14 de octubre

La siguiente carta, suscrita por la campaña ciudadana Yo No

Quiero Transgénicos en Chile y RAP-Chile a propósito de la

celebración del Día Internacional de la Soberanía Alimentaria y

dirigida a Carmen Castillo, ministra de Salud, Carlos Furche,

ministro de Agricultura y Michel Leporati, director de ACHIPIA,

incluye el estado de situación en el país sobre la soberanía

alimentaria y una denuncia sobre un nuevo escándalo: fondos

públicos de investigación nuevamente asignados a Monsanto, ahora

vía FONDEFF/iDEA.

En el Día Internacional de la Soberanía Alimentaria nos dirigimos

a Uds. para entregarles nuestra visión sobre los alimentos que

estamos consumiendo mayoritariamente, lo cual nos aleja de la

soberanía alimentaria. Hoy no podemos decidir qué producimos y

qué comemos de acuerdo a nuestra cultura y necesidades. Para

cambiar la realidad que aquí describimos, demandamos que su

gobierno adopte políticas públicas al servicio de los consumidores y

de los campesinos y campesinas que producen nuestros alimentos.

Al contrario de lo que pregonan autoridades de gobierno y la

agroindustria, gran parte de nuestra alimentación es de mala calidad,

producida utilizando hormonas, preservantes, colorantes y grandes

cantidades de fertilizantes y plaguicidas, muchos de ellos altamente

peligrosos, que dañan nuestra salud y la de quienes producen estos

cultivos. Al mismo tiempo, cada vez hay más supermercados repletos

de transgénicos no etiquetados, muchos de los alimentos procesados

a la venta allí, que también constituyen un riesgo para la salud.

Las ferias libres, y las ferias locales, en cambio, permiten acceder a

verduras y hortalizas con menores riesgos para la salud. Pero los

alimentos sanos integralmente, producidos a nivel local, con métodos

agroecológicos, orgánicos o biodinámicos, sin plaguicidas, patentes ni

fertilizantes, no llegan sino a una pequeña cantidad de los chilenos y

chilenas. En general, esos productores no tienen canales adecuados de

comercialización, y carecen del apoyo y estímulos estatales

garantizados a la agroindustria.

La vista gorda con el glifosato

Este gobierno y particularmente los Ministerios de Agricultura y

de Salud han escogido hasta ahora hacer la vista gorda ante el hecho

que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC),

dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha reclasificado

el herbicida glifosato y otros plaguicidas asociándolos al cáncer. Los

estudios presentados por la industria para lograr la aprobación de

plaguicidas y transgénicos, no arrojan conclusiones válidas porque

sólo analizan efectos del muy corto plazo, ocultando así su real

peligrosidad. Esto quedó en evidencia con la resolución de la

IARC/OMS y ya había sido demostrado en el estudio del equipo del

científico francés Gilles Eric Séralini, de dos años de duración.

Pero no es necesario ir muy lejos para comprobar en terreno los

efectos de la agricultura fomentada por la agroindustria

biotecnológica. En Argentina la organización denominada “Médicos

de Pueblos Fumigados” encabezó un equipo desplegado en terreno,

que encontró un alarmante aumento de cánceres y malformaciones

congénitas en la localidad de Monte Maíz, Córdoba. Allí se utiliza

ampliamente el glifosato y otros venenos peligrosos, también

registrados y en uso en Chile.

Aunque el programa de Inocuidad Alimentaria del Ministerio de

Salud se plantea “eliminar o controlar los agentes que representen

riesgo para la salud de los consumidores y/o que puedan influir de

manera gravitante en el perfil de morbi-mortalidad, ” este ministerio

no realiza una vigilancia epidemiológica específica relacionada con

cáncer y exposición a plaguicidas ni desagrega por comuna la

información pública relacionada con la morbilidad por cáncer y la

presencia de malformaciones congénitas en las regiones de O´Higgins

y del Maule, u otras. En esos territorios la agroindustria esparce cada

año miles de toneladas de glifosato y otros plaguicidas altamente

peligrosos. Así se esconde la relación existente entre el uso de estos

venenos y el sufrimiento de muchas familias campesinas. Estos costos

ocultos de la agroindustria son una verdad incómoda que es mejor

disfrazar con estadísticas generales.

Escandaloso apoyo a Monsanto y ChileBio

El Estado entregó nuevamente financiamiento a Monsanto y las

transnacionales productoras de transgénicos para realizar

investigaciones orientadas a facilitar la aprobación de leyes que

introduzcan esos cultivos para el mercado interno. Según un boletín

de ChileBio (el gremio de los productores de transgénicos), ejecutor

del proyecto FONDEFF IDEA N° 13I10173 de Corfo junto a INIA,

“los resultados de ese proyecto serán clave a la hora de legislar para la

introducción de transgénicos en el país” y ya son publicitados por

ChileBio en la revista Plant Biotechnology. En la revista, Miguel Ángel

Sánchez, de Monsanto y ChileBio, se identifica como jefe del proyecto

“Internet para el desarrollo agrícola de Chile: servicio público para

estimar el impacto de coexistencia de especies vegetales

genéticamente modificadas, convencionales y orgánicas”.

También hay nuevos fondos estatales entregados al Consorcio

BioFrutales para el desarrollo de uva transgénica y luego, de duraznos

y carozos transgénicos. Se trata de tres proyectos recientemente

adjudicados por InnovaChile y Fondef por $5.800 millones, por 10

años.

El Estado chileno coarta nuestro derecho a saber qué comemos.

Los supermercados nos venden alimentos procesados importados,

que contienen ingredientes transgénicos, sin que exista etiquetado que

permita optar por otros alimentos. El ministerio de Salud está a

contrapelo de la tendencia mundial, que respalda el derecho de los

consumidores a saber qué estamos comiendo. El reglamento sanitario

fue modificado en 2003 a petición de la industria, para que Chile se

guiara por un criterio inventado por las transnacionales agroquímicas

y de la biotecnología, la llamada “equivalencia sustancial” que

pretende calificar un alimento transgénico como idéntico a uno

producido convencional u orgánicamente. SERNAC y MINSAL se

amparan en ello para mantenernos desinformados sobre los alimentos

que contienen transgénicos.

Más fondos para el agronegocio

Los fondos para investigación del Estado en agricultura, no se

ocupan en estudiar cómo producir más sano. Discriminan a favor de

la llamada “tecno ciencia”, la ciencia aplicada a resultados de

innovación vinculados a los cultivos transgénicos o el desarrollo de

híbridos o alimentos funcionales o a complicados sistemas

tecnológicos para beneficio de la agroindustria.

Este gobierno proclama su apoyo a la agricultura familiar

campesina, pero órganos del Estado como INIA, FIA, la CNR y otros,

así como la mayor parte de las políticas y presupuesto del ministerio

de agricultura, continúan al servicio de la agroindustria. Por ejemplo,

se han entregado fondos importantes para que estas instituciones

desarrollen proyectos de generación de semilla “mejorada”. Los

resultados de ese trabajo sin duda mejorarán los ingresos de la

agroindustria, orientados a la exportación de semillas “mejoradas” o

plantas de maíz, pimiento, alcachofa, o cerezo, y últimamente de la

quínoa y el pepino dulce. Esas nuevas variedades, con propiedad

intelectual registrada en el SAG, por su costo no estarán al alcance de

los pequeños campesinos. Este tipo de “mejoramiento” genético

tampoco tiene como objetivo satisfacer al consumidor sino al

comercializador. Un ejemplo típico es el tomate que consumimos hoy

mayoritariamente, de “larga vida” para el supermercado y los

transportistas, pero sin olor ni sabor; o la sandía cuadrada para

facilitar su transporte.

Los cultivos desarrollados con la semilla campesina tradicional no

se incentivan con ese mismo ímpetu ni con fondos generosos; no hay

políticas de entrega de semilla tradicional a la agricultura familiar

campesina, ni hay campañas públicas orientadas a mostrar las

cualidades nutricionales de estos productos. Mientras los plaguicidas

entran con arancel cero, no existen subsidios para la agricultura

orgánica, Tampoco se apoya financieramente los procesos de

transición de producción convencional a producción agroecológica.

El Estado no está preocupado de abastecer a los comedores escolares y

hospitales públicos con verduras y hortalizas sanas producidas

localmente, como ocurre en Brasil y Bolivia. En Chile sólo interesa

mejorar la productividad y orientar todo hacia la exportación.

El gobierno también promueve la continuidad del decreto 701 de

subsidio a los monocultivos de pino y eucaliptus que han dejado sin

agua a las comunidades indígenas y campesinas. No es coherente

apoyar la agricultura familiar campesina y continuar expandiendo

estos monocultivos rechazados por su negativo impacto en el

ambiente.

Achipia aboga por normativas laxas

Por su parte ACHIPIA, el nuevo órgano dependiente del

ministerio de agricultura, que por definición debiera preocuparse de

la calidad integral de los alimentos, está actuando en la práctica como

portavoz de la agroindustria exportadora, orientado a convencer al

público y el mercado externo que todo lo que Chile produce es de

calidad. Aunque Achipia define la inocuidad de un alimento como “la

garantía de que no causará daño al consumidor, cuando sea

preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a que se destine”, en

2012, la entidad no mostró ninguna preocupación por factores como

los plaguicidas, que inciden en la salud de los consumidores. El

funcionario de Achipia Eduardo Aylwin (actualmente asesor en temas

de plaguicidas), al discutirse los LMR en alimentos, es decir los límites

máximos de residuos de plaguicidas reconocidamente cancerígenos

según la UE, USEPA, IARC, se opuso a que se aplicara la normativa

más rigurosa.

Actualmente incluso las semillas de hortalizas se recubren con

venenos –insecticidas neonicotinoides- de carácter sistémico. Además

de contribuir a la mortandad de abejas y a la merma de la apicultura,

esas sustancias tóxicas van a estar presentes también en los alimentos.

No existe norma sobre residuos de plaguicidas en miel.

Las normas sobre residuos que existen no son garantía de calidad

por la escasa fiscalización existente,

pero sobre todo, como hemos visto en las comisiones respectivas

público-privadas, han sido dictadas

para ser lo más laxas posible, como resultado de la intensa presión

de la industria productora de agrotóxicos, apoyados por académicos

integrados a la industria.

Llamamos al gobierno a prohibir los plaguicidas altamente

peligrosos, promover efectivamente la agroecología, etiquetar los

alimentos transgénicos, retirar el proyecto de extensión del Decreto

701, y generar una política de compras públicas de alimentos sanos

para escolares y hospitales públicos.

Red de Acción en Plaguicidas Chile, RAP-Chile /Alianza por una

Mejor Calidad de Vida/OLCA/ANAMURI/CIAL

Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile

Fuente: http://www.elclarin.cl/web/noticias/cronica/17111-carta-publica-al-gobierno-por-nuevo-escandalo-

de-monsanto.html

El pasado 05 de octubre en Atlanta, Estados Unidos, representantes de los 12

países que son parte del Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP)* dieron por

concluidas las negociaciones del que considerado “el tratado de libre comercio

más grande del mundo”.

Por Paulina Acevedo Menanteau* (Publicado en Le Monde

Diplomatique-Chile, noviembre 2015)

Junto con ello, evacuaron el texto definitivo acuerdo el que, de

adoptarse, controlará el 40 por ciento del mercado de bienes y

servicios a nivel mundial, incidiendo de forma directa en la calidad de

vida y en los derechos humanos de 798 millones de ciudadana/os que

habitan la región Asia-Pacífico.

Dada la magnitud de este mega-acuerdo comercial y su impacto, es

altamente preocupante y se debe denunciar la decisión adoptada por

los países involucrados, entre los cuales se encuentra Chile, de llevar

adelante dichas negociaciones en completo hermetismo y con estricta

reserva del texto en cuestión, el cual fue incluso denegado a un grupo

de 19 congresistas chilenos que solicitaron vía moción parlamentaria

conocer su contenido. De hecho, de los 30 capítulos que posee el

Acuerdo, solo se han podido conocer tres de ellos gracias a filtraciones

de Wikileaks.

A este secretismo sin parangón y tratativas a espaldas de la

ciudadanía, se suma la irresponsabilidad del Gobierno de Chile por la

negociación del texto del TPP sin contar con informes concluyentes

respecto de sus eventuales beneficios para el país, más aún siendo

Chile el único país que mantiene tratados bilaterales y multilaterales

con los restantes once países del Acuerdo.

En efecto, en reunión sostenida a la semana siguiente del cierre de las

negociaciones en Atlanta entre la Plataforma Ciudadana Chile Mejor

Sin TPP y la Dirección Económica de la Cancillería (DIRECON), ésta

reconoció que no habían realizado ni encargado ningún estudio

específico para medir sus alcances durante los cinco años que han

durado las negociaciones y que solo había tenido a la vista los

informes de think tanks proporcionados por Estados Unidos que

reportarían estos supuestos efectos beneficiosos para el país. En otras

palabras, la decisión favorable de Chile respecto de un acuerdo que

calificó como “histórico” se basan esencialmente en informes

evacuados por el país que ha liderado este proceso y el principal

interesado en que éste se cerrara a la mayor brevedad posible, antes

de que comience la efervescencia por las elecciones presidenciales que

se llevarán a cabo en Estados Unidos en noviembre de 2016.

En dicha reunión, en la que participó el propio director de la

DIRECON, Andrés Rebolledo, el jefe del equipo negociador, Felipe

Lopehandía, y parte de los negociadores temáticos del Acuerdo, se

consultó además sobre las denuncias de la existencia en el texto de

cláusulas de estabilización para la solución de controversias entre

inversores y Estados (ISDS), otro punto que concita gran inquietud, al

permitir que las empresas y corporaciones demanden directamente a

los gobiernos frente a medidas, leyes o fallos judiciales que puedan

atentar contra sus intereses económicos o ganancias directas,

subordinando la decisión de estas controversias a un tribunal

establecido por el mismo tratado, sin las necesarias garantías,

imponiendo sus dictámenes por sobre otras instancias nacionales e

incluso internacionales a las que los estados, trabajadores o

consumidores puedan recurrir.

Lo anterior fue desmentido en principio por la máxima autoridad de

la DIRECON, para luego sostener de modo ambiguo que el TPP no

tenía diferencias a ese respecto con lo establecido por otros tratados

económicos suscritos por Chile, que sí las contemplan. Algo que

recién podrá ser despejado cuando se levanten las restricciones

impuestas al acceso público al contenido del acuerdo, cuyo texto no

puede ser modificado, por lo que de estar contenidas ellas implicarán

una severa restricción al ejercicio de derechos, a la soberanía nacional

y a la autodeterminación de los pueblos. Poniendo de manifiesto el

poder de las corporaciones trasnacionales para imponer sus propias

reglas del juego, y lo que es más grave aún, con la aquiescencia de los

gobiernos, quienes han antepuesto los intereses de las finanzas y de

las grandes empresas a los de los ciudadanos.

La experiencia comparada

No obstante los tratados de libre comercio son presentados

comúnmente ante la opinión pública como acuerdos que fortalecen los

mercados internos y la formación de empleos, al favorecer el libre

flujo de productos entre los países signatarios mediante reducciones

arancelarias a la importación, tratados de nueva generación -como es

por cierto el TPP- exigen a cambio de esta liberación comercial

el establecimiento de reglas comunes en materia de propiedad

intelectual, mediante la imposición de patentes en ámbitos tan

sensibles como la salud, medioambiente o los derechos de internet, lo

que al mediano y largo plazo tiene precisamente un efecto contrario

en los países menos desarrollados.

Un claro ejemplo es el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, todos países

que son parte del TPP, firmado en 1992 y que entró en vigencia dos

años más tarde. Como explica en un artículo reciente el economista

Mark Weisbrot, co-director del Center for Economic and Policy

Research de Washington D.C., durante las dos últimas décadas del

siglo XX América Latina tuvo un crecimiento total del PIB per cápita

de apenas 5,7 por ciento, en comparación con el 91,5 por ciento del

periodo 1960-1980. Si bien la mayor parte de los países se recuperaron

con el cambio de siglo, el crecimiento del ingreso por habitante en

México fue solo de un 18,6 por ciento (1994-2014), alrededor la mitad

del resto de la región, y la “tasa de pobreza de 52,3 por ciento fue casi

la misma que en 1994, por lo tanto añadió 14,3 millones de personas a

la población que vive debajo del umbral de la pobreza”. Evidencia de

los retrocesos económicos ocasionados por el TLCAN en ese país.

Por su parte el economista francés, François Richard, advierte que

estas reglas comunes prohíben a los países menos desarrollados

acceder a subsidios o políticas para enfrentar su desigualdad

económica, técnica e industrial respecto a naciones suscriptoras más

industrializadas, desconociendo “el TPP las profundas diferencias en

capacidad y la consiguiente necesidad de tratar a los países en forma

diferenciada, sin exigencias de simetría o reciprocidad, […]

compensando las desventajas de la nación más débil, […] de otro

modo no se hace sino agrandar la brecha y reforzar la inferioridad y

dependencia iniciales”. Que es la falsa ilusión con que se abren paso

estos tratados, para ampliar los mercados de las corporaciones

trasnacionales.

Parlamentos plebiscitarios

Tras el consenso alcanzado en Atlanta, el camino que resta para la

imposición de este nefasto acuerdo es la tramitación de su texto en los

respectivos congresos de los 12 países miembros, el cual no puede ser

modificado ni siquiera en una coma por los parlamentarios,

limitándoles a aprobar o rechazar la integralidad de su contenido.

Esto los convierte en una instancia meramente plebiscitaria, donde la

urgencia con la que debe ser evacuado estará otra vez en manos de los

gobiernos, sin que por lo mismo puedan contar, de seguro, con

tiempo suficiente para un análisis en profundidad.

Asimismo, es muy probable que no se realicen los procesos de

consulta previa a pueblos indígenas que obliga el Convenio 169 de la

OIT ante medidas legislativas susceptibles de afectar sus derechos,

como ha sido la tónica en Chile pese a que este también tratado

internacional se encuentra ratificado y vigente desde 2009 en el país.

Se hace por ello indispensable y urgente que las organizaciones de la

sociedad civil e indígenas, así como la ciudadanía en general, se

organicen para exigir un amplio rechazo del TPP por parte de sus

parlamentarios. De lo contrario se consagrará el control de las

corporaciones empresariales sobre el Asia-Pacífico y el secuestro de la

soberanía que radica en los Pueblos.

* Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México,

Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Periodista y Comunicadora en Derechos Humanos

Observatorio Ciudadano – Plataforma Chile Mejor Sin TPP

Fuente: http://chilemejorsintpp.cl/2015/11/01/tpp-el-control-del-poder-corporativo-sobre-asia-

pacifico/

07 de noviembre de 2015

Plataforma advirtió que tratado implicará altos costos para la

salud pública y normas restrictivas para internet y el acceso a las

obras artísticas, entre otros perjuicios.

Esta semana, los 12 países firmantes del Acuerdo de Asociación

Transpacífico (TPP), entre ellos Chile, divulgaron el texto completo

del tratado, justo un mes después del cierre de las negociaciones en la

ciudad estadounidense de Atlanta.

Al respecto, la plataforma Chile Mejor sin TPP, integrada por

centenares de organizaciones y ciudadanos, afirmó que “la tardía

liberación de los textos confirma los temores que se produjeron luego

de las filtraciones de Wikileaks y que organizaciones de todo el

mundo han planteado. Este tratado no es bueno para la ciudadanos,

menos aún para los de países como Chile, y son la expresión de lo que

ocurre cuando los gobiernos negocian sin participación social ni

política”.

En lo que respecta a la salud, el doctor Tomás Lagomarsino,

presidente de la Fundación Equidad, afirmó que “este tratado, de

aprobarse, afectará aún más el derecho a la salud de los chilenos e

implicará altos costos en salud pública”.

Al respecto, rebatió a la Direcon y afirmó que “la norma para

protección de medicamentos biológicos en TPP, uno de los principales

objetivos de la negociación norteamericana en representación de los

intereses de farmacéuticas transnacionales, sí amplía el plazo de

protección para estos medicamentos en nuestro sistema”.

“La redacción del acuerdo –afirmó- refuerza la idea de que en la

práctica los medicamentos tendrán una protección por ocho años y no

por cinco, como afirma el Gobierno”.

La Plataforma denunció, además, que el TPP puede establecer

normas restrictivas para internet y la propiedad intelectual, puesto

que “dilapida la oportunidad para tener una discusión seria respecto

del rol del derecho de autor en el entorno digital y del rol de las

bibliotecas, archivos y derechos de los usuarios en el siglo XXI”

Carlos Figueroa afirmó que “en materia de plazos de protección

de derechos de autor, la mitad de los países del TPP deberán

aumentar en 20 años la explotación monopólica de obras, sin ninguna

justificación asociada, lo cual evitará que cientos de miles de obras

pasen a ser parte del patrimonio común. Los únicos beneficiarios

serán las grandes empresas titulares de derechos de autor, no hay

cómo sostener que esto beneficie al conjunto de la sociedad”.

Chile Mejor sin TPP afirmó, finalmente, que “este acuerdo en

secreto y al que ni siquiera tuvieron acceso los parlamentos de los 12

países involucrados, muestra ahora a sus dos verdaderos

beneficiados: la hegemonía geopolítica de Estados Unidos y las

multinacionales. Por eso, hacemos un llamado al Congreso Nacional a

que lo rechace, por el bien de los chilenos y chilenas”.

Texto del acuerdo en inglés:

http://www.direcon.gob.cl/tpp/capitulos-del-acuerdo/