pasillos de las más de ciento cincuenta cárceles colombianas que: “La paz, la reconciliación no se logra ocultando la realidad. Los gestos de paz y de buena voluntad deben ser bilaterales”.

* La condición de prisioneropolítico de guerra hacereferencia a “aquellaspersonas que se han alzadoen armas con la finalidad detomarse el poder y derrocarel régimen constitucional ylegal vigente, y en razón deello han sido privadas de sulibertad por su contradictor”.Por su parte, prisioneros políticos de conciencia “son aquellas personas que han ejercido el derecho a la oposición política al régimen o al gobierno vigente, de manera individual o colectiva en su calidad de miembros de organizaciones sociales, barriales, populares, sindicales, políticas, estudiantiles, campesinas, defensoras de derechos humanos, indígenas, afrodescendientes, entre otras, y en razón a ello han sido perseguidas y privadas de la libertad por su opositor. (Cfr. Traspasa los Muros. Defenderse desde Adentro. Derechos, Tratamiento y Protección de las personas en Reclusión. Bogotá, octubre de 2010, p.32)


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Las iras de Transmilenio

ricardo SÁnchez Ángel

Doctor en HistoriaProfesor

Universidad Nacional

El motín

El viernes 9 de marzo de 2012 tuvieron lugar en Bogotá movilizaciones de la juventud y de la ciudadanía en protesta por el mal servicio del

sistema de transporte masivo Transmilenio. Altas tarifas, hacinamiento de pasajeros, inseguridad, escasez de vehículos, pésima calidad de las losas, incumplimiento de los horarios, incremento notorio en la contaminación atmosférica, son algunas de las razones que expresan el sentir airado y la impotencia de los usuarios.

Por supuesto que el mal servicio prestado por Transmile-nio ha creado unas experiencias de lucha y una conciencia so-bre el sistema que funciona inadecuadamente y beneficia con ganancias multimillonarias a un puñado de doce empresas. Mientras el gobierno distrital, además de ser el garante ante la ciudadanía de la eficacia del sistema, asume también las obligaciones de proveer la infraestructura, el mantenimiento, la seguridad, nuevas troncales y subsidios.

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Debe reconocerse que estas luchas, que reclaman un transporte público moderno e integrado para Bogotá, tuvieron expresiones esporádicas y con repercusiones de poca trascendencia hasta el viernes 9, aunque en los quince días anteriores hubo cinco bloqueos que presagiaban un salto cualitativo de la protesta, con sus tomas y sus mítines. En los doce años de vida de Transmilenio, la inconformidad se ha expresado en varias oportunidades.

El viernes, la protesta se creció y a las 7:45 a.m. el sistema colapsó. Una pancarta presentada por City Noticias sintetiza, a mi juicio, la causa del movimiento: UNIÓN DE USUARIOS. TRANSMILLENO NO AGUANTÓ MÁS1. Se dieron manifestaciones, bloqueos, asambleas de los usuarios en la calle, mítines, uso de las redes sociales de Internet para sintonizar las acciones y una explosión de la ira contenida, lo cual afectó de manera sensible el funcionamiento en su conjunto del transporte y del tránsito de Bogotá. Hubo once estaciones tomadas y cuatro portales, además de destrozos en dichas instalaciones.

1 http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/actos-vandlicos-en-los-bloqueos-a-transmilenio _ 11313042-4

7 agosto de 1946. Mariano Ospina Pérez se posesiona como presidente de la República de Colombia, luego de que Alberto Lleras Camargo terminara el periodo que dejó el ex presidente Alfonso López Pumarejo. Imagen: http://www.elcolombiano.com.co/proyectos/edicion30mil/galeria-cronologica/images/1946-08-07_gif.gif


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Hacia las 3 p.m. las protestas devinieron en motines en diferentes sitios de la ciudad, como Marly, La Sevillana, la Avenida Caracas con calles 72, 45 y 39. Se reportaron diez heridos, entre ellos dos policías, cincuenta retenidos, más de mil millones de pesos en daños y una gran zozobra.

La respuesta de la Alcaldía fue desplegar la fuerza especial de Policía (ESMAD) para buscar conjurar a través de esta institución represiva el estallido de la crisis social. No obstante, los disturbios se prolongaron durante toda la tarde, permaneciendo bloqueado el tránsito por la Avenida Caracas.

El Presidente Juan Manuel Santos anunció su respaldo al Alcalde, Dr. Gustavo Petro, y este último señaló a la Presidente del Polo Democrático Alternativo (PDA), Clara López, y al senador Jorge Enrique Robledo de ser responsables de lo sucedido, al igual que a los operadores y a lo que denominó “mafias”, sin especificar su conformación. De esta manera, el Alcalde criminalizó, no solo los motines y la protesta legítima de los usuarios, sino el derecho del PDA a apoyar la justa protesta sin violencia. Para el lunes 12 de marzo, la Alcaldía ordenó la militarización de varias de las estaciones con más de dos mil efectivos del ESMAD y de la Policía, buscando de esta manera dotar de seguridad al funcionamiento del sistema.

Es censurable que se reduzca el motín a un acto criminal, y que se señale como miembros de un cartel de vándalos a jóvenes, incluso menores de edad. El asunto es más complejo. Los jóvenes actuaron con los rostros sin disfraces, destruyendo instalaciones a la manera de los “ludistas” en los comienzos del movimiento obrero. El blanco de la protesta devino en destrucción de instalaciones de Transmilenio, dejando de lado una perspectiva más global.

Transporte y ciudadEn medio de un incremento creciente del número de

usuarios en los últimos años, los términos contractuales

El sistema de transporte realmente

existente en Bogotá, incluido

Transmilenio, exhibido como

paradigma en movilidad, profundiza la

segregación espacial y social, eclosiona

el sentido global de comunicación y goce colectivo del

mayor bien público, que es la ciudad. Y, además, se trata de una expropiación de

ricos transportistas a millones de usuarios.

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establecidos para la Fase I del sistema estimularon el hacinamiento y el retraso de los servicios. En tanto, el aumento de la flota de articulados de reserva y la disminución de los kilómetros recorridos por vehículo postergaron la terminación del contrato de operación, establecido en ochocientos cincuenta mil kilómetros en promedio por los articulados.

Adicionalmente, se permitió que los operadores accedieran al 85% del valor unitario del pasaje en forma de beneficio en razón de la amortización del capital utilizado en la compra de los buses del sistema. No obstante, según el director de la UAESP, Guillermo Asprilla, los operadores ya habrían recibido ciento cuarenta mil millones de pesos adicionales, habiéndose cancelado ya dicha obligación2.

Lo cierto es que lo ocurrido en estos días en torno a Transmilenio demuestra la profunda crisis del sistema de transporte público en Bogotá que viene agudizándose de tiempo atrás en la ciudad. Transmilenio, una paradoja, agravó y traumatizó la urbe con su presencia en amplios sectores de avenidas, calles y espacios públicos, atendiendo solamente cerca del 20% de las necesidades.

Esto, porque Transmilenio está concebido como un gran negocio, como la mercantilización de un servicio público fundamental, y no como la respuesta planificada a un derecho de los ciudadanos para su movilidad al trabajo, a la educación, a la vivienda, o a otros lugares. Junto con el sistema de buses y busetas, y la proliferación de motocicletas y carros privados en cifras alarmantes, el caos de la movilidad de la ciudad ha llegado a ser dramático. Las consecuencias son agresivas contra la salud y la tranquilidad, aumenta la jornada de trabajo entre una a tres horas y debilita la integración de la ciudad.

Además, se trata de una expropiación de ricos transportistas a millones de usuarios. El sistema de transporte realmente existente en Bogotá, incluido Transmilenio, exhibido como paradigma en movilidad, profundiza la segregación espacial y social, eclosiona el sentido global de comunicación y goce colectivo del mayor bien público, que es la ciudad.

Bogotá creció y no se desarrolló integralmente. Apenas se semi-modernizó, y se convirtió en una espacialidad mercantil-capitalista, que como lo dijo en su momento el gran Rogelio Salmona: “en el Norte da risa, en el Centro da miedo y en el Sur da

2 http://www.semana.com/nacion/articulados-rojo/173954-3.aspx


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lástima”. Los slums de Bogotá están no solo en las espacialidades marginales, sino en otras partes y, de manera significativa, en el centro de la ciudad.

Esta megaciudad cuenta con ocho millones de habitantes, siendo una de las ciudades más desiguales del continente y del mundo, voraz en su expansión, destruyendo bosques, cerros, aguas, la fauna y la flora. El aire que se respira en la ciudad está altamente polucionado, afectando la salud global. Este conglomerado se maquilla vanidosamente con los trajes de los fetiches del consumismo de las ciudades del alto capitalismo.

La ciudad capital es el motor principal de la economía colombiana, de la provi-sión de servicios y centro de los poderes estatales. Esta realidad tiene un trasfondo histórico de lucha por los servicios públicos, las libertades, los derechos, la vivienda digna y el sentido urbano de ciudad. Ha desarrollado tejidos sociales y culturales con gran sentido de solidaridad y expresa permanentemente centenares de actos de re-sistencia como de militancia contra el capitalismo global. Es la continua lucha de la ciudad, como conquista de la modernidad y la civilización, y la anti-ciudad como logro del capitalismo.

A los que señalan que Bogotá es una ciudad en pleno desarrollo, pujante, cuyos problemas de movilidad y de transporte pueden ser resueltos con políticas públicas con planeación indicativa subordinada al mercado y a la renta de los grandes empresarios del transporte y de la propiedad urbana, les ofrecemos este paisaje de desolación y barbarie como espejo al cual debemos mirarnos.

BúsquedasSe anuncian como soluciones la rebaja de tarifas, aumento de cien buses, nuevas

rutas y revisión de los contratos. Están bien algunos de estos paliativos. Pero la solución a corto y mediano plazo consiste en priorizar el metro, dinamizar el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), concluir las obras públicas. Se requiere una verdadera política pública del transporte, comenzando por la Municipalización del Transmilenio que debe ser operado por una Empresa Distrital de Transporte (EDT), que planifique la transición, incorporando el enjambre de buses y busetas cuyos dueños son poderosos grupos económicos y políticos.

El sentido de estas búsquedas atiende a lograr una movilidad rápida, segura y de calidad. Así las cosas, los efectos positivos sobre el reordenamiento de la ciudad serán de alto impacto. Es la hora de la planeación, que debe ser democrática.

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El último discurso del caudillo es conocido como “Oración por los humildes”. Fue pronun-ciado en el cementerio de la ciudad de Manizales en homenaje póstumo ante la tumba de los muertos liberales asesinados durante la violencia política en el año 1948: “Vuestros miembros inmovilizados son ahora centuplicada fuerza que nos empuja sin tolerar des-cansos; y que no ha de suspenderse hasta devolver a la República el camino de la piedad, del bien y de la fraternidad, que hombres de aleve entraña les han robado”. Imagen. http://www.detihablalahistoria.com/articulos/Jorge%20li%C3%A9cer%20Gait%C3%A1n.jpg


Pablo MaMani RaMíRez

Sociólogo aymara

Una definición necesaria

Los movimientos indígenas originarios vuelven a la escena social y político en Bolivia. Antes, es

necesario hacer brevemente un deslinde conceptual para un análisis de las luchas sociales, teniendo presente que las palabras nos ayudan a nombrar los hechos, a la vez que la realidad puede validar a esas palabras.

Aludimos aquí a la palabra levantamiento social. Más propiamente al levantamiento indígena originario y popular. Esta categoría se difundió en la década de los noventa del siglo XX en Ecuador. Se diferencia del fenómeno de la rebe-lión, protesta, movilización social e insurrección. Un levan-tamiento social se refiere a una lucha social total contra un gobierno, un Estado o una intervención extrajera. Parecido a una rebelión, como expresan otras corrientes. Describe una realidad para dejar notar que toda una sociedad se ha levan-tado con sus propios sistemas de organización, acciones co-lectivas, demandas específicas o generales, y sus horizontes históricos. Su especificidad en Bolivia está dada entre los años 2000 en la guerra del agua en Cochabamba y levanta-miento aymara de Achakachi; en 2001 en el levantamiento de toda la región aymaraquechua del norte de La Paz; en

Bolivia: En ebullición un nuevo levantamiento social¿Pero cómo evitar caer en manos de la oligarquía boliviana?


2003 en la guerra del gas de la ciudad de El Alto y departamentos circundantes a ésta, y en 2005 nuevamente en El Alto y la ciudad de Sucre. Estos levantamientos indígenas urbanos y rurales se produjeron en este tiempo en diferentes regiones y localidades de los Andes.

En lengua aymara, un levantamiento social, se expresaría en una frase como: mayaki sayt’asxañani, uno sólo levantemos. De manera más interna se expresa: “como un sólo hombre, como una sola mujer levantémonos”. En la relación de género se afirma: “como hombre amarrémonos bien los pantalones”. Y las mujeres dicen, “como mujeres amarémonos bien las polleras”. El amarrarse bien la pollera y el pantalón hace referencia justamente a que la lucha ha de ser total, y hasta el final.

Estas expresiones a su vez tienen un contexto particular que es el de movilizar toda la cosmovisión del mundo donde “participan” los animales y las montañas. “Si los enemigos nos quieren ganar hasta las llamas (auquénido andino) se levantaran, junto con los perros, las piedras y las montañas”. Esto habla de una lucha social total. Por ello es que se moviliza a toda la cosmovisión del mundo con la que se vive y muere.

Las causas¿Por qué hay una ebullición de nuevos levantamientos sociales? Pues en los

últimos meses en Bolivia vivimos nuevamente un estado de movilización social que podría terminar en un levantamiento social. ¿Causas internas y externas para ese po-sible hecho? Habría varios factores, pero uno de los principales es el que provoca el gobierno de Evo Morales-García Linera; otros vienen dados por las históricas deman-das no resueltas por el Estado, como los límites entre departamentos o municipios,

Se inaugura en Bogotá la IX Conferencia Panamericana. Bajo la presión de los EE.UU. se crea la OEA por medio de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Se aprueban, además, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Imagen. El Tiempo, 02 de abril de 1948.

Nº 21, Abril de 2012 · Bogotá, Colombia Nuestra América Volver

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y por la gran frustración ante los cambios históricos prome-tidos. Desde el 25 y el 27 de septiembre de 2011 vivimos un nuevo contexto sociopolítico. En esta fecha el gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo) devela su carácter íntimo de un gobierno anti-proceso de cambio y, a la vez, se gesta una nueva ebullición social. Por una parte se produjo una violenta intervención policial contra la VIII marcha indígena originaria de la Amazonia y los Andes en San Miguel de Cha-parina en defensa de TIPNIS y, como consecuencia, se anula el proyecto de construcción de camino carretero por el Terri-torio Indígena del Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS). Y por su carácter anteriormente nombrado, el gobierno vuelve a insistir testarudamente en el mismo problema. Ahora este hecho viene precedido por otra violencia policial en Caranavi entre el 7 y 8 de mayo de 2010 con dos jóvenes muertos, el gasolinazo del 26 de diciembre de 2010 y la aprobación inconsulta de nueva leyes en la Asamblea Legislativa Pluri-nacional, que en muchos casos son antiindígenas originario, campesinos y contra sectores populares.

La gente se está movilizandoY, por otro lado, estamos ante un proceso de un gran

malestar social que ya es territorializado en diferentes niveles sociales y regionales, pues subterráneamente se ha iniciado todo un proceso de movilización social con un lenguaje que a ratos desafía el lenguaje “revolucionario” del gobierno, particularmente el de Álvaro García Linera. Se afirma: “El Gobierno de Bolivia se está subordinando a las transnacionales de Brasil y al narcotráfico”. Otra afirmación. “A Evo Morales no lo va a bajar ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, nadie, lo van a bajar los mismos indígenas, cuando ya estén calientes de esta situación”.

Esto es importante anotar. Pese a que el gobierno trata de destruir, confundir, dividir y anular todo un rico sistema

En Bolivia vivimos nuevamente un estado de movilización

social que podría terminar en un levantamiento

social. ¿Causas internas y externas

para ese posible hecho? Habría

varios factores, pero uno de los

principales es el que provoca el

gobierno de Evo Morales-García

Linera; otros vienen dados por

las históricas demandas no

resueltas por el Estado, como

los límites entre departamentos

o municipios, y por la gran

frustración ante los cambios históricos

prometidos.

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de tejido social construido por largas jornadas de lucha y una particular forma de articulación territorial de los pueblos indios, se ha iniciado un movimiento subterráneo que lo definimos como una nueva latencia del poder social. Aquí la pregunta es: ¿En qué consiste este movimiento subterráneo del poder social? Según J. Scott, en luchas de resistencia social se produce discursos ocultos que traman idearios, acciones, burlas contra el poder, y para nosotros esto es el movimiento subterráneo que produce también discursos ocultos y acciones veladas. En aymara se diría: jaqis untasiskiwa sumat sumat. La gente se esta movilizando poco a poco. Aunque este español nos neutraliza la intensidad de la expresión de esta palabras aymara.

Esto también es interesante analizar. Porque justamente poco a poco se han ido moviendo nuevos hechos, acciones, discursos, idearios, que posiblemente no son visibles para muchos y para el poder se ven como acciones subversivas provocados por agentes infiltrados en las organizaciones sociales, o por la incomprensión de las políticas públicas del gobierno “revolucionario”. En esto hay que recordar que, parecido a este hecho, ocurría lo mismo en El Alto antes de octubre, o en abril en Cochabamba y en el Achacachi en 2001 y 2003. En ese tiempo había movilizaciones visibles e invisibles. En El Alto la gente se estaba moviendo desde la intersubjetividad vecinal hasta lo barrial. Las luchas en algunos casos eran en las periferias de la ciudad y en otro en los lugares públicos como la Ceja. Ese tejido social expresaba un profundo malestar colectivo y, por tanto, ponía en movimiento símbolos del poder social como las mujeres de pollera sentadas sobre las avenidas y plazas, y un conjunto de hombres discutiendo en las esquinas de las calles sobre la vida cotidiana, sus conflictos y la política.

Hoy vuelven a ocurrir parecidos escenarios aunque con un contexto sociopolítico distinto de un gobierno que se reclama ser gobierno de los movimientos sociales. Aunque esto es un discurso oficioso del poder.

En los últimos meses en El Alto se han empezado a mover nuevas potencias sociales. El día miércoles 22 de marzo se produce una paralización total en contra del alza abusiva de pasajes de autotransporte, a su vez demandan más escuelas, ítems, y mejores condiciones de vida social. En realidad desde aquel histórico 17 de octubre de 2003, la vida social y económica de muchos alteños y alteñas no ha cambiado mucho. Junto a este hecho en esta ciudad se produce una gran indignación por el asesinato de la periodista aymara Verónica Peñasco y de su hermano Víctor. La provincia Ingavi se moviliza masivamente hacia la ciudad de La Paz para pedir justicia


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por el alevoso crimen. Octubre de 2003 también fue influido por el encarcelamiento de Edwin Huampo, dirigente de la provincia Los Andes que había sido acusado de permitir el asesinato de los abigeos del ganado. Por tanto se producían muchas movilizaciones. Hoy la indignación hizo que la gente se preguntara ¿por qué el gobierno no asume seriamente una lucha frontal contra los grupos criminales que ciegan la vida de muchos hombres y mujeres?

Estas indignaciones y movilizaciones hablan muy bien de cómo existe una nueva latencia del poder social. Y lo serio de lo que aquí estamos expresando es que esto en situaciones difíciles se convierte en un levantamiento social de base te-rritorial que es imposible para cualquier gobierno contenerlo.

Otro lugar de este movimiento aunque ya no invisible, sino muy visible y publicitado, es la movilización de los indígenas de Amazonia y los ayllus-markas de los Andes, representados estos últimos por el CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) en defensa de TIPNIS. En realidad, es éste el que ha quebrado al gobierno; ha generado todo un contexto de movilización social en otros movimientos y sectores como los mineros de Huanuni, sectores importante de la COB (Central Obrera Boliviana), grupos de lucha en la ciudad de Cochabamba, los cocaleros de Asunta en el norte de La Paz, entre otros.

El 20 de marzo es la fecha fijada para el inicio de la IX marcha indígena originaria en defensa de Parque Nacional Isiboro Sécure. Su antecedente inmediato es la del 15 de agosto al 19 de octubre de 2001, que produjo una gran movi-lización social alrededor de dicha marcha. En la ciudad de La Paz, en esa fecha, la gente se auto-organizó con vigilias en la Plaza San Francisco con intelectuales, activistas sociales, el propio CONAMAQ y otros sectores. Si el 20 de marzo es el inicio de la IX Marcha desde algún lugar de la región amazónica de Beni, pues ésta logrará profundizar el actual

Hoy es posible sostener que el gobierno de Evo Morales-García

Linera está incrustado por agentes de los

grupos oligárquicos o sus parientes

culturales de estos grupos.

Ya no es sólo un entorno blanco-

mestizo como sostuvimos desde

2007, sino que éste está en todas

las estructuras del poder

gubernamental. El objetivo de estos

grupos es provocar un enfrentamiento indio contra indio y luego aparecer

públicamente como apaciguadores

de ese enfrentamiento.

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El viernes 9 de abril, en compañía de Plinio Mendoza Neira y Roberto García-Peña, sale Jorge Eliécer Gaitán de su despacho (aquí, el 8 de abril en la biblioteca de Gaitán). Al cruzar la puerta sobre la carrera 7ª, recibió tres disparos. Lo llevaron a la Clínica Central de Bogotá, donde murió a la 1:55 p.m. Al asesinato sigue el levantamiento popular conocido como el Bogotazo. Imagen: El saqueo de una ilusión: el 9 de abril, 50 años después. Bogotá: Número Ediciones, Corporación Revista Número, 1997


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crispamiento social. De hecho, en TIPNIS se observa que hay una gran molestia por la insistencia del gobierno de Evo Morales-García Linera en la construcción de un tramo carretero que a todas luces será devastadora de la rica región en diversidad de vida cultural y biogenética, sólo para atender los intereses del sub-imperialismo brasileño y COSIPLAN.

En ese sentido, todo este conjunto de movilizaciones sociales es potencialmente portador de un nuevo levantamiento social, dado que además de lo analizado más arriba, en las ciudades como La Paz, Oruro y Cochabamba, Potosí, entre otras, se esta creando un gran descontento social. Y en estos movimientos tratan de infiltrarse los grupos políticos del poder local y regional para aprovechar la situación y derrocar a Evo Morales.

La estrategia de la derechaSobre este último es importante dejar notar. La llamada derecha –aunque la

izquierda partidaria en Bolivia es muy parecida a la misma derecha–, hoy se mueve de modo distinto a su modus operandi. Hoy, el ejemplo mayor es el gobierno de Morales-García y, en América Latina, el gobierno Rafael Correa en Ecuador, y en Perú el de Ollanta Humala, aunque lleve poco tiempo, al principio tenía un discurso cercano a los sectores desfavorecidos. En este sentido la pregunta es: ¿cómo esa derecha esta moviéndose en el contexto anteriormente descrito? Aquí varios datos: estos grupos y sus agentes se están incrustando en los movimientos sociales, se acercan a líderes sociales para “aconsejar” los hechos. Uno de ellos es el partido de Samuel Doria Medica (el empresario cementero), Unidad Nacional (UN). Éste viene ofreciendo “ayuda” a dichos movimientos. La finalidad de este partido no será apoyar la defensa de las demandas sociales, sino derrocar al gobierno. Un hecho al que hay que tomar muy en cuenta.

De otro lado, adentro del propio gobierno se observa desde hace rato que exis-te una infiltración de la derecha neoliberal. Hace una semana decíamos: ¿qué hace Carlos Borth trabajando con Carlos Romero en el gobierno de Morales-García? O, ¿Juan Ramón Quintana? Del mismo modo, ¿cómo se explica el pacto entre el MAS y MNR en Beni? Hay que recordar que el gobernador de este departamento, Ernesto Suárez, uno de los recalcitrantes militantes de la derecha más oscura, fue destituido como gobernador por el Consejo departamental de Beni. Y ha tomado la posta Haisen Ribera Leigue del MNR. El MAS con ello ha rehabilitado a los viejos grupos de poder

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derrotados hace muy poco. De otro modo esto no se entiende, aunque pueda ser de-finido como estratégica. Esta penetración de la derecha neoliberal en el gobierno del MAS también es posible ser demostrado por las propias políticas públicas del gobier-no. Uno de ellos es la insistencia en la construcción del camino carretero del TIPNIS, y también la aprobación de leyes como la de Deslinde Jurisdiccional que es absoluta-mente antiindígena originario, y la sistemática criminalización de la lucha social.

En este sentido la pregunta histórica es ¿cómo no volver a caer nuevamente en las manos de la rancia oligarquía boliviana?, dado que estos grupos están dispuestos a utilizar a las organizaciones sociales que demandan con toda legitimidad sus derechos. Y la “paradoja” es que el gobierno hace juego a ese hecho. ¿Por qué? Porque justamente tiene gente de estos grupos que conflictúa lo social cada vez más. Con ello se favorece a dichos grupos. Y eso terminaría para el MAS en su propia hecatombe.

Por ello hoy es posible sostener que el gobierno de Evo Morales-García Linera está incrustado por agentes de los grupos oligárquicos o sus parientes culturales de estos grupos. Ya no es sólo un entorno blanco-mestizo como sostuvimos desde 2007, sino que éste está en todas las estructuras del poder gubernamental. El objetivo de estos grupos –además de lo anterior– es provocar un enfrentamiento indio contra indio y luego aparecer públicamente como apaciguadores de ese enfrentamiento. No sabemos si Evo Morales y García Linera son conscientes de este juego maquiavélico, dado que el gobierno sigue enfrentándose a los propios movimientos indígenas originarios que es su base real y simbólica. Además de que sigue criminalizándolos, penaliza sus luchas, los acusa de estar vendidos a la derecha, etc. En ese sentido se puede observar que está en marcha una nueva rebelión de las elites al igual que en 2007, 2008 y 2009.

Bajo este conjunto de argumentos y evidencias el CONAMAQ, CIDOB, los líderes de TIPNIS, la propia ciudad de El Alto, deberán tener la máxima alerta en no firmar convenios, tratos, ni recibir ayuda financiera de estos sectores. Si se produce otro levantamiento social tendría que ser autónomo y autofinanciado. A su vez, dichos grupos tendrían el objetivo de truncar esta nueva ebullición del poder social arriba descrita. Acudiendo al adagio katarista-indianista podemos decir que “hay que mirar con los dos ojos” la lucha social y político. El gobierno mira con un sólo ojo y esa es su derrota histórica.


…Y seguimos llevando a cuestas la tragedia del Palacio de Justicia…

A veces, cuando termina una obra, sentimos la tranquilidad de quien sale de una pesa-

dilla y corrobora que la realidad a la que despierta es distinta del universo que experimentaba segundos atrás. La sonrisa de los actores disipa la angustia. El alivio de los espectadores se propaga y la respiración deja de estar contenida para volver a su ritmo normal.

Pero a veces, como en el caso de la Siempreviva, no sucede así.

No sucede así porque la ficción, y sus dolores, no se acaban con la última escena. Porque la angustia no desaparece con el sonido de los aplausos. Porque por el contrario, el drama adquiere más peso, toda

El peso del vacío

Andrés GuAldrón rAmírez

Maestro en Música

Obra: La siemprevivaTeatro: El LocalDirección: Miguel TorresEstrenada hace 17 añosVista en días pasados en la Casa del Teatro Nacional


vez que la vida real es una extensión de esa pérdida narrada por la trama. Porque el mundo en el que nos sumergimos cuando finaliza el último acto, ese mundo al que salimos una vez abandonamos el teatro, es el escenario donde la tragedia de la violencia y la separación forzosa han tenido siempre lugar, miles y miles de veces. Cuando caminamos de vuelta a nuestra casa entramos a la oscuridad del territorio donde aún no aparecen quienes fueron borrados a la fuerza.

La Siempreviva habla de un drama del que muchos han sido víctimas pero que es, aun así, irrepetible. Nos dice, con toda la contundencia, que cada pérdida es única. Que los ecos que genera la tragedia de la desaparición son imposibles de predecir. Que aun cuando se pueden hacer estadísticas, la naturaleza del dolor será siempre singular, imposible de ser comprendida través de números abstractos.

Y que así como este drama es singular, lo son también otros a los que muchos se enfrentan en nuestro país y en el mundo: los de la pobreza y los del deseo, por ejemplo. La Siempreviva comprende el dolor y la injusticia en nuestra sociedad como hechos complejos, que atañen tanto a la política como a la condición misma del ser humano, con sus ideas y vueltas, con

La estrategia anticomunista de los E.E.U.U, al inicio de la Guerra Fría, tenía el claro propósito de crear un ambiente de caos y zozobra que le facilitara imponer, sin oposición, a los países asistentes a la Conferencia de Bogotá la creación de la OEA. Imagen: http://www.a57.org/sites/default/files/imagecache/extra_large/products/images/titular_2_0.jpg

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sus contradicciones y eternas luchas. No se apoya en hipótesis facilistas y, por ello, aunque podría, se salva de caer en el panfleto.

Pero quizás su más grande acierto esté en hablarnos de la desaparición forzada como un mecanismo que extiende la ausencia del otro hasta el infinito. Que a diferencia de la muerte, siempre certera, se convierte en un espacio de pura incertidumbre: uno en el que el tiempo es más pesado, uno que multiplica las penas, uno que termina por hacer insufrible la vida. Un lugar donde la ausencia se vuelve una presencia constante. La obra nos revela una triste paradoja: la falta del otro, el vacío que nos deja, termina siendo a veces una carga tan pesada que es imposible de llevar. Una carga que, finalmente, acaba por minar nuestra razón.

***La obra termina y los aplausos resuenan. Nos

apretamos fuerte las manos. Sentimos, por un segundo, la plenitud de tener cerca a quienes queremos. Comprendemos que el vínculo entre las personas es frágil. Que muchos se quedaron vagando como almas en pena por el mundo, en busca de aquellos seres que nunca más volverían a aparecer.

Que esas personas que desaparecieron pudieron haber sido nuestros padres, nuestros hijos, incluso nosotros mismos. Y que en cierta medida el dolor de la historia nos hizo, por un segundo, vivir esa ausencia infinita. Esa de la que nunca nos podremos reponer.

Ese mundo al que salimos una vez

abandonamos el teatro, es el

escenario donde la tragedia de

la violencia y la separación forzosa han tenido siempre lugar, miles y miles

de veces. Cuando caminamos de

vuelta a nuestra casa entramos a la oscuridad

del territorio donde aún no

aparecen quienes fueron borrados

a la fuerza


La indignación y el dolor del pueblo colombiano se manifiestan en un violento levantamiento que asume dimensiones nacionales y es especialmente fuerte en Bogotá. Sus seguidores culpan al gobierno conservador y a la oligarquía del asesinato. Imagen: El saqueo de una ilusión: el 9 de abril, 50 años después. Bogotá: Número Ediciones, Corporación Revista Número, 1997.

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“La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció la desaparición forzada y asesinato de Manuel Ruiz, de 56 años, miembro del Comité de Censo del Consejo Comunitario de Apartadocito, cuenca de Curvaradó,

y su hijo Samir De Jesús Ruíz Gallo, de 15 años, por paramilitares que actúan en el territorio de Curvaradó…” (Caracol Radio, edición digital, 28-03-2012). Manuel Ruíz era un reclamante, dicen los medios, o sea, un luchador por la recuperación de las tierras que impunemente les han sido arrebatadas a millones de colombianos a sangre fuego a lo largo y ancho del territorio colombiano.

Manuel y Samir son víctimas de la violencia, de aquella misma que ha sido el instrumento para la expropiación forzosa y la acumulación de propiedades agrarias en manos de terratenientes hermanados con el poder político y militar. Violencia que no ceja, que ya se había hecho monstruosa aún en vida de Jorge Eliécer Gaitán, y contra la que él clamara con la vehemencia propia de su verbo poderoso y su fuerza encarnada en cientos de miles de hombres y mujeres a los que él interpretaba.

La violencia que Gaitán denunciaba al frente de silenciosas muchedumbres embargadas de dolor y rabia en discursos dirigidos como latigazos contra los dueños del poder, era –como ahora– la reacción de los grandes propietarios nacionales y extranjeros contra tímidos intentos de reformas tendientes a alcanzar una mínima democratización de la propiedad territorial y el reconocimiento de elementales derechos de los campesinos, colonos y trabajadores asalariados del campo. Y el instrumento para ejercerla era también el mismo: bandas paramilitares apoyadas por sectores del Estado y las oligarquías regionales, y protegidas por la impunidad.

El proyecto liberal tuvo muy corta vida: fue anegado en sangre. Cuando es asesinado Gaitán, ya el país había atravesado por todos los escenarios posibles del horror. Lo que vino después fue el inicio de una nueva etapa en la que las dictaduras conservadoras y militar rematan la obra de la congelación del statu quo a favor de la oligarquía agraria. Y de ahí en adelante hemos sido testigos –y víctimas directas o indirectas– de la violencia continuada que ha impedido, por una parte, el surgi-miento de alternativas políticas al régimen y la constitución de movimientos sociales

El 9 de abril: presente continuoJesús Gualdrón

“…y ese día que un 9 fue de abril,pasó a la historia y no ha tenido fin…”

(Canción que canta Charlie Boy)

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fuertes que puedan desarrollar su acción política y reivindicativa sin temer su crimi-nalización y, por otra, la implementación de las reformas sociales necesarias para asegurar una vida digna a todos los co-lombianos y el disfrute de sus derechos plenos.

La resistencia popular derivó tras el magnicidio –por supuesto, impune: ¿cómo podría ser de otra manera?– tam-bién en resistencia armada. Y de ella surgió la insurgencia que aún hoy per-siste en el país, sin que se avizore una salida democrática para ese conflicto. Más bien, pareciera ser que el régimen se ha decidido por el exterminio total de su oponente armado, esperando que, a la larga, esta alternativa le produzca más réditos políticos y la estabilidad necesaria para seguir implementando su antisocial modelo neoliberal.

Cuánta fuerza adquieren en ese contexto las palabras de Gaitán, en su Oración por la Paz: “Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. ¡Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia!”.

DATOS IMÁGENES Las imágenes presentadas en este número fueron tomadas de las fuentes indicadas en cada pie de foto.

*En portada:Cariñoso abrazo de la abuela del “coronel” Ricaurte, miembro del JEGA. Imagen original de: Gloria Gaitán Jaramillo, Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un buick. Bogotá: Graficsa, 1998*En Bandera y contenido:Campaña presidencial de Jorge Eliécer Gaitán.Tomada de: http://2.bp.blogspot.com/_opR-updVnIw/TDyFHOhHYLI/AAAAAAAAAFs/yr5yAlZKysA/s1600/Placa+018624.jpg* En esta página:Guerrillas formadas después del 9 abril de 1948.Tomada de: Gloria Gaitán Jaramillo, Bolívar tuvo un caballo blanco, mi papá un buick. Bogotá: Graficsa, 1998

Todos los números de la publicación se pueden consultar en www.espaciocritico.com

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Revista IZQuierda 21

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