Análisis del Ejercicio 2010 Informe Completo

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVAEN LAS MEMORIAS ANUALES

DE LAS EMPRESAS DEL IBEX 35

Anlisis del Ejercicio 2010

Informe Completo

OCTAVA EDICIN

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El presente estudio ha sido elaborado por el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (www.observatoriorsc.org) bajo la direccin tcnica de Sustentia (www.sustentia.com).

El Observatorio de RSC fue creado en 2003 de la mano de varias organizaciones que ya trabajaban de forma independiente en el estudio e impulso de la RSC. En la actualidad el Observatorio est compuesto por Economistas Sin Fronteras, Intermn Oxfam, Critas, Ingeniera Sin Fronteras, CECU, Fundacin Luis Vives, SETEM, IPADE, Equipo Nizkor, el sindicato CCOO, Hispacoop, Greenpeace, Cruz Roja, Entreculturas y la Federacin de Mujeres Progresistas, Fundacin CEAR. Desde su nacimiento, el Observatorio ha publicado diversos informes y celebrado numerosos encuentros, adems de posicionarse en redes internacionales de RSC como Red Puentes y la European Coalition for Corporate Justice.

El equipo de trabajo que ha participado en el estudio est formado por:

Coordinador del OBRSC: Orencio Vzquez

Director del Estudio: Carlos Cordero Sanz

Equipo de Anlisis: Juanjo Cordero- Coord. Tcnica y Anlisis Mar Carneiro - Coord. Tcnica y Anlisis Estela Daz Anlisis Javier Colino Anlisis Mnica Garca - Anlisis Paloma Lemonche Anlisis Diana Gmez Anlisis Roberto Bernad Anlisis Marta Pulgar Anlisis M Angeles Palmi - Anlisis Sara Horno Anlisis Victor Saiz - Anlisis Pepe Oroz Anlisis Orencio Vzquez - Anlisis Jos ngel Jimnez Anlisis Juan Diego Paredes - Anlisis Jordi Jofr Anlisis Ana Illescas - Anlisis Nuria Casaldliga - Anlisis

Se quiere mostrar gratitud al Ministerio de Trabajo e Inmigracin por la ayuda proporcionada para la elaboracin del estudio.

Queremos dar las gracias a Maplecroft por la cesin de los mapas incluidos en el informe.

Por ltimo, queremos dar las gracias a las personas y departamentos de aquellas empresas que han ampliado y facilitado el acceso a la informacin necesaria para la realizacin del estudio. Queremos reconocer especialmente la retroalimentacin realizada por ARCELOR, ACS, BANCO SABADELL, BBVA, CRITERIA, EBRO FOODS, ENAGS, FCC, GRIFOLS, IBERDROLA, INDITEX, OHL, RED ELCTRICA CORPORACIN, REPSOL, BANCO SANTANDER, SACYR VALLEHERMOSO, TELE 5 y TELEFNICA.

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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVAEN LAS MEMORIAS ANUALES

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NDICE

1. INTRODUCCIN 5

Introduccin 6Editorial 16

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO Y METODOLOGA DEL ANLISIS 232.1. Objetivo 242.2. Metodologa 25 2.2.1 Alcance del estudio 25

2.2.2 Fases del estudio 25

2.2.3 Herramientas del anlisis 33

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO 453.1. Resultados generales 463.2. Resultados por eje de Anlisis 54 3.2.1. Conclusiones del eje de Contenidos 55

3.2.2. Conclusiones del eje de Sistemas de Gestin 100

3.2.3. Conclusiones del eje de Gobierno Corporativo 123

3.3. Resultados por empresa 138 3.3.1. Empresas del sector Bienes de Consumo 139

3.3.2. Empresas del sector Materiales Bsicos, Industria y Construccin 199

3.3.3. Empresas del sector Petrleo y Energa 337

3.3.4. Empresas del sector Servicios Financieros e Inmobiliarias 470

3.3.5. Empresas del sector Servicios Tecnologa y Comunicaciones 621

3.3.6. Empresas del sector Servicios de Consumo 659

ANEXO I. BIBLIOGRAFA 706ANEXO II. RELACIN DE EMPRESAS INCLUIDAS EN EL ALCANCE DEL ESTUDIO,

Y SUS CORRESPONDIENTES PGINAS WEB CORPORATIVAS 709

I. Introduccin

La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35

Anlisis 2010 - Informe Completo6

Por octavo ao consecutivo1, desde el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (www.ob-servatoriorsc.org) se presenta el estudio La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, en un esfuerzo por seguir apoyando los avances en el desarrollo de la Responsabili-dad Social Corporativa (RSC) mediante una visin crtica desde la sociedad. Este informe nace en el cuarto ao de una profunda crisis del sistema que, como se haba avanzado en informes anteriores, ha superado los mbitos puramente financieros, econmicos, laborales y sociales, para entrar y atacar directamente a su marco de gobernabilidad.

Sin duda esta situacin pone de relieve que se trata de una crisis sistmica, pues parte de fallos del sistema (ineficacias, injusticias e irracionalidades) y, por otra parte, est atacando a su sostenibilidad, eficacia y legi-timidad. Despus de aos de degradacin, la cuestin en este momento no debe centrarse en qu se puede hacer para mejorar el sistema actual (econmico y de gobierno), sino en qu se debe hacer para que ste vuelva a ser eficaz, justo y sostenible, y as lo reconozca la ciudadana. En definitiva, el dilema actual cuestiona qu se debe hacer para asegurar la sostenibilidad del propio sistema, y esto pasa por actuar con determina-cin y contundencia sobre las causas de la crisis. Esto no significa nicamente tratar de mitigar los efectos de la crisis -cuestin imprescindible por otro lado-, ni mucho menos aprovechar el pnico y desorientacin que sta provoca en los distintos actores de la sociedad con el fin de insistir, generalizar y profundizar en las recetas econmicas y polticas que la originaron.

Como ya se apuntaba en el informe del ao anterior, se ha producido un cuestionamiento profundo so-cial tanto de la mentalidad de gestin empresarial, como de las polticas pblicas que con su complicidad, o incompetencia, han generado o permitido esta situacin tan grave de crisis. Este cuestionamiento ha pasado de una situacin de sorpresa y depresin a un escepticismo e indignacin que en algunos casos se ha mani-festado como conflicto y cuestionamiento grave del propio sistema. En este sentido, como ya se indic hace un ao, es llamativo el contexto de peligroso desapego progresivo existente desde la ciudadana hacia las instituciones y sistemas (econmico y de gobernabilidad).

Esta brecha entre las personas y las instituciones, o entre la ciudadana y el sistema, ha provocado en algu-nos casos situaciones de ruptura grave de confianza y que ponen en cuestin la legitimizacin social -que no legal- del propio sistema. Expresiones de la ciudadana global como son el 15-M, Occupy Wall Street, el 15-O, las revueltas de ciudadanos griegos, la Primavera rabe, las movilizaciones de trabajadores y estudiantes de Francia, de estudiantes de Reino Unido y muchas otras, muestran sentimientos de desengao, escepticismo, frustracin y decepcin ante la evolucin de los acontecimientos, y ponen en cuestin la eficacia del sistema actual, mercado y de gobierno, en resolver las causas de las distintas crisis. Esta sensacin de desconfianza, la poca expectativa de mejora, los incumplimientos constantes sobre medidas, la ineficacia de stas para atajar las causas de las crisis y la impunidad de sus responsables han ampliado la brecha entre el discurso institucional y la percepcin social en este ltimo ao.

Una vez inmersos en una crisis profunda y dolorosa, y ante la desorientacin compulsiva en las acciones

de los gobiernos y las empresas, es urgente demostrar que el marco de actuacin basado en la economa de mercado y la democracia representativa es capaz de dar soluciones a las causas y efectos de las crisis actua-

1 Tanto esta introduccin como la editorial son opinin y valoraciones de Carlos Cordero Sanz, Director del estu-dio. Madrid 2011

Introduccin

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Introduccin

Anlisis 2010 - Informe Completo 7

les, de forma eficaz, justa y sostenible. Esta tarea debe llevarse a cabo mediante acciones decididas desde los actores que conforman las sociedades pero, en especial, con el liderazgo de los gobiernos. El dilema actual es crucial, y no se basa slo en cmo solventar los fallos del sistema, sino en demostrar si el sistema actual, revisado y reformado, es vlido para afrontar la solucin de las causas y efectos de la crisis actual, o no.

En el caso de asumir que el sistema actual es vlido y puede ser eficaz para solventar la crisis y sus causas, como ya se ha insistido en aos anteriores, es necesario revisarlo profundamente para hacerlo ms eficaz, justo, inclusivo, abierto y sostenible.

Para ello, dos valores claves y transversales son la transparencia y la coherencia. Hoy da la transparencia como valor se reivindica no slo desde informes como ste sino tambin desde otros actores de nuestras sociedades. Si bien en el discurso, pblico y privado, se aboga desde hace aos por una mayor transparencia, esta siempre se ha dejado al albur de la propia voluntad de los actores. Slo ltimamente se ha constatado que la opacidad, o ausencia de transparencia, ha sido caldo de cultivo de comportamientos ilegtimos, irres-ponsables e ilegales de algunos agentes empresariales e institucionales. Esto debe llevar a la sociedad, pero en especial a administraciones pblicas y supervisores, a recapacitar sobre la necesidad de reforzar, repensar o reformular los sistemas para resolver el dficit de confianza de la ciudadana, que puede poner en riesgo el marco actual de relacin. Una mayor eficacia de los sistemas de transparencia redundar en una informacin accesible, oportuna y til para la toma de decisiones de los actores econmicos o sociales, en el ejercicio de sus derechos y aprovechamiento de sus oportunidades.

En este ao, como viene siendo frecuente en foros pblicos y privados, hemos sido testigos de diferentes iniciativas relacionadas con la RSC en nuestro pas. No obstante quizs lo ms destacable no han sido dichas iniciativas, sino observar cmo los debates y dilemas que se dan bajo el concepto de la Responsabilidad Social, han salido de dichos foros marginales para pasar a ocupar un espacio relevante, en Espaa y el mun-do. As, se han registrado reivindicaciones en los nuevos movimientos de ciudadana indignada, discursos de lderes polticos, econmicos y sociales, titulares y editoriales de prensa, debates en medios, discursos entre reconocidos pensadores, economistas y acadmicos globales, entre otros.

En este sentido se puede decir que el debate que desde hace ms de diez aos se ha desarrollado sobre la responsabilidad de la empresa y sus impactos en la sociedad, finalmente ha madurado y ha florecido en este ao 2011, al transferir parte de los aspectos de debate a la sociedad en general. Puede que debido a la profundidad de la crisis que sufre nuestro sistema, y la necesidad de entender las causas de la misma, ha hecho que otros actores tradicionales de la sociedad hayan acudido y dado valor a este y otros conceptos: la responsabilidad fiscal, como requisito para la equidad y sostenibilidad fiscal, ha entrado en los debates sobre cmo afrontar la crisis actual.

Esto ha llevado a que trminos como parasos fiscales o elusin fiscal se desmitificaran, as como el que la publicacin de la presencia de nuestras empresas en ellos dejara de ser un tab. Aspectos relaciona-dos con los modelos de buen gobierno de las empresas, as como el del papel eficaz de los supervisores, se han destacado por su ausencia en el costoso y dramtico proceso de reforma del sector financiero espaol, que en definitiva ha liquidado el modelo de cajas de ahorros, tan vertebrador de Espaa en el ltimo siglo y medio. Pero tambin ha servido para que la sociedad entienda el endogmico y tradicional sistema de apro-bacin de retribuciones de los consejos de las grandes empresas cotizadas, donde los legtimos propietarios, los accionistas, no tienen el derecho de votar y aprobar los salarios o blindajes de los ejecutivos a los que pagan.

Esta prctica genera riesgos muy altos por conflictos de intereses entre los beneficiarios y la empresa. Te-mas como las clusulas abusivas en los contratos hipotecarios, la indefensin de la ciudadana cuando ejerce de consumidor o la existencia de bonus millonarios de directivos a la par que de expedientes de regulacin de empleo (ERE) o ayudas pblicas millonarias, han colocado la Responsabilidad Social en la agenda y en el debate tanto de lderes de opinin como de la ciudadana. Generalizar socialmente el debate de la Respon-sabilidad Social, sacndolo del discurso endogmico y meramente acadmico que haba prevalecido hasta ahora en los distintos foros temticos, ha dado sentido y realidad al esfuerzo de estos ltimos diez aos.



No obstante, como en anteriores ejercicios el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) ha seguido actuando, sus cinco grupos de trabajo se han seguido reuniendo y se han conseguido algunos documentos como resultado. En mayo de 2011, el Pleno del Consejo aprob cinco documentos: El papel de la RSE ante la crisis econmica: su contribucin al nuevo modelo productivo, la competitividad y el desarrollo sostenible, Transparencia, comunicacin y estndares de los informes y memorias de sostenibi-lidad, Consumo e Inversin Socialmente Responsable, RSE y la Educacin y Gestin de la Diversidad, Cohesin Social y Cooperacin al Desarrollo.

As mismo se acord crear tres nuevos grupos de trabajo para avanzar en la Ley de Economa Sostenible. Entre estos destacaremos, por su relacin con este estudio, el enfocado en la definicin de una propuesta para la Transparencia de las empresas en aspectos de RSC. El documento Transparencia, comunicacin y estndares de los informes y memorias de sostenibilidad apunta a una serie de recomendaciones sobre aspectos de la RSC sobre los que se debera desarrollar el ejercicio de rendicin de cuentas. Esta propuesta, que define un esquema de temas sobre los que se debera informar, se percibe poco efectivo dado su carc-ter voluntario y genrico, sin un marco mnimo requerido,.

En este sentido tampoco se ha podido observar que este documento haya aportado realmente a la mejo-ra de la transparencia y al ejercicio del derecho de acceso a la informacin sobre los impactos econmicos, sociales y ambientales que producen las empresas espaolas. Un ao ms animamos a los reguladores a la definicin de un marco normativo eficaz para asegurar la transparencia como requisito imprescindible de un ejercicio de rendicin de cuentas de las empresas y, por tanto, el ejercicio del derecho de acceso a la informacin de los inversores, consumidores y ciudadanos en general. Tambin les recordamos que cual-quier marco de transparencia debe ser coherente con los enfoques que se estn abordando en los distintos mbitos internacionales, en especial en las iniciativas lideradas por la ONU y la UE.

De las iniciativas legislativas en Espaa del mbito de la RSC, tanto a nivel central, como autonmico y local, slo se puede destacar la aprobacin en las Cortes, en marzo del 2011, de la Ley de Economa Sos-tenible que, si bien no pretende definir un marco sobre los principios de Responsabilidad Social, s aborda algunos aspectos de este concepto.

Sin embargo, a pesar de ello, no se puede hablar de grandes avances en este ao, fundamentalmente por-que la prioridad del gobierno y del parlamento aparentemente ha sido contestar a las tensiones de las crisis semanales, sin entrar en las causas. Es ms, las pocas iniciativas legislativas de este periodo han ido dirigidas a reaccionar frente a los distintos retos que la crisis ha puesto ante Espaa. Pocas pueden ser consideradas como alineadas con una visin de Responsabilidad Social, ms all de poder cuestionarse por los efectos e impactos sociales que hayan provocado.

Por otro lado, en 2010 se aprob la Ley de Responsabilidad Social de Extremadura, cuyo objetivo est ms enfocado a definir polticas pblicas de RSC, incluso enunciando un esquema de reconocimiento. Sin embargo tampoco se ha visto que su implantacin haya tenido resultados evidentes.

En ambas leyes convendra esperar a la implantacin, para evaluar su adecuacin y eficacia frente a los objetivos que plantea. Con mayor motivo tras un cambio poltico en las instituciones, por lo que habr que esperar a ver cmo se retoman ambas iniciativas, si se revisan, se mantienen o se derogan.

En el mbito de los sistemas de reconocimiento voluntario de la RSC, se mantienen los distintos esque-mas privados con un limitado avance (GRI, RS10, AA1000, SGE21, SA8000), no pudiendo evidenciarse todava mejoras relevantes en los impactos econmicos, sociales y ambientales de los clientes certificados. Algunas voces cuestionan la eficacia de estos estndares voluntarios, por la naturaleza y definicin de los mismos, sin que haya un marco comn que los regule y asegure su fiabilidad, apertura y transparencia.

En el marco internacional, en este ao pasado se han iniciado o profundizado procesos muy relevantes en mbito de la RSC y la transparencia. Por sus posibles efectos futuros, conviene destacar los procesos que han dado resultados significativos en el 2011. En especial los relacionados con el Representante Especial

Introduccin


John Ruggie, sobre Derechos Humanos (DDHH) y Empresas, el de la Corporacin Financiera Internacio-nal (IFC) del Banco Mundial, el de la OCDE, y el de la Comisin Europea. Sin duda el 2011 es un ao que demuestra que ha habido avances reales en los marcos normativos (tanto de hardlaw como de softlaw) en el mbito de la RSC, los derechos de las personas y la transparencia como pieza angular del sistema eco-nmico, ambiental y social. Dichos procesos de revisin se deben entender interrelacionados, influidos en sus resultados, alimentando decisiones de unos a otros. Por ello se puede hablar de un proceso de revisin global de aproximaciones, esquemas y normativas para afrontar las debilidades e ineficacias actuales desde un punto de vista de proteccin y garanta de derechos.

En la esfera internacional el hecho ms reseable es la presentacin al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del Informe del Representante Especial John Ruggie, sobre DDHH y empresas, que orienta cmo desarrollar el marco que present en documentos anteriores. En 2011, el Consejo de Derechos Hu-manos de la ONU ha aprobado este nuevo documento llamado Principios orientadores para implantacin del Marco Proteger, Respetar, Remediar. Los tres principios constituyen un sistema interrelacionado y dinmico de medidas de prevencin y reparacin:

1. obligacin del Estado de ofrecer proteccin frente a los abusos de los DDHH cometidos por ter-ceros, incluidas las empresas, mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentacin y someti-miento a la justicia.

2. obligacin de las empresas de respetar los DDHH, lo que significa actuar con la debida diligencia para no vulnerar los derechos de terceros y reparar las consecuencias negativas de sus actividades.

3. la necesidad de mejorar el acceso de las vctimas a vas de reparacin efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales.

Como apunta el mismo documento, es importante entender que estos principios no solucionan todos los problemas relacionados con los DDHH y la actuacin de las empresas. El objetivo que se marca este esque-ma es mejorar las normas y las prcticas a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comu-nidades afectadas. Por ello se indica que el marco se debe considerar una plataforma que facilita el inicio de un proceso que despus debera seguir avanzando, sin excluir otras iniciativas prometedoras de largo plazo.

Por otro lado, se menciona explcitamente que este marco no crea nuevas obligaciones de derecho inter-nacional, ni se restringen o reducen las obligaciones legales que un Estado haya asumido en DDHH. El do-cumento precisa las implicaciones actuales para Estados y empresas en este mbito y reconoce la existencia de puntos dbiles y, por tanto, las necesarias mejoras.

Los Principios Orientadores deben entenderse como un todo coherente, individual y colectivo, e inclu-sivo. Si bien no se trata de un juego de herramientas a aplicar son universalmente aplicables. Sin embargo, su implementacin se debe ajustar a la realidad de cada Estado (192) y empresa (80.000 transnacionales), no hay talla nica. Adems deben aplicarse de manera no discriminatoria, prestando atencin especial a los derechos, necesidades y problemas de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones con mayores riesgos de vulnerabilidad o marginacin.

Tambin se ha aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la creacin de un Grupo de Trabajo con un mandato de tres aos de duracin, constituido por 5 expertos de distinta procedencia geogrfica y nombrado en el periodo de sesiones del Consejo.

Algunas ONG de defensa de los DDHH han reconocido que este marco es un avance para profundizar en el trabajo de proteccin, respeto y remedio sobre las vulneraciones de DDHH en las actividades de las em-presas, pero tambin han denunciado que se ha perdido una buena oportunidad para avanzar y profundizar en su eficacia. Por ello, se ha reclamado que el Grupo de Trabajo tenga un papel ms activo en la aplicacin de los Principios Rectores en base a la experiencia que se produzca, y que pueda realizar recomendaciones para ayudar a su implementacin efectiva. Tambin se ha reclamado que se establezca un procedimiento para evaluar las debilidades en la legislacin sobre abusos de DDHH relacionados con empresas, con vistas a proponer el desarrollo de un instrumento legal internacional.



Sin duda, la iniciativa de los Principios Rectores de la ONU es la referencia de otros procesos nacionales e internacionales abiertos en el mbito de los impactos de las empresas en los DDHH. En algunos casos est influyendo de manera decisiva, como en las Lneas Directrices OCDE, la nueva comunicacin sobre Respon-sabilidad Social de la UE, y tambin en otros casos, como el proceso de debate sobre Principios comunes de las agencias de crdito a la exportacin (ECA) en la OCDE y las normas de la Corporacin Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en ingls) del Banco Mundial, por su poca alineacin.

La IFC del Banco Mundial ha cerrado su proceso de debate para la revisin de sus estndares sociales y ambientales, en los que existen carencias en lo referido a la diligencia debida, los impactos sociales y am-bientales. En especial en el mbito de los DDHH, pese a haber sido revisadas, estas normas o estndares son en la actualidad claramente deficitarias en lo relativo a impactos y evaluaciones de debida diligencia. La IFC sigue considerando que su proceso de debida diligencia social y ambiental es suficiente para permitir a sus clientes hacer frente a actuales y potenciales impactos negativos de sus actividades en los DDHH. Como indican expertos y organizaciones defensoras en DDHH, mientras que la IFC reconoce la responsabilidad de los actores empresariales de respetar los DDHH y plantea la Carta Internacional de Derechos Humanos y los Convenios fundamentales de la OIT como gua, los estndares revisados de la IFC quedan muy por debajo de los requerimientos de diligencia, tales como los establecidos en los estndares normativos inter-nacionales aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 16 de junio de 2011.

Los estndares revisados de Rendimiento de la IFC tampoco estn a la altura de la versin revisada de 2011 de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que refleja en gran medida la clara expectativa de la ONU de que todas las empresas lleven a cabo la debida diligencia para asegurar el respeto de los DDHH. La revisin del Marco de Sostenibilidad de la IFC limita la necesidad de los clientes de llevar a cabo un proceso de diligencia debida en circunstancias de alto riesgo. Incluso en estos casos, es puramente opcional para los clientes, lo cual es completamente insuficiente para evitar los impactos negativos en los DDHH de los individuos y las comunidades.

Adems, el enfoque de la IFC es particularmente preocupante dado su papel en el establecimiento de los estndares para la gestin de los riesgos sociales y ambientales en las inversiones del sector privado en pases en desarrollo y economas emergentes. Los Principios de Ecuador, que son utilizados por los bancos del sector privado en todo el mundo, estn inspirados en los estndares de Desempeo de la IFC. Las re-comendaciones OCDE sobre enfoques comunes en materia de Medio Ambiente y de crdito con apoyo oficial de exportacin (Enfoques Comunes), que son recomendaciones para las agencias de la OCDE de crdito a la exportacin sobre polticas de gestin ambiental, tambin usan los estndares de la IFC como marco para abordar los riesgos sociales y ambientales. Y el riesgo es que estos otros procesos de fijacin de estndares, que miran a la IFC, fallarn como referentes para las actividades de los clientes corporativos y proyectos privados. Como se puede observar, los procesos ms importantes, tanto de estndares volunta-rios como de normas regulatorias, estn relacionados y, por tanto, la debilidad de alguno de ellos deja lagunas que generarn ineficacia en el objetivo ltimo que es la proteccin de los DDHH.

La OCDE abri el pasado ao varios procesos para revisar normativas y estndares propios. De todos ellos conviene destacar las dos iniciativas de la OCDE ms relacionadas con el mbito de este estudio, tanto las Lneas Directrices para Empresas Multinacionales, como la Recomendacin sobre Enfoques Comunes sobre Medioambiente en las ayudas oficiales de crditos a la exportacin. En ambos documentos se pre-tenda mejorar su eficacia al evitar los impactos negativos, en especial en el mbito de los DDHH, a la vista del Documento de Principios Rectores de la ONU. La nueva versin de las Lneas Directrices de la OCDE, publicada en 2011, ha dado como resultado un mejor documento, ms preciso y claro, y destaca una mejora reseable al incluir aspectos sobre DDHH para empresas, as como un requisito sobre la necesidad de cum-plir la debida diligencia, en coherencia con lo establecido en los Principios Rectores de la ONU.

El otro proceso de revisin, an abierto, de las recomendaciones OCDE sobre Enfoques Comunes en materia de Medio Ambiente y de crdito con apoyo oficial de exportacin, no parece avanzar en el mismo sentido de mejora, estando en un momento preocupante. Fundamentalmente el riesgo que existe es que la presente revisin no incorpore o sea coherente con las recomendaciones de los Principios Rectores de la

Introduccin


ONU y s, en cambio, los estndares de la ICF como marco para abordar los riesgos sociales y ambientales. En este sentido, habr que esperar las evoluciones de los prximos meses para poder evaluar la versin que aprobar la OCDE.

En otro sentido, y ya en el mbito de la UE, es importante destacar que el Parlamento Europeo aprob una declaracin en la que instaba a los Estados a hacer a las ECA ms responsables del apoyo que dan a empresas que realizan negocios a nivel global 2. Esta declaracin reconoce que los Estados han de respetar y proteger los DDHH al tratar con sus ECA. La propuesta exige al Consejo Europeo que elabore una revisin anual para el Parlamento Europeo basada en el informe anual de actividades por los Estados miembros e incluyendo una evaluacin sobre el cumplimiento de las Agencias de Crdito a la Exportacin con los obje-tivos de la UE y sus obligaciones. Esta declaracin abre la esperanza a poder condicionar el comportamiento en relacin a los DDHH de las empresas que se beneficien de los mecanismos europeos de crditos a la exportacin.

Este es un ejemplo de los avances que durante 2011 la Unin Europea ha experimentado en mbitos

estrechamente relacionados con la RSC, los Derechos Humanos, la Transparencia y la Rendicin de Cuentas. Este avance se ha traducido en declaraciones, comunicaciones, documentos, talleres de trabajo multistake-holder, elaboracin de estudios y consultas abiertas, entre otros.

Uno de los hitos fundamentales ha sido la nueva comunicacin (aprobada en octubre de 2011) de la Comisin Europea para el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comit Econmico y Social Europeo y el Comit de las Regiones, denominada Una renovada estrategia de la Unin Europea 2011-2014 para la Res-ponsabilidad Social Corporativa3. Lo ms relevante de esta nueva comunicacin es el cambio de paradigma conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial, que va a ayudar a reducir el estril de-bate sobre la definicin, propiciado por una antigua definicin, incoherente en s misma. En su apartado 3, la comunicacin aporta la nueva definicin de la RSC: la responsabilidad de las empresas sobre sus impactos en la sociedad.

Por tanto, hace referencia a la necesidad de cumplimiento de la legislacin y acuerdos colectivos como prerrequisitos, y la relaciona con las preocupaciones sociales, ambientales, ticas de DDHH y de los de-rechos del consumidor, en sus operaciones, su estrategia de negocio y su relacin estrecha con las partes interesadas. Adems establece uno de los objetivos como el de identificar, prevenir y mitigar los posibles impactos negativos que pueda producir sus actividades de negocio.

En definitiva, esta nueva definicin destierra del concepto el trmino de voluntariedad, que evita la tenta-cin de seguir debatiendo en vano y concreta el enfoque sobre impactos reales sobre derechos y el enfoque hacia las partes interesadas. As, la UE se alinea con lo que lleva argumentndose desde hace ms de 10 aos desde una visin ms pragmtica de la RSC, as como con los recientes posicionamientos de la ONU, la OCDE, la ISO26000 y otras iniciativas. Lamentablemente para algunas tribunas pblicas (polticas, acadmi-cas, empresariales, consultoras, fundaciones e incluso de estndares privados) esta nueva definicin les obliga a revisar su discurso o, al menos, las fuentes y los documentos sobre el que lo argumentan.

Por todo ello, se abre una gran oportunidad para todos, para concentrar los esfuerzos en cmo mejorar realmente los impactos sobre el ejercicio de derechos y oportunidades de personas, ms que sobre debates y lgicas histricos que poco aportaban para avanzar. La comunicacin abre y orienta cules son los retos que existen en este mbito, no cierra las soluciones, pero enfoca adecuadamente las lneas de trabajo. Sin duda, tan interesante o ms que el resultado de esta comunicacin ha sido el proceso de dilogo real entre

2 Parlamento Europeo, Resolucin legislativa sobre la propuesta de Decisin del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicacin de determinadas directrices en materia de crditos a la exportacin con apoyo oficial, 13 de septiembre de 2011, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0363+0+DOC+XML+V0//ES#BKMD-383 Comisin Europea, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, 25 de octubre de 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7010

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7010http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7010



las distintas partes interesadas de la UE. Se demuestra as que cuando los procesos se hacen adecuadamente, los resultados suelen ser positivos. Se trata de una ptima leccin aprendida para Espaa, donde histrica-mente los procesos en el mbito de la RSC no han sido tan abiertos, inclusivos, ecunimes, transparentes y participativos como para que al final sean tan eficaces.

Por su influencia en la revisin de la posicin de la UE en cuanto a transparencia de las empresas, se deben destacar los talleres de grupos de expertos bajo el principio multistakeholder, auspiciados por las institucio-nes europeas (Comisin y Parlamento). Como se indic en el informe anterior, entre septiembre de 2009 y marzo de 2010, se trabaj en 6 talleres multistakeholder4 convocados por la Comisin Europea, para aportar recomendaciones a la UE sobre la necesidad de establecer un esquema de transparencia de informacin sobre aspectos medioambientales, sociales y de gobierno de las empresas. El Observatorio de la RSC repre-sent en estos talleres y trabajos a la European Coalition For Corporate Justice (ECCJ, coalicin de ms de 250 organizaciones europeas de la sociedad civil). En noviembre del 2010 se realiz un foro multistakeholder donde se debatieron las conclusiones de los Talleres Disclosure of Environmental, Social and Governance Infor-mation de la Comisin Europea, entre otros temas de RSC. Posteriormente la Comisin Europea realiz una consulta pblica sobre el futuro de la Transparencia de la informacin ambiental, social y de gobierno.

En base a estos tres hitos, la Comisin public la Comunicacin Una renovada estrategia de la Unin Europea 2011-2014 para la Responsabilidad Social Corporativa, un posicionamiento nuevo de la UE que cambia principios y definiciones tan debatidas hasta ahora. Por su parte, distintos stakeholders europeos, expertos, inversores, sindicatos, consumidores y organizaciones de la sociedad civil llevan proponiendo durante aos un marco mandatorio de Transparencia que permita un ejercicio real y eficaz de rendicin de cuentas para las empresas.

A parte de entender la RSC desde los impactos que las empresas, a travs de decisiones, producen sobre derechos de personas y en el medio ambiente, la nueva estrategia de la Comisin toca muchos otros aspec-tos sobre los que trabajar en los prximos aos. Todas las lneas de trabajo estn relacionadas y merecen atencin, pero dado el objeto del presente informe conviene destacar aquellas que apuntan a la mejora de la transparencia como necesidad de mejorar una rendicin de cuentas real a las partes interesadas y cuyo ob-jeto es mejorar su confianza en las empresas y, en especial, en su estrategia, gestin e impactos que produce.

Acorde al concepto de RSC, esta visin reconoce que los impactos y por tanto su gestin debe ser con-siderada como multidimensional, afectando las decisiones de la empresa. Por ejemplo, la comunicacin hace referencia a los Principios de Buen Gobierno Fiscal, entre los que figuran la transparencia, el intercambio de informacin y la competencia fiscal justa, haciendo especial mencin a su implementacin. En este caso se puede observar cmo se pone a la transparencia en el centro de eficacia de la rendicin de cuentas y, a la responsabilidad fiscal de las empresas, como un aspecto clave de la RSC.

Otro apartado de esta comunicacin subraya el papel relevante que tienen las autoridades pblicas en promover la transparencia, comportamientos responsables y asegurar la rendicin de cuentas de las em-presas, mediante una combinacin inteligente de polticas pblicas, incentivos y medidas regulatorias. Ese mismo apartado reconoce la relevancia de los papeles que deben jugar cada uno de las partes interesadas en el desarrollo e impacto real de las estrategias de RSC, tanto de la UE, de los pases, como de las empresas.

Asimismo, la comunicacin destaca la necesidad de mejorar la informacin social y ambiental, divulgada y accesible, ya que puede facilitar acuerdos con las partes interesadas, as como la identificacin de riegos de sostenibilidad materiales o significativos. Destaca que es un elemento importante de la rendicin de cuentas y puede contribuir a la construccin de una confianza pblica en las empresas. Para ello hace hincapi en que esta informacin debe ser material, desde un punto de vista de impactos en derechos, y que el valor que aporta la informacin sobre dichos impactos sea coherente frente al coste de recogerla. En esta lnea,se

4 Comisin Europea, European Workshops on Disclosure of Environmental, Social and Governance Information, septiem-bre de 2009 febrero de 2010, accesible en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/reporting-disclosure/swedish-presidency/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/reporting-disclosure/swedish-presidency/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/reporting-disclosure/swedish-presidency/index_en.htm

Introduccin


anuncia que la Comisin presentar una propuesta legislativa para la transparencia de la informacin social y ambiental que las empresas debern proveer, con el objetivo de asegurar un terreno de juego mnimo dentro del Acto de Mercado nico.

Otro hito relevante en la UE es el anlisis de esta institucin acerca de las consecuencias de adaptarse al enfoque del Representante Especial John Ruggie, sobre DDHH y empresas en sus polticas, directivas y las de sus Estados miembros. Para ello, la UE encarg un Estudio a la Universidad de Edimburgo, que se public en el 2010, y que analiza el marco legal existente sobre la actuacin de las empresas europeas que actan fuera de la UE y su impacto en el medioambiente y los DDHH5. El estudio adopta el nuevo enfoque de RSC que la UE aprob, al reinterpretar la definicin de RSC sobre los impactos producidos sobre derechos, y dedica un apartado especfico a la implementacin de los Principios Orientadores sobre Empresas y Dere-chos Humanos.

Por otra parte, en 2010 se aprob la ley Dodd-Franck 1504 de Reforma de Wall Street y Proteccin del Consumidor en los Estados Unidos, que incluye unos requisitos obligatorios de transparencia para las compaas del sector extractivo cotizadas en EE.UU. En virtud de esta ley, las empresas debern publicar anualmente los pagos realizados por todas sus sociedades dependientes a los gobiernos de los pases donde operan, especificando con qu proyecto o actividad extractiva de la empresa se relaciona el pago y a qu entidad pblica le fue realizado, incluyendo gobiernos locales, regionales o estatales.

Tambin la Unin Europea tiene abierto un proceso sobre requisitos de transparencia para empresas extractivas y forestales. La Comisin presentar de forma inminente una propuesta para ser discutida y aprobada tanto por el Parlamento como por el Consejo Europeo. A falta de un texto definitivo, la duda reside en si establecer requisitos similares a la Dodd-Franck 1504 (en cuanto a la informacin a publicar y las empresas obligadas), o ir ms all, incorporando otro tipo de informacin, como ingresos, costes, etc., o incluyendo tambin a empresas no cotizadas. En cualquier caso, parece ms que probable que las empresas europeas del sector extractivo y forestal, prximamente tendrn que comenzar a publicar informacin pas por pas de sus pagos a gobiernos.

Esta iniciativa sigue las pautas de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en ingls), pero supone un cambio muy importante dado su carcter obligatorio, contrastando as con el carcter voluntario de la iniciativa que viene demostrndose insuficiente para responder a las necesidades de transparencia actuales.

Este proyecto de directiva avanza en la definicin de nuevas reglas de transparencia. Esta iniciativa ha sido impulsada desde la Direccin General (DG) de Mercado Interior y Servicios Financieros, la DG de Industria y la DG de Trabajo en una nueva normativa que exigir a petroleras, gasistas y mineras detallar sus pagos a todos los Gobiernos en impuestos, primas o bonus para evitar corruptelas en la adjudicacin de proyectos internacionales.

En este sentido, parece que se est profundizando en la necesidad de un marco de transparencia que obligue a que los informes financieros de las multinacionales sean Pas a Pas. La UE tambin se enfoca a la adecuada revisin del marco de auditoras econmico-financieras de las empresas y de rating para asegurar su rigurosidad, eficacia e independencia, frente a las debilidades y riesgos actuales que socaban la confianza en las actuales prcticas. Ambos procesos afectan y son relevantes para un marco de transparencia y rendi-cin de cuentas eficaz que genere confianza. Por tanto conviene seguir su evolucin y sus resultados.

De manera mayoritaria, las organizaciones de la sociedad civil, consumidores y otros grupos organizados se han mostrado partidarios de una regulacin que facilite una mayor transparencia en la informacin social, medioambiental y econmica de la empresa. Es destacable la propuesta de la European Coalition for Cor-

5 Comisin Europea, Study on the existing legal framework on human rights and the environment applicable to European Enterprises operating outside the EU, Universidad de Edimburgo, octubre de 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/poli-cies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_en.pdf

EE.UUhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_en.pdfhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_en.pdf



porate Justice (ECCJ) en el documento Principles & Pathways: legal opportunities to improve Europes Corporate Accountability Framework. Entre las propuestas ms reseables se encontraban aspectos como la extensin de la responsabilidad de los impactos a la casa matriz, su deber de diligencia, la mitigacin de los obstculos de acceso a la justicia que afrontan las vctimas y la definicin de un esquema regulado que mejore la trans-parencia sobre los aspectos sociales, de DDHH y ambientales. En la actualidad la ECCJ participa activamente en el foro multistakeholder de RSC de la Comisin Europea.

Por ltimo, en al mbito voluntario cabe destacar la aprobacin, de la gua ISO 26000 sobre gestin de la RSC en organizaciones (2010). Lamentablemente no surgi como estndar debido a una decisin poltica de ISO y a una oposicin sistemtica de las organizaciones empresariales nacionales e internacionales, pero se ha constatado que en el mbito voluntario es muy difcil que no surjan esquemas de reconocimiento y certificaciones que en la prctica la utilicen como referencia, interpretando sus contenidos. De la misma manera se ha corroborado la difcil contencin, como se hizo hasta ahora, de la necesidad de instrumentos que ayuden a generar confianza si existe demanda en el mercado y sus relaciones. No obstante, como ya se indic, lo relevante no es la existencia o no de certificaciones en el mbito de la RSC, sino si stas real-mente son eficaces para asegurar la consideracin de los impactos sobre derechos de las empresas en sus decisiones operativas, de inversin, comercializacin y gestin; y si esto los mejora y da confianza a las partes interesadas. En definitiva, el mbito de los reconocimientos tcnicos voluntarios puede ser complementario, pero nunca sustitutivo de marcos regulatorios y polticas pblicas eficaces.

En este contexto nacional e internacional, el Observatorio presenta el resultado de su trabajo de anlisis y evaluacin de las memorias de RSC correspondientes al ejercicio 2010. Tal y como se ha descrito en las ediciones anteriores, el objetivo del Estudio es evaluar la calidad de la informacin sobre aspectos de RSC proporcionada en la documentacin y en las memorias pblicas y accesibles de las empresas que conforman el IBEX 35. Con este fin se ha medido tanto su grado de calidad tcnica y coherencia, como los contenidos y los sistemas de gestin descritos. Se busca tambin calibrar el grado en el que las memorias de RSC son herramientas vlidas para que la informacin generada sea til para la gestin y el control interno de las pro-pias empresas. Por lo tanto, tambin se trata de determinar el uso que las empresas hacen de las memorias: puramente informativo o como herramienta fundamental para la rendicin de cuentas y la gestin y control internos de los procesos centrales de negocio. No obstante, es importante volver a hacer explcito que no es objeto del estudio juzgar la veracidad de los datos publicados, ni la implantacin real de las polticas y procesos identificados por las empresas en sus informes.

Otro ao ms, la palabra estancamiento define las escasas variaciones registradas globalmente respecto a los resultados del ao pasado. Es reseable destacar que las mayores variaciones se deben a la incorporacin al IBEX35 de alguna empresa nueva, a una mejora de las empresas que tenan ms baja calidad de la informa-cin en anteriores ediciones y a una adaptacin de los informes de gobierno corporativo al cdigo unificado de buen gobierno. Dicho resultado confirma que las empresas no han considerado como rea estratgica y prioritaria el avance en la definicin y despliegue de sistemas de gestin de su RSC. Por ello se considera que esta conclusin debe servir para promover la reflexin sobre el escaso reflejo que los compromisos pblicos asumidos estn teniendo en las operaciones de las grandes empresas espaolas. Son muchas las posibilidades de mejora identificadas en el presente informe, as como en sus ediciones anteriores y se con-sidera, un ao ms, que deberan ser asumidas como referencia a la hora de definir objetivos de evolucin.

En referencia a los contenidos, el presente informe se abre con la exposicin de reflexiones sobre un rea relacionada con la RSC. Este ao se ha centrado en Principios y Coherencia, reflexionando as sobre la necesidad de que la transparencia se base en un marco de coherencia, entre principios, compromisos e impactos, y como herramienta de rendicin de cuentas.

En el siguiente captulo se describe en detalle la metodologa utilizada en el anlisis, exponindose el m-todo y los criterios de evaluacin, as como las mejoras que se han realizado en el Modelo de Anlisis respecto al ao anterior. Este ao hay novedades metodolgicas frente a los estudios de aos precedentes. Por otro lado, esta metodologa ha mejorado el indicador de identificacin de los territorios considerados parasos fiscales, al incluir un criterio ms ajustado a la realidad de la definicin del concepto, incluyendo territorios

Introduccin


o nichos fiscales que, en la prctica, por su discriminacin fiscal a las personas fsicas y jurdicas extranjeras actan como tales, en general o para algunas actividades econmicas y jurdicas. Para ello, se ha confeccio-nado una lista ms exhaustiva sobre los territorios que en realidad actan como paraso o nicho fiscal, en relacin a todas las actividades o slo algunas, con base en las siguientes fuentes: lista de pases recogida en el Real Decreto 1080/91 del 5 de julio; lista de la OCDE de 25 de marzo de 2010; lista de pases de Tax Justice Network, organizacin experta en este mbito, (noviembre de 2009) y lista del Parlamento Europeo, informe Hamon (marzo de 2009).

Tras el captulo dedicado a la metodologa se presentan las conclusiones finales, que incluyen los resul-tados generales, los globales por cada uno de los tres ejes de anlisis y los singularizados por empresa, de acuerdo con la estructura sectorial del IBEX 35.

La documentacin examinada proveniente de las empresas se limita a la informacin correlativa a las compaas de la seleccin, sin ampliarse a otros documentos adicionales publicados por empresas parti-cipadas, filiales o pertenecientes al mismo grupo empresarial. La base est constituida por las memorias elaboradas por las empresas para el ejercicio 2010. En los casos en que el equipo de anlisis lo ha consi-derado relevante para las conclusiones del estudio, se ha incluido informacin suplementaria, como otros documentos en materia de RSC del mismo periodo, de carcter pblico y accesible, preparados por las propias compaas (fundamentalmente, los entregados en sus Juntas Generales de Accionistas). En concreto, la investigacin comprende informacin significativa sobre aspectos de gestin de RSC que puedan estar encuadrados en los Informes Anuales y de Gobierno Corporativo, las Memorias de Sostenibilidad, de RSC, Sociales y Medioambientales, los reglamentos de sus rganos de gobierno u otros.

En esta edicin del Estudio sigue ocupando un lugar destacado la informacin pblica relativa a las empre-sas analizadas procedente de diferentes fuentes como ONG, Asociaciones de consumidores y otras, todas ellas organizaciones reconocidas socialmente. El propsito ha sido contrastar si las empresas se hacen eco de denuncias pblicas o reclamaciones de consumidores o de otras partes concernidas, as como valorar si se da cuenta de la tramitacin o la resolucin de las mismas.

Un ao ms, desde el Observatorio de RSC se realiza este informe con el nimo de continuar contribu-yendo al impulso de la RSC, facilitando una evaluacin objetiva que sea de utilidad, tanto para las empresas en la mejora en la gestin y la rendicin de cuentas sobre su RSC, como para el resto de interesados que buscan referencias externas al sector para apreciar la calidad de la informacin que se publica.



Principios en crisis:

La civilizacin occidental actual, soportada durante siglos sobre los conceptos de libre mercado y demo-cracia, est sufriendo una crisis dolorosa: la manifestacin de un proceso de cambio que muchos observa-dores no logran entender en su totalidad. Probablemente en unas dcadas, o algn siglo, existir un anlisis causa-efecto de estos cambios, con unas bases econmicas, sociales, ambientales y polticas. Sin embargo, la mayora de espectadores y protagonistas hoy estn desconcertados, cuando no confusos.

Aunque desde hace aos se venan apuntando las deficiencias y debilidades de nuestros sistemas de relacin y gobierno, y tanto de las consecuencias provocadas como de las previsibles, nadie esperaba la velocidad con que estos riesgos previstos se han materializado.

En reflexiones anteriores se apuntaba que uno de los defectos de la gestin de la crisis era que los res-ponsables no slo no la han entendido en su complejidad (no es una crisis, son muchas concatenadas), si no que han aplicado las mismas polticas para intentar solventar los efectos, ignorando las causas de la misma y aplicando las mismas visiones, herramientas y lgicas que la originaron. Esta aproximacin no slo no ha solucionado la crisis, sino que la ha profundizado, en su gravedad, y la ha ampliado, en el tiempo y en los efec-tos. Ignorar que las causas de las crisis son sistmicas, pretender solucionarla a base de recetas puramente financieras -que no econmicas-, no actuar sobre las causas de la crisis y las lgicas que stas esconden, no ha hecho ms que provocar, en la mayora de los casos, una reaccin de bloqueo del propio sistema econ-mico y de gobierno.

Los sistemas actuales tanto de mercado como de gobierno, en teora se fundamentan sobre el concepto de la confianza entre sus actores protagonistas. Tanto en el sistema de libre mercado como en el sistema de gobierno democrtico, las causas originarias de la crisis son las que han generado una situacin de descon-fianza entre actores, lo que ha producido una paralizacin-cuando no cuestionamiento-, sobre la eficacia de su funcionamiento. Sin embargo, son muchas las voces que defienden que este cuestionamiento se produce fundamentalmente por actores ajenos a ambos sistemas.

La desconfianza ha impregnado a los actores relevantes del sistema econmico (consumidores, inverso-res, empleados, empresarios, pensionistas, ahorradores, reguladores, administraciones pblicas) y del sistema de gobierno (ciudadana, contribuyentes, gobiernos nacionales, administraciones pblicas, partidos polticos). Esta desconfianza ha provocado que las relaciones entre stos sean cada vez ms difciles y costosas, y que en ellas impere la precaucin, la inactividad e incluso el conflicto. Hace siete aos pusimos de manifiesto esta situacin, que naci de una crisis de confianza entre actores y se ha convertido en una crisis de confianza en la eficacia del propio sistema de relacin, as como de su justicia y sostenibilidad. Esta realidad se puede ob-servar tanto en el mbito del sistema de mercado (financiero, consumo, productivo, inversor, laboral) como en el de gobierno democrtico, y por ello no es de extraar que cada vez ms ambos se relacionen cuando se habla de cmo afrontar la crisis o cmo analizar sus causas.

EditorialPrincipios y coherencia

Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros Groucho Marx

Introduccin


En otra ocasin se subrayaba tambin cmo la lgica especulativa de la inversin haba calado, en los ltimos 20 aos, en las lgicas de gestin de la alta direccin de empresas de economa real y las nefastas consecuencias que esto haba provocado. Esto se deba al establecimiento de incentivos de recompensa y remuneracin a los directivos donde primaba una visin de muy corto plazo (trimestre), as como el incre-mento del valor de la accin y los dividendos, ignorando los riesgos o costes asociados que estaban aca-rreando muchas veces un desequilibrio en la sostenibilidad de la propia empresa, pudiendo llegar a afectar a su supervivencia.

Asimismo se mencionaba cmo las externalidades e impactos negativos no gestionados adecuadamente en la gestin empresarial terminaban por ser sociabilizados y, por tanto, teniendo que hacerse frente desde las polticas y recursos pblicos. En definitiva, que la exclusin de una visin integral de las externalidades derivadas de la actividad econmica podra llevar a que los beneficios de una actividad fueran fundamental-mente particulares y privados, mientras que muchos de los costes fueran externalizados y sociabilizados. Desde un punto de vista de la sociedad, esta es una forma muy ineficiente de gestionar las tensiones y ex-ternalidades derivadas de la actividad econmica y del desarrollo de un pas.

En otro momento se reflexion acerca de cmo la crisis financiera, origen y causa del resto, no slo se deba a comportamientos incorrectos, sino a lgicas incluidas en las decisiones de los actores del propio sistema. Se incida en cmo esta crisis original afectaba tambin a que se produjeran otras crisis donde los efectos se materializaban sobre derechos y oportunidades de las personas: la crisis econmica, la crisis laboral, la crisis social, la crisis migratoria, las crisis de hambre, etc. En especial, se reflexion sobre cmo mbitos aparentemente tan lejanos como los mercados financieros organizados o las bolsas podran tener una relacin ms estrecha con las hambrunas, las crisis alimentarias y las humanitarias debido a efectos per-niciosos de lgicas inversoras especulativas sobre materias primas y, en especial, sobre alimentos.

De la misma manera se ha hecho hincapi en cmo las decisiones de las empresas sobre sus operaciones, productos y comercializacin pueden afectar al ejercicio de derechos y la promocin de oportunidades para las personas: el impacto que stas producen en su mbito de influencia y cmo esto debe ser gestionado para asegurar el respeto al ejercicio de esos derechos. Se apuntaba exactamente al acceso a los remedios y la reparacin de las victimas de derechos vulnerados y sobre el nefasto efecto que esto implica en las partes interesadas: el sistema de relacin permite -o convive con- una cultura de impunidad ante violaciones de derechos.

Hace un ao se incida en cmo la crisis fiscal actual est relacionada tambin con una visin de fiscalidad ineficaz, irresponsable, insostenible e injusta, en todos los mbitos, tanto en el de polticas nacionales como en las internacionales. En esa lnea se demostr la generalizacin de una prctica de gestin de algunas em-presas consistente en la bsqueda de rentabilidad a costa de estrategias o planificaciones fiscales elusorias.

Partiendo de una visin de gobernabilidad democrtica, se argument la estrecha relacin existente entre la fortaleza fiscal basada en impuestos, la percepcin y apropiacin del gobierno de lo pblico por parte de la ciudadana, as como del riesgo de apostar por la estrategia de la deuda pblica como mtodo de finan-ciacin que, a la postre, como se est viendo en estos meses, puede poner en cuestin los fundamentos del gobierno democrtico y su independencia. Por ello se remarcaban dos necesidades: la definicin de una poltica fiscal eficaz, justa, responsable y sostenible por parte de los gobiernos, y que los actores privados, pero en especial las empresas, estableciesen estrategias fiscales responsables y coherentes con los principios y objetivos con los que se comprometen en su visin de gestin y de largo plazo.

Siguiendo las sugerencias descritas y el camino trazado en anteriores ediciones de este informe, esta vez intentaremos compartir algunas reflexiones sobre el concepto de transparencia, sus principios y la co-herencia, as como su estrecha vinculacin. Con ese fin se expondr a continuacin la necesidad de que la transparencia sea una herramienta que evidencie y potencie la coherencia, entre principios, compromisos e impactos. Para ello, y en el mbito de la responsabilidad social, se asume por adelantado que la transparencia es un pilar esencial dentro del paradigma de la rendicin de cuentas.



Principios y Coherencia

Los principios son, o deberan ser, los fundamentos y valores sobre los que se comprenderan las actua-ciones, omisiones, decisiones, estrategias, polticas, procedimientos, resultados e impactos. Son los valores que deben atravesar cada una de las decisiones y actuaciones que una sociedad, organizacin o empresa toman en el da a da. De la misma manera, deben ser la base a la que acudir cuando se produzcan tensiones, dilemas o interrogantes, siendo resueltos segn los valores de la sociedad o la institucin. En definitiva, los principios son, o deberan ser, la parte esencial de la cultura de la una organizacin o una sociedad, que las hace distintas y sobre los cuales se les puede entender, tanto en su comportamiento como en sus decisiones e incentivos.

Por esa razn, los principios forman, o deberan formar, parte del ADN de la entidad o de la sociedad, aquel que la distinguen y aquel que la identifica con el resto de sociedades o actores. Si hay algo que teri-camente debera establecer claramente la diferencia de una institucin, empresa o sociedad frente a otras, sera la distinta combinacin de principios de cada una. Sin embargo, parece evidente que esto en la realidad raramente es as. Intentaremos analizar a continuacin qu causa esta aparente contradiccin.

Desde un punto de vista macro, no se puede decir que ni la sociedad actual ni la comunidad internacio-nal hayan desarrollado los principios que deben prevalecer en los sistemas econmicos, de gobierno de lo pblico o de las relaciones internacionales. Tampoco sus teoras ni su base doctrinal. De hecho, uno de los rasgos caractersticos del siglo XX -a parte de las guerras masivas y cruentas-, es la produccin de decla-raciones, compromisos, objetivos y normativas sobre el desarrollo, la garanta, el respeto y el ejercicio de derechos de las personas. Muestras claras son las normativas emanadas de los organismos internacionales el nacimiento de instituciones supranacionales y los principios y objetivos definidos desde su fundacin. No se podra entender el desarrollo de los conceptos como derechos humanos, derechos econmicos y laborales, derechos de los pueblos indgenas, responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, desarrollo sostenible o responsabilidad fiscal, entre otros, sin el nacimiento y la evolucin de estas normativas e instituciones.

As, a pesar de haberse producido una globalizacin financiera y comercial exitosa y casi completa, no ha ocurrido de la misma manera en cuanto a las garantas de proteccin de los derechos de las personas en otros mbitos. Tampoco en los mecanismos globales de acceso a la justicia, resultando as una globalizacin incompleta y, por tanto, ineficaz e injusta. Este desequilibrio es uno de los retos que se debe afrontar en el siglo XXI si se desea que el paradigma de la globalizacin sea eficaz y sostenible. De otra forma, irn apare-ciendo crisis que cuestionarn o pondrn en claro peligro este paradigma.

El xito de la globalizacin econmica (financiera, de inversin y comercio) se debe, adems de a la re-volucin tecnolgica que la hizo posible, a la internacionalizacin de normas y mecanismos de inversin, de comercio y financieros, que han podido dar libertad y seguridad a los distintos actores, permitindose as su desarrollo exponencial. En definitiva, se ha pasado de sistemas con normas, mecanismos y supervisores nacionales, a otros de mbito internacional o global. Esto es, se ha quebrado el concepto de soberana de los Estados en estos mbitos, construyendo unos organismos internacionales responsables y promotores de la globalizacin econmica en todos sus mbitos. Es ms, se les ha dotado de autoridad global, as como de capacidad normativa y sancionadora, por lo que han ejercido su papel de una forma muy eficaz.

Como es obvio, esta transformacin tiene unas implicaciones directas sobre el concepto de gobernabili-dad democrtica, y as se estn evidenciando en la crisis de la deuda soberana y su gestin en Europa y, en es-pecial, en el caso Griego. Esta crisis nos est enseando las estrechas relaciones existentes entre economa y democracia, entre economa y derechos de las personas, y entre derechos de las personas y democracia. Esta afirmacin no implica que antes no hubiera sido objeto de anlisis acadmico, sino que nunca se haba evidenciado tan frecuentemente en los medios de comunicacin. En ellos se manifiestan continuamente las tensiones entre estos conceptos y, en gran medida, su causa principal: un distinto desarrollo de normativas e instrumentos globales que condicionan el comportamiento de los actores en los tres mbitos.

Introduccin


Por otra parte, el resto de mbitos que afectan a las personas, sus derechos y oportunidades, estn m-nimamente desarrollados, si es que tienen algn tipo de desarrollo. As ocurre con el ambiental, el social, el de derechos humanos, el de los derechos laborales, el fiscal, el de gobernanza democrtica, el de acceso a la justicia, entre otros muchos. Esto provoca que las normas, sus herramientas y supervisores estn fun-damentalmente anclados en el concepto de soberana nacional, siendo ineficaces en muchos de los casos, por tanto, para solucionar problemas globales, generalmente asociados a las externalidades que provoca la globalizacin econmica.

Este desequilibrio implica la aparicin de graves incoherencias entre los principios orientadores de la actuacin de la comunidad internacional acuerda con los hechos y resultados que realmente se producen y perciben las personas. Probablemente sea sta una de las razones ms profundas del cada vez mayor escep-ticismo social acerca de los compromisos pblicos y, por tanto, causa de la desafeccin de las personas a las instituciones que las promueven. La cuestin no es tanto que la poblacin no comulgue con los contenidos de los principios internacionales de respeto a los derechos fundamentales, a la gobernabilidad democrtica o al desarrollo sostenible, entre otros, sino que evidencian en sus vidas que el discurso es incoherente con las actuaciones, resultados e impactos que las polticas pblicas y estrategias privadas generan. En definitiva, la ausencia de confianza no se debe fundamentalmente a una discrepancia sobre los valores sustantivos que se promueven y comprometen pblicamente, sino con la evidencia de que stos no son respetados en las decisiones y actuaciones de dichas instituciones.

Parece que la coherencia es un valor que se olvida al hablar de la generacin de confianza. En este mo-mento de crisis y desafeccin no existe un problema de cuestionamiento de los principios soportados en los compromisos internacionales sobre derechos humanos, desarrollo sostenible, cohesin social, medioam-biente, derechos de la mujer, derechos de la infancia, derechos laborales, parasos fiscales, sino de evi-denciar cierta coherencia, por un lado entre ellos mismos y, por otro, con las herramientas desplegadas, las actuaciones y los resultados.

Si trasladramos este anlisis de lo macro (polticas y gestin pblicas) a lo micro (estrategias y gestin privada) se podra extraer la misma conclusin. Hoy da el mayor problema para las empresas que llevan aos trabajando en el mbito de la responsabilidad social y de los derechos humanos, no es tanto descubrir nuevos compromisos pblicos o modelos a los que adherirse, sino asegurar la coherencia entre dichos com-promisos y su actuacin, resultados e impactos. Esta coherencia no se improvisa, ni depende de la voluntad de las personas que actan en el mbito de la empresa, sino que debe ser planificada y gestionada adecua-damente a travs de sistemas de gestin, de inversin y operaciones del negocio.

Aterrizando la idea de principios y coherencia en el contexto de crisis actual, conviene reflexionar sobre el gran nmero de causas que normalmente produce la incoherencia frente a los principios que se asumen pblicamente.

Algunas pueden estar relacionadas con la voluntad real, ya que a esos principios no se les considera re-levantes suficientemente, en nuestra visin de institucin o sociedad, como para marcar o definir compor-tamientos, objetivos o criterios de decisin. En este caso se trata de valores perifricos, circunstanciales o relativos, pero que no conforman el ADN de la cultura ni el comportamiento de la sociedad o la institucin. En este caso, la incoherencia partira desde la misma voluntad inicial, en la que no se asumira que el compro-miso pblico pudiera tener consecuencias reales sobre los comportamientos, decisiones y consecuencias que se derivan de ellas. Se entiende que esta causa de incoherencia se limitara a unos casos limitados de establecimiento pblico sobre compromisos, debido a comportamientos cnicos o ignorantes sobre lo que se espera de dichos compromisos.

Otra causa, ms frecuente, est relacionada con la poca alineacin de las prioridades y coherencia de los compromisos adquiridos pblicamente con la asignacin de recursos y el desarrollo de instrumentos, como son el despliegue de polticas, la definicin de autoridades o los criterios de decisin,. En este caso, la situacin atae a cmo debe ir acompaada la asuncin de compromisos y a los medios que deben des-plegarse para hacerlos posibles a travs de las actuaciones concretas. Este el mbito en el que se producen



ms situaciones de incoherencia, pues la realidad de las decisiones y actuaciones que se toman raramente incorporan criterios que busquen la coherencia de los requisitos.

Por esa razn es tan relevante generar instrumentos capaces de hacer coherentes, de forma eficaz, las decisiones y actuaciones con los principios que se han de preservar a travs de ellas. As, se pueden encon-trar casos donde s hay una verdadera voluntad poltica -de sociedad u organizacin- en asegurar que se cumplan los principios en las decisiones y actuaciones, pero no se han establecido los instrumentos para hacerlos de forma eficaz. Esto debera incorporar no slo una definicin de estrategias, polticas, procesos, operaciones, actividades y herramientas de gestin y decisin que lo permitan, sino que adems habra que dotarlos tambin de los suficientes recursos para hacerla realmente eficaz.

Es aqu donde se puede materializar un mayor divorcio entre los discursos y la realidad, que genera una desconfianza entre los distintos actores que escuchan compromisos, pero perciben o sufren los resultados e impactos. Esta percepcin puede incluso cuestionar la verdadera voluntad de quien asumi los compromisos sobre los principios, muchas veces de forma injusta. Por ello cobra mayor relevancia la asuncin de compro-misos sobre principios, como el esfuerzo en desplegar los medios para poder asegurar que estos marcan el comportamiento, a travs de las decisiones, actuaciones, resultados e impactos.

La tercera causa identificada es la resolucin de conflictos, tensiones o dilemas que ocurren en la toma de decisiones cotidianas de las actividades claves de la sociedad o de la empresa, respetando los principios que se han asumido como gua de las actuaciones y el comportamiento. Se trata de un mbito de gran com-plejidad, pues en muchos casos se deben tomar decisiones que pueden no ser evidentes, ni fciles, debido a una colusin entre objetivos y principios, e incluso entre distintos principios. Las decisiones concretas sobre situaciones de riesgo o sobre distintos impactos son las ms complejas de solventar y, por ello, deben estar fundamentadas y ser coherentes con los principios definidos como propios. De nada sirve asumir compro-misos sobre principios si, pese a tener los medios para poder evaluar los impactos de las distintas opciones, las decisiones no los respetan. Esta incoherencia es la que ms erosiona la confianza de las partes interesa-das, pues demuestra que pese a que existe un compromiso y se dispone de las herramientas adecuadas, las decisiones y actuaciones raramente respetan los principios de la propia institucin o sociedad.

Cabe preguntarse el por qu de esta situacin. Entre muchas posibles, una razn fundamental es el con-flicto cotidiano que se produce entre principios e intereses aparentes de sociedades o instituciones. Los dilemas entre principios e intereses conllevan la contradiccin temporal de ambos conceptos. Mientras que los principios son valores que al ser propios de la organizacin o la sociedad se consideran vlidos en una visin de largo plazo, los intereses pueden verse y priorizarse segn el plazo en el que se planteen. Los inte-reses son distintos en la medida que se valoran o priorizan de forma diferente segn el plazo donde estn enmarcados.

Aquello que aparentemente puede interesar en el corto plazo tal vez sea contraproducente en el largo plazo. Esta es una de las lgicas del paradigma de la responsabilidad social y del desarrollo sostenible. La visin de largo plazo se ajusta ms a intereses que pueden ser coherentes con los principios propios, fun-damentalmente porque coinciden o estn alineados a la visin de sociedad o empresa que tenemos en ese plazo. El problema radica en que las decisiones sobre aspectos claves de polticas, actuaciones, operaciones o inversiones normalmente se toman con una visin de corto plazo. Esto se debe fundamentalmente a la lgica de actuacin para la resolucin y obtencin de resultados en el corto plazo, muchas veces porque los incen-tivos de los que toman la decisin -econmicos o polticos- as lo premian. En otras ocasiones responde a una lgica de corto plazo en las decisiones de poltica y gestin, que imposibilita analizar las consecuencias y, por tanto, los intereses en el largo plazo.

El hecho de que la gestin empresarial (de entidades cotizadas) se haya visto muy condicionada por las lgicas financieras, donde prevalece el corto plazo debido a una orientacin desequilibrada al aumento del valor en bolsa de las acciones (mercado especulativo), ha provocado que el corto plazo haya sepultado la visin sobre los objetivos de la empresa en el largo plazo. Como ya se apunt previamente, esta visin y lgica de gestin empresarial perme en el tejido y cultura empresariales que, pese a no tener una vincula-

Introduccin


cin directa con los mercados especulativos organizados, se vieron condicionados con las lgicas de las que s lo estaban por sus relaciones comerciales u operativas con ellas. En definitiva, en la actualidad se percibe una cultura ampliamente impregnada en la gestin -pblica y privada- donde prevalecen ms los criterios de decisin de corto que de largo plazo, y ello sin duda afecta a la dificultad de dar coherencia a las decisiones y actuaciones con los principios.

Por otro lado, tanto en el mbito de la gestin de lo pblico como en la gestin de las empresas, es fre-cuente escuchar un argumento: ante el conflicto, no dar prioridad a los intereses sobre los principios en una decisin, no slo sera naif, sino contraproducente. Este razonamiento es ms frecuente y evidente cuando se habla sobre poltica internacional o sobre una confluencia de intereses globales e intereses particulares.

Desde mi punto de mi vista, es necesario negar rotundamente este falso tpico. No es verdad que ante un aparente conflicto entre intereses y principios, en una decisin o situacin concreta, sea mejor siempre apostar por sacrificar los principios en aras de obtener o satisfacer los intereses propios. Es ms, sera dis-cutible incluso contraponiendo slo los intereses, segn el plazo de anlisis o segn a quienes benefician. Pero en especial este tpico es falso desde un punto de vista de simple eficacia y supervivencia, ya sea de una sociedad o institucin, porque la incoherencia sobre los principios erosiona la confianza de los actores y ge-nera debilidades y riesgos sobre su fortaleza diferencial frente a otras entidades o sociedades: los principios. Sera ms acertado por tanto asegurar que ante un conflicto entre intereses (cortoplacistas) y principios (que la sociedad o la empresa dice respetar o proteger), si se priorizan los intereses sobre las decisiones, el resultado final ser escalonado: primero perder los principios -y, por ende, la confianza que tengan las partes interesadas- y despus los intereses tambin, al demostrar una debilidad que le generar un mayor riesgo y coste en sus relaciones en el medio y largo plazo.

El concepto de realismo poltico o de la gestin aplicada a criterios de decisin es absolutamente con-traproducente, pues genera una absoluta incoherencia difcil de ocultar y ser percibida por todas las partes interesadas, tanto internas como externas. Esta incoherencia le generar debilidades que sern visualizadas, as como riesgos nuevos que podrn aprovechar los adversarios o la competencia, pudiendo poner en ries-go la propia viabilidad o supervivencia. La incoherencia en el largo plazo no es gratis, y tiene unos elevados costes, ya sea para la sociedad como para la empresa o institucin, que la practica y asume como habitual.

Por esa razn, no slo es ticamente reprochable asumir esta incoherencia entre las actuaciones y deci-siones con los principios como normal y aceptable sino que adems es negligente y autodestructivo, desde un punto de vista simplemente utilitarista. Si las sociedades, las instituciones o las empresas entran en de-clive, caen y desaparecen, no se debe a su coherencia con los principios que previamente les generaron fortalezas y oportunidades y por los que fueron reconocidos, sino por las debilidades que afloran de las incoherencias con los mismos. De ah la relevancia de la comprensin de la incoherencia de las actuaciones sobre los principios es reprobable por ser un incumplimiento de un compromiso pblico y adems porque genera consecuencias adversas que dificultan o hacen ms costosas las relaciones, al congelarse o desplo-marse la confianza de las partes interesadas sobre la entidad, gobierno o empresa., Es decir, esta incohe-rencia provoca unos costes de agencia muy elevados en las relaciones operativas, econmicas, comerciales, polticas, laborales, socialesque le restan ventajas o valor diferencial frente a otros.

Obviamente, no se afirma que los principios tienen que ser eternos o inamovibles. Pueden cambiar y adaptarse si as se considera necesario ante una nueva visin de la institucin o la sociedad y ese cambio no debe entenderse como un motivo de incoherencia ni se percibir as por las partes interesadas si las actuaciones incorporan estos nuevos principios. Sin embargo, tampoco es asumible interpretar los principios segn el inters coyuntural del momento, pues este tipo de adaptaciones pueden ser interpretadas como oportunistas. La clebre y ocurrente frase de Groucho Marx Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros refleja de forma genial la visin cnica y utilitarista que se puede llegar a asumir en cuanto a coherencia con los principios. Es obvio el alto riesgo que puede significar el hecho de que esta flexibilidad en los principios sea percibida por las partes interesadas.



En este sentido cobra relevancia que los principios sean transversales a las distintas polticas y estrategias para preservar la coherencia entre ellas. Por ejemplo, la asuncin de compromisos de una empresa sobre el desarrollo de los pases donde opera y obtiene beneficios y, a la vez, la implementacin de una estrategia de optimizacin fiscal que incluya la utilizacin de parasos fiscales o tcnicas de elusin fiscal en detrimen-to de una aportacin proporcional y justa a los beneficios obtenidos, es una incoherencia entre polticas y estrategias que genera una clara debilidad y riesgo de percepcin sobre la empresa. Otro claro ejemplo apuntara a la apuesta por la competitividad a costa de reducir el coste de mano de obra: apuesta claramente incoherente y corta de miras con una visin de desarrollo sostenible y responsable y con una poltica de empresa que reconoce el capital humano como su valor aadido.

Apostar por una estrategia de innovacin y generacin de conocimiento como elemento estratgico y diferencial, pero a la vez por una poltica de recursos humanos donde lo que se fomenta es la rotacin y la temporalidad, es claramente incoherente e ineficaz. Comprometerse con el desarrollo responsable mientras se desarrolla una estrategia de externalizacin de procesos productivos para abaratar los costes y flexibili-zar las demandas, es tambin incoherente con dichos principios. De la misma manera lo es comprometerse con el principio de igualdad y no discriminacin pero asumir como naturales las diferencias salariales o de categora en igualdad de condiciones y tambin asumir el principio de desarrollo sostenible pero acortando el ciclo de vida de los productos y promoviendo la aceleracin del consumo. Es decir, las incoherencias se pueden dar precisamente en la visin poco integral de las polticas y estrategias, donde se incluyen principios o interpretaciones de ellos, as como criterios de actuacin o decisin claramente incoherentes.

Transparencia y coherencia

Desde un punto de vista de gestin, coherencia es difcil demostrar coherencia, si no es a travs de un ejercicio real y eficaz de rendicin de cuentas. Evidentemente la coherencia se evidencia en todas las decisio-nes y las actuaciones, as como en las relaciones que tiene una institucin, sociedad o empresa con el resto. Es la forma ms slida de consolidar una percepcin sobre la coherencia de la organizacin con sus prin-cipios pero es algo poco controlable e incompleto si esa rendicin de cuentas no es global e institucional.

Por ello cobra importancia garantizar que un ejercicio de rendicin de cuentas como el de transparencia permita evaluar no slo el comportamiento (decisiones y actuaciones) sino la coherencia frente a los prin-cipios y objetivos sobre los que se ha comprometido. En este proceso, debern explicarse primero cules son los compromisos sobre principios y objetivos, despus cmo se van desplegar y asegurar y, por ltimo, qu resultados se han obtenido. Si bien es verdad que la informacin cualitativa es fundamental (a qu se compromete y cmo lo va a garantizar), tambin es imprescindible la cuantitativa y, en especial, la referida a los resultados e impactos obtenidos, que permitan a las partes interesadas evaluar el grado de eficacia y por tanto de coherencia frente a los compromisos.

Sin embargo, no basta con los datos sobre los resultados e impactos del ejercicio, sino que stos deben permitir comparacin frente a los compromisos (internos o con otras partes interesadas) y frente a los objetivos marcados. Tambin esta informacin debe ser explicada de tal forma que puedan comprenderse las tensiones o dilemas que se plantean en la gestin y en las operaciones, y cmo las resuelve la empresa, para poder evaluar as su coherencia con los principios y otros compromisos.

En definitiva, con un enfoque de rendicin de cuentas, la transparencia es una herramienta bsica para evidenciar la coherencia, para que sta sea percibida por las distintas partes interesadas. Una ausencia de transparencia o una visin comercial de la misma genera ms desconfianza y, por tanto, pone en riesgo la confianza sobre la coherencia general de la organizacin.

II. Objetivo del estudio y metodologa del anlisis



El objetivo del estudio La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 es evaluar la calidad de la informacin sobre aspectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) proporcionada en la documentacin y en las memorias pblicas y accesibles de las empresas que conforman el IBEX 35.

Con este fin se ha medido tanto su grado de calidad tcnica y coherencia, como los contenidos y los siste-mas de gestin descritos. El anlisis se ha realizado a travs de un modelo basado en las cinco herramientas descritas posteriormente.

El Estudio busca tambin evaluar el grado en el que las memorias de RSC son herramientas vlidas para que la informacin generada sea til para la gestin y el control interno de las propias empresas. Por lo tanto, tambin trata de determinar el uso que las empresas hacen de las memorias: puramente informativo o como herramienta fundamental para la rendicin de cuentas, y la gestin y control internos de los procesos centrales de negocio de la compaa.

No obstante, no es objeto de este estudio evaluar la veracidad de los datos publicados, ni la implantacin real de las polticas y procesos identificados por las empresas en sus informes.

Con el fin de extraer conclusiones significativas que permitan conocer la calidad de esta informacin y la situacin actual de la comunicacin en materia de RSC de las empresas espaolas analizadas, se han trasladado las valoraciones cualitativas a valoraciones cuantitativas mediante la metodologa descrita en el Modelo de Anlisis.

El anlisis, tal y como se describe con ms detalle en el apartado Alcance del estudio, se limita nicamente a la informacin correlativa a las compaas de la muestra, no amplindose a otros documentos adicionales publicados por empresas participadas, filiales o pertenecientes al mismo grupo empresarial.

2.1. Objetivo

Objetivo del estudio y metodologa del anlisis


2.2.1 Alcance del estudio

Con la finalidad de proporcionar homogeneidad al anlisis, se han tomado como base las memorias del ejercicio 2010 elaboradas por las empresas espaolas que contuvieran informacin sobre aspectos de RSC.

En los casos en los que el equipo de anlisis lo ha considerado relevante para las conclusiones del estudio, se ha incluido informacin adicional facilitada tanto por las empresas y por algunos de sus stakeholders, como otros documentos en materia de RSC del mismo periodo, de carcter pblico y accesible, elaborados por las propias compaas (entregados fundamentalmente en sus Juntas Generales de Accionistas). En concreto, en el anlisis se incluye informacin relevante sobre aspectos de gestin de RSC que pueda estar incluida en su Informe Anual, Memoria de Sostenibilidad, Memoria de RSC, Memoria Social, Memoria Medioambiental, Informe de Gobierno Corporativo u otros. En el anlisis individual por empresa se especifican qu docu-mentos han sido considerados para la evaluacin de la calidad de la informacin de cada empresa.

Por motivos de representatividad y relevancia se decidi tomar como muestra las treinta y cinco em-presas que a fecha 31 de diciembre de 2010 componan el ndice IBEX 35 del mercado espaol de valores.

La nica diferencia de la muestra de 2010 respecto al ejercicio 2009 es la incorporacin de EBRO FOODS el 07/01/2010 cuando se cubre la vacante de CINTRA.

2.2.2 Fases del estudio

A. Definicin y desarrollo del Modelo de Anlisis

El estudio se basa en un Modelo de Anlisis que cumple con las siguientes caractersticas: Integracin de los diferentes aspectos relativos a la RSC al mximo nivel de detalle, teniendo en

cuenta el amplio espectro de conexiones entre la RSC y las operaciones de una gran empresa. La garanta y la credibilidad que ofrecen herramientas relacionadas con la RSC ampliamente acep-

tadas a nivel nacional e internacional. Posibilidad de transformar valoraciones cualitativas en cuantitativas que permiten dotar de obje-

tividad a los resultados, facilitan la comparabilidad de los mismos y permiten el seguimiento de su evolucin en el futuro.

Minimizacin de la incertidumbre generada en la evaluacin, a travs de la aplicacin de criterios comunes, as como de revisiones y comparaciones de los resultados por parte de los analistas.

Para mejorar aquellos aspectos que implican una informacin cualitativa de la empresa, este ao, se ha realizado una revisin de indicadores cualitativos tanto en los criterios de interpretacin como en la inclusin de nuevos indicadores que implican una mejora significativa de la herramienta.

2.2. Metodologa



Para el anlisis, se utilizan cinco herramientas, que se presentan a continuacin:

Global Reporting Initiative (GRI)

Incluyendo las diferentes secciones: ndice y Perfil GRI, Indicadores GRI y Principios GRI. Los indi-cadores adicionales se han aplicado en todos los anlisis, sin embargo nicamente se han agregado al clculo final cuando su inclusin implica una mejora en la puntuacin por aspecto.

Se aade en el 2009, el anlisis de indicadores especficos de GRI de los sectores de Elctricas, Mi-nera y Servicios Financieros, en sus versiones definitivas. Hasta este ejercicio se utilizaba la versin piloto del suplemento sectorial de Servicios Financieros, que ha sido sustituida por tanto por su versin definitiva.

En el caso del suplemento sectorial de Telecomunicaciones se sigue aplicando en su versin piloto como en aos anteriores.

Gobierno Corporativo

Los requisitos valorados en la presente edicin del Estudio, se basan en las recomendaciones de Buen Gobierno recogidas en el Cdigo Aldama, las recomendaciones adicionales de la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la exigencia de la Ley Sarbanes Oxley para compaas que cotizan en EEUU (que exige habilitar un canal de comunicacin annimo para que empleados, clientes y proveedores puedan denunciar comportamientos financieros irregulares o poco ticos), y las recomendaciones del Cdigo Unificado de Buen Gobierno de la CNMV (Cdigo Conthe).

Es importante sealar que en ningn caso los resultados del anlisis de Gobierno Corporativo de-ben ser interpretados desde la perspectiva de cumplimiento de la legalidad vigente en este mbito (Ley de Transparencia de las Sociedades Annimas Cotizadas).

Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos de NNUU (Normas de NNUU sobre DDHH para empresas transnacionales).

Los indicadores provenientes de las Normas sobre empresas Transnacionales estn completados para analizar aspectos relacionados con corrupcin y derechos del consumidor, como en la tercera edicin del estudio, con:

Directrices de Naciones Unidas sobre la proteccin del consumidor (incluyen la ampliacin de NNUU de manera que incluyan directrices sobre modalidades de consumo sostenible).

Convencin de las Naciones Unidas contra la corrupcin.

AA1000 (AccountAbility)

Incluyendo Requisitos AA1000 y Principios AA1000.

Modelo de New Economics Foundation (NEF)

En la seccin 3.2.3 Herramientas del anlisis del presente informe se ofrece una descripcin ms detallada de las mismas, de sus objetivos y caractersticas generales. Asimismo, en el Anexo al estudio (Bibliografa), se incluyen referencias al organismo que las origina y su pgina web, en la que se ofrece informacin adicional sobre dichas herramientas.

Objetivo del estudio y metodologa del anlisis

Análisis del Ejercicio 2010 Informe Completo

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