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BORRADOR DE POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA [1] La Dirección General de Integridad y Ética Gubernamental (DIGEIG), en coordinación con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), en el marco de la República Digital que coordina el Ministerio de la Presidencia, y atendiendo entre otros a las necesidades de fortalecer el acceso a la información pública ante la pandemia COVID-19 en aras de mejorar la respuesta y planificación para la recuperación, se complace en presentar a consulta pública el siguiente borrador de Política de Datos Abiertos Gubernamentales del Estado Dominicano. Asimismo, esta política observa compromisos adquiridos por el Gobierno Dominicano frente a la VIII Cumbre de las Américas del 2018 (Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción), y la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del 2019 (AG/RES. 2931 (XLIX-O/19)), numeral x. Gobierno Digital, Abierto y Transparente: Aprobar el Programa Interamericano de Datos Abiertos (PIDA) para combatir la corrupción anexo a esta resolución, que tiene como propósito fortalecer las políticas de apertura de información e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción con datos abiertos, y solicitar a los Estados Miembros y a la Secretaría General, a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, adelantar esfuerzos para su implementación en los países que así lo soliciten”. Observando los lineamientos que confiere la Norma para la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (NORTIC A3) sobre la publicación de datos abiertos del Gobierno Dominicano, la presente política la componen los considerandos y lineamientos que direccionan la implementación de los datos abiertos en todos los niveles de gobierno; incluyendo las consideraciones de competencias administrativas y de coordinación, los aspectos técnicos, y lo ateniente al portal nacional de datos abiertos; como elementos orientadores para incrementar la transparencia proactiva en la República Dominicana por medio de los datos abiertos. Los organismos pertenecientes a los demás Poderes del Estado, así como aquellos que entran dentro de la clasificación de “Organismos Especiales”, según el Ministerio de Administración Pública (MAP), también pueden implementar los estándares indicados en esta norma como un modelo de buenas prácticas, en apoyo a la estandarización del Estado Dominicano. CONTENIDO DE LA POLÍTICA 1. CONSIDERANDOS 2. CAPÍTULO 1: Disposiciones generales i. Objeto ii. Objetivo iii. Definiciones y perfil de metadatos iv. Principios v. Ámbito de aplicación vi. Observancia de las disposiciones 3. CAPÍTULO 2: Gestión de la política nacional de datos abiertos i. Estructura de aplicación e implementación ii. Mecanismo de gobernanza iii. Coordinación de la Política Nacional de Datos Abiertos iv. Enlaces institucionales

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La Dirección General de Integridad y Ética Gubernamental (DIGEIG), en coordinación con la Oficina

Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), en el marco de la República

Digital que coordina el Ministerio de la Presidencia, y atendiendo entre otros a las necesidades de

fortalecer el acceso a la información pública ante la pandemia COVID-19 en aras de mejorar la respuesta

y planificación para la recuperación, se complace en presentar a consulta pública el siguiente borrador de

Política de Datos Abiertos Gubernamentales del Estado Dominicano.

Asimismo, esta política observa compromisos adquiridos por el Gobierno Dominicano frente a la VIII

Cumbre de las Américas del 2018 (Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción), y la 49ª

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del 2019 (AG/RES. 2931

(XLIX-O/19)), numeral x. Gobierno Digital, Abierto y Transparente: “Aprobar el Programa

Interamericano de Datos Abiertos (PIDA) para combatir la corrupción anexo a esta resolución, que tiene

como propósito fortalecer las políticas de apertura de información e incrementar la capacidad de los

gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción con datos abiertos, y solicitar a

los Estados Miembros y a la Secretaría General, a través del Departamento para la Gestión Pública

Efectiva, adelantar esfuerzos para su implementación en los países que así lo soliciten”.

Observando los lineamientos que confiere la Norma para la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno

Dominicano (NORTIC A3) sobre la publicación de datos abiertos del Gobierno Dominicano, la presente

política la componen los considerandos y lineamientos que direccionan la implementación de los datos

abiertos en todos los niveles de gobierno; incluyendo las consideraciones de competencias administrativas

y de coordinación, los aspectos técnicos, y lo ateniente al portal nacional de datos abiertos; como

elementos orientadores para incrementar la transparencia proactiva en la República Dominicana por

medio de los datos abiertos. Los organismos pertenecientes a los demás Poderes del Estado, así como

aquellos que entran dentro de la clasificación de “Organismos Especiales”, según el Ministerio de

Administración Pública (MAP), también pueden implementar los estándares indicados en esta norma

como un modelo de buenas prácticas, en apoyo a la estandarización del Estado Dominicano.

CONTENIDO DE LA POLÍTICA

1. CONSIDERANDOS

2. CAPÍTULO 1: Disposiciones generales

i. Objeto

ii. Objetivo

iii. Definiciones y perfil de metadatos

iv. Principios

v. Ámbito de aplicación

vi. Observancia de las disposiciones

3. CAPÍTULO 2: Gestión de la política nacional de datos abiertos

i. Estructura de aplicación e implementación

ii. Mecanismo de gobernanza

iii. Coordinación de la Política Nacional de Datos Abiertos

iv. Enlaces institucionales

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4. CAPÍTULO 3: Disposiciones sobre la apertura de datos

i. Proceso de apertura de datos

ii. Licenciamiento para el uso y la reutilización

iii. Protección de datos Personales

iv. Vinculación ciudadana

v. Procedimientos para solicitar datos abiertos

5. CAPÍTULO 4: Disposiciones de implementación

i. Aplicación progresiva

ii. Información prioritaria y publicación proactiva

iii. Plan nacional de datos abiertos

iv. Concientización y cultura de datos abiertos.

v. Portal Nacional de Datos Abiertos

6. Adjunto

i. Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano NORDIC- A3

Introducción

El Gobierno de la República Dominicana en el avance de su iniciativa de gobierno

abierto inició un proceso de co-creación de su política nacional de datos abiertos

teniendo por objetivo el fortalecimiento del acceso a la información y la

transparencia en la administración pública. En este contexto y bajo la conducción

de la Dirección General de Integridad y Ética Gubernamental (DIGEIG) se inició

este proceso a través de la implementación de las Mesas de Diálogo de Datos

Abiertos “Co-Creación de la Política Nacional de Datos Abiertos de la República

Dominicana;” con el apoyo de la Secretaría General de la Organización de los

Estados Americanos (OEA) por medio del Departamento para la Gestión Pública

Efectiva, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos

(ILDA). La Mesa de Diálogo co-ejecutada con la organización de sociedad civil

Fundación Justicia y Transparencia, con participación pública en tres sub-mesas

temáticas de diálogo, tuvo por propósito instaurar bajo un esquema colaborativo de

co-creación de política pública entre gobierno y sociedad civil el espacio de

intercambio para obtener los insumos en el establecimiento de la ruta de acción,

formulación e implementación de la Política Nacional de Datos Abiertos. En las

mesas constituyeron un hito de convocatoria multisectorial por parte del gobierno

para la generación de su política de datos abiertos, tomando nota de un proceso

interinstitucional sincrónico entre Gobierno Digital y Gobierno Abierto,

conducidos por la Dirección General de Ética e Integridad (DIGEIG) y la Oficina

Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC)

respectivamente. Estas dos instituciones coyunturalmente suplen en el eje de

Gobierno Digital, Abierto y Transparente, a la Iniciativa Presidencial “República

Digital” lanzada en el 2017 para el uso y aplicación de la tecnología a favor del

desarrollo de la República Dominicana. Asimismo, el país cuenta con un sustento

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técnico normativo para la política de datos abiertos a través de la Ley General de

Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y su Reglamento de aplicación

aprobado mediante el Decreto 130-05, así como las normas sobre Tecnologías de la

Información y Comunicación - NORTIC A2 y NORTIC A3 sobre Portales

Instituciones y Sub-Portales de Transparencia y Datos Abiertos, respectivamente,

así como de un portal de datos que ostenta a la fecha 833 conjuntos de datos

abiertos por 221 organizaciones. Con las Mesas de Diálogo sostenidas se

identificaron 52 insumos para la política.

POLÍTICA

Considerando: Que la Constitución de la República en sus artículos 7 y 8 establece que nuestra nación se

constituye como un Estado social y Democrático de derecho cuya función esencial es la protección

efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le

permitan perfeccionarse de forma igualitaria equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad

individual y de justicia social compatibles con el orden público el bienestar general y los derechos de

todos los dominicanos.

Considerando: Que los numerales 1 y 2 del artículo 26 de la Constitución de la República Dominicana

establecen que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a

la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia reconoce y aplica las

normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las

hayan adoptado, y acepta que las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el

ámbito interno, una vez publicadas de manera oficial.

Considerando: Que el Artículo 49 de la Constitución Política de la República Dominicana sobre libertad

de expresión e información establece que “toda persona tiene derecho a la información”, y que “este

derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público,

por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley.”

Considerando: Que la República Dominicana, como signataria de la Declaración del Milenio, suscrita

por los países integrantes de las Naciones Unidas, se comprometió a no escatimar esfuerzos para alcanzar

las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

Considerando: Que la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de desarrollo en su objetivo 3.3.5 establece en

lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación.

Considerando: Que dada la Estrategia Nacional de desarrollo incluye un objetivo específico de mejora

en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación es de alta probidad para el

gobierno avanzar en la agenda digital, así como también el fortalecimiento del sistema nacional de ciencia

tecnología e innovación para elevar la eficiencia capacidad de inversión y productividad en la economía

del conocimiento.

Considerando: Que consecuentemente es interés del Estado dominicano por su alto valor estratégico

adoptar cuantas acciones resulten necesarias para concretizar los objetivos trazados por la Estrategia

Nacional de desarrollo mediante la ejecución de políticas públicas sustentadas en planes, programas,

proyectos y actividades que promuevan un nuevo modelo económico con base en el acceso y uso de las

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tecnologías de información y comunicación al fomento de la cultura de transparencia el acceso a la

información y la participación en las decisiones públicas.

Considerando: Que la sociedad dominicana interactúa en un mundo cada vez más globalizado,

sustentado de manera creciente en el conocimiento y la innovación, lo cual condiciona las posibilidades

nacionales del desarrollo sostenible, elevación del bienestar de la población y superación de la pobreza.

Considerando: Que la Constitución de la República Dominicana establece que la concertación social es

un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras

organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social, y que para

promoverla habrá un Consejo Económico y Social.

Considerando: Que el derecho de acceso a la información pública es una de las fuentes de desarrollo y

fortalecimiento de la democracia representativa en tanto permite a los ciudadanos analizar, juzgar y

evaluar en forma completa los actos de sus representantes, y estimula la transparencia en los actos del

Gobierno y de la Administración.

Considerando: Que la Ley General No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública reconoce el

Derecho de acceso a la información pública, así como la transparencia y rendición de cuentas de la

gestión publica para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la Democracia mediante

la participación ciudadana.

Considerando: Que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Organismo

creado mediante el Decreto 486-12, en el año 2012, como el órgano rector en materia de ética,

transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la

información en el ámbito administrativo gubernamental. Dependencia del Ministerio de la Presidencia.

Considerando: Que entre los roles de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

(DIGEIG), se encuentran, la administración del portal de Datos Abiertos, la estructuración de los recursos

de manera reutilizable, el enlace de estos al portal de Datos, y en su defecto la supervisión del

cumplimiento por parte de los organismos del Estado dominicano con el derecho ciudadano del libre

acceso a la información pública.

Considerando: Que la transparencia y lucha contra la corrupción administrativa en la República

Dominicana debe ser una constante en las políticas de Estado.

Considerando: Que la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación

(OGTIC), es un organismo creado en el año 2004 mediante el Decreto Núm. 1090-04, con la

responsabilidad de planificar, dirigir y ejecutar las acciones necesarias para implementar el Gobierno

Electrónico en el país mediante la difusión y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación

(TIC).

Considerando: Que la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación

(OGTIC), tiene el rol de instruir y acompañar a los organismos del Estado, en el proceso de

implementación de las Normas NORTIC A3-2:2018 en sus diferentes fases de consultoría, auditoría y

posterior certificación bajo los estándares que estas establecen.

Considerando: Que la República Digital es el programa de la Presidencia de la República creado

mediante el Decreto 258-16, el cual busca garantizar el acceso de los dominicanos a las tecnologías de la

información y comunicación, con el objetivo de reducir la brecha digital y brindar mejores servicios a la

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ciudadanía; fundamentándose en cuatro ejes principales y dos transversales, incluyendo el eje de

Gobierno Digital, Abierto y Transparente.

Considerando: Que como entes rectores de gobierno electrónico y de datos abiertos de la República

Dominicana, la DIGEIG y la OGTIC cooperan entre sí en el marco del eje de Gobierno Digital, Abierto y

Transparente de la Iniciativa Presidencial República Digital, para: 1. Facilitar la entrega y prestación de

los servicios al ciudadano; 2. Mejorar la eficiencia de las entidades del sector público con el uso de las

TIC; y, 3. Incrementar y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

Considerando: Que la República Dominicana se adhirió a la Alianza Internacional para el Gobierno

Abierto en octubre de 2011, con el firme compromiso de fortalecer los mecanismos de transparencia,

participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación tecnológica dentro de su gestión

gubernamental en favor de la ciudadanía y es desde el primer plan de acción de Gobierno Abierto,

Republica Dominicana 2014 que se comienza a dar los primeros pasos en la publicidad de la información

en formato de Datos Abiertos.

Considerando: Que en los compromisos de los planes de acción de la República Dominicana ante la

Alianza para el Gobierno Abierto se promueve el fortalecimiento de los datos abiertos en toda la

administración pública; siendo la creación del portal nacional de datos abiertos parte de los primeros

compromisos asumidos en el primer plan de acción presentado en año 2014.

Considerando: Que la Norma para la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano

(NORTIC A3) sobre publicación de datos abiertos del Gobierno Dominicano constituye el instrumento

técnico, guía para apertura de datos gubernamentales y contiene las directrices y recomendaciones que

debe seguir cada organismo del Gobierno Dominicano para la publicación de los datos que produce y

lograr transformarlos en información reutilizable.

Considerando: Que la NORTIC A3 es aplicada por todos los organismos pertenecientes al Poder

Ejecutivo, ya sean centralizados, descentralizados, o embajadas, consulados y misiones en el extranjero.

Considerando: Que la República Dominicana observa los compromisos internacionales adquiridos en

materia de acceso a la información, datos abiertos, gobierno digital y gobierno abierto, acordados en el

Compromiso de Lima de la VIII Cumbre de las Américas del 2018; en particular el compromiso número

14 que insta a “fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales en materia de: gobierno

abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, presupuestos abiertos, sistemas electrónicos

de compras, contrataciones públicas y registro público de proveedores del Estado, considerando para ello

la participación de la sociedad civil y otros actores sociales.”

Considerando: Que asimismo la República Dominicana observa el numeral vii. Gobierno Digital,

Abierto y Transparente de la Resolución de Fortalecimiento de la Democracia de la 49ª Asamblea

General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del 2019 (AG/RES. 2931 (XLIX-O/19)),

por medio de la cual se “aprueba el Programa Interamericano de Datos Abiertos (PIDA), que tiene como

propósito fortalecer las políticas de apertura de información e incrementar la capacidad de los gobiernos y

ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción con datos abiertos, y solicita a los Estados

Miembros y a la Secretaría General, a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, adelantar

esfuerzos para su implementación”.

Considerando: Que el párrafo I del artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la

Corrupción (CNUCC) establece la necesidad de crear órganos que se encarguen de prevenir la corrupción

mediante la aplicación de las políticas correspondientes y el aumento y la difusión de los conocimientos

en materia de prevención de la corrupción. Por otro lado, en su párrafo II contempla que cada Estado

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Parte otorgará a los órganos a que se refiere el párrafo I, la independencia necesaria para que puedan

desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida, de conformidad con los

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico.

Considerando: Que el numeral 9 del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción

(CICC) establece que los sistemas institucionales deben adoptar medidas preventivas destinadas a crear,

mantener y fortalecer los órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para

prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. Asimismo, debe adoptar las normas de

conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas e

implementación de los sistemas de declaración de ingresos, activos y pasivos de las personas que

desempeñan la función pública, de contratación de funcionarios públicos y de la adquisición de bienes y

servicios por parte del Estado, de las medidas que impidan el soborno y de los mecanismos para estimular

la participación de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, entre otros.

Considerando: Que la República Dominicana adopto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

convirtiéndose en un plan de acción integral, multisectorial, a favor de las personas, que también tiene la

intensión de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Para el cumplimiento de las metas

enmarcadas en la agenda de desarrollo sostenible se considera imprescindible la publicación de los datos

útiles en formatos abiertos de fácil acceso orientados a mejorar la toma de decisiones administrativas con

el objetivo del bienestar a la población en general.

Considerando: Que la República Dominicana tiene el deber de diseñar, desarrollar e implementar las

medidas necesarias a través de acciones concretas para mejorar los niveles de transparencia y la

prevención de la corrupción administrativa de la gestión pública en la República Dominicana.

Considerando: Que por tales motivos el estado debe adoptar las iniciativas necesarias para incentivar el

desarrollo y la inclusión de la sociedad dominicana dentro del contexto en que se marca la globalización

fomentando el conocimiento la innovación y la competitividad mediante el uso de las tecnologías y la

información y en ese sentido sus políticas públicas deben estar dirigidas a promover y crear las

condiciones necesarias para garantizar la productividad y el crecimiento económico para lograr el

bienestar y el desarrollo sostenible de la sociedad contribuyendo así a la reducción progresiva de la

pobreza y la desigualdad social y territorial.

Considerando: Que la República Dominicana forma parte de la Red de Transparencia y Acceso a la

Información (RTA) como una red de intercambio entre organismos y/o entidades públicas que desarrollan

supervisión en funciones en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Considerando: Que la República Dominicana pertenece a la Red Iberoamericana de Protección de Datos

Personales (RIPD), la cual se constituye en el foro integrador de los diversos actores, tanto del sector

público como privado, que desarrollen iniciativas y proyectos relacionados con la protección de datos

personales en Iberoamérica, con la finalidad de fomentar, mantener y fortalecer un estrecho y permanente

intercambio de información, experiencias y conocimientos entre ellos, así como promover los desarrollos

normativos necesarios para garantizar una regulación avanzada del derecho a la protección de datos

personales en un contexto democrático, tomando en consideración la necesidad del continuo flujo de

datos entre países que tienen diversos lazos en común y una preocupación por este derecho.

Considerando: Que el Gobierno de la República Dominicana está comprometido con afianzar el

gobierno abierto para fortalecer la gobernabilidad democrática que permita a cada ciudadano el goce

pleno de sus derechos en un Estado transparente, democrático y participativo.

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Que de acuerdo con los anteriores considerandos se determina oportuno establecer una política nacional

de datos abiertos, para promover la transparencia gubernamental, la lucha contra la corrupción, la

colaboración con la ciudadanía, la innovación y el crecimiento económico.

En el ejercicio que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la Republica Dominicana, dicto el

siguiente Decreto:

LA POLÍTICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Objeto: Aprobar la política nacional de Datos Abiertos mediante la cual se promueve que los datos de

carácter público se ponen a disposición de la ciudadanía dominicana como datos abiertos por parte de la

administración pública, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para

cualquier fin lícito proporcionando información valiosa para el uso y beneficio de la ciudadanía y demás

actores interesados.

Artículo 2. Objetivos.

La aplicación del presente decreto tendrá los siguientes objetivos:

• Fortalecer la cultura de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y

participación.

• Fomentar los esfuerzos para mejorar la armonización de los conjuntos de datos de las

instituciones públicas para evitar la duplicidad de esfuerzos, así como para propiciar su mayor

aprovechamiento.

• Fortalecer los lineamientos y coordinación de la administración pública para la publicación de

bases de datos de carácter público en formato abierto y la promoción de su uso.

• Fomentar el Portal Nacional de Datos Abiertos.

• Fomentar la generación de valor social y económico mediante el desarrollo y uso de nuevas

tecnologías, procesos de colaboración y promover la innovación pública y privada a partir del uso

de los datos públicos abiertos.

• Promover la generación, el almacenamiento y la publicación de bases de datos de carácter público

en forma automatizada, como parte de la gestión documental ordinaria de las instituciones en el

Portal Nacional de Datos Abiertos.

• Modernizar la gestión de calidad y procesos, en lo documental y administrativo.

• Mejorar el posicionamiento del país en los índices internacionales de transparencia, datos

abiertos, y adhesión a compromisos internacionales.

• Desarrollar estrategias de difusión y promoción de la iniciativa con el fin de que la ciudadanía

tenga un mejor conocimiento de los datos abiertos y sus beneficios.

• Incentivar la innovación en la administración pública a través del uso de datos abiertos.

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Artículo 3. Definiciones y Perfil de Metadatos

3.1. Definiciones:

Esta política observa la integridad de las definiciones que establece la Norma para la Publicación de

Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (NORTIC A3), así como:

1. Dato: representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o

variable cuantitativa o cualitativa. Al verlo de forma aislada, no puede ser interpretado o

analizado por las máquinas o seres humanos.

2. Dato de carácter público: cualquier tipo de dato de interés público que sea generado o

resguardado por quien ejerza una función o potestad pública y que no tenga su acceso restringido

por ley.

3. Dato Abierto: dato disponible en línea, sin procesar, en formato abierto, neutral e interoperable;

que permite su uso y reutilización, disponible para su descarga en forma completa, sin costo ni

requisitos de registro y procesable en computadora. Deberá cumplir con las siguientes

características:

a. Completo: todo dato público debe estar disponible sin más excepciones que las establecidas

por la ley.

b. Primario: el dato público debe ser puesto a disposición desde la fuente, con el mayor nivel

posible de desagregación y sin modificar.

c. Actualizado y oportuno: el dato público debe ser puesto a disposición en forma pronta, según

su período de generación para preservar su valor de reutilización.

d. Accesible: el dato público debe encontrarse fácilmente disponible para todas las personas y

para cualquier uso no prohibido por ley.

e. Procesable automáticamente: el dato público debe estar estructurado para permitir el

procesamiento automático por computadoras.

f. No discriminatorio: El dato debe estar disponible para cualquier persona sin requisitos de

registro previo.

g. No propietario: el dato público debe estar disponible en formatos neutrales e interoperables.

h. De libre uso y reutilización (conocido como licencia de uso y reutilización de datos): El dato

público debe estar libre de cualquier restricción de derechos de autor, propiedad intelectual o

industrial, o de información comercial no divulgada. Puede tener restricciones razonables de

privacidad o por niveles de usuario, acorde a la ley.

4. Conjunto de Datos: la serie de datos estructurados, vinculados entre sí y agrupados dentro de una

misma unidad temática, de forma que puedan ser procesados apropiadamente para obtener

información.

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5. Catálogo de Datos Abiertos: el inventario de los conjuntos de datos puestos a disposición en un

portal de datos abiertos disponible en la web.

6. Formato Abierto, Neutral e Interoperable: Es el formato de archivo que no supone una dificultad

de acceso, que está libre de cualquier restricción legal o económica para su utilización y que tiene

la capacidad de integrarse y entrelazarse con otros datos.

7. Ecosistema: Conjunto de actores institucionales, del sector empresarial, la academia y la

ciudadanía que interactúan en los procesos de apertura y uso de los datos abiertos.

8. Armonización: aplicación de estructuras comunes, previamente definidas y acordadas para

facilitar la integración de conjuntos de datos.

9. Metadatos: son los datos estructurados y actualizados que describen el contexto y las

características de atribución, contenido, captura, procesamiento, calidad, condición, acceso,

distribución u otras de un conjunto de datos; que faciliten su búsqueda, identificación y uso.

10. Portal de Datos Abiertos: Plataforma digital, neutral e interoperable que sirven para almacenar,

compartir y conectar los catálogos de datos y todos los recursos destinados a facilitar su uso, tales

como: aplicaciones, herramientas de visualización, demos, normativa o guías.

11. Plan de acción de datos abiertos: documento que reúne las acciones concretas y compromisos

para la implementación de los procesos de apertura de datos y la promoción de su uso.

12. Guía de apertura de datos: documento de orientación para la ejecución de los procesos de apertura

de datos.

13. Licencia para uso y reutilización datos abiertos: documento que especifica el derecho de uso de

los datos públicos abiertos. Establece y garantiza condiciones para el acceso, la redistribución, la

reutilización, la ausencia de restricciones tecnológicas, la atribución de origen, la no

discriminación de grupos o personas y la integridad de los datos.

14. Bases de Datos: conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados

sistemáticamente para su posterior uso

15. Entidad: institución que forma parte del Órgano Ejecutivo, entendiéndose con ello a Ministerios,

Secretarías de la Presidencia, Instituciones autónomas y Sociedades de economía mixta y

personas jurídicas que manejen recursos o información pública para su funcionamiento.

16. PDF (portable document format): el formato de almacenamiento de documentos digitales

independiente de plataformas de software o hardware.

17. TXT: el archivo informático compuesto únicamente por texto sin formato.

18. URL: es la secuencia de caracteres, de acuerdo con un formato estándar, que se usa para nombrar

recursos en Internet para su localización o identificación, como por ejemplo documentos

textuales, imágenes, páginas Web.

19. XLS: la extensión de archivo por defecto del formato propietario de Excel.

20. XLSX: es la extensión de archivo de Excel, en su versión de formato abierto. Este cumple con la

característica de seguir el estándar abierto Office Open XML.

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21. XML (lenguaje de marcas extensible): el lenguaje de marcas utilizado para almacenar datos en

forma legible. Permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que

HTML) para estructurar documentos grandes. Da soporte a bases de datos, siendo útil cuando

varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información.

3.2. Perfil de Metadatos

La Política Nacional de Datos Abiertos de la República Dominicana observa la sección 4.04 de la Norma

Técnica A3 y adopta las definiciones establecidas en el Perfil Regional de Metadatos (PRM) desarrollado

por el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de la Red Gealc de la Organización de los Estados

Americanos (OEA), del cual participa la República Dominicana. El PRM que se presenta como Anexo

constituye parte integral de esta Política.

Artículo 4. Principios.

La aplicación del presente decreto se regirá por los siguientes principios:

Principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos: Los datos abiertos son datos digitales que están

disponibles con las características técnicas y legales necesarias para que cualquiera pueda utilizarlos,

reutilizarlos y redistribuirlos libremente, en cualquier momento y en cualquier lugar. Todos los datos

publicados deberán ser abiertos, oportunos y exhaustivos, accesibles y utilizables comparables, neutrales

e interoperables y deben constituir un mecanismo para fortalecer la gobernanza y la participación

ciudadana, para fomentar el desarrollo incluyente y la innovación.

1. Abiertos por Defecto: Todos los datos públicos serán dispuestos en formatos abiertos

estructurados, con la capacidad de ser procesados e interpretados por equipos electrónicos

de manera automática. Deberán realizarse las acciones necesarias para que esta condición

se dé desde el momento en que los datos son generados o recolectados.

2. Oportunos y Exhaustivos: Los datos públicos abiertos se pondrán a disposición en forma

oportuna, completa, precisa y exhaustiva. Además, se mantendrán versiones históricas de

los datos para garantizar su permanencia.

3. Accesibles y Utilizables: Los datos públicos abiertos deben ser fácilmente visibles y

accesibles, poniéndose a disposición de forma gratuita y sin barreras. Con esto los datos

deben ser accesibles a cualquier persona sin necesidad de identificación, inscripción o

justificación por parte de las personas usuarias.

4. Comparables, Neutrales e Interoperables: los datos públicos abiertos deben estar

disponibles en su fuente primaria, con el más alto grado posible de desagregación, o

hacer referencia a la base principal cuando se disponga de forma agregada; deben ser

fáciles de comparar dentro y entre sectores, a través de localizaciones geográficas y del

tiempo. Además, deben ser presentados en formatos estructurados y armonizados que

faciliten su comparación, intercambio, trazabilidad y reutilización efectiva y de manera

que fácilmente se puedan procesar en cualquier máquina para que facilite la

automatización de su consumo.

5. Mecanismo para fortalecer la Gobernanza y la Participación Ciudadana: Los datos

públicos abiertos deberán fortalecer la confianza en las instituciones públicas y la

gobernanza, entendida ésta última como la gestión institucional y su relación con los

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BORRADOR DE POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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actores sociales. De manera tal que provean un fundamento para la transparencia y la

rendición de cuentas que mejore la toma de decisiones, incremente la demanda y

prestación de servicios públicos; así como la formulación y evaluación de programas y

políticas para satisfacer las necesidades de la sociedad.

6. Fomento del desarrollo incluyente y la innovación: La disponibilidad de datos abiertos

debe estimular la creatividad y la innovación, generando procesos y espacios para

identificar desafíos sociales y económicos, así como el monitoreo de programas de

desarrollo sostenible con participación de todos los sectores involucrados.

7. Respeto de los derechos fundamentales: La recolección, publicación y uso de datos de

gobierno deberá respetar la normativa y los principios generales en materia de derechos

humanos expresados en tratados internacionales y la Constitución Política.

8. El potencial económico de los datos abiertos reside en fomentar emprendimientos

sociales y comerciales; por lo tanto, una publicación de calidad y oportuna permitirá un

mejor uso y aprovechamiento. La publicación de datos abiertos debe estar acompañada

de instancias de fomento para su uso.

9. El uso de los datos abiertos debe fomentar la generación de soluciones y servicios para el

bien general de la ciudadanía, por lo tanto, el uso de los datos abiertos debe responder a

soluciones de necesidades prioritarias del país.

Artículo 5. Ámbito de aplicación.

El presente Decreto será de aplicación obligatoria a todos los organismos pertenecientes a la

administración pública central, es decir Poder Ejecutivo, ya sean centralizados, descentralizados, o

embajadas, consulados y misiones en el extranjero. Entre los organismos centralizados se encuentran los

ministerios y sus dependencias, así como los organismos con nivel de ministerios, viceministerios,

organismos adscritos a la Presidencia de la República, consejos y organismos asesores, direcciones

generales, oficinas nacionales, procuradurías fiscales, escuelas públicas, hospitales públicos, bibliotecas y

museos. Entre los organismos descentralizados se encuentran las instituciones financieras y las no

financieras, organismos reguladores, instituciones de la seguridad social y empresas públicas.

Sin perjuicio del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución Política y el régimen

de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales

pertinentes, los Poderes Legislativo y Judicial, sus dependencias municipalidades, instituciones

autónomas, semiautónomas, empresas públicas, así como las empresas privadas que administran bienes

públicos o ejecutan potestades públicas, podrán aplicar la presente normativa como marco de referencia

para el fomento de los Datos Abiertos, lo cual se considerará como un modelo de buenas prácticas, en

apoyo a la estandarización del Estado Dominicano.

Artículo 6. Observancia de las disposiciones.

Las instituciones públicas a las que refiere el ámbito de aplicación observarán las disposiciones

contenidas en la Norma Técnica A3 y aquellas sucesivas que emita la instancia responsable en las que se

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BORRADOR DE POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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establecerán las directrices para los datos abiertos en sus procesos de generación, recolección, conversión,

publicación, administración y actualización en formatos abiertos.

CAPÍTULO II. GESTIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS

Artículo 7. Estructura de Aplicación e Implementación.

Se establece el mecanismo para la aplicación e implementación de la Política Nacional de Datos Abiertos

en el país, que estará integrado por diferentes actores de la sociedad (sector público, sector privado,

academia, sociedad civil) para la conformación del Comisión Nacional de Datos Abiertos (en adelante “la

Comisión), el cual estará conformado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

(DIGEIG), y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), El

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

y un representante de sociedad civil, un representante de mujeres en las TIC y un representante de la

academia.

Las siete instancias coordinarán entre sí y definirán mecanismos de trabajo colaborativo, de control y

coordinación con los demás actores del ecosistema de datos abiertos. Además, promoverán un vínculo

entre los datos abiertos de carácter público y las prioridades institucionales.

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y el Instituto Nacional de Administración Pública

(INAP) tendrán la responsabilidad de elaborar y ejecutar el plan nacional de capacitación sobre datos

abiertos para todos los órganos que están dentro del ámbito de aplicación de esta política.

Artículo 8. Sobre la Comisión Nacional de Datos Abiertos

La Comisión Nacional de Datos Abiertos será la instancia de coordinación multi-actor para la

implementación y seguimiento de la política de datos abiertos y ejecutará las siguientes funciones:

• Asesorar, evaluar y hacer recomendaciones para el desarrollo y sobre el avance progresivo de los

planes nacionales de acción para la implementación de la política nacional de datos abiertos y

demás instrumentos que lleven a la disponibilidad y uso de los datos públicos.

• Apoyar activamente la publicación y uso de los datos abiertos con los distintos actores del

ecosistema.

• Definir las prioridades de los Planes de Acción Nacional de Datos Abiertos.

• Supervisar y dar seguimiento al trabajo de implementación de la Política Nacional de Datos

Abiertos.

La Comisión tendrá una conformación multisectorial y estará coordinado por la Dirección General de

Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en su función de instancia rectora en materia de ética,

transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses y libre acceso a la

información, en el ámbito de la administración pública.

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La representación ante la Comisión tendrá un delegado y un único suplente, ambos con conocimiento

acreditado en materia de datos abiertos, de cada una de las siguientes entidades y organizaciones:

• Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Coordina la Comisión

• Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC)

• El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

• El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

• La representación de la sociedad civil

• La representación de mujeres en las TIC:

• La representación de la academia.

La Comisión tendrá la posibilidad de invitar a otros representantes o expertos según lo considere

necesario. Dicho órgano asesor se reunirá una vez al mes de forma ordinaria y de forma extraordinaria

cuando lo considere necesario. El quórum se integrará con la presencia de la mayoría (4 o más) de sus

miembros y los acuerdos se tomarán por mayoría de los presentes en cada sesión.

Será responsabilidad de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), invitar a la

representación de las organizaciones sociales, un representante de mujeres en las TIC y el sector

académico en procura de perfiles capacitados y con conocimiento acreditado en materia de datos abiertos.

Para obtener la condición de elegibles, las organizaciones interesadas enviarán una carta de intenciones a

la DIGEIG donde se expongan los fines a los que se dedican, junto con la hoja de vida (donde se exponga

la experiencia e idoneidad de la instancia y titular en representación) de las personas que proponen para

formar parte. Los integrantes de la Comisión ejercerán sus funciones ad honorem.

Artículo 9. La Presidencia de la Política Nacional de Datos Abiertos.

La coordinación de la Política Nacional de Datos Abiertos como instancia de facilitación de la “Comisión

Nacional de Datos Abiertos” tendrá las siguientes funciones:

• Acompañar a las instituciones en la implementación de los planes de apertura de datos.

• Asesorar junto a la OGTIC técnicamente a las distintas instituciones estatales para el diseño de

los planes de publicación de datos abiertos y su implementación.

• Gestionar el plan nacional de apertura de datos abiertos que estará conformando por los planes

institucional de apertura de datos.

• Procurar la ejecución de la política, los planes de acción y demás instrumentos que lleven a la

disponibilidad y uso de los datos abiertos de carácter público.

• Monitorear las acciones necesarias para la ejecución de los anteriores.

• Coordinar con los distintos actores del ecosistema, tanto de la sociedad civil, el sector privado, la

academia y el sector público, para la publicación y uso de los datos abiertos.

• Promover la construcción, publicación, mantenimiento, y ampliación del catálogo de datos

abiertos de carácter público.

• Estudiar, desarrollar o proponer adaptación de estándares para la publicación de datos abiertos de

carácter público.

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• Promoción y desarrollo de actividades de capacitación dirigidas a las personas funcionarias y

ciudadanía en general, con el fin de transmitir conocimientos, técnicas y metodologías que

permitan y faciliten los procesos de la apertura de datos, su uso y reutilización.

• Gestionar acciones de cooperación con organismos internacionales en el marco de las distintas

iniciativas de las que el país participa.

• Ejecutar cualquier otra tarea encomendada por la Comisión Nacional de Datos Abiertos.

• Rendir cuentas ante la Comisión Nacional de Datos Abiertos.

Artículo 10. Grupo de Enlaces Institucionales.

Para la implementación de la política se designarán oficiales de enlace por institución. Dichos oficiales

tendrán la función de liderar el proceso de publicación de datos abiertos con un equipo multidisciplinario

de la institución; y de conformidad con la demanda tanto de sociedad civil como de otras instituciones

públicas, y además promover la reutilización de los datos publicados.

El Grupo de Enlaces Institucionales estará conformado por los Comités de Implementación y Gestión de

Estándares TIC (CIGETIC), conforme el numeral 2.01 de la Norma para la Publicación de Datos Abiertos

del Gobierno Dominicano (NORTIC A3).

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES SOBRE LA APERTURA DE DATOS

Artículo 11. Proceso de apertura de datos.

a. El proceso de apertura de datos públicos en formato abierto, neutral e interoperable se aborda bajo la

coordinación del enlace institucional; que debe planificar con el equipo multidisciplinario de la institución

y de acuerdo con sus funciones, las siguientes etapas:

1. Identificación de la demanda con consulta a actores del ecosistema.

2. Estado de los datos.

3. Priorización de los conjuntos de datos a liberar.

4. Limpieza de los conjuntos de datos.

5. Análisis de la confidencialidad de la información, cuando, por disposición contenida en ley

especial, sea considerada como información no pública.

6. Documentación de las bases de Datos (Metadatos).

7. Selección del formato abierto, neutral e interoperable y su georeferenciación.

8. Asignación de la licencia de uso y reutilización.

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9. Publicación de los Datos.

10. Comunicación y Promoción de los Datos.

Las especificaciones técnicas y estándares para la ejecución del anterior proceso están contenidas en la

Norma para la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (NORTIC A3).

b. Todos los catálogos de datos de las instituciones productoras de datos deberán ser publicados en el

portal nacional www.datos.gob.do una vez los conjuntos de datos estén en óptimas condiciones para su

publicación; manteniendo la libertad de publicación adicional de los datos en sus respetivos portales

institucionales.

Artículo 12. Licenciamiento para el uso y reutilización.

Para la publicación de datos abiertos de carácter público se utilizará una licencia que permita el uso de los

datos en cualquier finalidad, de manera libre y segura, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4.05

sobre Licencias de la Norma para la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (NORTIC

A3).

Artículo 13. Protección de datos Personales.

Cuando se publiquen conjuntos de datos en formato abierto deberán omitirse aquellos datos personales

protegidos por la normativa vigente. Por lo tanto, los datos deben someterse a procesos de anonimización

que garanticen la no identificación posterior del titular de los datos personales. Sin perjuicio de lo

establecido en la Ley Orgánica 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales

asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos

destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.

Artículo 14. Vinculación Ciudadana.

Las instituciones que implementen procesos de apertura de datos de carácter público deben generar

espacios y mecanismos de participación y realimentación con diversos actores de la sociedad y el

ecosistema de datos (Con qué frecuencia se realizarán estos espacios?), que permitan la generación y

publicación de conjuntos de datos de carácter público, en formato abierto, neutral e interoperable; de

interés para las personas, con la finalidad de que su contenido sea utilizado para la toma de decisiones, el

acceso a bienes y servicios públicos y/o la solución colaborativa de problemas que les afecten.

Se debe facilitar datos e información pública a sectores de la población que no cuentan con medios

tecnológicos, conocimientos de decodificación o interpretación de los datos, para que así no queden

excluidas del derecho que garantiza esta Política, especialmente aquellas entidades que brindan servicios

y actividades territoriales de difícil acceso a internet y que trabajan con población en situaciones de

vulnerabilidad, de riesgo y de bajo nivel escolar y académico. Asimismo, procurar un mayor

involucramiento de la mujer en procesos de aprovechamiento de datos abiertos.

Artículo 15. Procedimiento para solicitar datos abiertos.

Cualquier persona podrá solicitar a la institución respectiva la liberación de un conjunto de datos de su

interés, en formato abierto, neutral e interoperable. Para este efecto la coordinación de la Política

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Nacional de Datos Abiertos establecerá un mecanismo digital, ágil y no discriminatorio para procesar las

solicitudes y dónde el solicitante brinde la descripción lo más clara posible de lo que se solicita, así como

un medio para recibir notificaciones. Dicho mecanismo debe estar disponible en el mismo lugar en el que

se publican los datos.

Las instituciones públicas deberán responder en un plazo de quinces días hábiles contados a partir del día

siguiente de su recepción por parte de la respectiva institución pública, así como publicar los datos en el

portal nacional de datos abiertos. En caso de tratarse de datos abiertos ya publicados, la institución

pública deberá remitir al solicitante de forma inmediata la ubicación donde se alojan y pueden ser

descargados los datos solicitados.

En caso de negación total o parcial de la apertura del conjunto de datos en cuestión, la institución pública

deberá explicar por escrito al solicitante y con copia a la coordinación de la Comisión de la Política de

Datos Abiertos el motivo de su actuación, así como el fundamento jurídico respectivo. Ante la negatoria

de información, el solicitante cuenta con el derecho de recurrir esa decisión de la institución pública, en la

vía administrativa y/o judicial correspondiente.

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Artículo 16. Aplicación Progresiva.

La política nacional de datos abiertos tendrá un carácter progresivo y creciente, tomando como base la

demanda de datos de carácter público y los recursos disponibles por parte de la Administración. Las

instituciones públicas elaborarán planes anuales de apertura de datos públicos que remitirán a la Dirección

General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la cual se encargará de asesorar en su

elaboración, integración, recepción, estructuración y difusión.

Artículo 17. Información prioritaria y publicación proactiva.

Las instituciones están obligadas a publicar y actualizar en el Portal Nacional de Datos Abiertos en

formato abierto, neutral e interoperable, los siguientes conjuntos de datos públicos:

1. Presupuestos, cálculos de recursos y gastos aprobados, presentando su evolución y estado de

ejecución.

2. Programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión.

3. Llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados.

4. Listados de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, categorías, funciones y

remuneraciones, y la declaración jurada patrimonial cuando su presentación corresponda por ley.

5. Listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y

retiros.

6. Estado de cuentas de la deuda pública, sus vencimientos y pagos.

7. Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y cualquier otro tipo de

normativa.

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BORRADOR DE POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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8. Índices, estadísticas y valores oficiales.

9. Marcos regulatorios legales y contractuales para la prestación de los servicios públicos,

condiciones, negociaciones, cuadros tarifarios, controles y sanciones.

10. Toda otra información cuya disponibilidad al público sea dispuesta en leyes especiales.

11. Estructuras, integrantes, normativas de funcionamiento, proyectos, informes de gestión, bases de

datos.

12. Centro de intercambio y atención al cliente o usuario: Consultas, quejas y sugerencias.

13. Trámites o transacciones bilaterales.

14. Proyectos de regulaciones que pretenda adoptar el organismo, mediante reglamento o actos de

carácter general, relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre los

particulares y la administración o que se exigen a las personas para el ejercicio de sus derechos y

actividades.

15. Proyectos de reglamentación, de regulación de servicios, de actos y comunicaciones de valor

general, que determinen de alguna manera la forma de protección de los servicios y el acceso de

las personas al organismo.

En caso de que alguna institución gestione y coordine conjuntos de datos que representen a distintas

instituciones, éstos serán publicados en formato abierto, neutral e interoperable por la institución a cargo.

De tal forma que para los datos de presupuestos, planillas y compras públicas del poder ejecutivo; serán

publicados en formato abierto y en la plataforma nacional de datos abiertos; de acuerdo con los sistemas

integrados de gestión de datos vigentes en el país.

Además, en caso de que existan documentos oficiales que presentan consecutivos, folios, firma u otro

elemento de carácter legal deberá ser publicado en formato abierto, neutral e interoperable y generar un

archivo en formato pdf que respalde la emisión de los datos.

Artículo 18. Plan Nacional de Datos Abiertos.

La instancia responsable de gestionar el Plan Nacional de Datos Abiertos en la República Dominicana es

la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con apoyo de la Comisión Nacional

de Datos Abiertos. La comisión Nacional de Datos Abiertos elaborará anualmente el Plan Nacional de

Datos Abiertos, en el que se establecerán los compromisos referentes a la apertura de datos públicos

derivados de este decreto. Lo anterior, con el ánimo de estimular la generación y reutilización de estos. El

plan deberá ser actualizado anualmente de acuerdo con las necesidades de la sociedad y los recursos con

los que cuenta la administración.

Artículo 19. Concientización y cultura de datos abiertos.

Para que la cultura de datos abiertos trascienda, se promoverán activamente campañas de difusión, en

coordinación con los enlaces institucionales de la Política Nacional de Datos Abiertos; y en los medios

que tenga a su disposición y los espacios de tiempo de aire que le corresponden legalmente.

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Artículo 20. Capacitación en datos abiertos.

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y el Instituto Nacional de Administración Pública

(INAP) (Recomendamos incluir en el Plan de Capacitación, formación y entrenamiento del área de

estadísticas, para las personas que estén vinculados en el manejo de los datos abiertos en los diferentes

órganos gubernamentales) diseñará e implementará un plan de capacitación y difusión destinado a

concientizar, capacitar y actualizar, a los servidores públicos en la importancia de la liberación de los

datos abiertos para fortalecer el derecho de acceso a la información, así como la transparencia y rendición

de cuentas. para lo cual esta Política insta a la capacitación en el tema de datos abiertos a todas las

instituciones, con instancias de capacitación acotadas a los siguientes tipos de personal:

• Oficinas de Acceso a la Información y sus enlaces institucionales;

• Funcionarios y servidores públicos de las Unidades y Direcciones que tengan a su cargo la

Administración Financiera (presupuesto, compras, inventarios, etc.);

• Funcionarios y servidores públicos de Informática (TIC) y Recursos Humanos;

• Departamentos planificación y Desarrollo y Departamentos Jurídicos

• Cualquier otro grupo de personal que, a criterio de la institución encargada de liderar la apertura

de los datos que así lo requiera.

Artículo 21. Periodismo de datos.

Debido a que uno de los objetivos de la Política Nacional de Datos Abiertos es fomentar el periodismo

investigativo con datos abiertos; se insta a los medios de comunicación social, promover en sus reportajes

la utilización de los conjuntos de datos que se publiquen en el Portal Nacional de Datos Abiertos y

participar demandando, que se publiquen en formatos abiertos, los datos que se requieran para sus

investigaciones periodísticas.

Artículo 22. Portal Nacional de Datos Abiertos

1. Definición: El Portal Nacional de Datos Abiertos es la plataforma digital www.datos.gob.do que

sirve para almacenar, compartir, conectar y visualizar conjuntos de datos. Es el espacio virtual a

través del cual las personas usuarias podrán tener acceso al Catálogo Gubernamental de Datos

Abiertos, con facilidad de búsqueda, reutilización, acceso y uso gratuito.

2. La institución responsable de la administración del Portal Nacional de Datos Abiertos es la

DIGEIG y la OGTIC. La DIGEIG será el organismo encargado de la administración y continua

actualización de dicho portal, mientras que la OGTIC proveerá del alojamiento y soporte técnico

de la plataforma.

3. Operación: El Portal funciona con herramientas de código abierto (open source) CKAN y genera

mensualmente estadísticas necesarias para determinar: uso, cantidad de conjuntos de datos

descargados y otros detalles asociados a la carga y descarga de conjuntos de datos. La entidad

OGTIC proporcionará la infraestructura de tecnologías de información requerida para la

operación del Portal Nacional de Datos Abiertos.

4. Contenido:

a. Conjuntos de datos

b. Organizaciones

c. Grupos o colecciones de datos

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BORRADOR DE POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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d. Publicación de las normas legales

e. Visualizaciones de datos

5. Interoperabilidad: La Norma para la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano

(NORTIC A3) en su capítulo cinco contiene los instructivos necesario para la carga, publicación.

Cualquier otra disposición de interoperabilidad del Portal Nacional de Datos Abiertos que se

estime necesaria será desarrollada abordar temas de:

a. Interoperabilidad técnica.

b. Interoperabilidad semántica.

c. Interoperabilidad organizativa, y

d. Gobernanza de la interoperabilidad.

6. Licenciamiento: El Portal Nacional de Datos Abiertos utilizará licencias diseñadas para datos

abiertos tal cual lo dispuesto en la Norma para la Publicación de Datos Abiertos del Gobierno

Dominicano (NORTIC A3) y lo manifiesto en el artículo 12 de esta política.

7. Anonimización: Los datos de identidad de las personas son anonimizados antes de ser publicados

en los portales web, por tratarse de datos sensibles o datos personales sensibles, definidos así en

sus respectivas leyes.

Articulo final. Rige,

Transitorio 1. Marco temporal

Una vez que el presente decreto entre en vigencia se contará con un periodo de hasta tres meses para

convocar y designar los representantes de la Comisión, así como los enlaces institucionales a cargo de los

procesos de apertura de datos públicos.

Transitorio 2. Marco temporal

Para la publicación de información prioritaria y en formato abierto, neutral e interoperable; citada en este

decreto, se establece un período de hasta seis meses a partir de la designación de los enlaces

institucionales.

Transitorio 3. Presupuesto

La DIGEIG como instancia responsable para la implementación de la Política Nacional de Datos Abiertos

contemplará dentro de sus presupuestos anuales, durante la vigencia de la citada Política, las erogaciones

respectivas para su funcionamiento.

Transitorio 4. Evaluación

Se establece que, al cabo de dos años de vigencia del presente decreto, se analice su contenido y se

evaluará la implementación de mejoras y/o acciones correctivas en el tema de apertura de datos públicos.

El coordinador de la Comisión Nacional de Datos Abiertos se reunirá periódicamente cada seis meses,

con los representantes de las Organizaciones de Sociedad Civil y la Academia, así como con Centros de

investigación, los medios de comunicación social y la Cooperación Internacional; con el propósito de

evaluar la implementación de la Política Nacional de Datos Abiertos.

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BORRADOR DE POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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• Se recomienda vincular de una forma más activa a la Sociedad Civil, la Academia y los centros

de información en la ejecución de esta Política, que se genere sinergia y oportunidades de

proyectos en comunidad, con el objetivo de elevar la calidad de los datos abiertos.

• Se recomienda incluir un artículo sobre la calidad y legitimidad de los datos generados en su

formato natural para que después se estructuren en formato abierto.

• En termino generales, se recomienda estructurar una definición de lo que es la Política de Datos

Abiertos y su propósito y a partir de esto estructurar los diferentes objetivos, planteado desde ese

escenario los objetivos serán vinculantes a dicha política.

• Se recomienda especificar el potencial o el impacto de la Política Nacional de Datos Abiertos

para los diferentes sectores vinculados a la misma.

• Se recomienda incluir las 5Vs en el concepto de Big Data, entendiendo, que es el concepto que

aplica a los conjuntos de datos cuyo tamaño está más allá de las capacidades de las herramientas

típicas de las bases de datos para su administración.

• Se recomienda establecer indicadores para la Política, que puedan indicar el impacto de su

implementación.