Marcela Soto García-Código: 250911315

PERSONA QUE TRABAJA CON POBLACIÓN DESPLAZADA

-Descripción del trabajo que realiza y aportes de este trabajo para su crecimiento personal y profesionalSobre la descripción del trabajo que realizo, se puede decir que básicamente su objetivo es la orientación a la población víctima del conflicto armado en Colombia, incluida la población desplazada; el canal por el cual se ha realizado esta orientación es de manera telefónica y vía chat, por medio de estos dos canales se brinda información sobre ayuda humanitaria para población desplazada (toma de solicitud de ayuda humanitaria, información de turnos de ayuda humanitaria, asignación de giros ayuda humanitaria), ofertas institucionales a las cuales esta población puede acceder por ser reconocida como víctima y orientación necesaria para iniciar el proceso de reparación con la Unidad de victimas. En todo este proceso se tiene la oportunidad profesional y personal de conocer de una forma más cercana el conflicto que vive nuestro país, ya que al tener la oportunidad de establecer un diálogo con seres humanos que han tenido esta desagradable experiencia, se puede ampliar la perspectiva del conflicto y la información sobre la manera en que este impacta a niveles tanto políticos, culturales y sociales como económicos, además de adentrarse en los procesos que representan un cambio de percepción para la víctima o víctimas en su diario vivir y en la visión que tienen de su futuro.

-Retos, ventajas y dificultades del trabajo que realizaEntre las ventajas del trabajo, yo creo que la más importante, es la oportunidad de aprender sobre las historias de vida de las personas que han sido víctimas, ya que tanto a manera personal como profesional es muy enriquecedor tener una comunicación profunda y abierta sobre cómo enfrentar el conflicto, situación que permite adquirir una habilidades comunicativas para escuchar, analizar y plantear posibles resoluciones.Ahora, me siento en un camino de aprendizaje como profesional y como ser humano, porque estos procesos requieren enfrentarse también a las concepciones que uno mismo tiene sobre el mundo, sobre la vida, y genera la búsqueda de un equilibrio tanto a nivel personal como profesional.

-La percepción que esta persona tiene del desplazamiento forzado con base en su experiencia.Creo que he podido profundizar más en el tema, conociendo las diferentes ópticas de esta situación, la visión que tienen tanto la víctima como las personas que la acompañan dentro de este proceso de reparación y quiénes hacen parte de las comunidades receptoras de los desplazados, como único vínculo cercano con el conflicto; pues cada uno de estos actores puede describir de una manera muy diferente el conflicto, además este contacto más directo con los testimonios de estos individuos me ha permitido convencerme de que no es posible generalizar ya que cada caso es tan particular que es complejo hacerlo, debido a que las diversas situaciones a las que se enfrentan, pueden abordarse desde perspectivas políticas, de la mera

intervención o de las situaciones y entornos particulares a los que se enfrentan cada víctima.

-Conocimiento o desconocimiento sobre la ley de víctimas y percepción de esta.En la mecánica de mi oficio y el área en que me desempeño, si se hace necesario tener el conocimiento sobre la ley de víctimas, ya que es parte de la orientación que se brinda en mi trabajo y es parte de este proceso que las victimas inician para su reparación. Se dan muchos casos donde ellos no tienen conocimiento de los beneficios a los que pueden acceder y considero que tienen el derecho de conocer esta información.Por otro lado, creo que se debe trabajar tanto como con las personas del común como con las víctimas, pues los procesos de resocialización exigen un trabajo en conjunto, porque considero que todos deben aportar para que el proceso sea mucho más certero y efectivo en lo que se refiere a las concepciones sociales y culturales del conflicto y sus consecuencias en la población.

La persona que me concedió la entrevista, trabaja con la unidad para la atención y reparación a las víctimas, con sede en Bogotá y el nombre prefiere mantenerlo en privado, la razón, son las políticas de confidencialidad sobre la información que se maneja sobre el tema.

CONCLUSIONES

-Según la persona entrevistada, es importante el cultivo de las habilidades comunicativas con la población en estado de vulnerabilidad, pero a su vez esta interacción constante provoca en muchos casos sentimientos de impotencia, rabia y cansancio, que en ocasiones producen no solo la victimización social de esta población, sino la estigmatización y dispersión entre ellos mismos, dentro de su colectivo, debido a esto la situación se torna compleja ante la neutralidad que se debe manejar como parte del reto de plantear soluciones objetivas, cuya posibilidad de implementación sea exitosa.

-En lo que se refiere a los programas de restitución y atención a las víctimas , es notable el disgusto y la inconformidad de la población desplazada, pues consideran que la oportunidad brindada por el gobierno para la socialización de experiencias no son suficientes dentro de los procesos de restitución, resocialización y reconfiguración de los entornos sociales abandonados, pues la atención como ya se ha dicho y como proponen además los protocolos internacionales, debe ser mas integral y cubrir áreas que van desde la garantía de los derechos de acceso a los bienes básicos, hasta programas en el área psicosocial, especializados en la atención de necesidades específicas. Por ahora y según la experiencia de muchas personas que trabajan con esta población, la atención y los pocos beneficios a los que pueden acceder han creado un estado parasitario de muchos de estos individuos que se conforman con soluciones temporales y que contrario a la inconformidad expresada por los miembros más activos que luchan por la visibilización de sus derechos, no

muestran deseos de reorganizar los colectivos sociales en contextos de post-conflicto en un área geográfica determinada.

-Las políticas públicas creadas para la prevención y atención del fenómeno del desplazamiento, requieren mayor claridad y conocimiento de las necesidades de preservación cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes, considerando su organización social particular, el entorno como territorio ancestral y los recursos presentes en estas áreas, pues como se sabe la implementación de megaproyectos ha puesto en peligro la supervivencia cultural sin que el gobierno se pronuncie al respecto, pues no parece reconocer oficialmente que debe incluirse una tercera categoría dentro de los principales actores del desplazamiento, a saberse las multinacionales explotadoras de recursos.

-El desafío de las autoridades gubernamentales es identificar las necesidades específicas de la población desplazada y en riesgo de este fenómeno, en función de los contextos y sociedades de donde provienen y a las que deben adaptarse. Esta especificidad es requerida, pues se ha demostrado en la realidad práctica que las generalidades a partir de las cuáles se juzga y agrupa a los desplazados, originan la falta de cobertura de las políticas públicas y este desconocimiento a su vez, puede originar la perpetuación del fenómeno a corto plazo. Queda por decir entonces que la efectiva atención al desplazado se da en la medida en que los estudios previos para delimitar sus derechos y vulnerabilidades sean lo suficiente rigurosos.

-Si se quiere lograr un cambio efectivo en las políticas públicas, será necesario que los planes de prevención no estén primordialmente orientados a contrarrestar la actuación de las organizaciones armadas, sino que además se concentre primordialmente en identificar y prevenir las causas del desplazamiento. Sumado a esto, considero que la oferta de vivienda, educación y salud deben mejorar si se quiere lograr procesos de readaptación y fortalecimiento socioeconómico exitosos que permitan la capacitación de individuos constructores de sociedad.

a. ¿Cuáles son los principales derechos de la población desplazada que deben garantizar las políticas de atención?Cuando surge el esquema institucional para la atención del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, este se encontraba a su vez apoyado en el Sistema Nacional de Atención de Desastres y la coordinación del programa de Atención a la Población Desplazada. Este primer momento, de surgimiento de los grupos de apoyo al desplazado, la atención, más que humanitaria se enfocaba en la atención de emergencias; por eso en 1997, surge la propuesta de modificar la estructura institucional existente, pues se consideraba que carecía de medios para responder efectivamente al problema del desplazamiento que recrudecía con la violencia en aumento desde 1995. Debido a la identificación previa del problema, el gobierno decidió expandir su poder e hizo atención a estos requerimientos, adoptando medidas para la prevención del fenómeno del desplazamiento forzados, tales como la atención,

la protección, la consolidación, y la estabilización socioeconómica de los desplazados.Con la implementación de la ley 387 de 1997, Colombia se posiciona como Pionera en la implementación de leyes que cubrieran la problemática generada a raíz del desplazamiento, pues no solo estaban orientadas al cubrimiento e identificación de las necesidades básicas, la protección y asistencia en el proceso de asimilación, readaptación y posible retorno de las personas afectadas por la violencia en Colombia; sino que además con estas reformas, se buscaba la implementación de una política pública más orientada a la atención humanitaria.Dicha ley, apuntaba, bajo ciertos parámetros a la identificación y caracterización de la población desplazada, a partir de lo establecido en protocolos internacionales, y establecía la necesidad de una mayor participación por parte del estado en los procesos de creación de políticas públicas, orientadas a la atención especial del desplazado, a su protección y a la vigilancia de los procesos de estabilización socioeconómica de esta población.Desde el enfoque concerniente a la garantía de derechos y atención humanitaria, esta preocupación por la creación de una efectiva política pública, tiene su base en que estas deben ser entendidas como instrumentos para la realización o consolidación de los derechos de la población desplazada, que constituyen una de las principales tareas del estado dentro de estas políticas, que ponen de manifiesto la necesidad de otorgarle a este una serie de obligaciones adicionales dentro de la atención y prevención del fenómeno. A lo largo del proceso de fortalecimiento de estas políticas, los programas estatales han buscado propiciar condiciones aptas para la implementación y consolidación de soluciones duraderas, que muestren resultados positivos para la superación del incipiente crecimiento del fenómeno del desplazamiento. Para lograr esta articulación, se busca integrar diversas fases de atención con la participación activa de la población desplazada dentro de los programas existentes de servicios sociales propuestos por el estado para mitigar los efectos de este flagelo. Sin embargo, gran parte de estos esfuerzos se han centrado en el reconocimiento y caracterización de la población en vulnerabilidad por desplazamiento, más que de las soluciones reales y eficientes.En un tercer momento, en 1999 Conpes propone un plan de acción para mejorar los mecanismos e instrumentos de atención a la población desplazada igualmente propone reorganizar y replantear los marcos constitucionales y fortalecer los sistemas de información. Con estas propuestas se pretendía fortalecer los esquemas institucionales para incentivar la participación activa de las poblaciones en los procesos de reorganización de las estructuras quebrantadas y procesos sociales interrumpidos por las dinámicas de la guerra.Esta vez, el plan se diseña alrededor de la atención preferencial para niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados y grupos étnicos, y buscaba suplir las etapas de prevención, atención humanitaria específica, retorno, reubicación, protección y estabilización socioeconómica.La atención a la población desplazada, debe garantizar la protección de los derechos, en situaciones de emergencia y vulnerabilidad. Cabe aclarar, que los desplazados continúan siendo parte del mismo sistema democrático que los demás civiles y por lo tanto se encuentran en un sistema en el que gozan de

los mismos derechos y deberes; sin embargo esta población requiere un tratamiento y garantías especiales para su desarrollo social como colectivo, así pues son sujetos de los siguientes derechos con prioridad:No discriminación: Este derecho, se refiere a la necesidad del trato igualitario con la población desplazada, para procurar el éxito de los procesos de reinserción.Derecho a la paz o la no violencia: Las políticas públicas de atención, deben garantizar la seguridad de las minorías en condición de vulnerabilidad, además de procurarle condiciones dignas de vida que permitan la convivencia y la justicia social.Participación ciudadana y participación política : Se deben garantizar y procurar espacios para la participación ciudadana de la población desplazada en procesos de concertación, definición y planeación de acciones que los involucren, de igual manera sus propuestas deben ser tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones, todo esto buscando el fortalecimiento de las organizaciones para la defensa de sus intereses colectivos. Por otro lado, los desplazados están en pleno derecho de ocupar cargos públicos y constituir partidos políticos que representen su situación y necesidades, en expresión al derecho de elegir y ser elegido.Familia: Después de los actos de violencia que desembocan en el abandono forzado de la tierra, la unidad fundamental que subsiste como apoyo es la familia, por lo que a este núcleo fundamental, el gobierno debe garantizarle protección, derecho a la intimidad y al conocimiento del paradero de familiares desaparecidos o muertos , además de procurar protección y atención especial, el respeto y la dignidad de sus miembros.Salud: La atención hospitalaria en caso del desplazamiento, debe ser prioritaria, pues es alto el nivel de vulnerabilidad de los derechos de los miembros de estas comunidades. De igual manera en las entidades prestadoras de estos servicios, se deben atender los casos que atentan contra la salud e integridad de los individuos independientemente de si estos cuentan o no con el respaldo de una entidad promotora de salud. La atención de la población desplazada, en esta área es responsabilidad del ministerio de la protección social y las secretarías de salud departamentales y municipales en acuerdos con la red de solidaridad social.Educación: Las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales, deben ofrecer propuestas integrales para la prestación de los servicios educativos referentes a la fase preescolar, básica primaria y secundaria, mientras se llevan a cabo los procesos de resocialización y estabilización económica de la población desplazada. Sumado a esto, los ministerios de educación deben comprometerse a la implementación de programas alternativos para el fortalecimiento de los procesos académicos de la población especial.Vivienda: A la población desplazada, deben garantizársele el derecho al alojamiento temporal en condiciones dignas durante los procesos de reinserción a los municipios y sociedades receptoras, dichas garantías para la permanencia en un lugar con las condiciones básicas, atienden a la estructuración de las políticas públicas en el área de atención y prevención de emergencias. Posteriormente, en los procesos de reubicación el gobierno debe ofrecer soluciones para la adquisición o arriendo de viviendas.

Nutrición y seguridad alimentaria: En el restablecimiento de los procesos de organización social y familiar de los desplazados, el estado debe apoyar los proyectos de seguridad alimentaria, como apoyo nutricional por medio de complementos alimentarios a las personas con nutrición vulnerable; las garantías en el cumplimiento de este aspecto de las políticas de atención humanitaria, corresponde a la entidad Acción Social.Protección jurídica: Los desplazados, tienen derecho a la personalidad jurídica y para quiénes la situación de desarraigo ha interferido en la definición de su situación militar, se les debe respetar su condición y asistir a cualquier distrito militar para el reconocimiento de su estado especial que lo deja excluido de la población de remisos. Por otro lado, el abandono de los bienes muebles en los procesos de desplazamiento, no interrumpe la condición jurídica de posesor o titular de un predio, y del mismo modo, las entidades públicas y jurídicas deben estar al tanto de los cambios de domicilio de estos individuos, a fin de que se puedan concluir efectivamente los procesos públicos o privados de los que son participes.Tierras y propiedad: Los bienes patrimoniales desalojados, deberán hacer parte de los conteos oficiales de las entidades encargadas de realizar los informes sobre los predios en caso de desalojos masivos o individuales, con el fin de garantizar la protección de estos como parte activa dentro de los procesos de restitución de tierras. Además a la población desplazada debe procurársele el derecho al acceso y a la tenencia de tierras.

b. ¿Cuáles son los principales obstáculos para que la política de atención se ejecute de manera eficaz, eficiente y oportuna? ¿Qué opinión tiene sobre la actual Ley de Víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011)?Como se sabe, uno de los principales retos y objetivos del gobierno ha sido el fortalecimiento y la implementación exitosa y justa de políticas públicas efectivas para la atención y prevención del desplazamiento, pero a pesar de la disposición con la que parece contar el gobierno, la política ha sido criticada y tiene múltiples detractores que contrastan la propuesta con los resultados, para concluir que es ineficiente y que tiene no solo múltiples vacíos jurídicos sino también económicos. Muestra de la inconformidad y la ineficacia de la política es el aumento de denuncias y tutelas contra el estado.Sin embargo, las propuestas de las políticas públicas son complejas, para que un estado impune e ineficiente como el Colombiano pueda atender a la articulación de propuestas interinstitucionales orientadas a dar respuesta a los problemas inmediatos y a largo plazo a los que se enfrenta con el desplazamiento, de modo que se muestra incapaz de brindar respuestas adecuadas integrales y eficaces.Las principales críticas que se erigen contra las políticas gubernamentales atacan la deficiente cobertura en la atención humanitaria de emergencias, la inexistencia de una línea de estabilización e integración social y política, sin contar con que los planes para prevenir el desplazamiento son casi inexistentes, pues no hay propuestas realmente efectivas para neutralizar las propias causas de este flagelo, ya que en cuanto a la formulación de estos proyectos, el grado de gobernabilidad de la política en materia de prevención es casi nulo y se encuentra condicionado a la voluntad y a los métodos de

combate propios de los actores armados. Ante todas estas críticas, lo que resulta evidente es que el escenario de formulación de estas políticas no es el más favorable y esto explica inmediatamente los múltiples vacíos y dudas a los que se ve enfrentado.Los avances de la política se dan sin embargo, en el tema de descentralización de los procesos de atención, pues a través de los años se han creado comités departamentales y municipales, que prometen una atención más inmediata de la problemática social a la que se enfrentan con los éxodos poblacionales. Sin embargo, la multiplicación de estas entidades, las ha convertido en similares a mesas permanentes de trabajo para la información y socialización de experiencias, sin ninguna capacidad efectiva de plantear soluciones y tomar decisiones; esta incapacidad e impotencia, radica entre otras cosas en que las capacidades para atender emergencias no han mejorado y la atención a los desplazados no se da de manera generalizada y equitativa, pues en gran medida depende de las disposiciones presupuestales que se agotan en largas listas de espera, lo que evidencia el déficit de presupuestos e interés del estado para atender la población vulnerable, de modo que el incremento del fenómeno de desplazamiento es directamente proporcional a la escasa cobertura geográfica de las políticas gubernamentales de prevención. Así pues, los grados de riesgo de desplazamiento a los que se enfrenta la población atienden también a factores que no son considerados dentro de las políticas de prevención del desplazamiento e incluso atienden a las dinámicas del mercado y al crecimiento y expansión de las actividades ilícitas, de modo que la falta de especificidad de los factores de incidencia del desplazamiento produce que a esta población de necesidades especiales se le termine incorporando en los planes y proyectos orientados a la comunidad civil común cuyo punto de unión es la pobreza y el olvido del estado. Esta falta de criterios sólidos y específicos para evaluar la población y el fenómeno que engendra individuos vulnerables, es entonces la causante de la falta de respuesta del gobierno, pues no resulta deseable para muchos aplicar criterios de exclusión a la población desplazada. Por otra parte, la corte constitucional y la defensoría del pueblo, cuestionan mayormente la atención de la emergencia humanitaria que surge a causa del desplazamiento forzado y la ineficacia y escasa cobertura de las políticas de atención.Desde la posesión del gobierno de Uribe en el 2002, las políticas de atención al desplazamiento se inscribieron en las lógicas de las políticas de Defensa y Seguridad democrática, situación que dejó nefastos resultados en lo que se refiere a violación de derechos e impunidad, por lo que con seguridad se puede decir que en lo que se refiere al tema del desplazamiento, el gobierno Colombiano no ha cumplido con las recomendaciones nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Desde el año 2002 y hasta el actual gobierno, las preguntas aumentan en lo que se refiere a los vacíos legales para atender el tema de la impunidad y los procesos legales por el delito de desplazamiento forzado y a consecuencia de este, la expropiación y el abandono involuntario de los terrenos, ámbitos en los cuáles el gobierno ha mostrado interés para su fortalecimiento.

La ley de Víctimas y Restitución de tierras busca articular una propuesta donde se consideren las diversas garantías necesarias para las personas desplazadas; esta ley pretende atender muchos problemas de diversa índole, lo que la convierte en un proyecto ambicioso, aunque su capacidad de acción ha sido limitada, ineficaz y ha sido el blanco de múltiples críticas. A grandes rasgos, la ley cuenta con una parte dedicada a la participación de las víctimas en procesos penales, una serie de medidas que buscan garantizar la protección e integridad de esta población y la identificación de las medidas aptas para la atención de necesidades específicas.Entre los aciertos que pueden atribuírsele a la ley, se encuentra el intento de concertación y reconstrucción de memoria histórica, dicho acto, exige que además se incluya dentro de la población especial a las víctimas de las fuerzas armadas, lo que demuestra el un replanteamiento en las concepciones de la victimización a partir del hecho que genera el desplazamiento y no del actor que lo origina. Como ya se dijo, Colombia en un primer momento fue pionero dentro de la creación de leyes para la atención al desplazado y se ha esforzado por cumplir con los parámetros de las entidades y organizaciones internacionales, incluso a pesar de que estos intentos muchas veces desembocan en el fracaso que se evidencia en la escasa cobertura de esta ley de restitución. Por otro lado, también se debe mencionar como logro, la descentralización de la atención de este flagelo, el proyecto es ampliar la cobertura de la oferta institucional, pero si se quiere efectividad en los procesos de vinculación de la población desplazada con los agentes del gobierno, es necesario que se le brinde a estos comités departamentales o municipales una autonomía que les permita tomar decisiones propias entorno a su situación puntual.Las principales debilidades de la implementación de la ley, se originan en el hecho de que la relación y el compromiso del estado con la población desplazada es problemática, pues por parte de este es evidente un ausentismo dentro de los procesos de concertación, muestra de esto es la creación de múltiples oficinas y programas con personería jurídica independiente que nacen como mediadoras del estado o bien para justificar su ausencia. La desvinculación del estado dentro de estos procesos, los múltiples vacíos y falta de resultados efectivos, nos lleva a preguntarnos si ante todo no es necesario un esclarecimiento histórico anterior a la reparación, que devele las verdades extrajudiciales como un ejercicio de memoria colectiva, pues en este sentido, se supone que lo primordial para atender a las víctimas es el reconocimiento de la verdad, la socialización de sus testimonios y en últimas que el estado acepte contribuir en el esclarecimiento de los crímenes perpetrados por sus fuerzas armadas, como medio para lograr una “paz simbólica”Otro de los puntos más criticados de la ley, es que no hay claridad suficiente sobre los procesos jurídicos entorno a los sucesos del desplazamiento y la impunidad reinante ante las graves atrocidades que han quedado documentadas en múltiples informes y declaraciones de los mismos actores armados que denotan la crueldad de sus procedimientos, de modo que las medidas de reparación concernientes a los marcos jurídicos no son efectivas pues su contenido es casi vacío. Cabe también destacar las quejas y el malestar generado en torno a estas organizaciones, pues se les acusa de agotar sus presupuestos en largas filas de espera, excesivos requisitos, trámites y procedimientos que apuntan a la tipificación y reconocimiento del

perfil del individuo desplazado, lo que hace que la ley sea ineficaz dentro de los límites de tiempo establecidos.Si bien, cabe reconocer que la implementación efectiva de una política pública para un fenómeno tan fluctuante como el desplazamiento y la guerra, requiere de mucho tiempo para ajustar sus planes de implementación, debe también decirse que en términos concretos en la realidad de las víctimas no ha cambiado nada y que la implementación de la ley como ya se dijo, debido a la multiplicación de trámites ha sido lenta y con resultados precarios. Otro punto en contra del proceso de reconocimiento de los derechos de los desplazados, es el desconocimiento de la ley de víctimas y restitución por parte de estos, sobre todo en las regiones donde la influencia del estado es casi nula y el orden es impuesto por la delincuencia y los grupos armados al margen de la ley; lo que pienso que es más adecuado para superar estas dificultades es en primer lugar replantear la ley y fortalecer los procesos más viables, destinar mayor presupuesto a esta reparación y procurar identificar, delimitar y tipificar las causas del desplazamiento y atacarlas o neutralizarlas directamente. De igual manera, los líderes de estas comunidades deberían someterse a capacitaciones que procuren la difusión de la ley, haciéndola más accesible para sus coterráneos, pues estos intermediarios evitan los malos entendidos originados en el lenguaje jurídico y permiten una comprensión más general y sencilla sobre sus derechos; estos líderes deben también explicar las funciones de las instituciones y sus programas orientados a la atención de diversos aspectos y necesidades específicas, las rutas de acceso a las ayudas y las funciones y autonomía que tienen como comunidades sociales independientes.En términos prácticos y alejándose un poco de las críticas que pueden apuntarse al marco jurídico sobre el que se construyen estas políticas públicas, otro de los problemas es la incertidumbre que trajo a los desplazados el replanteamiento y cambio de las instituciones para la atención del desplazamiento, y al tiempo en que las instituciones mutaron en organizaciones independientes, como ya se dijo mediadoras en el ausentismo del gobierno, la atención psicosocial ha sido deficiente, pues es generalizada y no toma en cuenta la diversidad de contextos y factores sociales en los que se produce el desplazamiento. Por último, las ofertas de vivienda son precarias, la salud y la educación no cuentan con los medios necesarios para el cubrimiento geográfico de áreas rurales alejadas y sumado a esto, los procesos de resocialización deben también vincular a la población civil receptora, de modo que puedan tener una comprensión más global del desplazamiento, de los retos y problemas a los que esta población se enfrenta en un nuevo lugar, todo esto apuntando al esclarecimiento de la verdad en términos extrajudiciales y a fortalecer los vínculos de las víctimas con la sociedad civil, a través del esfuerzo conjunto que se requiere para la reconstrucción de memoria histórica.