Equidad y riesgo catastrófico del copago de la dependencia en España

Raúl del Pozo Rubio1

Dolores Jiménez Rubio2

1 Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. Avda.

Los Alfares, 44, 16.071, Cuenca. España. Email: raul.delpozo@uclm.es

2 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Granada. Campus

de la Cartuja s/n, 18.071, Granada. España: Email: dolores@ugr.es

2

Equidad y riesgo catastrófico del copago de la dependencia en España1

Objetivos: Analizar la equidad en la distribución del riesgo catastrófico del copago de

dependencia en España tras la reforma estructural en 2012, que introduce el copago para

los dependientes con rentas superiores a un mínimo exento.

Material y Métodos: Se utilizó la encuesta EDAD08. Se determinaron los hogares

cuyo desembolso asociado al copago de dependencia en proporción de la renta se

situaba por encima de los umbrales de catastrofismo definidos (incidencia), así como el

efecto empobrecedor inherente a dicho copago (intensidad). Siguiendo la metodología

introducida por Wagstaff y Van Doorslaer, se calcularon índices de concentración de la

incidencia y la intensidad del gasto catastrófico en servicios de dependencia para los

grados II y III (dependencia severa y gran dependencia) de manera conjunta, y

desagregando en función de la renta per cápita y el signo político de la comunidad de

residencia.

Resultados: Los hogares con mayores recursos soportan una mayor carga financiera del

copago en términos de incidencia, mientras que en términos de cuantía o intensidad del

copago el esfuerzo recae especialmente en los hogares con rentas más bajas. Estos

resultados se observan en mayor medida en las comunidades de mayor renta per cápita

frente a las de menor, y en las comunidades gobernadas por partidos de ideología

progresista frente a ideología conservadora.

Conclusiones: La nueva definición del copago de dependencia en España se configura

como un factor importante de riesgo catastrófico y de desigualdad en la carga financiera

soportada por las personas con dependencia, con diferencias importantes según la renta

per cápita y el gobierno de la comunidad de residencia.

Palabras clave: dependencia, copago, catastrofismo, finanzas de los hogares.

Clasificación JEL: D14, D63, H53, I38, J14.

1 Trabajo financiado por la Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios de la

Asociación de Economía de la Salud y Bayer HealthCare (XXXIII Edición) y el proyecto ECO2013-

48217-C2-2-R del Ministerio de Economía y Competitividad.

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1. Introducción.

Existe una amplia literatura que analiza la carga financiera de los copagos

utilizando medidas catastróficas y / o de empobrecimiento en el campo de la Economía

de la Salud. La mayoría de los estudios analizan el copago en servicios de salud, ya sea

en su conjunto (por ejemplo, Wagstaff y Van Doorslaer, 2003), en los componentes

específicos de la salud tales como productos farmacéuticos (por ejemplo Łuczak y

García-Gómez, 2012) o en submuestras específicas, tales como los enfermos crónicos

(por ejemplo, Wang et al., 2015). Sin embargo, existen un escaso volumen de literatura

relacionada con el efecto empobrecedor de los servicios de los cuidados de larga

duración (CLD) en particular, es decir, la gama de servicios que necesitan las personas

que precisan de ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria (OCDE,

2013).

La creciente demanda de servicios de cuidados de larga duración, debido entre

otros, al factor demográfico consecuencia del envejecimiento de las economías más

avanzadas, o la importante reducción en el suministro de cuidados informales, se

traduce en una considerable presión sobre los presupuestos públicos, especialmente en

los países desarrollados (OCDE, 2013). La naturaleza de los acuerdos de cuidados de

larga duración varía significativamente entre los países desarrollados. Así, Suecia,

Noruega u Holanda, se sitúan a la cabeza en gasto en CLD como porcentaje del PIB -

aproximadamente un 3% de gasto - (OCDE, 2016) mientras que otros, como España o

Italia, tienen un reducido gasto en CLD -menos del 1% - y un importante peso del

cuidado informal.

En el caso de España, la principal figura de cuidador informal es la mujer

(García-Calvente et al., 2004, Díaz et al., 2009, Rogero, 2009), cuya incorporación al

mercado de trabajo a finales del siglo pasado y comienzos del presente (Antares, 2010)

redujo ostensiblemente la oferta de cuidados informales. Ello, unido a los cambios

surgidos en las estructuras familiares tales como la disminución en el tamaño de los

hogares, aumento de las tasas de divorcio, reducción de las tasas de matrimonio,

aumento de hogares unipersonales o los patrones de migración rural-urbana e

internacional (Mestheneos y Triantafillou, 2005) exhortaron una revisión del modelo

tradicional español de atención de los CLD.

En este contexto se promulgó en 2006 en España la Ley de Promoción de la

Autonomía Personal y atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD),

que reconoce el derecho universal de la población dependiente para recibir una amplia

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gama de servicios de CLD. La Ley reconoce el carácter universal de las prestaciones

sociales y el derecho a acceder a los CLD en igualdad de condiciones para todas las

personas que precisan de ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Las Comunidades Autónomas (CCAA) son responsables de la provisión de prestaciones

de servicios y económicas recogidas en el catálogo de la Ley. El Ministerio de Sanidad,

Política Social e Igualdad establece un umbral de servicios mínimos y los beneficios

que deberían asignarse a las personas elegibles, dependiendo de su grado de

dependencia. A partir de estos umbrales mínimos, cada región puede proporcionar

recursos adicionales. La implementación de la Ley es progresiva, iniciándose en 2007,

fecha en que se incorporan al sistema las personas con gran dependencia, hasta 2015,

cuando se incorporan las personas de menor grado de dependencia. Sin embargo, debido

a la situación de recesión económica, la cobertura efectiva a los dependientes severos y

grandes se ha dilatado en tiempo en la mayoría de las regiones: especialmente las

personas con grado I, que la legislación de 2012 pospuso su entrada al sistema para

recibir prestaciones hasta julio de 2015.

Sin embargo, ello no es óbice para afirmar que otras personas con niveles menos

graves de dependencia no estaban recibiendo CLD, ya sea porque los estaban recibiendo

por los servicios sociales antes de la promulgación de la Ley, o porque estos servicios se

han financiado de forma privada.

Por otro lado, la puesta en práctica de la Ley ha sido bastante desigual entre

CCAA, no sólo por el volumen de financiación destinado finalmente a los CLD, sino

por el ritmo de implementación de las reformas, que parece haber sido mayor en las

CCAA de gobierno socialista, quienes en muchos de los casos incluyeron el desarrollo

del sistema de dependencia como la reforma estrella de su programa electoral (Costa-

Font, 2010).

La memoria económica de la Ley (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,

2005) determinaba la participación financiera de los beneficiarios de la misma en un

tercio del coste de las prestaciones: si bien, en los primeros años de puesta en

funcionamiento, diferentes estudios estimaron un copago notablemente inferior a dicha

cuantía. La situación de recesión económica, junto al objetivo prioritario de reducción

déficit público afectó a la Ley de Dependencia en una reforma legislativa estructural

modificando diversos aspectos de la misma: entre ellos, se redefinió el cálculo del

copago. El Real Decreto-Ley 20/2012 y la Resolución de 13 de julio de 2012 modifican

la contribución de los usuarios a la financiación de las prestaciones.

5

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la equidad en la distribución

del riesgo catastrófico del copago de dependencia en España tras su reforma estructural

en 2012.

2. Material y métodos.

Material

Se utilizó la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y situaciones

de Dependencia 2008 (EDAD08) (INE, 2015ª) confeccionada por el Instituto Nacional

de Estadística. Esta encuesta recoge información cuantitativa y cualitativa sobre las

personas con discapacidad en España entre octubre de 2007 y febrero de 2008 que

residían en sus hogares a través de la realización de tres cuestionarios completados

mediante entrevista personal (o entrevista telefónica en situaciones excepcionales): esto

es, un cuestionario de hogar, dos cuestionarios individuales (de discapacidades para

personas de 6 años o más y cuestionario de limitaciones para niños de 0 a 5 años), y por

último, un cuestionario para los cuidadores principales.

El diseño muestral contaba con una población total de 96.075 hogares

representativos de todo el territorio nacional, de la que se entrevistaron a 22.975 hogares

de manera completa. Se proveyó información socioeconómica y de salud de los

miembros del hogar, información referente a discapacidades, deficiencias y limitaciones

de la persona con discapacidad, información del cuidador informal y sus características

intrínsecas, así como información sobre las características de la vivienda de residencia.

Dicha encuesta permite conocer el perfil socioeconómico, demográfico y de salud de las

personas con discapacidad en España y las características de su entorno. Por último, esta

encuesta posee factores de elevación que permiten extrapolar los resultados obtenidos a

la población con discapacidad en España.

Se clasificaron los individuos de la muestra según los grados de dependencia

recogidos en la EDAD08, siguiendo el baremo de valoración de la situación de

dependencia (Real Decreto 570/2011). Cada tarea lleva un rango de peso asociado a las

personas dependientes en función de la edad, i.e., de 3-6 años, entre 7-10, de 11-17 y 18

años y más. Las personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual fueron

evaluados con pesos diferentes. La puntuación final se obtuvo como la suma del

producto del peso de la tarea realizada ponderado por la dificultad de realizarla,

multiplicado por el peso de la actividad que incluye la tarea y el peso del grado de

6

apoyo necesario, de manera similar a la metodología llevada a cabo por Vilaplana

(2010).

Métodos

Se utiliza la medida de catastrofismo definida por Wagstaff y Van Doorslaer

(2003). La tasa de catastrofismo (Hcat; headcount ratio) hace referencia al número de

hogares que dedica al copago de dependencia (copi) un porcentaje de su renta (xi)

superior al umbral catastrófico definido (zcat). De esta manera, se define la variable

dummy Ei que toma el valor 1 si (copi / xi) > zcat, 0 en caso contrario. De este modo, la

proporción de hogares en situación catastrófica o la incidencia catastrófica del copago

de dependencia se define como sigue:

𝐻𝑐𝑎𝑡 =1

𝑁∑𝐸𝑖 = 𝜇𝐸

𝑛

𝑖=1

[1]

Donde N es el tamaño muestral y µe la media de Ei. Por tanto, cuando el hogar

deba de realizar un desembolso por el copago de dependencia superior al umbral

establecido, dicho gasto adquiere el carácter de catastrófico. A continuación se define el

gap catastrófico (Oi; overshoot) como la distancia existente entre el gasto asociado al

copago de dependencia y el umbral normativo zcat, esto es, Ei*( (copi / xi) - zcat). La

media global que recoge la magnitud de la intensidad del gap de los pagos catastróficos

se define como Ocat (overshoot ratio).

𝑂𝑐𝑎𝑡 =1

𝑁∑𝑂𝑖 = 𝜇𝑂

𝑛

𝑖=1

[2]

Se propone una nueva medida complementando la anterior, en concreto, el gap o

exceso debido a desembolso de copago (OAcat), pero en euros, denominado gap

catastrófico absoluto del copago de dependencia. En este caso, la media global que

recoge la intensidad del pago catastrófico absoluto es denotada como OAi.

7

𝑂𝐴𝑐𝑎𝑡 =1

𝑁∑𝑂𝐴𝑖 = 𝜇𝑂𝐴

𝑛

𝑖=1

[3]

El gap global catastrófico absoluto del copago de dependencia (GAOcat) (en €)

se define como:

𝐺𝑂𝐴𝑐𝑎𝑡 =∑𝑂𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

[4]

Por tanto, mientras que Hcat recoge la proporción de hogares que sobrepasan los

umbrales normativos establecidos, Ocat y AOcat indican el montante medio sobrepasado

por los hogares sobre los umbrales establecidos (en porcentaje de exceso sobre el

umbral y en euros, respectivamente). Se incluyen los umbrales de pagos del 10%, 20%,

30%, 40% y 50%.

Para completar la medida de riesgo de catastrofismo, se estiman índices de

concentración (IC) para incidencia (ICinc) e intensidad (ICint), con el objetivo de estudiar

si el copago de dependencia está más concentrado en los individuos con menores rentas

(IC <0), con mayores rentas (IC>0), o existe una distribución equitativa en función de

la renta (IC tiende a 0). En concreto, se emplea la fórmula [5] (van Doorslaer y Jones,

2003):

𝐶𝑍𝑐𝑎𝑡 =2

𝜇𝐶𝑂𝑉(𝑦𝑖, 𝑤𝑖) [5]

Donde yi es el valor que toma la variable de incidencia / intensidad del copago;

µ es la media de dicha variable; wi es el rango fraccional relativo del individuo i en la

distribución de la variable renta, y COV es la covarianza entre las variables yi y wi,

ponderada según procedan los pesos poblacionales de los individuos que componen la

muestra.

Por último, a partir de los índices de concentración se estima la versión

ponderada de la tasa y de los gap (relativo y absoluto) de pagos catastróficos como

sigue:

8

𝐻𝑐𝑎𝑡𝑤 = 𝐻𝑐𝑎𝑡(1 − 𝐼𝐶𝑖𝑛𝑐) [6]

𝑂𝑐𝑎𝑡𝑤 = 𝑂𝑐𝑎𝑡(1 − 𝐼𝐶𝑖𝑛𝑡) [7]

𝑂𝐴𝑐𝑎𝑡𝑤 = 𝑂𝐴𝑐𝑎𝑡(1 − 𝐼𝐶𝑖𝑛𝑡) [8]

El significado de las medidas ponderadas recoge el efecto de concentración del

copago de dependencia: si éste se condensa en los hogares con rentas más bajas, los

índices estimados tendrán un signo negativo, y las nuevas medidas estimadas

incrementarán sus cuantías respecto a las medidas sin ponderar. Por el contrario, una

concentración en los hogares con ingresos más altos conlleva índices de concentración

positivos, y medidas ponderadas de catastrofismo más reducidas respecto a las iniciales

no ponderadas. En el caso de una distribución equitativa del copago de dependencia, los

índices tienden a valores cercanos a 0, y por tanto, las medidas ponderadas y sin

ponderar coinciden.

Se estiman índices de concentración globales y, dado el carácter desigual de la

puesta en funcionamiento del SAAD, tanto en cuantía de la financiación destinada a

CLD como en el ritmo de implementación de las reformas (Costa-Font, 2010) también

se calculan IC desagregados en función del color político que gobierna en la comunidad

y la renta per cápita de la misma. Para el color político, se utilizaron los gobiernos que

pusieron en funcionamiento la Ley de Dependencia durante el período 2007 – 2011,

diferenciando entre PSOE y PP2; respecto a la renta per cápita, se conforman dos

cluster: aquellas comunidades que están por encima de la renta per cápita media

nacional, y aquellas comunidades cuya renta per cápita está por debajo de la media

nacional.

El cálculo las cuantías del copago de dependencia se basa en el estudio previo de

Del Pozo et al. (2015). Es preciso señalar una modificación realizada sobre dicha

metodología en el presente trabajo: en concreto, el copago de la prestación económica

para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales se ha llevado

2 En el caso de Cataluña, existe un cambio de gobierno en 2010, pasando Convergencia y Unió a gobernar

el Parlament de Cataluña. Sin embargo, como desde 2006 a 2010 gobierna el PSOE en coalición con otros

partidos, y el presidente de la Generalitat es del PSOE, se le atribuye durante todo el periodo de análisis

que el gobierno pertenece al PSOE.

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a cabo según lo recogido en la Resolución 13 de julio de 2012, en lugar de aplicar el

método de sustitución3 llevado a cabo en aquél.

Por último, cabe señalar que el análisis sólo se centra en los niveles de

dependencia II y III debido a que en la legislación de 2012 se pospone la puesta efectiva

de la prestación correspondiente para estas personas hasta julio de 2015, por lo que

existe un importante número de personas reconocidas hasta ese momento con grado I de

dependencia, pero que no están recibiendo ninguna prestación.

Todos los costes fueron en euros corrientes de 2012. Para homogeneizar valores

de costes, los ingresos mensuales de las personas dependientes fueron actualizados al

año 2012 utilizando como factor de actualización el índice general de precios al

consumo (INE, 2015b).

3. Resultados

La tabla 1 recoge información sociodemográfica de la muestra objeto de estudio. Dos de

cada tres personas con dependencia son mujeres (67,18% y 68,08% para los grados II y

III, respectivamente). La edad media oscila entre los 72,95 años (DT: 18,70) del grado

II y los 75,52 (DT: 20,03) del grado III. La media de ingresos mensual se sitúa en

1.455,56 € (DT: 1.112,26) para grado II y 1.514,31 € (DT: 1.129,94) del grado III. El

estado civil viudo predomina en ambos grados (42,33% y 48,12%, respectivamente,

grados II y III), seguido del estado civil casado (39,68% y 33,42%). En todos los

grados, el estado civil menos presentado es el correspondiente a separado. Respecto al

nivel de estudios, en todos los grados sobresale la formación básica incompleta (60,27%

y 66,12%, grados II y III, respectivamente). Entre un 86,60% (grado II) y un 86,97%

(grado III) de las personas con dependencia manifiestan que su actividad económica se

corresponde con la percepción de una pensión (contributiva o de otro tipo).

Por último, dos de cada tres personas en media viven en una comunidad

gobernada por el PSOE (67,20% y 65,25%, grados II y III, respectivamente) durante la

puesta en funcionamiento de la Ley de Dependencia (2007 – 2011), e idéntica población

con dependencia vive en una comunidad cuya renta per cápita es inferior a la media

(68,09%).

3 El método de sustitución o proxy good method consiste en valorar las horas de cuidado informal

utilizando el coste de un servicio similar que se postula como un servicio de reemplazamiento cuasi

perfecto para realizar las actividades que debe de realizar el cuidado informal.

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Tabla 1. Análisis descriptivo de variables sociodemográficas según grado de

dependencia EDAD08.

Grado II Grado III

N (%) N (%)

Sexo

Hombre 134.776 (32,82%) 88.948 (31,92%)

Mujer 275.927 (67,18%) 189.754 (68,08%)

Edad (Media (DT) Mín - Máx) 72,95 (18,70) 6 - 104 75,52 (20,03) 6 - 102

Ingresos Mensuales (Media

(DT)) 1.455,56 (1.112,26) 1.514,31 (1.129,94)

Estado Civil

Soltero 66.100 (16,09%) 47.495 (17,04%)

Casado 162.967 (39,68%) 93.142 (33,42%)

Viudo 173.834 (42,33%) 134.110 (48,12%)

Separado 7.802 (1,90%) 3.955 (1,42%)

Nivel Estudios

Básicos Incompletos 247.144 (60,27%) 183.435 (66,12%)

Educación Básica 122.310 (29,83%) 76.746 (27,66%)

Educación Media 20.091 (4,90%) 8.930 (3,22%)

Educación Superior 20.547 (5,01%) 8.323 (3,00%)

Situación Laboral

Trabaja 5.578 (1,38%) 1.011 (0,37%)

Desempleo 3.387 (0,84%) 1.664 (0,61%)

Percibe pensión 350.786 (86,60%) 236.707 (86,97%)

Otro 45.326 (11,19%) 32.784 (12,05%)

Signo Político

PSOE 275.979 (67,20%) 181.855 (65,25%)

PP 134.724 (32,80%) 96.847 (34,75%)

Renta per cápita

Por debajo de la media 280.585 (68,32%) 189.758 (68,09%)

Por encima de la media 130.117 (31,68%) 88.944 (31,91%)

DT: Desviación Típica

En la tabla 2 se muestra información del copago de dependencia. La cuantía

media de copago mensual que debe de realizar una persona de grado II es de 222,35 €,

lo que supone un 42,75% del coste total de las prestaciones, y a la vez un 18,56% de los

ingresos del hogar: estas cuantías se elevan para el grado III hasta los 400,35 €

mensuales, que representan el 44,99% del coste de prestaciones y el 30,58% de los

ingresos del hogar. Según tipo de ideología, las comunidades con ideología más

conservadora presentan de media un mayor copago tanto en valor absoluto como en

porcentaje financiado del coste y de los ingresos del hogar. Idéntico comportamiento se

repite en las comunidades con mayor renta per cápita, con la única excepción del

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porcentaje que supone en términos de ingresos el copago para el grado II, siendo

superior en las comunidades con menor renta per cápita.

Tabla 2. Análisis descriptivo de cuantías de copago y relación con coste total del mismo

e ingresos del hogar. General y según ideología y renta per cápita.

Media (DT) % s/ Coste % s/Renta hogar

General

Grado II 222,35 (137,21) 42,75% (20,48%) 18,56% (11,46%)

Grado III 400,35 (210,96) 44,99% (19,68%) 30,58% (14,48%)

Signo Político

PSOE

Grado II 185,65 (109,02) 40,11% (19,44%) 15,27% (9,34%)

Grado III 352,34 (170,91) 42,94% (18,45%) 27,45% (14,15%)

PP

Grado II 296,58 (156,96) 48,09% (21,46%) 25,22% (12,41%)

Grado III 489,21 (246,26) 48,78% (21,28%) 36,37% (13,24%)

Renta per cápita

< PIB PC

Grado II 214,78 (147,25) 40,25% (20,63%) 19,30% (12,41%)

Grado III 362,25 (197,92) 42,49% (19,56%) 30,08% (14,71%)

> PIB PC

Grado II 239,74 (108,75) 48,50% (18,89%) 16,87% (8,66%)

Grado III 490,69 (213,41) 50,92% (18,67%) 31,76% (13,82%)

La tabla 3 recoge las principales medidas de catastrofismo para los grados II y

III de dependencia. Se observa, por ejemplo, para el umbral del 40%, que un 14,46% de

las personas con grado II y un 31,43% para el grado III dedican más de un 40% de sus

ingresos al copago de dependencia, en media, un 8,58% y un 10,54% más de ese 40%,

lo que se traduce en un exceso monetario de 61,28€ y 93,00€ sobre el 40%. La

aportación conjunta de todos los individuos con dependencia que excede el 40% de sus

ingresos es de 85,6 millones € anuales.

12

Tabla 3. Estadísticos de catastrofismo del copago de dependencia según grado de

dependencia y umbral utilizado.

GRADO II 10% 20% 30% 40% 50%

% hogares en situación de

catastrofismo (Hcat) 78,52% 42,49% 22,54% 14,46% 10,47%

Gap catastrofismo medio

mensual (%) (Ocat) 12,28% 10,51% 9,65% 8,58% 3,84%

Gap catastrofismo medio

mensual (Euros) (OAcat) 130,02 100,61 78,28 61,28 11,28

Gap catastrofismo global (M

euros anuales) (GOAcat) 447.369.360 167.562.600 53.394.696 17.397.600 984.660

Gap catastrofismo medio

mensual (%) (Hcatw) 84,93% 41,24% 18,80% 9,39% 3,09%

Gap catastrofismo medio

mensual (Euros) (Ocatw) 14,72% 13,60% 14,05% 13,29% 7,54%

Gap catastrofismo global (M

euros anuales) (OAcatw) 155,89 130,21 114,00 94,90 22,14

IC Incidencia (ICinc) -0,0817*** 0,0296** 0,1658*** 0,3508*** 0,7053***

IC Intensidad (ICint) -0,199*** -0,2942*** -0,4563*** -0,5486*** -0,9628***

GRADO III 10% 20% 30% 40% 50%

% hogares en situación de

catastrofismo (Hcat) 97,24% 77,32% 52,28% 31,43% 21,55%

Gap catastrofismo medio

mensual (%) (Ocat) 21,28% 15,88% 12,29% 10,54% 6,27%

Gap catastrofismo medio

mensual (Euros) (OAcat) 259,06 178,68 126,40 93,00 35,20

Gap catastrofismo global (M

euros anuales) (GOAcat) 760.214.040 405.288.840 180.851.280 68.223.528 14.184.192

Gap catastrofismo medio

mensual (%) (Hcatw) 98,53% 79,67% 51,98% 27,44% 16,51%

Gap catastrofismo medio

mensual (Euros) (Ocatw) 23,83% 18,50% 15,13% 14,46% 10,70%

Gap catastrofismo global (M

euros anuales) (OAcatw) 290,12 208,14 155,57 127,60 60,06

IC Incidencia (ICinc) -0,0132*** -0,0304*** 0,0058*** 0,1272*** 0,2339***

IC Intensidad (ICint) -0,1199*** -0,1649*** -0,2308*** -0,372*** -0,7062***

Respecto a los índices de concentración, se obtienen parámetros

estadísticamente significativos tanto en el análisis de la incidencia como de la

intensidad. En incidencia se observa una tendencia creciente positiva, con valores

negativos para el umbral del 10% para el grado II; y para el 10% y el 20% para el grado

III, a partir de los cuales se tornan positivos y continuamente ascendentes: ello sugiere

que son las personas de mayor renta las que soportan más el copago de dependencia (las

tasas de empobrecimiento se concentran en personas de renta alta). Similar

13

comportamiento pero con signo negativo se observa en la intensidad, con valores

negativos crecientes, llegando a alcanzar el máximo de desigualdad para el grado III:

ello pone de manifiesto que serían los hogares de renta baja quienes soportarían de

manera más acentuada en términos de cuantía el copago de dependencia, de manera más

enfatizada en el grado III.

Si se ponderan por el grado de incidencia e intensidad las magnitudes

descriptivas de catastrofismo, recogiendo así el impacto de la equidad, se observa que el

número ponderado de porcentaje de hogares que dedican más del 40% se reduciría hasta

el 9,39% y 27,44% para los grados II y III, respectivamente. Ello, en términos de

cuantía dedicada, supondría un incremento hasta el 13,29% y un 14,46% más del

umbral del 40%, grados II y III, respectivamente, lo que se traduce en un exceso

monetario de 94,90€ y 127,60€ sobre el 40% de los ingresos de los hogares.

Las tablas 4 y 5 recogen el resultado del análisis realizado para el cluster de

comunidades cuya renta per cápita se sitúa por debajo y por encima de la media,

respectivamente. Los descriptivos de catastrofismo muestran cuantías superiores para

las comunidades con mayor renta per cápita respecto a las de menor, tanto en los

descriptivos de catastrofismo ordinarios como en los ponderados por incidencia e

intensidad, excepto en la suma de los globales (justificado por la distribución de la

muestra). Los índices de concentración ofrecen una pauta conductual simétrica. En

términos de incidencia, en el grado II, los coeficientes dibujan un tendencia creciente,

con valores negativos en los primeros umbrales que tornan positivos, poniendo de

manifiesto que las personas con mayores rentas de las comunidades con mayor renta per

cápita soportarían con mayor fuerza el copago de dependencia, en término de porcentaje

de hogares. La pauta es distinta para el grado III, donde se repite comportamiento pero

de manera más suavizada, siendo los hogares con mayores rentas de las comunidades

con menor PIB per cápita quienes ligeramente asumirían mayores copagos de

dependencia. Tendencia opuesta manifiestan los parámetros de intensidad obtenidos en

ambos grados: los hogares con rentas más bajas de las comunidades con mayor renta

per cápita soportarían de manera más pronunciada el copago de dependencia, respecto a

las de menor renta per cápita, aunque con un comportamiento paralelo, evidenciándose

en suma un desigual reparto de la carga financiera del copago.

14

Tabla 4. Estadísticos de catastrofismo del copago de dependencia para comunidades de renta per cápita por debajo de la media, según grado de

dependencia.

GRADO II GRADO III

10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 50%

% hogares en situación de

catastrofismo (Hcat) 20,22% 42,81% 23,57% 14,98% 9,18% 96,44% 75,49% 51,69% 27,30% 17,58%

Gap catastrofismo medio

mensual (%) (Ocat) 12,92% 11,94% 10,79% 8,47% 4,11% 20,94% 15,61% 11,47% 11,26% 7,70%

Gap catastrofismo medio

mensual (Euros) (OAcat) 131,76 110,95 87,74 65,54 12,13 238,24 167,30 112,49 90,77 39,49

Gap catastrofismo global (M

euros anuales) (GOAcat) 323.412.120 134.242.440 49.323.480 17.064.780 940.152 487.857.000 262.789.200 115.736.328 42.972.216 9.954.108

Gap catastrofismo medio

mensual (%) (Hcatw) 21,42% 39,61% 20,08% 11,30% 2,94% 98,35% 76,20% 49,32% 23,17% 14,25%

Gap catastrofismo medio

mensual (Euros) (Ocatw) 14,31% 14,00% 14,03% 11,63% 7,79% 22,53% 17,11% 13,23% 14,95% 12,89%

Gap catastrofismo global (M

euros anuales) (OAcatw) 145,91 130,13 114,06 90,02 23,00 256,30 183,36 129,78 120,50 66,12

IC Incidencia (ICinc) -0,0591*** 0,0747*** 0,1479*** 0,2454*** 0,6797*** -0,0198*** -0,009 0,046*** 0,1513*** 0,1896***

IC Intensidad (ICint) -0,1074*** -0,1729*** -0,3***

-

0,3735***

-

0,8965*** -0,0758*** -0,096*** -0,1537***

-

0,3275***

-

0,6743***

15

Tabla 5. Estadísticos de catastrofismo del copago de dependencia para comunidades de renta per cápita por encima de la media, según grado de

dependencia.

GRADO II GRADO III

10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 50%

% hogares en situación de

catastrofismo (Hcat) 75,80% 41,82% 20,32% 13,34% 13,26% 98,96% 81,22% 53,54% 40,25% 98,96%

Gap catastrofismo medio

mensual (%) (Ocat) 10,70% 6,72% 4,29% 11,24% 1,70% 22,07% 16,50% 14,39% 9,25% 22,07%

Gap catastrofismo medio

mensual (Euros) (OAcat) 125,69 73,13 33,94 30,11 4,55 307,15 204,32 161,99 97,06 307,15

Gap catastrofismo global (M

euros anuales) (GOAcat) 123.957.240 33.320.136 4.071.216 332.820 44.508 272.357.160 142.499.760 65.114.940 25.251.312 272.357.160

Gap catastrofismo medio

mensual (%) (Hcatw) 85,08% 43,16% 13,86% 2,98% 2,82% 99,66% 87,93% 56,30% 39,11% 99,66%

Gap catastrofismo medio

mensual (Euros) (Ocatw) 14,96% 10,19% 7,56% 23,84% 3,60% 28,14% 23,04% 21,70% 14,77% 28,14%

Gap catastrofismo global (M

euros anuales) (OAcatw) 175,68 110,93 59,79 63,86 9,65 391,62 285,25 244,30 155,01 391,62

IC Incidencia (ICinc) -0,1224*** -0,0321*** 0,3179*** 0,7765*** 0,7874*** -0,0071** -0,0826*** -0,0516** 0,028 -0,0071**

IC Intensidad (ICint) -0,3977*** -0,5169***

-

0,7617*** -1,121***

-

1,1204*** -0,275*** -0,3961*** -0,5081***

-

0,5971*** -0,275***

16

Tabla 6. Estadísticos de catastrofismo del copago de dependencia para comunidades de ideología progresista (PSOE), según grado de

dependencia.

GRADO II GRADO III

10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 50%

% hogares en situación de

catastrofismo (Hcat) 73,11% 32,18% 15,40% 11,04% 9,96% 96,67% 69,96% 43,78% 23,50% 13,78%

Gap catastrofismo medio

mensual (%) (Ocat) 9,04% 7,48% 9,19% 10,44% 11,10% 18,19% 13,75% 10,68% 11,61% 21,11%

Gap catastrofismo medio

mensual (Euros) (OAcat) 95,33 71,42 62,89 34,74 29,66 212,67 142,16 92,19 72,38 79,11

Gap catastrofismo global (M

euros anuales) (GOAcat) 202.172.760 54.638.940 13.182.192 2.260.704 872.784 402.439.680 186.123.840 68.041.980 21.391.668 6.597.276

Gap catastrofismo medio

mensual (%) (Hcatw) 81,57% 28,26% 9,40% 4,03% 2,49% 98,11% 72,16% 42,67% 18,29% 7,19%

Gap catastrofismo medio

mensual (Euros) (Ocatw) 10,86% 9,88% 14,90% 19,99% 21,87% 21,12% 17,13% 14,81% 18,90% 39,87%

Gap catastrofismo global (M

euros anuales) (OAcatw) 114,56 94,29 101,94 66,52 58,44 246,97 177,13 127,82 117,81 149,42

IC Incidencia (ICinc) -0,1157*** 0,1217*** 0,3898*** 0,6348*** 0,7498*** -0,0149*** -0,0314*** 0,026 0,2217*** 0,478***

IC Intensidad (ICint) -0,2017*** -0,3202*** -0,621*** -0,9147*** -0,9702*** -0,1613*** -0,246*** -0,3865*** -0,6277*** -0,8887***

17

Tabla 7. Estadísticos de catastrofismo del copago de dependencia para comunidades de ideología conservadora (PP), según grado de

dependencia.

GRADO II GRADO III

10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 50%

% hogares en situación de

catastrofismo (Hcat) 89,59% 63,63% 37,16% 21,47% 11,51% 98,31% 91,15% 68,24% 46,33% 36,13%

Gap catastrofismo medio

mensual (%) (Ocat) 17,50% 13,08% 9,85% 8,03% 0,14% 26,90% 18,79% 14,00% 9,83% 2,39%

Gap catastrofismo medio

mensual (Euros) (OAcat) 185,73 125,41 85,11 69,17 1,93 343,28 228,55 162,84 106,91 23,75

Gap catastrofismo global (M

euros anuales) (GOAcat) 245.196.600 112.923.672 40.212.504 15.136.896 111.876 357.774.480 219.165.000 112.809.288 46.831.860 7.586.916

Gap catastrofismo medio

mensual (%) (Hcatw) 91,38% 67,79% 37,89% 20,71% 4,30% 99,32% 93,88% 70,19% 44,93% 34,50%

Gap catastrofismo medio

mensual (Euros) (Ocatw) 21,01% 16,86% 13,84% 11,54% 0,13% 28,97% 20,58% 15,63% 11,61% 2,93%

Gap catastrofismo global (M

euros anuales) (OAcatw) 222,99 161,62 119,61 99,40 1,81 369,64 250,33 181,76 126,31 29,15

IC Incidencia (ICinc) -0,01994*** -0,0654*** -0,020 0,035 0,6265*** -0,0102*** -0,03*** -0,0285* 0,030 0,045

IC Intensidad (ICint) -0,2006*** -0,2887*** -0,4053*** -0,4371*** 0,061 -0,0768*** -0,0953*** -0,1162*** -0,1815***

-

0,2273***

18

Por último, el análisis desagregado según ideología política de signo progresista

(PSOE) y conservador (PP) es recogido, respectivamente, en las tablas 6 y 7, En primer

lugar, los estadísticos descriptivos inherentes a catastrofismo evidencian cuantías

superiores en el cluster formado por comunidades de ideología conservadora frente a la

progresista, incluso en la magnitud global de cuantía, pese a que dos de cada tres

personas resida en una comunidad del PSOE. La información desprendida de los índices

de concentración estimados ofrecen de nuevo una guía de comportamiento simétrica.

Respecto a la incidencia, las comunidades con ideología conservadora obtienen

parámetros cercanos a cero hasta el umbral del 40% para el grado II y del 30% para el

grado III, con tendencia ascendente a partir de éstos; mientras que aquéllas de ideología

progresista inician antes el cambio a valores positivos, y con un ritmo exponencial de

crecimiento, arrojando que los hogares con mayores rentas de dichas comunidades

progresistas se ven compelidos a soportar la mayor carga del copago de dependencia en

términos de número de hogares. Comportamiento sustancialmente opuesto en términos

de intensidad, donde los resultados describen que son los hogares con menores rentas de

dichas comunidades quienes sustentarían una mayor carga financiera en término de

cuantía de recursos, en ambos grados II y III.

Es preciso señalar que se ha realizado el análisis desagregando por las variables

sexo (hombres vs. mujeres), edad (edad menor 50 años vs. edad superior 50 años) y

actividad económica (pensionista vs. no pensionista), no habiéndose observado

diferencias estadísticamente significativas a nivel conjunto y desagregado por grado de

dependencia.

4. Conclusiones

El presente trabajo analiza el impacto redistributivo en términos de catastrofismo

que supone el desembolso del copago de dependencia en España en las finanzas de las

familias que poseen personas dependientes a su cargo.

La situación de crisis vivida en España desde 2007 ha provocado que la Ley de

Dependencia haya sufrido un importante freno en sus expectativas de acceso a las

personas con dependencia (Consejo Económico y Social, 2015), en la reforma

estructural en el año 2012, cuyo objetivo esencial era reducir el presupuesto vinculado a

esta partida de gasto público. Ello se traduce, entre otros aspectos, en un incremento del

copago que deben de realizar las personas dependientes, y por tanto un mayor esfuerzo

financiero en el contexto actual para el acceso a los CLD.

19

Los resultados obtenidos muestran un efecto considerable de empobrecimiento

inherente a la regulación del copago asociado a las prestaciones de dependencia

realizado en España en 2012. En términos generales, son los hogares con mayores

recursos quienes soportan una mayor carga financiera del copago en términos de

incidencia, mientras que en términos de intensidad son, por el contrario, los hogares con

rentas más bajas quienes mayor esfuerzo financiero deben de realizar. Por tanto, se

observa en los grados II y III de dependencia que existe una evidente inequidad del

copago, siendo pro-rico el acceso y pro-pobre la financiación. Ello implica que el

copago de dependencia es relativamente progresivo, ya que empobrece más a los

individuos de renta alta. Sin embargo, los pocos individuos que se ven afectados por el

copago para CLD lo hacen de manera mucho más pronunciada.

Cuando las medidas se estiman para los cluster segmentados en función de la

renta per cápita y el color político, en ambos casos se repite el mismo patrón de

comportamiento: las comunidades con mayor renta per cápita y con gobiernos

socialistas presentan una inequidad en el acceso al copago pro-rica (es decir, incidencia

de empobrecimiento concentrada en individuos ricos), pero mayores niveles de

inequidad en cuantía de copago pro-pobres (es decir, que el efecto empobrecedor es

mucho más intenso en hogares de menor renta que hacen frente a un copago para CLD).

Ello puede explicarse porque son las CCAA de mayores recursos y las de corte

socialista las comunidades en las que prevalecen las prestaciones de servicios sobre las

económicas que por su propia naturaleza presentan copagos mucho más elevados que

presentan una mayor intensidad en cuanto al efecto empobrecedor del copago (Del Pozo

y Escribano, 2013).

En términos generales, los resultados de este trabajo están estrechamente

relacionados con los hallazgos de investigaciones previas que muestran que los

beneficiarios de los servicios de cuidados de larga duración (grandes dependientes)

parecen mostrar inequidad pro-ricos en términos de uso y de necesidades insatisfechas

de servicios formales. Por otro lado, el uso intensivo del cuidado informal parece estar

concentrado de manera desproporcionada en las personas con peor situación de salud,

actuando las familias como redes de seguridad (García-Gómez et al., 2012).

Es interesante destacar que no se han obtenido diferencias estadísticamente

significativas en términos de acceso y cuantía de copago en función del sexo, la edad o

la situación económica de la persona dependiente.

20

Establecer medidas reglamentarias complementarias a la legislación del copago

con el objetivo de garantizar igualdad de acceso a igual necesidad para este colectivo

vulnerable se convierte en imperiosa necesidad, especialmente en las comunidades

cuyos servicios para CLD están más desarrollados y por ello presentan mayor inequidad

en el riesgo catastrófico y el nivel empobrecedor asociado al copago de CLD. A priori el

acceso está garantizado en todos los beneficiarios de Ley: limitado sin embargo por la

realidad de las listas de espera, el denominado limbo de la dependencia. Existen tiempos

de espera superiores a los dos años, e incluso, personas que fallecen siendo reconocidas

como dependientes pero sin puesta efectiva de prestación.

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22

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