Revista Izquierda No. 10. Abril de 2011

8/7/2019 Revista Izquierda No. 10. Abril de 2011

1/66


2/66

todo e coedo deea pucac puede

epoduce emee,coevado u cdo.

Jao Eada vaez Deco

Je Guad sadova Jefe de edacc

vao Vquez de rea, Dae leo Cacedo, Ca Gado Gado, FakMoao Camago, Joge Gava sva, Maa teea Cfuee taava, neoFajado Mauada, Paca Aza, rcado schez ge, sego De Zuasampe, Vco Maue Mocayo Cuz Coejo edoa

beaz soowcz (Mxco), Juo Gama (Agea), rcado Aue (ba),Aoo Ea (Uuguay) Coejo aeo eacoa

taaa Cao reye Deo y dagamac

Epaco Cco EdcoePucac aupcada po Epaco Cco Ceo de Eudowww.epacocco.com

issn-2215-8332n 10, A de 2011. bogo, Cooma


3/66

lA llAVE DE lA PAZ Est PErDiDA?Vctor Manuel Moncayo C. 4El EsPEJisMO DE lA rEstitUCinDE tiErrAs Carmen Andrea Becerra Becerra 10El COnEJO DE lAs DEsMOViliZACiOnEs.OtrA DElibErADA FArsA UribistA Carlos A. Lozano Guilln 16

rEtriCA y rECUrsOs DE Un PrOyECtO DEDOMinACin DE ClAsE. lAs CiFrAs DE lAPrOsPEriDAD PArA tODOs Jairo Estrada lvarez 22

lA PrOPUEstA DE rEFOrMA DE lA lEy 30:Un rGiMEn DE sAbEr PArA El GrAn CAPitAlFrank Molano Camargo 30MACrOPrOyECtOs DE ViViEnDA DEintErs sOCiAl: GrAn nEGOCiO COn lAPObrEZAPaola Salazar Carreo 36

JAPn: OPCin CErO Ricardo

Snchez ngel 42libiA: EntrE El iMPEriAlisMO y lAAUtOCrACiAPedro Miguel Tapia 48

El nUEVO GObiErnO DE brAsily El lEGADO DE lUlA . lACOntinUiDAD DE lA POltiCAECOnMiCA OrtODOxAMarcelo Dias Carcanholo 54inCEntiVOs Al CAPitAlExtrAnJErO y JUstiCiA sOCiAlEn UrUGUAyAntonio Elas 60

Un EstADO CAnAllAMUysAntOJorgeGantiva Silva 64

Conflictoy

salidanegocia

da

P

lanNacionalde

Desarrollo2010

-2014

Editorial

Capitalismoencrisis

NuestraA

mricaN

eolibera

lismorampante

Rgim

enpoltico

ydiscurso


4/66

_4

Profesor emritoEx rector de la Universidad

Nacional de Colombia

Vctos Manuel Moncayo c.

La llave de la paz

est perdida?

Superando las condiciones de estigmatizacin y

macartizacin que se han venido imponiendo en

nuestra sociedad para quienes insistimos en hablar del

conflicto colombiano y de las perspectivas de paz, considerados

de manera simplista como vulgares terroristas o epgonos o

aliados de la subversin, o bautizados despectivamente como

pazlogos, hace pocas semanas, gracias a la hospitalidadde calificadas organizaciones y personalidades argentinas, se

tuvo una oportunidad ms para analizar y debatir la realidad del

caso colombiano, en el contexto de la presentacin de otras

experiencias anlogas en otras latitudes1.

Las deliberaciones y conclusiones slo han sido consideradas

de manera marginal en los medios de comunicacin, como

resultado de un implcito, o quizs oculto, pacto de silencio,

tambin compartido por el gobierno y sus voceros. Slo trascendi

como noticia el insultante mensaje del expresidente Uribe contra

el premio nobel de paz Adolfo Prez Esquivel, menospreciado

dignamente por el agredido y rechazado con fuerza por todos los

asistentes como un agravio inadmisible al destacado defensor de

los derechos humanos.

1 Nos referimos al seminario Haciendo la Paz en Colombia, organizado

por Colombianos y colombianas por la paz, realizado en Buenos Airesel 21 y 22 de febrero de 2010.

Volver a contenido


5/66

Le Capital dvore le monde.

Jean Vertot, Almanach Dmoc-Soc ddiaux Aristos (1850), Paris, 1849

N 10, Abril de 2011 Bogot, Colombia Conflicto y salida negociada

La sociedad civil, un espacio contradictorioConcurrimos para contribuir a desmitificar el lugar comn sobre la sociedad

civil y sus expresiones. Se trata, sin duda, de una categora muy ligada a la

modernidad capitalista que escinde las relaciones entre las escenificadas en la

esfera poltica y las pertenecientes al mundo atomizado de las individualidades

ciudadanas, sobre el cual est edificado todo el orden de dominacin. En este

sentido a la sociedad civil pertenecemos todos, pero estamos all como partedel sistema y, por ende, como portadores de sus mltiples contradicciones e

intereses. De tal forma que no se pueden considerar sus expresiones con la

misma legitimidad, pues necesariamente corresponden a diferentes posiciones

frente a las relaciones sociales. Gremios, organizaciones no gubernamentales,

iglesias, movimientos sociales, defensores de derechos humanos, vctimas

de la violencia, estudiantes, acadmicos, etctera, son todos sociedad civil,

pero no constituyen unidad y sus manifestaciones responden a intereses muy

diferentes, en muchos casos opuestas o contradictorias. Como tales participan

activa o pasivamente en el conflicto y formulan diversos entendimientos sobre

su significacin y las posibles hiptesis de solucin.

El conflicto es indisociable de la naturaleza del orden social vigentePues bien, quienes participamos de encuentros como el realizado

consideramos que existe un conflicto en la sociedad colombiana y, a pesar

de que existen matices en su comprensin, representamos una perspectiva

diferente de la que sostienen quienes, tambin desde la sociedad civil o

desde el propio Estado, lo vienen negando, para identificarlo como una simple

Volver


6/66

_6

anormalidad del funcionamiento social, calificada genricamente como

terrorismo, sobre todo despus de los acontecimientos del 11 de septiembre,

que coincidieron y se armonizaron con los inicios del rgimen autoritario que

enarbol la bandera del exterminio bajo el lema de la seguridad democrtica.

Muchos estiman que el conflicto reside exclusivamente en la expresin

de violencias fsicas enfrentadas, y olvidan que tras ellas hay una causalidad

superior ligada a las caractersticas de las relaciones sociales vigentes teidas

de dominacin e injusticia.

En esa direccin, es necesario formular como punto de partida la tesisradical de que en todas la sociedades de nuestro tiempo hay conflicto, por

cuanto todas ellas son sociedades en la cuales rige la explotacin capitalista,

aunque las formas de sta hayan variado histricamente y se presenten de

diferentes maneras.

Lo que ocurre, sin embargo, es que esa realidad necesariamente

contradictoria y, por ende, conflictiva, siempre supone una resistencia que se

expresa en las sociedades de diferentes maneras:

Una forma de manifestacin es la que pudiera llamarse normal, pacfica

o civilizada, que es la que postula y promueve el Estado al sealar que debeobrarse conforme a las reglas jurdicas y polticas del sistema, justamente para

garantizar su conservacin y tranquilo desarrollo. Es la aspiracin permanente

por el orden, para lo cual las expresiones del conflicto no pueden ser sino bajo

los contenidos y formas permitidos.

Otro tipo de expresin es la que de manera momentnea o con cierta

permanencia, rompe la normalidad, negndose a las formas institucionales de

canalizacin, que puede incluso desconocer el monopolio legtimo de la fuerza

por parte del Estado, asumiendo como legtima la utilizacin de la violencia.

La particularidad violenta del conflicto colombiano

En Colombia, como en toda sociedad capitalista, hay conflicto derivado de

la esencia misma del sistema imperante, y siempre han existido resistencias.

Pero, lo que es muy propio de la historia colombiana es que esas resistencias,

casi que desde siempre, han transitado por la ruptura de la normalidad,

tanto de manera individual como colectiva, bajo modalidades cambiantes de

organizacin y presencia. Es la historia bien conocida y sufrida de las violencias,

documentada y analizada en estudios acadmicos.

Volver a contenido


7/66

Volver


8/66

_8

continuada en el actual, que no deja, por lo tanto, ningn espacio para el dilogo,

pues slo se admite la derrota o la rendicin. De otra parte, esta opcin que es

en definitiva planteada como una solucin de salvamento y proteccin del orden,

y que autoriza las formas ms aberrantes de autoritarismo y de desconocimiento

de las barreras institucionales, permite en muchos casos, como ha sucedido en

Colombia, avanzar sin mayores controversias en las transformaciones exigidas

por el sistema capitalista, como son todas las emprendidas y realizadas durantelos gobiernos de Uribe para adaptarse a la nueva poca histrica del capital.

La realidad actual es que, segn la informacin aportada por los

investigadores y por el propio Estado, el conflicto violento subsiste y contina,

con nuevos elementos derivados de los cambios ocurridos en el mundo del

narcotrfico, de la subsistencia del paramilitarismo ahora renombrado como

bandas criminales, de la renovacin de la estrategias y tcticas de las

organizaciones subversivas, de las acciones selectivas contra quienes como

vctimas reivindican las tierras de las cuales fueron expulsadas, del crecimiento

de la delictividad urbana, de la ampliacin del espectro de la parapoltica, y deldevelamiento de la participacin de agentes del Estado en prcticas contrarios

al derecho humanitario.

Es an posible hablar de paz negociada?

Esa permanencia ha abierto, aunque se diga que la llave est an guardada,

la alternativa de una respuesta a la resistencia que, aunque no renuncie

al exterminio, pueda buscar canales de comunicacin para una solucin

negociada. Del lado estatal y del orden capitalista, las necesidades del desarrollo

capitalista en sectores como el minero-energtico o el de la apropiacin de los

recursos naturales y de la biodiversidad, permitiran pensar en que la rigidez

de la poltica guerrerista requiriera una pausa, que sera compatible con una

actitud de reconocimiento por parte de la guerrilla del decrecimiento de su

capacidad militar, de la prdida de su legitimidad social y poltica, y del efecto

de sufrimiento para amplios sectores de la poblacin ms vulnerable.

Sin embargo, esa hipottica y quizs irreal viabilidad de una negociacin,

no debe olvidar que las respuestas a los elementos de violencia fsica que

caracterizan el conflicto colombiano, no conducen a la eliminacin plena

Volver a contenido


9/66

Volver


10/66

_10

Abogadaespecializada en

Derecho PenalSociloga

UniversidadNacional

Investigadoradel InstitutoLatinoamericano

para una Sociedady un Derecho

Alternativos - ILSA

Carmen andrea

BeCerra BeCerra

El espejismo de larestitucin de tierras

en Colombia

La iniciativa legislativa conocida como Proyecto de Ley detierras1, mediante la cual el gobierno Santos pretendi afnales del ao pasado canalizar el anuncio de impulsar un proceso

masivo de restitucin de tierras despojadas en Colombia, fue una

manifestacin inaugural de una propuesta formulada al margen ysin la participacin de las vctimas del desplazamiento forzado y

del despojo y en contrava de su derecho a la reparacin integral.

Esta falla de origen revel una apuesta para abordar un

proceso de restitucin concebido como un mecanismo para

generar seguridad jurdica a travs de una titulacin que permitira

liberalizar el mercado de tierras en Colombia, empatando entonces

con el objetivo de ganar la confanza inversionista y de agudizar la

concentracin de la tierra. Vale la pena precisar que el foco de larestitucin bajo tal formulacin estara distante de las vctimas y

prximo a los benefciarios actuales y potenciales del despojo.

El principio de sostenibilidad fscal se sumara al espejismo de la

restitucin al limitar presupuestalmente ste y otros componentes

del derecho a la reparacin de las vctimas, consolidando por esta

1 Proyecto de Ley 085 de 2010 por el cual se establecen normastransicionales para la restitucin de tierras.

Volver a contenido


11/66

Volver


12/66

Volver a contenido


13/66

Rgimen po lti co y discursoN 10, Abril de 2011 Bogot, Colombia

cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzadoni a los estndares internacionales descontar la reparacinrecibida por va administrativa de la reparacin judicial, cuandola primera se ha confundido con una medida de asistencialista.

El proyecto alude al principio de sostenibilidadscal, en aplicacin del cual se establecera un tope a las

pretensiones y expectativas de reparacin de las vctimasa favor del inters general, siendo a la vez la justicacin

para continuar desconocindoles no slo la reparacin, sinoadems la ayuda humanitaria de emergencia y los programasde estabilizacin socioeconmica. Es importante tener encuenta que en el escenario legislativo actual, al tiempo quese debate el derecho a la reparacin de las vctimas, hacecarrera otra iniciativa Por la cual se establece el derecho a la

sostenibilidad scal para alcanzar los nes del Estado socialde Derecho; el proyecto de acto legislativo as denominado,busca modicar varios artculos de la Constitucin Poltica

a n de incorporar la sostenibilidad scal como el referente

para guiar las actuaciones del Estado sobre la economa ysobre los procesos de planeacin y presupuestacin (Estradalvarez, 2010: 16), estableciendo as topes al gasto social, a lasmedidas de reparacin a que tienen derecho las vctimas por

la va judicial y administrativa y a las decisiones judiciales queordenen en su parte resolutiva la garanta y el reconocimientode los derechos vulnerados a la poblacin desplazada.

En el mbito judicial se reconoce competencia paraconocer de los procesos de restitucin de tierras a lostribunales superiores de distrito judicial Salas Agrarias;estos sern competentes en nica instancia para conocer ydecidir, en forma temporal y hasta tanto culmine el programade restitucin, los procesos de restitucin de tierras de

despojados. Sobre el procedimiento para presentar y resolver

La poltica pblica

debera asumir el

mandado del tribunal

constitucional de

garantizar el goce

efectivo de los

derechos de lapoblacin desplazada,

pero, adems ante

la concentracin

de la tierra y el

correlativo despojo

y desplazamiento

forzado, dicha poltica

y su correspondientemarco normativo

deberan orientarse

hacia la superacin

de las condiciones

estructurales del

desplazamiento

forzado y del despojo.

Volver


14/66

_14

las solicitudes de restitucin preocupan los siguientesaspectos: la dicultad de las vctimas para efectos de

presentar los requisitos que deben anexarse junto con lapretensin de restitucin, en particular ante la inexistencia deregistro del inmueble objeto de restitucin y, por ende, delcerticado de tradicin y libertad de matrcula inmobiliaria

del predio, pues bajo este supuesto ha de presentarse comorequisito el levantamiento topogrco y, de ser posible, la

georeferenciacin del predio, debiendo ser asumidos losgastos por el solicitante.

En cuanto a la informacin que sera centralizada en elRegistro nico de Predios Despojados y constituira una delas fuentes para presentar solicitudes, no se puede olvidarque parte de esta informacin da cuenta de procesos de

legalizacin del despojo, en virtud de los cuales se hanamparado con apariencia de legalidad negocios o tradicionescon la tierra, los cuales constan en documentos pblicos oprivados y certican a los despojadores o a sus testaferros

como titulares de los derechos sobre la tierra.A estas preocupaciones se suma la denicin de los

mecanismos previstos para la proteccin de los bienesrestituidos. El primero de ellos establece que para proteger

al restituido en su derecho y garantizar el inters social dela actuacin estatal, el derecho a obtener la restitucin noser transferible por acto entre vivos a ningn ttulo durantelos siguientes dos aos contados a partir de la entrega del

predio, salvo que se trate de un acto entre el despojado yel Estado. De acuerdo con el segundo, una vez obtenida larestitucin, cualquier negociacin entre vivos de las tierrasrestituidas al despojado dentro de los dos aos siguientes

a la fecha de ejecutoria de la decisin de restitucin, o deentrega, si sta fuera posterior, ser inecaz de pleno derecho,

Se hacen necesarios

la investigacin,

juzgamiento y sancin

de los responsables

de estos hechos,

la identifcacin de

las modalidad del

despojo, la reparacin

de las vctimas y el

establecimiento y

verifcacin de garantas

de no repeticin,

aspectos a todas

luces ausentes en

el espejismo de larestitucin de tierras

en Colombia.

Volver a contenido


15/66

Volver


16/66

_16

Periodista.Director de VOZ.

Integrante deColombianos

y Colombianaspor la Paz

Carlos a.lozano Guilln

El conejo de lasdesmovilizaciones. Otradeliberada farsa uribista

Lo que mal comienza, mal acaba, dijo en 2003, antesque el primer gobierno de lvaro Uribe Vlez cumplieraun ao, el entonces asesor de Paz para Colombia de las Naciones

Unidas, James Lemoine. Apenas comenzaba a disearse la ley de

justicia y paz y el pas se preparaba para asistir en silencio, aunque enmedio de las protestas de la oposicin y de varias organizaciones nogubernamentales nacionales e internacionales, al llamado procesode paz de Santa Fe de Ralito con las Autodefensas Unidas deColombia (AUC), en realidad una organizacin narcoparamilitar,responsable de los ms execrables crmenes y masacres de que setenga noticia en el pas.

Mientras Uribe arreciaba la guerra contra la insurgencia

guerrillera, basado en la delirante seguridad democrtica, letenda la mano a los paramilitares, inclusive con la escandalosaintencin de darles reconocimiento poltico y de grupo insurgente.Lemoine advirti del grave error que se cometa y abog por unadesmovilizacin con sometimiento a la justicia y verdad, justicia yreparacin. Lo mismo dijeron reconocidos sectores democrticos,populares y de izquierda, que denunciaron la intencin del gobiernode Uribe Vlez de legalizar al narcoparamilitarismo.

Los organismos de inteligencia militar y algunos expertos

en el tema de seguridad, haban reportado un nmero de 8.000

Volver a contenido


17/66

Volver


18/66


19/66

Rgimen po lti co y discursoN 10, Abril de 2011 Bogot, Colombia

llamadas Bacrim, que no son ms que el reciclaje del viejo narcoparamilitarismo

con presencia en casi todo el pas, as el anterior y el actual Gobierno no lo

reconozcan. Estas Bacrim, como est comprobado, siguen actuando concomplicidad de autoridades civiles y militares, empresarios y parapolticos, que

se apoyan en ellos para la guerra sucia, la lucha contrainsurgente y consolidar

el poder local.

Estos grupos se han multiplicado y a pesar del esfuerzo del gobierno nacional

por explicar que son delincuentes comunes al margen del Estado, no logra

demostrarlo pues tienen que ver con los crmenes contra lderes sociales y

son los que adelantan campaas de amenazas e intimidacin a los luchadores

populares. Son bandas dedicadas al narcotrco pero a la vez instrumento dela lucha contrainsurgente y del desmantelamiento de las organizaciones sociales y

populares con la casi nula reaccin de las autoridades.

Es la demostracin del fracaso de la desmovilizacin paramilitar, como

lo reconocen sus propios capos en prisiones colombianas y estadounidenses,

pero tambin de la seguridad democrtica, soporte ideolgico de la guerra

uribista y del actual gobierno, as ste la acepte con actitud vergonzante.

Como si fuera poco, el escndalo se extendi a la desmovilizacin de

ncleos guerrilleros, presentada como enorme logro por el ex comisionadoLuis Carlos Restrepo. El 17 de marzo de 2006, en La Tebaida, municipio de

Alvarado, departamento de Tolima, Luis Carlos Restrepo, acompaado del

desertor de las FARC, Olivo Saldaa, testigo de profesin contra dirigentes de

izquierda, anunciaron con bombos y platillos, en ridcula ceremonia, la entrega

de las armas y la reinsercin de 66 guerrilleros del frente Cacica La Gaitana de

las FARC del cual nadie tena noticias.

Los guerrilleros desmovilizados, encabezados por su comandante un

guerrillero extrao de cola de caballo, vestan uniformes nuevos, botas nuevas

tambin y estaban recin afeitados y baados, aunque se dijo que estaban

Volver


20/66

_20

llegando de una larga caminata hacia la libertad. Restrepo ySaldaa anunciaron la entrega de un avin de las FARC y de estegrupo, que segn ellos operaba en Tolima, pero la aeronave estabaen un aeropuerto de la Costa Atlntica. En pocos das se demostr

que el avin perteneca a un narcotracante de nombre HugoAlberto Rojas a quien quisieron desmovilizar en esa oportunidad ydespus fue extraditado a Estados Unidos.

El semanario VOZ denunci en ese momento, lo que se conocicon pruebas cinco aos despus. lvaro Vsquez, columnista,public un artculo, el 15 de marzo de 2006, en que sealaba sinambages que era un culebrn del doctor Ternura y criticaba laactitud de investigadores de la derecha como Alfredo Rangel, quien

calic el hecho falso como el ms duro golpe a las FARC en todasu historia2. Hernando Lpez, periodista, tambin en la edicin del15 de marzo de 2006, ridiculiz la farsa de La Tebaida, criticando lacomedia de Restrepo y Saldaa3.

2 Semanario VOZ la verdad del pueblo. Edicin del 15 de marzo de 2006.Columna Enfoque de lvaro Vsquez, El culebrn del doctor Ternura,p. 7.

3 Semanario VOZ la verdad del pueblo. Edicin del 15 de marzo de

2006. Artculo de Hernando Lpez, La historia del avin fantasma y ladesmovilizacin del sapo, p. 2

Volver a contenido


21/66

Volver


22/66

_22

De acuerdo con lo establecido en la Constitucin, ams tardar, el 7 de mayo del ao en curso, el PlanNacional de Desarrollo se encontrar aprobado por el Congreso.

Como ha sido usual desde que los planes adquirieron fuerza de ley,las bancadas mayoritarias del Congreso acompaan, sin mayor

controversia, el proyecto de plan presentado por el gobierno. El

plan de la Prosperidad para todos no ser la excepcin.

A la aprobacin del Plan le seguir la disputa por la contratacin

que se deriva de l. El ciclo por la apropiacin privada de dineros

pblicos continuar su curso. Los empresarios favorecidos sern

probablemente otros. El pas escuchar de los sucesores de los

Vlez Sierra o de los Nule. Seguramente se hablar de nuevos

cacaos y tambin de nuevos cacos. La corrupcin, otra de las

formas de la acumulacin no legalde capital, mostrar su carcter

consustancial a las condiciones de la reproduccin capitalista.

Continuidad y profundizacin de proyecto neoliberal

Empero, un plan de desarrollo es mucho ms que eso. En sentido

estricto, se trata de la sntesis de la conduccin poltica del proceso

econmico por parte del Estado durante un perodo de gobierno,

con miras a consolidar un proyecto determinado de dominacin de

clase. Contrario a la idea que en el pas no existe planeacin y que

Retrica y recursos de un proyecto

de dominacin de clase.

Las cifras de la

Prosperidad para todos

JairoEstrada lvarEz

Profesor delDepartamento de

Ciencia PolticaUniversidad Nacional

de Colombia

Volver a contenido


23/66

Volver


24/66

_24

legislativos para establecer el derecho a la sostenibilidad fiscal y reformar

el rgimen de regalas, el proyecto de ley que define la regla fiscal, la ley

de formalizacin y de primer empleo, la reforma al rgimen de salud, la

ley de vctimas y de restitucin de tierras (en sus aspectos econmicos),

el otorgamiento de facultades extraordinarias para reformar el Estado, el

proyecto de reforma a la educacin superior y los anunciados proyectos

de ley de desarrollo rural y de reforma pensional, as como la reforma

tributaria en ciernes, entre otros.

Estos diseos normativos muestran un reforzamiento del discurso yde la retrica de la tecnocracia neoliberal. Mucho ms refinada, incluso

sofisticada, y sobre todo profundamente articulada con la arquitectura

diseada por los organismos multilaterales para un sistema capitalista

en crisis, que intenta rehacerse y reconfigurarse espacialmente a fin de

consolidar y potenciar nuevas fuentes de valorizacin a escala planetaria.

Es tal la proyeccin tcnica del discurso poltico-econmico, que en

el caso del Plan sectores de la intelectualidad, particularmente de los

economistas, parecieran haber quedado seducidos por su limpiezadisciplinar, y su coherencia tcnica. Se ha dictaminado que el

documento sobre las bases del Plan se encuentra muy bien elaborado

tcnicamente. A tal documento debe reconocrsele, en efecto, su

compromiso militante con las causas del proyecto del capital en el

momento actual, expresado en un lenguaje actualizado y sintonizado

con las ms recientes elaboraciones tericas de un neoliberalismo que

despliega en forma incesante una indiscutible capacidad adaptativa.

Las principales cifras del PlanPara analizar los verdaderos alcances de un plan de desarrollo es

necesario examinar la relacin entre su retrica y la asignacin de

recursos. Prosperidad para todos costar 563.9 billones de pesos. De ese

total, el componente de financiacin privada del Plan corresponde a 227.5

billones de pesos, 40.3 por ciento del total; el resto 336.4 billones, 59.7

por ciento, provendrn de financiacin pblica. Esta estructura bsica

de los recursos da cuenta, por una parte, de una tendencia que se ha

consolidado desde tiempo atrs: planes de desarrollo desfinanciados por

Volver a contenido


25/66

N 10, Abril de 2011 Bogot, Colombia Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014

el Estado que, al depender en forma creciente de las fuentes privadas, contribuyen a

allanar el camino ya recorrido de un concepto de gerencia pblica que responde en lo

esencial a la lgica del negocio privado; por la otra, del hecho de que a pesar de ser un

plan de inversiones pblicas, se le contabilizan recursos que, en sentido estricto, son

de funcionamiento. Me refiero a buena parte de los recursos del sistema general de

participaciones (SGP), los cuales se destinan para financiar gasto pblico social de los

entes territoriales: en el plan actual se trata de 99.4 billones de pesos, esto es, 16.7 por

ciento del total.

Plan de inversiones 2011 - 2014

(millones de pesos constantes de 2010)

Pilares,

objetivos y

estrategias

Central DemocratizadoEntes

territorialesPrivado SGP Total

Crecimientosostenible y

competitividad37.745.602 823.185 11.824.621 208.328.159 5.030.496 263.744.062

Igualdad deoportunidades

para laprosperidad

social

53.976.213 13.158 18.212.902 14.337.008 81.542889 168.082.169

Consolidacin

de la paz

76.542.685 6.061 86.131 76.634.877

Sostenibilidadambiental yprevencindel riesgo

17.939.616 5.399.138 5.636.344 4.769.454 33.735.552

Soportestransversales de

la prosperidaddemocrtica

8.705.075 167.096 12.838.897 21.711.068

Fuente: Proyecto de ley por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo

Volver


26/66

Volver a contenido


27/66

Volver


28/66

_28

demagogia de Angelino, el vicepresidente, sobre los compromisos del Estado

colombiano con los DD.HH. y el DIH al desnudo.

El componente de la sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo le quita

con suma prontitud la mscara a quien segn Al Gore podra ser el presidente del

cambio climtico, y demuestra que no es suficiente el beneplcito de los mamos

de la Sierra. De los 33.7 billones de este rubro, 25.8 billones corresponden ala respuesta a la ola invernal y el resto (7.8 billones) a gestin ambiental para

el desarrollo sostenible. De estos ltimos, el 93 por ciento ser provisto por

las corporaciones regionales y los entes territoriales, y slo el por 7 ciento por

el gobierno central. El sector privado est totalmente ausente. Estremecedor,

dada la economa extractiva y de produccin de energa en pleno proceso de

despliegue. Neoliberalismo rampante, depredador.

Por ltimo se encuentra el componente de los soportes transversales de la

prosperidad democrtica, una mezcla de la retrica del buen gobierno y la nuevagerencia pblica, con polticas de profundizacin de la insercin neoliberal en el

mercado mundial y apoyos al desarrollo regional. Se trata de una reafirmacin

de la concepcin neoliberal del Estado y de su correspondiente organizacin

institucional. A este componente se le destinarn 21.7 billones de pesos, 3.8 por

ciento del total. De ellos, 16 billones (73.7 por ciento) sern para apoyo regional,

el cual ser financiado en un 80 por ciento con recursos del SGP. El resto se

reparte principalmente entre recursos para el buen gobierno (5 billones) y los

planes de consolidacin (3.2 billones), parte integral de la estrategia de guerra.

En sntesis, con la Prosperidad para todos se est en presencia de un plan de

desarrollo concebido para fortalecer la estrategia de acumulacin de largo plazo,

diseada en el Plan 2019. El plan se fundamenta en lo esencial en la inversin

transnacional y garantiza su proteccin militar. Y, claro est, comprende

diseos de poltica social de regulacin neoliberal del mercado de trabajo y de la

proteccin social.

Volver a contenido


29/66

Ivy Mike fue la primera bomba termonuclear de fusin nuclear. Se prob en 1952 yprodujo una fuerza aproximadamente 650 veces ms grande que la de las armasdesarrolladas por Oppenheimer durante la Segunda Guerra Mundial. Realiz unabola de fuego de 5 km de dimetro y una nube de hongo de unos 17 km de alto

en menos de 90 segundos de su detonacin, la cual dej un crter de 1.9 km. dedimetro y 50 m de profundidad en Elugelab (parte del atoln de Enewetak)

N 10, Abril de 2011 Bogot, Colombia Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014N 10, Abril de 2011 Volver


30/66

_30

Docente de ciencias

sociales

Universidad Distrital

Francisco Jos

de Caldas

FrankMolano CaMargo

Todo rgimen de saber se funda en la instauracinde un estatuto de verdad que impone un conjuntode ideas para organizar y administrar la sociedad. En los ltimos

aos el capital monoplico imperialista ha venido conformando

su propio rgimen de saber, y las reformas educativas son parte

de tal nuevo estatuto de verdad.

En ese sentido se propone analizar la propuesta de Reforma

de la Ley 30 de Educacin Superior, presentada por el gobierno de

Santos, que entre sus principales argumentos plantea que si

queremos dar el salto al desarrollo y ser la promesa cumplida de

los CIVETS y hacer realidad los pronsticos del HSBC, Colombia

necesita un sistema de educacin superior acorde a nuestras

realidades y metas. ( ) Y porque de hecho, para ingresar a la

OCDE, esa organizacin de pases con buenas prcticas a la que

estamos postulando, debemos mostrar mejores indicadores en

La propuesta de reforma dela Ley 30: Un rgimen de

saber para el gran capitalLa reforma de la conciencia consiste slo en

hacer consciente al mundo de s mismo, en

reactivarle de su aturdido replegamiento sobre

s, en explicarle sus propias acciones.

Carlos Marx (Anales Franco Alemanes)

Volver a contenido


31/66

Cpsula de combustible preparada para el reactor de fusin, rellena de deuterio y tritio.

Uno de los desarrollos en energa nuclear despus de la segunda guerra mundial.

N 10, Abril de 2011 Bogot, Colombia Neoliberalismo rampante

cuanto a formacin acadmica. (MEN, La inversin en educacin, el mejor negocio que

puede hacer un pas, marzo 2011).

Esta es la ms osada propuesta de transformacin capitalista de la universidad; ninguno

de los anteriores gobiernos neoliberales se haba atrevido a tanto. En esencia, la reforma

articula aspectos de orden econmico, administrativo, poltico e ideolgico para pasar de una

subordinacin formal de la universidad a la subordinacin real de la universidad al gran capital.

La universidad en el capitalismo

Desde que se empez a consolidar en el siglo XIX el sistema universitario de cada

nacin, ha existido una relacin entre capital y universidad, la cual se contextualiza en las

diferentes formaciones sociales, ya sean stas Estados imperialistas o naciones dominadas

y segn sea la correlacin de fuerzas en la estructura de las clases dominantes: por eso hay

universidades burguesas, otras clerical-feudales y otras ms de tipo gamonal-terrateniente.

El siglo XIX vio los procesos de centralizacin y secularizacin de las universidades

como parte de la construccin de identidades nacionales modernas, necesarias para la

Volver


32/66

_32

expansin capitalista. Durante gran parte del siglo XX se produjo

un mayor acople entre mercado y universidad, en cuyo marco

sta ltima aportaba elementos para el desarrollo de las fuerzas

productivas del capitalismo y la diseminacin de la ideologa

burguesa. Algunos tericos llegaron a proponer una distincin

entre universidades y empresas en ese momento de Estados

de bienestar y modelos desarrollistas en el Tercer Mundo,

caracterizando a las universidades como organizaciones

suaves en contraste con las organizaciones duras: empresaspropiamente capitalistas guiadas por criterios de desempeo

econmico y rentabilidad, en tanto las primeras eran sistemas

flojamente acoplados al mercado, pues su configuracin y

legitimidad estaban soportadas en la aceptacin social y oferta

de diversas propuestas en un amplio espectro de saberes

provenientes del arte, la ciencia y la cultura, es decir, sin una

determinacin directa del mercado capitalista.

En la fase neoliberal, que corresponde a las nuevasdemandas derivadas de la modernizacin y desarrollo capitalista

en momentos en que el imperialismo transita a un momento de

mayor concentracin de capitales en unos pocos megamonopolios

que se expanden a nivel global, se est poniendo fin a la distincin

entre organizaciones sociales dbiles y fuertemente acopladas al

considerarse que todas las organizaciones, e incluso los sujetos y

sus subjetividades, son empresas mercantiles.

Es ahora cuando la Universidad es convertida por el

capitalismo en una de las manifestaciones ms simblicas

del saber burgus y la expresin ms ideolgica del poder del

capital, ya que transitando hacia una racionalidad gobernada por

la lgica de la empresa y la ganancia garantiza la diseminacin

ampliada del conocimiento y de la ideologa, aspectos que son

validados como los ms pertinentes para las necesidades de

la globalizacin capitalista, restringiendo y silenciando aquellos

que no concuerdan con los intereses del modo hegemnico de

conocer y dominar.

Al establecer una

correlacin entre

el Plan nacional

de Desarrollo

Prosperidad para

todos, la Reforma

de la Ley 30 y la Ley

de Primer empleo

y Formalizaciny Arremetida,

encontramos que

se trata de la

instauracin de un

nuevo rgimen de

saber que socava la

funcin formativa de

la universidad.

Volver a contenido


33/66


Las tendencias globales de reforma de los sistemas universitarios

La Reforma de la Ley 30 hace parte del ciclo de reformas de ltima generacin

que se imponen a escala global, las cuales estn promoviendo una nueva divisin

internacional del trabajo universitario requerida para esta fase de hiperconcentracin

monoplica del capital. Es as como se establece que la produccin de conocimientos

de punta y la preparacin de los cuadros cientficos y dirigentes de alto nivel queda

a cargo de los sistemas de educacin superior de Europa central y Estados Unidos,

dejando una categora intermedia de cientficos y decodificadores del conocimiento

de punta en las economas capitalistas de segundo orden y emergentes, mientrasque a las fronteras del Tercer Mundo, donde se encuentran los nichos de riqueza

estratgica (recursos naturales, parasos tursticos, enclaves manufactureros y

nuevos segmentos de poblacin para el consumo de servicios), se le asigna como

tarea del sistema de educacin superior el lugar de traduccin y consumo de los

saberes expertos, la produccin masiva de sus cuadros tcnicos y profesionales

de nivel medio y la masificacin de trabajadores flexibles, precarizados y con dosis

bsicas de capital humano.

Lo anterior aparece claramente en varios apartados del articulado de la propuestade Reforma de la Ley 30. Veamos:

En primer lugar un lenguaje plagado de llamados a no quedar por fuera de los

beneficios de la globalizacin capitalista, restringiendo trminos y categoras que

relacionen educacin superior y cuestiones nacionales.

Creacin de condiciones jurdicas para transformar el carcter de las instituciones

de educacin superior, convirtindolas en empresas mixtas que tienen la exigencia

de atraer inversores privados (criollos y extranjeros) para dar cumplimiento a la nueva

propuesta misional: generar rentabilidad.

Diversificacin y flexibilizacin de la oferta educativa sin cuestionar el lugar

asignado en al divisin internacional del trabajo educativo, expandiendo con ayuda

del capital privado y con el estmulo de obtener lucro y ganancia las opciones

de estudio, diferenciacin de planes y programas, ampliacin de las trayectorias

educativas, modalidades de estudio flexible en grados diversos de tiempo y

espacio, pero como lo establece el Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos

reduciendo el horizonte formativo a la trasmisin de competencias para el trabajo

en funcin de las 5 locomotoras. Esto busca generar modos de autocoaccin y

presin de la institucin y del profesorado para sacar provecho de las funciones

Volver


34/66

Paisaje del Ejecafetero Colombiano.

Fotografa: XavierCorredor Llano

_34

lucrativas implicadas en esta ms estrecha supeditacin al mercado,desestimulando relacionamientos acadmicos, culturales y polticos

que pongan en riesgo la tasa de ganancia.

La transformacin de la universidad en empresa educativa conlleva

a que estas unidades de maximizacin de ganancia busquen reducir los

costes laborales, abaratando y entrabando el incremento salarial de

los educadores y de los recursos pertinentes para la investigacin, la

extensin y la docencia. A su vez, la propuesta de reforma se centra en

un concepto de calidad como sinnimo de los resultados en la evaluaciny en los procesos de acreditacin, pero contempla, en nombre de la

transparencia y la equidad, convocar un ente acreditador privado que

transfiera, regule y califique a partir de su experticia en procesos de

calidad asociados como hecho natural al sector privado.

Se pone fin de una vez por todas a la autonoma universitaria,

imponiendo desde el Estado el tipo, carcter y composicin del gobierno

universitario que deben tener las instituciones de educacin superior.

En materia de inversin, condiciona el aporte estatal a los

desempeos y cumplimiento de indicadores por parte de cada institucin

educativa. Es decir, premios para los que se comporten como empresas

capitalistas y castigos y sanciones para los que no lo hagan. Esto

permite ligar el sistema de financiamiento a los resultados de evaluacin,

acreditacin y rendicin de cuentas. Adems, el gobierno aspira a que

simultneamente sea aprobada la Ley de Sostenibilidad Fiscal, que

consagra el buen manejo de las finanzas y la macroeconoma como

principio constitucional y derecho de derechos, lo que quiere decir que

el Estado, los entes territoriales e incluso las mismas Instituciones de

Volver a contenido


35/66

La produccin en cadena,produccin en serie o fabricacin enserie fue un proceso revolucionarioen la produccin industrial cuya

base es la cadena de montaje.


Educacin Superior no pueden generar gasto pblico que conlleve

a dficits f iscales. Ms claro no puede ser: no habr inversin en

educacin superior, as que les corresponde a las IES cotizarse en

el mercado para atraer inversin de capital.

Al establecer una correlacin entre el Plan nacional de

Desarrollo Prosperidad para todos, la Reforma de la Ley 30 y la

Ley de Formalizacin y Primer empleo, encontramos que se trata

de la instauracin de un nuevo rgimen de saber que socava la

funcin formativa de la universidad, uno de cuyos logros y tareasen Amrica latina fue posibilitar a los estudiantes y maestros

relacionarse crticamente con el conocimiento universal y pblico

de la experiencia y de la reflexin de la humanidad a lo largo

de la historia para fortalecer el conocimiento de los estudiantes.

La Universidad es entendida como mediadora crtica de la

utilizacin del conocimiento, es decir, en medio de la tensin

entre reproduccin y cambio social.

N 10, Abril de 2011 Bogot Colombia Neoliberalismo rampante Volver


36/66

Volver a contenido


37/66

Volver


38/66

Palma de cera. Son aprovechadas para laobtencin de cera vegetal, confeccin de

adornos y ramos para la poca de Semana

Santa, llevndolas al borde de la extincin.

_38

los lineamientos de poltica establecidos en el Conpes 3583 de 2009 para

la habilitacin de suelo y generacin de oferta de vivienda3, pues no lo

compromete especficamente con la generacin de Vivienda de Inters Social

(VIS) ni Vivienda de Inters Prioritario (VIP). Haciendo referencia nicamente a

Vivienda se deja abierta la posibilidad de generacin de grandes proyectos

que tengan poco o nada que ver con el propsito de beneficiar a la poblacinde bajos ingresos en los municipios o distritos del pas donde se concentra el

dficit habitacional4.

En segundo lugar, el proyecto contempla otros usos del suelo5 no

necesariamente ligados a la vivienda dentro de los MISN. De esa forma, el

gobierno tendr la facultad de reglamentar la cantidad de suelo que puede ser

destinado al establecimiento de zonas francas o comerciales para incentivar la

inversin privada en el sector, bajo el pretexto que estos usos pueden generar

una mayor rentabilidad comparada con la simple construccin de Viviendade Inters Social. Asimismo, cabra preguntarse si estos otros usos son

compatibles con la vivienda y las condiciones socioambientales y salubres

ptimas para el asentamiento de un gran nmero de familias.

En tercer lugar, la localizacin de los macroproyectos se ubica de manera

preferencial en zonas de expansin urbana o rural que, en otros trminos, se

refiere a la periferia de las grandes o medianas ciudades. De esa manera, se

generan las condiciones para una reconfiguracin del territorio que favorece

la construccin de bolsones de pobreza alejados de los centros urbanos y

cuya implicacin fundamental sera el estmulo a la expansin de las grandes

ciudades agravando los problemas de planeacin ya existentes y provocando la

3 Departamento Nacional de Planeacin- Consejo Nacional de Poltica Econmicay Social. (2009, 28 de Abril) Conpes Nmero 3583 Lineamientos de poltica yconsolidacin de los instrumentos para la habilitacin de suelo y generacin deoferta de vivienda. Bogot, D.C.

4 Ibdem.5 Proyecto de ley 208 de 2010, ob. Cit., artculos 1 y 2.

Volver a contenido


39/66

Volver


40/66

Volver a contenido


41/66

Volver


42/66

_42

Japn: Opcin Cero

Doctor en HistoriaProfesor Universidad

Nacional

RicaRdo Snchez ngel Se calcula que la cifra de muertos puede llegara diez mil y a trece mil la de los desaparecidos,segn lo dicho por las autoridades japonesas, en la reginde Tohoku, Isla de Honshu al Norte, como consecuencia

de un devastador terremoto y posterior tsunami, uno

de los ms gigantescos de la historia del planeta Tierra.

Con cada da que pasa aumenta en forma dramtica el

nmero de muertos.

La escasez de alimentaos y agua algunos

contamiados, la destruccin de viviendas, edificios

pblicos, hospitales, centros de educacin e

infraestructura de todo orden, el colapso en las

comunicaciones, el cese de actividades de parte

significativa de la industria y el circuito econmico,

adems del pnico general y la confusin generada,

forman parte del balance de lo acontecido.

Otros desastres tristemente clebres son los

generados en Chile en 1960, los cuales tuvieron impacto

en Filipinas y Hawai y dejaron cerca de 6 000 muertos; el

de Filipinas en 1976 caus 8 000 muertos; el del Sudeste

Hay lgrimas en los ojos de los peces

Basho, Matsuo*

*Sendas de Oku.

Versin castellana de

Octavio Paz y Eikichi

Hayashiya, Fondo de

Cultura Econmica,2005

Volver a contenido


43/66

Kilimanjaro, Febero 1993 Kilimanjaro, Febero 2000

N 10, Abril de 2010 Bogot, Colombia Capitalismo en crisis

Asitico en el 2004 con 230 000 muertos; el de Indonesia en 2006 con 700

muertos y el de Chile en 2010 con 555 muertos. Hay que incluir el sismo de

Hait en 2010 con ms de trescientos mil muertos. En nuestro pas, en 1979hubo 360 muertos en Nario y estamos conmemorando con tristeza los

25 aos de la destruccin de Armero con ms de 23 000 muertos. Y este

inventario es incompleto.

Las causalidades de estos desastres son de origen natural y estn

articuladas a otras originadas en el aparato econmico del capitalismo.

La interaccin de los modelos y modos de produccin con tecnologas

polucionantes y destructivas altera profundamente el comportamiento y

la historia natural del planeta. El paradigma del dominio de la naturaleza

ha llevado a su adecuacin y transformacin y, simultneamente, a su

expoliacin y destruccin.

En esta interaccin se han construido las sociedades y las civilizaciones,

pero se acentu su aspecto destructivo, cuando el capitalismo instaur su

dominio internacional industrial a comienzos del siglo XIX. Desde entonces

no ha cesado de desarrollar destruyendo.

Lo que era necesario, separarse de la naturaleza para construir cultura y

civilizacin, se volvi destruccin. No oper el sentido virtuoso de una praxis

adecuada a los intereses de la vida planetaria como unidad holstica. La

Volver


44/66

_44

alienacin especfica que implant el capitalismo en lo humano,

frente a la naturaleza, consisti en negarle a la humanidad

su carcter natural, biolgico. Este homocentrismo neg la

jerarqua de la vida natural plena.

James Lovelock propuso la formulacin de Gaia, as la bautiz

el Nbel de literatura Wiliam Golding, la cual se define como

una entidad compleja que comprende la biosfera de la tierra

con su atmsfera, ocanos, suelos, el conjunto que constituye

un sistema de realimentacin o ciberntico que busca unentorno qumico y fsico ptimo para la vida en este planeta.

El mantenimiento de las condiciones relativamente constantes

mediante control activo se describe acertadamente como

homeostasis1.

El archipilago del Japn ofrece una gran fragilidad en la cadena

geolgica y ocenica, sin duda acentuada por los impactos

devastadores de las bombas atmicas sobre Nagashaki e

Hiroschima en 1945, que produjeron centenares de miles de muertos.La militarizacin del Japn por las Fuerzas Armadas de los Estados

Unidos como consecuencia de la derrota de este imperio oriental ha

contribuido a deteriorar an ms el ambiente natural, dado el cambio

de la geografa natural de ensenadas, playas, bahas y ecosistemas

y la polucin concentrada que generan los combustibles txicos

utilizados. Adems, las bases norteamericanas tienen armas

atmicas y nucleares.

Sin duda, que las pruebas nucleares y atmicas que durante

dcadas realiz Francia en el Pacfico tuvo consecuencias

nefastas sobre los equilibrios, afectando la ley bsica de la

unidad holstica.

El capitalismo limpio que se instaur en Japn como modelo

propio no super los efectos sobre la inevitable polucin y

1 Dobson, Andrew. Pensamiento Verde: Una Antologa. Valladolid, Trotta,

1999, p. 295).

El movimiento

a favor de la paz

se fundamenta

en la ms simple

de las premisas:

en la defensa de

la civilizacin,

en la defensa

de la ecosfera,

en el imperativo

ecolgico humano.

(E.P. Thompson)

Volver a contenido


45/66

Oscurecimiento global esun trmino que describe la

reduccin gradual de la cantidadde luz solar observada que

alcanza la superficie terrestredesde los aos cincuenta.

Se piensa que ha sido provocadopor un incremento de partculas

de holln (negro de carbn,carbonilla) en la atmsferadebido a las actividades

humanas, principalmente lacombustin, tanto industrial

como en el transporte.


calentamiento de la atmsfera. Las defensas de infraestructura y de

planeacin antidesastres son eficaces y serias en el Japn, logrando

disminuir, pero no de manera significativa, la tragedia humana.

Se debe analizar como parte de estas dinmicas y causalidades laexplosin en los reactores por el sobrecalentamiento generado y el colapso

en la refrigeracin, con lo que, adems de cuatro heridos, se produjo un

escape radiactivo que oblig a la declaratoria de Alarma Nuclear dada la

situacin de emergencia. Comenz en la planta nuclear de Fukushima y se

extendi a las de Onagawa y Tokai. Hoy existe un verdadero pnico en el

Japn y en los medios de comunicacin sobre las consecuencias dainas de

la expansin radiactiva, que se est extendiendo a otros pases. En la edicin

virtual de El Tiempo (lunes 14 de marzo), se da cuenta de la encrucijada delas autoridades: La poblacin japonesa, jalonada por un sector de la prensa,

es cada vez ms escptica ante los mensajes de su Gobierno, que a veces

son percibidos como contradictorios. Y es que, al tiempo que se insiste en

que la situacin est bajo control, se revelan nuevos datos alarmantes.

Este prrafo no se public en la versin escrita del mismo diario.

Slo hace doce aos, el 30 de septiembre de 1999, en Tokaimura, Japn,

hubo una fuga de Uranio en la central nuclear que dej como resultado dos

obreros muertos y 438 ms contaminados, adems de la evacuacin de

320 000 personas. El otro antecedente es el de 1988 en Chernobyl, Ucrania,

con 200 mil muertos y 93 000 enfermos de cncer, que caus una gran

conmocin mundial y abri un debate en la opinin pblica sobre la validez

de la energa nuclear para fines civiles.

La energa nuclear se utiliza para instalaciones de guerra y sus armas

son devastadoras. Sus plantas y arsenales acompaan la militarizacin de

la escena mundial, pero, por otra parte, tambin ha generado numerosos

movimientos pacifistas de carcter internacional en la historia del siglo XX,

los cuales lograron detener, por ejemplo, el inminente empleo de la bomba

Volver


46/66

Volver a contenido


47/66

Volver


48/66

_48

Libia:Entre el imperialismo

y la autocracia

Investigador Socialindependiente

PedRo Miguel TaPia

El 18 de marzo de 2011, por medio de laResolucin 1973, las Naciones Unidasacuerdan la Zona de Exclusin area y la autorizacinde la intervencin militar, constituyndose la coalicin de

Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Qatar, Espaa

y Canad, con el apoyo de monarcas, jeques, emires

y sultanes mandamases del mundo rabe, y otros

gobiernos lacayos del mundo, como el colombiano. El

supuesto objetivo es frenar el bombardeo de las tropas

de Gadhafi contra la poblacin civil en las regiones

controladas por los rebeldes.

Este ataque es una descarada intervencin

imperialista, que busca asegurar el control geopoltico

y los recursos en petrleo, gas y agua de este pas,

adems de pretender controlar y direccionar los

movimiento de oposicin democrticos del mundo

rabe. Adems de rechazar la agresin de la coalicin

imperialista y la OTAN, es importante apoyar al pueblo

libio en sus demandas de carcter democrtico y en el

cuestionamiento al rgimen de Gadafi.

Volver a contenido


49/66

Volver


50/66

_50

Las transformaciones econmicas y sociales de GadhafiPresidido por Gadhafi, se funda el Consejo de la Revolucin que se

proclama como musulmn, nasserista y socialista. Esto signific el retirde las bases militares de los EEUU y Gran Bretaa de Libia, y el gobiernoasume el control de la produccin de petrleo sin romper totalmente con lascompaas extranjeras.

Gadhafi se propuso un plan de modernizacin haciendo uso de la rentapetrolera: enfatiz la reforma agraria y, como es un pas con el 80% de su territorio

desrtico, abri ms de 1.500 pozos artesianos, transformando tierras estrilesen frtiles y entregndolas a campesinos. A los obreros industriales les concediuna participacin del 25% en las ganancias de las empresas. Se impuls unsistema de previsin social con asistencia mdica gratuita y de estmulos a lasfamilias numerosas y educacin sin costo alguno. Este desarrollo econmico, elmejor de la regin, llev a un producto per cpita de 5 000 dlares anuales, elms alto de frica. Fueron transformaciones en sentido popular revolucionariono vistas antes en la regin.

En 1973 public el Libro Verde que ordena crear Comits Populares y elCongreso General del Pueblo en la orientacin de la llamada democracia directa,sin intermediarios entre el Estado y el pueblo, lo que signific la abolicin yprohibicin de los partidos polticos y las organizaciones sociales, proclamandoel tercer camino: ni capitalismo ni marxismo. En 1977, Libia pas llamarse allamarse Yamahiriya Libia rabe Popular Socialista de masas.

Gadhafi se opuso a la alianza entre Israel y Egipto, lo que lo enfrent a lossauditas, Los Emiratos y al rey de Marruecos. En la OPEP defendi preciosjustos para el petrleo y se opuso a las maniobras de los monopolios petrolerosimperialistas. Debido a esta posicin, el Presidente de los EEUU, Reagan,impuls una campaa contra Libia, calificando a Gadhafi de financiador delterrorismo internacional, justificando el incremento de ayuda militar a Egipto,Sudn, Marruecos, Tnez, los regmenes del Golfo y a Israel.

Libia vira, entonces, en sus relaciones polticas y diplomticas hacia laURSS, el frica subsahariana y Amrica Latina. Son los momentos de apoyoa movimientos revolucionarios de varios pases, como al Frente Polisario delSaharaui, los de Medio Oriente y guerrillas de Amrica Latina. Los Estados

Unidos bombardean Trpoli y Beghasi en 1986 como represalia. La repuesta

Volver a contenido


51/66


de Libia fue apoyar ataques a aviones comerciales con saldode numerosas vctimas. La ONU respondi con un prolongadoembargo comercial y de armas.

Los giros politico-ideologicos de GadhafiCon la cada del bloque sovitico, Gadhafi mantiene acuerdos

con el nuevo gobierno ruso e inicia pactos polticos, econmicosy financieros con el FMI, el Banco Mundial, la UE, China y los

EEUU; con Egipto firm un acuerdo para controlar los palestinosen la franja de Gaza. La ONU, por su parte, levanta el embargoen 2004 a cambio de los siguientes compromisos:

Resarcir a los familiares de las vctimas de los atentados deLockerbie (Escocia), entregando 1 500 millones de dlares.

Participar en la guerra contra el terrorismo iniciada luego delos atentados de 2001. En 2008 se restablecen las relacionesexteriores con varios pases, como los EEUU, quienes lo sacan de

la lista de pases auxiliadores del terrorismo. Gadhafi reconocila ejecucin de 1 200 presos polticos comunistas e islamistasen la crcel de Abu Salim en 1996, esto a cambio de contratos deinversin con chinos y europeos. Al Reino Unido entrega listascon los republicanos irlandeses entrenados en Libia, a los EEUUentrega listas de activistas de la Yihad orientados por Alqaeda.

Gadhafi acepta ser el gendarme del lado sur del Mediterrneopara reprimir a los migrantes que toman a Libia como pas detrnsito hacia Europa a cambio de la indemnizacin de 5 milmillones de dlares que Berlusconi le entreg por los aos derepresin de Italia sobre el pueblo libio.

En 2009, Gadhafi firma con los Estados Unidos un acuerdomilitar con el Comando Conjunto de Africom, que busca, juntoa Francia y Alemania, el control de los recursos de frica. Todasestas medidas llevaron a que los Estados Unidos con la Exxone Italia con la ENI entraran a competir en la carrera por loscontratos petroleros con los ya existentes de Alemania, Francia

(Total), Inglaterra (BP y Shell), Espaa (Repsol), Rusia (Rusia

Libia es unaregin clave paralas potenciasimperialistaspor su ubicacingeoestratgica,pues tienelmites al oriente

con Egipto y aloccidente conTnez, buen lugarpara avanzar unacontrarrevolucinen el mundo rabe.Libia es tambinimportante por

sus recursos enpetrleo, gas yagua. Es el cuartoproductor depetrleo en frica

Volver


52/66

_52

Petroleum) y la Oil OM de Austria: una verdadera feria

de los recursos del pueblo libio. Se disputan 43 000 mil

millones de barriles de reservas probadas y un milln de

barriles de produccin diaria y 1 540 billones de metros

cbicos de gas. Adems son estratgicos los abundantes

recursos hdricos en el subsuelo libio. Tambin existe la

Asociacin Comercial EEUU-Libia compuesta, entre

otras, por las empresas Halliburton, Shell, Raytheon, Dow

Chemical, y Chevron.

Agudizacin de las contradicciones internasEn este contexto, Gadhafi realiz las restructuraciones

impuestas por el FMI y el Banco Mundial, tales como

privatizaciones, reducciones del tamao del Estado,

recortes de derechos econmicos, elevacin de los precios

de los alimentos y combustibles, dando lugar a una tasa

de desempleo del 25% de la poblacin econmicamenteactiva, una inflacin del 20% que afect el crecimiento

del PIB y a la represin contra los opositores de Hamas,

islamistas, comunistas, etc.

En este proceso se agudizaron las contradicciones con las

tribus ms poderosas en relacin con el control de los recursos

y el poder en manos de una familia. En Libia, la estructura del

Estado est organizada sobre las tribus y los clanes, algo as

como un Estado burocrtico-tribal. Segn se dice, Gadhafi

considera las tribus del oriente de la regin de Cirenaica como

feudos del islamismo salafista, mientras que las tribus de la

regin de Tripolitania son apoyadas por Gadhafi. Son tribus

econmicamente muy poderosas, que mantienen lazos con

los imperialistas y los gobiernos de la regin.

Por lo tanto, se presentan varios factores en la rebelin

libia: luchas en el seno del gobierno por la relacin con los

imperialistas, luchas intertribales, pugnas entre las diferentes

potencias imperialistas por repartirse el pas, luchas en el

Se presentan varios

factores en la rebelin

libia: luchas en el

seno del gobierno por

la relacin con los

imperialistas, luchas

intertribales, pugnas

entre las diferentes

potencias imperialistas

por repartirse el pas,

luchas en el ejrcito

entre las facciones que

corresponden a las

tribus y luchas de las

masas libias contra

el rgimen autoritario

y autocrtico dela familia Gadhafi

y contra los

imperialistas.

Volver a contenido


53/66

Volver


54/66

_54

Doctor en Economa dela UFRJ Universidad

Federal de Ro de Janeiro,profesor de la Facultad

de Economa de la UFF Universidad FederalFluminense, miembrodel Grupo de Trabajo

CLACSO Economamundial, economas

nacionales y crisiscapitalista e investigador

del PNPD IPEA.

Marcelo Dias

carcanholo

El nuevo gobierno en Brasily el legado de Lula.La continuidad de la poltica

econmica ortodoxa

E

l gobierno de Lula (2003 2010) naliz con una

aprobacin del 80 por ciento, hecho que, incluso, ayuda

a explicar la victoria de la candidata ocial Dilma Roussefen las elecciones presidenciales del ao pasado. La economa

brasilea creci 7,5 por ciento en 2010, aanzando con eso la

conviccin de que el gobierno Lula habra representado un avance

frente a la hegemona neoliberal que azota nuestra regin desde

los aos de 1990. Sin embargo, esto es slo una apariencia.

Lula no rompi con la estrategia neoliberal de desarrollo.

Al contrario, se mantuvo en la defensa de la estabilizacin

econmica (control inacionario y ahorro en las cuentas pblicas

para el pago de intereses al capital nanciero) y de las reformas

estructurales a favor del mercado como camino para retomar

el desarrollo. Sobre esa base, se dio continuidad a la gestin

convencional de la poltica econmica y a la lgica mercantil de

sociabilidad para garantizar el sostenimiento del bloque de poder

hegemnico.

Esa estrategia de desarrollo no slo se mantuvo sino que

agudiz los factores que habran de aumentar la vulnerabilidad

externa estructural de la economa brasilea. Los problemas no

Volver a contenido


55/66

Volver


56/66

_56

Comenzando por lo menos polmico, la sobrevaluacin del tipo de cambio en

Brasil reeja el aumento de la oferta de dlares en el mercado mundial, en gran parte,

como resultado de la respuesta de Estados Unidos a la crisis. Esa respuesta anticclica

de la economa estadounidense, que eleva la reserva de su moneda en los mercados

internacionales, implica la desvalorizacin del dlar en todos esos mercados, inclusive

en Brasil. Adems, la poltica monetaria brasilea, debido a su tendencia ortodoxa, ha

venido implementando medidas de restriccin de la oferta monetaria. La combinacin de

la poltica monetaria restrictiva de Brasil, con la de carcter ms expansivo de la autoridad

monetaria estadounidense, nos permite entender la escasez relativa de la moneda localfrente al dlar en el mercado de cambio brasileo. Pero no se trata slo de eso.

Hay un exceso de dlares en los mercados internacionales, hecho que presiona la

sobrevaluacin de la tasa de cambio frente a otras monedas. Sin embargo, es de anotar

que la actual sobrevaluacin del mercado de cambio brasileo est entre las mayores de

la economa mundial y eso se debe la fuerte entrada de dlares en la economa de Brasil.

Adems de las divisas que entran por el comercio de bienes y servicios, se encuentra

el hecho que ese ingreso est marcadamente determinado por un ujo de capitales

que registra una tendencia a la entrada lquida cuando existe una expectativa de mayorsobrevaluacin de la tasa de cambio en el futuro y/o cuando se eleva la diferencia entre la

tasa local de intereses y las tasas internacionales.

Cuando se espera que la tasa de cambio contine sobrevalundose, signica

que la misma cantidad de moneda local al cambio de hoy, equivaldr a un mayor valor

en dlares en el futuro. De esa manera, la mera expectativa de valorizacin en el futuro

conlleva al ingreso de una cantidad de recursos (en dlares) en esa economa con la nica

intencin de apropiarse de la diferencia cambiaria en el futuro, cosa que puede incluso

sancionar, en el presente, aquella valorizacin que era esperada. Por otra parte, cuando

la diferencia entre la tasa local de intereses frente a las tasas internacionales se eleva,

la rentabilidad de los activos denominados en moneda local crece en comparacin con

los otros, determinando la compra de los primeros (entrada de recursos) y forzando la

valorizacin de la moneda local. Lo que se debe explicar aqu es el porqu del crecimiento

de la diferencia entre las tasas de inters locales e internacionales. Probablemente resida en

esta explicacin el centro de la controversia actual sobre la poltica econmica brasilea.

La respuesta convencional que ha caracterizado a la poltica econmica brasilea

desde ya hace un tiempo, arma que las tasas de inters en Brasil son altas bsicamente

por dos razones. En primer lugar, las tasas de inters nominal seran altas porque las

Volver a contenido


57/66

N 10, Abril de 2010 Bogot, Colombia Nuestra Amrica

expectativas inacionarias tambin lo son. De esa forma, dado el compromiso

del Banco Central con el rgimen de metas inacionarias, el aumento de las

tasas bsicas de inters buscara contener la presin de la demanda sobre la

inacin. En segundo lugar, y este sera el factor determinante inclusive de los

choques inacionarios, la persistencia de los dcit pblicos y el crecimiento

de la deuda pblica exigen mayores tasas reales de inters para su puesta en

vigencia en el mercado de ttulos pblicos. Mientras no se resuelva el problema

de la deuda pblica, las tasas de inters locales no podrn bajar. En funcin de

ese raciocinio, el pensamiento econmico convencional subordina la reduccinde tasas de inters a la disminucin de la reserva de la deuda pblica con

relacin al PIB, cosa que slo podra obtenerse por medio de medidas de ajuste

scal que produjeran supervit primarios consistentes. Se trata de la vieja y

convencional receta de reduccin del gasto pblico. El nuevo gobierno, en una

tentativa de responder a los resultados negativos que ya se presentan, anunci,

recientemente, un corte en el gasto pblico de cerca 50 mil millones de reales.

Slo para que se tenga una idea del tamao del ajuste scal, el total gastado en

el famoso Bolsa Familia1

durante todo el gobierno Lula lleg a 60 mil millonesde reales. Es como si 83 por ciento del principal programa social del gobierno

Lula se eliminara en tan slo un ao.

Lo que el pensamiento tradicional omite es que la reduccin del gasto

pblico puede obtenerse tanto por la reduccin del gasto no nanciero, como

por el ajuste del gasto nanciero. Esta ltima variable no es tratada, porque

pondra en evidencia otro sentido en la relacin entre deuda pblica y tasas de

inters, as como entre los sectores que se benecian de ese modelo econmico.

El aumento de las tasas de inters implica directamente un pago mayor

del servicio de esa deuda y, por lo tanto, un aumento de los gastos nancieros.

De esa manera, el tratamiento ortodoxo, cuando relaciona las altas tasas de

inters a una baja credibilidad proveniente del peso elevado de la deuda pblica,

1 Creado por el Gobierno Lula en 2003, el Programa Bolsa Famlia (Beca Familia)consisti en un proceso de entrega de recursos econmicos a familias de bajarenta (con ingresos per cpita de entre 70 y 140 reales o inferior a 70 reales) acambio de que mantengan a sus hijos en la escuela y con sus vacunas al da (N.

de T.).

Volver


58/66

_58

invierte la relacin ms obvia, segn la cual, la deuda pblica crece debido al

aumento de las tasas de inters. Cuanto mayores sean estas ltimas, mayor

ser el gasto nanciero y, por lo tanto, la necesidad de emisin de nuevos

ttulos. Las tasas de inters inuyen, de esta forma, directamente en el servicioe indirectamente en la reserva de la deuda pblica.

Al contrario del pensamiento convencional, los saldos primarios se

hacen necesarios, no directamente, debido a la credibilidad requerida por

los inversionistas que, en caso contrario, exigiran mayores tasas de inters.

El supervit primario es, por lo tanto, la restriccin de la poltica scal como

instrumento de poltica econmica; es necesario porque las tasas de inters

(crecimiento del gasto nanciero) superan la tasa de crecimiento de la economa

y, por lo tanto, aumentan el gasto nanciero del Estado, exigiendo un esfuerzoscal en el lado no-nanciero (educacin, salud, bienestar social). Como el

tratamiento ortodoxo de la cuestin toma el gasto nanciero como un dato,

incluso para garantizar la creciente remuneracin de la oligarqua nanciera,

esta obvia relacin, en el mejor de los casos, acaba por ser omitida.

Al observar tanto el tono terico-ideolgico del equipo econmico

del gobierno de Lula, como sus prcticas efectivas, y las seales dadas por el

nuevo gobierno, se concluye con facilidad que la terapia sigui y continuar

siendo el libreto convencional. Por un lado, la autoridad monetaria ya seal

la reduccin de la inacin-meta, que obviamente se habra obtenido con ms

ajuste monetario y el aumento de los intereses locales. Ya en 2011, las tasas

bsicas de inters fueron aumentadas alcanzando el 11,75 por ciento anual en

marzo y la expectativa es de mayores alzas a lo largo del ao.

La justicacin del gobierno para el ajuste scal y monetario es que

eso desacelerara la economa y contribuira a la estabilizacin macroeconmica

permitiendo no slo el control inacionario sino tambin la correccin de los

desequilibrios externos.

Volver a contenido


59/66

Volver


60/66

_60

Profesor de la Universidadde la Repblica, Uruguay

Miembro de la Red deEconomistas de Izquierda

antonio elas

Incentivos al capitalextranjero y justiciasocial en Uruguay

El presidente de Uruguay, Jos Mujica, el vicepresidente

Danilo Astori y el ministro de Economa, Fernando Lorenzo

rearmaron en das pasados, cada uno a su manera, que

las reglas de juego favorables a los inversores se mantienen en

todos sus trminos y que las exenciones tributarias al gran capital,

particularmente extranjero y transnacional, continuarn.

El presidente Mujica sostuvo: Si sacricamos la inversinahora en algn punto por atender la equidad, temo que despus

no podamos mantenerlo y entonces perderemos ms equidad.

Dilema que no existe y argumento insostenible en la medida que el

incremento sustancial de la inversin extranjera no ha redundado

ni redundar en mayores niveles de equidad.

En 2009, el 10 por ciento ms rico de la poblacin dispona del

31,9 por ciento del ingreso total; el 10 por ciento ms pobre slo

acceda al 2.2 por ciento. El ingreso sumado de los seis primeros

deciles apenas alcanz el 30,8 por ciento. Debe aclararse, adems,

que el ingreso dentro de cada decil no se distribuye de forma

homognea, lo que implica, seguramente, que el uno por ciento

ms rico haya recibido ms del 12 por ciento del ingreso.

La desigualdad en la redistribucin del ingreso se reeja

directamente en los indicadores de pobreza ms dolorosos: la

pobreza infantil. El 37,8 por ciento de los nios menores de seis

aos son pobres; la cifra sube fuertemente en Montevideo al

alcanzar 44,1 por ciento. La situacin de pobreza de los nios de

Volver a contenido


61/66

Volver


62/66

_62

en zonas francas (por 3.730 millones de pesos) y las que reciben los benecios de la

promocin de inversiones (con 3.007 millones). Por su parte, por el impuesto al patrimonio

se dejan de cobrar 7.972 millones de pesos. Tngase en cuenta, adems, que ya las tasas

de este impuesto son bajsimas y pretenden que desaparezca, lo cual no se compadece

con la consigna que pague ms el que tiene ms. Estos datos no incluyen la informacin

sobre las exenciones del Impuesto de Primaria que benecia al sector rural, dado que lo

recauda primaria y no la DGI.

Las exenciones que recibe el capital en los impuestos directos son mayores que el ingreso

que recibe el diez por ciento ms pobre de la poblacin (2,2 por ciento del producto). Conel subsidio a las grandes empresas se podra duplicar el ingreso de aproximadamente 400

mil personas2. En atencin a estos datos parece muy difcil sostener, como se arma desde

sectores gubernamentales, que quienes reclaman cambios econmicos son inmediatistas

y oportunistas.

En el segundo gobierno del Frente Amplio la piedra angular de la propuesta de

desarrollo econmico sigue siendo atraer inversores extranjeros. El modelo que

impulsa es conocido; es el mismo que aplicaron blancos y colorados. Sus fundamentos

son elementales. Se asume como premisa que el crecimiento de un pas depende de lasinversiones (argumento indiscutible, aunque debera precisarse el tipo, calidad y objetivo de

las mismas) y se arma que los inversores vendrn al pas si se cumplen ciertas condiciones

imprescindibles: estabilidad macroeconmica, cumplimiento estricto de las reglas de

juego, aval del Fondo Monetario Internacional y generosas exenciones tributarias.

La idea fuerza central que ordena la consistencia y coherencia interna del equipo

econmico del gobierno es tan simple al igual que cualquier reduccin de problemas

complejos a una sola variable, que se expresa en la consigna: No se har nada que pueda

afectar la credibilidad del pas ante el capital extranjero! En funcin de ello se asumen

los siguientes mandamientos: cumplirs los contratos; no tocars las administradoras

de ahorro previsional (AFAP); asociars al estado con el capital privado; eliminars o

reducirs al mnimo los monopolios pblicos; honrars la deuda externa y ahora se agrega:

privatizars los Ferrocarriles de Uruguay (AFE).

2 Para ampliar ver La torta y las migajas, Red de Economistas de Izquierda del Uruguay,

Ediciones Trilce, 2010.

Volver a contenido


63/66

N 10, Abril de 2010 Bogot, Colombia Nuestra Amrica

La apertura indiscriminada de la economa y los subsidios otorgados se reejan en el

cuadro siguiente.

Inversin Extranjera Directa en Uruguay (En millones de dlares)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

235 273 297 194 416 332 847 1.493 1.329 1.841 1.139

Fuente: Cepal, La inversin extranjera directa en Amrica Latina y el Caribe 2009, Santiago de Chile, Mayo/2010

La inversin extranjera directa se concentra en los sectores industriales intensivos en el usode recursos naturales, en particular la elaboracin de pasta de celulosa, la industria alimenticia,

particularmente en el sector crnico - con un importante ingreso por compra de frigorcos y

arrocero. La venta de tierras, el proceso sojero y la minera a cielo abierto son mojones del proceso

de extranjerizacin que genera cambios estructurales de enorme signicacin. Aumenta la

dependencia y vulnerabilidad de la economa uruguaya, entre otros aspectos, por el retraso relativo

en rubros decisivos para una insercin dinmica y competitiva en el mercado mundial, tales como la

incorporacin del conocimiento cientco tecnolgico y el desarrollo industrial.

Las exenciones tributarias controlan una parte signicativa del ahorro generadolocalmente; lo que hagan con sus utilidades tendr un impacto signicativo en las futuras

tasas de crecimiento de la economa nacional y en las caractersticas del modelo productivo.

Hasta ahora el gobierno no ha denido ninguna norma para controlar y regular el uso de los

benecios obtenidos por las empresas transnacionales.

La creciente presencia de empresas transnacionales - protegidas muchas de ellas por

acuerdos bilaterales de proteccin recproca de inversiones - implica un incremento histrico,

sin precedentes, en la capacidad del capital para impedir y/o eludir regulaciones del Estado,

cuya magnitud e implicancias deben ser analizadas en profundidad.

Este proceso y las recientes declaraciones que lo rearman, demuestran, una vez ms,

que la derrota electoral de los partidos polticos tradicionales no implic una capitulacin

ideolgica de la ortodoxia econmica y del pensamiento nico. Habra que preguntarse: Si

otros pases captan inversin extranjera poniendo condiciones mucho ms severas, por qu no

se puede intentar lo mismo en Uruguay? Quin y cmo demostr que son imprescindibles

estas exenciones tributarias para captar inversiones extranjeras?

Volver


64/66

_64

Un Estado canalla muysanto

Jorge gantivaSilva

Adiferencia de quienes simulan una paz nacional, un nuevo estilo y un nuevoambientepor parte del gobierno del presidente Santos, hoy el pas no parecerecuperarse de la horrible nochea la que ha sido sometida por la violencia y la corrupcin.

Ms all de la maquinacin santista, el desangre entre los colombianos contina; la ltracin

y el control de las maas, de la parapoltica y de los carteles de la corrupcin convierten a

Colombia en un estado canallaque ha socavado profundamente el ya precario Estado social

de derecho, y sigue postergando la posibilidad del bienestar y la prosperidad, el respetode los derechos fundamentales y la dignidad de los colombianos. Al Estado colombiano

no le fueron sucientes sus victorias militares; sino que ahora se empea en completar

su estrategia eliminando derechos, conquistas sociales, territorios ancestrales, privatizando

el agua, los recursos naturales, la educacin pblica; acompaada de una nueva ola de

violencia contra comunidades, lderes sociales, jueces, periodistas, defensores de derechos

humanos, vctimas de los crmenes de estado. Este ambiente santistano deja de sorprender

al mundo democrtico, pese a la santurronera angelical de querer pasargato por liebre

con la simulacin de la conciliaciny el consenso nacional.

Este mes que acaba de terminar ha sido particularmente tenebroso. El asesinato dela jueza en Saravena, Gloria Gaona, es un crimen que avergenza a Colombia ante el

mundo; el asesinato y la violacin de nias y nios; la desaparicin de varios lderes sociales,

la eliminacin fsica de dirigentes de las Comunidades de Paz, la muerte de campesinos

que reclamaban la devolucin de sus tierras, el ataque sistemtico al movimiento de las

vctimas de los crmenes de Estado, son manifestaciones reales y concretas del estado de

excepcin permanenteen el cual vive Colombia. El pas sigue ocupando el nada honroso

primer lugar del mundo por el desplazamiento forzado, que supera la cifra de 5.000.000; el

asesinato, las amenazas y el destierro de sindicalistas alcanza tambin la cima del ranking

mundial. El informe de la Fiscala General de la Nacin reporta que en los ltimos lustros se

registraron unos173.000 asesinatos por parte de fuerzas (para)militares. La ONU acaba de

sealar el incremento de las masacres cometidas por grupos criminales, comprobndose la

participacin de miembros de las fuerzas armadas del Estado que pasaron de 27 en 2009

a 38 en 2010. En las dos dcadas de la Constitucin de 1991, la cifra de desaparecidos

sobrepasa los 250.000. A la fecha se han encontrado unas 300 fosas con restos de personas

asesinadas por paramilitares y fuerzas armadas; la situacin de violacin de los derechos

humanos y la cantidad de presos polticos en Colombia que alcanzan los 7.500, evidencian

el carcter demofascista de la democracia colombiana.

Volver a contenido


65/66

Volver


66/66

Revista Izquierda No. 10. Abril de 2011

Documents

Transcript of Revista Izquierda No. 10. Abril de 2011