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BLOQUE V. CATASTRO

T E M A Infracciones y sanciones catastrales. Infracciones tributarias simples.

12 Régimen sancionador. Criterios de graduación.

Objetivos:

Conocer los siguientes aspectos de las infracciones catastrales: Origen de la tipificación: tipificación de las infracciones en la antigua Ley General Tributaria; relación con la tipificación en la vigente Ley General Tributaria. Infracciones tributarias simples: hechos o conductas que las constituyen; circunstancias en que se producen. Régimen sancionador: regulación en la Ley del Catastro y en la Ley General Tributaria. Criterios de graduación de las sanciones: cuáles son y circunstancias aplicables a cada criterio; criterios aplicables a cada infracción y sanciones correspondientes; forma de aplicación general de los criterios y excepciones; criterio común con los establecidos por la Ley General Tributaria.

1. Infracciones y sanciones catastrales.

Las infracciones y sanciones catastrales están reguladas en el Título VIII del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y en el Título VI del Real Decreto 417/2006 por el que se desarrolla dicho Texto Refundido.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario establece un régimen propio de infracciones tributarias aplicable a la Inspección catastral, basado en el régimen regulado por la antigua Ley 230/1963 General Tributaria, que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2004. Dicha Ley General Tributaria tipificó las infracciones tributarias en dos clases: simples y graves.

En su artículo 78 establecía el concepto de infracción simple y enumeraba la relación de conductas que constituían infracciones simples. El concepto de infracción simple era el de incumplimiento o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por

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razón de la gestión de los tributos, cuando no constituyan infracciones graves y no operen como elemento de graduación de la sanción.

En su artículo 79 no establecía el concepto de infracción grave sino que sólo enumeraba la relación de conductas que constituían infracciones graves, que eran las que pretendían de alguna manera o eludir el pago de la deuda tributaria o disminuirla, o la determinación de la liquidación que le correspondiese.

El Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario tipifica como infracciones tributarias simples las que cometan los obligados tributarios por incumplimiento de sus obligaciones ante el Catastro Inmobiliario, ya que los procedimientos por los que se da cumplimiento a dichas obligaciones tienen naturaleza tributaria, según establece el propio Texto Refundido.

La vigente Ley 58/2003 General Tributaria, en su artículo 183, establece una nueva clasificación de las infracciones tributarias distinguiéndolas en leves, graves y muy graves, pero tampoco establece el concepto de cada clase sino que, en los artículos 191 a 206 describe cada una de las infracciones señalando de qué clase es.

Sin embargo, esta Ley, en su disposición adicional decimoquinta, que se refiere a las normas relativas al Catastro Inmobiliario, establece que las infracciones y sanciones en materia catastral se regirán por su normativa específica, por lo que el régimen de infracciones tributarias establecido por el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario no se encuentra en contradicción con el de la vigente Ley General Tributaria.

Del mismo modo que el Texto Refundido establece un régimen propio de infracciones tributarias en el ámbito del Catastro, establece también un régimen propio de sanciones tributarias.


2. Infracciones tributarias simples.

El artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario determina los hechos o conductas que constituyen infracción tributaria simple, siempre que no operen como elemento de graduación de la sanción, y los artículos 86 a 92 del Real Decreto 417/2006, especifica cuándo se entienden cometidas algunas de las infracciones.

Según dicho artículo 70, constituyen infracción tributaria simple los siguientes hechos o conductas, siempre que no operen como elemento de graduación de la sanción:

Artículo 70.a) del TRLCI

“La falta de presentación de las declaraciones, no efectuarlas en plazo y la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas. Si fueran varios los obligados a presentar una declaración, cumplida la obligación por uno de ellos, se entenderá cumplida por todos.”

Sobre la falta de presentación de declaraciones, el artículo 86 del R.D. 417/2006 especifica:

“Se entenderá cometida esta infracción cuando el obligado tributario no presente la declaración catastral en el plazo establecido en el artículo 28, o bien la presente una vez comunicada la iniciación del correspondiente procedimiento inspector, sin perjuicio de lo que establece el artículo 87 sobre la presentación de declaraciones fuera de plazo.”

El plazo de presentación de las declaraciones que establece el artículo 28 es de dos meses contados desde el día siguiente al del hecho, acto o negocio objeto de la declaración, a cuyo efecto se atenderá a la fecha de terminación de las obras, a la del otorgamiento de la autorización administrativa de la modificación de uso o destino y a la fecha de la escritura pública o, en su caso, documento en que se formalice la modificación de que se trate.

Sobre la presentación de declaraciones fuera de plazo, el artículo 87 del R.D. 417/2006 especifica:


“Se entenderá cometida esta infracción cuando los obligados tributarios presenten extemporáneamente las declaraciones catastrales, ya sea de forma voluntaria o previo requerimiento, y siempre que no se hubiese producido la comunicación del inicio del correspondiente procedimiento inspector, en cuyo caso la infracción se calificará y sancionará conforme a lo establecido en el artículo anterior.”

Es decir, cuando se presenta la declaración fuera de plazo pero ya se ha producido la comunicación del inicio del correspondiente procedimiento inspector, la infracción se califica como falta de presentación de declaración.

Sobre la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, el artículo 88 del R.D. 417/2006 especifica:

“Se entenderá cometida esta infracción cuando la declaración presentada contenga datos o se acompañe de documentos falsos o falseados, se omitan datos o documentos que preceptivamente deban incluirse en la misma o se hayan consignado datos que no se correspondan con la verdadera descripción de los inmuebles.”

A estos efectos se considerarán documentos falsos o falseados aquellos que reflejen situaciones, hechos, actos o negocios inexistentes, en todo o en parte, y hayan sido el instrumento para la comisión de la infracción.”

Articulo 70.b) del TRLCI

“El incumplimiento del deber de aportar la referencia catastral a que se refiere el artículo 40 de esta Ley, o la aportación de una referencia catastral falsa o falseada. No obstante, los obligados quedan exonerados de responsabilidad cuando dicha referencia no exista o no pueda ser conocida por los medios a los que se refiere el artículo 41.1 de esta Ley o directamente a través de la oficina virtual del Catastro.”

El artículo 40 se refiere a los sujetos obligados a aportar la referencia catastral, estableciendo lo siguiente:

“1. Están obligados a aportar la referencia catastral de los bienes inmuebles:


a) Ante la autoridad judicial o administrativa competente para instruir o resolver un procedimiento que afecte a los bienes inmuebles incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, los titulares de derechos reales o con trascendencia real sobre los citados bienes inmuebles.

b) Ante el Notario, los requirentes u otorgantes del documento notarial en el que conste el hecho, acto o negocio constituido sobre el inmueble de que se trate.

c) Ante el Registro de la Propiedad, quienes soliciten del registrador la práctica de un asiento registral relativo a bienes inmuebles.

d) Ante las compañías prestadoras del suministro a que se refiere el artículo 38 de esta Ley, quienes contraten dichos suministros y, en los contratos privados de arrendamiento o de cesión por cualquier título del uso del inmueble, los arrendadores o cedentes.

e) Fuera de los supuestos previstos en los párrafos anteriores, las partes o interesados consignaran por si la citada referencia en los documentos que otorguen o expidan.

2. En los casos de modificaciones de fincas será suficiente la aportación de la referencia catastral de las fincas de origen, junto con el plano o proyecto, si fuera necesario para la operación de que se trate, que refleje las modificaciones realizadas.

3. Si fueran varios los obligados a aportar la referencia catastral, cumplida la obligación por uno, se entenderá cumplida por todos los obligados que pudieran concurrir con aquél.”

El artículo 41 se refiere a los documentos acreditativos de la referencia catastral, estableciendo lo siguiente:

“1. La referencia catastral de los inmuebles se hará constar en los expedientes y resoluciones administrativas, en los instrumentos públicos y en el Registro de la Propiedad por lo que resulte del documento que el obligado exhiba o aporte, que deberá ser uno de los siguientes, siempre que en el mismo conste de forma indubitada dicha referencia:

a) Certificación catastral electrónica obtenida por los procedimientos telemáticos que se aprueben por resolución de la Dirección General del Catastro.

b) Certificado u otro documento expedido por el Gerente o Subgerente del Catastro.


c) Escritura pública o información registral. d) Último recibo justificante del pago del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles.”

Articulo 70.c) del TRLCI. “El incumplimiento del deber de comunicación a que se refiere el artículo 14.”

El artículo 14 se refiere al procedimiento de incorporación mediante comunicaciones, estableciendo lo siguiente:

“Son comunicaciones:

a) La información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir conforme a lo dispuesto en el artículo 36, en cuanto se refiera a documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga exclusivamente la adquisición o consolidación de la propiedad de la totalidad del inmueble, siempre que los interesados hayan aportado la referencia catastral en los términos a que se refiere el título V y se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el hecho, acto o negocio de que se trate.

b) Las que formulen los ayuntamientos que, mediante ordenanza fiscal, se obliguen a poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, en los términos y con las condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro.

c) Las que las Administraciones actuantes deben formalizar ante el Catastro Inmobiliario en los supuestos de concentración parcelaria, de deslinde administrativo, de expropiación forzosa y de los actos de planeamiento y de gestión urbanísticos que se determinen reglamentariamente.

d) La información con trascendencia catastral que debe remitir la Agencia Estatal de Administración Tributaria al Catastro, en los supuestos y condiciones que se determinen reglamentariamente, con los datos identificativos y cuotas de participación de los


titulares de derechos que recaigan sobre bienes inmuebles, obtenida a través de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Articulo 70.d) del TRLCI

“El incumplimiento del deber de suministrar datos, informes o antecedentes a que se refiere el artículo 36”

El artículo 36 se refiere al deber de colaboración, estableciendo lo siguiente:

“1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está sujeta al deber de colaboración establecido en el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con los datos, informes o antecedentes que revistan trascendencia para la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario.

2. Las Administraciones y demás entidades públicas, los fedatarios públicos y quienes, en general, ejerzan funciones públicas estarán obligados a suministrar al Catastro Inmobiliario, en los términos previstos en el artículo 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuantos datos o antecedentes relevantes para su formación y mantenimiento sean recabados por éste, bien mediante disposición de carácter general, bien a través de requerimientos concretos. En particular, las entidades locales y demás Administraciones actuantes deberán suministrar a la Dirección General del Catastro, en los términos que reglamentariamente se determinen, aquella información que revista trascendencia para el Catastro Inmobiliario relativa a la ordenación y a la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como al planeamiento y gestión urbanística, concentraciones parcelarias, deslindes administrativos y expropiación forzosa.

3. Los notarios y registradores de la propiedad remitirán a la Gerencia o Subgerencia del Catastro en cuyo ámbito radique el inmueble, en la forma que reglamentariamente se determine y dentro de los 20 primeros días de cada mes, información relativa a los documentos por ellos autorizados o que hayan generado una inscripción registral en el mes anterior, en los que consten hechos, actos o negocios


susceptibles de inscripción en el Catastro Inmobiliario. En dicha información se consignará de forma separada la identidad de las personas que hayan incumplido la obligación de aportar la referencia catastral establecida en el artículo 40. Por orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros de Hacienda y Justicia, se regulará el procedimiento y forma de dar cumplimiento a la obligación establecida en el párrafo anterior.”

Articulo 70.e) del TRLCI

“La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración catastral, ya sea en fase de gestión o de inspección.”

Sobre la resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración catastral, el artículo 92 del R.D. 417/2006 especifica:

“Se entenderá cometida esta infracción, siempre que no opere como criterio de graduación, cuando el obligado tributario no atienda los requerimientos de la Administración para aportar datos o documentos necesarios para la formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario, o para comparecer, en el lugar y tiempo señalados, con idéntica finalidad o para aportar cualquier información que se considere necesaria para el desarrollo de un procedimiento de gestión o de inspección catastral.

Asimismo, constituirá resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración catastral negar la entrada o permanencia del personal inspector en fincas y locales, cuando se haya solicitado de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, y ejercer coacciones a los órganos de la Administración catastral.”


3. Régimen sancionador.

El régimen sancionador está regulado en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que establece lo siguiente:

Las infracciones tributarias simples definidas en el artículo 70 se sancionarán con multas de 60 a 6.000 euros, salvo que se trate de la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, o de la conducta prevista en el párrafo d) del artículo 70 (es decir, el incumplimiento del deber de suministrar datos, informes o antecedentes a que se refiere el artículo 36), en cuyo caso la multa será de 6 a 60 euros por cada dato omitido, falseado o incompleto que debiera figurar en las declaraciones o ser aportado en virtud de los requerimientos efectuados y sin que la cuantía total de la sanción pueda exceder de 6.000 euros.

Y añade que si, como consecuencia de la resistencia del sujeto infractor, la Administración no pudiera conocer la información solicitada ni el número de datos que ésta debiera comprender, la infracción se sancionará con multa de 1.000 a 6.000 euros.

El Real Decreto 417/2006 por el que se desarrolla el Texto Refundido, se refiere en el artículo 93 a la reducción de las sanciones, estableciendo lo siguiente:

El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquiera de las infracciones se reducirá un 25 por ciento siempre que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en período voluntario, sin que se haya solicitado el aplazamiento o fraccionamiento del pago, y no se haya interpuesto recurso o reclamación contra la sanción, ni contra la resolución del procedimiento de gestión o inspección catastral del que derive el procedimiento sancionador.

En la disposición transitoria quinta, establece que el régimen sancionador establecido en este real decreto se aplicará a las infracciones cometidas a partir del 1 de enero de 2003, y que así mismo, será de aplicación a las infracciones cometidas con anterioridad a dicha fecha, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza.


En cuanto a la retroactividad en la aplicación del régimen sancionador, la disposición transitoria quinta del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario se refiere a los procedimientos en tramitación estableciendo que a los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, ésta no les será de aplicación ni tampoco el Texto Refundido, rigiéndose por la normativa anterior.

Es decir, los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Catastro Inmobiliario se resolverán aplicando la normativa vigente cuando se iniciaron. Pero el Texto Refundido no se pronuncia respecto al régimen sancionador aplicable a las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Catastro y cuyo procedimiento sancionador se inicie tras la entrada en vigor de la misma. Debe entenderse, tal como establece el artículo 10.2 de la vigente Ley General Tributaria, que las normas que regulan el régimen de infracciones y sanciones tributarias sólo tienen efectos retroactivos cuando su aplicación resulta más favorable para el afectado, por lo que, en el caso referido de, se deberá mantener el régimen sancionador anterior al establecido por la Ley del Catastro, puesto que era más favorable.

En cuanto al procedimiento sancionador, el artículo 94 del Real Decreto 417/2006, establece lo siguiente:

“1. El procedimiento sancionador catastral se iniciará dentro del plazo de tres meses a que se refiere el artículo 20.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. En todo lo demás, le será de aplicación lo establecido en los artículos 207 a 212 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en sus normas de desarrollo.”

2. La competencia para su tramitación y resolución corresponderá en todo caso a la Administración tributaria del Estado, incluso cuando la infracción que origine la iniciación del procedimiento se produzca o sea conocida en el curso de actuaciones de inspección conjunta realizadas por ayuntamientos o entidades gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.”

En cuanto al plazo de inicio, el procedimiento sancionador se debe iniciar dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en que se


haya notificado o se entienda notificado el correspondiente acto de alteración catastral, producido en virtud de las actuaciones inspectoras.

Además, la Ley General Tributaria, establece lo siguiente:

Artículo 207. Regulación del procedimiento sancionador en materia tributaria. El procedimiento sancionador en materia tributaria se regulará:

a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo.

b) En su defecto, por las normas reguladoras del procedimiento sancionador en materia administrativa.

Artículo 208. Procedimiento para la imposición de sanciones tributarias.

1. El procedimiento sancionador en materia tributaria se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de esta ley, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente.

2. En los supuestos de actas con acuerdo y en aquellos otros en que el obligado tributario haya renunciado a la tramitación separada del procedimiento sancionador, las cuestiones relativas a las infracciones se analizarán en el correspondiente procedimiento de aplicación de los tributos de acuerdo con la normativa reguladora del mismo, conforme se establezca reglamentariamente. En las actas con acuerdo, la renuncia al procedimiento separado se hará constar expresamente en las mismas, y la propuesta de sanción debidamente motivada, con el contenido previsto en el apartado 4 del artículo 210 de esta ley, se incluirá en el acta con acuerdo. Reglamentariamente se regulará la forma y plazo de ejercicio del derecho a la renuncia al procedimiento sancionador separado.

3. Los procedimientos sancionadores garantizarán a los afectados por ellos los siguientes derechos:

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer, así como de


la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

b) A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes.

c) Los demás derechos reconocidos por el artículo 34 de esta Ley.

4. La práctica de notificaciones en el procedimiento sancionador en materia tributaria se efectuará de acuerdo con lo previsto en la sección 3.ª del capítulo II del título III de esta ley.

Artículo 210. Instrucción del procedimiento sancionador en materia tributaria.

1. En la instrucción del procedimiento sancionador serán de aplicación las normas especiales sobre el desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios a las que se refiere el artículo 99 de esta ley.

2. Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en alguno de los procedimientos de aplicación de los tributos regulados en el título III de esta ley y vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento sancionador deberán incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución.

3. En el curso del procedimiento sancionador se podrán adoptar medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de esta ley.

4. Concluidas las actuaciones, se formulará propuesta de resolución en la que se recogerán de forma motivada los hechos, su calificación jurídica y la infracción que aquéllos puedan constituir o la declaración, en su caso, de inexistencia de infracción o responsabilidad.

En la propuesta de resolución se concretará asimismo la sanción propuesta con indicación de los criterios de graduación aplicados, con motivación adecuada de la procedencia de los mismos. La propuesta de resolución será notificada al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 días para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos.


5. Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular la propuesta de imposición de sanción, ésta se incorporará al acuerdo de iniciación.

Dicho acuerdo se notificará al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 días para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos.

Artículo 211. Terminación del procedimiento sancionador en materia tributaria.

1. El procedimiento sancionador en materia tributaria terminará mediante resolución o por caducidad.

Cuando en un procedimiento sancionador iniciado como consecuencia de un procedimiento de inspección el interesado preste su conformidad a la propuesta de resolución, se entenderá dictada y notificada la resolución por el órgano competente para imponer la sanción, de acuerdo con dicha propuesta, por el transcurso del plazo de un mes a contar desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó, sin necesidad de nueva notificación expresa al efecto, salvo que en dicho plazo el órgano competente para imponer la sanción notifique al interesado acuerdo con alguno de los contenidos a los que se refieren los párrafos del apartado 3 del artículo 156 de esta ley.

2. El procedimiento sancionador en materia tributaria deberá concluir en el plazo máximo de seis meses contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento. Se entenderá que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el acto administrativo de resolución del mismo. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el plazo de resolución serán aplicables las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo 104 de esta ley.

3. La resolución expresa del procedimiento sancionador en materia tributaria contendrá la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas practicadas, la determinación de la infracción cometida, la identificación de la persona o entidad infractora y la cuantificación de la sanción que se impone, con indicación de los criterios de graduación


de la misma y de la reducción que proceda de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 de esta ley. En su caso, contendrá la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad.

4. El vencimiento del plazo establecido en el apartado 2 de este artículo sin que se haya notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento. La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia del interesado y ordenará el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador.

5. Son órganos competentes para la imposición de sanciones:

a) El Consejo de Ministros, si consisten en la suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público.

b) El Ministro de Hacienda, el órgano equivalente de las comunidades autónomas, el órgano competente de las entidades locales u órganos en quienes deleguen, cuando consistan en la pérdida del derecho a aplicar beneficios o incentivos fiscales cuya concesión le corresponda o que sean de directa aplicación por los obligados tributarios, o de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o en la prohibición para contratar con la Administración pública correspondiente.

c) El órgano competente para el reconocimiento del beneficio o incentivo fiscal, cuando consistan en la pérdida del derecho a aplicar el mismo, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior.

d) El órgano competente para liquidar o el órgano superior inmediato de la unidad administrativa que ha propuesto el inicio del procedimiento sancionador.

Artículo 212. Recursos contra sanciones.

1. El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente. En el supuesto de que el contribuyente impugne también la deuda tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones, siendo competente el que conozca la impugnación contra la deuda.


2. Se podrá recurrir la sanción sin perder la reducción por conformidad prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 188 de esta ley siempre que no se impugne la regularización.

3. Las sanciones que deriven de actas con acuerdo no podrán ser impugnadas en vía administrativa. La impugnación de dicha sanción en vía contencioso administrativa supondrá la exigencia del importe de la reducción practicada.

4. La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos:

a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en período voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa.

b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.”

En cuanto a las normas de desarrollo de la Ley General Tributaria, hay que referirse al Real Decreto 2063/2004, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario, que regula en el capítulo III el procedimiento sancionador.

Sobre la tramitación de los procedimientos sancionadores en materia catastral deben tenerse en cuenta las siguientes normas:

- El artículo 5.1 g) del R. D. 1552/2004, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda, según el cual la Dirección General del Catastro tiene a su cargo la planificación, dirección, coordinación, control y, en su caso, ejecución, de una serie de competencias entre las que se encuentra la tramitación de los procedimientos sancionadores en materia catastral.

- El artículo 21 del R. D. 1330/2000, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, vigente de conformidad con la disposición derogatoria única del anterior real decreto mencionando, según el cual corresponde a las Delegaciones de Economía y Hacienda el ejercicio en el ámbito territorial y conforme


a la distribución de competencias establecida en la correspondiente normativa, una serie de funciones entre las que se encuentran las de carácter sancionador que estén previstas en las correspondientes normas.

4. Criterios de graduación.

El artículo 71 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, establece los criterios que hay que atender para graduar las sanciones y el artículo 85 del Real Decreto 417/2006 por el que se desarrolla el Texto Refundido, se refiere a las circunstancias aplicables a la graduación.

Los criterios de graduación son los siguientes:

a) Comisión repetida de infracciones tributarias. Se apreciará la existencia de esta circunstancia cuando el infractor haya sido sancionado, en virtud de resolución firme en vía administrativa, y dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción objeto del expediente, por alguna otra infracción tributaria simple de la misma naturaleza. A estos efectos, se considerarán infracciones de la misma naturaleza las comprendidas en un mismo párrafo del artículo 70 del Texto Refundido.

b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración catastral. Se considerará que se produce esta conducta cuando los obligados tributarios, debidamente notificados y apercibidos al efecto, no atiendan los requerimientos formulados por el personal inspector en el curso de actuaciones de comprobación e investigación en las que se haya puesto de manifiesto la comisión de alguna infracción tributaria simple, o cuando traten de impedir u obstaculizar la realización de tales actuaciones. Por ejemplo, se produce esta conducta por necesitarse más de un requerimiento por haber desatendido el primero y sucesivos, o por no haber atendido ninguno de los requerimientos de los órganos de inspección relativos al examen de documentos, antecedentes o información de los que se deriven datos a aportar, o para la


comprobación o compulsa de las declaraciones presentadas, o por negar la entrada en fincas urbanas o rústicas.

c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por medio de persona interpuesta. A estos efectos, se considerarán medios fraudulentos el empleo de documentos falsos o falseados.

d) La falta de cumplimiento espontáneo o el retraso en el cumplimiento de las obligaciones o deberes formales o de colaboración establecidos en la normativa catastral. Se considera que existe falta de cumplimiento espontáneo cuando el obligado tributario cumpla las obligaciones o deberes aludidos tras haber sido requerido al efecto por la Administración catastral, una vez vencido el plazo legal o reglamentariamente establecido para ello. El retraso se entenderá producido cuando el cumplimiento de tales obligaciones o deberes se realice extemporáneamente, sin mediar requerimiento alguno.

e) La trascendencia para la eficacia de la gestión catastral de los datos, informes o antecedentes no facilitados y, en general, del incumplimiento de las obligaciones formales y de colaboración o información a la Administración tributaria. Para la apreciación de esta circunstancia se tendrá en cuenta el número y entidad de los datos, informes o antecedentes omitidos, falseados o incompletos, así como la incidencia del incumplimiento en la formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario.

Los criterios de graduación aplicables a cada infracción y las sanciones aplicables están establecidos en los artículos 86 a 92 del Real decreto 417/2006.

Respecto a la falta de presentación de declaraciones, el artículo 86.2 establece:

La sanción que proceda aplicar por la comisión de esta infracción se determinará atendiendo a los siguientes criterios de graduación:

a) Comisión repetida de infracciones. La concurrencia de esta circunstancia incrementará el importe de sanción en 200 euros por


cada infracción sancionada con anterioridad mediante resolución firme en vía administrativa.

b) Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración catastral. La aplicación de este criterio de graduación incrementará la cuantía de la sanción en 150 euros si se ha incumplido por primera vez un requerimiento efectuado para la aportación de datos, y en 300 y 600 euros, respectivamente, si se ha incumplido por segunda y tercera vez.

Cuando se incumpla el deber de comparecer o se niegue o impida indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales al personal inspector, el incremento será de 300 euros por la primera negativa u obstrucción de esta naturaleza, y de 600 y de 1.500 euros, respectivamente, por la segunda y tercera. Las coacciones producidas en el curso de un procedimiento de comprobación o investigación incrementarán la cuantía de la sanción en 150 euros.

c) c) Trascendencia para la eficacia de la gestión catastral. Este criterio de graduación se aplicará en función de los diferentes hechos, actos o negocios a que se refiere el artículo 16.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario que no hayan sido declarados, en los siguientes términos:

1. Cuando se trate de la realización de nuevas construcciones o de la ampliación, reforma, rehabilitación, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea total o parcial, el importe de la sanción se incrementará en 400 euros por cada inmueble afectado por la alteración no declarada o resultante de la misma, siempre que su valor catastral sea igual o inferior a 300.000 euros. Si supera la cantidad indicada, el importe de la sanción se incrementará en la cuantía que resulte de aplicar el 0,25 por ciento sobre la parte del valor catastral que exceda de dicha cantidad.

2. Cuando la declaración no presentada se refiera a una modificación de uso o destino, el importe de la sanción será de 200 euros por cada alteración de esta naturaleza no declarada.

3. En los supuestos de cambio de clase de cultivo o aprovechamiento, el importe de la sanción por este concepto se incrementará en 300 euros por cada inmueble afectado por la


alteración no declarada, siempre que su valor catastral sea igual o inferior 60.000 euros. Si el valor catastral supera la cantidad indicada, el importe de la sanción se incrementará, en la cuantía que resulte de aplicar el 0,25 por ciento sobre la parte del valor catastral que exceda de dicha cantidad.

4. Cuando el hecho, acto o negocio consista en una segregación, división, agregación o agrupación, el importe de la sanción será de 150 euros por cada uno de los inmuebles resultantes de la alteración no declarada.

5. Cuando se trate de la adquisición de la propiedad por cualquier título o de su consolidación, de la constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa o de los derechos reales de usufructo y de superficie, así como de los derechos de disfrute a los que se refiere el artículo 9.4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, o de las variaciones en la composición interna de las comunidades o entidades sin personalidad, el importe de la sanción se incrementará en 200 euros por cada alteración de esta naturaleza no declarada. Si se trata de variaciones en la cuota de participación que corresponda a cada uno de los cónyuges en los bienes inmuebles comunes, o en la cuota de participación de los comuneros, miembros y partícipes de comunidades o entidades sin personalidad, el importe de la sanción por aplicación de este criterio de graduación se incrementará en 60 euros por cada cuota no declarada que haya variado. En todo caso, la cuantía total de la sanción establecida en este párrafo c) no podrá superar el cinco por ciento del valor catastral del inmueble objeto de la alteración.

Respecto a la presentación de declaraciones fuera de plazo, el artículo 87.2 establece:


a) Comisión repetida de infracciones. La concurrencia de esta circunstancia incrementará el importe de la sanción en 100 euros por cada infracción sancionada con anterioridad mediante resolución firme en vía administrativa, siempre que la presentación de la declaración se hubiese realizado sin requerimiento previo de la Administración. En caso contrario, será de 200 euros.


b) Falta de cumplimiento espontáneo o retraso en la presentación de la declaración. La cuantía de la sanción se incrementará por este concepto, siempre que no hubiese mediado requerimiento previo, en 20 euros si el retraso en la presentación de la declaración es inferior a tres meses, 40 euros si el retraso fuera de tres a seis meses y 60 euros si el retraso fuera superior a seis meses. Cuando la presentación se haya producido previo requerimiento de la Administración, las cuantías aplicables en función de los plazos anteriormente indicados serán de 60, 80 y 100 euros.

c) Trascendencia para la eficacia de la gestión catastral. El importe de la sanción se incrementará por aplicación de este criterio de graduación en el 10 por ciento del que hubiese correspondido por este mismo concepto en el supuesto de falta de presentación de la declaración de que se trate, siempre que no hubiese mediado requerimiento previo. En caso de presentarse la declaración tras el oportuno requerimiento de la Administración, el porcentaje anteriormente aludido será del 25 por ciento.

Respecto a la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, el artículo 88.2 establece:


a) Comisión repetida de infracciones. Cuando concurra esta circunstancia el importe de la sanción será de 100 euros por cada infracción sancionada con anterioridad mediante resolución firme en vía administrativa, salvo en los supuestos de presentación de declaraciones falsas, en los que el importe será de 200 euros.

b) Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración catastral. Este criterio se aplicará en los mismos términos señalados en el artículo 86.2.b) de este real decreto, que son los siguientes:

- La aplicación de este criterio de graduación incrementará la cuantía de la sanción en 150 euros si se ha incumplido por primera vez un requerimiento efectuado para la aportación de


datos, y en 300 y 600 euros, respectivamente, si se ha incumplido por segunda y tercera vez.

- Cuando se incumpla el deber de comparecer o se niegue o impida indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales al personal inspector, el incremento será de 300 euros por la primera negativa u obstrucción de esta naturaleza, y de 600 y de 1.500 euros, respectivamente, por la segunda y tercera.

- Las coacciones producidas en el curso de un procedimiento de comprobación o investigación incrementarán la cuantía de la sanción en 150 euros.

c) Utilización de medios fraudulentos. La cuantía de la sanción por este concepto será de 1.500 euros.

d) Trascendencia para la eficacia de la gestión catastral. El importe de la sanción por aplicación de este criterio de graduación será el resultado de multiplicar la cantidad de 6 euros por cada dato de gran trascendencia falso, falseado o inexacto que figure en la declaración o que haya sido omitido. A estos efectos, se considerarán datos de gran trascendencia la clase y la fecha de la alteración producida, el nombre y apellidos, denominación, razón social, número de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero, domicilio fiscal y, en su caso, coeficiente de participación de los titulares catastrales o de aquellas personas o entidades que deban figurar en el Catastro por cualquier concepto, la localización y la referencia catastral de los bienes inmuebles, así como su superficie, uso o destino y clase de cultivo o aprovechamiento.

Cuando la omisión, falsedad o inexactitud se refiera a alguno de los siguientes documentos que preceptivamente deben acompañar a las declaraciones, el importe será de 60 euros por cada uno de ellos: fotocopia del número de identificación fiscal, si el declarante no dispone de etiquetas identificativas o, en su caso, fotocopia del documento o certificación en que figure el número de identidad de extranjero, fotocopia del certificado técnico, licencia, autorización administrativa o, en general, del documento acreditativo de la alteración producida, planos y demás documentación gráfica exigida en el correspondiente modelo de declaración.


La cuantía total de la sanción que corresponda por la presentación de una declaración incompleta o inexacta no podrá superar a la que hubiera correspondido en el caso de falta de presentación de esa misma declaración.

Cuando se presenten voluntariamente, sin requerimiento previo, declaraciones extemporáneas que subsanen las presentadas con anterioridad de forma incorrecta, la sanción se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, siempre que el importe de la misma resulte más favorable para el sujeto infractor.

Acerca de la concurrencia de sanciones por comisión de la infracción tipificada en el artículo 70.a) del Texto Refundido (es decir, la falta de presentación de las declaraciones, no efectuarlas en plazo y la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas) y la tipificada en el artículo 192 de la Ley General Tributaria (es decir, el incumplimiento de la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones), la disposición adicional octava del Real Decreto 417/2006 establece lo siguiente:

“El órgano instructor del procedimiento sancionador incoado por la Administración catastral o por la entidad gestora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles resolverá el archivo del expediente así como la inexigibilidad de responsabilidad y la no imposición de sanción por infracción, respectivamente, del artículo 70.a) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario o del artículo 192 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando, existiendo identidad de sujeto y hecho, se hubiera impuesto anteriormente la correspondiente sanción por la otra Administración, conforme a sus competencias, o constara que se estuviera tramitando por aquélla un expediente sancionador a dicho efecto.”

Respecto al incumplimiento del deber de aportar la referencia catastral, el artículo 89 establece:

La falta de aportación de la referencia catastral en los supuestos previstos en el artículo 40 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario se sancionará incrementando la cuantía de la sanción mínima en 150 euros por cada referencia catastral no aportada.


Si concurre la circunstancia de comisión repetida, el importe de la sanción se incrementará en 200 euros por cada infracción de esta misma naturaleza sancionada con anterioridad mediante resolución firme en vía administrativa.

Respecto al incumplimiento del deber de comunicación, el artículo 90 establece:

El incumplimiento del deber de comunicación a que se refiere el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se sancionará atendiendo a los siguientes criterios de graduación:

a) Comisión repetida de infracciones. El importe de la sanción se incrementará por la concurrencia de esta circunstancia en 200 euros por cada infracción de esta misma naturaleza sancionada con anterioridad mediante resolución firme en vía administrativa.

b) Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración catastral. La aplicación de este criterio de graduación incrementará la cuantía de la sanción en 150 euros si se ha incumplido por primera vez un requerimiento efectuado para la aportación de datos, y en 300 y 600 euros, respectivamente, si se ha incumplido por segunda y tercera vez.

c) Trascendencia para la eficacia de la gestión catastral. El importe de la sanción se incrementará por aplicación de este criterio de graduación en 50 euros por cada uno de los hechos, actos o negocios que no hayan sido objeto de comunicación.

Respecto al incumplimiento del deber de suministrar al Catastro datos, informes o antecedentes, el artículo 91 establece:

El incumplimiento del deber de colaboración a que se refiere el artículo 36 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se sancionará atendiendo a los siguientes criterios de graduación:

a) Comisión repetida de infracciones. El importe de la sanción por la concurrencia de esta circunstancia será de 200 euros por cada infracción de esta misma naturaleza sancionada con anterioridad mediante resolución firme en vía administrativa.


b) Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración catastral. Este criterio se aplicará en los mismos términos previstos en el artículo 86.2.b) cuando el deber de suministrar datos, informes o antecedentes, así como los plazos para llevarlo a efecto, estén establecidos mediante una disposición de carácter general. Si el suministro de información ha sido recabado a través de requerimientos concretos, los importes en la cuantía de la sanción previstos en dicho apartado se aplicarán a partir del segundo requerimiento desatendido, una vez producida la comisión de la infracción por la falta de atención del primero de ellos.

c) Trascendencia para la eficacia de la gestión catastral. El importe de la sanción por aplicación de este criterio de graduación será de 6 euros por cada dato no facilitado como consecuencia del incumplimiento del deber de colaboración.

Tratándose de informes o antecedentes no aportados o cuando el requerimiento no atendido tenga por objeto el conocimiento del conjunto de datos que contiene un determinado documento, el importe de la sanción será de 60 euros por cada informe o antecedente o por cada documento no facilitado.

Respecto a la resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración catastral, el artículo 92.2 establece:

La sanción que proceda en estos supuestos se determinará mediante la aplicación de los siguientes criterios:

a) Cuando la infracción consista en no aportar datos o documentos requeridos, no comparecer a requerimiento de la Administración o negar la entrada en fincas o locales:

1.º Comisión repetida de infracciones. El importe de la sanción se incrementará por la concurrencia de esta circunstancia en 200 euros por cada infracción de la misma naturaleza sancionada con anterioridad mediante resolución firme en vía administrativa.

2.º Trascendencia para la eficacia de la gestión catastral. El importe de la sanción se incrementará por este concepto en 6 euros por cada dato requerido y no aportado o que debió aportarse en la


comparecencia del obligado tributario, o por cada dato que no haya podido obtenerse como consecuencia de la negativa a la entrada o permanencia en fincas o locales.

Cuando el objeto del requerimiento sea el conocimiento del conjunto de datos que contiene un determinado documento, el incremento de la sanción será de 60 euros por cada documento requerido y no aportado.

b) Cuando la infracción consista en ejercer coacciones a los órganos de la Administración catastral, el importe de la sanción aplicable será de 150 euros. Si concurre la circunstancia de comisión repetida, la cuantía de la sanción se incrementará en 200 euros por cada infracción de la misma naturaleza sancionada con anterioridad.

El incumplimiento de sucesivos requerimientos de idéntico contenido o las sucesivas y reiteradas negativas a comparecer o a permitir o facilitar la entrada o permanencia en una misma finca o local, constituirá una única infracción tributaria simple.

Cada uno de estos incumplimientos incrementará el importe de la sanción en 150, 300 y 600 euros, respectivamente, por los tres requerimientos sucesivos que hayan sido desatendidos, y en 300, 600 y 1.500 euros, respectivamente, por las tres negativas sucesivas y reiteradas que se hayan producido.

El artículo 85 del Real Decreto 417/2006, añade además lo siguiente:

“Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. Para la determinación de la sanción aplicable se incrementará el importe de la sanción pecuniaria mínima de 60 euros con los importes que procedan por aplicación de los criterios de graduación, sin que el importe de la multa resultante pueda exceder de los límites máximos legalmente previstos.

Si, como consecuencia de la resistencia del sujeto infractor, la Administración catastral no pudiera conocer la información solicitada ni el número de datos que ésta debiera comprender, el importe de la sanción pecuniaria mínima será de 1.000 euros.


No obstante, tratándose de la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas o de la conducta prevista en el artículo 70.d) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el importe de la sanción estará constituido exclusivamente por el resultado de la aplicación de los criterios de graduación previstos, respectivamente, en los artículos 88 y 91 del presente real decreto.”

Es decir, hay una forma general de aplicar los criterios que consiste en aplicar los criterios simultáneamente y determinar la sanción aplicable incrementando el importe de la sanción pecuniaria mínima de 60 euros con los importes que procedan por la aplicación de los criterios de graduación, sin que el importe de la multa resultante exceda del máximo legalmente previsto de 6.000 euros.

Existen dos excepciones a esta forma de aplicación general: La primera excepción se presenta si, como resistencia del sujeto infractor, la Administración catastral no puede conocer la información solicitada ni el número de datos que ésta debería comprender. En este caso, el importe de la sanción pecuniaria mínima será de 1.000 euros en lugar de los 60 euros establecidos para los demás casos.

La segunda excepción corresponde a la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas y al incumplimiento del deber de suministrar datos, informes o antecedentes a que se refiere el artículo 36 del Texto Refundido. En este supuesto no se parte de una sanción mínima de 60 euros que se incrementa por aplicación de cada uno de los criterios de graduación concurrentes, sino que se aplican sólo dichos criterios, contenidos en los artículos 88 y 91 del Real Decreto 417/2006.

La vigente Ley General Tributaria, que tiene eficacia supletoria en el ámbito de la Inspección catastral, establece en su artículo 187 los siguientes criterios de graduación:

a) Comisión repetida de infracciones tributarias b) Perjuicio económico para la Hacienda Pública c) Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o

documentación d) Acuerdo o conformidad del interesado


De los mencionados criterios, sólo el primero, es decir, la comisión repetida de infracciones tributarias es coincidente en la Ley General Tributaria y en el Texto Refundido del Catastro Inmobiliario.

Según la Ley General Tributaria, se entiende cometida dicha infracción cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea leve, grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción.

A estos efectos, la Ley General Tributaria considera de la misma naturaleza las infracciones previstas en un mismo artículo del capítulo III (capítulo referido a la clasificación de las infracciones y sanciones tributarias) y señala también que, no obstante, las infracciones previstas en los artículos 191, 192 y 193 de dicha Ley, se considerarán todas ellas de la misma naturaleza.

Esta regulación que hace la Ley General Tributaria del criterio de graduación consistente en la comisión repetida de infracciones tributarias es aplicable supletoriamente en el ámbito catastral, ya que no se opone a lo establecido en el Texto Refundido del Catastro Inmobiliario.

En cuanto a los demás criterios de graduación establecidos por la Ley General Tributaria, no son de aplicación en el ámbito catastral, ya que no están recogidos en el Texto Refundido del Catastro Inmobiliario, y además, se refieren a supuestos que no tienen lugar en dicho ámbito.


Bibliografía:

- Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (B.O.E. de 8 de marzo de 2004) - Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (B.O.E. de 24 de abril de 2006) - Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. de 31 de diciembre de 1963) - Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. de 18 de diciembre de 2003) - Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario (B.O.E. de 28 de octubre de 2004) - Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda (B.O.E de 26 de junio) - R. D. 1330/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda (B.O.E de 8 de julio)


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