Los diversos sondeos de opi-nión independientes que se

han hecho en Honduras en los últi-mos diez años —y con mayor acento tras el golpe de Estado— han dejado establecido que los políticos hon-dureños se han convertido en un problema más que en una solución1. Y las instituciones que tienen que

ABC de Honduras, ¿apuesta real o quimera?

ISMAEL MORENO, SJ*

¿Qué cabe esperar de las elecciones de 2013 en una democracia degradada y un Estado de derecho damnificado? Nada indica que éstas romperán con la lógica de la exclusión, la impunidad, la corrupción y el

patrimonialismo. Para enfrentar las tentaciones de las respuestas fáciles y carentes de

ciudadanía, aquí se propone poner en marcha un proceso de búsqueda de acuerdos básicos compartidos, porque más vale apostar a las quimeras que

participar en complicidad con quienes solo ofrecen más de lo mismo.

ver directamente con los políticos, están fuertemente desacreditadas. Aunque existan campañas y par-tidos políticos, aunque exista la formalidad del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Superior de Cuentas, la confianza de la sociedad es tan baja que, en los hechos, todo lo que toca la política queda salpicado de su-ciedad, desprestigio e inestabilidad.

El proceso electoral, que tem-pranamente está en marcha, se sustenta en esta concepción de la política hondureña, la cual ha esta-do en la base de treinta años de una actividad política partidista que ha tapado huecos, pero que permitió que la casa se fuera hundiendo. Vendrán las elecciones, se cumpli-rán las formalidades electorales, pero no hay indicios de que éstas rompan con la lógica de la exclusión social, la impunidad, la corrupción y el patrimonialismo que, a lo lar-go de décadas, nos han arrastrado hacia la violencia e inseguridad en

el marco de una democracia y un Estado de Derecho completamente degradados.

TODOS CABEN YTODO SE CONTROLALos dispositivos que ha puesto

en marcha el actual proceso elec-toral están estructurados en torno de la lógica política de los últimos treinta años, y por eso es muy difí-cil esperar algo que no sea más de lo mismo. Unos cuantos nombres más, otros cuantos rostros nuevos y diferentes colores en el escenario de los discursos, promesas y candi-daturas, pero bajo la concepción de siempre: la política divorciada de los auténticos conflictos y demandas de la sociedad, especialmente de los más pobres.

A lo sumo, se cumplirá con las recomendaciones y aspiracio-nes del gobierno de los Estados Unidos: que se asegure que en la democracia hondureña se abren oportunidades para que tengan cabida no sólo las propuestas de la

1diciembre 2011

* Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).

1 Nosotros seguimos el sondeo de opinión pública que el ERIC realizó con la UCA de San Salvador en diciembre de 2010, y cuyos resultados fueron publicados a finales de enero de 2011. Los resultados en cuanto a la muy baja confianza en los partidos políticos coincide con la encuesta que publicó el CESPAD en oc-tubre de 2010. Las encuestas externas arrojan similares resultados en relación con los políticos en América Latina, como las realizadas por el IUDOP en El Salvador, y Latinobarómetro en la mayoría de países latinoamericanos.

ACTUALIDAD

2envío

derecha tradicional, sino también las de signo ideológico de izquierda. Este proceso electoral se augura conforme al modelo que se ajusta a los requerimientos de la democracia que tanto gusta al imperio: todos caben y todo se controla.

LAS LECCIONESDESPERDICIADASEl golpe de Estado fue la cul-

minación de un largo proceso de acumulación de conflictos. Y todo apunta a que seguimos sin apro-piarnos de las lecciones políticas dejadas por este andar histórico. En lugar de convertir la crisis polí-tica en oportunidad para construir nuevas propuestas con nuevas dinámicas que incluyan afrontar de raíz los conflictos acumulados, parece que decidimos retomar las viejas prácticas que se sustentan en la lógica de hacer a un lado los conflictos, y a la vez engañarnos, creyendo y haciendo creer a la so-ciedad que los enfrentamos a través de lo estrictamente electoral.

La exclusión social se ha con-vertido en violencia sin control, en inseguridad para todos, en corrup-ción e impunidad de los más fuertes y en una institucionalidad estatal que ha perdido su valor e identidad en sí para convertirse en instru-mento o correa de transmisión de otros poderes y otros intereses, muy ajenos a los del bien común, que es para lo que en teoría existe el Es-tado. Querer resolver este asunto desde el descrédito de los políticos actuales es como querer apagar el fuego con gasolina.

Dicho con precisión: lo que exis-te en Honduras es una sociedad que se gobierna desde el poder de los más fuertes y la institucionalidad está plenamente subordinada a sus decisiones arbitrarias. Los fuertes se encuentran cada vez más en los

corredores subterráneos de la eco-nomía, la política y el modo de vida que se construyen en el mundo del crimen organizado.

Pero, sobre todo, cuando se habla de sociedad fallida o “Estado degradado”, se hace referencia a una sociedad y a un Estado que, finalmente, son gobernados desde decisiones e incluso desde estruc-turas criminales organizadas trans-nacionalmente donde, ciertamente, Honduras es una realidad muy importante, pero al final sólo es un eslabón más en la cadena multina-cional de la violencia y el crimen.

INVOLUCIÓN DELA DEMOCRACIA Si acaso se quiere entender

que el cuestionamiento al actual proceso electoral es un rechazo a las elecciones, entonces es preciso clarificar el asunto: las elecciones son un factor imprescindible de la democracia política, representativa y participativa. Sin embargo, la sociedad hondureña actual está damnificada y la institucionalidad del Estado no sólo es precaria, sino también rehén de quienes ejercen arbitrariamente el poder porque son fuertes e impunes. Participar en procesos electorales no se dis-cute. Lo que está en cuestión es en qué condiciones se hace y bajo qué lectura política.

Lo que no acabamos de en-tender es que estamos en unas condiciones de tanto deterioro, que la situación de Honduras se ubica en un estadio muy anterior a la de-mocracia. Si acaso logramos tener en las últimas décadas una base de democracia política, esta retrocedió y actualmente podemos hablar de una involución de la democracia.

Las elecciones son la expresión y a la vez la garantía de la democra-cia. Pero si no existe democracia,

ACTUALIDAD

ASESINAN A OTRO CAMPESINO EN EL BAJO AGUÁN

El uno de noviembre, Catalino

López, de 50 años, con seis hijos

menores de edad, y perteneciente

al grupo campesino El Despertar

de la margen izquierda del Río

Aguán, fue asesinado alrededor

de las 12:00 del día por guardias

de seguridad del empresario

René Morales. Según testigos, el

hecho se produjo cuando varios

campesinos llegaban a esa

comunidad desde el cementerio,

donde se habían citado para

limpiarlo en ocasión del día de

difuntos que se celebra el 2 de

noviembre.

Cuando entraban a la comunidad

en un camión pequeño, propiedad

de su empresa, los guardias de

seguridad, que se conducían

en dos vehículos, sin mediar

palabra dispararon contra ellos.

Sorprendidos, los agredidos se

lanzaron del vehículo y corrieron

en diferentes direcciones, pero

Catalino López no pudo escapar a

la muerte.

Además, sufrieron heridas de

bala José Luis Lemus (35 años),

quien fue conducido en estado de

gravedad al hospital Atlántida de

La Ceiba; y Nilda Fúnez Nataren

(18 años) a quien una bala le

fracturó un brazo y le arrancó

parte de la piel de uno de sus

pechos.

3diciembre 2011

ni Estado de Derecho en el sentido real, la apuesta primordial se sitúa en construir esas condiciones para que en efecto la realización de elecciones expresen y contribuyan a desarrollarlas.

En noviembre de 2009 hubo elecciones en un contexto de in-mensas irregularidades políticas. Y fueron presentadas como las más exitosas de la historia electo-ral hondureña. Fueron legítimas y nos dio un gobierno que le ha dado una espléndida continuidad a la democracia y al Estado de derecho en harapos.

¿A CUENTA DE QUÉ,SERÁN DISTINTASESTAS ELECCIONES?¿Han cambiado las condiciones

para esperar algo distinto de las elecciones que se celebrarán en noviembre de 2013? Claro que hay condiciones distintas, dirán unos del sector oficialista como otros de los sectores populares.

En estas elecciones habrá dis-tintos sectores participando, inclu-yendo a la izquierda organizada, a partir de los acuerdos políticos establecidos entre quienes propicia-ron el golpe de Estado y quienes se opusieron. Son acuerdos comparti-dos por las cúpulas dirigentes que, en lo fundamental, dejan de lado los auténticos conflictos que están en la base de la inestabilidad creciente en Honduras.

Así ha ocurrido a partir de las últimas elecciones generales; hubo acuerdos para hacerle frente a la conflictividad política, pero los au-ténticos conflictos que sustentan la crisis no sólo se han acumulado, sino que siguen disparándose. Quien sea que salga triunfador en las próximas elecciones, inevita-blemente, tendrá que insertarse en un país con unos poderes que

se definen desde fuera del Estado y que lo utilizan para legitimar la ley de los más fuertes.

La lógica política tradicional si-gue su curso, como si todo estuviese resuelto. Si en el pasado reciente el Congreso Nacional fue el defi-nidor de la actividad política y la instancia de negociación y reparto de cuotas de poder, todos los datos apuntan a que en el proceso político actual se sigue la misma dinámica, no obstante el desmoronamiento institucional.

Si en los procesos anteriores el presidente del Congreso Nacional utilizó esa plataforma para lanzar su candidatura a la Presidencia de la República, en el proceso políti-co actual sigue vigente el mismo patrón de conducta, a la vez que los poderes reales de la violencia definen la agenda social y política con todo su peso.

Mientras no estén sentadas las bases de la democracia y del Estado de Derecho, o dicho de otra manera, si nos cerramos en hacernos creer a nosotros mismos que el remedo de Estado que tenemos es Estado de Derecho, y que el sistema que nos gobierna es democracia, entonces las elecciones que se organicen en tal contexto estarán en correspon-dencia con la legitimidad que nece-sita ese adefesio jurídico y político que de Estado de Derecho y de democracia tiene lo que de caliente pueda tener un témpano de hielo.

ENTRE LO INVIABLEY LAS QUIMERASPara hablar de un proceso

electoral en democracia hemos de abrirnos, ante todo, a sentar las bases de la democracia y del Estado de Derecho que necesitamos fundar, refundar, construir o reconstruir, según como queramos llamar a este proceso previo a lo electoral. Dicho

ACTUALIDAD

JÓVENES CLAMANPOR EL CESE DELA VIOLENCIA

El 23 de noviembre, en

Tegucigalpa, un grupo de

estudiantes de la UNAH protestó

de manera creativa contra la

militarización y la violencia.

Ese día, en la entrada principal

de la Universidad, colocaron

varios barriles metálicos pintados

con los colores de la usanza

policial y militar. Dentro de éstos,

depositaron bolsas plásticas

negras rotuladas con los nombres

de jóvenes que han fallecido

de forma violenta en la capital,

supuestamente a manos de

elementos de seguridad del

Estado.

“El Estado quiere hacernos creer

que con poner más militares y

cuerpos policiales en las calles

se acabarán los asesinatos y

la delincuencia”, señaló una de

las estudiantes, en alusión a la

Operación Relámpago que puso

en marcha el gobierno desde

inicios de noviembre.

Los jóvenes manifestantes

recomendaron al gobierno que los

fondos que ahora está utilizando

“para comprar armas, botas y

uniformes, los deberían usar

para la educación, las artes y el

deporte”.

4envío

de otra manera, no sólo se trata de hablar de elecciones y de meternos en ellas como si por esa vía los sec-tores populares “tomarán el poder” y entonces harán las transforma-ciones o la refundación del país, como suelen repetir las consignas. Se trata, más bien, de re-pensar el país para re-hacerlo o re-fundarlo desde una nueva democracia y un nuevo Estado de Derecho.

Entendemos que hablar así es una quimera, un sueño, y que con-seguirlo es lo más cercano a lo impo-sible. Pero lo que no es imaginario es la inviabilidad de los caminos que están en marcha; y lo que todavía es menos imaginario es el estado de inseguridad y de depresión en que se encuentra nuestra sociedad.

Y si todo lo que se ofrece es más de lo mismo en el proceso del hundimiento humano y social, más vale lanzarse hacia las quimeras que participar en complicidad con quienes no ofrecen más caminos que la exclusión y la impunidad.

LOS PUNTOS DE PARTIDAEste re-pensar el país ha de

tener como punto de partida la aceptación consensuada de que así como estamos, en el lugar al que hemos llegado, nadie tiene la ca-pacidad para impulsar un proyecto de país por su propia cuenta, y peor todavía imponiéndose a los demás.

Un punto de partida impres-cindible para poner en marcha un proceso de propuestas que rompa con la lógica política excluyente, es la aceptación consensuada de que el país está tan resquebrajado que, en el corto plazo, y previsiblemente en el mediano plazo, no está en ca-pacidad de impulsar una propuesta buscando “máximos”; la realidad no ofrece esas posibilidades.

Los “máximos” que podemos alcanzar se encuentran en los “mí-

nimos” que pueden sentar las bases para iniciar un auténtico proceso hacia la construcción de democracia y Estado de Derecho. Y esto es así porque hemos perdido lo mínimo de bien común que una sociedad nece-sita para su convivencia armónica.

Esos mínimos perdidos son los que hay que recuperar como condi-ción para poner en marcha procesos auténticos de construcción de la democracia y un verdadero Estado de Derecho. Esos mínimos son lo que han de estar representados en lo que hemos venido llamando “Pacto Social Nacional”.

Este “Pacto Social Nacional” lo hemos de concretar en contenidos y temas nacionales con los que se identifiquen los diversos sectores y estratos de la sociedad hondureña. Y esto sería el ABC de Honduras, es decir, los Acuerdos Básicos Com-partidos, que podrían significar una respuesta para enfrentar las tentaciones de las respuestas fáci-les y carentes de ciudadanía en el contexto de una sociedad humana, ética, social e institucionalmente deteriorada como la nuestra.

Esas tentaciones se pueden pre-ver tras los resultados del sondeo de opinión pública como el que realizó el ERIC y la UCA a fines de 2010, en los que se percibe una tendencia de la población a inclinarse por res-puestas autoritarias en asociación con respuestas mesiánicas o provi-dencialistas2.

Una sociedad en estado depre-sivo puede ser fácil presa de ofertas políticas que prometen soluciones sin que éstas representen compro-misos y protagonismos directos. Cuando estamos en una situación

2 Cfr., “Déficit de ciudadanía. Una inter-pretación del sondeo de opinión pública UCA-ERIC”, en Envío-Honduras, núm. 28, marzo de 2011.

ACTUALIDAD

HASTA LA CORONILLA

La deuda externa de Honduras,

pública y privada, llegó en

septiembre de este año a 3,890.5

millones de dólares, unos 118

millones de dólares más que

la registrada en diciembre del

año pasado, según un informe

del Banco Central de Honduras.

Del total de esa deuda, al sector

público le corresponde el 76%

($ 2,954.9 millones) y al sector

privado el restante 24%.

Según varios estudios, Honduras

tiene una deuda externa

equivalente al 26% de su producto

interno bruto, similar al de una

economía emergente, sin serlo.

Esto afecta los indicadores de

riesgo y pone al país en la lista de

países con alto nivel especulativo,

según un informe del Fondo

Monetario Internacional (FMI).

Este año, el Congreso Nacional

elevó el techo de endeudamiento

externo en $ 50 millones anuales

(de 300 a 350 millones), a fin de

poder utilizar más recursos del

exterior. En los primeros nueve

meses de 2011, los pagos de

capital ascendieron a $ 853.2

millones. Además se pagaron 62.4

millones de dólares por concepto

de costos financieros. Es decir,

intereses.

5diciembre 2011

de tanta inseguridad, de “anomia” colectiva, las religiones, los cau-dillos, las armas y las regalías se presentan como factores salvíficos.

¿QUIÉNES Y CÓMO?Para ello habría que poner en

marcha una convocatoria o mesa nacional en la que se pongan las bases, metodología, tiempos y responsables del proceso. ¿Quién convocaría? Quizás es la primera cuestión a resolver, porque un rasgo del deterioro social e institucional es la ausencia de credibilidad de los actores, instituciones y personali-dades. La convocatoria y el proceso deberán estar bajo la responsabili-dad de instancias que involucren tanto a actores nacionales del más alto reconocimiento, que también existen, como a representaciones internacionales.

Un punto de referencia compar-tido es que el gobierno actual, por sí mismo, no cuenta con el consenso para hacer esta convocatoria, pero no debe quedar fuera. Las iglesias perdieron la credibilidad con la que contaban antes del golpe de Estado, pero tampoco pueden quedar fuera. No se puede olvidar que, dentro de la pérdida de credibilidad de la sociedad hacia la institucionalidad, las iglesias siguen siendo las más creíbles: la Iglesia católica en torno de un 40%, mientras que las iglesias evangélicas un poco más del 30%.

Los organismos de incidencia, las llamadas ONG, son tan diversos y dispersos que resulta muy difícil encontrar en estos la base para una convocatoria creíble y movilizadora. Pero no deben quedar fuera, por sus implicaciones en tan variados campos de la vida nacional y, espe-cialmente, por su involucramiento en procesos, sea de movilización o de desmovilización, de los munici-pios y comunidades locales.

Lo mismo puede decirse de las agrupaciones políticas y del movimiento popular —frecuente-mente muy ensimismados en sus dinamismos internos y viendo a la sociedad desde sus particulares intereses y cálculos—, pero con una fuerte incidencia cotidiana en la institucionalidad pública y los liderazgos de base.

Seguramente se necesitaría de un ingrediente convocador interna-cional que podría estar ligado a la defensa de los derechos humanos, las universidades o algún Premio Nobel; sin descartar la participación de representantes de la ONU o la OEA, aun con el grado de descrédito y desconfianza que, especialmente la última, representa para instan-cias del gobierno, de la empresa privada y diversos organismos de la sociedad civil.

Este componente internacional es imprescindible no sólo por la ausencia de consensos en torno de convocantes internos3, sino porque

3 Un ejemplo iluminador es la propuesta de intervención de la Policía Nacional liderada por la rectora de la Univer-sidad Nacional, Julieta Castellanos. Como se sabe, el asesinato de su hijo y de un amigo de éste, el 22 de octubre de 2011, por efectivos de la Policía, no sólo despertó indignación, sino que también destapó la olla de corrupción que involucra a oficiales y estructuras completas de la policía con el crimen organizado. La movilización encabezada por la rectora Castellanos es acompañada de una propuesta de intervención a la institución policial, que sugiere la participación de una co-misión internacional de notables para evitar toda coacción. Según la rectora: “Insistimos en una intervención inter-nacional y lo planteamos bajo varios criterios, primero, cuando la comisión es solamente con nacionales, se vuelve

ACTUALIDAD

URGE UN ACUERDO NACIONAL POR LA VIGENCIA PLENA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

En un comunicado fechado el

14 de octubre de 2011, el Fondo

de las Naciones Unidas para

la Infancia (Unicef) “expresa,

con toda la fuerza de que es

capaz, la voz silenciosa de más

de 2 millones de niñas, niños

y adolescentes de Honduras

que deben gozar del efectivo

cumplimiento de su derecho a la

educación”.

Unicef señala que 187,384 niños

en edad 5 a 6 años no asisten

a la escuela básica; 130,031 en

edad de 7 a 12 años no accede

a la escuela primaria; y 382,882

adolescentes entre 13 y 15 años

tampoco estudian. Agrega que

en términos de calidad los retos

son importantes, considerando

que el logro de las pruebas de

tercero y sexto grado, realizadas

en 2010, apenas alcanzaron un

57% en español y un 50% en

matemáticas.

UNICEF “insta a las personas e

instituciones de todos los sectores

a extremar voluntades, con

urgencia, para llegar a un acuerdo

que ponga fin a disensos,

desencuentros y conflictos que,

por décadas, dificultan e incluso

perjudican el desarrollo educativo

de la población infantil y juvenil.

La infancia y adolescencia de

Honduras no pueden pasar ni un

día más sin recibir una educación

de calidad en escuelas públicas y

gratuitas a las que tienen derecho

(...)”.

6envío

cualquier propuesta de solución al caso hondureño ha de pasar por negociaciones que traspasen las fronteras políticas y territoriales, puesto que los actores y las con-diciones que definen la ingober-nabilidad tienen ramificaciones transnacionales. Para el caso, el tema del crimen organizado debiera abordarse desde el debate sobre la legalización de la droga, y sobre las implicaciones de las diversas expresiones del crimen organizado y sus relaciones con estructuras de los Estados Unidos.

Cada uno de los sectores, tan-to populares, como territoriales y temáticos, habría de organizar su propio proceso de elaboración del ABC, de manera tal que todo el país se ponga en movilización y estado de construcción de este ABC. Desde las asambleas comunitarias, pasan-do por las sectoriales, municipales y departamentales, hasta llegar a las asambleas nacionales. Teniendo cada organización o sector poblacio-nal su propuesta de ABC, se habría de contar con la mesa nacional para debatir y negociar entre todos los sectores hasta lograr el ABC hondu-reño, el cual deberá ser refrendado en una consulta nacional.

ALGUNOS PUNTOSDE LA AGENDADesde un punto de vista ge-

neral, en el ABC de Honduras debieran estar incluidas algunas categorías de acuerdos:

La primera podría incluir acuerdos socioeconómicos y am-bientales como la tenencia de la tierra y políticas agrarias, la pro-tección y el manejo de las riquezas o recursos naturales, empleo y producción, la vulnerabilidad am-biental, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la política fiscal, la vivienda.

La segunda categoría buscaría acuerdos sociopolíticos como los derechos humanos, la defensa de las comunidades y su territorio, los derechos étnicos, relaciones de género, medios de comunicación, libertad de expresión y derecho al acceso a la información y derechos culturales.

La tercera sería la político-institucional-jurídica, que tiene que ver con el derecho a la organización y participación en la toma de deci-siones desde una institucionalidad que garantiza una democracia representativa, participativa y di-recta; la transformación del sistema de justicia, la reconfiguración del Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, los organismos contra-lores del Estado, especialmente el Tribunal Supremo Electoral y la Ley Electoral y de las Organizacio-nes Políticas. En suma, el diseño de una institucionalidad con capacidad para responder a las transformacio-nes contenidas en las dos primeras categorías.

Estas categorías no están sepa-radas entre sí, sino que cada una está remitida a las otras. Por ejem-plo, la primera contiene acuerdos mínimos en torno del empleo y la producción, lo que se vincula con

más vulnerable...”. Sostuvo además que “la Policía tiene informantes siempre, y en la medida que se avanza en las inves-tigaciones, ellos intimidan, amenazan, es más hasta pueden llegar a tratar de involucrar a parientes de los miembros de la comisión… entonces, por temor, hasta allí llega la intervención”. Re-tomando esta propuesta de la rectora Castellanos, la ex comisionada de Poli-cía, María Luisa Borjas, considera que esta propuesta de intervención puede ser un buen comienzo para intervenir después al Ministerio Público y al Poder Judicial, siempre con la participación de actores internacionales.

ACTUALIDAD

REPRIMEN A PERIODISTAS QUE CLAMAN JUSTICIA

El 13 de diciembre, periodistas

de medios alternativos, en

su mayoría mujeres, que

marchaban pacíficamente para

exigir justicia por el asesinato

de 17 comunicadores sociales

en los últimos dos años, fueron

reprimidos por militares y

policías con toletes y bombas

lacrimógenas.

Cuando los comunicadores

sociales se acercaban a la casa

de gobierno, un contingente

de la Guardia de Honor

Presidencial cercó la calle con

mallas instaladas en estructuras

metálicas. Esto indignó a los

manifestantes, que forcejearon

con los militares y rompieron

la barrera para continuar su

recorrido. Los militares y policías

detonaron gases lacrimógenos,

afectando con ello a varias

periodistas.

El ministro de Comunicaciones,

Miguel Ángel Bonilla, dijo que

"gracias a Dios no pasó a más”,

y aseguró que el presidente

Lobo en ningún momento giró

instrucciones a los militares

y policiales para atacar a los

comunicadores.

7diciembre 2011

acuerdos que se han de establecer en torno de la legislación que regula el empleo, como es el caso del Códi-go del Trabajo. Y al entrar en este terreno, inevitablemente, se deberá lograr un acuerdo básico en torno de la ley de empleo temporal y su relación con la inestabilidad laboral de las trabajadoras y trabajadores.

De igual manera, si se buscan acuerdos básicos sobre el empleo, se deberá establecer el vínculo con acuerdos básicos relacionados con la defensa de los derechos huma-nos laborales de miles de obreras y obreros que se violan en industrias como la maquila, o de empleados cu-yos derechos humanos son sistemá-ticamente violados en las agencias de seguridad privada, para poner ejemplos palpables.

De entre todos estos temas habría que definir los prioritarios, en qué orden comenzar su trata-miento y el proceso y mecanismos para su implementación. Un ABC de Honduras de esta naturaleza, en tanto que Pacto Social Nacional, debería orientarse, finalmente, a su ratificación en una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución Política.

Algunos podrán argumentar que se trata de un proceso viciado y por tanto inútil, porque ya se han impulsado propuestas parecidas sin más resultados que dar legitimidad a un determinado gobierno, partido político o para alimentar campañas políticas electorales. Es el caso del “Plan de Nación” que está impul-sando el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y que ha conducido el político y estratega Arturo Corrales Álvarez.

Lo que ocurre es que las expe-riencias anteriores, incluida la del Plan de Nación, se han basado en procesos politizados en torno del partido político gobernante, y las consultas han estado contaminadas

por la lógica del clientelismo políti-co. Diversos analistas, entre ellos el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOS-DEH), coinciden en que el Plan de Nación, aunque tiene elementos válidos para dinamizar la economía y la producción, en lo fundamental es un instrumento promotor de los negocios del sector más pudiente de la economía. Por tanto, se trata de una propuesta sesgada y repro-ductora de los dinamismos de la exclusión social que están en la base del actual desastre nacional.

¿EN QUÉ RADICARÍALO DIFERENTE?El diseño de un ABC de Hon-

duras ha de ser una propuesta refundante, es decir, que no sea más de la misma lógica de exclusión que ha caracterizado a tantas propues-tas anteriores. Esto no significa que todo se ha de hacer a partir de cero, pues no hay que desconocer algunas experiencias exitosas que se han realizado en algunas zonas, municipios y organizaciones. Y se debería tomar en cuenta lo resca-table de las propuestas anteriores, incluyendo el Plan de Nación.

De igual manera, especialmen-te en el terreno político y jurídico, será muy provechoso tomar en cuenta las recomendaciones de la oficial Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como las que pueda proponer el informe pendiente de la no gubernamental Comisión de Verdad.

Este ABC de Honduras ha de garantizar que se busque la inclu-sión social y la democracia parti-cipativa no sólo en los objetivos, sino que el proceso mismo ha de ser una experiencia de inclusión y de democracia participativa. Para lograrlo, será necesario que existan acuerdos previos entre sectores

con formas de pensar e intereses afines, y que sea dentro de éstos donde se practique la inclusión y la democracia participativa, con el fin de que el clima de confrontación se comience a superar a partir de quie-nes son parecidos en concepciones e intereses.

Los sectores empresariales también deberían buscar sus pro-pios acuerdos sin quedar atrapados en sus mezquindades, y los secto-res sociales y los aglutinados en el Frente Nacional de Resistencia Po-pular deberían buscar sus propios acuerdos, sin quedar atrapados en el cortoplacismo ni en los enredos propios de concepciones ideológicas inflexibles o en la búsqueda de la defensa de intereses particulares o de gremio.

El camino para el diseño del ABC de Honduras supone una con-dición previa: que cada sector haga frente a sus propias crisis internas y construya sus propias propuestas de acuerdos y, desde ahí, avanzar hacia la búsqueda de acuerdos con los otros sectores desde la lógica del debate y la negociación.

Los sectores populares y comu-nitarios, mucho más débiles y en desventaja frente a los grupos polí-ticos tradicionales y empresariales, deberían fortalecer sus propias instancias e identidades y, desde su fuerza organizada, desarrollar sus propios acuerdos para convertirlos en fuerza y poder en una mesa de negociaciones, con el propósito de evitar que al final se imponga la ley del más fuerte, sino los intereses nacionales de las mayorías indefen-sas y excluidas.

ACTUALIDAD

8envío

Sobre rosarios y cementerios*

ISOLDA ARITA**

Honduras es un país sembrado de cruces y lápidas. De crimen y de impunidad. De cinismo y cobardía. El narcotráfico y el crimen organizado

han hecho de nuestro Estado un botín más, y la Policía es el botón de muestra. Pero el Presidente de la sonrisa congelada dice que hay que

actuar con “prudencia”, mientras los políticos se preparan para la próxima rapiña. En este escenario, ¿hay lugar para la esperanza?

Al cierre de este número de Envío-Honduras, que es también el último de este aciago año 2011,

nuevos crímenes siguen estremeciéndonos, como si todo lo sucedido no bastara para constatar que el país se nos cae a pedazos. Cada día que pasa trae nuevos lutos y más desesperanza. Como bien dijo una mujer pobre y desamparada, que llamó a una radioemisora para pedir justicia por el asesinato de su hijo, “parece que Dios se ha olvidado de nosotros”.

El 6 de diciembre fue asesinada por sicarios en mo-tocicleta, en la colonia San Francisco de Tegucigalpa, la primera mujer periodista víctima de esta arremetida criminal, que ya ha arrasado con la vida de 17 trabaja-dores de la comunicación. Se trata de Luz Marina Paz Villalobos, una enérgica comunicadora radial de 38 años, que deja a dos hijos en la orfandad. Con ella, tam-bién murió su acompañante Delmer Osmar Canales.

El 7 de diciembre, en horas de la mañana, en la en-trada de la avenida Los Próceres de la capital, también sicarios en motocicleta acabaron con la vida de Alfredo Landaverde, un experto en temas de narcotráfico y seguridad, fundador y expresidente del Partido De-

mócrata Cristiano, y exdiputado al Congreso Nacional por este partido.

En su extensa y fructífera hoja de vida, destacan sus servicios como asesor de la Secretaría de Seguridad, asesor del Ministerio Público y miembro del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico. Siempre denunció la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en la Policía, las Fuerzas Armadas, en la política y la empresa privada. Definitivamente, sabía mucho sobre el tema y sus protagonistas y, a diferencia de tantos otros, no guardó silencio.

A estas muertes de inicios de diciembre se agre-gan muchas más, quizás menos emblemáticas pero igualmente dolorosas. Por ejemplo, la del dirigente comunal de El Progreso, Oscar Perdomo, la del albañil Elwin Vargas, cuyo cuerpo fue encontrado atado de pies y manos en unas cañeras del norte del país, la del guardia de seguridad Cándido Bonilla, o la de Juan Carlos García, quien fue liquidado de varios disparos por encapuchados, horas después de haber salido en libertad de la Penitenciaría Nacional. En suma, estamos hablando de un promedio de 20 homicidios diarios —el 85% cometido con armas de fuego1—, según datos para 2011 del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

* Frase tomada del título de la entrevista a Javier Sicilia, “El gobierno decidió vivir en la simulación sobre rosarios y cemen-terios”, realizada por Mario Casasús para El Clarín Digital, el 1 de diciembre de 2011. Javier Sicilia es un escritor y periodista mexicano cuyo hijo Juan Francisco fue asesinado, junto a otras seis personas, por bandas del crimen organizado en marzo de 2011. A partir de entonces, Sicilia se ha dedicado a conformar el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que ha movi-lizado a la sociedad civil mexicana en pro del derecho a la vida y el cese de la impunidad.

** Periodista, directora de Editorial Guaymuras.

1 Honduras tiene la tasa más alta de muertes (77 por cada 100.000 habitantes) por armas de fuego en el mundo, según reveló un funcionario del Centro Regional de la ONU para la Paz, el Des-arme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe (Unlirec). Véase Proceso Digital del 29 de septiembre de 2011, en www.proceso.hn/2011/09/29/Nacionales/Honduras.tiene.la/42871.html.

ACTUALIDAD

9diciembre 2011

Todas estas muertes tienen en común el desamparo de las víctimas frente a sus verdugos, como resultado de un Estado que hace mucho tiempo perdió el control sobre el ejercicio de la violencia, abandonando así su razón de ser: proteger la vida de su gente. Y, con ello, los que aquí vivimos también hemos perdido un derecho humano básico: el derecho a morir en paz, uno de los más preciados por todas las culturas.

EL DETONANTEEn la madrugada del 22 de octubre de este año, dos

estudiantes universitarios, Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22) y Carlos David Pineda Rodríguez (24), fueron asesinados. Vargas Castellanos era el hijo menor de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos Ruiz.

Cuatro días después, el mismo ministro de Segu-ridad, Pompeyo Bonilla, afirmó que había indicios de que el doble asesinato había sido cometido por policías sicarios. Gracias a que la investigación fue asumida desde el inicio por técnicos forenses de la Fiscalía y la Facultad de Medicina de la UNAH, la verdad salió a luz2.

Las investigaciones establecieron que, alrededor de las dos de la mañana del 22 de octubre, una patrulla policial empezó a perseguir a los jóvenes cuando se dirigían a la casa de Carlos David Pineda, situada en la colonia América, al sur de la ciudad. Para detenerlos, los policías empezaron a disparar contra el auto en que se conducían los muchachos y pidieron apoyo a otra patrulla.

En la balacera, la camioneta recibió cuatro impac-tos de bala de un fusil Galil de uso policial, uno de los cuales penetró en la espalda del hijo de la Rectora. Ya en estado agónico, Rafael Alejandro detuvo el auto y los policías los alcanzaron. Todo indica que hicieron una llamada telefónica a un superior para pedir ins-trucciones; sabían las consecuencias de matar a los jóvenes, ya que Carlos David les dijo que el herido era hijo de la rectora Castellanos. No obstante, raptaron a los muchachos y los fueron a ejecutar en la aldea Villa Real, en el kilómetro 12 de la carretera del sur. Ahí les infirieron disparos en la cabeza y los tiraron a una hondonada.

El crimen fue cometido por ocho efectivos de la posta policial de La Granja con la complicidad de sus superiores. Pero, esta vez, la varita mágica de la impu-nidad no los pudo tocar3. Esta vez hubo investigación independiente y, en pocos días, quedó al descubierto el monstruo de mil cabezas en que se ha convertido la Policía Nacional, a juzgar por los múltiples delitos cometidos por los efectivos de esa posta, ahora más conocida como el cártel de La Granja.

Aunque aquí ya estamos curados de espanto, habría que tener la sangre fría de los personajes de Truman Capote para no espantarse ante el horror que salió a flote. Los policías de La Granja se dedicaban al sicaria-to, al robo de carros y motocicletas, a la extorsión de comerciantes, al cobro de impuesto de guerra a trans-portistas, al secuestro, al narcomenudeo y a la venta de información al narcotráfico y al crimen organizado. Y para que no hubiera desperdicio, también vendían o empeñaban las armas decomisadas, como las que roba-ban de la misma estación policial. En fin, una empresa perversa y lucrativa a costa de la vida y los bienes de la ciudadanía.

A todo lo anterior se agrega el robo de las bodegas de la policía de al menos 300 fusiles FAL y más de 300 mil proyectiles, hace más de dos meses, que fueron a parar al cártel de los Zetas de Guatemala y México4.

UNA GUERRA SUCIA Y DESIGUALDesde hace mucho tiempo —y así lo demuestran

todos los sondeos de opinión— la población desconfía de la Policía. Le tiene temor. Cada cual tiene una historia que contar, pues son pocos los bienaventurados que no han sido víctimas de la delincuencia policial.

Contadas son las personas que se atreven a de-nunciar los vejámenes —si es que sobreviven—, pues a muchas les ha pasado que, cuando entran a una posta policial con toda la intención de interponer la denuncia,

2 Cuando se organizó el Ministerio Público en 1993, la Policía de Investigación estaba bajo su jurisdicción. Pero en 1999 fue traspasada a la Secretaría de Seguridad, como producto de una contrarreforma que consumó el Congreso Nacional presidido por el liberal Rafael Pineda Ponce. Véanse al respecto las declara-ciones de la rectora de la UNAH, en “Pagamos el precio de una reforma que se hizo en 1999”, La Tribuna, 10 de noviembre de 2011.

3 De los ocho, están detenidos cinco y tres se encuentran prófugos porque el oficial superior los dejó escapar bajo el pretexto de que tenían derecho a su “día libre”, en vista de que la Fiscalía no emitía los requerimientos de ley. Inicialmente los prófugos eran cuatro, pero uno de ellos (José Rubén Pozo) decidió entregarse. Para ello, tuvo que pedir protección al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en vista de la negligencia de los fiscales del Ministerio Público para facilitar su comparecencia a declarar.

4 Véanse los detalles en: “Armas robadas en los Cobras fueron vendidas en Guatemala”, diario El Heraldo, 7 de noviembre de 2011, e “Informe confirma robo en los Cobras”, El Heraldo, 15 de noviembre de 2011.

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para su sorpresa y horror, la primera cara que ven es la del policía que cometió el delito. Y otros, como mu-chos taxistas que se han atrevido a denunciar el cobro del impuesto de guerra por parte de los policías, son ejecutados a las pocas horas de haberlos denunciados.

Así, los hondureños, además de tener que librar día a día una lucha sin cuartel contra la pobreza, el des-empleo, los pésimos servicios públicos, la delincuencia común y otros agentes de la violencia, están atrapados en una guerra sucia y desigual, donde el enemigo prin-cipal son los agentes del Estado encargados de “servir y proteger”, según reza el lema de la Policía Nacional.

Esta es una guerra que trasciende los conflictos de clase, ideología, género, etnia o religión. Las víctimas de muerte, robo, extorsión, secuestro y abuso policial pertenecen a todas las clases sociales, tienen diferen-tes profesiones y oficios, diferentes opciones sexuales y distinto origen étnico. Por tales razones, se podría afirmar que esta es una guerra más cruenta y sucia que la que se desató en la década de 1980 —al calor de la Doctrina de Seguridad Nacional— cuando las víctimas eran predecibles y los victimarios tenían su propio batallón: el 3-16.

Ahora, la ciudadanía entera está acorralada por una Policía infiltrada hasta el tuétano por el crimen organizado, o por una Policía que, por su propia diná-mica interna, optó por convertirse en una organización criminal más, que para el caso es lo mismo. Para colmo de males, este cártel es financiado por sus mismas vícti-mas, a través de los impuestos que pagan al Estado5 y a través del lucro que obtiene de sus actividades ilícitas. Como resultado, una población en luto permanente con una economía exangüe. Y esto no es nada nuevo.

“NO TENEMOS ESTADO, AUNQUETENGAMOS FUNCIONARIOS”Así lo sentenció la rectora de la UNAH, Julieta

Castellanos. Y es cierto. Porque entonces, ¿cómo ex-plicar la inoperancia de las instituciones del Estado ante semejante desastre? Parodiando al poeta Javier Sicilia, “parece que el gobierno está decidido a vivir en la simulación sobre rosarios y cementerios, contra lo humano”.

En estos momentos, la verdad cruda y dura es que la única institucionalidad que funciona en el país, con precisión y eficiencia, es la que está al servicio del narcotráfico y del crimen organizado. Días antes de su asesinato, Alfredo Landaverde dijo en el programa Frente a Frente de Canal 5 que el crimen organizado “es un aparato con todas las de ley que recluta a mili-tares y policías. No me vengan con cuentos a mí. Hay juicios en que fiscales, jueces y policías se han puesto de acuerdo y han recibido dinero de los capos”. Después de reiterar que “el país está al borde de un desastre”, este ciudadano, justamente indignado, afirmó que los narcotraficantes “han trabajado con este gobierno y con el anterior gobierno y con todos los gobiernos. Ellos no tienen partido, los partidos solo son un instrumento…”.

Y es que la delincuencia, en todas sus modalidades, recibe un impulso formidable de la corrupción que impera en toda la administración pública y de la exas-perante impunidad de que disfrutan los funcionarios que atropellan a la ciudadanía y que, al no cumplir con sus deberes, se convierten en cómplices del sufrimiento infligido a la población.

El Observatorio de la Violencia de la UNAH conta-biliza 3574 muertes por homicidio —cifra superior a la de cualquier país en guerra— durante el primer semes-tre de 2011. Y de todas estas, más del 95% permanecen en el limbo de la impunidad. Aunque es difícil decir cuántas de estas muertes se pueden imputar directa-mente a la Policía, sí se puede afirmar que ésta, junto con todo el sistema de seguridad y justicia, es responsa-ble, por acción o por omisión, de este exterminio. Ni las Fuerzas Armadas, ni la Fiscalía, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Comisionado de Derechos Humanos, están libres de culpa. Su cobardía, negligencia, inefi-ciencia y corrupción los condenan.

¿QUÉ SE HA HECHO? El 30 de octubre, ocho días después de que el cri-

men de los dos estudiantes quedó esclarecido, el presi-dente Porfirio Lobo destituyó al alto mando policial y, en cadena nacional, demandó el apoyo de la sociedad hondureña para superar la crisis y pidió “no perder la fe”. Reiteró su determinación de hacer “un esfuerzo máximo enmarcado en ley por reducir al mínimo la impunidad que hoy nos hace sentirnos indignados”.

El 2 de noviembre, la Dirección Nacional de Ser-vicios Especiales tomó el control del Distrito Policial del barrio La Granja, por disposición de las nuevas autoridades policiales. Los policías y oficiales que se encontraban de turno fueron despojados de sus armas

5 En el proyecto de Presupuesto General de la República de 2012 que el Ejecutivo envió al Congreso Nacional para su aprobación, se contemplan 3,480.5 millones de lempiras para la Secretaría de Seguridad y casi tres mil millones de lempiras para la Secretaría de Defensa.

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de reglamento y trasladados al Comando de Operacio-nes Especiales Cobras. Lo mismo se hizo en las ocho estaciones policiales de la zona sur de la ciudad6.

Sin embargo, tras ser suspendidos en masa —pues todos son sospechosos de actividades criminales—, se supo que los reincorporarán al servicio luego de some-terlos a un “reentrenamiento” para tratar de cambiar-les su conducta. Por lo visto, ninguno de los suspendidos será juzgado y condenado por los delitos cometidos. Días después, la Secretaría de Seguridad suspendió de sus funciones a 38 policías y oficiales, cuyos expedientes enviaría al Ministerio Público para que éste determine si tienen responsabilidad penal. Aún no se sabe qué ha hecho al respecto este Ministerio.

El Congreso Nacional, por su parte, el 2 de noviem-bre reformó la Ley Orgánica de la Policía Nacional, con el fin de separar de su estructura la Dirección de Investigación de Asuntos Internos y crear la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. Será un organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad, que gozará de independencia y patrimonio propio.

El 29 de noviembre, en tercer debate y casi por unanimidad, los diputados aprobaron asignar a las Fuerzas Armadas funciones atribuidas únicamente a la Policía Nacional. Para ello, interpretaron los párrafos segundo y último del artículo 274 de la Constitución de la República, en el sentido de que las Fuerzas Arma-das podrán realizar funciones específicas de la Policía, cuando sea declarado un estado de emergencia en seguridad pública7.

Además, por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso aprobó a puertas cerradas la Ley Especial sobre la In-

tervención de las Comunicaciones, más conocida como “Ley de escuchas telefónicas”. Otra disposición del Legislativo, encaminada a disminuir el sicariato, es la prohibición del segundo pasajero en motocicleta, que tendrá una vigencia de seis meses. Estas dos últimas medidas también han provocado reacciones adversas en diversos sectores sociales que ameritan una discu-sión aparte.

Por lo pronto, lo que interesa dejar en claro es que la dimensión de la crisis en seguridad es de tal magni-tud, que los poderes del Estado, a diferencia de otras ocasiones, no han podido hacer las del avestruz. Sin embargo, ¿por qué persiste en la ciudadanía la sensa-ción de que el gobierno no quiere tomar “el toro por los cuernos”? ¿Por qué tanta gente piensa que este solo será un escándalo más que pronto quedará sepultado por otro escándalo igual o peor?

¿QUÉ MÁS SE DEBE HACER?Muchas cosas se debieron hacer desde hace mucho

tiempo. Entre otras, devolver la Policía de Investigación al Ministerio Público. La aberración de que la Policía se “investiga” a sí misma es, en gran parte, la causa de que ésta haya caído en tales niveles de corrupción y criminalidad.

Al relatar su experiencia de cómo la Policía ha intentado obstruir el proceso de investigación sobre la muerte de su hijo Rafael Alejandro Vargas y de su amigo, Carlos David Pineda, Julieta Castellanos dijo que “la investigación no puede estar en la Policía; la Po-licía obstruye las pruebas, siembra pruebas, las oculta, incrimina a otros o amenaza a los testigos”.

Desde que estalló la olla de presión de ilícitos en que se ha convertido la Policía, la opinión pública empezó a pedir su intervención y depuración. Y la UNAH se de-dicó a trabajar en una propuesta de reformas urgentes que fue compartida a finales de octubre con los medios de comunicación y representantes de la sociedad civil8.

Después de hacer un análisis del problema, el documento señala que la Policía es el punto más vi-sible, “pero problemas similares se encuentran en el Ministerio Público y en el sistema judicial, los cuales deben ser igualmente investigados, reorganizados y depurados…”.

La UNAH sostiene que la intervención de la Policía debe ser ejecutada por una junta interventora integrada por ciudadanos nacionales y expertos de organismos

6 Según fuentes oficiales, en total son 176 los efectivos relevados. Sin embargo, se supo que solo 81 se presentaron al escuadrón. Los demás simplemente faltaron, y otros estaban de “vacaciones o con incapacidad”. Luego, nueve más desertaron. Véase “Mayo-ría de policías trasladados del ‘Cártel de la Granja’ desertaron”, El Heraldo, 4 de noviembre de 2011.

7 Esta medida ha sido sumamente cuestionada por varias razo-nes. Entre otras, porque los militares no están preparados para tareas policiales y, al igual que en la década de los 80, pueden incurrir en violaciones a los derechos humanos. Además, se ve como un signo de remilitarización de la vida nacional. Por otra parte, el Congreso Nacional no está facultado para interpretar la Constitución, conforme una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia el 7 de mayo de 2003, que define la inter-pretación constitucional una como facultad exclusiva del Poder Judicial a través de la Sala de lo Constitucional.

8 “Inseguridad, Indefensión y reformas urgentes”, fotocopia, UNAH, Tegucigalpa.

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internacionales. La Universidad ha insistido en la participación internacional ya que, como lo explicó la Rectora, si la comisión interventora sólo está integra-da con nacionales, esta se vuelve más vulnerable a las amenazas y presiones de la misma Policía.

Además de la intervención, la UNAH propone como acciones inmediatas: la depuración y castigo a los policías y oficiales que se demuestre que han incurrido en delitos, pues no basta con su expulsión; la reestruc-turación institucional que permita el fortalecimiento de una Secretaría de Seguridad conducida por civiles y la separación total de las funciones de defensa y seguridad de la Policía; y la revisión de los contenidos de los programas de formación y capacitación policial, así como de los requisitos de ingreso a la institución.

UNA INDECISIÓN QUENO INSPIRA CONFIANZAAl inicio de la crisis, el presidente Lobo rechazó la

idea de intervenir la Policía, argumentando que había que dar tiempo a las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad. Además, de primas a primeras se opuso a la participación de figuras internacionales en una comisión de este tipo. Sin embargo, después nombró una comisión técnica de seguridad para que creara una comisión de diez notables hondureños que podrían recibir asesoría de expertos internacionales.

Finalmente, y quizás presionado por la muerte de Landaverde, el Presidente reconoció el 8 de diciembre que la “intervención es una necesidad”, y se compro-metió a estudiar la propuesta que preparó la Comisión Técnica integrada por representantes de la UNAH, del gobierno y del Congreso Nacional. Esta Comisión propone la creación de una Comisión de Reforma de la Seguridad Pública que esté integrada por tres nacio-nales y dos internacionales.

La indecisión del Presidente para proceder a la intervención y depuración policial, y su renuencia a la participación de expertos internacionales, siembra desconfianza en la ciudadanía y hace pensar que no hay voluntad política ni puño firme para enfrentar el problema como es debido. Además, ha significado la pérdida de un tiempo valioso que, obviamente, sabrán aprovechar quienes se oponen al proceso y son expertos en destruir pruebas y obstruir las investigaciones.

DE PROTESTAS Y SILENCIOSLa protesta social es un derecho y un deber. Pero

también es una opción. Eso ha quedado claro en estos días de indignación para algunos, y de silencios para otros.

Es de reconocer que, ante el recrudecimiento de la violencia, el abanico de la protesta social se ha diversi-ficado con el protagonismo de nuevos actores. Para el caso, la comunidad universitaria ha salido a las calles, y ha encontrado formas novedosas de expresarse y exigir justicia para los 64 estudiantes asesinados en los últimos tiempos.

El 9 de diciembre, los familiares y amigos de Óscar Roberto Godoy Dávila, aglutinados en el movimiento Voces por “Goyo”, como era conocido este publicista, exigieron el esclarecimiento de su crimen y un cese a la violencia9. La consigna de la marcha fue “Por una Honduras sin vidas rotas”. La feligresía católica sam-pedrana también ha exigido de cara al sol el cese de la violencia y la impunidad.

El Colegio de Periodistas, usualmente tan pasivo, también se ha convertido en noticia al protestar en la vía pública bajo el lema “No se mata la verdad matando a periodistas”.

El 13 de diciembre, el colectivo de Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión convocó a una marcha encabezada por mujeres comunicadoras, exigiendo res-peto a la libertad de expresión, respeto a la vida de los comunicadores y justicia para los 17 periodistas asesina-dos. Cuando se acercaban a Casa Presidencial, efectivos de la Policía y de la Guardia de Honor Presidencial los recibieron con bombas lacrimógenas y toletazos. Más tarde, el ministro de Comunicaciones dijo que el presidente Lobo Sosa no ordenó a los policías y militares reprimir a los periodistas. Entonces, la pregunta de rigor es: ¿castigarán a los responsables del abuso?

Sin embargo, poco se ha escuchado de las organi-zaciones populares “históricas” como los sindicatos, los colegios magisteriales, el Bloque Popular y los pa-tronatos. Pese a que ellos también han sido víctimas de esta Policía violenta y abusiva —sobre todo cuando andaban en las calles protestando por el golpe de Estado y exigiendo el retorno de Manuel Zelaya—, parece que hoy poco les importa su intervención y depuración.

Lo mismo cabe decir del Frente Nacional de Resis-tencia Popular (FNRP), hoy diluido en el Partido Libre. Los “incansables caminantes” lucen con sus energías agotadas para protestar contra los enemigos de la vida

9 Oscar Godoy (32 años) falleció el 27 de noviembre, luego de denunciar el robo de su billetera en la posta policial del barrio La Guadalupe. Ahí le recomendaron que esperara una patrulla; pero él salió, y al cabo de cinco minutos fue encontrado muerto en el mismo barrio. “Exigen una Honduras sin vidas rotas”, El Heraldo, 10 de diciembre de 2011.

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de los hondureños, quizás porque ahora están concen-trando todos sus esfuerzos en el proceso electoral.

Para unos, la prioridad es defender su Estatuto, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IN-PREMA) y negociar el aumento al salario mínimo. Para otros, el problema fundamental, en medio de este drama nacional, es que el sacerdote del templo San Juan Bosco haya apagado el equipo de sonido cuando su líder, el expresidente Manuel Zelaya, se aprestaba a discursear en la misa de cuerpo presente de Alfredo Landaverde. Allá cada cual con sus prioridades y mezquindades.

MUJERES QUE SOSTIENEN LA ESPERANZAAlgo a destacar de este momento es el papel asumi-

do por las mujeres que han hecho de su dolor personal una fuerza vital para demandar cambios en beneficio de toda la sociedad. Sus corazones rotos no les han im-pedido señalar, con valentía, a los asesinos de sus seres queridos. Sus lágrimas tampoco les han impedido exigir investigación y castigo a los culpables. Estas mujeres han levantado la cabeza y nos están dando una lección de coraje y dignidad similar a la de aquellas mujeres de los años 80, que desafiaron a los matones atrincherados en el batallón 3-16 y se organizaron en el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

Julieta Castellanos, la rectora de la UNAH, lo dijo desde un principio: “Yo no viviría en paz conmigo misma dejando a mi hijo en una tumba, habiéndolo asesinado el Estado”. Y, ante la manifiesta podredumbre de la Policía, ha hecho un enérgico llamado al G-16 (grupo de países cooperantes) para que no entregue más recursos a una institución “que se ha convertido en un monstruo que se alimenta con la sangre de nuestros jóvenes”.

Hilda Caldera, la viuda de Alfredo Landaverde y testigo directo de la muerte de su esposo, aún en el estupor de la violenta pérdida, manifestó: “Pido al go-bierno, a los entes competentes, que averigüen y que se esclarezca la muerte de mi esposo. Yo no tengo miedo a morir, yo estaba con él al momento de su muerte (...) Tengo una bala en la columna y otra en la espalda que gracias a Dios no me tocaron ningún órgano vital, pero

esto me servirá para seguir adelante con las tareas que había emprendido mi esposo por el bien de Honduras, país que yo he adoptado como mío10. Yo estoy aquí; si me quieren matar, vengan a matarme”.

Después de dos años de angustia y de esperar en so-ledad una justicia que nunca llega, también habló Leslie Portillo, la viuda del general Julián Arístides González, el honesto titular de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico que fue asesinado por sicarios motorizados en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa. Sabiendo a lo que se expone, ella dijo con firmeza: “Se sabe que fueron policías los que lo mataron, que se encerraron en Casamata [cuartel de la Policía]… está en los expedientes, todo el mundo sabe quién tiene el expediente, el señor Fiscal [Luis Alberto Rubí] lo sabe, los detectives lo saben. Las personas que mataron a mi esposo son de la Policía (…) Ahora que el héroe Julián Gonzales cumple dos años de su desaparecimiento, me pregunto: ¿qué ha hecho el Ministerio Público?”.

No es fácil imaginar cómo Honduras se levantará de los escombros y podrá reconstruirse en cuerpo y alma después de tanto luto, terror, dolor y saqueo; después de tantas décadas perdidas. Tampoco es fácil imaginar cómo nuestra clase política tan atrasada, ciega, cínica, corrupta y cobarde, que no quiere comprender la di-mensión del atolladero en que estamos, podrá tomar las decisiones que el país necesita y que ya no pueden esperar más. El tiempo se acaba.

Pero, quizás todavía queda darle la razón al sociólo-go Sergio Bahr, cuando en un mensaje electrónico que envió el 7 de diciembre, el día que mataron a Landaver-de, apuntó: “Pensando en esas mujeres y esas muestras de valor e integridad personal…, se me ocurrió que todavía se puede. Que mientras haya gente así, mujeres así, todavía hay esperanza para esta Honduras. Se me ocurrió que su valentía casi nos puede hacer olvidar el vergonzoso, vomitivo silencio de aquellos que se estilan transformadores, pero que han hecho un pacto de silencio a cambio del privilegio de ser candidatos en las elecciones (…)”.

10 Casualmente, Julieta e Hilda (venezolana-hondureña) son sociólogas y conocedoras del tema de seguridad por su labor académica lo cual, aunado a su fortaleza personal, les permite identificar mejor el problema y las posibles soluciones.

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El proceso de cambio en el sistema partidarioa dos años de las elecciones generales:

Una lectura a partir de una encuesta de opiniónEUGENIO SOSA*

Es obvio que en el país existen condiciones para que se produzcan cambios en el sistema de partidos. Pero, ¿a qué ritmo y hacia dónde? Al analizar los resultados de la encuesta del CESPAD, queda claro que este proceso aún es incierto, dado el peso que tiene la cultura política de la

mayoría de la población. Por tanto, es pertinente preguntarse: ¿Qué está pasando con la pronosticada muerte del bipartidismo? ¿Surgirá una nueva

configuración de partidos políticos de las elecciones de 2013?

Según la encuesta de opinión realizada en agos-to de 2011 por el Centro de Estudios para la

Democracia (CESPAD), si las elecciones generales se hubiesen realizado en ese momento, el Partido Nacio-nal triunfaría con el 28.8% de los votos, seguido por el Partido Liberal con el 26.5%, el Partido Anticorrupción con el 19.0% y el Frente Amplio de Resistencia (que no había asumido el nombre de Libertad y Refundación, Libre) con el 16.5%. De estos datos surgen algunas interrogantes: ¿Qué está pasando con la pronosticada muerte del bipartidismo? ¿Qué nuevos proyectos políti-cos se están gestando en la sociedad hondureña? ¿Qué configuración de partidos políticos puede surgir de las elecciones generales de 2013?

MALESTAR CON LA DEMOCRACIA: ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?En Honduras existen condiciones para que se

produzcan cambios en el sistema partidario. Una de éstas está dada por la fragilidad del sistema político en general. El indicador más relevante de tal fragilidad es el malestar y la desconfianza de la ciudadanía, que crece constantemente. En esta encuesta se evidencia que nuestra democracia no logra satisfacer las expecta-tivas ciudadanas. El 83% expresa cierta insatisfacción

con el funcionamiento de la democracia, y apenas el 17% manifiesta encontrarse satisfecho con el compor-tamiento de ésta.

Consecuente con lo anterior, para el 40.3% de las personas encuestadas la democracia se encuentra en crisis y el 21.4% considera, sencillamente, que no hay democracia. Solamente el 8% consideró que la demo-cracia funciona normalmente, el 15.4% afirmó que la democracia está superando la crisis, y el 5.1% expresó que no le interesa cómo funciona. El malestar con la democracia puede representar una oportunidad para profundizarla y radicalizarla, pero también puede cons-tituir una amenaza que conduzca a salidas autoritarias y hasta dictatoriales.

La dirección de los procesos políticos nunca está asegurada de antemano; los actores y los proyectos políticos, explícitos o no, también cuentan. El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 es un ejemplo de que la democracia no siempre avanza hacia la consolidación. Los estancamientos y las regresiones son siempre una posibilidad.

LA DESCONFIANZA CIUDADANASALPICA A MUCHOSNo se puede esconder que la democracia hondureña

se encuentra en franco deterioro y que su indicador más concreto se expresa en la desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad estatal. Esta encuesta encontró que

ANÁLISIS

* Sociólogo.

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la desconfianza ciudadana sigue exhibiendo porcentajes altos. El 57.7% expresó no tener ninguna confianza en los partidos políticos. Le siguen la Corte Suprema de Justicia, con el 43.9%; la Fiscalía General (42.9%); los gobiernos municipales (42.6%); el Congreso Nacional (42.3%); la Policía Nacional (41.7%)1; la Presidencia de la República (41.2%); y las Fuerzas Armadas (36.7%). Estos datos son graves, porque no se puede pensar la democracia en abstracto y su profundización pasa por la existencia de un Estado consolidado institucional-mente, transparente y democrático.

La desconfianza ciudadana también empieza a tocar instituciones que hasta antes del golpe de Estado se mantenían casi intactas; tal es el caso de la Iglesia católica y las iglesias evangélicas. Esta consulta reveló que el 18.1% de los ciudadanos y ciudadanas no tienen ninguna confianza en la Iglesia católica y el 18.3% no tiene ninguna confianza en las iglesias evangélicas. Lo anterior puede relacionarse con la excesiva injerencia de estas instituciones en la política; bajo estas condiciones, el fracaso de la política, tarde o temprano, “salpicaría” a las instituciones religiosas. La secularización de la política, vieja aspiración del iluminismo, sigue siendo una asignatura pendiente.

El deterioro de la democracia y la crisis de la ins-titucionalidad son dos condiciones que representan oportunidades para que se produzcan cambios en el sistema político nacional. Pero, ¿a qué ritmo se produ-cirán esas transformaciones y cuál será su orientación?

¿DEL BIPARTIDISMO A UN SISTEMAFRAGMENTADO DE PARTIDOS POLÍTICOS? Después del golpe de Estado se daba por supuesto

que el bipartidismo se encontraba en una crisis termi-nal. Al Partido Liberal se le declaraba muerto y algu-nos sectores ya estaban en la esquina, “esperando ver pasar su cadáver”. Se asumía también que igual suerte correría el Partido Nacional, su gemelo histórico, que se alimenta y respira de la misma fuente.

A más de dos años del golpe de Estado, nuevos he-chos están incidiendo en la reconfiguración del sistema partidario. Uno de éstos es la proliferación de nuevos partidos políticos que buscan inscribirse para partici-par en las elecciones de noviembre de 2013. Hasta el

momento han cumplido los requisitos legales el Partido Anticorrupción (PAC), que encabeza el presentador de televisión Salvador Nasralla; el Partido Libertad y Refundación (Libre), surgido de las fuerzas en resis-tencia contra el golpe de Estado; y, Alianza Patriótica, que pretende postular como candidato presidencial al general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando se produjo el derrocamiento del presidente José Manuel Zelaya Rosales.

Las posibilidades de continuidad del Partido Nacio-nal en el gobierno están dadas por la concentración de su voto duro y la dispersión de los votos de sus oposi-tores. Según esta encuesta, el 92% de los nacionalistas expresa su disposición a votar por su propio partido y son los menos proclives a cambiar su voto hacia otra fuerza partidaria o proyecto político. Los votos opo-sitores al Partido Nacional podrían quedar dispersos entre los votos al Partido Liberal, al Partido Libertad y Refundación, al Partido Anticorrupción y el Partido Alianza Patriótica. Una ventaja del Partido Nacional, para alzarse con el triunfo en las elecciones de 2013, es que en Honduras las elecciones se ganan por simple mayoría y no existe una segunda vuelta.

EL PARTIDO NACIONAL Y SUS DOLAMASSin embargo, el Partido Nacional enfrentará otro

tipo de dificultades; por ejemplo, sus contradicciones internas. En la medida que la continuidad de este par-tido en el gobierno se vea como una posibilidad real, las pugnas entre sus precandidatos presidenciales serán más fuertes y evidentes. Esto podría llevar a un mayor deterioro del gobierno actual, que a su vez se puede traducir en el fenómeno del “voto de castigo”.

A poco menos de dos años de gobierno, el presi-dente Lobo Sosa no goza de una evaluación favorable entre la ciudadanía. El 57% de los encuestados por el CESPAD consideró que el país se encuentra estancado, el 38% que se encuentra en retroceso y, apenas el 5%, opinó que está progresando. Además, un 32% estimó que la actuación del Presidente de la República está empeorando la situación; y, un 44%, manifestó que la actuación de Lobo Sosa no está teniendo ningún impac-to en la solución de los problemas nacionales. En otras palabras, el presidente Lobo Sosa es evaluado como un gobernante ineficiente.

A lo anterior se agrega que la ciudadanía valora que no es el presidente Porfirio Lobo Sosa quien real-mente gobierna. Sólo el 24% consideró que es él quien gobierna; el 25% cree que son los grandes empresarios,

ANÁLISIS

1 Estos datos se obtuvieron antes de que estallara la crisis en la Policía, tras el asesinato de los estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos Pineda Rodríguez, el 22 de octubre de 2011. Seguramente, en este momento, la Policía ocuparía los primeros lugares en la desconfianza ciudadana.

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el 17% que son las mafias y el narcotráfico, el 15% que son las Fuerzas Armadas, el 10% que es la embajada de los Estados Unidos, el 7% que es el pueblo hondureño y el 3% que son los medios de comunicación. No es casual, entonces, que cada vez más voces críticas se pregunten: ¿quién manda realmente en Honduras?

La percepción ciudadana de que el actual gobierno está empeorando la situación, o que no tiene ningún impacto en la solución de los principales problemas na-cionales, sumada a la percepción de que es un gobierno sin poder, podría llevar a que la ciudadanía no apueste por la continuidad del Partido Nacional al frente del gobierno.

EL PARTIDO LIBERAL Y SUS FRACTURASEl Partido Liberal continúa sumido en su crisis.

Los sectores que apuestan a la vigencia del Partido Liberal enfrentan dos dificultades: una, la ausencia de liderazgo al interior de esta agrupación. En la encues-ta, el 59% de los liberales consideró que José Manuel Zelaya Rosales sigue siendo su líder máximo, y ninguno de los precandidatos (Mauricio Villeda, Yani Rosenthal, Edmundo Orellana, Eduardo Gauggel, entre otros) logra hacer realidad la unidad partidaria. Dos, el voto liberal presenta mucha más disposición que el voto nacionalista a inclinarse por otras fuerzas políticas. A tal grado que, según la encuesta, el 66.7% de los votos potenciales de la Resistencia estarían proviniendo de las filas del Partido Liberal. Sin embargo, a pesar de su fraccionamiento y crisis interna, el Partido Liberal se sigue ubicando como la segunda fuerza política en términos de preferencia electoral.

La apuesta principal de este partido es que, una vez iniciada la campaña electoral, las bases liberales que se declararon en resistencia contra el golpe de Estado, retornen al seno partidario; no obstante, su principal obstáculo lo constituye el liderazgo del expresidente Zelaya Rosales.

Y, ¿QUÉ HAY DE LOS OUTSIDERS?El Partido Anticorrupción, para sorpresa de mu-

chos, se ubicó en esta encuesta como la tercera fuerza política, después de los partidos Liberal y Nacional. ¿A qué se debe el fenómeno Nasralla? El hecho de ser una figura mediática lo explica en parte, pero no del todo. En esencia, se trata del fenómeno de los outsiders2, que

tienden a lograr apoyo ciudadano cuando son altos los niveles de desencanto con la política, el desprestigio de los políticos es también elevado y las instituciones han perdido su credibilidad. En estas condiciones, las candidaturas que se presentan como apolíticas suelen encontrar apoyo en amplios sectores de la ciudadanía. Según la encuesta, gran parte de los votos potenciales del Partido Anticorrupción, el 39.9%, proviene de los ciudadanos y ciudadanas denominados independientes.

Por lo general, los outsiders han logrado tener éxito en sociedades donde los partidos políticos se encuentran en ruinas o prácticamente no existen. Pero este no es el caso hondureño; aquí el bipartidismo sigue en pie, por lo que a Salvador Nasralla le tocará enfrentar a partidos que tienen estructuras organizativas en todo el país, algo de lo que carece el Partido Anticorrupción. Por otro lado, la idea de mantenerse incontaminado de la política y los políticos se pondrá a prueba cuando presente sus planillas a cargos de elección popular, para diputaciones y alcaldías. De no saber enfrentar estos desafíos, podría quedar como una “burbuja mediática”.

LIBRE Y SUS DESAFÍOSEl Frente Amplio de Resistencia, ahora Partido

Libertad y Refundación (Libre), se ubica en la misma encuesta como la cuarta fuerza política, con una base importante como punto de partida, pero con muchos desafíos para constituirse en una fuerza que realmente compita y logre desplazar a las fuerzas políticas bipar-tidistas. La aspiración a que de la Resistencia saldría el fin del bipartidismo no se ve ahora muy clara. Elec-toralmente, la fuerza de Libre estaría en la posibilidad de vaciar al Partido Liberal de sus bases y atraer a los llamados sectores independientes, que por el momento se sienten más atraídos por Nasralla que por la Resis-tencia. Otra de las fuerzas que podría potenciar a Libre es la capacidad que pueda desplegar para movilizar a los sectores populares y, más específicamente, a los provenientes de los movimientos sociales.

Libre es, en esencia, un proyecto político que inten-ta articular a los liberales que rompieron con el Partido Liberal tras el golpe de Estado y a los sectores prove-nientes de los movimientos populares. Y ésta es una de las primeras tensiones que enfrenta este proyecto político. La tensión entre los sectores populares y los liberales no es nueva en la historia política nacional3.

ANÁLISIS

2 Se refiere a personas que deciden incursionar en la política sin tener trayectoria en este campo. Además de que desarrollan un discurso cargado de frases que niegan la política y condenan a

los políticos, en su discurso, los “outsiders” siempre se ubican fuera de la política y del grupo de los políticos.

3 Según Graciela García, militante comunista y fundadora de una de las primeras agrupaciones de mujeres en la década de 1920,

17diciembre 2011

Además, la diversidad y pluralidad, que constituye-ron una fortaleza para el movimiento de Resistencia, se ha convertido ahora en una amenaza, que puede llevar a la división y fragmentación prematura del proyecto político Libre. El recién inscrito partido ya cuenta con al menos cinco corrientes internas: Pueblo Organizado, 28 de Junio, Movimiento de Resistencia Popular, Fuer-za de Refundación Popular y 5 de Julio. En el fondo, en estas corrientes internas se siguen expresando las viejas contradicciones entre los liberales y los sectores populares.

En el caso de Libre, el liderazgo se centra en la figura del expresidente Zelaya Rosales, y todo apunta a que existe consenso entre sus corrientes internas de que la candidatura presidencial deberá recaer en doña Xiomara Castro de Zelaya. Entonces, surge la interrogante: ¿será posible que el liderazgo de Zelaya Rosales se convierta en transferencia de votos para Xio-mara Castro de Zelaya? Por el momento sólo se puede afirmar que la transferencia de liderazgo y votos no es automática. La ciudadanía siempre realiza diversas lecturas políticas.

¿EN ESTADO DE COMA?En la nueva configuración partidaria, la expectativa

de que los partidos pequeños (Unificación Democrática, UD, Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata, PINU-SD, y Partido Demócrata Cristiano, PDCH) ju-garán un papel relevante parece haber llegado a su fin.

En la misma encuesta, estos tres partidos ape-nas acumularon el 3.9% de la intención de voto. Sin embargo, esto no significa que desaparecerán en las próximas elecciones, considerando que la Ley Elec-toral y de las Organizaciones Políticas es altamente permisiva y basta con obtener un solo diputado para

que un partido político se mantenga vigente como tal. Además, el sistema político actual los necesita para seguir instrumentalizándolos como piezas clave en las negociaciones y chantajes políticos que se operen desde las alturas del poder.

NADA DE ETIQUETASAlgo que resulta claro es que nuestra sociedad nece-

sita nuevos equilibrios de poder para balancear la toma de decisiones en el gobierno, sobre todo en el Congreso Nacional. En las últimas tres décadas, las fuerzas que han intentado disputarle el poder al bipartidismo han fracasado. Ahora, tras una crisis profunda en el Estado de derecho, el desgaste del bipartidismo y los efectos del golpe de Estado, parecieran existir condiciones más favorables. No obstante, cualquier proyecto político debe considerar aspectos relevantes de nuestra cultura política. Uno de éstos es la adscripción ideológica.

Algunos sectores políticos han asumido el mito de que con el golpe de Estado se produjo un desarrollo súbito de la conciencia de clase y consideran que la sociedad hondureña dio un “giro a la izquierda”. A con-trapelo de esa percepción, todos los sondeos de opinión coinciden en que el electorado hondureño no es proclive a etiquetarse como de derecha o de izquierda. Según la encuesta que comentamos, ante la pregunta: ¿Qué posición política considera usted tener?, las respuestas fueron: izquierda 3.1%, centro izquierda 2.3%, centro 4.5%, centro derecha 2.6%, derecha 7.5%, ninguno 5.3%, y no sabe 26.7%.

En consonancia con lo anterior, los electores tampoco se etiquetan con determinadas corrientes político-ideológicas. Así, ante la interrogante relacio-nada con las corrientes ideológicas, las respuestas fueron: liberalismo tradicional 5.6%, liberalismo social 4.2%, humanismo cristiano 4.3%, socialismo del siglo veintiuno 2.5%, neoliberalismo 1.4%, ninguna 42.9%, y no sabe 39.1%. Este sería un indicativo claro de que cualquier proyecto político que se posicione de manera extrema, hacia la izquierda o hacia la derecha, tendría pocas posibilidades de atraer la simpatía de la mayoría.

A pesar de las dudas existentes, los hechos evi-dencian que el sistema partidario hondureño sufrirá transformaciones en los próximos años. Las elecciones de noviembre de 2013 pueden constituir el punto de inflexión que ponga fin a la hegemonía ejercida hasta la fecha por el bipartidismo. Pero el ritmo de los cambios y su orientación, seguirán siendo inciertos.

ANÁLISIS

una de las dificultades para enfrentar la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1933-1948) fue el sectarismo que prevalecía entre los sectores liberales y los sectores populares. “Las posi-ciones sectarias estaban representadas, en primer término, por el sector liberal que, bajo el pretexto de combatir al comunismo, proscribía a elementos provenientes de las nuevas corrientes ideológicas que también trabajaban por la caída del dictador… En segundo término, existían también actitudes sectarias en grupos de raigambre popular, pero que no comprendían que aún en los partidos tradicionales, principalmente en el liberalismo, había elementos sinceramente interesados en establecer en Honduras un régimen de corte democrático”. García, Graciela, Páginas de lucha, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 1981, p. 80.

18envío

* Periodista.

Derecho a la Información:El papel extraviado de la prensa hondureña

LUCILA FUNES VALLADARES*

En un país en el que todo está “patas arriba”, no es de extrañar que los medios de comunicación también hayan trastocado su rol social, en un claro olvido de que su deber primordial es informar con la verdad

e investigar los hechos a profundidad. Aunque las salidas parecen ser pocas, aquí se proponen varias iniciativas que pueden emprenderse a título

individual, comunitario y como sociedad para hacer valer el derecho a la información, y así empezar a caminar con la cabeza en alto.

Hace un tiempo me ronda la inquietud de compilar historias para elaborar una versión

hondureña de Patas arriba, el libro de Eduardo Galea-no. Sería Honduras al revés, porque acá los ejemplos de que las cosas andan “patas arriba” son tantos y tantos, y nos volvemos tan criticones, inconformes y hasta malhumorados cada vez que una nueva historia se suma a la lista, que es inevitable preguntarse, frente a lo obvio, si no somos nosotros los equivocados.

Sin embargo, en un destello de lucidez, me resisto a creer que lo anormal sea normal, que debamos acep-tar complacidos la conmutación de los roles públicos, sociales, privados, mediáticos y hasta personales. ¿Es normal que el Estado rompa con la independencia de sus poderes y legisle cuando debe ejecutar; ejecute e interprete la ley cuando deba legislar? ¿Es normal que los servidores públicos se aprovechen de su cargo para no ejercerlo; que ONG, presionadas por las necesidades de la gente, asuman responsabilidades del Estado; que la empresa privada se abrogue el derecho de dirigir la educación superior; que los medios de comunicación desnaturalicen el periodismo, desinformen y asuman labores filantrópicas dudosas; que la policía asesine, sa-quee y siembre el terror, o que los ciudadanos impartan justicia como jueces para ejecutar sentencias de muerte contra quienes consideran enemigos?

Las historias en reversa son de hoy y de siempre, se les encuentra a la vuelta de la página del periódico, al encender la radio o la televisión. Las hay tan lejanas y vergonzosas como las concesiones de la entrega de la soberanía con los empréstitos ferrocarrileros; tan ridículas y costosas como el servilismo de periodistas a su majestad los presidentes, que sin ningún recelo se ofrecen como mandaderos para traerles chicharrones en helicópteros oficiales, entrevistar a sus mascotas o cepillarles los zapatos; o tan recientes e inverosímiles como declarar una emergencia de 16 años, convertir una operación relámpago en permanente o involucrar a la principal fuente de inseguridad —policías y mili-tares— en operativos de seguridad.

TRANSMUTACIONES QUE SOLODESNUDAN LA CRISIS INSTITUCIONAL Como este artículo lo empecé a esbozar hace unos

meses, me tienta citar dos ejemplos de entonces: du-rante una entrega de los denominados “Bonos 10 Mil” a comunidades de Tela, en la zona norte del país, el presidente Porfirio Lobo tuvo una transfiguración repentina al autoproclamarse enviado de Dios: “los gobiernos son una delegación de Dios en la tierra para ayudar a quienes más lo necesitan”, dijo (Diario del Aire, HRN, 26 de agosto de 2011). Minutos antes, en el mismo noticiero, en un saludo del Fondo Hondureño de Inversión Social “al laborioso pueblo de Danlí en su 35 Festival del Maíz”, el depuesto “Papi a la Orden” había presentado al Fondo como la institución encargada de

DEBATE

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hacer escuelas. Uno se convirtió en intermediario de Dios y el otro en apóstol de la educación.

Esas caracterizaciones apócrifas —llámense de arcángeles, de bufones, de prestanombres, o de lo que sea— podrían servir de base para inventar un juego de agilidad mental e historia en una tarde aburrida de domingo, más divertido aún si se clasifican por épocas, temas o protagonistas. Desafortunadamente, es parte de una tragicomedia que desnuda la crisis institucional del país y la pérdida de confianza ciudadana hacia una institucionalidad prácticamente inexistente.

La práctica enseña, sin embargo, que no siempre asumir el rol contrario es tan desafortunado y que pue-de ser un reactivo al mismo fenómeno, como ocurrió el pasado mes de octubre, con la investigación realizada por la Universidad Nacional, tras la muerte de dos estudiantes universitarios y su denuncia del involu-cramiento de la policía como responsable del crimen.

Sin la participación de la UNAH no hubiera sido posible arrojar luces para un cambio y un avance en la justicia, aunque no sea su papel la investigación forense ni criminal. Si un país acumula más contrasentidos que lógica en su accionar, es previsible que de cuando en cuando se revierta la intención de quienes violentan sus propias funciones.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,TAMBIÉN TRASTOCADOSNo redundaré en más casos, ni en intentar des-

cubrirlos o agotarlos, ¡por demás imposible! Los tomo como referentes para contextualizar y acercar la mirada a una de estas instituciones que, si bien no pertenecen al Estado, también ha trastocado su rol social: los medios de comunicación social, que, salvo excepciones, ejercen un periodismo susceptible a distorsiones y extorsiones, conforme a intereses ajenos a su deber de informar. Al respecto, vale aclarar:

1. Que el buen ejercicio del periodismo no depende del sesgo ideológico de quienes lo ejercen —dicho en tiempos actuales, no depende de la opción de definirse “golpistas” o “antigolpistas”— sino, más bien, del manejo ético de la información, que es la brújula que orienta sobre qué escribir, cómo escribir y por qué hacerlo.

2. Que parte del vacío creado con la desnaturalización de los medios de comunicación social han buscado llenarlo organizaciones ciudadanas que fiscalizan e investigan el quehacer público y que, investidas de un espíritu periodístico, informan sobre sus audi-torías al interior del Congreso Nacional; tratan de demostrar con hechos la inefectividad de la justicia; clasifican, analizan e interpretan los contenidos de los medios con una visión crítica para incidir a favor de temáticas específicas, como los dere-chos humanos; o para descubrir el sesgo con que abordan temáticas como la pobreza, la seguridad, las problemáticas de género, niñez o juventud, la lucha contra la corrupción o la crisis política que desencadenó el golpe de Estado.

3. Que hay un avance visible de los medios de comu-nicación en los últimos treinta años, vinculado fundamentalmente con su crecimiento cuantita-tivo y la asimilación relativamente rápida de la oferta tecnológica para volverse más ágiles frente a la demanda noticiosa de un público ávido de información, pero que ese incremento mediático y tecnológico no siempre ha ido acompañado de un fortalecimiento de la esencia y el quehacer del periodismo y con frecuencia ha sido inversamente proporcional a un relajamiento en el control de la calidad de los contenidos.

La revolución tecnológica en la información ha reforzado el origen etimológico del “periodismo”, que deviene de “periodicidad”, de “periódico”, de “período”, potenciando su capacidad de llevar el relato de los hechos en el menor tiempo posible a la mayor cantidad posible de público. Lo que ocurre se puede saber al mismo tiempo o casi al mismo tiempo en que transcurre, incluso antes.

Seguramente los cronistas de las guerras más re-cientes tienen mucho que contar sobre el antes y el des-pués de la internet, la telefonía celular, el skype y todas esas herramientas que posibilitan al público sentirse como en las graderías de un campo de batalla. Fueron impresionantes, por ejemplo, las imágenes transmi-tidas por la televisión norteamericana, poco después de confirmar la muerte de Osama Bin Laden, cuando el presidente Barack Obama y su equipo de gobierno presenciaban en vivo y en directo el operativo montado para asesinarlo, y que exhibió el acontecimiento como un estreno de Hollywood.

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De manera similar, tampoco hizo falta esperar al día siguiente para presenciar en la pantalla del ordenador la captura y muerte de Muamar Gadafi a escasos minu-tos de su muerte o, años antes, la ejecución de Saddam Hussein captada por el celular de uno de sus verdugos.

Los avances tecnológicos fluyen tan rápido que, cuando uno de ellos parece no poder ser superado, languidece frente al ingenio humano y la voracidad del capital, capaces de reinventar dispositivos más precisos para acercar al espectador a los hechos.

¿PERO, HAY RESPONSABILIDAD SOCIAL?¿CON QUIÉN Y PARA QUÉ?La revolución tecnológica en la información se

ha hecho acompañar de un marco teórico que intenta avalar su credibilidad y crear empatía con un público que con frecuencia ignora o subestima su derecho a la información y privilegia el “trato preferencial” que percibe de los medios hacia sus necesidades básicas o de consumo.

A la par de una oferta tecnológica atractiva —pe-riódicos en línea, televisión digital, retroalimentación cibernética— los medios se preocupan por volver explícitas sus preocupaciones —ciertas o no— por la calidad, la calidez, la atención al cliente, la comodidad, la empatía, etc. Punto y aparte, esas “preocupaciones” se han convertido a su vez en otros negocios que mate-rializan con la creación de entidades de certificación; módulos sobre normas de calidad, cursos de expertos internacionales sobre la calidad total, etc.

Un concepto en boga que ronda todo ese círculo de aparente complicidad con el público es el de “res-ponsabilidad social empresarial”, en cuyo nombre los bancos ofrecen meriendas escolares; los supermerca-dos donan el vuelto no recibido por sus clientes para la construcción de aulas; las grandes empresas crean fundaciones, generalmente para atender problemas específicos de la niñez más desamparada, en materia de salud y educación, para las que además gestionan el ingreso de brigadas internacionales de ayuda; se dona equipo de apoyo a los hospitales públicos; se promue-ven conciertos musicales o actividades culturales para apoyar con los fondos recibidos a sectores especiales de la población, y se realiza infinidad de actividades. Las necesidades infinitas de la gente son un caldo de cultivo para cualquiera de estas ideas, que encienden fácil, como una rama seca.

No viene al caso juzgar si estas acciones y muchas más que puedan quedar ocultas son congruentes con una “responsabilidad social” de las empresas o son un ingrediente extra para ganar imagen, reducir el pago de impuestos o que una que otra vez, sirvan para desviar la mirada sobre dedos puestos en sus llagas. No es de dudar tampoco que en muchos casos existan las buenas intenciones de sus ejecutores y que en efecto puedan prestar una ayuda efectiva frente a problemáticas puntuales. El punto es que los medios de comunicación han hecho suyo el neologismo — “responsabilidad social empresarial” — para desarrollar actividades paralelas que promueven como parte de sus informaciones.

¿CUÁL ES LA VERDADERARESPONSABILIDAD SOCIALDE LOS MEDIOS?La “Teletón”, la “Pipa de Agua”, “Regale una

sonrisa”, “Done un aula”, rifas, maratones, promocio-nes, brigadas médicas, etc., son acuñadas como parte de las responsabilidades sociales de los medios, que involucran a su personal de prensa, para promoverlas entre el público como un complemento que los libera de su verdadera responsabilidad social: el derecho a la información.

Los medios de comunicación social son, por sí mis-mos, empresas socialmente responsables de informar con la verdad, de investigar los hechos a profundidad y de no sesgar la información con intereses ajenos que la contaminen. No es menospreciar esfuerzos aislados de asistencia a sectores vulnerados de la población, pero es preocupante cuando estos esfuerzos desplazan el rol principal de la prensa: que la ciudadanía esté bien informada.

Gana más una ciudadanía bien informada por los medios, que parcialmente asistida por estos en sus necesidades. Es más importante si los medios de comu-nicación desentrañan el manejo ineficaz o corrupto de fondos para la salud o la educación pública y entregan con sus investigaciones herramientas a la ciudadanía para que ésta se movilice y demande a su gobierno el uso adecuado de los fondos públicos; si rastrea el destino de los bonos de compensación social o —en el último de los casos— si encarga a una firma consultora en construcción de carreteras el cálculo de un tramo para saber si su costo coincide con el que publicita el ministerio que las construye.

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A su vez, una ciudadanía bien informada puede compensar, con la información obtenida de los medios, la conformación de un pensamiento crítico que no le prodiga la escuela pública, aprender a conectar unos hechos con otros y hasta comprender el atraso profundo que significa seguir defendiendo con los votos el sistema del bipartidismo.

Pero si el propietario del medio es asesor presi-dencial y saborea las mieles del poder, si es dueño de bancos y requiere los favores de la Comisión de Ban-cos y Seguros, tiene aspiraciones a ser diputado o ser presidente, vende medicinas y quiere ser favorecido con las licitaciones del Estado, vende comida chatarra y no quiere pagar impuestos porque sus empresas atraen el turismo, es importador de armas y quiere amarrar una venta con los ministerios de Seguridad y Defensa, es terrateniente y ve en cualquier intento de reforma agraria una amenaza a sus propiedades, tiene acciones en empresas camaroneras y no quiere que lo denuncien por destruir los manglares, en fin, si muchas noticias que son de interés para la sociedad son conflictivas a sus propios intereses, entonces, es mejor no informarlas, callar, censurar o informarlas conforme a su conveniencia y “compensar” ese vacío con obras de beneficencia. Y ahí es cuando uno nueva-mente se pregunta: ¿quién está en lo correcto, nosotros exigiendo información, o ellos negándola porque afecta sus intereses?

¿ENTONCES, QUÉ HACER?Las salidas parecen ser pocas, si tomamos en

cuenta que fundar un medio al estilo tradicional es una empresa millonaria fuera del alcance de quienes lleguen a leer este artículo. Pero eso no significa que el derecho a la información tenga que sucumbir frente a una prensa burguesa y avorazada.

Varias cosas pueden hacerse a título individual, co-munitario y como sociedad para hacer valer el derecho a la información, entre las que pueden citarse algunas, como los siguientes:

• Una lectura crítica de los contenidos. Si so-mos lectores de periódicos, escuchamos o vemos los noticieros de la radio y la televisión, nunca ba-jemos las defensas. Es decir, no hay que creer que todo lo que dicen es la verdad, ni que lo que dicen es todo. Aun en aquellos medios que parecen más críticos que otros o que parecen formar parte de la

“oposición” hay suficientes razones para querer mostrar otro rostro, casi nunca realmente intere-sado en los derechos de la ciudadanía a informar y ser informada. Si no, recuérdese la trayectoria histórica que muchos de estos medios han tenido, a veces críticos, a veces ultra conservadores, sacando provecho de la violencia para obtener la preferencia del público, y más de una vez francamente sujetos al vaivén político electoral. Nunca debe aislarse la posición del medio de los intereses coyunturales o permanentes de sus propietarios, o de quienes los dirigen. En el caso de medios no tradicionales, que desarrollan contenidos altisonantes frente a la situación política del país, también se exige del público una lectura crítica, pues el periodismo no tiene apellidos; no hay un periodismo tradicional que es malo y un periodismo militante que es bueno. El periodismo por sí mismo es ético, y ya decirlo es redundante.

• Renunciar al medio. No solo los periodistas

pueden renunciar al medio, también sus lectores u oyentes. Tras el golpe de Estado, frente a una sociedad polarizada, miles de consumidores de los medios tradicionales se ausentaron de ellos, dejaron de comprar los periódicos, dejaron de escuchar sus emisoras o de sintonizar sus canales de televisión. Fue un boicot sobre el que no hay mediciones co-nocidas, pero que preocupó y sigue preocupando a sus dueños, según se colige de sus desesperadas campañas, en particular las de Radio América, por recuperar la audiencia perdida desde entonces. Mantenerse en sintonía con otro medio dependerá de la actitud ética que éste mantenga y de la lectura crítica que se haga de sus contenidos. Ningún medio tiene garantizada la preferencia de por vida de su público y el público también debería convertir en su norma guardar distancia con relación al medio para no perder su visión crítica, aun con aquellos con los que se siente identificado.

• El ejercicio de escribir. La nuestra es una sociedad eminentemente oral, y si no hay medios que sistematicen esa oralidad, se corre el riesgo de que mucho de la memoria histórica se diluya con el último recuerdo. Además, nada ayuda tanto a darle coherencia a las ideas que debatirlas en familia, con los grupos de amigos, en los centros de educación formal y no formal, y luego intentar escribirlas y compartir esos escritos en los mismos espacios que

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los originan, o entre grupos con similares intereses a los nuestros. Es replantearse el inicio de la co-municación interpersonal. Pero puede agregársele a prácticas como ésta ingredientes que permitan apropiarnos de las ventajas de la moderna tecnolo-gía, como el intercambio de escritos en cadenas de correos electrónicos, los diseños de blogs, o quizá aventurarse en el diseño de una página web propia. La clave está en qué se dice y cómo se dice, en acer-car los escritos a la gente y a sus preocupaciones. A la gente le encanta saber cuál es la historia del barrio donde vive, entender por qué, de repente, escasean los frijoles y aumenta exageradamente el costo del maíz; cómo se asocia el problema de la corrupción con su calidad de vida; qué estreno de cine vale la pena ver, o por qué la violencia se incrementa en el país. Escribir no es un derecho solo de los periodistas; expresarse libremente es un derecho inherente a todos los seres humanos.

• Aprovechar los espacios que puedan brindar los medios tradicionales. Los medios de comu-nicación tradicionales tienen una dinámica muy compleja, se debaten entre políticas de información sesgadas y la necesidad de sobrevivir llamando la atención de su público a partir de sus necesidades, sobre todo las de índole emocional. Privilegian la sa-tisfacción de la curiosidad y convierten el morbo en una necesidad de su público. Ofrecen imágenes de sangre, muerte, sexo y violencia. Buscan acercarse al público a partir de sus temores, y detallan notas sobre secuestros, robos, asaltos a mano armada, accidentes, etc. Cubren los hechos que se originan de los poderes públicos, pero en general, muy poco apelan a la razón y a la necesidad de debatir, pensar y reflexionar sobre lo que está pasando. Aun así, pueden mostrarse anuentes a publicar pequeñas colaboraciones si están bien escritas y abordan temas de interés común. De ahí la importancia de hacer una lectura crítica de los medios para saber a cuál llegar con acierto con nuestros escritos. No se trata de convertirse en un “call center” o en “llamadores de oficio”, como se les conoce, para hacer uso de la palabra en cuanto noticiero abra sus líneas a la participación pública. Si esto es así, no haríamos sino seguirle el juego a la dinámica tradicional de hablar de todo y decir nada.

• Apoyar la radio comunitaria. La multiplicación

de los medios a nivel nacional ha permitido que

surjan muchas radios locales que, aunque no son comunitarias en el sentido legal de la palabra y la presentación de sus formatos, se asemejan más a las de los grandes medios, crean vínculos de iden-tidad con su comunidad. Desde ese punto de vista puede hablarse de radios comunitarias. De hecho, las dos cadenas nacionales de radio compiten su au-diencia con estas pequeñas emisoras, a veces hasta artesanales o piratas, que de una en una ganan la preferencia de un público masivo en su conjunto. Claro, corresponde acá a sectores organizados de la sociedad articular esfuerzos para lograr acuerdos de transmisión de programas en cadena. Ya Radio Progreso ha dado un paso con las radios católicas de un sector del país, y con algunas radios comuni-tarias y populares, pero todavía está pendiente en la agenda de la comunicación nacional crear otros mecanismos e instancias igualmente importantes, como una agencia de prensa que sea capaz de gene-rar insumos noticiosos y producciones formativas para las emisoras de tierra adentro y las televisio-nes locales y plataformas de monitoreo e incidencia sobre los medios. Sin embargo, no debe olvidarse que a nivel regional y comunitario se reproduce a pequeña escala un patrón de propiedad sobre los medios similar al de los grandes medios, pues las concesiones de las frecuencias han formado parte de un sistema clientelar y politizado que contamina todo el sistema nacional de las comunicaciones.

• Aprovechar la información que pueda ge-

nerar internet. Con internet debe tenerse el mismo cuidado que con los medios de comunicación tradicionales; abre un mundo inagotable de infor-mación, pero no toda la información es verdadera. Sin embargo, brinda un espectro amplísimo sobre el tratamiento informativo a través de la prensa de otros países del mundo, sus emisoras radiales y su televisión informativa. Por supuesto, en otros países también se mueven intereses alrededor de los medios y el abordaje que puedan dar a temas sensibles a su realidad puede estar sesgado. De ahí la importancia de que, como lectores, aprendamos a manejar los contextos dentro de los que acontecen los hechos. Un referente informativo interesante es el que brindan los medios asociados a las gran-des universidades públicas de América Latina o a observatorios sobre temáticas sociales.

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• Creación de medios de contraste. En el país hay pocas experiencias exitosas de coaliciones organizativas, pero es casi la única manera de plantearse a través de ellas la apertura de nuevos medios de comunicación con sostenibilidad econó-mica y más o menos perdurables. Medios de con-traste de diversa índole, desde pequeñas emisoras hasta medios impresos de aparición continua, sin desechar la oportunidad que ofrece la tecnología de la informática, pero cuyo acceso está restringido a los usuarios de internet. No urge un medio, sino mucho medios de contraste en el país, y la zona norte parece en ese sentido llevar la delantera, con emisoras garífunas, el semanario A Mecate Corto y Radio Progreso del ERIC, o la Revista Vida Laboral, para citar algunos. Los llamados medios alternativos son una esperanza importante, pero debe ganarse más mercado y extender más el ho-rizonte. Tegucigalpa es una paradoja, pues acá se genera la mayor parte de las noticias que divulgan los grandes medios de comunicación, tantas que a veces pareciera que la ciudad es toda Honduras y que lo que acá se dice es santa palabra para los ocho millones de hondureños. Sin embargo, los esfuerzos novedosos de comunicación no derivan de esta ciudad y muy poco se conoce el otro rostro de la capital, el que no inunde de campos pagados de la alcaldía sus espacios y le tome el pulso a la vida del capitalino con el interés humano y social que merece.

A MANERA DE CONCLUSIÓNComo consumidores y generadores de informa-

ción propia, estamos en el deber de ser fiscalizadores de los medios de comunicación y no usuarios pasivos de lo que ofrecen. En la medida que se desarrolle una masa crítica de lectores y oyentes, los medios pueden también garantizar su supervivencia convirtiéndose en vigilantes y fiscalizadores del poder público y ejer-cer un control permanente y no coyuntural frente a sus excesos y abusos; alertar a la opinión pública con hechos que pueden afectar sus intereses y brindarle datos y pruebas a la ciudadanía para que se movilice y defienda sus derechos. Los medios deben servir de puente a opiniones e ideas plurales; y en situaciones

de emergencia es válido que tiendan lazos de comuni-cación y apoyo, pero sin pretender sustituir a quienes corresponde hacerlo.

La responsabilidad social de los medios de comuni-cación está directamente vinculada con el derecho a la información, pero en la práctica ejercen un periodismo oficioso (incluidos muchos de los que se consideran a sí mismos de oposición) que privilegia un pensamiento único: el de las fuentes tradicionales de información, que son a su vez las personas e instituciones encargadas de reproducir los patrones ideológicos del sistema. Des-pués del golpe de Estado la polarización de la sociedad se reflejó también en los medios y en un aumento del ejercicio del periodismo entendido como el insulto y la descalificación de la opinión contraria o su censura.

Mientras más se aparta el periodismo nacional de los parámetros de la ética, más fácil cae en la práctica de otros vicios, como la superficialidad de la infor-mación, la ausencia de seguimiento de la noticia, la censura u omisión a nuevas fuentes de información, la búsqueda del lucro por la vía de la corrupción, la explotación comercial de sucesos morbosos y frívolos, el aislamiento de los hechos noticiosos del contexto social, político y económico o la sustitución de la investigación periodística por el periodismo “fuentero” y de grulla, que espera en salas de prensa o en pasillos la salida de funcionarios y coloca como autómata las grabadoras sin escuchar ni repreguntar a los entrevistados con un manejo acertado del contexto. De igual manera, el periodista o comunicador social que se aparta de la ética y de la técnica profesional correcta, lo que hace es dar un paso adelante hacia la destrucción de su credibilidad y, en no pocos casos, de pérdida de la vida.

El periodismo no debe tener apellidos. No es “gol-pista” o “antigolpista”, no es “blanco” ni “resistente”; su misión es investigar la verdad y no ocultarla, aunque en el intento afecte los intereses de unos u otros. Sin embargo, el nuevo contexto político del país, que golpeó muy fuerte al periodismo y lo desnaturalizó aún más, mostró también que los medios están privilegiando los mensajes que buscan llegar a los sentimientos de la gente antes que a su razón y están dando un tiro de gracia a la posibilidad de dialogar y debatir.

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Las distorsiones ambientales propias del cambio climá-

tico y el estado de hambre crónica que se agudiza progresivamente, son dos realidades cada vez más acuciantes a las que se enfrenta la población hondureña, en especial la inmensa mayoría pobre.

Por estar ubicada geográfica-mente en el corredor de huracanes del Caribe y contar con una pobla-ción mayoritaria en situación de pobreza, con deficiente educación, desnutrición y acceso marginal a los recursos productivos, la nación hondureña es altamente vulnerable a las distorsiones climáticas que ya se iniciaron en el trópico americano. El panorama se perfila más sombrío para los años venideros, sobre todo si no se actúa desde ahora en refor-mas estructurales profundas en el agro y no se corrigen los desaciertos del modelo de Estado neoliberal en materia de seguridad alimentaria.

El impacto del cambio climático sobre la seguridad alimentaria de la población hondureña

JUAN ANTONIO MEJÍA GUERRA*

Por su ubicación geográfica y porque la mayoría de su población se encuentra en situación de pobreza, Honduras es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Como se explica en este artículo, el panorama se perfila más sombrío para los años venideros, si no se

actúa desde ya en reformas estructurales en el agro y no se corrigen los desaciertos del Estado neoliberal en materia de seguridad alimentaria.

EL CAMBIOCLIMÁTICO ES YAHacia 2100, se calcula que la

concentración de CO2 en la atmós-fera aumentará de los 370 ppm (partes por millón) que tienen lugar hoy día, a los 540-970 ppm, por lo que la temperatura media global ex-perimentará un aumento de entre 1,4°C y 5,8°C1.

Honduras se cataloga desde ya como una nación extremadamente vulnerable a los impactos del cam-bio climático. Se posiciona en el primer puesto en el Índice de Riesgo Climático Global2 y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) la coloca entre los diez países más dañados por fenómenos naturales extremos. El nivel de riesgo con-tinúa aumentando, al tenor del avance del cambio climático:

• En las últimas décadas la tem-peratura promedio anual se ha incrementado en Honduras (y en Mesoamérica) en alrededor de 1°C4, en tanto que la precipi-tación media anual en el terri-torio hondureño ha disminuido en los últimos decenios de 2,039 mm (milímetros) en los años setenta, a los 2,016 mm en la primera década de este siglo5.

• Entre 1930 y 2009, Honduras ha sido escenario de 56 eventos ex-tremos asociados a fenómenos climáticos e hidrometeorológi-cos que lo ubican como el país centroamericano con mayores impactos de esta naturaleza5.

• También se ubica en una zona considerada de las más vulne-rables a nivel mundial, y esta vulnerabilidad se intensifica con el aumento de temperatura de la superficie del mar en el Caribe, el Golfo de México y

* Docente universitario e investigador asociado al Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).

DEBATE

1 Organización Meteorológica Mundial, Tiempo, clima y seguridad alimentaria, OMN-No. 933, Ginebra, 2001, p. 17.

2 Germanwatch, Índice de Riesgo Climático, 2009. El Índice se basa en datos provistos por la base de datos NatCatSERVICE de Munich.

3 CEPAL, La economía del cambio climá-tico en Centroamérica. Reporte Técnico 2011, México, julio de 2011, p. 15.

4 Ibíd., p. 20.5 Ibíd., p. 196.

25diciembre 2011

el Pacífico mexicano entre 1 y 2°C6.

Esta variabilidad climática, entre otros efectos, tiende a incidir directamente sobre las fluctua-ciones de la producción agrícola, acrecentando la inseguridad ali-mentaria y la perturbación social. La agricultura de subsistencia, que practican al menos unas 385 mil familias hondureñas7, es uno de los sectores más afectados, debido a la vulnerabilidad geográfica, social y cultural de las poblaciones rurales y la baja respuesta de las institucio-nes frente a problemas inmediatos y de largo plazo.

LA PRODUCCIÓNDE ALIMENTOS ENLA ERA DEL CAMBIOCLIMÁTICOUn estudio del Banco Mundial

demuestra que los países en vías de desarrollo, aunque no han sido los que han envenenado la atmósfera, soportarán entre el 75% y el 80% del costo de los daños provocados por el cambio climático8; entre otras razones, por su alta dependencia del sector agropecuario. Este escenario de crisis ambientales potencia el hambre, que ya es permanente en la mayoría del pueblo hondureño como causa y efecto a la vez de esta vulnerabilidad que mata cada día a

más personas y a otras las lleva a migrar, buscando la sobrevivencia.

Dadas las características un tanto extremas con que el cambio climático ha hecho su entrada, or-ganizaciones como la CEPAL han previsto que “las alteraciones en los niveles de la temperatura promedio y precipitación que experimentará Honduras serán de tal magnitud que el efecto sobre los sectores productivo y social podría alcanzar un carácter de desastre”9.

La producción de granos básicos en el nuevo contexto geoclimático es, sin duda, el eslabón más vul-nerable de la producción agrícola nacional. Los niveles de producción de maíz, frijoles, arroz y maici-llo, indispensables en la dieta de la familia hondureña, resultan insuficientes por su raquítica pro-ductividad al ser producidos por agricultores pobres en minifundios de tierras marginales (56% se rea-liza en laderas), con poco o nulo apoyo financiero y con una errada asistencia técnica gubernamental, cuando la hay10.

La agricultura de exportación, en cambio, es la menos afectada al implementarse en las mejores tierras, por empresarios que cuen-tan con el capital necesario para proveerse de la asistencia técnica idónea para afrontar los efectos del cambio climático. Después de todo, estos agroempresarios cuentan con los ingresos que obtienen, directa-

mente, al quedarse con el 23% de las exportaciones totales del país11.

EL CAMBIO CLIMÁTICOEN TERRITORIO NACIONALPartiendo del comportamiento

del clima durante las últimas déca-das, los científicos han realizado una serie de predicciones configurando diferentes escenarios posibles: des-de un cambio climático atenuado, hasta uno más alto. Para Hondu-ras, estas predicciones científicas reportan los siguientes cambios que tendrán lugar durante el presente siglo:

Aumento de la temperatura: La temperatura promedio de Hon-duras está en condiciones de au-mentar cuando menos medio grado centígrado para el año 2020, 0.87°C para el 2030, entre 1.40°C a 1.83°C para el 2050 y continuar avanzando progresivamente hasta alcanzar un aumento máximo posible de 4.20°C hacia finales del siglo XXI12.

Disminución de la precipita-ción pluvial: La precipitación media anual de Honduras (2,016 mm) continuará reduciéndose hasta un 2.20% para el año 2020, 4.47% para el 2030, entre 7.18% al 15.70% para el 2050, hasta alcanzar una dismi-nución máxima posible del 32.03% para 210013.

Ambas situaciones, aumento de temperatura y disminución de la precipitación pluvial, mantendrían a varias regiones en estados perió-dicos y cada vez más prolongados de estrés térmico y estrés hídrico,

DEBATE

6 Europe Aid, Cambio climático en América Latina, Les Isnes, Bélgica, diciembre de 2009, p. 13.

7 Aguilar, Yvette, Impactos del cambio climático en la agricultura de América Central y en las familias productoras de granos básicos, Observatorio de la sostenibilidad/SUSWATCH, mayo 2011, p. 55.

8 Banco Mundial, Informe sobre el de-sarrollo mundial 2010. Desarrollo y cambio climático, Washington, D.C., 2010, p. 6.

9 CEPAL, Honduras: Efectos del cambio climático sobre la agricultura, México, junio de 2010, p. 10.

10 En la revista Envío-Honduras No. 29 publicamos un análisis sobre las cifras del hambre y sus causas en la población hondureña, razón por la cual aquí no nos detendremos en este aspecto.

11 CEPAL, Honduras: Efectos del cambio climático sobre la agricultura…, op. cit., p. 12.

12 CEPAL, La economía del cambio climá-tico en Centroamérica…, op. cit., p. 21.

13 CEPAL, Ibíd., p. 43.

26envío

lo cual daría paso a una realidad devastadora en la agricultura de subsistencia al alterar la disponi-bilidad de agua, disminuir la bio-diversidad y modificar la fisiología propia de los cultivos agrícolas de subsistencia.

EFECTOS SOBRELOS RECURSOS HÍDRICOSLa disponibilidad total reno-

vable de agua en Honduras dis-minuiría progresivamente de los 82,800 millones de m³/año (metros cúbicos por año) que tienen lugar actualmente, a los 82,53 millones de m³/año en 2030; 48,90 m³/año en 2050; 43,54 m³/año en 2070 y 22,66 millones de m³/año en 210014.

Mientras, la disponibilidad de agua per cápita para la población se habrá reducido de los 12,008 m³/hab/año (disponibles actualmente) hasta quedar entre los 1,453 a 482 m³/persona/año en 2100. Es decir, que la reducción será entre el 88 y el 96%15. La disponibilidad de agua disminuirá justamente cuando la demanda hídrica crecerá entre un 141.28% a 372.92%16, por el incre-mento en irrigación de cultivos, lo que ocasionará mayor competencia entre el uso doméstico y el agrícola. Los efectos de la sequía consecuente son de temer, por ser responsa-ble desde ya de graves daños a la agricultura de subsistencia. Un episodio de sequía ocurrido en 2001, por ejemplo, ocasionó pérdidas de hasta el 23% de la producción de maíz, el 35% de la de frijol y el 60% de sorgo17.

EFECTOS SOBRELOS CULTIVOSEn Honduras, como en el resto

de Centroamérica, ya se ha sobrepa-sado la temperatura óptima para el índice de producción agropecuaria de varios cultivos, lo que permite concluir que se esperan tiempos más difíciles en el agro. De igual manera, durante la temporada de lluvias, los niveles de precipitación acumulada en casi todas las regio-nes son, en promedio, mayores al nivel óptimo para maximizar la producción. Mediciones concretas sobre el impacto del cambio climá-tico en la producción de alimentos presentan las tendencias siguien-tes:

• Para el maíz, la productividad continuará descendiendo desde el 11% al 2020, hasta 34% al 2050.

• Para el frijol, la productividad estaría descendiendo desde un 28% al 2020, hasta 42% al 2050, y a 66% al 2080.

• Para el arroz, la productividad puede descender desde 16% al 2020, hasta 20% al 2050, y a 27% al 208018.

En el caso del maíz, es probable que ya se haya rebasado o se esté muy cerca de rebasar los niveles de temperatura que permiten alcan-zar los mayores rendimientos; por tanto, el cambio climático ya podría estar teniendo efectos adversos sobre este cultivo19. En el cultivo del frijol, es probable que en 2006

ya se haya rebasado en Guatemala y El Salvador, y se esté muy cerca de rebasar en Honduras, la tem-peratura que permite alcanzar los mayores rendimientos. Por tanto, los cambios observados en el clima ya estarían generando pérdidas sobre este cultivo20.

EL CAMBIO CLIMÁTICOGOLPEA A LAS FAMILIASQUE PRACTICAN LAAGRICULTURA DESUBSISTENCIASiendo el clima un determi-

nante básico de la producción agrícola, su desequilibrio, producto del cambio climático, implica una alteración en la agricultura que afecta sobre todo a las familias agricultoras de subsistencia (repor-tándoles exiguas ganancias de sus cosechas) y a asalariados del campo (disminuyéndoles sus ingresos).

Según un estudio muestral realizado por la CEPAL, el ingreso agrícola mensual promedio es de $72.9. Sin embargo, los primeros 8 deciles tienen un ingreso promedio agrícola mensual de apenas $45.9 dólares, mientras que los últimos dos deciles tienen un promedio de ingreso mensual de 185 dólares. Es así que, ante el incremento de 1°C de la temperatura media anual, los ingresos promedio mensuales de los hogares rurales hondureños se reducirán en un poco más del 1%; pero, para el 20% más pobre de los hogares rurales, el efecto represen-ta una disminución del 23% de su ingreso mensual21.

Cuando la temperatura se ele-ve en 2o C, las ganancias agrícolas 14 CEPAL, La economía del cambio climá-

tico en Centroamérica. Síntesis 2010, México, noviembre de 2010, p. 43.

15 Ibíd., p. 45.16 Ibíd., p. 48.17 Unidad de Apoyo Técnico, El problema

de la sequía en Honduras en 2010,

Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, Tegucigalpa, enero de 2010, p. 5.

18 Aguilar, Yvette, Impactos del cambio climático en la agricultura de América Central…, op. cit., p. 34.

19 Ibíd., p. 35.

20 Ibíd., p. 40.21 CEPAL, Honduras: Efectos del cambio

climático sobre la agricultura…, op. cit., p. 45.

DEBATE

27diciembre 2011

mensuales promedio se reducirían en alrededor del 9%, lo que repre-senta para los hogares rurales hon-dureños cerca del 3% de su ingreso mensual. Este impacto es mucho mayor para los primeros dos deciles (57% de su ingreso); en cambio, es considerablemente menor para el 20% de los hogares rurales con mayores ingresos (cerca del 1% de su ingreso total)22.

UN PANORAMA SOMBRÍOPARA AGRICULTORESY AGRICULTORASMARGINALESLa población rural hondureña

asciende actualmente a 4,466,919 personas integradas en 881,731 hogares albergados en 866,725 viviendas23. Esta población cuenta con un ingreso per cápita de 2,011 lempiras mensuales en hogares dirigidos por un hombre (644,410) y de 1,660 lempiras en los hogares dirigidos por una mujer (237,321)24.

La Población en Edad de Traba-jar (PET) del sector rural, en 2011, es de 3,440,092 personas, aunque la Población Económicamente Activa (PEA) apenas llega a 1,766,61325. La agricultura y demás actividades primarias mantienen ocupados en actividades agrícolas a 1,278,994 hombres y 452,855 mujeres en las condiciones siguientes26:

• 314,600 hombres y 21,759 mu-jeres se ocupan en la condición de asalariados agrícolas.

• 544,900 hombres y 54,673 mujeres se ocupan por cuenta propia en actividades agrícolas; y,

• 254,271 hombres y 30,195 mu-jeres realizan trabajo agrícola familiar no remunerado.

Estas familias, que dependen di-rectamente de la agricultura, están colocadas en el eslabón más débil de la población hondureña ante el impacto progresivo del cambio cli-mático. Las familias que se dedican a la agricultura por cuenta propia en la explotación de minifundios carecen de los recursos técnicos, económicos y sociales necesarios para revertir en lo posible el impac-to del cambio climático, conforme avanza el siglo XXI.

El sector asalariado agrícola también resulta perjudicado porque la clase terrateniente empresa-rial y agroexportadora asegurará sus cultivos dotándose de mejores tecnologías, lo que supone, entre otras cosas, la disminución de la contratación de peones agrícolas. Sin empleo agrícola suficiente, sin capacidad para recuperar sus suelos marginales, habiendo disminuido la oferta hídrica natural y alterada la fisiología de los cultivos de granos básicos, el sector rural se convierte en un escenario de hambre, muerte y convulsión social capaz de arras-trar a toda la nación a compartir el mismo destino.

Estando aun a tiempo de rever-tir este drama que, lamentablemen-te, ya va siendo realidad en algunas regiones del país, constatamos que de parte del gobierno no se están realizando los esfuerzos necesarios para paliar la situación. Al parecer, el cambio climático es percibido, en las esferas gubernamentales, como

una ocasión más para agenciarse fondos internacionales y continuar alimentando la enorme burocracia de consultores y asesores que llenan las cortes de los ministerios.

CAMBIO CLIMÁTICO YSEGURIDAD ALIMENTARIAEN EL DISCURSOGUBERNAMENTALLa seguridad alimentaria en

el contexto del cambio climático es otro de los grandes desaciertos del gobierno presidido por Porfirio Lobo Sosa. Mediante decreto PCM-022-2010 del 8 de junio de 2010, se constituyó la Dirección Nacional de Cambio Climático para dar cumpli-miento al compromiso internacional contraído por Honduras en el con-texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y fue en el seno de esa dirección que se elaboró la Estrate-gia Nacional de Cambio Climático (ENCC).

En esta se aborda el tema del impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria27 en los términos siguientes:

1. El aumento de las temperatu-ras y las sequías son las amena-zas climáticas proyectadas más relevantes para la producción agrícola nacional.

2. Lo anterior pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país, particularmente de las poblaciones rurales y urbanas más pobres.

3. El cambio climático también afectaría la incidencia y fre-cuencia de plagas y enferme-dades en los cultivos.

22 Ibíd., p. 62.23 Instituto Nacional de Estadística

(INE), XLI Encuesta Permanente de Hogares, Sección Cuadro Resumen de Indicadores, Tegucigalpa, mayo 2011.

24 Ibíd., Sección Ingreso de los Hogares, cuadro No. 1.

25 Ibíd., Sección Cuadros de Mercado Laboral, cuadro No 1.

26 Ibíd., Sección Mercado Laboral por Género, cuadros del 1 al 8.

27 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Estrategia Na-cional de Cambio Climático Honduras, Tegucigalpa, s.f., p. 20.

DEBATE

28envío

Luego, como objetivos estra-tégicos, la ENCC se plantea: 1) facilitar la adaptación de los agri-cultores al cambio climático; 2) evitar la erosión, disminución de productividad y desertización de los suelos; y, 3) preservar y mejorar la calidad nutricional y contribuir a la seguridad alimentaria.

Como puede apreciarse, estos objetivos estratégicos son igual-mente válidos para China, algún pueblo africano o cualquiera de las naciones del Norte; pero carecen de fundamento para incidir realmente en el contexto en que el cambio climático se presenta en Honduras. A la Secretaría de Recursos Natu-rales y Ambiente (SERNA), entidad responsable de echar a andar la ENCC, le resulta difícil tocar tierra en temas tan trascendentales como el que nos ocupa. La ENCC adolece de un análisis serio y profundo de la realidad agraria y agrícola del país, que permita a los tomadores de decisiones formular objetivos y metas concretas en el campo de la agricultura y la seguridad alimen-taria.

Con este vacío, parece lógico que el problema se vea únicamente como un asunto de orden técnico solucionable, por tanto, a partir de propuestas técnicas. Nada más lejos de la realidad. La seguridad alimentaria de la población está en crisis y no por cuestiones técnicas, sino por decisiones políticas de go-biernos anteriores, que optaron por acabar con el proceso de reforma agraria para dar paso a la concen-tración de la tierra en manos de agroempresarios capaces de echar a andar la neoliberalización del campo, expandiendo los cultivos de exportación en detrimento de la agricultura sustentadora de la soberanía alimentaria nacional.

Las grandes tecnologías agríco-las están diseñadas por compañías internacionales para el sector agrí-cola transnacional y exportador, no para la agricultura de subsistencia, que es la que resulta más afectada, y con creces, por el cambio climá-tico. Y esta agricultura marginal practicada por los pobres del campo no tiene lugar en los valles y plani-cies fértiles, sino en las tierras más deficientes, con mayores pendientes y más expuestas al embate de los fenómenos naturales. Es fariseís-mo, por tanto, hablar de enfrentar el cambio climático con variedades mejoradas de alto rendimiento o con la introducción de nuevas tec-nologías hídricas, si los verdaderos productores de alimentos conti-núan sembrando en los barrancos, en serranías inhóspitas o en tierras de llanuras anegadas y cada vez más salinizadas.

Y el Estado hondureño lo sabe muy bien: "Sobre suelos forestales se han establecido alrededor del 70% de los cultivos anuales, más del 60% de los cultivos perennes y el 45% de la ganadería extensiva. (…) Sin embargo la producción agrícola no presenta características de sos-tenibilidad, pues se practica sobre terrenos con pendientes mayores a los 30 grados y con suelos frágiles poseedores de una delgada capa de humus, que pronto se agota dando como resultado suelos rápidamente erosionados y con rendimientos agrícolas decrecientes"28.

Resulta claro, entonces, por dónde hay que empezar a afrontar el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria de nuestra población: hay que comenzar con

una reestructuración agraria del país como condición previa para que las ulteriores propuestas tec-nológicas agrícolas tengan cabida y alcancen realmente sus objetivos. Los pocos suelos fértiles de Hon-duras, 17% del territorio nacional, deben ponerse a producir en fun-ción de la soberanía alimentaria de la población, justamente ahora cuando la dependencia de alimen-tos producidos en el extranjero aumenta y la producción nacional disminuye, como consecuencia de las alteraciones climáticas.

UNA RAZÓN MÁS PARAREFUNDAR HONDURASNo es posible que 385 mil fami-

lias productoras de granos básicos29, es decir el 92% de las familias que viven en el sector rural, continúen cultivando unidades familiares de producción agrícola de apenas 1.3 hectáreas promedio de tierras mar-ginales y enfrenten, solas y en con-diciones paupérrimas, los embates del cambio climático que ya ha hecho su entrada a Honduras. Una nueva reforma agraria, que supere las debilidades estructurales de las habidas anteriormente, representa nuestro mayor gesto de solidaridad radical para con estas familias.

Sin reforma agraria, cualquiera de las propuestas agrícolas care-ce de sentido, ya que no pueden sustentarse por sí mismas. Pre-viamente a la implementación de dichas propuestas, hay que hacer partícipes del desarrollo rural a esas multitudes campesinas que viven en condiciones marginales.

28 Unidad de Apoyo Técnico, El problema de la sequía en Honduras en 2010…, op. cit., p. 3.

29 Aguilar, Yvette, Impactos del cambio climático en la agricultura de América Central…, op. cit., pp. 55-56.

DEBATE

29diciembre 2011

* Este análisis forma parte de un trabajo más amplio que, en el marco de la Convergencia por los Derechos Humanos de la zona noroccidental de Honduras, se publicará como informe bajo el título: “Protesta social y libertad de expresión en Honduras: El caso del 15-S”.

** Joaquín A. Mejía R. es abogado, doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos e investigador del ERIC-SJ. Omar Men-jívar es abogado, ex fiscal del Ministerio Público, especialista en derecho penal y procesal penal; miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

1 Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Para que los hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la Verdad y la Recon-ciliación, CVR, Honduras 2011, p. 327.

1. INTRODUCCIÓNEl informe de la Comisión de la Verdad y la Re-

conciliación (CVR) ha ratificado que después del golpe de Estado la respuesta del Estado frente a las mani-festaciones pacíficas se ha caracterizado por (a) el uso discriminatorio y excesivo de la fuerza por parte del Ejército y la Policía; (b) abiertos excesos e inexistencia de control respecto del uso de fuerza letal y no letal, con el objetivo de castigar a quienes participan en tales manifestaciones; y (c) la inobservancia de los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legiti-midad en el uso de la fuerza1.

Este tipo de represión, que criminaliza cualquier manifestación de disidencia, se ha constituido en una de las más recurridas violaciones a derechos humanos a partir del golpe de Estado, y su impunidad se ha ins-titucionalizado de tal forma que representa la amenaza

Protesta Social y Derechos Humanos*

JOAQUÍN A. MEJÍA R. Y OMAR MENJÍVAR**

La intolerancia de las autoridades públicas a la crítica y a la disidencia se ha exacerbado después del golpe de Estado. La protesta social se

estigmatiza y criminaliza, en abierta violación a los principios básicos del derecho penal. En este escenario, los autores reiteran que sólo la existencia

de poderes independientes, sometidos a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos, y una sociedad civil consciente

de la titularidad de unos derechos que son superiores al poder del Estado, podrán limitar las violaciones del derecho a la protesta social.

más grave para la vida y la seguridad de los hondureños y hondureñas y, en consecuencia, para la existencia misma del proceso de construcción democrática.

Y gracias a la impunidad que ha permitido que hasta el momento no exista ninguna persona condenada penalmente por estos abusos, más de dos años después del rompimiento del orden constitucional, continúan las amenazas, ataques, asesinatos, detenciones arbitrarias, restricciones ilegales al derecho a la libertad de expre-sión y de reunión, y el uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas2.

La represión del 15 de septiembre de 2010 es un ejemplo de ello y de que los dinamismos del golpe de Estado siguen intactos, pues, a pesar de que era una manifestación pacífica en la que participaban colegios de educación media, escuelas públicas, sindicatos, grupos artísticos, organizaciones sociales y varios colectivos de profesionales en conmemoración de la “Independencia patria”, fue violentamente reprimida por la Policía Nacional bajo el mando de Héctor Iván Mejía, actual vocero de dicha institución, causando manifestantes con fracturas de costillas, fracturas de cráneo, pérdida de los dientes y heridas en el rostro y la cabeza, así como la detención de 37 personas, entre ellas tres menores de edad.

Más de un año después de esta violencia de Estado, no se han deducido las responsabilidades pertinentes

DERECHOS HUMANOS

2 Human Rights Watch, Después del golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras, Human Rights Watch, Nueva York, diciembre de 2010.

30envío

de los altos mandos policiales que ordenaron la repre-sión, cuya impunidad tiene un efecto devastador para la realización del Estado de derecho y la democracia, en tanto que fomenta la vulnerabilidad de las perso-nas al generar la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin recibir castigo y se envía a toda la sociedad un mensaje intimidatorio que puede causar temor generalizado, y desanimar y silenciar las denuncias, reclamos y reivindicaciones de las personas u organizaciones sociales3.

El presente artículo pretende aportar al debate sobre la importancia de la protesta social pacífica para el fortalecimiento del proceso de construcción demo-crática, y defiende el argumento de que manifestarse y protestar pacíficamente es hacer democracia en la vida pública e implica ejercer colectivamente el derecho a la libertad de expresión y los demás derechos civiles y políticos que vigorizan la ciudadanía4.

2. DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y PROTESTA SOCIALLa Constitución hondureña concibe a los derechos

humanos como el orden y la base fundamental sobre la que descansa el Estado y sus instituciones; por ello, sus prácticas deben asegurar el respeto y promoción de la dignidad humana si desean lograr algún nivel de legitimidad, la cual sólo se alcanza sustrayendo de las mayorías legislativas coyunturales los derechos hu-manos. Esto implica imponer controles y limitaciones a los poderes públicos y privados, garantizar y prestar ciertos bienes y servicios esenciales para la dignidad humana, y poner los derechos humanos, sobre todo los económicos, sociales y culturales, a salvo de los embates del mercado5.

Pese a lo anterior, la profunda desigualdad econó-mica y social entre los diversos sectores sociales genera

una desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos con graves consecuencias para el sistema democrático y el Estado de derecho, ya que los excluidos tienen po-cas posibilidades de incidir en las decisiones políticas que les afectan y por eso, en muchas ocasiones, los gobiernos no toman en cuenta sus intereses que, de ser considerados, les permitirían superar la situación de pobreza en que viven. Esta exclusión política y social constituye una desnaturalización de la democracia y hace ilusoria la participación ciudadana6, en tanto que socava el principio “una persona, un voto” y crea una “ciudadanía de baja intensidad”7 que ya no confía en unas instituciones públicas que han fracasado en ga-rantizar el bienestar social.

De este modo, los sectores más empobrecidos del país enfrentan políticas y acciones discriminatorias, tienen acceso muy limitado a información sobre la planificación y ejecución de medidas que afectan sus vidas cotidianas, y en general, los canales tradicionales de participación para hacer públicas sus demandas han sido cercenadas con el golpe de Estado, por lo que la protesta y movilización social se constituyen en una herramienta de petición a la autoridad y también en un canal de denuncias públicas sobre violaciones a sus derechos humanos8.

3. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PIEDRA ANGULAR DE LA DEMOCRACIACon el rompimiento del orden constitucional los

propios poderes públicos han ratificado de la manera más violenta que no están dispuestos a cumplir la promesa constitucional para la cual fueron creados; es decir, asegurar una sociedad justa, libre, culta y con bienestar económico y social, razón por la cual resulta fundamental el ejercicio del derecho a la libertad de

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, 09 de marzo de 2001, Capítulo V. A., párr. 17.

7 Calderón, Fernando, “Notas sobre la crisis de legitimidad del Estado y la democracia”, en Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2006. Hacia la expansión de la ciudadanía, PNUD, San José, Costa Rica, 2006, p. 66.

8 Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos, Libertad de expresión en las Américas. Los cinco primeros informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2003, pp. 244-245.

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/VII. 124. Doc. 5 rav. 1, 7 de marzo de 2006, p. 40. párr. 140 y p. 87, párr. 335.

4 Rincón, Omar, “…De rebeldías y protestas públicas y masivas”, en Rabinovich, Eleonora, Magrini, Ana Lucía y Rincón, Omar, “Vamos a portarnos mal”. Protesta social y libertad de expresión en América Latina, Centro de Competencia en Comunicación para América Latina/Friedrich Ebert Stiftung, Bogotá, 2011, p. 9.

5 Pisarello, Gerardo, “Por un concepto exigente de Estado de Derecho (A propósito de un artículo de Eusebio Fernández)”, en Sistema, N° 144, Madrid, 1998, pp. 102-103.

DERECHOS HUMANOS

31diciembre 2011

expresión en todas sus dimensiones como un derecho fundamental para la defensa de la democracia y el Estado de derecho.

Por ello es que el derecho a la libertad de expresión constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, pues es indispensable para la formación de la opinión pública y es una conditio sine qua non para que quienes deseen incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, puedan desarro-llarse plenamente9. De esta manera, ante la falta de cumplimiento de la promesa constitucional, “el derecho a protestar aparece así, en un sentido importante al menos, como el ‘primer derecho’: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”10.

Por su cercanía al nervio democrático, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como un mecanis-mo de intercambio de ideas y reivindicaciones sociales, supone el ejercicio de otros derechos conexos reconoci-dos constitucional y convencionalmente, tales como el derecho de asociación y reunión, y el de manifestación pública y pacífica (arts. 72, 78 y 79 de la Constitución de la República, y 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

En este sentido, la importancia de la libertad de expresión debe ser entendida tanto en su dimensión individual que no agota su ejercicio al reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que com-prende, además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamien-to y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios; así como en su dimensión social como medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comu-nicación masiva entre los seres humanos11.

Bajo estos parámetros, la libertad de expresión promueve la realización personal de quien se expresa y facilita la deliberación abierta sobre los asuntos de interés general; esta doble dimensión ratifica la estre-cha relación entre el derecho a la libertad de expresión en todas sus manifestaciones y la democracia, por lo que es un derecho que merece una protección especial

y otorgársele un peso privilegiado en situaciones de conflicto y ponderación frente a otros derechos12.

4. ILEGALIDAD E ILEGITIMIDAD DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL El derecho a la libertad de expresión y todos los

derechos conexos a éste se constituyen en elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema de-mocrático, aunque ello no significa que sean derechos absolutos pues pueden estar sujetos a limitaciones estrictamente establecidas. Así, el artículo 79 consti-tucional, que reconoce el derecho a la manifestación pacífica, establece que puede estar sujeto a un régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden público.

No obstante, este régimen que reglamenta este derecho no puede tener como objetivo crear una base para prohibir su ejercicio. Por el contrario, la regla-mentación que establece, por ejemplo, el aviso o noti-ficación previa, debe tener como objetivo informar a la autoridad que corresponda para que tome las medidas conducentes a “facilitar el ejercicio del derecho sin en-torpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades del resto de la comunidad”13.

De la misma manera, los artículos 13 y 15 de la Convención Americana establecen que las restricciones a estos derechos deben estar expresamente fijadas por la ley y que sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Ante la importancia de la manifestación social para la consolidación de la vida democrática, el derecho a la libertad de expresión reviste un interés social impera-tivo, lo que deja al Estado un marco más estrecho para justificar su limitación.

Como se deduce de lo anterior, la Convención Ame-ricana condiciona la validez de cualquier limitación o restricción sólo en la medida que (a) esté previamente establecida por la ley; (b) esté orientada al logro de fines legítimos, lo cual incluye la protección de los derechos de terceros y el orden público; y (c) sea necesaria en una

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención Ame-ricana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 70.

10 Gargarella, Roberto, El derecho a la protesta. El primer derecho, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 19.

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La colegiación obligatoria de periodistas… op. cit., párr. 31-32.

12 Rabinovich, Eleonora, “Protesta, derechos y libertad de expre-sión”, en Rabinovich, E., Magrini, A. L. y Rincón, O., “Vamos a portarnos mal”… op. cit., p. 19.

13 Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos, Libertad de expresión en las Américas… op. cit., pp. 246-247.

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sociedad democrática y estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida14.

Por tanto, cualquier limitación al ejercicio del de-recho de reunión y manifestación pública debe estar dirigida exclusivamente a evitar amenazas graves e inminentes, por lo que sería “insuficiente un peligro eventual y genérico, ya que no se podría entender al derecho de reunión como sinónimo de desorden público para restringirlo per se”15.

5. ¿DE QUÉ DEPENDE LA LEGALIDAD DE LAS RESTRICCIONES?En este sentido, para definir claramente los tér-

minos de las restricciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la palabra “nece-sarias”, sin ser sinónima de “indispensables”, “implica la existencia de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’”. De esta manera, la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, lo que significa que la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo que se presume legítimo16.

Además, cuando se justifique la implementación de limitaciones a la libertad de expresión para proteger derechos ajenos, es necesario que estos se encuentren efectivamente lesionados o amenazados; del mismo modo, no se puede invocar el “orden público” como justificación para limitar la libertad de expresión si no existe una amenaza cierta y verificable de disturbios graves. No se puede considerar el derecho de reunión o manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo per se17.

Tampoco basta un mero desorden como justifi-cación suficiente para que la policía pueda detener a las personas que están protestando en forma pacífica; solamente “si la conducta de los manifestantes es legal pero es razonable pensar que va a causar violencia al interferir con los derechos o libertades de otros, enton-ces los agentes pueden tomar medidas para prevenirlas, siempre y cuando dicha conducta instigue o provoque violencia18.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha señalado que el orden público no puede ser invocado para suprimir o desnaturalizar derechos, sino que debe ser interpretado de acuerdo a lo que demanda una sociedad democrática. De hecho, la defensa del orden público exige la máxima circulación posible de infor-maciones e ideas, es decir, el máximo nivel de ejercicio de la libertad de expresión19.

Por ello, es preocupante (a) la existencia de normas “que convierten en actos criminales la simple partici-pación en una protesta, los cortes de ruta (a cualquier hora y de cualquier tipo) o los actos de desorden que en realidad, en sí mismos, no afectan bienes como la vida o la libertad de las personas”, y (b) el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social cuyo efecto disuasivo es particularmente grave cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públi-camente20.

6. EL ESPACIO PÚBLICO COMO ÁMBITO LEGÍTIMO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANAEvidentemente, el golpe de Estado dejó en precario

la institucionalidad y su legitimidad y, por tanto, el de-recho de petición y de recibir pronta respuesta (art. 80 de la Constitución de la República) se ha convertido en ilusorio. Por tal razón, el espacio público es un ámbito legítimo para canalizar la participación ciudadana y ejercer el derecho colectivo a la libertad de expresión

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008, párr. 83-84

15 Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos, Libertad de expresión en las Américas… op. cit., pp. 246-247.

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La colegiación obligatoria de periodistas… op. cit., párr. 46. Las citas textuales corresponden al mismo párrafo.

17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”, Capítulo III, párr. 78 y 83.

18 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005, Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”, Capítulo V, párr. 99.

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La colegiación obligatoria de periodistas… op. cit., párr. 69.

20 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”, Capítulo IV, párr. 29 y 70. La cita textual corresponde al párr. 29.

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33diciembre 2011

concretado en la manifestación pública y pacífica. Como es evidente que estas acciones colectivas sólo pueden desarrollarse en amplios espacios públicos, es normal que se generen tensiones que desafortunadamente a menudo se reducen a una cuestión de competencia entre la libertad de expresión y la libertad de circulación21.

Lo anterior se refleja en el artículo 60 de la incons-titucionalmente sospechosa Ley de Policía y de Convi-vencia Social que establece que, aunque en el “ejercicio del Derecho constitucional de reunión y manifestación pública, toda persona puede reunirse con otras o des-filar en sitios públicos, con el fin de exponer ideas o intereses de carácter político, religioso, económico, social o cualquier otro que sea lícito, sin necesidad de aviso o permiso especial”, deberá “prohibirse cuando se considere que afectarán la libre circulación y derecho de los demás”.

Lo preocupante de esta aparente competencia es que en el razonamiento de policías, fiscales y jueces, la libertad de expresión es un elemento más que tiene un peso inferior o en todo caso igual al de los demás derechos en juego, como el derecho a la libertad de cir-culación. Por ello, es preciso resaltar que no es posible considerar que el derecho a la libertad de circulación tenga prioridad sobre el derecho de libertad de expre-sión, ya que este último no es un derecho más, sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática, por lo que requiere de una atención privilegiada22.

Y tal atención privilegiada debe reflejarse en la tolerancia de las autoridades públicas frente a las manifestaciones pacíficas, aun cuando el uso de los espacios públicos cause inevitables molestias en la vida cotidiana y los derechos de otras personas. Por tanto, las restricciones a este derecho sólo pueden justificarse cuando se trata de medidas estrictamente proporcio-nales que se adoptan para garantizar que las protestas sociales se desarrollen pacíficamente, y no para frustrar la expresión de las opiniones23.

REFLEXIONES FINALESEn virtud de todo lo anterior, prima facie es inad-

misible la criminalización per se de las manifestaciones públicas cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión. Por tanto, el Estado de Honduras debe (a) analizar si la utilización de sanciones penales encuentra justificación bajo los estándares internacionales que establecen la necesidad de comprobar que dicha restricción satisface un interés público imperativo necesario para el funcio-namiento de una sociedad democrática; y (b) valorar si la imposición de sanciones penales se constituye como el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión practicada a través de la protesta social24.

En consecuencia, es una obligación imperativa del Estado garantizar que sus policías, jueces y fiscales protejan prioritariamente los derechos relacionados con la expresión y la protesta social, en tanto son dere-chos más cercanos al nervio democrático25, por lo que deben hacer un análisis riguroso de los intereses que se pretende proteger a través de la restricción de las manifestaciones públicas “teniendo en cuenta el alto grado de protección que merece la libertad de expresión como derecho que garantiza la participación ciudadana y la fiscalización del accionar del Estado en cuestiones públicas”26.

Por lo tanto, el uso de la sanción penal frente a la protesta social sólo es permisible en casos absolu-tamente excepcionales en los que suceden hechos de violencia intolerable; pero la protesta social que se mantiene dentro del ejercicio regular de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica “nunca pueden ser materia de los tipos penales, es decir, que no es concebible su prohibición penal. En estos supuestos queda excluida la primera categoría específicamente penal de la teoría estratificada del delito, esto es, la misma tipicidad de la conducta”, ya que por más que el número de manifes-tantes provoque molestias, interrumpa la circulación de vehículos y personas, genere ruidos molestos, ensucie las calles, etc., los manifestantes estarán ejerciendo su derecho legítimo en el estricto marco constitucional,

21 Rabinovich, Eleonora, “Protesta, derechos y libertad de expre-sión”… op. cit., p. 23.

22 Gargarella, Roberto, El derecho a la protesta… op. cit., pp. 26, 29 y 73.

23 European Court of Human Rights, Case Sergey Kuznetzov v. Russia, 23 de octubre de 2008; Ibíd., Case Galstyan v. Armenia, 15 de noviembre de 2007; Ibíd., Case Chorherr v. Austria, 25 de agosto de 1993; Ibíd., Case Women on Waves a.o. v. Portugal, 3 de febrero de 2009; Ibíd., Case Nisbet Özdemir v. Turkey, 19 de enero de 2010.

24 Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos, Libertad de expresión en las Américas… op. cit., pp. 247-248.

25 Gargarella, Roberto, El derecho a la protesta… op. cit., p. 50.26 Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Intera-

mericana de Derechos Humanos, Libertad de expresión en las Américas… op. cit., p. 248.

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34envío

por lo que es lamentable que se pretenda forzar el en-casillamiento penal de estas conductas que pertenecen al ámbito del ejercicio de la libertad ciudadana27.

Aunque no se puede obviar que se puedan dar ex-cesos en el ejercicio de este derecho, ello no convierte automáticamente en típica la conducta, puesto que si una protesta “excede el tiempo razonablemente nece-sario para expresarse, no interrumpen la calle por el mero efecto del número de personas sino por acciones dirigidas a hacerlo, pequeños grupos prolongan sus gritos una vez concluida la manifestación, se reiteran los gritos en los transportes utilizados para volver a los hogares, etc., se penetra en un campo que puede ser antijurídico o ilícito, pero que no necesariamente es penal, porque sólo una pequeña parte de las conductas antijurídicas está tipificada penalmente”28.

Sin embargo, policías, fiscales y jueces hondureños reducen el ejercicio de la protesta social a un ámbito exclusivamente penal sin hacer el más mínimo esfuerzo de realizar un análisis jurídico serio y sin sesgos desde el derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos que permita ponderar ante la posible colisión de derechos. Desafortunadamente, nos encontramos con funcionarios públicos con una pobreza argumen-tativa y amplia discrecionalidad a la hora de penalizar la manifestación pacífica en el marco del derecho a la libertad de expresión.

Si al menos contáramos con funcionarios judiciales garantes de los derechos constitucionales y convencio-nales, valorarían si la imposición de sanciones penales se constituye en el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión practicada mediante el derecho

de reunión y de manifestación pacífica desarrollada en los espacios públicos. Evidentemente, el derecho penal no es el medio menos lesivo; al contrario, su utilización ante la protesta social genera “un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa de los secto-res de la sociedad que no pueden acceder a otros canales de denuncia o petición como ser la prensa tradicional o el derecho de petición dentro de los órganos estatales donde el objeto del reclamo se origina”29.

Particularmente después del golpe de Estado, existe una enorme intolerancia a la crítica y a la disidencia por parte de las autoridades públicas, por lo que la protesta social se estigmatiza y criminaliza, y las personas que simplemente salen a la calle a defender sus derechos o sus opiniones, se ven enfrentadas a procesos pena-les por crímenes como asociación ilícita y sedición30, violentándose los principios más básicos del derecho penal, como el principio de estricta legalidad, de inter-pretación restrictiva, de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad31.

Sólo la existencia de poderes independientes, vin-culados y sometidos a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos, y una sociedad civil consciente de la titularidad de unos derechos que son superiores al poder del Estado, permitirán limitar los abusos y violaciones al derecho a la protesta social a través de la deducción de responsabilidades políticas y jurídicas a sus responsables intelectuales y materia-les. La deducción de las responsabilidades penales y administrativas a los responsables de la represión del 15 de septiembre de 2010 podría ser un primer paso en ese sentido.

27 Zaffaroni, E. Raúl, “Derecho penal y protesta social”, en Bertoni, Eduardo (Comp.), ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina, Universidad de Palermo, Buenos Aires, 2010, pp. 6-7.

28 Ibíd., p. 7.

29 Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos, Libertad de expresión en las Américas... op. cit., p. 248.

30 “Entrevista. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-manos de la OEA”, en Rabinovich, E., Magrini, A. L. y Rincón, O., “Vamos a portarnos mal”... op. cit., p. 58.

31 Zaffaroni, E. Raúl, “Derecho penal y protesta social”… op. cit., pp. 7-8.

DERECHOS HUMANOS

35diciembre 2011

Hace dos décadas, el pe-riodista argentino Gino

Lofredo lanzó el artículo-bomba “Hágase rico en los 90”, cuyo estri-billo sonaba así: “¿Usted todavía no tiene su propia oenege? ¿No tiene una fundación sin fines de lucro y con personería jurídica? ¿Ni siquie-ra una consultora privada? ¿No? Entonces usted no está en nada”. Y continuaba: “No se engañe, colega. El negocio de los 90 son las oene-ges. A los que perdieron el tiempo estudiando filosofía, ciencias socia-les, historia, relaciones internacio-nales, letras, pedagogía, economía política, antropología, periodismo, ecología y esas cosas que no sirven para vender un pollo frito, no les queda otra cosa que una buena oenege… Para triunfar en los 90 hay que entender el sutil encanto de los proyectos y sus sensuales re-laciones con las oeneges… Ya sabe

Los jinetes del desarrollo en tiempos neoliberales (3)Segundo jinete: las ONG

JOSÉ LUIS ROCHA*

Centroamérica ha sido terreno fértil para el surgimiento de miles de ong. Durante las décadas que siguieron a los conflictos armados, las ong

han desarrollado innumerables y encomiables tareas. A la par, hay que cuestionar su cortoplacismo, su tendencia a la despolitización, su sumisa dependencia de los fondos del Norte. Y principalmente, su contribución

al declive del trabajo asalariado y a la precarización del empleo. Algo muy grave en este reino del desempleo que es hoy Centroamérica.

que el desarrollo es un negocio y no necesita que se lo repita”.

Desde Lofredo a la fecha, las ong han sido la diana para una legión de arqueros que, deseosos de reventar las burbujas de la ayu-da internacional, cuestionan con socarrón desparpajo o sentenciosa homilética, desde los pequeños y sórdidos vicios y triquiñuelas aso-ciados a los negocios de las ong, hasta todo el sistema de coopera-ción al desarrollo que ha provisto —en estos paisitos centroamerica-nos, olvidados de la mano de Dios y sostenidos por la del diablo—, pitanza a cientos de obesas especies sociales alegremente duchas en la mendicidad internacional.

EN CENTROAMÉRICA:UN FENÓMENO DELA POSGUERRALa literatura sobre el género

es inmensa. La mordaz creativi-dad con que las ong son roídas por críticos académicos y comediantes, trotskistas y adalides del laissez faire, oenegenólogos y profanos,

se debe en parte a su novedad, o al menos a las novedosas formas adoptadas en los años 90. Es más fácil percibir el lado ridículo de las cosas nuevas y diferentes.

Las ong en Centroamérica son un fenómeno de la posguerra. Aun cuando podemos identificar algunas pocas en las décadas de los 60 y 70 —eclesiales relacionadas con prós-peras diócesis del Norte y acadé-micas enchufadas a la cooperación nórdica—, la mayoría de las ong actualmente existentes emergieron después de las insurrecciones que anegaron la región en sangre.

Echemos un vistazo al caso de Nicaragua: hace pocos años, el Mi-nisterio de Gobernación hablaba de 4360 asociaciones sin fines de lucro en Nicaragua y de muchas más sin personería jurídica. El Directorio de ong apenas alcanzó a registrar los datos de 322 ong en el año 2000. De ese limitado conjunto, únicamente el 6% había surgido antes de 1980. La década de los 80 vio nacer el 22%. En los años 90 tuvo lugar la

* Investigador del Servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica (SJM). Miembro del Consejo Editorial de la revista Envío de Nicaragua.

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explosión demográfica: 72% de las ong que existían en el 2000 nacie-ron en la Nicaragua neoliberal.

Esta proliferación fue posible debido al interés en América La-tina de importantes agencias de cooperación internacional. En 2004 —cerca, pero no en la cúspide del pico oenegeizante— las agencias europeas colocaban en América Latina una parte significativa de su cartera total de proyectos: Misereor puso 43.5 de sus casi 100 millones de euros; Cordaid 17.4 de 150; Hi-vos 16.2 de 65; Intermon 11.6 de 25; Trocaire 9 de 37; Diakonia 10 de 28; e ibis, 7.3 de 20.6. Solamente esas agencias sumaban a 944, 300, 269, 209, 188, 129 y 70 contrapar-tes latinoamericanas. Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras figuraron —junto con Perú y Boli-via— en los seis primeros lugares de los países prioritarios para las ong europeas en 1995-2005. Nuestros países tuvieron —y quizás aún tie-nen— más presencia de ong euro-peas y mayor asignación de fondos.

En todos los países centroame-ricanos la emergencia de las ong corrió paralela a la compactación estatal. La eclosión de las ong fue posible por una transferencia de recursos —humanos e infraestruc-turales— del Estado hacia las ong. Antiguos cuadros medios y de a pie del Instituto Nacional Agrario en Honduras montaron ong espe-cializadas en desarrollo rural y en toda la gama de temas agrarios y ambien tales. Fiscales guatemal-tecos, hastiados de la corrupción estatal, se parapetaron en ong es-pecializadas en derechos humanos, desde cuyas barricadas impugnan los abusos del sector público.

En Nicaragua los comandantes sandinistas crearon sus propias ong: el ipade de Jaime Wheelock y la Asociación Popol Na de Mónica Baltodano son sólo algunos ejem-plos. A veces instituciones estatales se convirtieron en ong: el Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria (ciera) fue adju-dicado íntegro (terreno, edificios, archivos y personal) a Orlando Núñez para que lo convirtiera en el Centro de Investigación y Pro-moción para el Desarrollo Rural y Social (cipres).

Las ong más destacadas en campos clave fueron fundadas y son conducidas por exoficiales del Estado sandinista, que en los años 80 establecieron contactos con futuros cuadros de la cooperación internacional y adquirieron el sa-ber hacer, la pericia en las áreas en que sus ong se han especializado: exfuncionarios del Instituto Nica-ragüense de Estudios Territoriales (ineter) crearon el Centro Hum-boldt, especializado en desastres naturales; una ex funcionaria de la Defensa Civil creó la sección de prevención de desastres en la Fun-dación Augusto César Sandino y así podríamos continuar con los temas de educación, salud, agrarismo…

ONG: SINÓNIMODE SOCIEDAD CIVILPronto el bien de muchos se

convirtió en el consuelo de listos, y otros sectores se sumaron a la ola de las ong. Las universidades vieron adelgazar su planilla. Indigenólogos en Guatemala y agraristas en Nica-ragua fundaron ong especializadas en sus respectivos campos. En Nica-ragua, también las organizaciones de base, como la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (unag), la Asociación de Mujeres Nicaragüen-

ses Luisa Amanda Espinoza (am-nlae) y la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (anden) empezaron a funcionar como ong: en lugar de sostenerse por medio de las aportaciones de sus afiliados, comenzaron a depender gradual, y luego enteramente, de donaciones gestionadas por una burocracia casi hereditaria que aniquiló el talante democrático y deliberativo de sus asambleas.

En El Salvador, donde la gue-rrilla había ido tejiendo un Estado paralelo, la transferencia fue noto-ria. Los movimientos sociales y las secciones de la guerrilla se trans-mutaron —a veces no sólo en su manejo gerencial, sino también en su personería jurídica— en funda-ciones, colectivos y otras entidades completamente oenegeizadas. Es el caso de comadres y fecoracen.

Tanto en el caso nicaragüense como en el salvadoreño, esta nueva dependencia de donaciones de euros y dólares, en lugar de aportaciones de córdobas y colones, no redundó en una independencia del fsln y el fmln, excepto en contadas y limita-das ocasiones. La dependencia fue más estrecha porque la gestión de los movimientos sociales oenegei-zados requería las dotes adminis-trativas y contactos que tenían los cuadros de las exguerrillas transfor-madas en partidos políticos.

Con la oenegeización de los gremios, sindicatos y movimientos sociales, ong pasó a ser sinónimo de sociedad civil. En la Centroa-mérica actual, cuando se habla de sociedad civil, casi nadie piensa en la empresa privada, a pocos se les vienen a la cabeza los medios de comunicación y casi nadie mencio-na a las universidades. Los mismos

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medios de comunicación y profeso-res universitarios refuerzan esta percepción, sin duda sintomática del peso político de las ong.

OENEGEISMO YASOCIACIONISMO:TOCQUEVILLE LE GANA LA PARTIDA A MARXKarl Marx no vislumbró este

protagonismo. Pero Alexis de To-cqueville alentó su desarrollo. En sus dos Memorias sobre el paupe-rismo (1835 y 1837), él buscó una solución a la pobreza más allá de las propuestas desde el imperfec-to mercado y desde el atribulado Estado. Tocqueville fue uno de los primeros enemigos declarados del incipiente Estado de bienestar: la ley de pobres en Inglaterra y los hospicios y subvenciones que de ella se derivaban. Tocqueville se oponía a la institucionalización de la caridad: “Toda medida que fun-da la caridad legal sobre una base permanente y que le da una forma administrativa crea una clase ocio-sa y perezosa, que vive a costa de la clase industrial y trabajadora… Semejante ley es un germen enve-nenado y depositado en el seno de la legislación”.

Tocqueville no se oponía a todo tipo de ayuda. Como los neolibera-les de ahora, le repelía la ayuda a los pobres por parte del Estado. Y como los expertos en desarrollo de las ong, enfilaba contra las limosnas sentimentalonas, no planificadas y de escaso impacto: “Creo que la beneficencia debe ser una virtud enérgica y razonada, y no un gusto débil e irreflexivo; que no hay que hacer el bien que gusta más al que da, sino el más verdaderamente útil al que recibe; no el que alivia por completo las miserias de algunos, sino el que sirve para el bienestar del mayor número”.

Tres soluciones enérgicas y razonadas ofreció Tocque ville al problema de la pobreza. La prime-ra, una mejor distribución de la tierra: no aplicando una subversiva reforma agraria, sino mediante la supresión del principio de primoge-nitura, que convertía al primer hijo en heredero universal y no dejaba a los segundones otro camino que los conventos, la tonsura, las armas o la miseria. Tocqueville pensaba que los propietarios —aunque sólo fueran pequeños y medianos empresarios— podían adquirir “las cualidades que engendra la ri-queza” y “el sentimiento de orden, actividad y ahorro”.

Segunda solución: las micro-financieras —huelga decir que no las llamó así—: la fusión de las estatales cajas de ahorro y los usureros montes de piedad en una sola institución que pagara más por los depósitos y requiriera tasas razonables de los prestatarios.

Tercer remedio: la creación de asociaciones municipales para la extinción del vagabundeo y la mendicidad: “Estas asociaciones no tendrían ningún carácter político; al ser su propósito abordar un mal que afecta a todos los partidos, los hombres de todos los partidos estarían igualmente invitados. No tendrían nada de hostil al gobierno pero tendrían una existencia inde-pendiente de él”.

Ciento cincuenta años después de estas propuestas, los revolucio-narios centroamericanos estaban más del lado de las asociaciones de Tocqueville que de la lucha de clases de Marx. Tocqueville acertó, con el toque vil para algunos y la panacea para otros: asociaciones locales contra la pobreza, no guber-

namentales, apolíticas, funcionan-do con fondos privados concedidos de forma voluntaria y no mediante una odiosa carga impositiva estatal.

¡ARRIBA LOSMOVIMIENTOS SOCIALES,ABAJO LAS ONG!Quizás por intuir que las ong

hunden sus raíces teóricas en un pensador tan manifiestamente li-beral, los pensadores de izquierda más radicales tienen el torozón de las ong atravesado en mitad de la garganta.

Entre los denostadores de espadas más aceradas hacia las ong figuran James Petras y Henry Veltmeyer. En su libro Movimientos sociales y poder estatal compendian la médula de las críticas hacia las ong al sostener que, para lidiar con el agudo malestar producido por la aplicación de las medidas neoliberales, “las organizaciones internacionales para el desarrollo y el financiamiento se han vuelto tan decisivamente hacia la demo-cratización y la sociedad civil, con-tratando asociaciones voluntarias sin fines de lucro (Organizaciones No Gubernamentales, ong) para convertirlas en sus agentes como ‘socios estratégicos’. La agenda de esta estrategia es conseguir el apo-yo de esas ong para descomprimir brotes revolucionarios en zonas ru-rales, a los efectos de proporcionar a los campesinos pobres y al sector popular de la sociedad una alterna-tiva a los movimientos sociales y sus políticas antisistémicas radicales”.

El descontento social y la ener-gía de los movimientos populares estarían siendo desviados hacia organizaciones sociales reformistas o al desarrollo local. Por eso, dicen Petras y Veltmeyer, “el canal de

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asistencia para el desarrollo de las ong está dedicado más al desarro-llo político que al económico, para asegurar transparencia (inhibir o prevenir corrupción y clientelismo en el gobierno), promover la demo-cracia en el proceso de cambio, in-culcar valores relevantes y respeto por las normas de comportamiento democrático, alentando la adopción de políticas ‘civilizadas’ (diálogo, consultas, negociaciones) más que políticas confrontativas, propias de los movimientos sociales”.

La Centroamérica posinsurrec-cional ha sido y aún es un terreno propicio para esa estrategia porque los mismos dirigentes revoluciona-rios están contemporizando con la democracia representativa y las medidas neoliberales. Dicen Petras y Veltmeyer: “En este proceso de renovación democrática (o ‘redemo-cratización’), las ong tienen un rol predominante como organismos de primera línea en una forma partici-pativa y democrática de desarrollo y política, para convencer, de este modo, a los campesinos pobres de las virtudes del desarrollo local comunitario y de la necesidad de rechazar la política confrontativa de los movimientos sociales. En la década de los 80, hubo una autén-tica explosión de ong, muchas de las cuales fueron creadas tras un repliegue del Estado. Se estima que una gran mayoría de las aproxima-damente 70 mil ong que operan hoy en los diversos países en vías de desarrollo se formaron en los 80 o los 90”.

DEL ENFOQUE POLÍTICOAL ECONÓMICO La transformación y transfu-

sión de recursos del Estado hacia las ong son eventos que, en la visión de Petras y Veltmeyer, encajan en

una conspiración donde los organis-mos de base abandonan su carácter contestatario y, en olor de dólares, son cooptados por entidades que apuestan por evadir el conflicto y eliminar el chip político de sus plan-teamientos y estrategias: “El flujo de fondos externos, combinado con la presión para ocupar los espacios que el Estado dejó vacantes, forzó a muchas ong, particularmente aque-llas que eran de base comunitaria, a reestructurar sus actividades de acuerdo con un nuevo enfoque de asociación con las organizaciones de ayuda exterior... En este marco, las ong se transformaron, lenta pero seguramente, de organizacio-nes establecidas para servir a los pobres en lo que el Banco Mundial describe como ‘ong operacionales’, contratistas privadas de sus políti-cas, que operan dentro de ‘distri-tos pobres’ con un enfoque y una dirección más o menos apolíticos (macroproyecto), pero que no están originadas ni forman parte de esas comunidades. Como resultado, ong tras ong fueron forzadas a adoptar un enfoque más estrechamente eco-nómico y apolítico que antes para trabajar con los pobres”. Se limitan a “enfocar programá ticamente las capacidades individuales, mini-mizando el interés por las causas ‘estructurales’ (sociales y políticas) de la pobreza”.

Despolitizadas y en procaz co-queteo con las fuerzas del mal, las ong que trabajamos con migrantes y sus familiares no procuramos denunciar y trabajar sobre las cau-sas estructurales de la migración. Nos limitamos a llenar los agujeros negros de la tramitología estatal o servimos de canal de demandas en-tre los migrantes y las escurridizas y negligentes entidades estatales. Las ong-microfinancieras no cues-

tionan la negativa de la banca a conceder crédito a los pequeños productores. Se contentan con posicionarse en —y posesionarse de— ese nicho de mercado, al que cargan onerosas tasas de interés. Sintetizando: en lugar de estimular las luchas por una redistribución de los recursos nacionales y locales, todas las ong se han convertido en prestadoras de servicios que no brindan los Estados decrépitos o enanos —si fueran pequeños ten-drían algún chance de crecer—. Así, las ong cumplieron el sueño tocque-villeano de canalización apolítica y no confrontativa de fondos.

¿DURMIENDO CONEL ENEMIGO? Las afirmaciones de Petras y

otros insisten en que las ong están durmiendo con el enemigo o, al menos, durmiendo por efecto de los narcóticos del enemigo. Pero hay que observar con cautela a quienes alegremente lanzan piedras sobre los frágiles tejados de las ong des-de los cómodos palacetes de la aca-demia de los países industrializa-dos o desde las oficinas del Estado. Y aunque sólo la ceguera interesada podría regatear la mucha razón que hay en el cuestionamiento de Petras a la trayectoria política —con desti-no apolítico y apolitizante— de las ong, a su condena sin reservas cabe oponerle un bloque de evidencias y un enfoque histórico divergente.

También hay muchos efectos benéficos que la irrupción de las ong ha tenido en Centroamérica. Otro gallo nos cantaría si no hu-biera existido o desapareciera de un plumazo el trabajo de algunas ong. La condena de Petras ignora deliberadamente esta evidencia, porque se decanta hacia un enfoque de la historia maniqueo y contable:

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una historia con buenos y malos dickensianos, una historia donde los conflictos se resuelven en éxitos o fracasos y donde es posible distin-guir entre el “debe” y el “haber”, como si fuera posible hacer un corte o cierre contable en los procesos históricos.

En una acera epistemológica opuesta, la visión histórica de Han-nah Arendt postula que toda acción humana tiene un comienzo defini-do, pero un final impredecible. Toda acción cae en una red de relaciones y referencias ya existentes, de modo que siempre alcanza más lejos y pone en relación y movimiento más de lo que el agente podía prever: toda acción es impredecible en sus consecuencias e ilimitada en sus re-sultados porque activa una cadena. Esa cadena de acontecimientos no puede ser controlada por los agen-tes causales. Las interacciones son las que determinan el curso de los efectos. Las acciones son parteras de lo inédito. Las categorías de triunfo y fracaso no tienen cabida en esta visión porque los procesos siempre son inconclusos y no de-terminables por los actores. Las ong son sólo uno entre muchos actores. El efecto de sus acciones es el resultado de la interacción con los esfuerzos e intereses de los otros personajes de un drama muy complejo que jamás podría titularse “Abajo las ong, arriba los movimiento sociales”.

¿CONFLUENCIAPERVERSA?En materia de crítica a las ong

resulta preferible la advertencia de la politóloga brasileña Evelina Dagnino sobre la existencia de casos de confluencia perversa, entendida como la coincidencia a nivel del dis-curso de proyectos antagónicos que

se oculta bajo referencias comunes aparentemente inocuas y pocas veces elucidadas. ong de izquier-da y el Banco Mundial hablan de corrupción, de preservar la insti-tucionalidad, de acceso a recursos, de capacitación para el desarrollo… ¿Hablan de lo mismo?

Retomando a Pablo Freire, Dagnino habla de la interna li-zación de elementos neoliberales en los proyectos políticos de or-ganismos que se presentan como alternativos. Ese proceso se lleva a cabo por medio de dislocaciones de sentido de presuntas referencias comunes cuando no se explicitan los proyectos políticos individuales y organiza cionales.

La confluencia perversa más frecuente es la promoción de una ciudadanía y democratización re-ducida al mercado. Esta confluencia perversa es la plaga a la que están expuestas permanentemente las ong por moverse en el mismo mer-cado de donativos amarrados a pa-quetes ideológicos. Identifico dos di-ferencias entre los planteamientos de Dagnino y de Petras: las ong que según Petras son piezas ya coop-tadas por el proyecto neoliberal, pueden —solamente, aunque no es poca cosa— internalizar elementos neoliberales. Las ong que para Petras están subsumidas en una estrategia neoliberal, en Dagnino aparecen en medio de una nebulosa de programas de fronteras difusas y conceptos poco o mal definidos. Hay una enorme diferencia entre ser un sulfúrico agente de Satanás y ser alguien que puede caer en la tentación.

El peligro que apunta Dagnino fue expresado en las palabras que Susan George en el Informe Lugano

pone en boca de un apócrifo grupo de expertos que buscan salvar al sistema capitalista: “Hay que seguir permitiendo que las ong tengan ‘estatus consultivo’ dentro de un órgano formal que se reúna a intervalos regulares. Los repre-sentantes en este foro permanente de ong podrían ser elegidos o no, en función de las políticas de cada Estado Miembro. Se ha demostrado que este modelo, ensayado con éxito en la larga serie de conferencias de la onu celebradas durante la década de los 90, sirve para que las ong sean más constructivas y res-ponsables, es decir, mucho menos radicales, desafiantes y rebeldes”. Las ong tienen la palabra. De ellas depende si caen en la trampa o si permanecen fieles o retoman su ca-rácter anti-sistémico. La historia no está escrita y esperamos que surjan muchas novedades bajo el sol.

LAS ONG ENCENTROAMÉRICA:MÍNIMO COMPENDIODE SUS APORTESTocqueville sostuvo que la ca-

ridad institucionalizada surgió del protestantismo. Karen Armstrong dice que muchos estadounidenses empezaron a trabajar por su país y sus comunidades en “las numero-sas asociaciones protestantes que surgieron en los Estados norteños durante la segunda década del siglo xix, después del Segundo Gran Des-pertar. Los cristianos empezaron a trabajar para un mundo mejor. Organizaban campañas contra la esclavitud y el alcoholismo y para acabar con la opresión de los grupos marginados. Muchos habían estado comprometidos con organizaciones abolicionistas y feministas”.

De forma semejante a sus an-tepasados evangelistas en el Norte,

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las asociaciones actuales —muchas religiosas, otras seculares— han tenido un papel destacado en la promoción de los derechos de distintos grupos. El catálogo es inmenso. Suficiente para dar un mentís a Petras y otros. Porque ong han sido las que se han dedicado a la búsqueda de desaparecidos du-rante y tras los conflictos bélicos en Cen troamérica. Y su trabajo las llevó a interpelar y confrontar a los poderes establecidos de vocación criminal. Miles de dólares fueron canalizados desde ong para engra-sar procesos legales hasta rescatar a guerrilleros que hubieran perecido en las mazmorras y bajo las tortu-ras de los kaibiles en Guatemala, de la tenebrosa policía hondureña o del implacable ejército salvadoreño.

La Asociación Pro-Búsqueda en El Salvador se especializó en la reunificación de familiares se-parados por la guerra. Betania y coar —también en El Salvador, una en La Libertad y otra en Zara-goza— rescataron y criaron hijos de padres muertos o extraviados por la guerra. Y cuando el humo de los cañones se empezó a disipar, el proyecto de los lisiados de guerra del Instituto Histórico Centroame-ricano en Nicaragua enseñó oficios y brindó cientos de recursos a ex-combatientes del ejército sandinista a quienes, su acaudalado general, dejó varados en la miseria. Un des-consuelo inenarrable sería la guerra sin la misericordia y solidaridad que expresaron tantas ong.

Ese desconsuelo también fue mitigado por las ong dedicadas al esclarecimiento de la verdad. El Proyecto Interdiocesano Recupe-ración de la Memoria Histórica (remhi), que culminó en el infor-me Guatemala: Nunca más, costó

la vida a su líder, el obispo Juan Gerardi, asesinado de forma atroz por los remanentes de los aparatos represivos parapetados en el Esta-do Mayor Presidencial. Los cuatro tomos del informe se enfrentaron al mismo tiempo a la Guatemala neoliberal, ansiosa de olvidar para sumergirse en el dulce encanto del mercado, y a la Guatemala autorita-ria, que no tolera denuncias ni está dispuesta a resarcir a las víctimas.

Andando el tiempo, las ong han sido fuente de empleo e informa-ción, y una barricada desde la cual confrontar a gobiernos autoritarios. La lucha por la despenalización del aborto terapéutico en Nicaragua, enfrentando a diputados insensibles a la vida y la salud de las mujeres, se lleva a cabo desde las ong. Se trata de una lucha eminentemente polí-tica: se trata de normar los valores públicos y de cuestionar a partidos políticos específicos. También desde las ong se han levantado voces en defensa de los Códigos de la Niñez y contra los embates de las leyes antimaras de Honduras y El Sal-vador, contra los operativos Mano Dura en El Salvador, contra el Plan Escoba de Guatemala y contra las recientes iniciativas para adoptar en Nicaragua una justicia juvenil decididamente punitiva. De modo que, tanto en su fase embrionaria como en su adolescencia, madurez o senectud actual, no pocas ong han mostrado un talante político y po-litizador, polémico y confrontativo, que aunque no caracteriza a todo el gremio, tiene tantos pespunteos que bastan para invalidar la ley de hierro contra las ong formulada por Petras.

Las ong han sido un contrapo-der a los abusos de los gobiernos centroamericanos: al golpe de Es-

tado de Miche letti, al autoritarismo de Funes y al despotismo de Daniel Ortega. Por poco que rasquemos las entretelas de la historia reciente, encontraremos que directores y funcionarios de ong han invertido energías y arriesgado bolsa y pe-llejo denunciando la corrupción de Portillo en Guatemala, de Alemán en Nicaragua, de Cristiani en El Salvador, de Callejas en Honduras y de Rodríguez en Costa Rica; un listado que está lejos de ser exhaus-tivo y que sólo es un tenue reflejo de las innumerables marchas, análisis, recolectas de firmas, charlas, talle-res, folletos y cabildeo diseñados, liderados y ejecutados por las ong.

Las ong están sirviendo de puen-te a derechos interna cio nalizados en el ámbito del feminismo, de los pueblos indígenas, del medio am-biente… Leyes nacionales —como la del empleo doméstico en Costa Rica, la de participación ciudadana en Nicaragua y las del desarrollo integral de la juventud en casi todos los países de la región— hacen eco a iniciativas mundializadas. Detrás, abajo, a un lado y al otro de la apro-bación de estas leyes estuvo y sigue estando el brazo de las ong. Gracias a sus gestiones, muchos líderes comunales, campesinos, jóvenes, indígenas logran que su palabra sea difundida: los programas de radio, boletines e informes de in-vestigación participativa plasman y proyectan la voz de quienes siempre han tenido voz, pero poco auditorio y un micrófono con sordina.

EL CONSUMO:UN LUGAR PARA PENSARSon muchas las asociaciones

comprometidas con distintas ma-nifestaciones del mercado y el consumo. Unas han apostado por el comercio justo, otras se circunscri-

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ben a ámbitos más convencionales, pero apostando por un mejor acceso a recursos y a espacios donde se juegan los recursos. Quizás sean a éstas a las que más les cae el guante de Petras: la acusación de replegar-se hacia la economía y claudicar en la política. Pero el siguiente texto del antropólogo argentino Néstor García Canclini nos coloca en una perspectiva diferente al repolitizar el consumo: “Para muchos hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, las preguntas propias de los ciuda-danos sobre cómo informarnos y quién representa nuestros intereses son respondidas más por el consu-mo privado de bienes y de medios de comunicación que por las reglas abstractas de la democracia o por la participación en organizaciones po-líticas desacreditadas. Este proceso puede ser entendido como pérdida y despolitización respecto de los ideales de la democracia liberal o ilustrada, pero también puede pensarse que la noción política de ciudadanía se expande al incluir derechos a la vivienda, la salud, la educación y la apropiación de otros bienes en procesos de consumo. Es en este sentido que propongo re-conceptualizar el consumo, no como simple escenario de gastos inútiles e impulsos irracionales sino como lugar que sirve para pensar, donde se organiza gran parte de la racio-nalidad económica, sociopolítica y psicológica en las sociedades”.

LAS ONG SON TAMBIÉNDIFUSORAS DECONOCIMIENTODe modo que las ong más pe-

caminosas —por enfrascadas o va-radas en el pantano del consumo— pueden estar haciendo política: no-table, buena, mala o pésima. Están incidiendo en las manifestaciones de la vida pública que expresan, en

el imaginario social y en el plato de cada día, los dilemas y agonías de hombres y mujeres concretos, esos especímenes que pueden lucir alie-nados, alelados y achicados cuando contrastamos sus figuras con las idealizaciones esbozadas por los plumones más ideologizados de los grandes “ismos”: comunismo, cato-licismo, evangelismo, nacionalismo, etc., pero que son quienes definen, desde su pequeñez y falibilidad, el rumbo de la historia.

Las ong han sido, son y —me encantaría creer— seguirán sien-do una plataforma privilegiada para la producción y difusión de conocimiento. El Centro Antonio Valdivieso, la revista Envío y el Centro de Investigaciones para la Comunicación (cinco) en Nica-ragua, Editorial Guaymuras y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (eric) en Hondu-ras, el Departamento Ecuménico de Investigaciones (dei) en Costa Rica y avancso en Guatemala son sólo algunos muy plausibles ejemplos de organismos con dos o más décadas de analizar la realidad centroame-ricana y difundir el pensamiento anti-hegemónico contra viento y marea.

Las ong contribuyen a la glo-balización del conocimiento, a la introyección de formas no agresivas de entender y ejercer la masculini-dad, a disolver el sentido común diseminado por los dominantes… Quien cambia las mentes, cambia la dirección de los pies y las obras que hacen las manos de esas mentes, aunque desafortunadamente, ésta es una —y no la única— tarea en la que las ong están pisando hoy un terreno movedizo.

MECENAS DE DERECHA:MÁS GENEROSOSLa politóloga estadounidense

y abanderada del movimiento alter-globalización, Susan Geor-ge, expuso el contraste entre las estrategias de las fundaciones de la derecha y las progresistas para explicar la abrumadora arremeti-da del pensamiento de la derecha en su lúcido libro El pensamiento secuestrado. Dice ella: “¿Cómo usan estas fundaciones su dinero estratégicamente para ‘construir un movimiento’? La respuesta breve es que hacen todo lo que los donantes progresistas casi siem-pre se niegan a hacer. Los neocón (neoconservadores) comprenden que producir ideas inteligentes y bien presentadas puede llevar tiem-po. Conceden subvenciones cuan-tiosas, predecibles y de varios años; algunos de sus protegidos llevan literalmente décadas recibiendo financiación. Los receptores saben que pueden realizar trabajos a largo plazo; saben que sus donantes están dispuestos a esperar sus beneficios ideológicos. ¿Y los donantes pro-gresistas? Les gusta el corto plazo; suelen empezar con una subvención de un año, a veces renovable. En casos extremos podrían prolongarse hasta tres años, pero entonces, in-cluso si el trabajo ha finalizado con éxito, podrían abandonar al recep-tor porque es hora de pasar a algo —y a alguien— nuevo. Los neocón identifican a sus futuras estrellas y nutren a sus subvencionados, ayudándoles a pasar de la juventud a la madurez. Los donantes progre-sistas suelen sentirse incómodos concediendo subvenciones a exper-tos individuales… Como mucho, pueden financiar un proyecto que permitirán definir al experto, pero también le exigirán que lo gestione y lo coordine, en lugar de dedicarse

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a investigar, pensar y escribir a tiempo completo”.

MECENAS DE DERECHA:VISIÓN DE LARGO PLAZOSigue George calificando a las

fundaciones de la derecha: “No sólo financian magníficamente a expertos individuales, sino que también otorgan un generoso ‘apo-yo operativo básico’ a instituciones neocón, porque sin una infraes-tructura digna, nada funciona. Los donantes progresistas odian dar dinero a presupuestos ‘básicos’; a cosas aburridas como secretarias y computadoras. Sólo financiarán proyectos que incluyan pocos gastos ‘de estructura’, generalmente no más del 10%, que el receptor está autorizado a aportar a la ‘base’”.

Sigue George: “La diferencia más notable entre los dos tipos de donantes es el trágico contraste entre sus objetivos. Los donantes progresistas no están dispuestos a aportar lo más mínimo a la produc-ción y difusión de ideas. En el cen-tro de su estrategia está el ‘proyec-to’ —un objetivo bien descrito que implica algo en algún lugar que hay que corregir— con resultados clara-mente mensurables... Los donantes progresistas nunca van a entregar el dinero sin más y decir: ‘ponte a trabajar con esto’, ni siquiera a personas y organizaciones que ya han demostrado su capacidad para utilizarlo eficazmente. No lo harán porque este método llevaría alre-dedor de cinco minutos. En conse-cuencia, instituciones e individuos que esperan obtener o renovar su posición con las fuentes de finan-ciación deben dedicar cantidades exorbitantes de tiempo a escribir propuestas, rellenar formularios, responder cuestionarios y a ganarse a sus ‘benefactores’, cuando debe-

rían atenerse a su propio ‘negocio básico’: producir y difundir ideas. La derecha, por el contrario, confía en su gente, mantiene la burocracia al mínimo y sí dice, de hecho: ‘ponte a trabajar en esto’”.

Intentaré pergeñar algunas de las consecuencias de este sistema de financiamiento en la contribución de las ong al declive del mundo del trabajo asalariado. Y aprovecharé algunas de las consignas-denuncias del movimiento de los indignados para que sea más evidente cómo la solidaridad gubernamental y no gubernamental del Norte está reproduciendo en el Sur, en nuestra Centroamérica, el sistema que los progresistas buscan demoler en el Norte.

“DEMOCRACIA¿DÓNDE ESTÁS?”Quien da la plata, platica. Y eso

quiere decir que tiene la primera, la última y muchas de las palabras de en medio. Las más de las veces los financiadores definen no única-mente los temas, sino también los porcentajes de fondos que pueden destinarse al pago de salarios, a la adquisición de equipos y a la capacitación del personal. Los tér-minos de referencia definen desde el balance de género en un taller hasta los conceptos políticamente correctos que deben ser aplicados en una investigación. De Europa nos vienen las preocupaciones por el medio ambiente, la participación ciudadana y la institucionalidad. Pero el mismo paquete de donativos trae un estilo de mando autorita-rio, antidemo crático, una actitud neocolonial.

Los directores de ong aparecen a menudo como los capataces fieles que no cuestionan los dictados del

Norte y que tampoco pueden ser cuestionados por sus huestes loca-les. Se perpetúan en la dirección de una ong. Por eso vemos con tanta frecuencia que el director-fundador —a menudo un personaje de trayec-toria encomiable, pero que ya no hace más que repetir sin resuello las últimas ideas que leyó durante su adolescencia— lleva treinta desgastantes años al frente de un mongo, siglas con las que Sally O’Neill, de Trocaire, bautizó a este extendido género: My Own ngo.

Basándose en esta constata-ción, Lofredo escribió: “El único personaje de importancia en la creación de la oenege es usted. Evítese problemas futuros. No se le ocurra incorporar a compañeros de la universidad o colegas profesiona-les con necesidades y aspiraciones similares a las suyas. Si lo hace, no podrá dormir tranquilo. Es prefe-rible que los demás sean analfa-betos, eunucos, ancianos seniles o votantes fallecidos”. Mediante esta brecha profesional, intelectual y de capital social las nuevas genera-ciones encuentran que las vías de ingreso y ascenso en las ong están taponadas por viejos corchos… que siempre salen a flote. Y, si logran ser contratados, deben mantener cerrado el pico para conservar un empleo precario.

“MANOS ARRIBA:ESTO ES UN CONTRATO”La mayoría de las agencias

establece que las ong locales no pueden invertir más allá de cierta cantidad de fondos en la contrata-ción de personal. Recientemente, una directora de una agencia se escandalizó porque lo presupues-tado en planilla de una de sus contrapartes alcanzaba casi el 70% del monto solicitado. “¡Les estamos

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financiando casi toda la planilla!”, exclamó con inequívocas señales de irritación. Pero, ¿qué esperaba que esa diminuta ong hiciera en un país donde urge mitigar el desempleo? ¿Destinar los fondos a transporte y fotocopias para que el dinero del Norte retorne al sitio de donde vino por los dollarductos de la Esso, la Toyota y la Xerox? El hecho de que la directora de la agencia gane pro-bablemente más de tres mil dólares mensuales y los beneficiarios de la planilla promediaban salarios de 200 dólares no debió parecerle dig-no de mención. El hecho de que su salario superara toda la planilla de la ong no era motivo de escándalo.

Un beneficio omnipresente de los proyectos es su incidencia directa sobre el empleo. Pero las ong tienen objetivos que juzgan primordiales. En teoría, las metas y mandatos de muchas ong no están reñidos con la oferta simultánea de empleo, pero en la práctica las normativas de las agencia están poniendo coto a ese beneficio, que acaso estiman espurio. Debido a las restricciones sobre la colocación de los fondos —no más del 15, 20, 30%... en gastos indirectos—, y de-bido a la necesidad de aplicar año tras año a determinadas licitaciones de recursos, las ong locales deben operar con planillas muy reducidas y sólo pueden ofrecer “empleos golondrina”.

Los fondos delegados y sus licitaciones anuales o semes trales son engendros del nuevo modelo. El viejo acuerdo se basaba en relacio-nes estables de largo plazo. El new deal de las agencias consiste en un borrón y cuenta nueva anual. Esta nueva economía institucional de la cooperación externa tiene sin duda muchos beneficios, algunos reales

y otros solamente teóricos: evitar el compadrazgo de las relaciones de largo plazo, ofrecer el chance a nuevas entidades, financiar a los mejores —mejores para diseñar poas, fodas y Marcos Lógicos—, evaluar el impacto, premiar ciertos temas y enfoques...

Dado que en América Latina siempre aplica el principio de “hecha la ley, hecha la trampa”, podemos conjeturar —y en algunos casos constatar— que el nuevo mo-delo no logra colar los males a los que —dicen que dicen— el antiguo modelo dejaba la puerta abierta de par en par: compadrazgo, mediocri-dad perpetuada, imposibilidad de medir el impacto, entre otros. Pero también podemos constatar que el nuevo modelo ha legitimado un mazazo en la nuca del trabajo asa-lariado, añadiendo otra cohorte de males: precarismo e inestabilidad laboral, bajos salarios, externaliza-ción de costos, flexibilidad laboral y otras perversidades comúnmente atribuidas a los implacables de-monios de la derecha empresarial, pero que también —quizás con más pericia y menos escrúpulos— ahora aplicamos nosotros, los querubines progresistas de las ong.

Siguiendo los pasos de las trans-nacionales, las ong están aportando su granito de arena y saco de cemen-to a la solidificación de la victoria del capital sobre el trabajo. No importa si buscan el Desarrollo —con mayúscula, entendido como el efecto inducido por un proyecto so-bre una carencia o disfuncionalidad social—, las ong se han subordina-do a las dinámicas del desarrollo —con minúscula, entendido como la reproducción de las desigualdades en el sistema capitalista.

La contracción forzada de la planilla de las ong y la volatilidad de las relaciones entre agencias y contrapartes ha introducido a las ong en un mercado laboral efímero y abusivo: encuestadores que saltan de agencia en agencia, asistentes de investigación que duran una puesta de sol, promotores y evaluadores sin pasión ni convicción en su tra-bajo, contratos por un mes o por una semana, talleres a destajo, etc. Con los contratos de tres meses a coordinadores de proyectos, las ong se han situado al nivel de Naciones Unidas, una de las instancias que más globaliza y explota la legitima-ción del precarismo laboral.

“SE ALQUILA ESCLAVOECONÓMICO”Un requisito imprescindible

para que el sistema funcione es la existencia de un inagotable ejér-cito de reserva de empleados con diversos niveles y habilidades: contadores, sociólogas, periodistas, filósofos, monjas, curas y excuras, campesinos-promotores y todo bí-pedo implume que pueda deglutir el mercado laboral de las ong. Son los esclavos económicos dispuestos a realizar las más diversas tareas. Cada uno puede abarcar un abanico variopinto de oficios y ocupaciones: una socióloga puede ser al mismo tiempo contadora, financiera, faci-litadora de talleres —de inagotable variedad de temas—, redactora de artículos y boletines, comercializa-dora de granos básicos, promotora de grupos juveniles, miembro de consejos editoriales de revistas, representante de su ong en foros nacionales y redes internaciona-les, profesora, coordinadora de un diplomado y más...

Ninguna de esas labores, por imprescindibles o habituales que

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sean en el trabajo cotidiano de su ong, le garantiza una plaza dura-dera. Ni siquiera la elaboración de propuestas de financiamiento. Eso lo sabía muy bien Lofredo: “Los consultores tienen que redactar la propuesta, inventarse un plan de acción, un cronograma y, por supuesto, lo más importante, el presupuesto. Trabajan duramente día y noche durante semanas ela-borando la propuesta, ajustando plazos, razonando la coherencia del proyecto, en fin, todas esas cosas. Para esto, contrate un par de espe-cialistas desempleados, al salario más bajo que pueda imponer desde su posición de fuerza. Dígales que si el proyecto sale, los contratará a tiempo completo y con salarios internacionales. Si le creen y en su desesperación le creerán, trabaja-rán gratis”.

El esclavo económico trabajará gratis o se le pagará una modesta suma y se irá con su música y sus habilidades de propuestólogo a otra ong urgida de presentar un proyecto en tiempo récord. Los capitales golondrina son denosta-dos. Los trabajadores golondrina son siempre bienvenidos… y me-jor despedidos. Esos trabajadores pendulares —Centroa mérica los reconoce por todas partes— dentro de su propia tierra, saltan de un sitio a otro, de ong en ong, de una agencia a la venta ambulante, de un boletín subsidiado a un puesto de fritanga, con amplios períodos sin colocación. Cotizan y dejan de coti-zar en la seguridad social y por eso difícilmente reunirán, al final de un azaroso ciclo laboral, la cantidad de cotizaciones requeridas para gozar de una pensión de vejez. Nunca podrán sindicalizarse. Jamás se les ocurrirá que las cosas podrían y deberían ser de otra manera. De

hecho, hace años, las cosas fueron de otra manera.

Las ong brindan empleo, pero sobreviven y alcanzan sus metas a costillas del declive del trabajo asalariado. Las agencias financia-doras presionan en esa dirección: en países donde el desempleo aprieta, reducen los porcentajes destinados a salarios y colocan los fondos en el rubro de “actividades” —visitas de seguimiento, talleres, encuestas, foros—, opción que conduce hacia contrataciones puntuales. En esa encrucijada surge la confluencia perversa en la práctica: las ong refuerzan el precarismo, la infor-malidad y violan los derechos que deberían defender. El Fondo Común en Nicaragua —conglomerado de fondos de la cooperación euro-pea—, junto con otras experiencias semejantes en la región, deberían replantearse el modelo y explorar vías en que se eviten los antiguos vicios sin añadir nuevas taras.

“TU BOTÍN ES MI CRISIS”Los obituarios del trabajo asa-

lariado empezaron a proliferar una vez que lo que Susan George denomina “derecha gramsciana” —una avalancha de inversiones y cabildeos bien concertados de los sectores neoconservadores para generar hegemonía— convirtió en sentido común el viejo catecismo capitalista vestido de primera co-munión, rindió culto al mercado como supremo juez de inescrutables pero eficaces designios, premió las estrategias para evadir las obliga-ciones de los empleadores, concedió el estatus de héroes a los gerentes que recortan prestaciones sociales y obreros súper e infranumerarios, elevó las técnicas gerenciales al grado de doctrina social y etiquetó

el emprendedurismo como la más envidiable de las virtudes.

Pastores y sacerdotes, maestras y profesores universitarios, geren-tes y administradores, empresarios y funcionarias de ong, están ofi-ciando la teoría y la práctica de los funerales del trabajo asalariado que produce el botín de los dominantes y la crisis de los empleados. Las ong no cuestionan. Reproducen la precariedad laboral. Y no podemos excusarnos diciendo que todos los males provienen de los financiado-res. Las ong estamos cooperando con este sistema. Derribamos con manos y pies lo que erigimos con un dedo.

¿De qué sirve que seamos una ong que promueve los derechos de los migrantes, si nuestras po-líticas de contratación seguirán produciendo más migrantes in-documentados? ¿Promovemos la microempresa para que nuestros desempleados busquen el ingreso estable que les negamos? ¿La lu-cha por los derechos de la mujer, no incluye su derecho a un empleo estable ni siquiera en nuestras asociaciones? Junto al enfoque de género, la defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre lo que concierne a su propio cuerpo, la lucha por la institucionalidad y la transparencia, y muchas otras causas dignas de rebeldes, las hadas madrinas de las ong se someten al sistema y aplican las prácticas ge-renciales y de manejo de personal que sustituyen al trabajador de acero inoxidable por el empleado de hojalata descartable.

Continuará con el Tercer Jinete: Pandillas y Maras.

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