Malicia extractivista: como no podemos con ella, maten su ...

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- Los abusos de Yanacocha contra la familia de la campesina cajamarquina Máxima Acuñade Chaupe, contados por Eduardo Gudynas, investigador de CLAES.

Por Eduardo Gudynas*

7 de febrero, 2016.- La enorme corporación minera intentó por todos los medios echar a esa familiacampesina. Usaron policías, guardias, periodistas, juicios, y muchas otras armas. Pero es una familiatestaruda, con una mujer arraigada a su tierra en los Andes del norte de Perú, que resiste con todassus fuerzas y no cede.

Como no pudieron echarla ahora destruyen sus cultivos de alimentos y su perro es encontradoherido. La malicia queda de esta manera al desnudo.

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Este es el contexto en el que viven Máxima Acuña de Chaupe y su familia, en las sierras deCajamarca. Rodeada y hostigada por la empresa minera Yanacocha, la que reclama la posesión deesas tierras.

A lo largo de los últimos años, esa corporación ha intentado de todo contra la familia Chaupe Acuña,desde juicios a ingresos en sus predios, desde denuncias en la prensa convencional a destruiralgunas de sus construcciones.

Yanococha, la minera de oro más grande de América Latina, un consorcio entre las corporacionesNewmont, la peruana Minas Buenaventura, y la Corporación Financiera Internacional (del BancoMundial), aparece tan obsesionada con esta situación que en los últimos meses pasó a vigilar elpredio de Máxima Acuña con un dron que la sobrevolaba y la filmaba, e inclusive con la instalaciónde cámaras fijas.

Dando otro paso, el pasado 2 de febrero los cultivos de papas de la familia fueron destruidos porpersonal de la empresa minera (amparados en una controvertida medida judicial).

Según relata Daniel Chaupe, unos 150 hombres, entre agentes de seguridad privada de la mineraYanacocha y policías nacionales, ingresaron a uno de los predios destruyendo dos sembradíos depapas. Era el alimento que esperaban cosechar en un par de meses para la alimentación familiar.

Unos días antes, el 30 de enero, el perro guardián de la familia apareció acuchillado. No pasódesapercibido que Daniel Chaupe contara que cuanto reclamó a los policías y agentes en defensa desu sembrío, solo recibió risas y amenazas: “Ya ves lo que hemos hecho con tu perro, ahora con tusembrío, mañana te toca a ti”, le dijeron (1). La amenaza es muy clara.

Estas y otras acciones de hostigamiento han despertado múltiples reacciones en defensa de lafamilia Chaupe Acuña.

Tan sólo como ejemplo, en estos días Amnistía Internacional emitió un comunicado reclamando quese detengan estas agresiones (2), algunos discuten si no se está ante un caso de tortura o deviolación del derecho a la alimentación, y otras organizaciones presentan sus reclamos con lossocios corporativos, Newmont en Estados Unidos y el Banco Mundial.

Claro que la empresa niega vinculaciones con muchos de estos hechos y consideran que otros sonlegítimos (3).

Esto es común en todo el continente, ya que las grandes corporaciones sostienen que ellas, por elcontrario, defienden una minería sustentable y ostentan sus programas de responsabilidad socialcorporativa. Los ejecutivos de esas empresas, que trabajan en Lima u otras capitales, siemprerechazan ese tipo de prácticas violentas.

En contraste con lo que se dice en las oficinas corporativas, en los territorios de América Latina, semultiplican los conflictos sociales ante los proyectos megamineros.

Los casos de desidia ambiental, la persecución a líderes sociales, e incluso el uso de la violencia, sonmuy frecuentes. En todos esos hechos, por detrás hay grandes empresas, no sólo aquellas que sontransnacionales, sino también las de propiedad nacional, estatal o mixta, y hasta cooperativas.

En las contadas ocasiones en que esos hechos de violencia se investigan y se obtienen resultados,casi siempre la culpa recae en alguna pequeña compañía tercerizada encargada de una obra o laseguridad, o sobre un jefe local, mientras que los ejecutivos corporativos niegan susresponsabilidades.

“Nada tenemos que ver, y esos hechos van en contra de la política y compromisos de la empresa”– es lo que repiten, para enseguida defender su evangelio de la responsabilidad social empresarial.

Pero lo cierto es que la megaminería y otros extractivismos de alta intensidad avanzan en un

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contexto de creciente violencia.

Los códigos de responsabilidad corporativa quedan relegados a buenos deseos para calmaraccionistas en el norte y políticos en el sur.

Pero en los territorios, como ocurre en Perú y otros países latinoamericanos, estos extractivismossólo son posibles violando los derechos humanos y de la naturaleza.

Inmersos en un clima de violencia siempre habrá algún actor local dispuesto a algo, empresariosdeseosos de romper los “obstáculos” a sus inversiones, policías dispuestos a ayudar, y asísucesivamente se teje una telaraña que da cobertura a la violencia.

Es que las comunidades locales difícilmente aceptarían emprendimientos que destruyen susterritorios, quiebran sus economías locales, contaminen sus suelos y aguas, y erosionen sus modosde vida.

Por lo tanto, más tarde o más temprano, esos grandes extractivismos sólo son posibles incumpliendoderechos como los de acceso a la información y la consulta, pero también hostigando o persiguiendoa movimientos sociales, e incluso usando la violencia contra sus líderes o figuras másrepresentativas (4).

Entre cientos de esos casos, el de Máxima Acuña y su familia se ha convertido en un ícono de laresistencia ciudadana a los extractivismos y la defensa de los derechos humanos, tanto dentro dePerú como también a nivel internacional.

Acuña recibió el premio Defensora del Año de la Red Latinoamericana de Mujeres y el PremioEspecial Nacional de derechos humanos de la Coordinada de Derechos Humanos de Perú, y susituación ha cosechado el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Somos testigos ahora de una nueva escalada contra una familia campesina, y todo el episodioejemplifica la malicia que envuelve a este tipo de conflictos.

Malicia en su significado de las acciones e intenciones que son contrarias a la virtud. De un lado, ungigantesco consorcio minero, que como no ha podido expulsarlos a estos campesinos de esastierras, ahora se dedica a vigilarlos con un dron y cámaras, y no tiene reparos en romper lossembradíos de papa que alimentarían a su familia.

Estamos ante una maldad que estremece. Alguien acuchilla al perro de la familia, mostrando unamalicia destilada en años de impunidad.

Tú serás el próximo, es la amenaza que se lanza desde el anonimato. Habrá quienes nieguen losvínculos entre todos estos hechos, y posiblemente poco se pueda probar, pero serán muchos otroslos que interpretarán esto como un mensaje mafioso destinado a promover el miedo.

Es difícil entender esta situación. ¿Habrá algún ejecutivo, educado en una prestigiosa escuela denegocios, irritado por el hecho que una mujer campesina, analfabeta, pueda convertirse en unobstáculo tan enorme?

¿Hay actores empresariales y políticos obsesionados con ella y decididos a que no se convierta en unsímbolo mundial de la resistencia a los extractivismos? ¿Tan peligrosos son los Acuña y los Chaupeque se los debe monitorear con un dron?

Las promesas de la responsabilidad social corporativa o de supuestas tecnologías infalibles paraevitar el deterioro ambiental, finalmente quedan sepultadas bajo la violencia más primitiva.

Es como si de un lado, está de pie un rencor visceral que dice que, si no te podemos expulsar deesas tierras, barreremos con tus cultivos y mataremos a tus animales, haremos de tu vida uninfierno, y del otro lado, una familia, con la fortaleza nutrida por una ética enraizada en susterritorios, que defiende la vida, con decenas de miles de apoyos detrás.

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Todo esto hace que el caso de Máxima Acuña sea tan importante. No es un hecho aislado en unolvidado rincón de la sierra peruana, sino que representa el drama de muchas familias en todo elcontinente.

Referencias(1) Testimonio en el comunicado de la Red Muqui de Perú; en: http://www.grufides.org/blog/minera-yanacocha-deja-sin-cultivos-y-alimen... [1]

(2) Amnistía Internacional lanzó una campaña en escribir al Ministro del Interior y el Fiscal de laNación en Lima; https://www.amnesty.org/en/documents/amr46/3392/2016/es/ [2]

(3) La empresa comunicó el 2 de febrero 2016 que "removió" una plantación en un terreno queconsideran que la familia Chaupe Acuña ocupa en forma ilegal, tipificando su acción como una"defensa posesoria pacífica"; su comunicado en: http://www.yanacocha.com/yanacocha-ejercio-defensa-posesoria-pacifica/ [3]

(4) Extrahección es el término propuesto para los extractivismos que arrancan los recursos naturalesviolando los derechos humanos y de la naturaleza; las definiciones en http://ambiental.net/2013/03/definiciones-extracciones-extractivismos-ex... [4]

Fotografía del perro guardián de la familia, Cholito, que además de pastor, según Daniel Chaupe, leha salvado la vida varias veces con sus ladridos de alerta antes quienes ingresaban a sus predios ointentaban perseguirle. Foto CATAPA desde el Facebook de Daniel Chaupe; comunicado de la redMuqui.

__*Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social(CLAES), en Montevideo – www.ambiental.net [5]; Twitter: @EGudynas [6]___Fuente: Alainet: http://www.alainet.org/es/articulo/175267 [7]

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