Revista Izquierda no. 21, Abril de 2012

8/2/2019 Revista Izquierda no. 21, Abril de 2012

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abril / 201221

Conflicto y solucin polticaSolucin finalo soucin poticaRgimen

poltico y discursola efoma de a justicia y a cisis de a accinde tutea Vctimas y tieas: Un campo en disputa E retono

a a Tiea: Conocimiento popua y oganizacin socia en os

campos de CoomiaCapitalismo en crisisla cisis capitaista ye patn de acumuacinLuchas populares Que en Coomia no

hay pesos poticos?: la fe en a autoidad es una cosa, hechos

que se tocan con a mano, son ota las ias de Tansmienio

Nuestra Amrica boivia: En euicin un nuevo

evantamiento sociaCrticacultural

E peso de vacoEditorial E 9 de ai: pesente continuo

iSSn- 2215-8332bogoT, Colombia


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Todo e cotedo deest pucc puede

epoducse eete,cosevdo sus cdtos.

Jo Estd vez DectoJess gud SdovJefe de edcc

vo Vsquez de re, De leos Ccedo, Cs gdo gdo,

Fk moo Co, Joe gtv Sv, m Tees Cfuetes Tsv,neso Fjdo mud, Ptc az, rcdo Schez e, Seo DeZu Spe, Vcto mue mocyo Cuz Cosejo edto

betz Stoowcz (mxco), Juo g (aet), rcdo atues (bs),atoo Es (Uuuy) Cosejo seso teco

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen

al Consejo Editorial de la Revista.

Tt Cst o reyes Dseo y dc

Espco Ctco EdcoesPucc uspcd po Espco Ctco Ceto de Estudoswww.espcoct co.co

iSSn-2215-8332n 21, a de 2012. boot, Coo


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SolUCin Finalo SolUCin PolTiCaJairo Estrada lvarez 4

la rEForma DE la JUSTiCia y la CriSiS DE la aCCin DE TUTElaMarino Canizales Paltar 12VCTimaS y TiErraS: Un CamPo En DiSPUTaOscar AndrsEspitia Lombo 20El rETorno a la TiErra: ConoCimiEnTo PoPUlar yorganiZaCin SoCial En loS CamPoSDE ColombiaJuan Camilo Daz M. 26

la CriSiS CaPiTaliSTa y El PaTrn DE a

CUmUlaCinEdwin Andrs Martnez Casas 32

QUE En Colombia no hay PrESoS PolTiCoS?:la FE En la aUToriDaD ES Una CoSa, hEChoSQUE SE ToCan Con la mano, Son oTraMiguel

ngel Beltrn V. 40laS iraS DE TranSmilEnioRicardoSnchez ngel 46

boliVia: En EbUlliCin

Un nUEVo lEVanTamiEnTo SoCialPabloMamani Ramrez 52

El PESo DEl VaCoAndrsGualdrn Ramrez 60

El 9 DE abril: PrESEnTEConTinUoJess Gualdrn 64

Editorial

Capita

lismoencris

is

Rgim

enpoltico

ydiscurso

CrticaCulturalL

uchas

populares

NuestraAmric

aConflictoyso

lucinpoltic

a


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Solucin finalo

solucin poltica

Jairo

Estrada lvarEz

Profesor del

Departamento deCiencias Polticas

Universidad Nacionalde Colombia

La retrica gubernamental acerca de la paz, inclui-da la metfora de la llave (est en mi bolsillo,

no me da miedo sacarla, etctera), as como los

reiterados rumores sobre contactos secretos entre voce-

ros del Gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC-EP,

parecieran mostrar la existencia de una voluntad poltica

gubernamental para considerar la posibilidad de una sa-

lida poltica al conicto social y armado. Tal posibilidad se

encuentra atrapada, en realidad, por los clculos de una

solucin militar. Y a juzgar, por los anuncios y los planes

militares gubernamentales, se encuentra en curso la solu-

cin fnal, entendida como la reduccin defnitiva y el exter-

minio masivo del enemigo armado interno, con todo y sus

retaguardias rurales y urbanas. Esa presunta solucin fnal

tiene un nombre: el Plan Espada de honor. En ese sentido,

todo indica que la retrica de la paz es la materialidad de la

guerra, y que se aspira a producir una pax romana, la paz

de los vencidos.

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Debe s reconocerse que, a diferencia de otros anuncios en otros momentosde nuestra historia de los ltimos cincuenta aos, en esta ocasin no hay plazos

denidos. En efecto, en reciente entrevista concedida al diario El Tiempo(12.03.2012),

el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, armaba:

Hemos llegado a la ltima etapa del conicto. Lo que pasa es que no sabemos cunto

va a durar. Pero generalmente esta es la etapa ms corta y la ms empinada, la que

ms tiene dicultades.

No obstante, si el clculo militar se acompasara con el clculo poltico, bien

podra armarse que la actual estrategia de guerra es, al mismo tiempo, la estrategia

de la reeleccin presidencial. Segn se ha dicho, el Plan Espada de honores un plan

concebido a dos aos. Ello signica que a ms tardar en los primeros meses de

2014 se estaran dando los anuncios sobre el n de la guerra. Momento por dems

propicio, pues se estar en plena campaa presidencial, tambin de reeleccin.

Imagino una retrica presidencial demandando la prolongacin del tiempo para

la prosperidad democrtica que no alcanz a llegar, por los esfuerzos que habra

sido necesario destinar para la empresa de la solucin fnal. Y ello, me traera a la

El 23 de enero de 1903, en el Barrio Egipto al sur de Bogot, nace Jorge Elicer Gaitn, quienes considerado como el lder ms emblemtico del pueblo colombiano.Imagen: Javier J. Bravo Garca. Colombia a travs de la fotografa: 1842-2010. Madrid: Fundacin

Mapfre: Taurus, 2010.

N 21, Abril de 2012 Bogot, Colombia Conflicto y solucin poltica Volver


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memoria la campaa reeleccionista de 2006. Slo que ya

habran pasado ocho aos ms, con todo lo que representa

una intensifcacin de la guerra en trminos humanos,

polticos, sociales, culturales y socioambientales.

En medio de todo esto que pareciera ser un clculo gu-

bernamental, se desatiende lo fundamental para pensar

cualquier consideracin acerca de la superacin de la guerra

y del accionar insurgente en Colombia: las races histricas y

la naturaleza poltica y social del conicto colombiano. Ahest el por qu de su persistencia y, sobre todo, de su capaci-

dad de producirse y reproducirse, desplegando una continua

capacidad adaptativa que atiende la tendencia y la dinmica

de la conictividad social y de clase, con lgicas intensivas y

de expansin, desiguales y diferenciadas, segn el momen-

to histrico. Estamos en presencia de un conicto social y

armado que no puede ser reducido a una mera contienda

militar. Su solucin, por tanto, no se encuentra en ese ex-clusivo mbito. Mucha razn le asiste a las voces que desde

diferentes campos de la vida social y poltica han planteado

la necesidad de retomar la agenda de la solucin poltica.

Por lo pronto, empero, se viene imponiendo la idea de

la solucin fnalque, adems de sustentarse en primersima

instancia en el escalonamiento del accionar militar del Estado,

el mencionado Plan Espada de honor, se fundamenta en una

creciente y preocupante profundizacin de la estrategia de

militarizacin de la poltica y, en general, de la vida social.

El Plan Espada de honor

El Plan Espada de honor est concebido como la

respuesta al cambio de tctica de la guerrilla y, sobre todo,

para producir la derrota militar que conlleve la rendicin

y la desmovilizacin. Se sustenta, en primer lugar, en una

redefnicin geogrfca de los teatros de operacin militar

a partir de la ubicacin de las diez principales reas de

Si el clculo militar

se acompasara con

el clculo poltico,

bien podra

afirmarse que la

actual estrategia

de guerra es, al

mismo tiempo,

la estrategia dela reeleccin

presidencial. Segn

se ha dicho, el Plan

Espada de honores

un plan concebido

a dos aos. Ello

significa que a

ms tardar en losprimeros meses de

2014 se estaran

dando los anuncios

sobre el fin de la

guerra. Momento

por dems propicio,

pues se estar en

plena campaa

presidencial,

tambin de

reeleccin.



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concentracin de la actividad insurgente (se tratara del ochenta por ciento de su

accionar), lo cual implica, en palabras del general Navas, reacondicionar las fuerzas

estatales para ejercer presin adecuada a esos sitios, como el Cauca, el sur del

Valle, el Catatumbo y el Arauca. En segundo lugar, en el debilitamiento del mando

poltico-militar de la insurgencia con base en el resquebrajamiento de su estructura

organizativa, en tanto la poltica de eliminacin de objetivos de alto valor se acompaa

de la eliminacin de mandos intermedios y de operaciones de ataque masivo a bases

guerrilleras. Lo anterior, en tercer lugar, con fundamento en una combinacin del uso

intensivo de tecnologa con operaciones de consolidacin territorial mediante el usoextensivo del pie de fuerza.

Particularmente en el uso de alta tecnologa se aprecia la posibilidad de la solucin

fnal, que militarmente se apoya en un concepto de guerra vertical que, por su parte,

se basa en la superioridad area. En efecto, la identicacin de objetivos con recursos

de inteligencia tecnolgica y humana se constituye en la antesala de bombardeos de

exterminio, cuyo rasgo principal es el uso desproporcionado e indiscriminado de

la fuerza1. A estos les sigue, luego, la operacin de desembarco de tropas para la

constatacin de resultados y las inspecciones judiciales del caso.A juzgar por noticias recientes, todo indica que el gobierno tiene la decisin

poltica de transitar el costoso camino de la sosticacin del dispositivo tecnolgico

de la guerra. Se ha pedido el apoyo de Estados Unidos para la utilizacin de vehculos

areos no tripulados, conocidos como drones, utilizados en las intervenciones

imperialistas en Irak, Afganistn y, ms recientemente, en Libia. Se ha anunciado

igualmente la adquisicin de diez helicpteros black hawk, que se sumara a la otilla

area de helicpteros y aviones Tucano ya existente.

Todo esto se explica por el papel estructurante que juega el intervencionismo del

imperialismo estadounidense en la poltica del rgimen de la prosperidad democr-

tica. El viaje del Ministro de Defensa colombiano al Pentgono, la reciente visita del

Comandante de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, Martin Dempsey, a Colom-

bia, y el anuncio de la asistencia de altos mandos estadounidenses de la ocupacin

1 ElrelatosobrelarecienteoperacinenlaveredaElSilencio,enelMeta,essufcientementeilustrativo al respecto: En el suelo, que ola a plvora y metralla despus de la explosin dediez toneladas de bombas arrojadas por una decena de aviones de la Fuerza Area, yacan 34

cadveres de guerrilleros (Revista Semana, 31 de marzo de 2012). Para cada guerrillero, enpromedio algo ms de 294 kilos de bombas.



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Luego de estudiar Derecho en la Universidad Nacionalde Colombia, Gaitn viaja a Italia para especializarse en

jurisprudencia y derecho penal, bajo la tutela de Enrico Ferri.Imagen: Javier J. Bravo Garca. Colombia a travs de la fotografa:

1842-2010. Madrid: Fundacin Mapfre: Taurus, 2010.



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en Irak y Afganistn no es solamente un asunto de trmite.

La poltica contrainsurgente debe ser examinada en un senti-

do geopoltico y geoeconmico. Desde la perspectiva impe -

rialista se trata de garantizar, el acceso a recursos naturales

estratgicos (hidrocarburos, minerales, agua, biodiversidad),

de proteger las inversiones de empresas transnacionales y de

la contencin de cualquier amenaza frente a esos propsitos,

provenga sta de movimientos sociales o insurgentes, o de

Estados soberanos. La reactivacin de la IV Flota que navegahoy en las aguas del Mar Caribe no es una mera casualidad.

En todo ello, el Estado colombiano es un aliado estratgico y

coincide con los propsitos propios de mantenimiento de un

rgimen de privilegios.

An est por verse, en el plano estrictamente militar,

si el Plan Espada de honor puede cumplir su cometido. Al

n y al cabo se trata de dos fuerzas en contienda que en

guerras irregulares, asimtricas y de largo aliento, modicande manera permanente su tctica y estrategia. Hasta ahora,

la historia colombiana ha estado plagada de soluciones

militares desde la entrada de la segunda mitad del siglo XX,

sin que ninguna de ellas haya logrado producir el desenlace

inicialmente anunciado.

La guerra integral

Por otra parte, la tendencia reciente de la acumulacin

capitalista, basada en el modelo de reprimarizacin nancia-

rizada de la economa, as como la conguracin autoritaria,

criminal y maosa del rgimen poltico, han extendido la lgi-

ca de la guerra al conjunto de la vida poltica y social. Y desde

el entendimiento de la solucin fnal.

En efecto, el pas vive una marcada tendencia a la mili-

tarizacin consistente en la tendencia a la imposicin de un

tratamiento militar de tierra arrasada a la regulacin y la so-

lucin de los conictos, matizada por la retrica presidencial

Son mltiples

las expresiones

que an bajo el

predominio de la

idea de la solucin

finalclaman

por la solucin

poltica. Hacer de

esas expresionesun movimiento

representa la

tarea poltica del

momento. No es

una tarea fcil

considerando ante

todo el poder y la

fuerza de quienesse empean en la

solucin militar.

Cambiar el balance

actual es un

imperativo tico

y poltico para la

construccin de la

paz democrtica

con justicia social.



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de restablecimiento del orden del derecho. La poltica econmica y social ha deveni-

do en guerra econmica y social contra las clases subalternas; el modelo econmico

basado en economas extractivas ha asumido los rasgos de una guerra socioam-

biental; el descontento y la protesta social son tratados como prcticas terroristas;

el exterminio y la liquidacin del contradictor como forma de superacin de las dife-

rencias se encuentran entronizados socioculturalmente; los medios de comunicacin

alientan la retrica marcial; plumas enardecidas de seudointelectuales y analistas de

escritorio taen los tambores de la guerra; desarrollos normativos, constitucionales

o legales, se conciben para darle trmites ms tranquilos a la solucin fnal.En suma, una especie de cultura fascista quisiera invadir y copar todos los poros de

la vida poltica y social para imponer un disciplinamiento social que permita preservar

y reproducir a mayor escala el rgimen de privilegios de las clases dominantes. Todo

ello se ve adicionalmente alimentado por una macroeconoma de la prosperidad

cticia que est produciendo la explotacin intensiva de los recursos naturales,

en una de las operaciones de despojo de riqueza social ms grandes de la historia

nacional a favor de empresas trasnacionales y de poderosos grupos econmicos.

Crece la audiencia por la solucin poltica

Al tiempo que se encuentra en curso la idea de una solucin fnal, se advierte un

creciente clamor por la solucin poltica. Los anuncios de la insurgencia en ese sen-

tido, si bien son importantes, resultan insucientes, pues la posibilidad real de una

solucin poltica, adems de contar con manifestaciones de voluntad de las partes

comprometidas directamente en la contienda, requiere ser apropiada socialmente.

La exigencia poltica del momento consiste precisamente en desatar las posibilidades

de una solucin poltica que posibilite trmites distintos a los de la contienda militar,

a las mltiples conictividades que atraviesan la sociedad. Ex presidentes de la Re -

pblica, como Ernesto Samper y Andrs Pastrana, se han expresado favorablemente

en ese sentido; sectores del empresariado en consultas de opinin han sealado

la conveniencia de una solucin poltica; intelectuales demcratas han insistido en

transitar los caminos del dilogo; sectores de la Iglesia se han pronunciado en ese

sentido; partidos polticos, como el PDA, han advertido que la paz est en su orden

de prioridades; diversas organizaciones sindicales y populares han sealado que la

superacin de las causas de la guerra y la guerra misma estn dentro de sus prin-

cipales preocupaciones; organizaciones no gubernamentales se han manifestado a



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favor del dilogo y la negociacin pol-

tica; Colombianos y colombianas por la

pazhan adelantado una valiossima la-

bor humanitaria; el Congreso de los Pue-

blostiene en su agenda la realizacin de

un Congreso de Paz, la Marcha Patritica

ha hecho suya la propuesta del Encuen-

tro de Barrancabermeja de comunidades

campesinas, indgenas y afrodescendien-tes de realizacin de constituyentes re-

gionales que conuyan en una Asamblea

nacional de constituyentes regionales por

la solucin poltica y la paz.

En suma, son mltiples las expresiones

que, an bajo el predominio de la idea de

la solucin fnal, claman por la solucin

poltica y se unen a las diversas iniciativasen el mismo sentido en Amrica Latina y

el Caribe y en la comunidad internacional

en general. Hacer de esas expresiones un

movimiento representa la tarea poltica

del momento. No es un propsito fcil

considerando no slo los entendimientos

acerca del conicto social y armado

colombiano, sino, ante todo, el poder

y la fuerza de quienes se empean en

la solucin militar. Cambiar el balance

actual constituye un imperativo tico y

poltico para la construccin de la paz

democrtica con justicia social.

En Italia, el gobierno del dictadorMussolini impact fuertemente aGaitn. Las masivas movilizacionesorganizadas por el caudillo colombiano,su transformacin y su estilo oratorio sonejemplo evidente de esa experiencia.

Imagen: El saqueo de una ilusin: el 9 de abril,

50 aos despus. Bogot: Nmero Ediciones,

Corporacin Revista Nmero, 1997.



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Abogado laboralista

Magster en Filosofa

Profesor universitario

Marino

Canizales Palta

Diferencias, anidades y un proyecto comn

Se suele armar, en un contexto de opinionesencontradas, que el presidente Juan ManuelSantos es distinto del ex presidente lvaro Uribe Vlez.Otros, en igual mar de confusiones, lo presentan como suigual en el ejercicio del poder. Desde el punto de vista delestilo de gobierno, es apenas obvio que son diferentes,

as Juan Manuel Santos haya sido Ministro de Defensa enel segundo gobierno de Uribe Vlez por ms de tres aos,y en sus manos, o, en las manos de ambos, haya estalladoel escndalo de los crmenes de Estado, llamados enforma lightfalsos positivos. Tambin aparece asociadoa sonados casos de similar naturaleza, tales como laschuzadas del DAS y la persecucin contra Magistradosde la Corte Suprema de Justicia, periodistas, y guras dela oposicin. Los alcances y los efectos de todo esto en

La reforma de lajusticia y la crisis de

la accin de tutela



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trminos jurdicos y polticos, y tambin ticos, son harto conocidos dentro yfuera del pas.

Esa falsa discusin, de si son iguales o distintos, se evitara si el debate se

planteara en otros trminos. Quiere esto decir, que Juan Manuel Santos gobier-

na como jefe de Estado dentro de un rgimen poltico que responde a unas

demandas especicas de las clases dominantes, el cual tiene jadas metas y

propsitos tanto a nivel nacional como internacional. De ah que sea necesario,

a n de evitar equvocos, caracterizar dicho rgimen poltico. Olvidan tanto los

defensores como los detractores del actual Gobierno nacional que es, justa-

mente, la gura presidencial la que vertebra y da cuerpo a tal rgimen poltico,

congurndose en el ejercicio del poder como un rgimen presidencial bona -

partista de signo reaccionario. Arbitra y decide polticamente, pero expresando

sus decisiones por medio de normas jurdicas, en funcin y para los intereses de

las clases en el poder, slo que lo hace a nombre del pas como un todo.

En tal sentido, el actual Gobierno nacional es continuista en relacin con el

anterior, pero con programas, directrices y decisiones jurdico-polticas muchas

veces distintas de las de su antecesor. Continuar no es lo mismo que actuar en

igual forma a lo anterior desde el punto de vista de la personalidad poltica y

Regres a Colombia y lider en septiembre de 1929 en el Congreso de la Repblica un debatepor el asesinato a manos del ejrcito oficial de trabajadores de la United Fruit Company en laregin de Cinaga, Magdalena, conocido como la Masacre de las Bananeras.Imagen: Javier J.Bravo Garca. Colombia a travs de la fotografa: 1842-2010. Madrid: Fundacin Mapfre: Taurus, 2010.

Rgimen pol tico y discursoN 21, Abril de 2012 Bogot, Colombia Volver


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de las decisiones tomadas en el ejercicio del poder. Sepuede ser continuista dentro de una perspectiva polticadeterminada, pero gobernar con nfasis y acentos dife-rentes en la valoracin y apreciacin de las dinmicas yprocesos que constituyen la realidad nacional, lo mismoque las relaciones a escala internacional. Son esos nfa-sis, acentos y prioridades en el uso del poder, articuladosa un concepto de Estado y de sociedad, en el marco de

una especca relacin de fuerzas entre las clases, lo quemarca la diferencia y dene un estilo de gobierno, ascomo el carcter de un rgimen poltico. Por eso, entrelvaro Uribe Vlez y Juan Manuel Santos existen seme-janzas, pero tambin diferencias. En un gran punto coin-ciden, o, mejor, se identican: su posicin abyecta antelos dictados del gobierno norteamericano, y la entregade la economa nacional a la voracidad de las multinacio-

nales. Sin embargo es necesario matizar y, por lo tanto,reconocer la actitud diferente del gobierno de Santos enla relacin con los pases vecinos, particularmente conEcuador y Venezuela. Lo mismo debe predicarse en lorelativo al problema de la legalizacin de las drogas y ladespenalizacin de su consumo, como asunto que debeser tratado a nivel internacional buscando convergenciasy acuerdos al respecto. Uribe triunfa en la consolidacin

de la segunda contrarreforma agraria iniciada en la dca-

da de los 80 del siglo pasado por el paramilitarismo y elnarcotrco. Fracasa, en trminos relativos, en el forta-lecimiento de un Estado policiaco en Colombia y en suspretensiones de una segunda reeleccin a la presidencia.

Juan Manuel Santos, si no quiere fracasar tambin,debe resolver, pues est ante varios frentes, no slo elconicto armado cuya existencia neg tercamente elgobierno anterior , sino tambin los efectos explosivos y

disolventes de dicha contrarreforma agraria, y promover,

La reforma de la

justicia, concebida

por el Gobierno

como una reforma

constitucional, no

solo es revanchista

contra las altas

Cortes, en especial

contra la CorteSuprema de

Justicia, sino que

igualmente adolece

de los mismos o

peores vicios de

otros intentos de

reforma en la misma

direccin, dondeel punto central

ha sido y es el

fortalecimiento del

poder presidencial y

de la rama ejecutiva

que lo sustenta.



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como si fuere poco, la reforma a las estructuras del Estado con el n deconsolidar su sionoma neoliberal, siendo una de ellas la reforma de la justicia,donde tambin fracas Uribe. Los aliados para enfrentar tales desafos puedenser, igualmente, los de este ltimo, pero as mismo, sern necesarios otros. Lasrelaciones entre las clases nunca son iguales y lineales, como tampoco sonhomogneas en su conformacin interior y, menos an, cuando los de abajoempiezan a movilizarse de nuevo por sus derechos.

Reforma o sometimiento de la justicia?La reforma de la justicia, concebida por el Gobierno como una reforma

constitucional, no solo es revanchista contra las altas Cortes, en especial contra laCorte Suprema de Justicia, sino que igualmente adolece de los mismos o peoresvicios de otros intentos de reforma en la misma direccin, donde el punto centralha sido y es el fortalecimiento del poder presidencial y de la rama ejecutiva quelo sustenta. No pretende resolver en modo alguno los graves problemas de laadministracin de justicia a nivel nacional. Es ms bien, a pesar de los eufemismos

y esguinces tanto del presidente como de los ministros del Interior y de Justicia,una respuesta a la posicin republicana y democrtica asumida por la CorteSuprema de Justicia ante los atropellos y desafueros del anterior gobierno deUribe Vlez por establecer, como ya se dijo antes, un Estado policiaco y legalizarlos paraestados. La independencia de la Rama Judicial representada por lasaltas cortes y los jueces no puede ser quebrada. La citada Corte enarbol e hizopblicas posiciones democrticas y de defensa de los derechos humanos y delos derechos de las vctimas de la violencia estatal y paraestatal. Hizo valer, a

pesar de la jaura meditica y los ataques sistemticos de los validos del poder,el principio del Estado Social Constitucional de derecho. Hoy, muchos de lospromotores de ese Estado policiaco y criminal, estn investigados, otros, tras lasrejas, y su promotor, lvaro Uribe Vlez, en la picota pblica.

Con el mencionado proyecto de reforma a la justicia, nuevos nubarronesse ciernen sobre la Rama Judicial, ya que se pretende debilitar sus funcionesy competencias all donde el poder presidencial ha sido objeto de control yvigilancia. Sus defensores simulan buscar con su aprobacin que se hagarealidad una pronta y cumplida justicia que, bien se sabe, es clamor nacional;

sin embargo, el ministro de Justicia ex candidato del anterior gobierno de



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En 1933 se fund el movimiento poltico Unin NacionalIzquierdista Revolucionaria (UNIR), con la que Gaitn promoviun programa de reformas para democratizar la propiedad agraria yreconocer los derechos de los trabajadores del campo, as comopara la implementacin de un Estado interventor.Imagen: Gloria Gaitn Jaramillo, Bolvar tuvo un caballo blanco, mi pap un

buick. Bogot: Graficsa, 1998



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Uribe Vlez para el cargo de Fiscal General junto con el ministro del Interior,

se niegan a incrementar el presupuesto para la Rama. En cambio, proponen

privatizar la administracin de justicia trasladando funciones jurisdiccionales a

notarios y abogados. La eliminacin del Consejo Superior de la Judicatura, otro

reclamo nacional, debido a su rotundo fracaso y prcticas clientelistas, se aplaza

de nuevo, y termina quedndose en el articulado probado en la primera vuelta

de su trmite en el Congreso. La postulacin de candidatos para los cargos de

Procurador, Contralor y Fiscal General se invierte, con el claro propsito de que

sea el presidente de la Repblica quien designe sus titulares, so pretexto deque la Corte Suprema de Justicia est politizada. As, los rganos de control

quedaran bajo el redil del ejecutivo. Para los mentores de dicha reforma, la

derrota sufrida por Uribe Vlez en el intento de controlar la designacin del

Fiscal General de la nacin no puede repetirse. Como si lo anterior si fuese

poco, a este proyecto se le colg a ltima hora la reforma y fortalecimiento del

fuero militar, con el claro respaldo del gobierno nacional, a pesar del rechazo

de amplios sectores de opinin, dentro y fuera del pas, en particular de Human

Rights Watch. A ltima hora, tambin, pero con ms altanera, el Gobierno retiradicho engendro del articulado aprobado, el cual amenaza con hundir dicha

reforma en la segunda vuelta, slo que, para presentarlo nuevamente y aparte

con mayores alcances, como una reforma constitucional, en la que el Estado de

excepcin asoma sus orejas.

Son estas y otras razones que, por limitaciones de espacio no es posible

comentar, las que llevaron a las altas cortes a retirarse de la discusin y

trmite del citado proyecto de reforma. Adems, sus propuestas al respecto,

presentadas con antelacin y en forma oportuna antes de su trmite en elCongreso de la Repblica, fueron desatendidas por el Gobierno nacional y sus

dos ministros del ramo. Por el lado que se lo mire, dicho proyecto de reforma

de la justicia es burocrtico, y est hecho a la medida de las ambiciones de

una presidencia bonapartista. El modelo de acumulacin capitalista sustentado

en la sobreexplotacin y empobrecimiento de la clase trabajadora dentro del

contexto de una economa y una institucionalidad de naturaleza neoliberal,

donde los TLC con Estados Unidos, Canad y la Unin Europea, entre otros,

ocuparn un lugar central, as lo requiere.

Rgimen polt ico y discursoN 21, Abril de 2012 Bogot, Colombia Volver


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El valor de la tutela

De ah la necesidad que tiene el rgimen de limitar los alcances y el valor

de la tutela, que goza de la aceptacin y reconocimiento de los dbiles ante

los abusos de los poderosos y dueos del poder. Es necesario regularla para

que haya seguridad jurdica, exclaman a voz en cuello los ministros del Interior

y de Justicia. A lo que hay que responder: para qu regular una institucin-

instrumento que se encuentra regulada desde 1991, y que ha demostrado ser

ecaz en la garanta y cumplimiento de los derechos fundamentales de los

colombianos durante ms de veinte aos? Lo que no impide sealar que, porlas vas de hecho, se viene consolidando en forma alarmante la conversin de

la accin de tutela en proceso ordinario, anulando la ecacia antes referida. No

son pocos los casos que as lo demuestran, principalmente dentro de algunas

secciones del Consejo de Estado. Desafortunadamente y en la misma lnea de

accin, est inscrita una providencia dictada por la Corte Constitucional en

relacin con un fallo de tutela dictado por un juez de la ciudad de Cali que

protega los derechos fundamentales de ms de treinta trabajadores aliados

a Simtraemcali, que reclamaban el cumplimiento de una Sentencia que ordensu reintegro a las Empresas Municipales de Cali. Igualmente dej sin efecto

otra providencia que declar en desacato al gerente de dicha empresa por no

cumplir tanto el fallo que orden el reintegro de dichos trabajadores, como la

sentencia de tutela en mencin, actitud que los llev a adelantar una huelga de

hambre en la Plaza de Caicedo, desde nales de noviembre del ao pasado. Por

solicitud expresa de la Procuradura General de la Nacin, y por fuera de dicho

proceso, la Sala Quinta de Revisin de la Corte Constitucional suspendi en

forma indenida los efectos jurdicos del fallo de tutela ya mencionado, con el nde evitar un supuesto perjuicio al inters pblico. De permitir el cumplimiento

efectivo, se dice en tal decisin, se pagaran un sinnmero de acreencias

laborales con recursos provenientes de una empresa industrial y comercial del

Estado. Adems considera que tal fallo a favor de los trabajadores se debe

suspender, ya que se encuentran en trmite varios recursos extraordinarios

de casacin ante la Corte Suprema de Justicia, los que deben ser tenidos en

cuenta, lo que no es cierto en relacin con los trabajadores que invocaron la

citada proteccin constitucional.



19/66

Dicha suspensin de sentencia

de tutela no slo es funesta por sus

consecuencias jurdicas y morales,

sino que se convertir en adelante en

una va de hecho como recurso para

burlar o dejar sin efecto la proteccin

constitucional que se decrete dentro

de una accin de tutela, cuando en su

cumplimiento estn comprometidosdineros pblicos. Esto ltimo, que no

tiene antecedentes, lo mismo que la

aprobacin del acto legislativo que

consagr la gura de la sostenibilidad

scal, conguran un derrotero que

pone en crisis la importancia y valor

de la accin de tutela. Por tal motivo

los abogados laboralistas de nuestraasociacin, lo mismo que las centrales

obreras y organizaciones defensoras

de los Derechos Humanos, as como

tambin dirigentes sociales y polticos

y personalidades democrticas, deben

expresar pblicamente su rechazo a

tales hechos y prcticas.

Gaitn expone sus ideas en laconvencin liberal.Imagen: Gloria Gaitn Jaramillo, Bolvar

tuvo un caballo blanco, mi pap un

buick. Bogot: Graficsa, 1998



20/66

_20

Economista

osCar andrsesPitia loMbo

En el marco de la aplicacin de la Ley deVctimas y Restitucin de Tierras (ley 1448 de

2011), el gobierno de Juan Manuel Santos, las expresiones

polticas y armadas de la extrema derecha nacional, el

colectivo de vctimas de la violencia rural y la sociedad civil

en general con sus partidos polticos y organizaciones

sociales personican un tinglado de aspiraciones y

proyectos poltico-econmicos en pugna permanente.

Los resultados ms sobresalientes son el retorno de lostemas agrarios a la agenda de la democracia colombiana

y la reconguracin de la lucha por la tierra y los derechos

en la Colombia rural.

Una larga luchaLas demandas por la reforma agraria de las dcadas

del sesenta y setenta dominaron el debate pblico y

la agenda poltica nacional de aquel entonces. Tales

reivindicaciones fueron derrotadas y criminalizadas. Estos

Vctimas y tierras:

Un campo en disputa

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21/66

hechos, sumados a la gestin de los gobiernos de Lpez Michelsen y MisaelPastrana, formalizaron y legitimaron la contrarreforma agraria en marcha, cuya

expresin institucional fue el Pacto de Chicoral y la rma de la posterior ley.

As se inaugura un extenso ciclo de repliegue y desarticulacin de la

movilizacin social, doliente de la pauperizacin de la ruralidad colombiana.

Como smbolo de dicho ocaso se encuentra la experiencia de lucha de la

Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), hito organizativo de los

movimientos agrarios de la segunda mitad del siglo XX en Amrica Latina, as

como el posterior surgimiento y expansin del andamiaje paramilitar.El desplazamiento forzado y la expropiacin generalizada de los campesinos

y de los pequeos productores rurales vinieron a profundizar la desarticulacin

de las organizaciones campesinas y, en el mejor de los casos, su fragmentacin

o atomizacin.

A la par de esta dinmica siniestra se produjo una reconguracin de las

luchas por la tierra, centradas desde entonces en la defensa del derecho legtimo

de los campesinos, los indgenas y los afrodescendientes a permanecer o retornar

al territorio y a la resistencia contra el avance y consolidacin del paramilitarismo.

Agosto 7 de 1930: posesin presidencial de Enrique Olaya Herrera. La victoria de Olaya,candidato nacional pero de filiacin liberal, sobre el dividido partido conservador puso fina la hegemona conservadora e inaugur el periodo de la repblica liberal.Imagen: Ingnacio Gaitn. Coleccin museo Nacional de Colombia, Bogot. En Javier J. Bravo Garca.

Colombia a travs de la fotografa: 1842-2010. Madrid: Fundacin Mapfre: Taurus, 2010.



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La eleccin de lvaro Uribe Vlez como presidente de Colombia, y laconguracin del uribismo como proyecto poltico referente del paramilitarismo,represent una amarga derrota para las vctimas, quienes vieron como selegitimaba y legalizaba el despojo.

No obstante, el desplazamiento forzado, con sus millones de vctimasdeambulando como parias por las ciudades colombianas, y la precariedadde la Ley de Justicia y Paz promovida por Uribe Vlez, hicieron evidentes laconnivencia gubernamental para con estas circunstancias.

Es as como los reclamos y las denuncias de las vctimas empezaron a tenereco en amplios crculos de la academia, la opinin pblica y de la comunidadinternacional. A la incredulidad y el desinters de antao les siguieron la indig-nacin y la solidaridad crecientes para con la realidad de las vctimas, a medidaque empezaban a conocerse los testimonios de los paramilitares desmovilizadossobre las descomunales magnitudes de la expropiacin y la barbarie.

De esta manera, la lucha del colectivo de vctimas por el retorno a la tierraobtiene un fuerte respaldo social y poltico, nacional e internacional, fortalecin-

dose su papel como anttesis del engranaje paramilitar y del uribismo. El puntoculminante de esta gesta es la obtencin del reconocimiento de la legitimidad desus demandas en el gobierno de Juan Manuel Santos a partir de la expedicinde la ley 1448 de 2010, conocida como Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras.

Santos y Uribe: Sintonas y desencuentros en torno a las vctimasy las tierras

Desde la eleccin de Juan Manuel Santos como Presidente de Colombia,

la frmula Santos I igual a Uribe III ha operado como axioma incontestable, de-

terminante de la praxis poltica de colectivos comprometidos con la causa de latierra, la verdad y la justicia en la Colombia rural, desde organizaciones campe -sinas, hasta sectores varios de la opinin pblica y de la izquierda democrtica.

El horizonte comn de los programas agrarios de uno y otro sustenta dichapremisa: perl empresarial y agroexportador de la produccin, concentracin yextranjerizacin de la propiedad y debilitamiento de la produccin campesina,con base en una poltica pblica centrada en el fomento a la competitividad, laproductividad y la acumulacin capitalista.



23/66

En efecto, el gobierno de Juan Manuel Santos

tiende a facilitar la consolidacin del ms reciente ciclo

de acumulacin que tiene a la tierra como eje espacial

en Amrica Latina, ciclo que en Colombia tuvo como

impulso inicial la expropiacin violenta de la propiedad

rural, orquestada y perpetrada por la extrema derecha

nacional en su expresin poltica y militar.

No obstante el capital, en su dinmica actual de

expansin, viene requiriendo en Colombia una atmsferade claridad sobre la titulacin de la propiedad rural en aras

de reactivar el mercado de tierras, libre de distorsiones

en los precios y de cuestionamientos legales sobre su

tenencia y usufructo. Se trata de brindarle seguridad

jurdica al gran capital nacional y extranjero.

Son estas circunstancias las que motivan el apoyo

institucional del gobierno de Juan Manuel Santos a la for-

mulacin e implementacin de la Ley de Vctimas y Resti-

tucin de Tierras, imposible de concretarse sin un cuestio-

namiento explcito de las estructuras de poder ligadas al

crimen y la expropiacin en el campo, desarrolladas por el

paramilitarismo y defendidas celosamente por el uribismo.

As las cosas, el gobierno de Juan Manuel Santos no

representa una simple prolongacin del legado de Uribe,

dado que existen modulaciones con respecto al manejo

del asunto agrario, que, aunque secundarias, no por elloson menos importantes ni dejan de marcar una diferencia.

Es el despliegue de las contradicciones interburguesas,

las mismas que se observan en el estilo de gobierno y en

el manejo de la poltica internacional.

El porvenir de la lucha por la tierraDesde la perspectiva de las vctimas, la aprobacin

de la ley 1448 de 2011 representa un avance sobresaliente

en su larga lucha. Esta ley, aunque incompleta en

Desde la

perspectiva de

las vctimas, la

aprobacin de

la ley 1448 de

2011 representa

un avance

sobresaliente en su

larga lucha. Esta ley,aunque incompleta

en sus disposiciones

y mediocre en sus

metas, permite

avanzar en el

reconocimiento

y legitimacin

social de lasreivindicaciones

de campesinos,

indgenas y

afrodescendientes,

abriendo un

extenso abanico

de posibilidades

para su movilizacin

y organizacin.



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Como funcionario pblico se desempeo en los ministerios de Trabajo y Educacin, enlos que emprendi campaas de alfabetizacin, restaurantes escolares, extensin culturalmasiva y apoyo los derechos de la mujer.Imagen: Ingnacio Gaitn. Coleccin museo Nacional de Colombia, Bogot. En Javier J. Bravo Garca.

Colombia a travs de la fotografa: 1842-2010. Madrid: Fundacin Mapfre: Taurus, 2010.



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sus disposiciones y mediocre en sus metas, permite

avanzar en el reconocimiento y legitimacin social

de las reivindicaciones de campesinos, indgenas y

afrodescendientes, abriendo un extenso abanico de

posibilidades para su movilizacin y organizacin.

En ese plano, las movilizaciones del pasado 11 de fe-

brero en Necocl (Urab antioqueo) y del 6 de marzo en

varias ciudades del pas deben interpretarse como mani-

festaciones de un punto de inexin en la dialctica de lalucha por la tierra y en la dinmica de las organizaciones

de las vctimas de la violencia, que de a poco pasan a la

ofensiva luego de dcadas enteras en la retaguardia.

Esto lo saben y le temen de antemano los militantes

de la derecha reaccionaria, que con infundios, bravatas

y paros armados pretenden obstaculizar impedir

cualquier intento de organizacin que aspire a corregir,

aunque en poco fuere, las iniquidades que priman en elcampo. Por eso han convertido el ataque y el descredito

de la ley en el cascaron de proa de su proyecto poltico.

Por tanto, la defensa de las aspiraciones de las

vctimas, por la restitucin, la verdad y la justicia, pasa,

en primer lugar, por una condena decidida y abierta

del paramilitarismo y de sus expresiones polticas

representadas en el uribismo.

Se requiere, adems, adoptar la profundizacin dela ley como un propsito nacional, fundamentado en

la organizacin y unicacin de los distintos esfuerzos

y expresiones de la lucha por la tierra que supere la

fragmentacin actual.

El ataque intestino a la ley y a sus resultados por parte

de los simpatizantes de la causa de las vctimas carece

de eciencia prctica, toda vez que se sintoniza con los

intereses de los terratenientes y refuerza los propsitos

de la extrema derecha ligada al paramilitarismo.

El capital, en sudinmica actualde expansin,viene requiriendoen Colombia unaatmsfera declaridad sobrela titulacin de

la propiedadrural en arasde reactivar elmercado detierras, libre dedistorsiones enlos precios y decuestionamientos

legales sobresu tenencia yusufructo. Setrata de brindarleseguridadjurdica al grancapital nacional yextranjero



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_26

Filsofo

Candidato a Magister

en Historia

Universidad Nacional

de Colombia

Juan CaMilodaz M.

Las races

No es la primera vez que en Colombia sehabla de entrega de tierras, reforma agrariao polticas de desarrollo rural. La tenencia de la tierra ha

sido histricamente uno de los ejes estructurales en la

construccin de la nacin; sin embargo, y a pesar de ser

social y culturalmente un pueblo con vocacin campesina,

el campo y sus habitantes han sufrido el desarraigo acausa de la violencia y la inecaz presencia del Estado,

o, peor an, han tenido que ver cmo sus tierras son

entregadas en manos de grandes multinacionales.

El agro comenz a convertirse en el eje principal de

la economa del pas en la segunda mitad del siglo XIX,

siendo el tabaco y la quina los productos que impulsaron

las exportaciones y la insercin de la nacin en el merca-

do mundial. Aos ms tarde, el caf y la hacienda cafete-

ra se convertiran en el modelo productivo por excelencia

El Retorno a la Tierra:Conocimiento populary organizacin social en

los campos de Colombia

Volver a contenido


27/66

del pas. La ley de titulacin de baldos y la ley 200 de 1936 seran los primerosintentos por llevar a cabo una reforma social agraria. De ese momento para ac

slo queda evocar las gestas del movimiento campesino en la dcada del seten-

ta. Organizado en la anuC (Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos) y bajo

el lema La tierra para el que la trabaja, el campesinado en Colombia inici un

duro trasegar por la toma de tierras y el retorno al campo, proceso que estuvo

marcado por la divisin que gener al interior del movimiento el gobierno de

Misael Pastrana Borrero con la rma del Pacto de Chicoral. Entre 1971 y 1974,

el territorio colombiano fue regado con las semillas de la lucha por la tierra,una lucha modicada con los aos y que ha encontrado nuevos enemigos, tales

como cacicazgos polticos, nuevas formas de violencia, multinacionales, etc.

A pesar de todos estos intentos y del nuevo proyecto de Desarrollo Rural y

Tenencia de la Tierra que est promoviendo el actual gobierno, en Colombia no

ha sido posible construir una reforma social agraria que responda a los conictos

que se presentan en el campo, pero que, adems, empodere a los campesinos

y le reconozca su valor poltico y social dentro de la sociedad colombiana. Por

qu siendo un pas con una clara vocacin campesina no hemos podido res-

ponder a este desafo histrico, social y poltico? Porque la legislacin sobre

Gaitn rodeado de dirigentes liberales de la corriente adversa a la suya. Despus de ladisolucin de la UNIR (1935), regresa como un caballo de Troya al partido liberal. Imagen:Gloria Gaitn Jaramillo, Bolvar tuvo un caballo blanco, mi pap un buick. Bogot: Graficsa, 1998



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la tierra en Colombia tiene una caracterstica en comn:

jams en sus procesos de discusin y debate han sido te-

nidos en cuenta los campesinos, los indgenas, los afros,

etc., como conocedores del territorio y sujetos capaces

de promover no slo las polticas sociales con respecto al

campo y su produccin, sino tambin la manera como se

debe organizar nuestro territorio atendiendo a la impor-

tancia de los recursos naturales.

Las semillasEl ao pasado, en la celebracin del Da del Campe-

sino en Sincelejo, frente a casi 3000 campesinos, el presi-

dente Juan Manuel Santos armaba que la nueva Ley de

Desarrollo Rural iba a ser el camino para que el campo

volviera a progresar.1 Pero, cmo pueden progresar el

campo y sus pobladores en Colombia a travs de una ley

que se construye bajo la visin de los grandes gremiosagrarios del pas y con la exclusin de los conocimientos

populares de nuestros campesinos? Cmo se quiere lle-

var progreso al campo, s a la par que se habla de restitu-

cin de tierras, millones de hectreas productivas son en-

tregadas a empresas multinacionales para proyectos de

megaminera y generacin elctrica? Cmo debemos

enfrentar el avance de este tipo de leyes que nada tienen

que ver con las dinmicas del territorio y los sujetos quelo habitan?

Teniendo en cuenta la situacin en la que se encuen-

tran los campesinos en Colombia, el peligro que corren

las Zonas de Reserva y nuestros recursos naturales, pode-

mos identicar que en el pas se est generando a travs

de las polticas agrarias y mineras un cambio de vocacin

productiva, pero tambin social y cultural. El avance de la

1 http://www.urnadecristal.gov.co/index.php?lk=32&cod=33

Ms all de

la protesta

generalizada, todos

consideran que es

necesario caminar

hacia la unidad

en medio de la

diversidad, es decir,

articular fuerzas entorno a un propsito

comn: la defensa

del territorio

y los recursos

naturales; todo

esto, por medio

de la solidaridad y

conanza mutua conel n de crear redes

de afecto basadas

en la amistad, o,

mejor an, redes

de intercambio

afectivo lejanas

de las dinmicas

del capital y

la economa

neoliberal.



29/66

locomotora minero-energtica en gran parte de la geografa nacional evidencia

la forma como se est llevando a cabo este proceso: la construccin de la Re-

presa de El Quimbo y el desvo del Ro Magdalena son una clara ilustracin de la

manera como el gobierno nacional propicia la desaparicin del campesinado. Es

preocupante el cambio al que se ven sometidas las poblaciones con el supuesto

modelo de desarrollo que se quiere imponer, el cual desconoce las dinmicas

propias del territorio y, a su vez, el papel que como sujetos histricos y sociales

cumplen los pescadores, campesinos e indgenas que guardan en sus manos y

atarrayas nuestro conocimiento ancestral sobre la naturaleza y el territorio.Como consecuencia de lo anterior, podemos armar que existe hoy da una

crisis del modelo territorial que desde arriba se quiere imponer a las provincias.

Todava en ellas se reeja la burocracia y el gamonalismo de los gobernantes

de turno que deenden el inters individual y privado por encima del inters

comn. Frente a esto, los campesinos, indgenas, afros y toda esa gran masa

de poblacin colombiana que se siente identicada con sus ros, cordilleras,

bosques, mares, etc., comienzan a plantear desde sus movilizaciones y discur-

sos la necesidad de reformular la idea de territorio a partir de un ordenamientodel mismo que promueva la paz, la vida y la soberana alimentaria. Para ello

proponen articularse en redes colectivas basadas en su conocimiento popular

con el n de crear tejidos de conanza y afecto; as, pues, el compromiso con el

territorio y su ordenamiento debe partir desde los valores de solidaridad y resis-

tencia que caracterizan a nuestros pueblos originarios. En palabras de Orlando

Fals Borda: Una indiscutible prioridad para estos fnes es el retorno a la tierra y

valorar el mundo rural con todo su entorno y su historia. Es el cosmos verde que

nos ha alimentado como nacin desde que el mundo es mundo. Ignorar el tr-

pico es suicida y miope. Entregarlo en manos de intereses de otros contornos,

es traicin.2

Traicin, miopa o ignorancia, males comunes de la clase dirigente en Co-

lombia. Poco o nada conocen nuestros gobernantes el territorio nacional y sus

mltiples conictos y dinmicas sociales, histricas y culturales. La entrega de

concesiones a megaproyectos mineros en zonas como el Quimbo, el Pramo

2

Fals Borda, Orlando, Ante la crisis del pas. Ideas-accin para el cambio, El ncora Editores/ Panamericana Editorial, Bogot, 2003, p. 40.



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de Pisba, Santurban y Sumapaz reeja la traicin que se est cometiendo en

contra de ese cosmos verde, del campo, de la tierra, del agua, del aire, de nues-

tra naturaleza. Una locomotora del desarrollo que no busca otra cosa diferente

que entregar la tierra y los recursos naturales poniendo en riesgo la seguridad

agrcola, alimentaria y ambiental de nuestro territorio. Sin embargo, frente a la

locomotora, el pueblo colombiano comienza su caminar como forma de resis-

tencia poltica y social, aunque tambin como una manera de demostrarle a la

sociedad que el desarrollo no se encuentra determinado por lo que las grandes

multinacionales puedan hacer en nuestro pas, sino, ms bien, por la forma comonosotros, los habitantes de este territorio nos empoderamos de l y comenza-

mos a generar el retorno al campo. Un retorno a la vocacin campesina, carac-

terstica histrica y cultural de nuestros pueblos. Frente al avance de las grandes

multinacionales se debe sentir la fuerza de la marcha y de la palabra que con -

voca a las mltiples organizaciones sociales a la defensa y reordenamiento de

nuestro territorio, se debe sentir el fervor por la Pacha Mama, fervor que slo

puede surgir a travs de todo ese conocimiento popular y ancestral que guarda

entre sus arados, cauces, siembras, cordilleras

Redes de afecto y comunicacinCmo promover esta articulacin y el retorno al campo desde el conoci -

miento popular de nuestros pueblos originarios? Cmo evitar que se presente un

cambio de vocacin de lo agrcola a lo minero en nuestras regiones? El da que

llego la multinacional al pueblo, nuestra tranquilidad se acabo, as expresaban

su descontento algunos campesinos de la regin cundiboyacense: el desarrollo

traa con sus mquinas y capital el conicto entre hermanos, la violencia, el au-

mento de bares, discotecas, etc. Pero ms all de la protesta generalizada, todos

consideran que es necesario caminar hacia la unidad en medio de la diversidad,

es decir, articular fuerzas en torno a un propsito comn: la defensa del territorio

y los recursos naturales; todo esto, por medio de la solidaridad y conanza mu -

tua con el n de crear redes de afecto basadas en la amistad, o, mejor an, redes

de intercambio afectivo lejanas de las dinmicas del capital y la economa neo-

liberal. Estas redes de comunicacin permiten que los diversos actores sociales

se comuniquen y movilicen alrededor de un objetivo comn, p.ej., el agua; as

pues, sin importar la diferencia de identidades, los movimientos sociales actan



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Como resultado de laeleccin de Alfonso

Lpez Pumarejo y delfracaso electoral de laUNIR, Gaitn regresa alpartido liberal y se des-empea como alcaldede Bogot, magistradode la corte Suprema deJusticia, parlamentario yministro.Imagen: Arturo

Alape. El bogotazo: me-

morias del olvido. Bogot:

Crculo de Editores, 1985.

con base en el reconocimiento y la diver-

sidad, construyendo tejidos por medio de

los cuales es posible recuperar los saberes

y las prcticas tradicionales que histrica-

mente convocaban a las comunidades en

el pasado. Ejemplo de este tipo de arti-

culacin y procesos en contra del avance

multinacional son los Mercados Campesi-

nos3, los proyectos agro-comunitarios enlas zonas rurales de Bogot4, el proceso y

adecuacin de acueductos comunitarios5,

la defensa del Quimbo y el Magdalena,

el intercambio de semillas que se lleva a

cabo en algunas regiones del pas, entre

otras. Todas ellas formas de organizacin

y movilizacin social que nacen desde el

seno de la comunidad y se construyen atravs de ese gran conocimiento popular

que guardan entre sus territorios nuestros

pueblos originarios.

3 ht tp : / /prensamercadoscampes inos .blogspot.com/search/label/quienes

4 http://soches.blogspot.com/5 http://www.periferiaprensa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=622:acueductos-comunitarios-veredales-y-barriales-una-apuesta-de-autogestion-

y - sobe ran i a&ca t i d=99 :ed i c i on -59 -febrero-2011&Itemid=60



32/66

Con la crisis econmica de largo alcance vividapor el capitalismo desde finales de la dcadade los sesenta y comienzos de los setenta, se inauguraun nuevo patrn de acumulacin de capital que va cam-

biando el tipo de polticas econmicas necesarias para el

sostenimiento de la hegemona norteamericana (Harvey,

El Nuevo Imperialismo, 2003), y se promueve una aper-

tura sin precedentes de los mercados, en especial de los

mercados financieros. En este nuevo escenario, la finan-

ciarizacin de la economa juega un papel importante en

la dinmica de la acumulacin de capital. Detrs de la im-

plantacin de este modelo est la derrota histrica sufri-

da por la clase trabajadora y los movimientos populares.

Lo que se ha denominado como el modelo neoliberal

inaugura una serie de transformaciones de fondo en el

capitalismo mundial que van ms all de los procesos

de liberalizacin y desregulacin de la economa. El

neoliberalismo implic transformaciones sustanciales en

la relacin salarial, las formas de organizacin del trabajo,

la organizacin del comercio internacional, el auge del

Edwin Andrs

Martnez Casas

Economista

Profesor

Universidad La

Gran Colombia

La crisis capitalista y elpatrn de acumulacin



33/66

consumismo, entre otros elementos. Esto explica que la naturaleza y el carcter

de las crisis bajo el neoliberalismo sean diferentes a las de periodos anteriores.

En este contexto, la hipertrofia financiera juega un papel central en el desarrollode las crisis.

Refleja la crisis en general pero en especial la actual crisis simplemente

el carcter cclico de la economa capitalista, una onda larga depresiva ligada a la

cada de la tasa de ganancia o una crisis estructural del rgimen de acumulacin?

Autores como Ernest Mandel (1986) sealan que existe una especie de regularidad

en el comportamiento de los grandes ciclos de la economa mundial; en particular,

este enfoque hace nfasis en que las crisis deben ser entendidas desde lo que

sucede en las esferas de la produccin y la circulacin. Usando esta metodologa,

Mandel realiza una periodizacin del desarrollo capitalista en el siglo XX, en que

desde 1968 se asiste a una fase descendente.

Para otros la crisis tambin corresponde a un periodo de onda larga depresiva

al estilo de las expuestas por Kondratiev, la cual se da en el marco de una crisis

de sobreproduccin que ha conducido a un declive de la tasa de ganancia, si se

la compara con el periodo de la belle poque del capitalismo entre los aos

cuarenta y sesenta.

No obstante, estas crisis no necesariamente estn asociadas a una

tendencia decreciente en la tasa de ganancia mundial. De hecho, en la actualidad

Gaitn en las elecciones parlamentarias de marzo de 1947, cuando el gaitanismo venceel oficialismo liberal.Imagen: Gloria Gaitn Jaramillo, Bolvar tuvo un caballo blanco, mi pap unbuick. Bogot: Graficsa, 1998.

N 21, Abril de 2012 Bogot, Colombia Capitalismo en crisis Volver


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existe un intenso debate a propsito de cules han sido los resultados del

neoliberalismo en esta materia. As, por ejemplo, en Robert Brenner (2010), la

actual crisis capitalista se explica por el declive econmico de las economas ms

importantes, fenmeno ligado a la cada en la tasa de ganancia. Para ello seala

que precisamente la ltima dcada ha sido el periodo de menor crecimiento desde

la posguerra. A su turno, el economista latinoamericano Orlando Caputo llama la

atencin de que en el periodo que comprende el final de la dcada de los ochenta

hasta 2007 cuando empieza la crisis en Estados Unidos hubo una tendencia

creciente de la tasa de ganancia, en que el sector real financi las actividades delsector financiero-especulativo.

Sin embargo, a pesar de que es cierto que la dinmica de crecimiento parece

ser menor en la ltima dcada, esto no necesariamente conduce a una baja en

la tasa de ganancia. Katz (2010) seala que el patrn neoliberal de acumulacin

ha conducido a revertir la cada en la tasa de ganancia que se present en el

periodo 1974-1975. Esta ltima hiptesis tiene como ventaja poder explicar que,

ante el escenario actual de crisis en Estados Unidos y en Europa, las alternativas

de poltica para salir de la crisis se han caracterizado por la profundizacin dealgunas medidas de corte neoliberal y no por su desmonte.

Para David Harvey (2010) la actual crisis tiene como rasgo fundamental la

sobreacumulacin, lo cual explicara algunas modificaciones en la espacialidad

del capitalismo y el flujo de capitales a pases asiticos y de Amrica del Sur.

La utilizacin de la categora patrn de acumulacin o rgimen de acumulacin

proviene fundamentalmente de los aportes tericos realizados por la escuela

regulacionista, en especial los anlisis de Aglietta (1979) y Boyer (1987), aunque

ya en Marx existe un anlisis de las fases histricas de la acumulacin, que van

desde la cooperacin simple, pasando por el periodo de la manufactura hasta

llegar al periodo de la revolucin industrial. En este enfoque, la acumulacin de

capital adquiere unas formas especficas predominantes en cada periodo del

desarrollo histrico, a las cuales corresponden unos instrumentos de regulacin

del sistema y unas formas institucionales propias, entre las que se encuentran

la moneda, el Estado, las formas de competencia, la insercin del sistema

productivo nacional en la divisin internacional del trabajo, la relacin salarial y

las formas de organizacin de la produccin y el trabajo (Neffa, 2000, pg. 49).



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Proclamacin de la candidatura popular de Gaitn el 23 de septiembre de 1945 en la Plazade Toros de Bogot. Impulsaremos la unin del pueblo liberal-conservador contra laoligarqua liberal-conservadora....Imagen. http://fondogaitan.wordpress.com/2012/01/23/

fotografias-jorge-eliecer-gaitan-y-su-tiempo/candidato-4-2/

Proclamacin de la candidatura popular de Gaitn el 23 de septiembre de 1945 en la Plazade Toros de Bogot. Impulsaremos la unin del pueblo liberal-conservador contra laoligarqua liberal-conservadora....Imagen. http://fondogaitan.wordpress.com/2012/01/23/

fotografias-jorge-eliecer-gaitan-y-su-tiempo/candidato-4-2/

N21, Abril de 2012 Bogot, Colombia Capitalismo en crisis Volver


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En la teora de la regulacin el anlisis de las crisis ocupa un campo especial

de estudio, pues stas dependiendo de su magnitud, carcter y alcance pueden

conducir a cambios sustanciales en el rgimen de acumulacin y en las formas

de regulacin de una economa. De acuerdo con este enfoque, las crisis podran

ser de 5 tipos: i) crisis exgenas, derivadas de catstrofes naturales; ii) pequeas

crisis que depuran el rgimen de acumulacin de desequilibrios anteriormente

generados; iii) crisis del modo de regulacin, que se presentan cuando la relacin

salarial vigente ya no es capaz de resolver los desequilibrios estructurales

del sistema, iv) crisis del rgimen de acumulacin como consecuencia decontradicciones internas insalvables con las formas institucionales vigentes

para ese rgimen de acumulacin y que requiere el paso a uno nuevo, y v) crisis

del modo de produccin dominante.

En la actualidad, los pases de la zona euro y los Estados Unidos padecen

los rigores de una crisis que algunos analistas comparan con la Gran Depresin

de los aos treinta. Independientemente de si esta comparacin es vlida o no,

es claro que se asiste a una crisis profunda del capitalismo desarrollado que

ha conducido a cambios sustanciales en la poltica econmica de estos pases.Pero, adems, podran estar presentndose transformaciones en el patrn de

acumulacin como consecuencia de esta crisis, aunque vale la pena resaltar

que algunas de las transformaciones se venan gestando incluso desde la crisis

norteamericana de 2000-2001, en el marco del atentado a la Torres Gemelas

y el inicio de la ofensiva imperial de la lucha contra el terrorismo y la guerra

defensiva. Las tpicas medidas de corte neoliberal y sobreexplotacin del trabajo

que caracterizaban solamente a la periferia del sistema capitalista empiezan a

ser aplicadas con fuerza en los pases metropolitanos. Severos ajustes fiscales,

reformas laborales y pensionales, privatizacin de los servicios de salud y

educacin, entre otros, caracterizan la situacin actual.

La aparente recuperacin de la economa norteamericana deja muchas

dudas sobre la efectividad de las polticas econmicas adoptadas en este pas

para conjurar la crisis. El crecimiento econmico registrado en los Estados Unidos

en los ltimos dos aos es poco satisfactorio si se tiene en cuenta que el apoyo

estatal para afrontar la crisis lleg a casi diez billones de dlares.

En la actualidad, con un dficit fiscal que bordea el 10%, el gobierno de Oba-

ma se ve obligado a desarrollar una serie de polticas de ajuste sin que la eco-



37/66

noma haya mejorado estructuralmente, lo cual puede

conducir a echar por tierra la prrica recuperacin. La in-

minente congelacin del gasto pblico en infraestructura,

salud, educacin y tecnologa puede tener consecuencias

muy negativas para el comportamiento del conjunto de

la economa y, en especial, para el empleo. El dficit fiscal

y la tasa de desempleo al alza, que llega casi a 10%, son

los principales problemas a los que se enfrenta la econo-

ma norteamericana.Por otra parte, el repunte reciente de las agresiones

imperiales se enmarca en estas transformaciones.

El imperialismo contemporneo se est modificando:

Cules son los efectos de esta nueva etapa neoliberal

sobre la dinmica imperial? El impacto ms visible es la

extensin geogrfica del capitalismo y el consiguiente

incremento de la escala en que se desenvuelven las

acciones imperialistas (Katz, 2011, pg. 49). Pero estasagresiones imperiales tienen un comn denominador: la

lucha por asegurar el acceso a materias primas esenciales,

petrleo, carbn, gas, entre otros. Por ello, el centro de las

agresiones es Oriente Medio.

No obstante, Amrica Latina tambin hace parte

de este proceso, tal como se evidencia en el auge

extractivista que vive la regin, incluso en algunos pases

cuyos regmenes polticos han matizado el desarrollo de

polticas neoliberales. Lo que acontece en esta regin del

planeta es la otra cara de la crisis capitalista. Amrica

Latina aparece como estratgica no solo en cuanto a la

provisin de petrleo y dems insumos de produccin;

tambin por ser proveedora potencial de biodiversidad. Es

en este escenario que se entiende cmo los capitales que

estn ingresando a la regin no se destinan al desarrollo

industrial manufacturero como se dio en la dcada de

La clave para

evaluar si estas

transformaciones

en el patrn de

acumulacin

se pueden

consolidar est

en lo que suceda

en el terreno dela lucha de clases;

a pesar de que

la iniciativa del

capital pasa por

la transformacin

del espacio,

la creacin de

nuevas zonas deacumulacin, el

fortalecimiento de

nuevos sectores

y el desarrollo de

nuevas formas

de explotacin

del trabajo y del

ambiente, sus

resultados no

slo dependen

de esta iniciativa,

sino tambin de

la capacidad de

resistencia de los

sectores que se

perjudican por

estos cambios.



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los noventa bajo la primera oleada del neoliberalismo,

sino que se concentran en la minera y los hidrocarburos.

La consecuencia ms visible de este proceso es la

transformacin del espacio que se est presentado en

muchos pases de la regin. Se est configurando una

nueva espacialidad capitalista. Antiguas zonas marginales

que no cumplan un papel decisivo en los procesos de

acumulacin de capital, aparecen ahora como el destino

predilecto de las inversiones del gran capital nacional yextranjero. As mismo, el destino del capital extranjero se

orienta a las inversiones en proyectos de infraestructura

y comunicaciones, en los que se obtienen rendimientos a

mediano y largo plazo.

De qu depende la mayor o menor visibilidad de

estas transformaciones en la regin latinoamericana?

Depende fundamentalmente de las opciones polticas

que estn en juego actualmente en Amrica Latina. Esclaro que las crisis que azotaron a la regin en la segunda

parte de la dcada de los noventa condujeron a soluciones

diferenciadas debido a los distintos proyectos polticos

que surgieron tras la crisis. En el caso ms extremo, la

salida a la crisis colombiana, peruana y mexicana estuvo

signada por la profundizacin de algunas medidas

neoliberales con el surgimiento de otras nuevas, que

en el caso colombiano adquirieron mayor grado de de-

sarrollo, como el establecimiento de zonas francas y los

contratos de estabilidad jurdica, entre otros. Esto explica

por qu el auge extractivista es ms evidente en la eco-

noma colombiana.

La clave para evaluar si estas transformaciones en

el patrn de acumulacin se pueden consolidar est en

lo que suceda en el terreno de la lucha de clases; a pesar

de que la iniciativa del capital pasa por la transformacin

del espacio, la creacin de nuevas zonas de acumulacin,

El neoliberalismo

implic

transformaciones

sustanciales en la

relacin salarial,

las formas de

organizacin

del trabajo, la

organizacindel comercio

internacional,

el auge del

consumismo,

entre otros

elementos. Esto

explica que la

naturaleza y elcarcter de las

crisis bajo el

neoliberalismo

sean diferentes

a las de periodos

anteriores



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el fortalecimiento de nuevos sectores y el desarrollo de nuevas formas de ex-

plotacin del trabajo y del ambiente, sus resultados no slo dependen de esta

iniciativa, sino tambin de la capacidad de resistencia de los sectores que se per-

judican por estos cambios. Las expansiones geogrficas del capitalismo tambin

generan expansiones en los campos de lucha y en los sectores involucrados y

crean nuevas formas de la lucha de clases. La actual situacin muestra una vez

ms que la crisis es un campo de lucha, en el que todo est por decidirse.

Bibliografa

Aglietta, M. (1979). Regulacin y Crisis del Capitalismo. Madrid: Siglo XX editores.

Boyer, R. (1987). La Teora de la Regulacin. Un anlisis Crtico. Buenos Aires: SECYT.

Brenner, R. (2010). Un Anlisis Histrico-econmico Clsico de la actual Crisis.

En: J. Estrada, Crisis Capitalista, economa poltica y movimiento. Bogot: Espacio

Crtico Ediciones.

Estrada, J. (2004). Construccin del Modelo Neoliberal en Colombia 1970-2004.

Bogot: Ediciones Aurora.Harvey, D. (2003). El Nuevo Imperialismo. Barcelona: Akal.

Harvey, D. (2010). Estamos realmente ante el fn del Neoliberalismo? La Crisis y la

Consolidacin del poder de las clases dominantes. En: J. Estrada, Crisis Capitalitsa,

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Katz, C. (2010). Las Tres Dimensiones de la Crisis. Ciclos en la Historia, la Economa

y la Sociedad, XIX(37/38).

Katz, C. (2011). Bajo el Imperio del Capital. Bogot: Espacio Crtico Ediciones.

Mandel, E. (1986). Las Ondas Largas del Desarrollo Capitalista. La Interpretacin

Marxista. Madrid: Siglo XXI Editores.

Neffa, J. C. (2000). Modos de Regulacin, Regmenes de Acumulacin y sus crisis en

Argentina (1880-1996). Buenos Aires: Eudeba.



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Que en Colombia nohay presos polticos?

Miguel ngelBeltrn V.

Profesor AsociadoUniversidad Nacional

Perseguido Poltico

La fe en la autoridad es una cosa, hechos

que se tocan con la mano, son otra*

El presidente de la Repblica le

recibi en pie, la cabeza levantada,

un brazo suelto naturalmentey el otro a la espalda,

y, sin darle tiempo a que lo

saludara, le cant:

-Yo le dir, don Luis, y eso s!,

que no estoy dispuesto a que

por chismes de mediquetes se

menoscabe el crdito de mi

gobierno en lo ms mnimo.

Deberan saberlo mis enemigos

para no descuidarse,

porque a la primera, les boto la cabeza!

El Seor PresidenteMiguel ngel Asturias



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E

n una alocucin televisada, el entonces presidente de la Repblica, Julio

Csar Turbay Ayala (1978-1982), en respuesta al Informe presentado por

Amnista Internacional, en el que se denunciaban graves violaciones a losderechos humanos en Colombia sealaba que:

El gobierno rechaza por inexactas las referidas apreciaciones y arma

que en este pas no hay presos de conciencia. Nadie ha sido detenido

y juzgado por ser sindicalista, mdico, abogado, estudiante, campesino,

artesano o por pertenecer a un determinado partido poltico. Lo que ocurre

es que entre los sindicados por la comisin de delitos muy probablemente

existen personas que ejercen alguna profesin u ocio, pero obviamente

no es en razn de su profesin por los que han sido detenidas, sino por la

comisin de delitos (Turbay Ayala, abril 19 de 1980).

Un cuarto de siglo despus, el vicepresidente de la Repblica, Angelino Garzn,

repite casi textualmente la misma frase:

[En Colombia] Existen presos de organizaciones criminales, de

organizaciones armadas ilegales y presos que han violentado la ley. El

Estado en Colombia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia la

En mayo de 1944, los gaitanistas contaban con su propio peridico: Jornada , comomedio para denunciar las acciones del gobierno. Imagen tomada de: Gloria Gaitn

Jaramillo, Bolvar tuvo un caballo blanco, mi pap un buick. Bogot: Graficsa, 1998

N 21, Abril de 2012 Bogot, Colombia Luchas populares Volver


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existencia de presos polticos, eso sera

aceptar la legalizacin de las organizaciones

armadas ilegales y eso no lo vamos a hacer

porque son contrarias a la democracia, son

contrarias al derecho de la poblacin a vivir

tranquilamente, en bienestar y en paz (El

Universal, marzo 18 de 2012).

La parodia de Angelino Garzn no deja deevocarnos aquel pasaje de El 18 Brumario de Luis

Bonaparte, tan frecuentemente citado: Hegel

dice en alguna parte escribe Marx que todos los

grandes hechos y personajes de la historia universal

se producen, como si dijramos, dos veces, pero se

olvid de agregar: una vez como tragedia y otra vez

como farsa. Nada ms cierto, pues si ayer la expresin

aoraba del cinismo de un genuino representantede la clase poltica tradicional, hoy la hace suya un

ex aguerrido dirigente sindical que, aunque en ese

entonces lider protestas callejeras contra el Estatuto

de Seguridad, hace tiempo abandon sus ideales

sociales y se inclin ante los poderes hegemnicos,

revistiendo sus desmedidas ansias de fguracin con

un supuesto nuevo lenguaje poltico.

Lo que s comparte esta caricaturesca declaracin

del vicepresidente Garzn es que hoy, como en los

tiempos del presidente Turbay Ayala, no slo las

crceles estn llenas de prisioneros(as) de guerra y

presos(as) polticos* vctimas de montajes judiciales

y falsos positivos, sino que el mismo Cdigo Penal

reconoce dicho delito, por el que arbitrariamente

hemos sido privados de la libertad numerosos

acadmicos, lderes sociales, periodistas y miembros

de la oposicin que disentimos de las polticas

Seguidores de Jorge ElicerGaitn durante su campaaelectoral.Imagen: Gloria GaitnJaramil lo, Bolvar tuvo un caballo

blanco, mi pap un buick. Bogot:

Graficsa, 1998

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ofciales. De manera tal que el propsito comn de

estos pronunciamientos no es otro que el de ocultar

las realidades de un conicto social y armado que se

ha prolongado por ms de medio siglo.

Lo que sucede es que en Colombia como suele

en ocurrir bajo los gobiernos de corte autoritario

se ha proscrito el uso pblico de determinados

conceptos, los cuales han sido anatemizados como

lenguaje subversivo, pues al mejor estilo de loque narra el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos

en su novela Yo el Supremo se pretende crear

nuevas realidades a punta de plumazos (y plomazos).

Recordemos que no hace muchos aos, una circular

dirigida a las representaciones diplomticas en el

exterior, frmada por el Alto Comisionado para la paz

de ese entonces, Luis Carlos Restrepo, prohiba el

uso de trminos como conicto armado, actoresarmados, comunidades de paz, ya que aceptarlos

era a su juicio legitimar los grupos armados ilegales.

La situacin parece haber cambiado pero

para seguir igual. El presidente Juan Manuel Santos

reconoci hace cerca de un ao en medio de la

euforia inicial que despert en ciertos sectores de

la opinin pblica su promocionado proyecto de

unidad nacional que en Colombia existe un conicto

armado, concepto que fue incorporado al proyecto

de ley de Vctimas de la Violencia, que circulaba en

esos das en el Congreso. Hoy el ex comisionado es

requerido por la justicia y el concepto de conicto

armado interno discurre como si nada por

los diarios nacionales, ocupando la atencin de

reconocidos analistas del mismo, que como hbiles

timoneles acomodan sus naves tericas a los oleajes

de la coyuntura poltica.



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Pero hasta ah no ms. Las consecuencias lgicas que de ese reconocimiento

derivan son todava intangibles. Prueba de ello es que ahora el presidente Santos

(porque aunque parezca callado, silencioso, mudo, su silencio como en la novela del

aludido escritor paraguayo es de mando), niega a travs de su Ministro de Justicia

el ingreso de una comisin de verifcacin de las crceles, encabezada por la doctora

Piedad Crdoba e integrada por reconocidas personalidades polticas y sociales delcontinente, para constatar las condiciones en que se encuentran privados de libertad

los presos polticos, declarando a regln seguido la inexistencia en el pas de presos

y presas polticos, de guerra y de conciencia.

Si como afrma el vicepresidente Garzn a los presos de las FARC se les ha

garantizado y se les sigue garantizando el respeto al debido proceso, el respeto a

los derechos humanos y se les permite la visita de la familia, la asistencia jurdica

y sanitaria, cul es el temor de que haga presencia esta comisin humanitaria?

No sera esta una excepcional oportunidad para dar cuenta de las grandezas de lademocracia ms antigua y estable del continente y a la vez destrabar el proceso de

liberacin de los uniformados retenidos por esta organizacin insurgente, cuya vuelta

a sus hogares anhelamos millones de colombianos?

Seguramente la preocupacin surge de que esta misin de observacin

humanitaria se va a encontrar con una realidad muy diferente: un trato discriminatorio

hacia presos y presas poltico(as) frecuentemente sometidos(as) a aislamientos,

humillaciones y trato degradantes; un rgimen penitenciario violatorio de los derechos

fundamentales de los internos, que se aplica por igual a condenados y sindicados; una

permanente obstruccin a la libre comunicacin de los internos con sus abogados

defensores (cuando los tienen); un continuo maltrato a los familiares que van a visitar

a sus seres queridos presos; en sntesis, unas condiciones denigrantes para miles de

prisioneros(as) que estn all como resultado del conicto interno colombiano.

La actitud del gobierno frente a la contundente realidad de la existencia de

ms de ocho mil presos(as) polticos(a) en el pas, nos hace evocar la incredulidad de

aquellos sabios de la corte orentina a los que Galileo Galilei trataba de demostrar

sus descubrimientos hechos por medio del telescopio que confrmaban las teoras

heliocntricas de Coprnico. Al pedirle a estos eruditos que verifcaran a travs de

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su anteojo la existencia de aquellas estrellas que

stos consideraban inexistentes, uno de ellos

alega que el telescopio al mostrar algo que no

existe, no es un instrumento muy exacto, por

lo que sera mucho ms provechoso, si usted

nos pudiera nombrar las causas [razones] que lomovieron a suponer la existencia de astros que

cuelgan libremente en las esfera superiores del

inmutable frmamento. A lo que el cientfco

italiano responde con estupor: Las razones?

Cuando de una mirada a los mismos astros y con

mis apuntes queda demostrado el fenmeno?

Pero seores, la disputa resultara absurda!

(Bertolt Brecht. Galileo Galilei)

Post scriptumLos inexistentes presos polticos del pas han

manifestado en un reciente comunicado

pblico que a partir del martes 20 de marzo

de 2012 se declaran en desobediencia y

huelga de hambre para exigir del gobierno y

las autoridades penitenciarias la ejecucin de la

visita de verifcacin nacional e internacional.As mismo han reiterado estos fantasmas que

deambulan en los pasillos de las ms de ciento

cincuenta crceles colombianas que: La paz, la

reconciliacin no se logra ocultando la realidad.

Los gestos de paz y de buena voluntad deben

ser bilaterales.

* La condicin de prisioneropoltico de guerra hacereerencia a aquellaspersonas que se han alzado

en armas con la fnalidad detomarse el poder y derrocarel rgimen constitucional ylegal vigente, y en razn deello han sido privadas de sulibertad por su contradictor.Por su parte,prisioneros polticosde conciencia son aquellaspersonas que han ejercido el

derecho a la oposicin poltica alrgimen o al gobierno vigente,de manera individual o colectivaen su calidad de miembrosde organizaciones sociales,barriales, populares, sindicales,polticas, estudiantiles,campesinas, deensoras dederechos humanos, indgenas,

arodescendientes, entre otras,y en razn a ello han sidoperseguidas y privadas de lalibertad por su opositor. (Cr.Traspasa los Muros. Defendersedesde Adentro. Derechos,Tratamiento y Proteccin de las

personas en Reclusin. Bogot,octubre de 2010, p.32)



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Las iras de

Transmilenio

ricardo Snchezngel

Doctor en Historia

Profesor

Universidad Nacional

El motn

El viernes 9 de marzo de 2012 tuvieron lugar enBogot movilizaciones de la juventud y de la

ciudadana en protesta por el mal servicio del

sistema de transporte masivo Transmilenio. Altas tarifas,

hacinamiento de pasajeros, inseguridad, escasez de vehculos,

psima calidad de las losas, incumplimiento de los horarios,

incremento notorio en la contaminacin atmosfrica, son

algunas de las razones que expresan el sentir airado y la

impotencia de los usuarios.

Por supuesto que el mal servicio prestado por Transmile-

nio ha creado unas experiencias de lucha y una conciencia so-

bre el sistema que funciona inadecuadamente y benecia con

ganancias multimillonarias a un puado de doce empresas.

Mientras el gobierno distrital, adems de ser el garante ante

la ciudadana de la ecacia del sistema, asume tambin las

obligaciones de proveer la infraestructura, el mantenimiento,

la seguridad, nuevas troncales y subsidios.

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Debe reconocerse que estas luchas, que reclaman un transporte pblico modernoe integrado para Bogot, tuvieron expresiones espordicas y con repercusiones depoca trascendencia hasta el viernes 9, aunque en los quince das anteriores hubo cincobloqueos que presagiaban un salto cualitativo de la protesta, con sus tomas y susmtines. En los doce aos de vida de Transmilenio, la inconformidad se ha expresadoen varias oportunidades.

El viernes, la protesta se creci y a las 7:45 a.m. el sistema colaps. Una pancartapresentada por City Noticiassintetiza, a mi juicio, la causa del movimiento: UNINDE USUARIOS. TRANSMILLENO NO AGUANT MS1. Se dieron manifestaciones,bloqueos, asambleas de los usuarios en la calle, mtines, uso de las redes sociales deInternet para sintonizar las acciones y una explosin de la ira contenida, lo cual afectde manera sensible el funcionamiento en su conjunto del transporte y del trnsito deBogot. Hubo once estaciones tomadas y cuatro portales, adems de destrozos endichas instalaciones.

1 http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/actos-vandlicos-en-los-bloqueos-a-transmilenio _ 11313042-4

7 agosto de

Revista Izquierda no. 21, Abril de 2012

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