Precedentes Vinculantes en Materia Administrativa Dr. Giancarlo Cresci Vassallo

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    05-Jul-2015
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  • 1. Giancarlo E. Cresci Vassallo Asesor del Tribunal Constitucional

2.

  • Es competencia y responsabilidad de RENIEC la custodia de documentos que sustentan los hechos inscritos (Ttulos Archivados).
  • En caso no cuente con el ttulo archivado requerido, tambin es responsabilidad de RENIEC, gestionar de oficio dichos documentos, solicitndolos a las entidades correspondientes; ms an si forman parte del sistema registral o de municipalidades con las cuales hay estrecha y permanente vinculacin.

3.

  • De no observarse dichas prescripciones, como ocurre en el caso concreto, se esta inobservado los principios de impulso de oficio, celeridad y simplificacin; y en consecuencia el derecho al debido proceso en sede administrativa.

4.

  • La libre voluntad de crear una empresa es un componente esencial del derecho a la libertad de empresa, as como de acceso al mercado empresarial.
  • Del contenido de la sentencia recada en el expediente N 3330-2004-AA/TC, se consider que en los casos vinculados al otorgamiento de licencias municipales de funcionamiento de establecimientos; se vulnerar la libertad de trabajo si es que no se permite ejercer el derechoa la libertad de empresa.

5.

  • Tendr que esclarecerse previamente la vulneracin del derecho a la libertad de empresa, confirmando la naturaleza accesoria del derecho al trabajo.
  • Para reconocer la libertad de empresa, debe acreditarse contar con licencia de funcionamiento por parte de la autoridad municipal, caso contrario la demanda deber ser declarada necesariamente improcedente, segn el artculo 38 del Cdigo Procesal Constitucional.

6.

  • Si existen dudas acerca de la actuacin de los gobiernos locales al momento de otorgamiento o denegatoria de las licencias de funcionamiento, la parte afectada debe recurrir a la va contencioso administrativa.
  • Los criterios descritos sern aplicables a las demandas en las que se solicite la inaplicacin, suspensin o nulidad de cualquier sancin o procedimiento administrativo o coactivo derivado de la falta de la correspondiente autorizacin municipal.

7.

  • Se establece que para el cumplimiento de la norma legal, la ejecucin del acto administrativo y la orden de emisin de una resolucin sean exigibles a travs del proceso de cumplimiento, adems de la renuencia del funcionario o autoridad pblica, el mandato contenido en aquellos deber contar con los siguientes requisitos mnimos comunes:

8.

  • Ser un mandato vigente
  • Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo.
  • No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.
  • Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.
  • Ser incondicional.
  • Excepcionalmente,podr tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfaccin no sea compleja y no requiera de actuacin probatoria.

9.

  • Para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, adems de los requisitos mnimos comunes mencionados, en tales actos se deber:
  • Reconocer un derecho incuestionable del reclamante.
  • Permitir individualizar al beneficiario.

10.

  • Los requisitos mnimos se justifican dado el carcter sumario y breve del proceso de cumplimiento, no siendo el adecuado para discutir los contenidos de normas generales cuyos mandatos no tienen las caractersticas mnimas, o de normas legales superpuestos que remiten a otras, lo cual implica una actividad interpretativa compleja.

11.

  • La autoridad administrativa, en este caso la Oficina de Derechos de Autor, tiene la plena facultad de poner en prctica medidas preventivas o cautelares a efectos de cumplir con su funcin de tutela o proteccin sobre los derechos correspondientes al autor, no puede ejercer dicha responsabilidad de una manera absolutamente discrecional, sino sujeta a una serie de parmetros mnimos.

12.

  • Entre las medidas preventivas o cautelares se encuentra la diligencia de inspeccin, contenida en el artculo 177 de la Ley de Derechos de Autor, la cual debe ser necesariamente solicitadapor el interesado y sustentada con un mnimo de elementos probatorios o suficientes en la forma en que expresamente lo indica el artculo 179 de la Ley de Derechos de autor.
  • La exigibilidad de dichas pruebas elementales no es, por otra parte, un asunto opcional o facultativo, sino plenamente obligatorio, conforme lo ratifica el tambin artculo 180 de la referida Ley;as mismo la simple invocacin de normas jurdicas no puede servir como argumento para convalidar la procedencia de las mismas.

13.

  • Conforme a lo dispuesto por el artculo 206 de la Ley de Derechos de Autor, en materia de solicitud de informe oral, () la actuacin de denegacin de dicha solicitud quedar a criterio de la Sala del Tribunal, segn la importancia y trascendencia del caso; lo que no significa el reconocimiento de una facultad absolutamente discrecional ni que todo informe oral sea obligatorio por el solo hecho de solicitarse.
  • Por lo que la sola invocacin al anlisis de lo actuado y a la materia en discusin no puede ser suficiente argumento para denegar la solicitud de informe oral, ya que no existe forma de acreditar si, en efecto se ha analizado adecuadamente lo actuado y si la materia en debate justifica o no la misma.

14.

  • Desde la perspectiva descrita no resulta necesario declarar inaplicable el referido artculo, por el contrario procede una lectura del mismo compatible con la Constitucin, concibindolo como una norma proscriptora de la arbitrariedad.

15.

  • En esta sentencia se establece la facultad del Tribunal Constitucional para establecer mediante sus sentencias precedentes vinculantes a todos los tribunales y rganos administrativos; as como recoge los criterios que se adoptar para establecer un precedente constitucional vinculante.

16.

  • Todo cobro que se establezca al interior de un procedimiento administrativo, como condicin o requisito previo a la impugnacin de un acto de la propia administracin pblica, es contrario a los derechos constitucionales al debido proceso, de peticin y de acceso a la tutela jurisdiccional, y por tanto las normas que lo autorizan son nulas.

17.

  • Se establece que:
  • El contenido normativo d el Decreto Legislativo N. 843, delosDecretos Supremos N. os045-2000-MTC, 053-2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006-MTC y de los Decretos de Urgencia N. os079-2000, 086-2000, 050-2008 y 052-2008 es conforme con la Constitucin, por cuanto no vulnera en forma directa ni indirecta el contenido constitucional de los derechos al trabajo y a las libertades de trabajo, de empresa, de contratacin y de iniciativa privada.

18.

  • En consecuencia los decretos mencionados no pueden ser inaplicados en ninguna clase de proceso por los jueces del Poder Judicial; y en consecuencia deben confirmar la constitucionalidad de los mismos.
  • Las resoluciones judiciales que hayan inaplicado las normas, son eficaces y ejecutables hasta el 5 de noviembre de 2008.

19.

  • A partir del 6 de noviembre de 2008, todas las resoluciones judiciales que las hayan inaplicado, son consideradas contrarias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al tercer prrafo del artculo VI del Ttulo Preliminar del CPConst. y a la Primera Disposicin General de la Ley Orgnica del Tribunal Constitucional, por lo que carecen de eficacia.

20.

  • Para que se declare la nulidad de las resoluciones judiciales firmes emitidas a partir del 6 de noviembre de 2008, que hayan inaplicado las normas mencionadas, excepcionalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a travs de su Procurador Pblico, tiene habilitado el plazo de prescripcin previsto en el segundo prrafo del artculo 44 del CPConst. para interponer la respectiva demanda de amparo contra resolucin judicial firme; el cual se inicia a partir del da en que la presente sentencia le sea notificada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.