Sentencia T-520/03 SERVICIOS PUBLICOS ACTIVIDAD...
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Sentencia T-520/03 SERVICIOS PUBLICOS-Concepto SERVICIOS PUBLICOS-Prestación ACTIVIDAD BANCARIA-Naturaleza ACTIVIDAD BANCARIA-Es un servicio público LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Entidad bancaria ACCION DE TUTELA-Finalidad JUEZ DE TUTELA-Función protectora ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad JUICIO DE IMPREVISIBILIDAD E IRRESISTIBILIDAD- Alcance/SECUESTRO-Es irrazonable probar por el deudor las circunstancias de imprevisibilidad e irresistibilidad El juicio sobre la imprevisibilidad y la irresistibilidad supone que el juez examine la posición en que se encuentra el deudor en relación con el hecho en sí, y no sólo la ocurrencia objetiva del hecho. En el ámbito civil ordinario esta perspectiva resulta razonable, pues impide que el deudor alegue hechos que realmente no han afectado las posibilidades de cumplir sus obligaciones. Por supuesto, ello significa que en cada caso el deudor debe demostrar que la ocurrencia del hecho constituye una circunstancia de fuerza mayor; esto es, que el hecho fue imprevisto, imprevisible e irresistible, y que le impidió el cumplimiento de sus obligaciones. En términos abstractos resulta razonable y proporcional imponer la carga de probar que el hecho era imprevisto, imprevisible e irresistible, y que hubo una relación causal con el incumplimiento, como condiciones probatorias para eximir al deudor de responsabilidad en materia civil. Sin embargo, en el caso del secuestro esta carga probatoria resultaría demasiado onerosa. Imponerle a un deudor que ha sido secuestrado la carga de probar que en su caso el secuestro era una circunstancia imprevista, imprevisible e irresistible, conforme a los cánones probatorios ordinarios resulta irrazonable y desproporcionado, por diversas razones. SECUESTRO-Causal de fuerza mayor SECUESTRO-Pago de salarios/SECUESTRO-Prueba para pago de salarios a beneficiarios DERECHOS FUNDAMENTALES-Mecanismos para determinar afectación DEBERES CONSTITUCIONALES-Objeto
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Sentencia T-520/03
SERVICIOS PUBLICOS-Concepto
SERVICIOS PUBLICOS-Prestación
ACTIVIDAD BANCARIA-Naturaleza
ACTIVIDAD BANCARIA-Es un servicio público
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Entidad bancaria
ACCION DE TUTELA-Finalidad
JUEZ DE TUTELA-Función protectora
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
JUICIO DE IMPREVISIBILIDAD E IRRESISTIBILIDAD-
Alcance/SECUESTRO-Es irrazonable probar por el deudor las
circunstancias de imprevisibilidad e irresistibilidad
El juicio sobre la imprevisibilidad y la irresistibilidad supone que el juez examine
la posición en que se encuentra el deudor en relación con el hecho en sí, y no sólo
la ocurrencia objetiva del hecho. En el ámbito civil ordinario esta perspectiva
resulta razonable, pues impide que el deudor alegue hechos que realmente no han
afectado las posibilidades de cumplir sus obligaciones. Por supuesto, ello
significa que en cada caso el deudor debe demostrar que la ocurrencia del hecho
constituye una circunstancia de fuerza mayor; esto es, que el hecho fue
imprevisto, imprevisible e irresistible, y que le impidió el cumplimiento de sus
obligaciones. En términos abstractos resulta razonable y proporcional imponer la
carga de probar que el hecho era imprevisto, imprevisible e irresistible, y que
hubo una relación causal con el incumplimiento, como condiciones probatorias
para eximir al deudor de responsabilidad en materia civil. Sin embargo, en el
caso del secuestro esta carga probatoria resultaría demasiado onerosa.
Imponerle a un deudor que ha sido secuestrado la carga de probar que en su caso
el secuestro era una circunstancia imprevista, imprevisible e irresistible,
conforme a los cánones probatorios ordinarios resulta irrazonable y
desproporcionado, por diversas razones.
SECUESTRO-Causal de fuerza mayor
SECUESTRO-Pago de salarios/SECUESTRO-Prueba para pago de salarios
a beneficiarios
DERECHOS FUNDAMENTALES-Mecanismos para determinar afectación
DEBERES CONSTITUCIONALES-Objeto
Los deberes constitucionales son instrumentos jurídicos que garantizan que los
particulares cumplan sus funciones dentro de la sociedad para lograr
determinados objetivos constitucionales, sin necesidad de estructurar las
relaciones entre los agentes sociales a través del Estado.
DEBERES CONSTITUCIONALES-Desarrollo legal
DEBERES CONSTITUCIONALES-Exigibilidad
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Aplicación
La solidaridad no sólo es un deber constitucional genérico, también es un
principio fundamental. Como principio, la solidaridad imprime ciertos
parámetros de conducta social a los particulares, que pretenden racionalizar
ciertos intercambios sociales. En el Estado Social de Derecho, el principio de
solidaridad cumple la función de corregir sistemáticamente algunos de los efectos
nocivos que tienen las estructuras sociales y económicas sobre la convivencia
política a largo plazo. Por supuesto, la solidaridad, como principio exigible a los
particulares, no es un instrumento necesario para garantizar la convivencia
política, independientemente del modelo de Estado. Se trata más bien de una
construcción histórica, de una herramienta que acogió el Constituyente de 1991,
como instrumento normativo consistente con su opción política por el Estado
Social de Derecho.
DEBER DE SOLIDARIDAD-Exigencia por juez de tutela para proteger
derechos fundamentales
El juez de tutela puede exigir el cumplimiento de un deber de solidaridad a un
particular, cuando su incumplimiento afecte los derechos fundamentales de una
persona que, por ausencia de regulación legal, carece de protección.
EMPLEADOR-Deber de solidaridad con trabajadores
secuestrados/SECUESTRO-Insuficiencia de los mecanismos de protección
Tanto el legislador como la jurisprudencia constitucional han establecido
mecanismos de protección en favor de las familias de los trabajadores –públicos y
privados- que han sido secuestrados, exigiendo de sus empleadores el
cumplimiento de un deber de solidaridad. Sin embargo, esta protección presupone
que las personas secuestradas derivan su sustento personal y familiar de su
salario, y exige exclusivamente al empleador el cumplimiento de un deber de
solidaridad. Sin embargo, esta protección resulta insuficiente. En primer lugar,
porque no cobija a aquellas personas que, independientemente de que tengan un
vínculo laboral en el momento del secuestro, no dependen del salario que les
entrega un empleador para subsistir. De tal modo, estas personas constituyen un
grupo social no amparado por el Estado. En segundo lugar, la protección resulta
insuficiente pues tampoco protege al secuestrado y a su familia frente a otros
riesgos que enfrentan; básicamente, aquellos riesgos para la readaptación a su
vida social, derivados del incumplimiento de obligaciones distintas a las
propiamente laborales.
SECUESTRO-Riesgo frente al incumplimiento de obligaciones mercantiles
SECUESTRADO-Afectación capacidad laboral
Uno de los efectos más comunes del secuestro sobre las personas que han sido
liberadas es la dificultad de adaptarse nuevamente al medio laboral. La
afectación de la capacidad laboral –directa e indirecta- es una situación
generalizada entre las personas que han sido secuestradas y posteriormente
liberadas. Adicionalmente, puede verse también, que la seguridad en cuanto a la
estabilidad económica y laboral son factores que inciden directamente sobre las
posibilidades de recuperación del trauma del secuestro y de readaptación a la
vida social.
SECUESTRADO-Readaptación al medio social
En relación con la adaptación de la persona liberada a su ambiente social, la
gran mayoría de las personas que han sido secuestradas logran recuperarse,
dependiendo de circunstancias vividas durante el secuestro, y de las que les
corresponda vivir durante la etapa posterior. Las condiciones de seguridad
económicas y laborales que encuentre la persona después de su liberación,
inciden sobre el grado de afectación sicológica post- trauma, y por tanto, también
sobre sus posibilidades de recuperación.
ENTIDAD FINANCIERA-Funcionamiento
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Deber de las entidades financieras hacia
deudor secuestrado
El principio de solidaridad impone a las entidades financieras un deber de
consideración hacia los deudores del sistema financiero que han sido liberados
después de un secuestro. En desarrollo de sus actividades, estas entidades no
pueden imponerles a los deudores que hayan sido secuestrados cargas que
superen sus posibilidades de cumplir libre y responsablemente sus obligaciones
financieras. Particularmente, en aquellas circunstancias en que la conducta de
las entidades bancarias incida directamente sobre las posibilidades de
readaptación a la actividad económica y social de estas personas.
SECUESTRO-Consecuencias para la víctima
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD-Finalidad
DEBER DE SOLIDARIDAD-No constituye límite a la autonomía privada
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA-Alcance
DEBER DE SOLIDARIDAD-Gobernabilidad de las relaciones
contractuales
OBLIGACION CONTRACTUAL-Circunstancias que impiden su
cumplimiento
SECUESTRO-Causal de incumplimiento de obligaciones contractuales
Para establecer la exigibilidad de las cuotas del préstamo, resulta indispensable
reconocer que el secuestro del deudor le impide físicamente cancelar las cuotas
exigibles durante este período conforme al contrato de mutuo. En esa medida, el
incumplimiento de las obligaciones del secuestrado está justificado.
Efectivamente, la persona se encuentra sujeta a una circunstancia que es
susceptible de considerarse genéricamente como constitutiva de fuerza mayor, y
que le impide cumplir sus obligaciones.
SECUESTRADO-Inexigibilidad de cuotas de la deuda por el término del
secuestro/SECUESTRADO-Inexigibilidad de responsabilidad por
incumplimiento en pago de obligaciones
La obligación de pagar los instalamentos vencidos durante el tiempo en que la
persona se encuentra secuestrada no es exigible. Por lo tanto, la persona no se
encuentra en mora. Desde una perspectiva constitucional, al exigir tales
obligaciones de una persona secuestrada se están desconociendo las limitaciones
a su libertad. En tales casos la persona se encuentra ante la imposibilidad de
decidir libremente si cumple o no con sus obligaciones, y no se le está
permitiendo asumir responsablemente las consecuencias de sus actos. En este
mismo orden de ideas, la responsabilidad por el incumplimiento de sus
obligaciones tampoco resulta exigible desde el punto de vista civil. Para que la
mora se configure dentro del régimen civil general, aplicable a estos casos, es
necesario que la responsabilidad por el incumplimiento sea atribuible al sujeto a
título de culpa o dolo. En la medida en que la persona se encuentra sujeta a una
circunstancia eximente de responsabilidad, no le es imputable la mora, pues no
está presente el elemento subjetivo de la misma, necesario para que se configure.
RESPONSABILIDAD CIVIL-Exigencia con fundamento en la noción de
libertad
ENTIDAD BANCARIA-Inexigibilidad de cuotas de la deuda a los demás
sujetos obligados
Las entidades bancarias demandadas no podían exigir el cumplimiento de las
cuotas que según los contratos de mutuo se hacían exigibles durante el tiempo en
que el actor se encontraba secuestrado, ni a él, ni a los demás sujetos obligados,
debido a la circunstancia de fuerza mayor y de extrema necesidad se extendía a
todos ellos. Si bien sólo el demandante estaba sujeto a una privación de su
libertad individual, su secuestro afectaba económicamente a todos los demás
obligados en la medida en que derivaban sus ingresos de una actividad que él
desarrollaba personalmente y por cuenta propia. En esa medida, la circunstancia
de fuerza mayor irradió sus efectos a los demás obligados en virtud de su
dependencia de la actividad que desempeña el actor. Por otra parte, aun sin
extenderles los efectos de una circunstancia de fuerza mayor propiamente dicha,
el cumplimiento de sus obligaciones con los bancos tampoco les resulta exigible a
los demás obligados, pues se encontraban en situación de extrema necesidad.
SECUESTRO-Prolongación de los efectos
Los efectos del secuestro se prolongan más allá del tiempo en que la persona
permanece en cautiverio. A su vez, tales efectos inciden sobre la capacidad del
sujeto para adaptarse a su actividad económica y laboral, después de su
liberación. Si bien la persona ya no se encuentra privada de su libertad, y por lo
tanto físicamente podría reincorporarse a sus actividades, mentalmente se
encuentra indispuesta.
SECUESTRADO-Inexigibilidad de cuotas hipotecarias durante el periodo
de readaptación del liberado
No puede afirmarse que la disminución de la capacidad económica y laboral de la
persona como consecuencia de su estado mental, aunada al pago del rescate, le
impidan cumplir sus obligaciones después de su liberación. Sin embargo, estas
circunstancias significan un aumento de la carga económica que debe asumir la
persona liberada durante una fase crítica de su proceso de readaptación social.
En esa medida, exigir el cumplimiento de las cuotas del préstamo durante este
período pone en riesgo su proceso de recuperación, e implica una amenaza de su
capacidad para retomar su propio plan de vida, afectando con ello el derecho al
libre desarrollo de su personalidad. Dadas las especiales condiciones del riesgo
que supone exigir la deuda a una persona liberada durante su fase de
readaptación, el pago de las cuotas tampoco resulta exigible durante el año
siguiente a su liberación. En esa medida, no le son exigibles intereses moratorios
durante este período, pues el carácter sancionatorio que les es inherente no es
compatible con la ausencia de culpa de quien materialmente no puede cumplir su
obligación, o hacerlo le resulta extremadamente gravoso.
ENTIDAD BANCARIA-Exigibilidad pago de deudas a secuestrado pasado
un año de su liberación
SECUESTRADO-No exigibilidad de cláusula aceleratoria
Otra de las consecuencias jurídicas que se derivan de la ausencia de mora del
deudor secuestrado es la imposibilidad de hacer exigibles las cláusulas
aceleratorias que se hayan pactado. Exigir anticipadamente el cumplimiento de la
totalidad de la deuda a un secuestrado que ha sido liberado implica someterlo a
una carga aun más onerosa que el sólo cumplimiento de las obligaciones
vencidas durante el secuestro y la recuperación. Hacer uso de esta facultad
implicaría un detrimento significativo de las posibilidades de readaptación de la
persona. Por lo tanto, el acreedor no puede aplicar una cláusula aceleratoria con
fundamento en el incumplimiento del deudor que ha sido secuestrado, a menos
que éste incumpla las obligaciones exigibles después del año siguiente a su
liberación.
SECUESTRO-Efecto sobre causación de intereses
remuneratorios/ENTIDAD BANCARIA-Negociación de intereses de la
deuda con secuestrado liberado sin exceder de un año
Corresponde a la Corte establecer el efecto que tiene el secuestro sobre la
causación de los intereses remuneratorios durante el término del secuestro y de
readaptación. En efecto, durante el tiempo en que la persona se encuentra
secuestrada, y durante la fase de readaptación, se están causando intereses en
favor de las entidades bancarias. Resultaría extremadamente gravoso para el
deudor tener que cancelar la totalidad de dichos intereses en el momento en que
supere la etapa de recuperación. Las entidades bancarias deben renegociar con
los deudores los intereses de la deuda en condiciones de viabilidad financiera,
que permitan la recuperación económica de los deudores que han sido
secuestrados. Esta negociación debe llevarse a cabo una vez la persona liberada
se encuentre en condiciones mentales para hacerlo, sin exceder el término
máximo de un año, contado a partir de la liberación.
SECUESTRADO-Eventual mora en deudas anteriores al secuestro
SECUESTRADO MOROSO-No se causan intereses moratorios durante el
secuestro y periodo de recuperación
ENTIDAD FINANCIERA-Incumplimiento deber de solidaridad con
secuestrado
NOVACION DE CONTRATOS-Aplicación a circunstancias producto de
un secuestro
ENTIDAD BANCARIA-Inaplicación cláusula aceleratoria a deudor
secuestrado por no encontrarse en mora
ENTIDAD BANCARIA-Deber de solidaridad en negociación de intereses
remuneratorios causados desde el secuestro
La Corte reconoce el derecho que asiste a las entidades bancarias a reclamar las
cuotas exigibles durante la época del secuestro y durante la fase de readaptación
del demandante, que comprenden el capital y los intereses remuneratorios. Así
mismo, como ya se dijo, puede haber cuotas que no se hayan pagado, aun después
de la fase de readaptación del demandante. En esa medida, no puede la Corte
ordenar a las entidades bancarias que se abstengan de reclamar dichos intereses,
junto con los intereses de mora que se hayan causado antes del secuestro. Sin
embargo, los intereses remuneratorios causados durante esta época deben
calcularse teniendo en cuenta elementales consideraciones de solidaridad hacia
las circunstancias del demandante y hacia sus posibilidades de recuperación
económica.
Referencia: expediente T-620041
Demandante: Jurgen Huelsz, en nombre propio,
y en representación de su hija, y de la Sociedad
Madsen & Huelsz Ltda.
Demandados: Juzgado 13 Civil de Circuito de
Bogotá, Juzgado 31 Civil de Circuito de
Bogotá, Superintendencia Bancaria, Fondo de
Garantías de las Instituciones Financieras,
Banco de Bogotá, Banco BBVA –Ganadero.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia – Sala
Civil -
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil tres (2003).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los
magistrados Rodrigo Escobar Gil -Presidente-, Marco Gerardo Monroy Cabra, y
Eduardo Montealegre Lynett, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de tutela radicado bajo el número T-620.041, adelantado por Jurgen
Huelsz, contra las siguientes entidades: Juzgado 13 Civil de Circuito de Bogotá,
Juzgado 31 Civil de Circuito de Bogotá, Superintendencia Bancaria, Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras, Banco de Bogotá, y Banco BBVA –
Ganadero.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, mediante Auto de julio 29 de 2002, la Sala Siete de
Selección de Tutelas decidió seleccionar para su Revisión el expediente de la
referencia, correspondiéndole la sustanciación al despacho del suscrito
magistrado.
1. Solicitud
Por intermedio de apoderado, el señor Jurgen Huelsz solicita la protección de sus
derechos a la vida en condiciones dignas, a la protección del Estado en
condiciones de igualdad, a la protección integral a la familia, y a la solidaridad.
2. Hechos y consideraciones jurídicas de la demanda
La solicitud de protección de los derechos invocados, la fundamenta en los
siguientes hechos, y consideraciones jurídicas.
1. El demandante es un inmigrante alemán que tiene en compañía un taller de
mecánica, y que estableció una familia en el país, donde se casó y tiene hijos.
2. Adquirió una finca ganadera en cercanías de Barranca de Upía, a través de dos
préstamos que solicitó a los bancos demandados (Banco de Bogotá y Banco
BBVA – Ganadero).
3. Cumplió con el pago de las cuotas mensuales de los préstamos adquiridos con
estas dos entidades bancarias, hasta el 15 de noviembre de 1997, cuando fue
secuestrado en su finca por los frentes 53 y 54 de las FARC.
4. Más de siete meses después de haber sido secuestrado, consiguió su liberación
mediante el pago de un rescate de quinientos millones de pesos ($500’000,000),
que sus familiares y los de su esposa lograron conseguir mediante préstamos
acreditados con pagarés, cheques posfechados y otros, y con la venta de
diversos enseres.
5. En el momento en que su concuñado pagó el rescate solicitado, él fue liberado
(20 de junio de 1998), pero aquel fue secuestrado por la guerrilla, y sólo se
consiguió su liberación mediante el pago de otro rescate bastante elevado.
6. A lo anterior se suma que el demandante deriva su sustento y el de su familia de
un taller de mecánica del cual es socio y representante legal (Sociedad Servicio
Avenida Caracas Madsen y Huelsz Ltda.), del cual fueron hurtados diversos
implementos, entre los cuales algunos eran de propiedad de sus clientes.
7. Agrega que como consecuencia del secuestro, tanto él como su familia han
sufrido diversas afecciones de salud. Narra que su esposa empezó a sufrir de
anemia, y ella, su hija, y él mismo, han quedado perturbados mentalmente. Para
demostrarlo anexa al expediente diversos diagnósticos siquiátricos que se le han
hecho (fls. 138, 134-135 del expediente de tutela).
8. Afirma que durante su secuestro, su esposa solicitó la refinanciación de los
préstamos, sin obtener una propuesta por parte de los bancos. Del mismo modo,
el solicitó la refinanciación de los créditos a los bancos demandados (fls. 139,
140). Dice que, contrario a lo solicitado, el BBVA – Ganadero se negó a darle
una prórroga a su familia cuando él fue secuestrado, y tanto éste, como el Banco
de Bogotá, entablaron procesos ejecutivos en su contra, los días 1º de junio y 27
de octubre de 1998, respectivamente, exigiéndole el pago de la totalidad de los
créditos, con base en las cláusulas aceleratorias pactadas.
9. Por otra parte, afirma que la acción de tutela es procedente en este caso, pues a
pesar de tratarse de una acción subsidiaria, el proceso principal –ejecutivo
mixto- no permite la protección de sus derechos fundamentales. Al respecto
sostiene que dentro de las excepciones a la acción cambiaria (art. 784 del
Código de Comercio), el demandado no puede oponer el secuestro como causal
de exoneración de responsabilidad. Por lo tanto, concluye, no puede afirmarse
que hubiera tenido una oportunidad procesal dentro de los procesos ejecutivos
mixtos que se siguieron en su contra.
10. En relación con la legitimación pasiva de las entidades demandadas sostiene
que según el Decreto 2591 de 1991, la tutela procede contra particulares que
presten servicios públicos (Bancos), contra quienes las controlen efectivamente
(Superintendencia Bancaria) o se beneficien de los motivos que originan la
acción, siempre y cuando el demandante se encuentre en una situación de
subordinación o indefensión frente a ellos.
11.Agrega que el carácter adhesivo de los contratos con los bancos demandados
implica una subordinación por parte de quienes los suscriben, y estima que tales
entidades se encuentran en una posición dominante frente a quienes –como él-
solicitan préstamos de dinero.
12.Además, considera que en su caso la Superintendencia Bancaria no ejerció el
debido control sobre las entidades bancarias demandadas, y por lo tanto,
terminaron vulnerándose sus derechos fundamentales.
13.Por otra parte sostiene que al estar pendiente de remate sus bienes, se encuentra
frente a la contingencia de un perjuicio irremediable.
14.Además, solicita la protección de su derecho a la igualdad de protección y trato
por parte del Estado, pues considera que si la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha protegido a las familias de los congresistas y otros servidores
públicos frente a las consecuencias económicas del secuestro, también a él debe
otorgársele un trato semejante, a pesar de que no se trate de un servidor público.
15.Aclara que no pretende una condonación de la deuda que tiene con las
entidades bancarias, y que reconoce el derecho que éstas tienen a cobrar los
créditos que él no les ha pagado. Lo que pretende es una fórmula de arreglo en
condiciones de viabilidad económica y financiera, que le permitan cancelar su
deuda.
16.Agrega a esto que, si las entidades pretenden hacer efectivo el pago del crédito,
en la actualidad no recibirían la suma adeudada, pues no está en condiciones de
hacerlo. Por el contrario, si le permitieran afrontar su deuda en condiciones de
viabilidad económica, se las cancelará cumplidamente y en su totalidad, como
lo venía haciendo hasta el momento en que fue secuestrado.
3. Pretensiones
3.1 Medidas Provisionales
Como medida provisional dentro del proceso, para evitar la ocurrencia de el
perjuicio irremediable por el remate de sus bienes, el demandante solicita la
suspensión de los procesos ejecutivos que se siguen en su contra en los Juzgados
13 y 31 Civiles de Circuito de Bogotá.
La Sala Quinta de Revisión accedió a la solicitud del apoderado del demandante, y
mediante Auto de enero 24, del presente año, ordenó suspender los procesos
ejecutivos mixtos de mayor cuantía que siguen los bancos demandados en contra
del demandante y otros, en los juzgados 13 y 31 Civiles del Circuito de Bogotá.
3.2 Decisión de fondo
Por otra parte pretende que el juez en la sentencia ordene a la Superintendencia
Bancaria asumir la responsabilidad por el descuido en la vigilancia del Banco de
Bogotá y del BBVA – Ganadero.
Solicita, así mismo, que se suspendan los procesos ejecutivos mixtos de mayor
cuantía que en su contra siguen el Banco de Bogotá, en el Juzgado 13 Civil de
Circuito de Bogotá (número de radicación 1998-6302), y el BBVA – Ganadero, en
el Juzgado 31 Civil de Circuito de Bogotá (número de radicación 1998-0297), y
que se encuentran pendientes para dictar sentencia y para remate, respectivamente.
Adicionalmente insta al juez para que ordene a los bancos demandados que
refinancien las deudas del demandante en condiciones de viabilidad financiera y
empresarial.
Finalmente solicita que el juez le ordene al Fondo de Garantías de las Instituciones
Financieras, Fogafín, que asuma los intereses moratorios de dichos créditos.
4.Respuesta del Fondo de Garantías de las Instituciones Financieras – Fogafín-
Mediante apoderado, el Fondo de Garantías de las Instituciones Financieras se
opone a la pretensión de ordenarle a Fogafín asumir los intereses de mora de la
deuda que el demandante tiene con los bancos demandados con fundamento en los
siguientes argumentos. En primer lugar, afirma que el poder otorgado por el
demandante a su apoderado no incluyó la facultad para demandar a Fogafín. Así
mismo alega que el Fondo no tiene ninguna relación con el problema en cuestión,
y que su naturaleza jurídica y función son completamente ajenas a las pretensiones
de garantía que el demandante pretende que cumpla en esta oportunidad. Por lo
tanto, considera impertinente la comparación que hace el demandante con el
Fosyga para efectos de fundamentar su pretensión de ordenar a Fogafín asumir los
intereses moratorios de la deuda que tiene con las entidades bancarias
demandadas.
5.Respuesta de la Superintendencia Bancaria
A través de apoderado, la Superintendencia Bancaria solicita al juez negar la
pretensión de atribuir responsabilidad a dicha entidad por una presunta omisión en
su labor de control sobre las entidades bancarias demandadas.
Sostiene que la labor de vigilancia y control de la Superintendencia sobre las
entidades bancarias se circunscribe a vigilar el cumplimiento de sus deberes
administrativos y a sancionar su incumplimiento. Sin embargo, carece de
competencia para dirimir controversias contractuales como la que alega el
demandante en el presente caso.
Por otra parte afirma que, para tales efectos, los particulares pueden elevar quejas
contra las entidades bancarias ante la superintendencia, y que su función en
relación con los usuarios del sistema financiero la ejerce por medio de la
verificación de tales reclamos. Sin embargo, consultada la base de datos no
aparece ningún reclamo elevado por el demandante, ni por su apoderado.
6.Respuesta del Juzgado 13 Civil de Circuito de Bogotá
El Juez 13 Civil de Circuito de Bogotá solicita negar la protección de tutela,
alegando que a través de su actuación no ha vulnerado derecho fundamental
alguno.
Afirma que existe en ese despacho judicial un proceso ejecutivo mixto radicado el
27 de octubre de 1998 por el Banco de Bogotá en contra de la Sociedad Madsen
Huelsz y otros.
Sostiene que dentro de dicho proceso dictó sentencia el 15 de junio de 2001,
ordenando continuar con la ejecución del demandado. Sin embargo, el 14 de
agosto de 2001, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá anuló las
actuaciones procesales desde el emplazamiento hecho a Jurgen Huelsz en
adelante, y en lo que atañe a este demandado. Así, el 12 de enero de 2002, el
demandado Jurgen Huelsz fue notificado del proceso. Sin embargo, no presentó
recurso alguno.
7. Respuesta del Banco de Bogotá
Mediante apoderado, el Banco de Bogotá solicita al juez negar las pretensiones de
la demanda de tutela, con base en los siguientes argumentos.
En relación con la procedencia de la acción, sostiene que el banco no cumple
funciones públicas sino un servicio público, y que frente a él, el demandante no se
encuentra en estado de subordinación ni de indefensión.
Sostiene que el banco no presentó el proceso ejecutivo durante el tiempo en que el
demandante estaba secuestrado, sino el 23 de octubre de 1998, cuando el
demandante ya había sido liberado. Sostiene, por otra parte, que el demandante en
tutela fue notificado del proceso ejecutivo en su contra el 21 de enero de 2002, y
que en dicha oportunidad no presentó excepciones.
Por otra parte, dice que el ejercicio de acciones cambiarias no constituye una
vulneración ni una amenaza de los derechos fundamentales de las personas.
Afirma además que ni el cobro de la deuda por vía judicial, ni la exigencia de
aplicación de la cláusula aceleratoria pactada en el contrato, se llevaron a cabo
debido al secuestro del demandante, sino a su incumplimiento contractual.
Agrega a lo anterior que la acción cambiaria no sólo se inició contra el
demandante, sino contra todos los suscriptores del título valor, dentro de los
cuales se encuentran además su esposa y su socio.
Finalmente, dice que el banco ha estado pendiente de la situación del demandante
y que le ha propuesto varias fórmulas de arreglo sobre las cuales el demandante no
se ha pronunciado.
8. Respuesta del banco BBVA – Banco Ganadero
Por fuera de término, después de dictada sentencia de primera instancia, el Banco
BBVA – Banco Ganadero solicita al juez que deniegue las solicitudes elevadas
por el demandante.
Para ello aduce en primer lugar, que la mora en que incurrió el deudor es anterior a
su secuestro. Sin embargo, no indica la fecha en que se produjo tal mora. Afirma
que requirió al demandante sin obtener respuesta, por lo cual interpuso la demanda
el 3 de junio de 1998.
Sostiene, así mismo, que la acción de tutela es improcedente pues el demandante
tuvo oportunidad de intervenir dentro del proceso ejecutivo, y de hecho, tanto la
sociedad demandada como el curador ad litem interpusieron excepciones de
mérito. Sin embargo, ninguno de los demandados se hizo presente en la audiencia
de conciliación y por lo tanto el proceso avanzó a la etapa de pruebas.
II. ACTUACION JUDICIAL
1. Primera instancia
En primera instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá,
mediante Sentencia de mayo 2 de 2002, con ponencia del magistrado José del
Carmen Vega Sepúlveda, denegó la protección de los derechos invocados. Para
ello adujo los siguientes argumentos.
En relación con el derecho a la protección estatal invocado por el demandante
sostiene que se abstiene de hacer ninguna consideración, pues la protección estatal
no constituye un derecho fundamental. Para el tribunal se trata más bien de un
postulado general susceptible de desarrollarse mediante políticas generales, y la
omisión del Estado de proteger a las personas debe resarcirse exclusivamente
mediante una acción tendiente a establecer su responsabilidad.
Afirma que la solidaridad y la dignidad no son derechos fundamentales
susceptibles de protección mediante la acción de tutela, sino principios generales.
En tal orden de ideas, considera que no resultan aplicables las sentencias de la
Corte Constitucional citadas por el demandante sobre la dignidad y la solidaridad,
pues en tales casos se trataba de la protección que el Estado debe prestar a las
personas que sufren enfermedades catastróficas, no a quienes han sido
secuestrados.
Del mismo modo deniega la solicitud del demandante de protección integral a la
familia. Sostiene que las sentencias de la Corte Constitucional citadas como
fundamento de la protección que el Estado debe a la familia de las personas
secuestradas tampoco resultan aplicables, pues en tales ocasiones se trataba de
servidores públicos respecto de quienes el Estado sí tiene la obligación de cancelar
los salarios. Sin embargo –sostiene-, el Estado no está obligado a una protección
integral de las familias de quienes desempeñan actividades comerciales o
industriales por cuenta propia.
Deniega la protección del derecho a la igualdad, como quiera que, de acuerdo con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el análisis de una presunta
vulneración de este derecho requiere hacer explícitos los términos de comparación
y la evidencia de un trato diferenciado. Por lo tanto, como el demandante en este
caso no mostró que a otras personas que hayan adquirido créditos con entidades
bancarias les hayan dado un trato más favorable, el cargo no es procedente.
Afirma de otra parte que las entidades bancarias tienen pleno derecho de cobrar
los saldos insolutos de sus créditos. Ni en los documentos suscritos por el
demandante, ni en la ley, está previsto que un suceso de secuestro pudiera
oponerse como excepción al cobro ejecutivo de una obligación. Por el contrario –
continúa-, el juez de tutela no puede inmiscuirse en cuestiones atinentes a
divergencias contractuales, las cuales deben ser resueltas entre las partes, y no
existe prueba de que el demandante haya hecho solicitud alguna a los bancos
demandados para cambiar los términos del contrato.
Por otra parte, sostiene que la solicitud de tutela procede contra los bancos
demandados, pues se trata de “personas naturales (sic), que por ende no tienen a su
cargo la prestación de un servicio público”, y respecto de los cuales los
demandantes no se encuentran en situación de subordinación o de indefensión.
Dice también que no procede la tutela como mecanismo transitorio, pues “no se
puede colegir en manera alguna la inminencia de un daño grave, de gravedad
determinada o determinable”.
Finalmente aduce que no se pueden proteger los derechos fundamentales que no
han sido expresamente invocados, pues ello sólo es posible cuando la tutela no es
interpuesta mediante abogado.
2. Impugnación
El apoderado del demandante impugna la sentencia de primera instancia con
fundamento en los argumentos que a continuación se resumen.
En primer lugar, sostiene que contrario a lo que afirma el tribunal, la protección
estatal es el más importante de los derechos fundamentales, debido precisamente a
la condición de garante que tiene el Estado respecto de tales derechos. En este
sentido, afirma, sin tal protección el Estado carecería de toda razón de ser.
Por otra parte afirma que el tribunal parece requerir que haya jurisprudencia que
proteja los derechos fundamentales en un caso exactamente igual para que proceda
la tutela. Sin embargo con ello está desconociendo el papel del juez dentro del
Estado Social de Derecho y vulnerando el derecho a la igualdad, sometiendo a
quienes no sean empleados estatales a una total desprotección.
Sostiene que el demandante sí se encuentra en una posición de subordinación
frente a las entidades bancarias, pues ellas tienen una posición dominante frente a
los usuarios del sistema financiero, que se manifiesta en el carácter adhesivo de
los contratos que suscriben con estos.
Aduce que el Estado colombiano debe crear un sistema normativo para proteger a
personas que, como el demandante, están indefensos ante los efectos que tiene el
secuestro frente a sus vidas personales y familiares.
Agrega que en este caso sí existe un peligro inminente de perjuicio irremediable,
que consistiría en el remate de sus bienes y la consiguiente imposibilidad de darle
un sustento material a su familia.
Finalmente, dice que desconoce norma o sentencia en la cual se haya establecido
que el juez de tutela debe abstenerse de proteger derechos que no hayan sido
expresamente invocados cuando el demandante actúa mediante apoderado.
Afirma que, por el contrario, la Corte Constitucional ha sostenido como regla
general que es deber del juez de tutela proteger los derechos que observe que han
sido vulnerados, independientemente de que hayan sido expresamente
mencionados en el escrito de tutela.
3. Segunda instancia
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de junio 18
de 2002, confirmó la decisión de primera instancia, y denegó el amparo de los
derechos invocados por el demandante.
Consideró que como el secuestro ya había sido consumado, y como éste no había
sido consecuencia de la acción u omisión de las entidades demandadas, no hay
lugar a proteger los derechos alegados. Máxime porque ni Fogafín ni la
Superintendencia Bancaria tienen entre sus funciones proteger a las personas
contra las consecuencias del secuestro.
Sostiene además, que “ni la solidaridad, ni la dignidad, ni la igualdad imponen a
los particulares la obligación de hacer reducciones a las deudas”.
Finalmente sostiene que los juzgados accionados no incurrieron en una vía de
hecho judicial, por lo cual tampoco puede prosperar la tutela en su contra.
4. Pruebas solicitadas por la Corte Constitucional
Mediante Auto de abril 29 de 2003, esta Corporación solicitó al Departamento de
Sicología de la Universidad Nacional de Colombia, y al Departamento de
Sicología de la Fundación País Libre, que respondieran las siguientes preguntas en
relación con las afectaciones sicológicas de las personas que sufren un secuestro y
posteriormente son liberadas.
3Con qué frecuencia las personas que han sido secuestradas presentan niveles de
afectación sicológica que les impidan desarrollar su labor, o actividad empresarial
o económica, después del secuestro?
3Describir las consecuencias sicológicas más frecuentes que tiene el secuestro
entre las personas que han permanecido en cautiverio, resaltando las repercusiones
del mismo sobre sus actividades laborales y empresariales, y sobre el desarrollo de
su capacidad económica y productiva.
3De ser posible, mostrar mediante una cronología, el desarrollo habitual de las
etapas de afectación sicológica de las personas que han sido secuestradas,
haciendo un estimativo del tiempo promedio que se demoran estas víctimas en
recuperar un nivel aceptable de las capacidades necesarias para retomar sus
actividades laborales y económicas.
3Informar sobre la frecuencia con la cual los integrantes del núcleo familiar de las
personas que han sido secuestradas y posteriormente liberadas presentan niveles
de afectación sicológica que les impiden desarrollar su labor, o actividad
empresarial o económica, después del secuestro.
3Describir las consecuencias sicológicas más frecuentes que tiene el secuestro
entre los integrantes del núcleo familiar de las personas que han permanecido en
cautiverio, resaltando las repercusiones del mismo sobre sus actividades
cotidianas, incluso en los casos en que la persona ha sido liberada.
6. De ser posible, mostrar mediante una cronología, cómo sucede el desarrollo
habitual de las etapas de afectación sicológica de los familiares de las personas
que han sido secuestradas y posteriormente liberadas, haciendo un estimativo del
tiempo promedio de recuperación de un nivel aceptable de las actividades
cotidianas de los miembros del núcleo familiar.
4.1 Respuesta al cuestionario enviado a la Facultad de Sicología de la
Universidad Nacional de Colombia por la Sala Quinta de Revisión
Según Emilio Meluk - Director del Departamento de Sicología- el nivel de
afectación después del secuestro depende de:
“a)Experiencias vividas antes del secuestro, tanto la víctima y su familia, e
especial las relacionadas con la exposición a riesgos.
b)Duración del secuestro.
c)Condiciones ambientales de la retención.
d)Condiciones familiares, económicas, laborales y de seguridad que encuentra
después de ser liberado y en las que queda la familia.”
De los anteriores factores, y de algunos otros, se señala, depende el tipo, cantidad
y calidad de la afectación después del Secuestro. “La actividad laboral,
empresarial o económica se encuentran entre aquellas que sí suelen afectarse. La
gran mayoría de los casos –no sabría dar la cifra exacta- logra superar la
afectación, entendiendo por este último el poder retomar sus actividades
familiares, sociales y laborales que tenían antes del secuestro, obviamente, con
algunas modificaciones.”
Entre las consecuencias Psicológicas más frecuentes que tiene el secuestro están:
“a)Temor a un nuevo secuestro.
b)Cambio del proyecto de vida.
c)Irritabilidad y cambios bruscos del estado de ánimo.
d)Somatizaciones frecuentes de la ansiedad producida por el secuestro.
e)Deseos de retaliación.
f)Retraimiento de las actividades familiares, sociales y laborales.
h)Disminución de la capacidad laboral.
i)Conflictividad en la relaciones laborales.
j)Recriminaciones hacia la empresa y los empleadores.
k)Obtener ventajas laborales amparándose en la experiencia de secuestro, en
especial, demandas frecuentes de incapacidad por motivos de salud.”
En relación con la Cronología de la afectación psicológica se indica puede ser de
la siguiente manera:
“a)Fase de euforia (15 días - 1 mes). Se caracteriza por la expansión del ánimo,
hiperactividad, alteraciones del sueño, deseos de cambio en lo personal,
familiar y laboral, etc.
b) Fase de elaboración y adaptación (hasta seis meses). Período en el cual la
persona que estuvo secuestrada elabora psicológicamente los afectos
relacionados con el secuestro, y retoma su vida familiar, social, laboral
nuevamente. Al culminarse, se recuerdan sucesos del secuestro pero no afectan
el desarrollo de la vida cotidiana.
c)Presencia de secuelas psicológicas del secuestro (después de 12 meses).
Habiendo transcurrido el tiempo necesario y suficiente para la elaboración y
adaptación psicológica posterior al secuestro, los cambios descritos en el
numeral anterior (2.) que permanecen, pueden calificarse como secuelas del
secuestro. No todos pueden calificarse como negativos para la convivencia en
sociedad, los cambios del proyecto de vida, (numeral 2.b) pueden redundar en
una mejor relación de pareja, comportamiento familiar, solidaridad
comunitaria, etc.”
Se concluye este punto, expresando que si las secuelas permanecen después del
tiempo mencionado, es casi, siempre porque existía una personalidad premórbida
antes del secuestro; es decir, el secuestro como experiencia que ocasiona un alto
nivel de estrés, activa o hace evidente los que existía de manera pasiva o no
evidente en la víctima de secuestro.
En relación con la afectación y las consecuencias sicológicas que tiene el
secuestro sobre los integrantes del núcleo familiar, se indica que es de menor
intensidad que las descritas anteriormente. “De presentarse secuelas catastróficas
en la familia, puede darse por seguro que existían factores predisponentes previos
- ajenos al secuestro- para que dichas secuelas se manifestaran de la manera antes
dicha.”
4.2 Respuesta al cuestionario enviado a la Fundación País Libre por la Sala
Quinta de Revisión: 1
Para Olga Lucía Gómez, Directora del Departamento de Psicología de la
mencionada fundación, entre las consecuencias que se derivan del secuestro se
destacan:
3Consecuencias sicológicas en las personas que han sido secuestradas :
- Se indica que el secuestro origina en el secuestrado, en primer lugar, una serie de
síntomas similares a aquellos que aparecen como resultado del estrés post-
traumático, el cual presenta como síntomas característicos: “el re - experimentar el
evento traumático (a través de pesadillas, recuerdos repentinos e ilustrativos del
evento, sensación de revivir la experiencia); La evitación de estímulos asociados
con el evento, se manifiesta a través de anestesia emocional y conductas que
1 La Directora del Departamento de Psicología de la Fundación País Libre, indica que el informe que se presenta a
esta Sala de Revisión, tiene dos fuentes a saber:
3 3 A) Análisis de 61 registros clínicos de tratamiento psicológico con que fueron secuestradas en el
2002.
4 4 B) Estudio realizado por el Departamento mencionado en el 2000, con participación de 74 familias
que han vivido esta situación; 74 exsecuestrados y 193 familiares. 72 de estratos socieconómicos 3, 4, 5 y 6 de
15 departamentos del país.
buscan suprimir cualquier conexión y la activación incrementada o
hiperreactividad que se manifiesta a través de dificultades en conciliar el sueño,
irritabilidad y explosiones de rabia, hipervigilacia y dificultades para
concentrarse.”
- En segundo lugar, se indica que la depresión es la segunda consecuencia más
reportada, y le siguen en su orden, la tendencia a revivir, la hostilidad.
3Consecuencias sobre las esferas de las relaciones sociales:
Se indica que algunas de las entrevistas realizadas en este aspecto, arrojan los
siguientes resultados:
* Efectos negativos y positivos
Ganancias en relaciones sociales
Más empatía y respeto 15.26
Ampliar círculo social 6.94
Pérdidas en relaciones
Aislarse socialmente 11.11 (aislamiento productivo y laboral)
Exclusión del Círculo social 5.55
Sobre este punto precisa que en algunas ocasiones es el medio quien a las familias
de secuestrados, “(...) es cierra la puerta, esto generalmente ocurre en los casos de
extorsión en donde la familia es percibido (sic) como fuente de amenaza. Es por
esto que el secuestro conlleva una serie de pérdidas, tanto a escala económica
como en aspectos personales no cuantificables.”
En lo económico resalta que cuando se trata de secuestro extorsivo, las familias al
pagar el rescate, tuvieron que endeudarse o perder el capital. En otras, indica la
pérdida de ingresos se debe a la necesidad de desplazarse de la zona donde ocurrió
el secuestro “ (...) y ello puede implicar un menor salario y una posición laboral
menos favorable o la imposibilidad de continuar trabajando la propiedad que le
daba el sustento a la familia.”
* Porcentajes de pérdidas reportadas
Pérdidas materiales
Menor ingreso 27.77
Deudas 12.5
Pérdidas no materiales
Tranquilidad 31.94
Libertad de movimiento 25
De la vida que se lleva 15.27
Interés en el país 15.27
Metas y planes vitales 8.33
Gozo por la vida 1.38
*Dificultades a nivel de relaciones interpersonales y adaptación a los medios
familiar, laboral y social:
NIVEL DE
RELACIONES
INTERPERSONALES
FRECUENCIA PORCENTAJE
(SOBRE EL TOTAL DE
LOS CASOS)
AISLAMIENTO
SOCIAL PARCIA
18 29.5%
AISLAMIENTO
SOCIAL TOTAL
3 4.9%
DEPENDENCIA
TOTAL
4 6.5%
DEPENDENCIA PARA
REALIZAR ALGUNAS
ACTIVIDADES
14 22.9%
DESCONFIANZA EN
LAS RELACIONES
35 57.39%
CAMBIOS ABRUPTOS
EN LA RELACION
CERCANIA-
DISTANCIA
10 16.3%
DIFICULTADES PARA
READAPTARSE AL
MEDIO LABORAL
27 44.2%
Sobre los cuadros clínicos más frecuentes en el cautiverio se indican que son:
Ansiedad fóbica, Obsesión –compulsión, Depresión, Problemas Psicosomáticos,
Ansiedad Generalizada y en el post-secuestro, señala que se encuentran: Ansiedad
Fóbica, Obsesión –compulsión y Depresión2.
2 Respecto de estos términos se dan las siguientes definiciones:
“ANSIEDAD FOBICA: Temores frente a estímulos y situaciones que no son realmente amenazantes y terminan por
dificultar la adaptación a la vida diaria.
OBSESIÓN - COMPULSION: Presencia de pensamientos recurrentes que se nos viene sin control y sin que
deseemos pensar en ello; ejecución de acciones y rituales una y otra vez.
DEPRESIÓN: Ausencia de entusiasmo por la vida y sensación constante de dolor o tristeza; carencia de algo que
nos motive.
SINTOMAS PSICOTICOS: En estos casos hacen referencia a la tendencia a retraerse y aislarse en un mundo
propio.
PROBLEMAS PSICOSOMÁTICOS: Problemas de salud tales como gastritis, dolor de cabeza, asma, etc.
generados por tensión o problemas psicológicos.
ANSIEDAD GENERALIZADA: Sensación de zozobra en la que no podemos identificar claramente lo que nos
angustia.
PARONOIA - HIPERVIGILANCIA: Sensación constante de que nos persiguen.”
Sobre este aspecto, se señala que en la mayoría de los casos el secuestro tiene un
efecto positivo en las relaciones familiares, mejora la comunicación y aumenta el
compromiso de los miembros en tanto que la familia se convierte en el único
medio seguro y confiable.
Se indica que para el 46.3% de las familias el secuestro propicia un reencuentro y
la posibilidad de mejorar las relaciones familiares, logrando un mayor respeto y
aceptación del otro. Por el contrario, el 24.1% de las familias terminan en conflicto
constante, generalmente debido a culpabilizaciones mutuas mientras que en otros
simplemente la expresión de rabia no se ha podido canalizar o se crean relaciones
de sobreprotección.
Así mismo, se considera que para las familias el secuestro puede ser una
experiencia destructiva como constructiva, y genera consecuencias desadaptativas
en una 50% y positivas en el mismo porcentaje. “Dentro de lo desadaptativo, las
secuelas que aparecen con mayor frecuencia son la hipervigilancia, la ansiedad
fóbica, la depresión y la obsesividad. Además del trauma las familias deben
enfrentar una serie de pérdidas, en especial el desplazamiento de sus hogares y
lugares de trabajo. Para, otros es una experiencia constructiva que permite
madurar y aprender.”
3El primer año después de la liberación
Se indica por parte de la fundación aludida que en esta etapa se caracteriza:
*Los primeros días después de la liberación: Los secuestrados pasan por lo que se
denomina un período de anestesia psíquica caracterizado por sentimientos de
extrañeza. Posteriormente, el secuestrado busca contar su experiencia y después de
un período de catarsis efectiva tiende a evitar los recuerdos y el hablar de dicha
experiencia.
*Durante los primeros cuarenta y cinco días es usual encontrar síntomas propios
del estrés agudo.
*Pasados los dos meses, estos síntomas tienden a desaparecer y es el tiempo
conveniente para iniciar la vida laboral.
*Durante el tercero y el cuarto mes se observa un descenso en la presentación de
síntomas y coincide con el deseo de “borrar” el suceso y continuar con la vida.”
*Entre los cinco y los ocho meses es cuando aparecen verdaderamente muchos de
los cuadros psicológicos mencionados, haciendo de este un período crítico en el
proceso de readaptación familiar posterior al secuestro.
*Anualmente se presenta lo que se conoce como reacción de aniversario; el
secuestrado tiende a experimentar temores y aprensión cuando se acerca a la fecha
en la cual aconteció el suceso años atrás.
Indica que no obstante “ (...)que algunos estudios afirman que los síntomas y los
efectos sicológicos desaparecen con el tiempo, otras han demostrado que tres o
cuatro años después de la liberación algunos de estos síntomas continúan a nivel
inconsciente. Estas personas tienden a presentar irritabilidad, somatización,
obsesividad, sensibilidad interpersonal, hostilidad, ideación paranoide, ansiedad,
episodios depresivos, temores persecutorios, tendencias hipocondriacas y fóbicas,
aún después de varios años de liberados.”
3Conclusiones generales
- Se señala que la afectación psicológica que deja el secuestro es un conglomerado
de síntomas y cuadros clínicos que se presentan en función de múltiples variables
individuales, familiares y de las circunstancias propias del cautiverio y la
resolución del secuestro; “ (...) la mayor afectación se encuentra a nivel individual,
en la presencia de desórdenes como, ansiedad fóbica, obsesión compulsión,
depresión y estrés postraumático; cada uno de estos cuadros puede impedir de
acuerdo con su severidad, el desarrollo de las actividades laborales y productivas.”
- Se indica que el área que acarrea mayores dificultades son las relaciones
interpersonales debido a la desconfianza que este suceso acarrea hacia el medio
social. “En este sentido, es frecuente encontrar dificultades en el proceso de
readaptación al contexto laboral, problemas de reposicionamiento de la víctima en
el medio, o de las circunstancias de amenaza o seguridad que perciba dentro del
mismo, o del tipo de interacción que establezca con las personas que conforman
este entorno, además de que puede presentar los desórdenes anteriormente
descritos; en este sentido, es necesario tener en cuenta las circunstancias
particulares de cada caso, los recursos y las debilidades con que cuenta el medio
laboral y la víctima para enfrentar y comprender este proceso de readaptación.”
Sugiere que en todos los casos es aconsejable que las empresas o los contextos
laborales particulares, posibiliten la ayuda profesional requerida para el
secuestrado y su familia con el objeto de facilitar el proceso de asimilación que
requiere esta compleja y violenta situación.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Por lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política,
concordados con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto - ley 2591 de 1991, esta
Sala tiene competencia para revisar las Sentencias de la referencia.
2. Procedencia de la acción de tutela
2.1 Naturaleza jurídica de las entidades demandadas y constatación de una
amenaza o afectación de derechos fundamentales
Para el demandante la decisión de los bancos demandados vulnera sus derechos
fundamentales, - en particular el derecho a la solidaridad- en la medida en que,
pese a las solicitudes hechas por su esposa, estos se negaron a refinanciar sus
deudas, y por el contrario, procedieron a iniciar sendos procesos ejecutivos en su
contra. Sostiene además que el Estado, y específicamente la Superintendencia
Bancaria y los juzgados demandados, les vulneraron a él y a su familia el derecho
a la protección del Estado. En su parecer, además de no haber garantizado su
seguridad, el Estado no intervino para impedir que los bancos demandados
iniciaran el cobro de las deudas. Agrega que las entidades estatales han debido
enterarse de su secuestro con ocasión del ejercicio de sus funciones. Finalmente
dice que si el Estado protege a los funcionarios públicos y empleados privados que
han sido secuestrados, ordenando el pago de los salarios a sus familias, resulta
violatorio del derecho a la igualdad que no se otorgue protección a quienes
realizan actividades por cuenta propia.
Aunque la segunda instancia no se pronuncia al respecto, el juez de primera afirma
que la dignidad, la protección del Estado y la solidaridad no son derechos
fundamentales, y por lo tanto no son susceptibles de protección. Así mismo,
agrega que en el presente caso el juez de tutela tampoco puede proteger el derecho
a la igualdad, ya que el apoderado del demandante no sustentó su violación. Dice
que el apoderado no identificó un caso en el cual las entidades bancarias hubieran
dado un trato más favorable a otro deudor secuestrado. Para fundamentar tal
posición, aduce que cuando la tutela se interpone mediante abogado, el juez no
puede proteger derechos que no hayan sido expresamente invocados. Sostiene que
el juez de tutela no puede intervenir en conflictos como éste, pues se trata de
asuntos privados entre particulares que se encuentran en situación de igualdad.
Finaliza diciendo que además los bancos no prestan un servicio público y por
tanto, tampoco puede prosperar la tutela por este aspecto.
La diferencia entre la posición del apoderado del demandante y la de los jueces de
instancia lleva a esta Corporación a pronunciarse sobre tres aspectos diferentes en
torno a la procedencia de la acción de tutela.
En primer lugar, la Corte Constitucional debe referirse a la legitimación pasiva en
el presente caso. Para tal efecto debe establecer si la actividad que realizan las
entidades demandadas constituye un servicio público, para determinar si existe
legitimación pasiva para demandar la protección por vía de tutela.
En segundo lugar, a esta Corte le corresponde determinar el alcance del deber
judicial de proteger los derechos fundamentales de manera oficiosa a través de la
acción de tutela. Para ello, debe referirse al objeto y a la finalidad de esta acción,
para determinar si el alcance del deber oficioso del juez de tutela de proteger los
derechos fundamentales se ve alterado cuando el demandante interpone la acción
mediante apoderado judicial. Posteriormente, si la interposición de la acción de
tutela mediante apoderado no es óbice para que el juez proteja los derechos
fundamentales de manera oficiosa, le corresponde interpretar la solicitud hecha
por el demandante, para saber si lo que está alegando es en realidad una
vulneración o una amenaza de derechos que tengan carácter fundamental, de
conformidad con la Constitución.
Finalmente, si hay legitimación pasiva, y lo que el apoderado del demandante está
solicitando es efectivamente la protección de derechos fundamentales, esta
Corporación debe decidir si existen otros medios de defensa judicial susceptibles
de desplazar a la acción de tutela. Para tal efecto, es necesario indagar si los
medios de defensa judicial que se consideran principales prima facie resultan
igualmente eficaces para proteger integralmente los derechos fundamentales del
demandante. Específicamente, debe decidir si las posibilidades de defensa que en
la práctica otorgan la acción cambiaria y la tutela son igualmente eficaces para
proteger a quienes alegan el secuestro como circunstancia constitutiva de fuerza
mayor eximente de responsabilidad, teniendo como parámetro de valoración la
protección integral de los derechos fundamentales.
2.1.1 Legitimación pasiva: la naturaleza jurídica de la actividad financiera
Para saber si hay legitimación pasiva para interponer la acción de tutela contra las
entidades privadas demandadas es necesario establecer si prestan un servicio
público. Sin embargo, ello requiere una precisión terminológica previa. En primer
lugar, la Constitución no hace alusión expresa a la “actividad bancaria” aun
cuando esta expresión, utilizada por el apoderado del demandante, corresponde a
la clasificación legal y doctrinaria más común. La Carta Política se refiere a la
“actividad financiera”, distinguiéndola de las actividades bursátil y aseguradora,
sin que ello signifique una clasificación taxativa, ya que también se refiere a
“cualquier otra [actividad] relacionada con el manejo, aprovechamiento o
inversión de recursos captados del público”. La distinción terminológica usual
entre actividad financiera y actividad bancaria supone que la segunda es una
especie de la primera, a la cual corresponderían también la actividad bursátil y
aseguradora. Sin embargo, como la Constitución trata éstas dos últimas como
categorías aparte, la utilización indistinta de las expresiones “actividad bancaria” y
“actividad financiera” no supone problemas en el ámbito constitucional. Hecha
esta aclaración, pasa esta Sala a establecer la naturaleza jurídica de la actividad
financiera.
El artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela procede, entre
otros, frente a las acciones u omisiones de “... particulares encargados de la
prestación de un servicio público ...”, de tal modo que cada persona pueda “...
reclamar ... por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados ...”. En el presente caso, el juez de primera instancia
sostiene que los bancos no prestan un servicio público –lo cual no es desvirtuado
por la Corte Suprema -. En esa medida, para establecer la procedencia de la
presente acción de tutela, es preciso establecer si efectivamente la entidad
demandada no presta un servicio público, como lo afirma el Tribunal Superior de
Bogotá, y lo avala la Corte Suprema de Justicia.
La clasificación de las actividades que constituyen servicios públicos no es
estática. Sin importar si tales actividades las desarrolla el Estado o los particulares,
las continuas transformaciones sociales durante el Siglo XX suponen que dicha
clasificación deba tener un carácter dinámico. Sin embargo, este dinamismo no
significa que la clasificación sea aleatoria. Existe una tendencia a ubicar cada vez
más actividades dentro de la categoría de servicio público. La creciente incidencia
del mercado sobre la sociedad y el aumento en la complejidad de sus relaciones
recíprocas han llevado a que el Estado redefina sus funciones para poder cumplir
con sus fines sociales. Por lo tanto, al margen de las posiciones ideológicas
respecto de la forma como deben redefinirse las funciones del Estado, es innegable
que cada vez son más los sectores económicos y las actividades privadas que
tienen incidencia en la posibilidad de realización de los fines estatales.
La incidencia de una mayor cantidad de sectores y actividades económicas sobre
la realización de los fines del Estado supone una ampliación del interés público,
ante la cual el concepto de servicio público cumple una función de vital
importancia. Este concepto permite que el Estado regule tales actividades,
otorgándoles a las personas que las ejercen una serie de derechos, facultades y
prerrogativas, y permite que a la vez ejerza sobre ellos la vigilancia, inspección y
control, necesarios para garantizar el cumplimiento de sus finalidades sociales. En
esa medida, el aumento de la complejidad social y la creciente interdependencia
entre actividades económicas y finalidades estatales, hacen que cada vez sean más
las actividades privadas que interesan al Estado, y a las cuales éste les da un
carácter institucional, clasificándolos jurídicamente como servicios públicos.
El Siglo XX se caracterizó por las transformaciones continuas en torno al papel
del Estado. A la proliferación de modelos que le atribuían objetivos divergentes se
sumó proliferación de modelos que diferían en torno a los mecanismos que éste
puede utilizar para lograr unos mismos objetivos. De tal modo, el dilema dejó de
ser exclusivamente entre intervención o no intervención, agregándose la discusión
en torno a los diversos mecanismos para llevarla a cabo. A su vez, estos modelos
suelen yuxtaponerse –aun hoy- al interior de un mismo Estado, siendo más visibles
las tendencias generales y los cambios en ellas, que los modelos mismos.
Factores como el cambio en tales tendencias y la rápida evolución tecnológica, han
llevado a que sea cada vez menos importante la naturaleza pública o privada del
órgano que desarrolla la actividad, para determinar si se está frente a un servicio
público. Por el contrario, el ritmo acelerado de estas transformaciones lleva a que
adquiera mayor relevancia la función que tiene una determinada actividad en la
sociedad, para efecto clasificarla como servicio público. De tal forma, se permite
que el Estado logre sus objetivos sociales a través de diversos mecanismos, sin que
sus posibilidades de acción queden limitadas a la prestación directa de los
servicios públicos.
Acorde con tal realidad, nuestro sistema jurídico ha acogido un criterio
predominantemente funcional, como herramienta flexible para establecer cuándo
se está frente a un servicio público. Así se evidencia ya en la jurisprudencia
constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ha considerado que el carácter
de servicio público no depende de quién desarrolle la actividad, sino de las
funciones sociales que ésta cumple. Al respecto, en una decisión de 1970, esa
Corporación sostuvo que un servicio público es “... toda actividad [tendiente] a
satisfacer una necesidad de carácter general, en forma continua y obligatoria,
según las ordenaciones del derecho público, bien sea que su prestación esté a
cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores
delegados, o a cargo de simples personas privadas”3 (resalta la Sala)
Este mismo criterio ha sido adoptado por el legislador, que ha resaltado su aspecto
funcional, con prescindencia del carácter público o privado del órgano que lo
presta. En este sentido, el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo4 define de
manera general un servicio público como “... toda actividad organizada que tienda
a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado
directa o indirectamente o por personas privadas” (resalta la Sala).
Con todo, si bien hoy puede resultar irrelevante quién presta los servicios
públicos, de ahí no se desprende que la actividad en sí misma también lo sea. Por
el contrario, los servicios públicos están directamente relacionados con la parte
dogmática de la Constitución. En particular, estos servicios constituyen un
instrumento necesario para la realización de los valores y principios
constitucionales fundamentales, como se desprende del propio texto del artículo
365 de la Carta, que dice que los “servicios públicos son inherentes a la finalidad
social del Estado”.
En concordancia con lo anterior, la misma Constitución impone al Estado unos
deberes en relación con los servicios públicos, y le asigna las funciones necesarias
para cumplirlos. En particular, el Estado debe garantizar que los servicios públicos
se presten de conformidad con los principios de eficiencia y universalidad, y para
ello cuenta con las potestades necesarias para regularlos, controlarlos, y vigilarlos.
Así, si bien el propio texto del artículo 365 de la Constitución establece que los
“servicios públicos ... podrán ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, ... o por particulares”; también dispone que “es deber del Estado
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.
Por tal razón, dispone que en “todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el
control y la vigilancia de dichos servicios”.
De la interpretación de la disposición anterior se puede observar la estrecha
relación que existe entre el principio de universalidad en materia de servicios
públicos y el principio constitucional fundamental de solidaridad (art. 1º). En
efecto, la universalidad exige la prestación de los servicios públicos aun cuando
ello suponga una mayor carga en cabeza de quienes cumplen dicha función. En
principio, corresponde al Estado asumir la posición de garante para que ello sea
así. Sin embargo, en la medida en que no es sólo el Estado quien presta los
servicios públicos, sino que éste permite la iniciativa privada y la libertad de
empresa para que los particulares también lo hagan y se lucren de ello, los
particulares también están sujetos por este principio de solidaridad.
Los servicios públicos suponen la existencia de derechos subjetivos en cabeza de
los titulares de dichas prestaciones, y en algunos casos, el incumplimiento del
3 C.S.J. Sala Plena, Sentencia de 18/VIII/70 (M.P. Eustorgio Sarria). 4 Subrogado por el artículo 1° del decreto 753 de 1946 y continuando con los decretos 414 y 437 de 1952, el decreto
1543 de 1955, los decretos 1593 de 1959 y 1167 de 1963, y más recientemente por las leyes 31 y 142 de 1992 y por
el artículo 4º de la ley 100 de 1993.
deber de solidaridad por parte de los particulares que prestan tales servicios puede
constituir una vulneración de sus derechos fundamentales. El valor jurídico -
constitucional de estos servicios y sus previsibles repercusiones sobre los derechos
fundamentales llevaron al constituyente a incorporar este criterio funcional
también en relación con la acción de tutela, extendiendo su procedencia en contra
de aquellos particulares cuya actividad constituya un servicio público. En esa
medida, independientemente de que se trate de una entidad pública o privada, la
tutela procede cuando la entidad preste un servicio público.
En el presente caso interesa establecer si la actividad bancaria es un servicio
público. Sin duda, esta actividad cumple una función de vital importancia dentro
de un Estado, pues es la forma de canalizar la mayor parte del flujo de capitales en
el sector real de la economía. Sólo garantizando el adecuado flujo de capitales en
este sector se puede asegurar que las personas tengan acceso al conjunto de bienes
y servicios necesarios para vivir y desarrollar sus actividades. En esa medida, la
Constitución establece que la actividad financiera es de interés público y que el
gobierno podrá intervenir en ella, conforme a la ley. Su tenor literal es el siguiente:
“Artículo 355. Las actividades financiera ... y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos
de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo
150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa
autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma
de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la
democratización del crédito.”
A su vez, el artículo 150, numeral 19, literal d), y el artículo 189 numerales 24 y
25, configuran el esquema de intervención del Estado en la actividad financiera
conforme al modelo general de intervención en los servicios públicos, consagrado
en el artículo 365 de la Carta. De acuerdo con este esquema, le corresponde al
Congreso la regulación general, mientras al Presidente se le atribuyen las
facultades de inspección, vigilancia y control; así como la intervención, sobre
dicha actividad y sobre las personas que la ejercen. De tal modo, el artículo 150 de
la Carta dispone que corresponde al Congreso “[d]ictar las normas generales, y
señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno
para ... [r]egular las actividades financiera ... y cualquiera otra relacionada con
el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público”;
mientras el artículo 189 establece que “[c]orresponde al Presidente de la
República ... [e]jercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control
sobre las personas que realicen actividades financiera ... y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados al
público” y “ejercer la intervención en las actividades financiera ... y cualquier
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos
provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley”
Con todo, la consagración de la actividad financiera como de interés público, y el
que su diseño constitucional de regulación corresponda con el modelo general de
los servicios públicos consagrado en el artículo 365 de la Carta pueden ser
insuficientes para considerarla un servicio público. Aun así, la clasificación de la
actividad financiera como un servicio público se encuentra bastante arraigada en el
ámbito colombiano. Nuestro ordenamiento jurídico positivo clasificó la actividad
financiera como un servicio público desde 1959 a partir de un criterio funcional,
con independencia del carácter público o privado del órgano que la llevara a cabo.
En efecto, el artículo 1º del Decreto 1593 de ese año, estableció: “Decláranse de
servicio público las actividades de la industria bancaria, ya sean realizadas por
el Estado, directa o indirectamente o por los particulares”.
Así, a pesar de que este artículo se encuentra actualmente derogado por el artículo
3º de la Ley 48 de 1968, su pérdida de vigencia no incide sobre el carácter de
servicio público de la actividad financiera. De hecho, la jurisprudencia reiterada de
la Corte Suprema ha reconocido la calidad de servicio público que tiene la
actividad financiera, sin importar el carácter público o privado del órgano que la
lleve a cabo, aun después de la pérdida de vigencia del artículo 1º del mencionado
Decreto.
Ha dicho la Corte Suprema al respecto:5
“La actividad bancaria, tanto la oficial como la privada, es una
actividad de servicio público. A falta de una definición legal, ha dicho
la Corte, se debe estar a la doctrina, a la jurisprudencia y a los
preceptos del derecho positivo relacionados con la materia. Para la
doctrina y la jurisprudencia, servicio público es toda actividad
encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general, en forma
continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público,
bien sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de
concesionarios o administradores delegados, o a cargo de simples
personas privadas. Noción de igual contenido trae el artículo 430 del
Código Sustantivo del Trabajo” C. S. J. Sala Plena, Sentencia de
6/VI/72
Así mismo, en un pronunciamiento aun más reciente, que ha sido reiterado en
múltiples oportunidades, dicha Corte sostuvo:
“También se catalogaron como actividades de servicio público la de la
industria bancaria; la de la banca central, adjetivada adicionalmente de
esencial; la de los servicios públicos domiciliarios, y la de seguridad
social en salud y en pensiones en cuanto estén vinculadas con el
reconocimiento y su pago, también señaladas como esenciales.” C.S.J.
Cas. Lab. Sentencia de 15/VII/97 (M.P. Fernando Vásquez Botero)
Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación se ha manifestado
sistemáticamente en este mismo sentido.6 En la Sentencia T-443/92 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), la Corte se pronunció sobre un caso en que el
Ministerio de Trabajo había expedido unas resoluciones que impedían el ejercicio
de huelga en las entidades bancarias, con fundamento en la facultad provisional de
5 Véase también C.S.J. Sentencia de 12/VI/69 (M.P. Hernán Toro Agudelo). 6 También la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido el carácter de servicio público de la actividad
financiera. Véase C.E. Secc. 4, Sentencia de 7/VII/89 (C.P. Consuelo Sarria Olcos).
la administración para hacerlo, hasta tanto existiera una definición legal en torno
al carácter esencial del servicio público de banca. Un juez había ordenado
suspender provisionalmente dichas resoluciones; sin embargo, la Corte sostuvo
que la actividad bancaria constituye un servicio público, no sólo porque cuenta
con los atributos propios de dicha actividad, también porque así ha sido clasificada
por el derecho positivo, y porque este carácter ha sido reconocido
sistemáticamente por la jurisprudencia. Por tales motivos, con fundamento en el
carácter de servicio público de la actividad financiera, ordenó levantar la
suspensión de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Trabajo.
Así mismo, en la Sentencia de unificación SU-157/99 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), la Corte se refirió al carácter de servicio público de la actividad
bancaria, y con fundamento en dicha consideración aceptó la procedencia formal
de la acción de tutela contra diversas entidades bancarias. Al respecto sostuvo:
“Por consiguiente, las personas jurídicas que desarrollan la
actividad bancaria, independientemente de su naturaleza pública,
privada o mixta, actúan en ejercicio de una autorización del Estado
para cumplir uno de sus fines, que es el de la prestación de los
servicios públicos, por lo cual gozan de algunas prerrogativas
propias de la actividad, pero igualmente se obligan a cumplir
condiciones mínimas de derechos de los usuarios. En
consecuencia, la acción de tutela en contra de quienes prestan un
servicio público es formalmente procedente, por lo que la Corte
Constitucional entra a conocer de fondo el asunto sub iudice.” (F.J.
No. 5)
En virtud de lo anterior, no les asiste razón a los jueces de instancia –la Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia -, quienes
afirmaron que la actividad financiera (o bancaria) no constituye un servicio
público, en contra de lo dispuesto por el ordenamiento positivo y por la
jurisprudencia reiterada de todas las altas cortes del país. Por lo tanto, en relación
con la legitimación por pasiva, la tutela en contra del BBVA - Banco Ganadero y
del Banco de Bogotá resulta procedente.
2.1.2 El objeto de la acción de tutela, su ejercicio mediante apoderado y el
alcance de la protección oficiosa de los derechos fundamentales
El juez de primera instancia –al respecto no se pronuncia el ad quem- sostiene que
la tutela no es procedente porque la solidaridad y la protección del Estado no son
derechos fundamentales, y porque, además, el juez de tutela no puede proteger los
derechos fundamentales que no hayan sido expresamente invocados –aunque estén
siendo afectados -, cuando el demandante actúe mediante apoderado. Para
establecer si le asiste razón al a quo, es necesario que la Corte se pronuncie sobre
la finalidad de la acción de tutela, y con base en este fundamento teleológico
establezca si el alcance del deber oficioso del juez en la protección de los derechos
fundamentales es el mismo, independientemente de la forma como tal acción se
ejerza.
La acción de tutela tiene como finalidad la protección de los derechos
constitucionales fundamentales. El carácter fundamental de estos derechos
significa, entre otras, que a ellos les es inherente una dimensión objetiva. La
dimensión objetiva de los derechos fundamentales supone un tipo de relación
particular entre la persona, el Estado y la sociedad. Así, la estructura y actividad
del Estado deben definirse y mantener su carácter, a partir del respeto de los
derechos fundamentales. Al respecto, la Corte, en una de sus primeras sentencias
sostuvo:
“13. Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en el
concepto de derecho fundamental. Dos notas esenciales de este concepto
lo demuestran. En primer lugar su dimensión objetiva, esto es, su
trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo
el aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparato no tiene sentido
sino se entiende como mecanismo encaminado a la realización de los
derechos. En segundo lugar, y en correspondencia con lo primero, la
existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como
mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las
autoridades públicas y con posibilidad de intervención de la Corte
Constitucional para una eventual revisión de las decisiones judiciales,
que sirva para unificar criterios de interpretación.” Sentencia T-406/92
(M.P. Ciro Angarita Barón)
En virtud de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, la labor de
protección que corresponde al juez de tutela constituye también una función de
continua definición y mantenimiento de aquellos valores y principios sobre los
cuales existe un consenso constitucional. En esa medida, esta labor judicial de
protección de los derechos fundamentales es lo que permite que el Estado y la vida
en sociedad sean a la vez proceso y producto del consenso político entre los
colombianos. Al respecto, esta Corporación ha sostenido que la dignidad humana
constituye uno de los valores constitucionales que hacen parte del elemento
objetivo de los derechos fundamentales. En esa medida, sin la protección de tales
valores a través de su correlato en el plano subjetivo - los derechos fundamentales
-, el Estado y el sistema jurídico perderían su identidad. Sobre el particular, la
Corte dijo:
“10. La Constitución encarna un sistema axiológico que corresponde al
sistema de valores imperante en el momento constituyente. Tal sistema
axiológico está definido por aquellos intereses y valores que definen, en
su momento histórico, las características propias de un grupo social. Así
mismo, comprende la posibilidad de desarrollo de tales valores en una
perspectiva histórica. Con todo, ciertos valores y elementos del sistema
axiológico tienen una calidad definitoria del tipo de sociedad al cual se
dirige el sistema jurídico. En otras palabras, el sistema jurídico y la
sociedad no tendrían sentido sin tales valores. Podrían ser otros valores
o los mismos comprendidos de manera totalmente distinta, pero se
trataría de una sociedad distinta y, por lo mismo, de un sistema jurídico
distinto.” Sentencia T-227/03 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett)
Para preservar la identidad del Estado y de los valores y principios que configuran
su sistema jurídico, es necesario que existan los órganos estatales competentes y
los mecanismos adecuados para proteger los derechos fundamentales de las
personas. En consecuencia, nuestro sistema jurídico consagró la acción de tutela, y
otorgó a los jueces la competencia para su conocimiento. De tal modo, el artículo
86 de la Constitución establece que “[t]oda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
Debido a la importancia que tiene para el Estado la protección de los derechos
fundamentales, el constituyente optó por darle a la acción de tutela un carácter
especial, para garantizar que por encima de otras consideraciones prevalezca el
derecho sustancial, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 228 de la Carta.
Por tal motivo, quiso dársele un carácter informal a esta acción, permitiendo que
los particulares la interpongan directamente, a través de un agente oficioso, o
mediante un abogado. Esta diversidad de posibilidades con que cuentan las
personas para interponer la acción de tutela permite garantizar que diversas
circunstancias subjetivas, como la falta de un abogado, o la incapacidad para
defender directamente los propios intereses, no afecten la eficacia de los derechos
fundamentales. Sin embargo, el ejercicio de una u otra posibilidad procesal no
afecta el alcance del deber de protección estatal. El Estado sigue estando en la
obligación de reconocer los derechos fundamentales, y por lo tanto, también de
desplegar toda su capacidad para protegerlos, como emanación de la dignidad
humana y de los demás valores del ordenamiento, pues no se trata sólo un
problema de intereses subjetivos que competan exclusivamente a su titular.
Concretamente, la posibilidad de presentar la acción de tutela mediante abogado
tiene como objetivo permitirle a las personas ejercer una adecuada defensa técnica
de sus derechos fundamentales. Sin embargo, esta garantía no puede significar una
disminución del deber del juez de tutela de proteger oficiosamente tales derechos.
De aceptarse esta posición, se estaría disminuyendo su protección constitucional al
nivel de los demás derechos subjetivos que no ostentan un carácter fundamental.
Su efectividad dependería entonces de un aspecto formal –la forma de
presentación de la acción -, y no del compromiso estatal con los derechos
fundamentales, con lo cual se estaría vaciando el contenido normativo del deber
estatal de reconocer la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.N.
art. 5), y se estaría dando prevalencia a las formas sobre el derecho sustancial
(C.N. art. 228).
Si bien la presentación de una acción de tutela mediante abogado exige el lleno de
determinados requisitos, como la presentación de un poder para actuar, de ahí no
se desprende que el deber oficioso del juez de proteger los derechos fundamentales
varíe cuando el demandante actúa a través de abogado. La Corte ha tenido
oportunidad de pronunciarse sobre el alcance del deber de protección oficiosa de
los derechos fundamentales en casos en los cuales, si bien existe una amenaza o
vulneración de un derecho fundamental, ella no proviene de las personas
demandadas. En estos casos, la Corte ha dicho que el juez debe corregir los errores
formales o técnicos de los demandantes, para proteger efectivamente sus derechos
fundamentales. Así, en un proceso en el cual la actora no había demandado al
funcionario administrativo competente para resolver de fondo una petición, la
Corte dijo:
“El principio de informalidad en sede de tutela cobra relevancia en
cuanto a la integración de la causa pasiva y del legítimo
contradictorio, pues en ciertos casos la demanda está formulada
contra quien no ha incurrido en la acción u omisión que se le imputa
o, en otros, no se vincula a la totalidad de los sujetos procesales. Ello
ocurre, generalmente, porque el particular no conoce la complicada y
variable estructura del Estado7, ni de ciertas organizaciones privadas
encargadas de la prestación de un servicio público; en tales
circunstancias, tampoco puede exigírsele que sea un experto en la
materia. Sin embargo, el juez, que cuenta con la preparación
académica y las herramientas jurídicas para suplir tal deficiencia, está
en la obligación de conformar el legítimo contradictorio, no solo en
virtud del principio de informalidad, sino también atendiendo el
principio de oficiosidad que orienta los procedimientos de tutela.”
Sentencia T-1085/01 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett)8
Así mismo, el principio de informalidad también impone al juez el deber de
interpretar la demanda de tutela, protegiendo todos aquellos derechos
fundamentales que el demandante o su abogado no identificaron adecuadamente, o
cuya vulneración no fue técnicamente sustentada. Corresponde al juez
identificarlos y protegerlos de manera oficiosa, sin importar que la acción de tutela
haya sido interpuesta a través de abogado. Por lo tanto, en el presente caso el juez
debió entrar a establecer si se habían vulnerado derechos fundamentales no
alegados por el apoderado del demandante, sin imponer requisitos argumentativos
superfluos para proteger el derecho a la igualdad.
2.2 La existencia de otros medios de defensa judicial
Con fundamento en el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y en la
prohibición de alegar la propia culpa, la jurisprudencia de esta Corporación ha
dispuesto que esta acción no procede cuando el demandante no utilizó los recursos
de los que disponía para la defensa de sus derechos fundamentales dentro de otros
procesos judiciales principales. En el presente caso, el demandante contaba
formalmente con los procesos ejecutivos en los que era demandado, para obtener
la protección de sus derechos. En particular, pudo haberse opuesto a las
pretensiones de ejecución de los demandantes, alegando la circunstancia del
secuestro como excepción a la acción cambiaria. Sin embargo no lo hizo, con
fundamento en que el secuestro no es susceptible de encuadrarse dentro de las
excepciones a la acción cambiaria, que se encuentran taxativamente establecidas
en el artículo 784 del Código de Comercio.
Para determinar si la acción de tutela procede en el presente caso, aun a pesar de
que el demandante no propuso el secuestro como excepción dentro de los procesos 7 Cfr. Corte Constitucional, Auto 055 de 1997 MP. José Gregorio Hernández Galindo. 8 Véase también la Sentencia T-051/02 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
ejecutivos, es necesario establecer en primera medida, si tal circunstancia puede
ser alegada como excepción al mandamiento de pago dentro de un proceso
ejecutivo. Es decir, la Corte debe determinar si efectivamente el artículo 784
ibídem impone una restricción legal que les impide a las personas que han sido
secuestradas oponerse al cobro ejecutivo de un título valor.
Sin embargo, la sola posibilidad de alegar el secuestro dentro de las excepciones a
la acción cambiaria no es suficiente para desplazar a la acción de tutela, pues la
jurisprudencia exige que la protección otorgada por los medios que se presentan
como principales tengan la misma eficacia que la protección que otorga la tutela a
los derechos fundamentales. Por lo tanto, aun cuando el secuestro pueda alegarse
dentro de las excepciones del artículo 784 del Código de Comercio, es necesario
que esta Corporación precise si la protección de los derechos fundamentales en el
proceso ejecutivo resulta igualmente eficaz que en la acción de tutela, a partir de
las circunstancias del presente caso.
2.2.1 Subsidiariedad de la acción de tutela y el alcance del artículo 784 del
Código de Comercio
Si bien los títulos valores son instrumentos que sirven para garantizar el
cumplimiento de obligaciones, consagrándolas en documentos donde consten de
manera clara, expresa y exigible, y ello supone un cierto nivel de desprendimiento
del negocio que le dio origen, el título no se desprende por completo del negocio
subyacente. En efecto, aun cuando el encabezado del artículo 784 del Código de
Comercio establece que a la acción cambiaria sólo pueden oponerse las
excepciones contempladas en dicho artículo, el numeral 12 incluye “[l]as
derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del
título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio ...” De
tal modo, en la acción cambiaria el deudor puede oponer las causales de
justificación del incumplimiento de las obligaciones del negocio subyacente frente
a la pretensión del demandante, siempre que éste haya sido parte del mismo. Aun
más, el demandado tiene la posibilidad de oponer tales excepciones extracartulares
incluso cuando el demandante tenedor del título no fue parte en el negocio de
origen. En efecto, el mismo numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio
permite oponer dichas excepciones “contra cualquier otro demandante que no sea
tenedor de buena fe exenta de culpa”.
En el presente caso, el apoderado del demandante alega que el secuestro fue una
circunstancia imprevisible e irresistible, que le impidió a éste cumplir con sus
obligaciones comerciales, y en esa medida, considera que es constitutiva de fuerza
mayor. En principio, no le corresponde a esta Corporación establecer si el
secuestro es una circunstancia de fuerza mayor susceptible de alegarse dentro del
proceso ejecutivo, pues se trata de un problema de interpretación legal que
compete a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, este problema de interpretación
legal adquiere relevancia constitucional en esta oportunidad, pues de ahí se
desprende si el demandante contaba con otro medio de defensa judicial, caso en el
cual la tutela resulta improcedente. Por lo tanto, entra la Corte a hacer una breve
referencia sobre el fenómeno del secuestro como causal de fuerza mayor que
exime de responsabilidad al deudor dentro de un proceso ejecutivo.
En la legislación comercial no se establecen explícitamente las consecuencias
jurídicas de la fuerza mayor y el caso fortuito. Sin embargo, según el artículo 2º
del Código de Comercio, las reglas de la legislación civil deben aplicarse a las
cuestiones comerciales cuando la legislación mercantil no pueda aplicarse. Así
mismo, en materia de obligaciones, el artículo 822 establece que “[l]os principios
que gobiernan la formación de actos y contratos y las obligaciones de derecho
civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse,
serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que
la ley establezca otra cosa.” A su vez, conforme a la legislación civil; en
particular en lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 1604 del Código Civil,
“el deudor no es responsable del caso fortuito”; figura que, para efectos del
presente caso debe entenderse como expresión sinónima a la fuerza mayor. En ese
orden de ideas, la fuerza mayor y el caso fortuito, como causales de exoneración
de obligaciones propias de los contratos que dieron origen al título valor, también
pueden alegarse dentro de la excepción genérica contenida en el numeral 12 del
artículo 784 del Código de Comercio. No resulta acertado afirmar que no puede
alegarse el secuestro como circunstancia de fuerza mayor dentro de las
excepciones a la acción cambiaria. Desde esta perspectiva, no puede alegarse que
el demandado carezca de posibilidades de defensa dentro del proceso ejecutivo, y
que por esa sola circunstancia la tutela resulte procedente.
Sin embargo, aun a pesar de que pueda alegarse el secuestro como circunstancia
de fuerza mayor dentro del proceso ejecutivo, de ahí no se desprende que el
demandado tenga las mismas oportunidades procesales para su defensa que las que
tiene en la acción de tutela. Del mismo modo, de la procedencia formal del
secuestro dentro de la excepción consagrada en el artículo 784.12 C.Co. tampoco
puede concluirse que el proceso ejecutivo provea una protección integral de los
derechos fundamentales del demandado que lo alega. Por lo tanto, pasa la Corte a
analizar qué oportunidades procesales provee al demandado la legislación civil y
cuál es el alcance de la protección que le otorga el proceso ejecutivo a los
derechos fundamentales del demandante.
2.2.2 Análisis comparativo de la eficacia del proceso ejecutivo frente a la tutela
en el presente caso
De acuerdo con la posición sostenida por la Corte Suprema de Justicia en su
jurisprudencia y con la doctrina especializada, ninguna circunstancia definida a
priori –v.gr. el secuestro- es susceptible de calificarse genéricamente como
constitutiva de fuerza mayor.9 En efecto, desde una perspectiva analítica no podría
afirmarse que un hecho –genéricamente definido- sea per sé imprevisto,
imprevisible e irresistible, al margen de las circunstancias específicas en que se
encontraba el deudor cuando el hecho ocurrió. Desde esa perspectiva, el juicio
sobre la imprevisibilidad y la irresistibilidad supone que el juez examine la
posición en que se encuentra el deudor en relación con el hecho en sí, y no sólo la
ocurrencia objetiva del hecho. En el ámbito civil ordinario esta perspectiva resulta
razonable, pues impide que el deudor alegue hechos que realmente no han
9 En este sentido véase C.S.J. Cas. Civil, Sentencia de oct. 7 de 1993 (M.P. Rafael Romero Sierra)
afectado las posibilidades de cumplir sus obligaciones. Por supuesto, ello significa
que en cada caso el deudor debe demostrar que la ocurrencia del hecho constituye
una circunstancia de fuerza mayor; esto es, que el hecho fue imprevisto,
imprevisible e irresistible, y que le impidió el cumplimiento de sus obligaciones.
En términos abstractos resulta razonable y proporcional imponer la carga de
probar que el hecho era imprevisto, imprevisible e irresistible, y que hubo una
relación causal con el incumplimiento, como condiciones probatorias para eximir
al deudor de responsabilidad en materia civil. Sin embargo, en el caso del
secuestro esta carga probatoria resultaría demasiado onerosa. Imponerle a un
deudor que ha sido secuestrado la carga de probar que en su caso el secuestro era
una circunstancia imprevista, imprevisible e irresistible, conforme a los cánones
probatorios ordinarios resulta irrazonable y desproporcionado, por diversas
razones.
En primer lugar, porque aun cuando en algunas ocasiones las personas llegan a
resistir un secuestro asumiendo el riesgo para sus vidas y las de los demás, esta
opción personal no puede llevarse a cabo sin poner en juego el bien jurídico de la
vida, y como lo ha reiterado esta Corporación, el ordenamiento jurídico no puede
obligar a las personas a elegir entre estas dos alternativas.10 En segundo lugar,
porque aun cuando en algunos casos la existencia de amenazas previas puede
constituir un indicio de la previsibilidad del secuestro, el grado de afectación
personal que significa este delito para las víctimas lleva a suponer que de saber
cómo y cuándo se va a efectuar, la persona tomaría todas las precauciones
necesarias para evitarlo.
Con todo, podría alegarse que el deber de cuidado de una persona amenazada de
secuestro lo obliga a dejarlo todo para evitar su ocurrencia. Sin embargo, esta
exigencia tampoco resulta admisible desde el punto de vista constitucional, pues
implicaría desplazar el deber del Estado de garantizar la seguridad de las personas
en cabeza de ellas mismas.11 En esa medida, imponer a los individuos amenazados
la obligación de abandonar sus actividades vitales para prevenir el secuestro
también resulta desproporcionado e irrazonable; y además resulta contradictorio
desde una perspectiva económica, si lo que pretende es que las personas cumplan
sus obligaciones pecuniarias, legales o contractuales. En relación con este punto,
la Corte ha sostenido que no puede entenderse la Carta Política a partir de las
instituciones propias del derecho civil, y en particular, que no puede asumirse que
el secuestro es previsible, por el hecho de ser de “posible ocurrencia”. En un caso
en que se trataba de determinar qué derechos asistían a la familia de un senador
secuestrado, la Corte dijo sobre este punto:
“Debe entonces recordarse, que no es con los criterios del Código
Civil como ha de interpretarse la Constitución, norma de normas. En
este caso en concreto, escapa a los criterios de razonabilidad el
sostener que el secuestro, al ser un hecho de “posible ocurrencia”
deba ser totalmente previsible. Por el contrario, partiendo del
10 Véase en este sentido la Sentencia C-542/93. 11 Véase en este sentido la Sentencia C-251/02 (M.Ps. Clara Inés Vargas Hernández y Eduardo Montealegre Lynett)
F.Js. 17, 18.
presupuesto de que es el Estado quien debe “proteger a todas las
personas residentes en Colombia en su honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades” (Art. 2 CN) el secuestro es un
fenómeno tan irresistible como imprevisible.” Sentencia T-1337/01
(M.P. Rodrigo Uprimny Yepes)
En ese orden de ideas, resulta irrazonable someter a las personas que han sido
secuestradas al deber probatorio, propio del derecho ordinario, de demostrar la
imprevisibilidad e irresistibilidad de su secuestro, así como su relación causal con
el incumplimiento. Ello significaría, en la práctica, la ineficacia del proceso de la
justicia ordinaria –en este caso el proceso ejecutivo -, como medio de defensa
judicial, por la imposibilidad fáctica de cumplir con las exigencias propias del
estándar probatorio impuesto. Por lo tanto, no puede un juez afirmar que la tutela
en estos casos resulta improcedente por existir otro medio de defensa judicial.
Dentro de tal orden de ideas, la Corte ha sostenido que el secuestro constituye una
circunstancia de fuerza mayor, lo cual ha sido reconocido en múltiples decisiones
por la jurisprudencia constitucional.12 Para fundamentar que el secuestro
constituye una circunstancia de fuerza mayor eximente de las obligaciones
contractuales en materia laboral, la Corte, en la primera sentencia sobre el tema,
afirmó:
“Por ello, si el trabajador no ha incumplido sus obligaciones laborales
ni ha abandonado por su culpa el trabajo, sino que por el contrario, en
virtud del secuestro de que ha sido objeto, se ha visto forzado a
interrumpir la prestación de sus servicios, no puede concluirse que
una persona colocada en dicha situación no tenga derecho a percibir
su salario en cabeza de sus beneficiarios, razón por la cual queda
plenamente justificada la procedencia de la solicitud de amparo para
la protección inmediata de los derechos de la accionante y de su hija
menor, quienes dependen económicamente del empleado, consistente
en percibir los salarios y prestaciones correspondientes a éste y que
constituyen el medio para subvenir a sus necesidades vitales.”
“Es pues, la noción de fuerza mayor la que debe aplicarse en este
asunto, pues a causa de la misma se produjo la interrupción del
servicio por parte de quien estaba en pleno ejercicio de sus
actividades laborales.”
“Lo anterior resulta pertinente, por cuanto en el proceso se encuentra
acreditado plenamente que la desaparición del servidor público no fue
voluntaria sino que se produjo como consecuencia del acto
delincuencial forzado ...” T-015/95 (M.P. Hernando Herrera Vergara)
Con fundamento en la calificación del secuestro como una circunstancia de fuerza
mayor –que le impide al trabajador cumplir las obligaciones propias del contrato
laboral -, esta Corporación ha establecido que el empleador tiene la obligación de 12 Además de la sentencia citada infra, véanse en este sentido las Sentencias T-158/96 y T-292/98, T-637/99, T-
1634/00, T-1699/00, T-105/01 y T-093/03.
pagarle los salarios a la familia de un trabajador secuestrado durante un término de
dos años a partir de la ocurrencia de tal circunstancia, la cual ha sido ampliada
conforme a los establecido por esta Corporación en la Sentencia C-400/03 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño). Con todo, la calificación genérica del secuestro como una
circunstancia de fuerza mayor no significa que las familias de las personas
secuestradas queden exentas de toda carga probatoria, y que la simple desaparición
de una persona sea fundamento suficiente para recibir su salario por vía de tutela.
En tales casos, la jurisprudencia ha sostenido que de todos modos los familiares
deben probar que efectivamente la causa de la desaparición es el secuestro.13
Así, en virtud de todo lo anterior, concluye la Corte que la presente acción de
tutela es procedente, y pasa a analizar la materia de fondo objeto de la decisión.
3. Materia objeto de la decisión
Según consta en el expediente, el demandante en tutela suscribió varios pagarés
en favor de los bancos demandados para garantizar el pago de las obligaciones
derivadas de los contratos de mutuo suscritos con las entidades bancarias
demandadas. Dentro de los pagarés suscritos por el demandante constan sendas
cláusulas aceleratorias que serían efectivas en caso de incumplimiento de sus
obligaciones contractuales.14 El demandante de tutela no efectuó los pagos
mensuales de los contratos de mutuo y los bancos procedieron a presentar
demandas ejecutivas, exigiéndole la totalidad de los saldos insolutos, en virtud de
las cláusulas aceleratorias pactadas, incluyendo además, los intereses moratorios
hasta tanto las obligaciones hayan sido canceladas.
Por su parte, el demandante sostiene que el retraso en el pago se debe al secuestro,
y que hasta el momento en que éste ocurrió, se encontraba al día con sus
obligaciones. Adicionalmente, aduce que su familia tuvo que endeudarse para
pagar el rescate de los secuestradores, que cuando su cuñado se disponía a pagar,
también él fue secuestrado, y que todos estos hechos han afectado su salud y la de
su familia. En esa medida, proceder al cobro judicial de las deudas, como lo
hicieron las dos entidades bancarias demandadas, constituye una amenaza de sus
derechos fundamentales. En particular, estima que han sido amenazados y/o
vulnerados sus derechos a la protección del Estado, a la solidaridad –pues
desconocieron las consecuencias del secuestro sobre su libertad personal, su
dignidad y su salud- y a la igualdad.
Por lo tanto, corresponde a esta Corporación establecer si la decisión de las
entidades bancarias de iniciar procesos ejecutivos en contra de una persona que ha
sido secuestrada amenaza o vulnera sus derechos fundamentales. En tal caso, la
Corte debe determinar cuál es la medida que se debe adoptar en este caso,
especificando si resulta procedente ordenar la refinanciación del crédito.
3.1 Planteamiento del Problema Jurídico
13 Véanse en este sentido, las Sentencias T-158/96, T-292/98 y T-201/99. 14 BBVA-Ganadero: Pagaré IFI No. 15313 PYME Cláusula Tercera; Banco de Bogotá: Pagarés Nos. 0620014310-1,
0620014294-6, 062-0014070-9, 062-0013975-3, 062-0014174.2.
Teniendo en cuenta lo anterior, el problema jurídico que le corresponde resolver a
esta Corporación se puede plantear de la siguiente manera: ¿se vulneran los
derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad cuando una entidad
bancaria exige el pago a un deudor secuestrado y posteriormente liberado, sin
considerar los efectos que tuvo su secuestro sobre sus posibilidades de cumplir?
La presunta afectación de tales derechos proviene de exigirle a una persona el
cumplimiento de una obligación civil, desconociendo el deber de solidaridad hacia
una circunstancia de la cual los demandados no fueron autores. Por lo tanto, es
necesario que esta Corte se pronuncie sobre la forma como puede verse afectado
un derecho fundamental por la omisión de un deber constitucional.
Específicamente, por el incumplimiento del deber de solidaridad.
3.2 Afectación de un derecho fundamental por incumplimiento del deber de
solidaridad frente a personas en circunstancia de debilidad manifiesta
Existen diversos mecanismos para establecer si el Estado o un particular están
afectando un derecho fundamental. El más sencillo consiste en establecer si la
conducta del Estado o de un particular desencadena una serie de consecuencias
que afectan uno o más bienes jurídicos que hacen parte del ámbito protegido por
un derecho fundamental. En este evento, el juez debe constatar, simplemente, si la
acción del Estado o del particular determinó directamente la afectación del bien
jurídico protegido. Sin embargo, constatar la violación de un derecho fundamental
no siempre resulta tan sencillo. La afectación de los derechos fundamentales no
siempre supone una relación causal inmediata y mecánica entre la conducta de un
agente y la producción de una consecuencia nociva para los derechos
fundamentales.
En el presente caso, es evidente que la causa inmediata de la afectación –el
secuestro- no es producto de la acción de los bancos, ni de los jueces, ni de alguna
de las partes demandadas. Sin embargo, ello no significa que el respeto de los
derechos fundamentales no les imponga prima facie determinados patrones de
conducta, cuyo incumplimiento termine agravando la situación de las personas que
–por motivos ajenos a ellos- se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta. Un ejemplo de esta forma de afectar un derecho fundamental sería el
caso de un trabajador que padece una limitación o dolencia física, a quien su
empleador le ordena realizar tareas que agravan su situación de salud. En este
caso, el empleador no es el causante de la dolencia o limitación física del
trabajador. Aun más, éste puede estar dando sus órdenes dentro del ejercicio
ordinario de su facultad subordinante, en igualdad de condiciones con respecto a
los demás trabajadores. Sin embargo, a pesar de que la conducta del empleador no
haya causado la limitación física, y que sus órdenes correspondan al ejercicio de
un derecho, éstas pueden afectar gravemente la salud del trabajador.
Un caso semejante fue analizado por esta Sala de Revisión de tutelas en la
Sentencia T-1040 de 2001. Se trataba de una trabajadora de una cadena de
supermercados que sufría de una enfermedad en una pierna. Su empleador no tuvo
suficiente consideración para con su estado de salud, y además de darle órdenes
que afectaban su condición, la trasladó de puesto de trabajo varias veces, hasta que
finalmente la despidió sin justa causa, pagándole la respectiva indemnización.
Visto desde un punto de vista formal, el empleador simplemente había ejercido
diversas prerrogativas consagradas en el ordenamiento jurídico, como su facultad
de subordinación, el ius variandi y su facultad de despido. Por otra parte, en este
caso resultaba excesivamente difícil constatar científicamente una relación causal
entre la agravación de la salud de la demandante y sus condiciones de trabajo. Sin
embargo, a pesar de la dificultad probatoria inherente al caso, y a pesar de que el
empleador estaba ejerciendo sus derechos, había omitido su deber de tener en
consideración las recomendaciones médico laborales que le habían sido hechas a
la demandante. Por tal motivo, la Corte ordenó a la empresa demandada reintegrar
a la demandante a un puesto de trabajo acorde con su condición de salud. En
aquella oportunidad, esta Sala sostuvo:
“En el presente caso, la empresa demandada cambió varias veces las
condiciones de trabajo de la demandante, encargándole labores de
mensajería u otras, que requerían que realizara ejercicios médicamente
contraindicados (...) No corresponde a esta Corporación determinar la
responsabilidad contractual pecuniaria de la empresa demandada en la
afectación del estado de salud de la demandante. Sin embargo, resulta
evidente que ésta no tuvo en cuenta la situación particular de la
demandante para efectos de asignarle funciones que pudiera
realizar, (...) En esa medida, para esta Corte, la empresa
demandada se excedió en el ejercicio de la facultad patronal de
subordinación y con ello vulneró el derecho al trabajo en
condiciones dignas de la demandante, al impartirle órdenes que iban en
detrimento de su salud.” Sentencia T-1040/01 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil)
De lo anterior es necesario extractar dos conclusiones. En primer lugar, que la
afectación de los derechos fundamentales no siempre se identifica con la causa de
la circunstancia de debilidad de la persona. Por el contrario, la afectación puede
provenir del incumplimiento de un deber exigible de terceros, independientemente
de su participación en los hechos que originaron la circunstancia de debilidad. En
tales casos, si el destinatario del deber lo incumple, estará vulnerando prima facie
los derechos fundamentales, al margen de la responsabilidad que le incumba al
causante de la circunstancia de debilidad. En segundo lugar, debe concluirse que
el tercero puede estar afectando los derechos fundamentales de la persona en
circunstancia de debilidad, aun cuando el incumplimiento de su deber corresponda
al ejercicio de un derecho o de una libertad protegida por el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, el solo incumplimiento de un deber frente a una persona en
circunstancia de debilidad no implica una afectación de un derecho fundamental.
Para que ello sea así, es necesario que el destinatario del deber se encuentre en la
posibilidad jurídica y fáctica de darle cumplimiento. En efecto, los derechos
fundamentales no siempre exigen de los terceros los mismos deberes. En
particular, porque estos terceros no se encuentran, fáctica y jurídicamente, en la
misma posición para asumir las cargas que tales deberes les imponen. En esa
medida, el juez constitucional está llamado a considerar la posición de estos
terceros, estableciendo su posibilidad fáctica de asumir tales cargas, y los intereses
que pretenden proteger mediante su conducta. Una vez hecho esto, debe entrar a
determinar si los intereses del tercero son razonables, si su conducta es adecuada y
necesaria, y si los efectos que ésta tiene sobre los derechos fundamentales del
afectado son proporcionales, habida cuenta de las circunstancias específicas en
que éste último se encuentra.
En el presente caso, el apoderado del demandante considera que al exigir el
cumplimiento anticipado de la totalidad del monto de los contratos de mutuo, las
entidades bancarias ha afectado su derecho a la solidaridad. Si bien la solidaridad
no puede considerarse técnicamente como un derecho fundamental, sí constituye
un principio fundamental (C.N. art. 1) y un deber de las personas (C.N. art. 95.2),
que tiene una estrecha relación con el derecho a la igualdad (C.N. art. 13). Por lo
tanto, corresponde a esta Corte establecer cuál es el fundamento que permite exigir
el cumplimiento de un deber de solidaridad frente a las personas que han sido
secuestradas, determinando si se trata de un grupo social en circunstancia de
debilidad manifiesta.
3.3 Fundamento del deber de solidaridad frente a las personas que han sido
secuestradas
3.3.1 La imposición excepcional de deberes constitucionales por vía de tutela
La existencia de los deberes constitucionales, en particular el de solidaridad, está
directamente relacionada con la transformación que supone el paso de un Estado
liberal burgués a un Estado social de Derecho, en una sociedad contemporánea. El
Estado liberal burgués concibe al individuo como un sujeto al margen de las
estructuras del poder, que en ese modelo están personificadas principalmente por
el Estado. Por lo tanto, los derechos individuales y la separación de poderes
constituyen mecanismos de protección suficientes frente a la acción del Estado.
Sin embargo, la visión sicológica de las libertades en el modelo liberal burgués le
resta valor a ciertos elementos de la relación del individuo con su contexto social.
Al restarle valor a estos elementos, reduce las herramientas de transformación
social de las que dispone el Estado, en aspectos que otros modelos de Estado
consideran importantes para garantizar la continuidad de la vida en comunidad.
Estos otros modelos conciben al individuo también a partir del rol que ocupa en
las estructuras sociales dentro de las cuales se desenvuelve cotidianamente. De
acuerdo con ellos, al individuo corresponden ciertos deberes, que varían
dependiendo de la valoración que se haga de las estructuras a las cuales pertenece,
y que se canalizan de distintas maneras, dependiendo de los papeles que se asignen
al Estado y a la sociedad.
Dentro de este contexto, el Estado social no pretende la transformación radical de
las estructuras sociales, sino la corrección sistemática de sus consecuencias más
graves, y la promoción de sus efectos deseables. Así mismo, el Estado social
permite la interacción de los agentes sociales, sin querer determinar sus relaciones
por intermedio del Estado. Por el contrario, permite su libre juego, dentro de un
marco que garantice la convivencia social presente y futura, tomando la dignidad
humana como elemento indispensable para la continuidad de cualquier comunidad
política. En ese orden de ideas, puede afirmarse que los deberes constitucionales
son instrumentos jurídicos que garantizan que los particulares cumplan sus
funciones dentro de la sociedad para lograr determinados objetivos
constitucionales, sin necesidad de estructurar las relaciones entre los agentes
sociales a través del Estado.
El carácter jurídico de estos deberes supone su exigibilidad. En efecto, dentro del
Estado liberal, estos deberes se consideraban de naturaleza cívica o moral, y por lo
tanto no era posible exigirlos jurídicamente. Sin embargo, la incidencia cada vez
más fuerte de las actividades privadas en la realización de los objetivos
constitucionales dentro de la sociedad contemporánea, hacen necesario que el
Estado cuente con las herramientas suficientes para afrontar los crecientes desafíos
que supone el deber de asegurar la cohesión social.
A pesar del valor normativo de los deberes constitucionales, y de su importancia
práctica para la realización de los valores del Estado social, la forma tan general
como fueron consagrados en el texto de la Carta hace que sea necesario concretar
su contenido y alcance para poderlos aplicar. Surge entonces el interrogante de
cuál es el órgano competente para concretar el contenido y alcance de los deberes
constitucionales. Para responder a este interrogante es necesario tener en cuenta
que al exigirle a los particulares el cumplimiento de determinados deberes se les
están imponiendo cargas que implican la restricción de sus libertades individuales.
En esa medida, resulta indispensable encuadrar el carácter social del Estado dentro
del marco jurídico propio de un Estado de derecho. De tal forma se puede
controlar la actuación de las autoridades, impidiendo que restrinjan
caprichosamente las libertades individuales. Por lo tanto, corresponde en principio
al legislador establecer tanto el contenido y alcance de los deberes
constitucionales de los particulares, como las sanciones que pueden imponerse por
su incumplimiento. Así lo ha entendido esta Corporación, que al respecto ha
dicho:
“3. Los deberes constitucionales son aquellas conductas o
comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona
o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que
afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal. Las
restricciones a la libertad general sólo pueden estar motivadas
por fundadas razones que determine el Legislador. En este sentido,
los deberes consagrados en la Constitución comprenden una
habilitación al Legislador para desarrollar y concretar la sanción por
el incumplimiento de los parámetros básicos de conducta social
fijados por el Constituyente.” (resaltado fuera de texto) Sentencia T-
125/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
Así mismo, en una oportunidad más reciente, la Corte dispuso que la exigibilidad
de un deber requiere la existencia de una ley que precise su alcance, que defina las
obligaciones específicas que de él se derivan, y que establezca las sanciones por su
incumplimiento,15 mientras en otra decisión reciente recalcó que una ley que
imponga un deber a los particulares no puede limitarse a repetir el texto
constitucional, sino que debe desarrollarlo y concretar su contenido.16
Aunque en principio los deberes constitucionales requieren un desarrollo legal que
garantice que las autoridades no van a restringir indebidamente las libertades
individuales, estos deberes excepcionalmente constituyen un criterio hermenéutico
indispensable para la aplicación directa de las cláusulas constitucionales que se
refieren a derechos fundamentales. En esa medida, cuando del incumplimiento de
un deber consagrado en la Constitución se derive una afectación de un derecho
fundamental, estos deberes pueden exigirse directamente por vía de tutela.
Sin embargo, la afectación de un derecho fundamental no es suficiente para que el
operador jurídico, en este caso el juez, proceda a aplicar directamente una cláusula
constitucional que consagra un deber a un particular. Para ello es necesario
además, que dicho deber no haya sido adecuadamente regulado por el legislador.
Esto ocurre cuando la ausencia o insuficiencia en la regulación de un deber
constitucional implica una desprotección de los derechos fundamentales de
determinado grupo social. Tal excepción se justifica por la necesidad de sustraer
los derechos fundamentales de las mayorías políticas ocasionales, para lo cual es
indiferente que su afectación provenga de la acción del legislador, o de su
inacción. En relación con este aspecto, la Corte se ha pronunciado, diciendo:
“Excepcionalmente, los deberes constitucionales son exigibles
directamente. Ello sucede, entre otros eventos, cuando su
incumplimiento, por un particular, vulnera o amenaza
derechos fundamentales de otra persona, lo que exige la
intervención oportuna de los jueces constitucionales para
impedir la consumación de un perjuicio irremediable (CP art.
86). En estos casos, al juez de tutela le corresponde evaluar si la
acción u omisión, que constituye simultáneamente un
incumplimiento de los deberes constitucionales, vulnera o amenaza
un derecho fundamental, y si la ley habilita la procedencia de la
acción de tutela contra el particular. En caso afirmativo, el juez
podrá hacer exigible inmediatamente los deberes consagrados en la
Constitución, con miras a la protección efectiva de los derechos
fundamentales.”
15 En relación con los deberes de solidaridad entre cónyuges, la Corte sostuvo: “Para que un deber constitucional sea
exigible de un individuo en un caso concreto se requiere, a diferencia de lo que sucede con los derechos
fundamentales que son directamente tutelables, de una decisión previa del legislador consistente en precisar el
alcance del deber constitucional, en establecer si de éste se derivan obligaciones específicas y en definirlas, así como
en señalar las sanciones correspondientes, respetando principios de razonabilidad y proporcionalidad” Sentencia C-
246/02. (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 16 Al referirse a la posibilidad de que el ejecutivo dispusiera de un margen amplio de discrecionalidad para
reglamentar una ley que simplemente repetía el contenido del artículo 95 de la Constitución, Esta Corporación
sostuvo: “Esto significa entonces que las leyes que desarrollan los deberes constitucionales no pueden limitarse a
repetir lo ya dispuesto en la Carta, sino que deben concretar el deber, en la medida en que lo permita la naturaleza de
las cosas, indicando con precisión el alcance de la obligación ciudadana, así como las eventuales sanciones derivadas
de su incumplimiento.” Sentencia C-251/02 (M.Ps. Clara Inés Vargas y Eduardo Montealegre Lynett).
La aplicación judicial directa de la solidaridad resulta particularmente exigible en
estos casos. La solidaridad no sólo es un deber constitucional genérico (C.N. art.
95.2), también es un principio fundamental (C.N. art. 1º). Como principio, la
solidaridad imprime ciertos parámetros de conducta social a los particulares, que
pretenden racionalizar ciertos intercambios sociales. En el Estado Social de
Derecho, el principio de solidaridad cumple la función de corregir
sistemáticamente algunos de los efectos nocivos que tienen las estructuras sociales
y económicas sobre la convivencia política a largo plazo. Por supuesto, la
solidaridad, como principio exigible a los particulares, no es un instrumento
necesario para garantizar la convivencia política, independientemente del modelo
de Estado. Se trata más bien de una construcción histórica, de una herramienta que
acogió el Constituyente de 1991, como instrumento normativo consistente con su
opción política por el Estado Social de Derecho.
Otros modelos de Estado consideran que la solidaridad es per sé una intromisión
ilegítima en la esfera privada, y suponen que sólo cuando el Estado garantiza un
total libre juego de las fuerzas sociales se puede perpetuar la vida en comunidad.
Sin embargo, la dimensión social y no simplemente individual que el Estado
Social de Derecho le imprime a libertad, supone la necesidad de garantizarla de
manera general y permanente, y ello impone la necesidad de racionalizarla a través
del principio de solidaridad. Por lo tanto, como principio fundamental, es
susceptible de aplicación judicial inmediata, cuando de ello depende la
intangibilidad de los derechos fundamentales. De tal modo, la misma Sentencia
antes citada, a continuación establece:
“La solidaridad es un valor constitucional que presenta una triple
dimensión. Ella es el fundamento de la organización política (CP
art. 1º); sirve, además, de pauta de comportamiento conforme al que
deben obrar las personas en determinadas situaciones y, de otro lado,
es útil como un criterio de interpretación en el análisis de las
acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen
los derechos fundamentales (CP arts. 86 y 95-1).” Sentencia T-
125/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
En virtud de lo anterior, es necesario concluir que el juez de tutela puede exigir el
cumplimiento de un deber de solidaridad a un particular, cuando su
incumplimiento afecte los derechos fundamentales de una persona que, por
ausencia de regulación legal, carece de protección.
Por lo tanto, pasa la Corte a establecer si existe actualmente una protección estatal
suficiente para garantizar los derechos fundamentales de los secuestrados y de sus
familias.
3.3.2 La protección estatal de los secuestrados y de sus familias: identificación de
grupos sociales y riesgos desprotegidos
Esta Corporación ha desarrollado una línea jurisprudencial encaminada proteger el
núcleo familiar de las personas que se encuentran secuestradas, desde cuando no
había en el ordenamiento una disposición de carácter legal que las protegiera. En
tales casos, la Corte otorgaba una protección transitoria para permitirles subsistir.
Así, en la primera sentencia en que se ocupó del tema, la T-015 de 1995, la Corte
ordenó el pago de los salarios de un servidor público secuestrado a su esposa e
hija, durante un término de dos años, al cabo del cual, la familia debía iniciar el
proceso de declaración de muerte presunta. Podría aducirse que en este caso no
resulta aplicable el deber de solidaridad, por cuanto el empleador, obligado al
pago de salarios a la familia de la persona secuestrada, no es un particular sino el
Estado. Por lo tanto, el fundamento de la obligación no sería el deber de
solidaridad, sino el deber del Estado de velar por los derechos fundamentales de
las personas.
Sin embargo, para estos efectos es irrelevante que el empleador sea el Estado o un
particular, como se evidencia del desarrollo de dicha línea jurisprudencial. En
efecto, con posterioridad a la Sentencia T-015/95, se presentaron varios casos en
que las familias de varios trabajadores particulares que habían sido secuestrados,
reclamaban sus salarios para poder subsistir. Tales casos fueron acumulados y
decididos mediante Sentencia T-1634 de 2000. En dicha Sentencia la Corte otorgó
la protección solicitada aplicando analógicamente la figura de la suspensión del
contrato de trabajo. La aplicación analógica de esta figura tuvo como fundamento
la necesidad de preservar los principios de “justicia social y equidad”. En esa
medida, la Corte trasladó el riesgo derivado de la imposibilidad de cumplir las
obligaciones del contrato al empleador, para equilibrar la subordinación inherente
a la relación laboral. Para tal efecto, la Corte se apoyo en una Sentencia que
analizó la suspensión del contrato de trabajo.17 Esta figura, como desarrollo de la
teoría del riesgo en materia laboral, implica que la posición subordinante del
empleador le traslada a éste las consecuencias de la fuerza mayor y del caso
fortuito. En esta Sentencia, la Corte dijo:
“Para esta circunstancia, el pago se justifica por los principios de
justicia social y de equidad que debe mantener toda relación
laboral, pero que resultarían afectados en detrimento del trabajador
y de su familia.”
Concluyendo más adelante:
En estas condiciones, atendiendo la teoría del riesgo en materia
laboral y que por la naturaleza misma de esta clase de contratos
debe tornarse aún más exigente, concluye la Corte que la decisión
adoptada por la empresa en el sentido de suspender el pago de los
salarios ... resulta lesiva de los derechos fundamentales a la vida, a
la subsistencia y a la integridad familiar de quienes dependen
económicamente de ellos, debiendo en consecuencia ordenarse su
pago a partir del día en que se produjo la desaparición y hasta por
un lapso de dos años ...” Sentencia T-1634/00 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero)
17 Se trata de la Sentencia SU-562/99.
En esa medida, aunque la Sentencia no hace alusión expresa a la solidaridad como
fundamento de la decisión, resulta evidente que la obligación del empleador de
cubrir el riesgo del secuestro tiene fundamento en el deber de solidaridad para con
la parte débil del contrato.
Con posterioridad a la iniciación de dicha línea jurisprudencial, también el
legislador ha diseñado diversos instrumentos de protección para las familias de los
trabajadores secuestrados, independientemente de que estos sean trabajadores
privados o servidores públicos. Así, el artículo 21 del Decreto 1723 de 1995,
disponía
Artículo 21º.- Pago de salario a secuestrados. Cuando se pruebe la
ocurrencia de un delito de secuestro, el patrono que tenga a su cargo
cincuenta o más empleados, deberá continuar pagando el salario
correspondiente al trabajador secuestrado, mientras éste continuare
privado de la libertad y hasta pasado un año contado a partir del día en
que se retuvo a la persona si no se hubiere comprobado su liberación,
rescate o muerte, caso en el cual cesará la obligación del empleador.
Declarado inexequible el anterior Decreto, se expidió el Decreto Legislativo 2238
de 1995, que en su artículo 23 tenía exactamente el mismo contenido que el
artículo transcrito. Este también fue declarado inexequible, por falta de conexidad
con el motivo de la declaratoria del estado de excepción con fundamento en el cual
había sido expedido. Al año siguiente, el legislador ordinario, en el artículo 22 de
la Ley 282 de 1996, estableció un seguro colectivo para garantizar el pago de los
salarios y demás prestaciones a los familiares de las personas secuestradas, sin
importar el carácter público o privado del trabajador. Después de expedido este
decreto, se expidió la Ley 589 de 2000, que en el parágrafo 2º de su artículo 10,
dispuso la protección de los servidores públicos secuestrados.
Del anterior recuento se observa que hasta el momento, tanto el legislador como la
jurisprudencia constitucional han establecido mecanismos de protección en favor
de las familias de los trabajadores –públicos y privados- que han sido
secuestrados, exigiendo de sus empleadores el cumplimiento de un deber de
solidaridad. Sin embargo, esta protección presupone que las personas secuestradas
derivan su sustento personal y familiar de su salario, y exige exclusivamente al
empleador el cumplimiento de un deber de solidaridad.
Sin embargo, esta protección resulta insuficiente. En primer lugar, porque no
cobija a aquellas personas que, independientemente de que tengan un vínculo
laboral en el momento del secuestro, no dependen del salario que les entrega un
empleador para subsistir. De tal modo, estas personas constituyen un grupo social
no amparado por el Estado. En segundo lugar, la protección resulta insuficiente
pues tampoco protege al secuestrado y a su familia frente a otros riesgos que
enfrentan; básicamente, aquellos riesgos para la readaptación a su vida social,
derivados del incumplimiento de obligaciones distintas a las propiamente
laborales.
Frente al segundo motivo de insuficiencia de la protección estatal podría alegarse
que de todos modos la familia del secuestrado está recibiendo su salario, y que con
ello puede cumplir las obligaciones adquiridas, de acuerdo al nivel de ingresos que
tenían antes de ocurrir el secuestro. Esto es cierto. Sin embargo, la familia del
trabajador sólo recibe el salario durante el término del secuestro, sin consideración
de las consecuencias laborales que pueda acarrearle su estado psicológico durante
la etapa posterior a su liberación.
Adicionalmente, esta protección tampoco cubre el riesgo que supone para la
situación económica de la familia el pago de un rescate, necesario para preservar
la vida del secuestrado. En tales casos, además del riesgo para la estabilidad
laboral como consecuencia del estado emocional del secuestrado, él y su familia se
ven obligados a cubrir las deudas –presumiblemente altas- que tuvieron que
adquirir para no perder la vida. En esa medida, a pesar del pago del salario a la
familia durante el tiempo del secuestro, tanto la persona liberada como su familia
siguen estando sometidas a una situación bastante precaria, cuyas posibilidades de
superación dependen, paradójicamente, de la situación económica y laboral
posteriores a su liberación.
En el presente caso el demandante subsiste gracias al desarrollo de una actividad
por cuenta propia. En efecto, Jurgen Huelsz es el representante legal de la
sociedad Madsen y Huelsz, empresa dedicada a la mecánica automotriz. De tal
modo, el demandante y su familia no dependen económicamente de un tercero a
quien puedan reclamar el pago de un salario mensual, como contraprestación de
una actividad subordinada. En esa medida, se encuentra dentro de un grupo social
que no ha sido objeto de protección estatal por parte del Estado.
En efecto, el secuestro del demandante no suponía una circunstancia de riesgo
derivada del incumplimiento de sus obligaciones laborales. Por el contrario,
suponía un riesgo frente al incumplimiento de sus obligaciones mercantiles. En
particular, frente al incumplimiento de los pagos mensuales derivados de los
contratos de mutuo que había suscrito con las entidades bancarias demandadas. En
su caso particular, este riesgo llevó a que las entidades bancarias exigieran
judicialmente el cumplimento de sus obligaciones de manera anticipada.
Por otra parte, el demandado fue objeto de un secuestro extorsivo, del cual salió
libre gracias al pago de un rescate de quinientos millones de pesos
($500’000,000). A esto debe sumarse otra circunstancia que agrava aun más sus
condiciones de estabilidad económica y emocional. Como se relató en el acápite
de hechos de esta Sentencia, su cuñado fue secuestrado cuando canceló la suma
que exigían sus deudores para su liberación, y sólo fue liberado tras el posterior
pago de la suma de doscientos millones de pesos ($200’000,000). En esa medida,
además de encontrarse en una circunstancia de desprotección por parte del Estado,
el demandante y su familia debieron asumir cargas económicas y personales
bastante gravosas como consecuencia de su secuestro.
3.3.3 Desprotección, circunstancias de debilidad manifiesta y condiciones de
readaptación social de los secuestrados
Una vez comprobada la situación de desprotección estatal frente a los riesgos
derivados del incumplimiento de sus obligaciones mercantiles, es necesario
determinar si los secuestrados que han sido liberados deben ser considerados como
sujetos de protección especial por parte del Estado. Para ello se debe establecer si
las condiciones –económicas y mentales- en que se encuentran estas personas, los
ubican en circunstancias de debilidad manifiesta. En ese orden de ideas,
corresponde a la Corte indagar cuál es la magnitud de tales riesgos para las
posibilidades de readaptación de estas personas en condiciones de igualdad.
Sin embargo, la situación que debe enfrentar cada individuo y su núcleo familiar
es distinta. Por lo tanto, esta Sala debe adoptar una posición con fundamento en
las tendencias generales que hayan sido observadas en los estudios científicos que
se hayan realizado sobre el tema. De tales estudios interesa saber específicamente
dos aspectos. En primer lugar, es indispensable considerar qué tan generalizada es
la afectación –directa e indirecta- de la capacidad laboral de las personas que han
sido secuestradas y posteriormente liberadas, determinando si se trata de un
fenómeno incidental, que no pasa de ser una manifestación aislada, o de una
tendencia general. De otra parte, interesa a este propósito establecer
cualitativamente, cuál es la incidencia que tienen los aspectos económicos y
laborales sobre el proceso de recuperación y adaptación a la vida en sociedad de
las personas secuestradas y de sus familias. Por tal motivo, esta Corporación
solicitó dos conceptos técnicos a los departamentos de psicología de la
Universidad Nacional y de la Fundación País Libre.18
En relación con la generalidad de la afectación de la capacidad laboral de los
secuestrados que han sido liberados, los experticios técnicos solicitados por esta
Corporación, coinciden en que uno de los efectos más comunes del secuestro
sobre las personas que han sido liberadas es la dificultad de adaptarse nuevamente
al medio laboral.19 Dentro de las manifestaciones más frecuentes están el
retraimiento en las relaciones laborales; la conflictividad en las mismas; las
recriminaciones hacia las empresas y hacia los empleadores; el deseo de obtener
ventajas laborales, como la incapacidad por motivos de salud; la desconfianza
hacia su grupo de trabajo; y la disminución de la capacidad laboral.20
En otros casos, además, se produce un tipo de afectación adicional de la situación
laboral, frente a la necesidad de cambiar, no sólo de trabajo, sino de ambiente, que
en muchos casos los lleva a cambiar el lugar de residencia o a dejar de desplazarse
hacia sus lugares habituales de trabajo. En este sentido, los estudios cuentan que
las personas liberadas experimentan un alto nivel de temor frente a una nueva
18 La información consignada en el experticio de la Universidad Nacional, está sustentada en la investigación
realizada por quien rinde el informe, cuyos resultados fueron publicados en el libro de su autoría Meluk, Emilio; El
secuestro una muerte suspendida, Ed. Uniandes, Bogotá D.C. (1998). La información consignada en el experticio de
la Fundación País Libre proviene de dos fuentes distintas. En primer lugar, del análisis de 61 registros clínicos de
tratamiento psicológico con personas que habían sido secuestradas, y en segundo lugar, de la investigación realizada
por dicho departamento y financiada por Colciencias en el año 2000. En este último participaron 74 familias que han
vivido la experiencia del secuestro, 74 personas que habían sido secuestradas, y 193 familiares. La muestra
comprendió 72 familias de estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6, provenientes de 15 departamentos del país. 19 En el estudio realizado por país libre, el 44.2% de la muestra manifestó dificultades específicamente referidas a la
readaptación al medio laboral, y un 50.8%, dificultades generales para readaptarse al medio social. Así mismo, el
57.37% manifestó dificultades en sus relaciones interpersonales. 20 En relación con las manifestaciones específicas, véase el informe rendido por el doctor Emilio Meluk, director del
departamento de psicología de la Universidad Nacional, respuesta No. 2.
experiencia traumática, y a través de su decisión pretenden evitar que ellos o su
familia corran nuevos riesgos. Tales cambios de residencia o las restricciones en el
desplazamiento implican para estas personas retirarse de su trabajo y buscar otro,
con la posibilidad de no encontrarlo o de ubicarse en un trabajo o actividad con
menor remuneración.21
En relación con la adaptación de la persona liberada a su ambiente social, de
acuerdo con los dos experticios la gran mayoría de las personas que han sido
secuestradas logran recuperarse, dependiendo de circunstancias vividas durante el
secuestro, y de las que les corresponda vivir durante la etapa posterior. Dentro de
las circunstancias que afectan sus posibilidades de adaptación, propias de la
experiencia misma del secuestro, están su duración, el trato recibido de sus
captores, y las condiciones de retención. Otras, por el contrario, tienen que ver con
las circunstancias vitales del secuestrado después de su liberación. De tal modo,
las condiciones de seguridad económicas y laborales que encuentre la persona
después de su liberación, inciden sobre el grado de afectación sicológica post-
trauma, y por tanto, también sobre sus posibilidades de recuperación.22 23
De lo anterior se tiene entonces, que la afectación de la capacidad laboral –directa
e indirecta- es una situación generalizada entre las personas que han sido
secuestradas y posteriormente liberadas. Adicionalmente, puede verse también,
que la seguridad en cuanto a la estabilidad económica y laboral son factores que
inciden directamente sobre las posibilidades de recuperación del trauma del
secuestro y de readaptación a la vida social. En esa medida es necesario concluir
que no sólo se trata de personas que se encuentran en situación de debilidad
manifiesta; además existe una directa correlación entre las condiciones
económicas que deban enfrentar después de su liberación, y sus posibilidades de
readaptación al medio social.
En el presente caso puede constatarse que tanto el demandante y su familia se
encontraban psicológicamente afectados durante la etapa posterior al secuestro y
por lo tanto, se hallaban en circunstancias de debilidad manifiesta. En efecto, el
demandante aporta dos diagnósticos médicos en los cuales se da cuenta de su
estado de salud. En uno de ellos, expedido al día siguiente de la liberación, se
incapacita al demandante para efectuar cualquier trabajo o actividad, debido a que
para ese entonces presentaba un cuadro de crisis ansiosa maniaco depresiva,
psicosis maniaco - depresiva y poliparasitismo intestinal (fl. 138). En el otro se
establece que el demandante presenta incapacidad emocional, que le impide el
desarrollo de sus actividades mentales cognitivas y se recomienda continuar en
terapia psicológica (fls. 154-155).
Una vez establecido que las personas que han sido secuestradas se encuentran
particularmente expuestas a las condiciones económicas que deben enfrentar
después de su liberación, que de estas condiciones dependen sus posibilidades de
readaptación social, y que en el caso concreto está comprobada la afectación 21 El 25% de la muestra manifestó que había sufrido una pérdida en su libertad de movimiento, y un 15.27%, una
pérdida de la vida que llevaban. 22 Informe rendido por el departamento de sicología de la Universidad Nacional de Colombia, 1. d). 23 Informe Fundación País Libre. Las estadísticas muestra que el 27.77% de la muestra utilizada reporta pérdidas
consistentes en un menor ingreso, y el 12.5%, además reporta deudas adquiridas como consecuencia del secuestro.
psicológica del demandante –y de su familia -, entra la Corte a establecer la
exigibilidad del deber de solidaridad a los particulares, cuando ello es necesario
para proteger sus derechos fundamentales.
3.3.4 Exigibilidad del deber de solidaridad a los particulares, cuando sea
necesario para proteger los derechos fundamentales
Tanto el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo
16 de la Carta como la cláusula general de libertad del artículo 28 de la
Constitución, implican la facultad individual de optar por un modelo de
realización personal, sin más restricciones que las que imponen el respeto de los
derechos de los demás, y el ordenamiento jurídico. A su vez, las disposiciones que
consagran estos derechos están directamente relacionadas con el valor
fundamental de la dignidad humana, como capacidad de todo ser moral para elegir
responsablemente su propio plan de vida, conforme a sus propias valoraciones.
Ello supone un deber de las personas y del Estado de abstenerse de incurrir en
conductas que incidan sobre el ejercicio responsable de la libertad individual. En
esa medida, cabe preguntarse si corresponde a los particulares únicamente un
deber negativo, exigible por igual respecto de todas las personas, o pueden
exigirse deberes especiales hacia determinadas personas en razón de sus
circunstancias vitales.
Esta Corporación ha establecido que aun las entidades privadas deben permitir que
las personas con menos capacidades para el ejercicio de sus libertades individuales
tengan un acceso efectivo a ellas. La Corte ha señalado que también los
particulares deben contribuir a remover las barreras que impongan cargas
excesivas a ciertos individuos, para que todas las personas puedan ejercer sus
derechos, permitiendo la integración social de todos los colombianos. En esa
medida, los particulares, al igual que el Estado, tienen deberes de prestación, y no
sólo deberes generales de abstención. El respeto por las libertades individuales les
exige a los particulares deberes especiales hacia determinadas personas, que
incluso suponen prestaciones específicas hacia ellas. Así, en un caso en el cual una
persona discapacitada reclamaba facilidades de acceso al sistema de transporte,
acordes con su condición física, la Corte resaltó la dimensión positiva –
prestacional- de la libertad de circulación, para exigir a la empresa transportadora
–un particular- adoptar un plan de integración de las personas discapacitadas al
sistema de servicio público de transporte que estaba desarrollando. En torno al
carácter prestacional de la libertad de circulación, como condición necesaria para
su ejercicio positivo, la Corte sostuvo el siguiente criterio:
“La libertad de locomoción suele ser considerada un derecho de
dimensión negativa o defensiva, por cuanto se ha entendido que su
función consiste en ser un límite al ejercicio del poder del Estado en
defensa de la libertad del individuo. El creer que su goce efectivo
implica únicamente el freno a las acciones del Estado o requiere tan
sólo la inacción estatal ha llevado a suponer que las libertades suelen
ser garantías que no comprometen gasto público. No comparte esta
Sala de Revisión esta tesis. Casos como el que se estudia en esta
sentencia, evidencian que derechos fundamentales llamados de
libertad, como el de locomoción, pueden tener una faceta positiva
y de orden prestacional.”
Agregando más adelante que la asociación excluyente que suele hacerse entre
libertades individuales y prestaciones es empíricamente insostenible, pues el
ejercicio de las libertades individuales exigen grandes erogaciones. Al respecto, la
misma Sentencia sostiene:
“En la sociedades modernas, donde el uso de la libertad individual
depende de acciones y prestaciones públicas – servicio público de
transporte, de telecomunicaciones, de salud, etc – y donde la
seguridad personal cuesta, no es posible sostener la tesis del carácter
negativo de las libertades básicas. Por el contrario, la infraestructura
necesaria para hacer posible el ejercicio de las libertades
fundamentales, los derechos de defensa y debido proceso o los
derechos políticos, requiere de grandes erogaciones económicas y de
la actuación permanente y coordinada por parte del Estado. La fuerza
pública, la administración de justicia y la organización electoral,
aunque parezcan obvias en un Estado de derecho, constituyen la
dimensión prestacional de las libertades básicas.”
Ahora bien, de acuerdo con la Sentencia, las libertades individuales también
requieren la disponibilidad de los recursos materiales necesarios para permitir su
ejercicio por parte de toda la población. Ello supondría que se trata de “derechos
de desarrollo progresivo”, exigibles únicamente en la medida en que ello sea
materialmente posible. Sin embargo, la anterior Sentencia se pronunció sobre este
punto, diciendo:
“No sobre advertir, sin embargo, que la dimensión positiva de los
derechos y libertades no siempre supone su carácter progresivo. La
gradualidad de la prestación positiva de un derecho no impide
que se reclame su protección por vía judicial cuando la omisión en
el cumplimiento de las obligaciones correlativas mínimas coloca al
titular del derecho ante la inminencia de sufrir un daño
injustificado.” T-595/02 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
Con todo, podría cuestionarse la posibilidad de exigir de los particulares la
obligación de destinar los recursos necesarios para garantizar el ejercicio de las
libertades de la población. Podría decirse que se trata de una función propia del
Estado, y que por lo tanto, corresponde a éste asumir tales costos. Esto, sin
embargo, no resulta aceptable desde una perspectiva constitucional. El Estado
tiene el deber de asumir los costos necesarios para garantizar, en muchos aspectos,
el ejercicio de las libertades fundamentales a través de los servicios públicos. Sin
embargo, en otros casos permite que los particulares también los presten, y que se
lucren de ello, recibiendo del Estado todas las prerrogativas y garantías necesarias
para ejercer su actividad. Por lo tanto, los particulares que prestan servicios
públicos y reciben del Estado las prerrogativas y garantías necesarias para lucrarse
de esta actividad, asumen ciertos deberes y prestaciones hacia las personas. En
particular, aquellos deberes y prestaciones necesarios para proteger los derechos y
libertades individuales fundamentales, en lo que esté directamente relacionado con
su actividad.
La posibilidad de que los particulares presten servicios públicos implica el
cumplimiento de los deberes y prestaciones correlativos, que les impone su
función social (C.N. art. 333). En concreto, estos particulares están sujetos por el
principio de universalidad, que requiere que los servicios públicos se presten a
todas las personas, aun cuando ello les suponga mayores cargas, de tal modo que
estos servicios sean un mecanismo de inclusión social. Ello, por supuesto, no
significa que en virtud del principio de universalidad se deban sacrificar otros
principios que también gobiernan los servicios públicos. En particular, a estos
servicios también los gobierna el principio de eficiencia, que suele encontrarse en
tensión con el principio de universalidad. En efecto, en un sistema en el cual los
servicios públicos son prestados por particulares, conforme a la lógica del
mercado, la decisión de ampliar la cobertura hacia la población más marginada
puede no resultar la más eficiente desde el punto de vista económico. Con todo,
los particulares que prestan servicios públicos tienen el deber de llevar a cabo
todas aquellas actuaciones que sean necesarias para que –como mínimo- su
actividad no signifique una barrera que impida a los individuos en circunstancias
de debilidad desarrollar, mantener o readquirir nexos valiosos con la sociedad.
La actividad económica que desarrollan las entidades financieras cumple un papel
fundamental en el movimiento y distribución de capitales en la sociedad. Por otra
parte, el acceso a estos recursos incide cada vez más sobre las posibilidades de las
personas de acceder a los bienes y servicios necesarios para desarrollar su propio
plan de vida. Las condiciones de acceso a estos recursos, sin embargo, se alejan
cada vez más de la órbita de decisión autónoma de los individuos, quedando
sujetas en mayor medida, a las condiciones impuestas por los agentes del mercado.
En efecto, la competencia ha conducido a una mayor profesionalización en el
recaudo y manejo del capital, intensificando no sólo la necesidad de tales
servicios, también la dependencia de las condiciones fijadas por las entidades que
los prestan. En esa medida, un número creciente de decisiones individuales están
influidas por las posibilidades de disponer de recursos del crédito, que a su vez
quedan sujetas a las condiciones que fijan los agentes del sistema financiero.
El adecuado funcionamiento de esta actividad requiere su articulación mediante el
mercado, y por lo tanto, a través del sistema de oferta y demanda. En esa medida,
la realización del principio de eficiencia en los servicios públicos que prestan
dichas entidades supone un reconocimiento del papel que juegan las condiciones
del mercado. En particular, porque dichas entidades administran los recursos que
el público les deposita. Sin la debida consideración por dichas condiciones, el
sistema financiero no podría prestar su actividad de manera eficiente.
Aun así, la articulación de este servicio público a través del mercado no puede
traducirse en una exclusión arbitraria de ciertos individuos del circuito económico,
con total prescindencia de sus condiciones de participación. En esa medida, el
principio de solidaridad impone a las entidades financieras un deber de
consideración hacia los deudores del sistema financiero que han sido liberados
después de un secuestro. En desarrollo de sus actividades, estas entidades no
pueden imponerles a los deudores que hayan sido secuestrados cargas que superen
sus posibilidades de cumplir libre y responsablemente sus obligaciones
financieras. Particularmente, en aquellas circunstancias en que la conducta de las
entidades bancarias incida directamente sobre las posibilidades de readaptación a
la actividad económica y social de estas personas.
En el presente caso, las posibilidades del demandante de continuar desarrollando
su actividad económica conforme a su propio plan de vida, dependen directamente
de sus posibilidades de readaptación. En primer lugar, porque se trata de una
persona que realiza una actividad por cuenta propia de la cual derivan él y su
familia su sustento, y que requiere contar con los medios financieros necesarios
para su realización. Además, porque se trata de una persona mayor de sesenta
años, lo cual, si bien no permite clasificarlo como un individuo de la tercera edad,
conforme lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación, sí tiene
limitadas sus posibilidades de realizar una actividad diferente, por razón de su
edad. En esa medida, la forma como el demandante realiza su actividad sin
depender de un empleador, aunada a la etapa de la vida en que se encuentra,
significan un riesgo alto de quedar excluido del circuito económico como
consecuencia de una situación de inestabilidad financiera como la que le ha
causado el secuestro. Por lo tanto, en su caso resulta particularmente exigible de
los particulares, y específicamente de los bancos demandados, el cumplimiento de
un deber de solidaridad que permita el ejercicio de su libertad de manera
responsable, conforme al plan de vida que escogió.
3.4 Consecuencias de la imposibilidad de exigir el cumplimiento de la
obligación a una persona mientras se encuentra secuestrada y durante la fase
de recuperación
Hasta aquí la Corte ha sostenido que los secuestrados posteriormente liberados
están un una situación de desprotección relativa. No son objeto de protección
estatal frente a riesgos distintos de los derivados del incumplimiento de sus
obligaciones laborales, y su protección se limita exclusivamente al término del
secuestro. Así mismo, se dijo que las condiciones económicas y mentales que
enfrentan estas personas tras su liberación, los ubican en una circunstancia de
debilidad manifiesta, la cual implica un riesgo especial para su readaptación a la
vida social. Tal riesgo prohibe a las entidades bancarias imponerles cargas que les
impidan desarrollar su plan de vida responsablemente, y reanudar su vida en
sociedad.
Establecido que a las entidades les corresponde un deber de solidaridad, debe la
Corte precisar el contenido y el alcance de las obligaciones de las entidades
bancarias en relación con aquellas personas que no puedan ejercer sus libertades
individuales en condiciones de igualdad con el resto de la población.
Específicamente, es necesario saber cuál debe ser la conducta de los acreedores
bancarios que formalmente tienen derecho a exigir una obligación a quien no está
en libertad de cumplirla, por la coacción de un tercero. Para ello debe indagarse en
qué medida resulta exigible la obligación a estos deudores, prescribiendo a partir
de ello el patrón de conducta exigible a las entidades financieras.
3.4.1 Límites de la autonomía privada frente a los derechos de las personas
secuestradas
Como se dijo anteriormente, la distribución diferencial de recursos en la sociedad
implica una desigualdad de oportunidades, y por lo tanto, también constituye una
reducción de la libertad individual para ciertas personas. Así, aunque estas
limitaciones de la libertad individual ostentan un carácter eminentemente
prejurídico, tienen implicaciones dentro del ordenamiento jurídico; en particular,
en lo que se refiere a la autonomía privada. Estas diferencias, así como las
relaciones asimétricas resultantes, son aceptadas y protegidas por el ordenamiento
jurídico, como parte de la libre interacción entre las personas. Instituciones propias
de los ordenamientos civil y comercial, como los contratos de adhesión y las
cláusulas aceleratorias, por sólo mencionar algunos ejemplos relevantes, tienen un
fundamento constitucional directo en el artículo 333 de la Carta, así como un
fundamento indirecto en el artículo 16 de la Constitución.
Así lo ha establecido esta Corporación en diversas oportunidades, reconociendo la
importancia que tiene la autonomía individual dentro de las relaciones privadas
que establecen los individuos en una sociedad. En un caso en el cual un particular
solicitó la invalidación de un contrato suscrito por él, la Corte se refirió a la
autonomía de la voluntad, en los siguientes términos:
“La autonomía de la voluntad privada consiste en el reconocimiento más
o menos amplio de la eficacia jurídica de ciertos actos o manifestaciones
de voluntad de los particulares. En otras palabras: consiste en la
delegación que el legislador hace en los particulares de la atribución o
poder que tiene de regular las relaciones sociales, delegación que estos
ejercen mediante el otorgamiento de actos o negocios jurídicos. (...) El
ordenamiento jurídico reconoce que la iniciativa y el esfuerzo privados,
mientras obren con el debido respeto al derecho ajeno y al interés
general, representan decisiva contribución al progreso y al bienestar de
la sociedad. Por ello pone especial cuidado en garantizar la mayor
libertad posible en las transacciones entre particulares y, en general, en
todos sus actos jurídicos de contenido económico ...” Sentencia T-
338/93 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)
En el mismo sentido, la Corte sostuvo que el deber de solidaridad, en sí mismo, no
constituye un límite a la autonomía privada. Ante ella se presentó una demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 69 de la Ley 45 de 1990, que establece la
posibilidad de que los particulares pacten cláusulas aceleratorias en las
obligaciones mercantiles. En tal ocasión, la Corte rechazó la acusación según la
cual la posibilidad de pactar estas cláusulas en contratos de adhesión resultaba –en
abstracto- contraria al deber de solidaridad, pues imponía cargas excesivamente
onerosas a las personas que los suscribían, y privilegiaban a los acreedores. Sobre
este punto, la Corte Constitucional sostuvo:
“En un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad
(art. 1º de la C.P.) y en los derechos inalienables de la persona humana,
los deberes constitucionales no pueden ser interpretados con criterio
expansivo. El artículo 95-2 no impone la ejecución de conductas
solidarias en los casos en que los particulares, guiados por la autonomía
de la voluntad decidan contraer obligaciones derivadas de los negocios
jurídicos por ellos celebrados. En materia comercial, los contratantes
buscan promover un interés privado de tipo económico, lo cual no tiene
un límite expreso en el principio de solidaridad establecido en la
Constitución.”
Sin embargo, en la misma Sentencia, la Corte aclaró que este aparte de la
motivación de la Sentencia no tenía efectos directos sobre la decisión; es decir, no
hacía parte de la ratio decidendi de la Sentencia, y por lo tanto no resulta
vinculante.
“ Lo anterior no obsta para advertir que la Corte no se está
pronunciando, en esta sentencia, sobre los alcances reales de la
autonomía de la voluntad cuando una de las partes tiene el poder para
predeterminar las cláusulas a las cuales sólo pueden adherir quienes
contratan con ella; tampoco está definiendo los límites al ejercicio de
ese poder privado en el ámbito negocial, pues en el presente caso, ni los
cargos ni las normas demandadas hacían necesario abordar estas
cuestiones.” Sentencia C-332/01 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
Ello es lógico, pues los límites a la autonomía contractual no son susceptibles de
fijarse de antemano, con prescindencia del bien jurídico al que se encuentre
enfrentada en cada caso. En esa medida, en virtud de la autonomía de la voluntad,
dos partes pueden suscribir un contrato en condiciones claramente desventajosas
para una de ellas, sin que de ahí se derive una vulneración del deber de solidaridad
por parte de la otra. Con todo, esta afirmación no implica que, en determinados
casos, el ejercicio concreto de la autonomía de la voluntad no imponga un deber
de solidaridad entre particulares. Por ejemplo, cuando de ello depende la
intangibilidad de un derecho fundamental.
Así lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación en oportunidades
anteriores, en casos cuyas particularidades imponen a una de las partes el deber de
actuar con solidaridad. En efecto, esta misma Corte ha dicho que la solidaridad
debe gobernar las relaciones contractuales cuando la desprotección legal de una de
las partes en materia contractual compromete sus derechos fundamentales. Sobre
el punto, la Corte dijo:
“En efecto, la información reviste un significado de trascendental
importancia en el ámbito de los negocios, hasta el extremo de ser
indispensable para la determinación del precio, por lo que se afirma
coloquialmente que la información es poder. El ocultamiento de la
información de un negocio a quien está vitalmente interesado en él,
configura una conducta que coloca a la persona en situación de
indefensión, respecto del contratante que abusa de su posición
privilegiada. La solidaridad debe gobernar las relaciones entre las
partes contratantes, particularmente entre las personas con
intereses comunes en el negocio. No obstante, el incumplimiento del
deber de informar acerca del desarrollo de un contrato a la persona
interesada en él, es una materia que debe ser resuelta
exclusivamente con base en la ley, pues, carece de relevancia
constitucional, salvo que la omisión materialmente vulnere de
manera directa los derechos fundamentales de quién depende en
grado sumo de las resultas del mismo para su subsistencia autónoma
y libre, siempre que en este caso excepcional se acredite, además de
la insuficiencia de los remedios legales, que la omisión es la causa
eficiente de la transgresión.” Sentencia T-125/94 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz)
De tal modo, si bien las desigualdades que se manifiestan de ordinario en las
relaciones contractuales son objeto de protección por parte del ordenamiento
jurídico, los derechos del acreedor no son absolutos. Por el contrario, la forma
como el acreedor ejerce los derechos derivados del contrato no es
constitucionalmente irrelevante; en particular, en lo que atañe a los derechos
fundamentales. Los mismos artículos constitucionales que sirven de fundamento
general a la libertad contractual, establecen explícitamente los límites de su
ejercicio concreto. Así, el artículo 333 impide al titular abusar de sus derechos, en
la medida en que establece que la actividad económica y la iniciativa privada son
libres “dentro de los límites del bien común”. Así mismo, la Constitución dispone
que la empresa tiene obligaciones derivadas de su función social (C.N. art. 333), y
ordena que el Estado intervenga en el desarrollo de diversas actividades
económicas, bien se trate de servicios públicos o privados, para garantizar la
distribución de oportunidades y de beneficios del desarrollo sea equitativa (C.N.
art. 334). Incluso el artículo 16 constitucional, como fundamento indirecto de la
libertad contractual, establece explícitamente que el derecho al libre desarrollo de
la personalidad tiene limitaciones frente a los derechos de los demás y al
ordenamiento jurídico.
Por otra parte, además de las normales limitaciones a la libertad negocial que
enfrenta ordinariamente el individuo por el sólo hecho de vivir dentro de una
sociedad que acepta el sistema de mercado, existen otras circunstancias que
afectan gravemente la posibilidad fáctica de cumplir sus obligaciones. Ello ha
dado lugar a la incorporación de ciertas instituciones de protección a los deudores
por parte de nuestra cultura jurídica romano - germánica. Figuras como la buena
fe, la fuerza mayor, el caso fortuito o la imprevisión, suponen el reconocimiento de
circunstancias ajenas a la voluntad del deudor, que escapan de su control y que
impiden el cumplimiento de sus obligaciones o lo hacen excesivamente oneroso.
En consecuencia, estas instituciones imponen límites al principio de la autonomía
de la voluntad en materia contractual, y específicamente, al principio de pacta sunt
servanda, impidiéndole al acreedor exigir el cumplimiento de la obligación al
deudor, difiriendo su exigibilidad, o cambiando las condiciones en que ésta había
sido pactada inicialmente.
En tales casos, el desconocimiento de una circunstancia que impide cumplir una
obligación contractual, o que la hace demasiado onerosa, puede comportar la
violación del derecho a la igualdad y del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, y en esa medida, constituye un límite al principio de autonomía de la
voluntad, y a la libertad contractual. Como se señaló antes en esta Sentencia, en
diversos pronunciamientos la Corte ha reconocido que el secuestro constituye una
circunstancia de fuerza mayor que obliga al empleador a pagar los salarios a las
familias de sus trabajadores secuestrados. En consecuencia, debe establecerse en
qué medida, y por qué motivos se vulneran el derecho a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad, al exigir una obligación civil sin tener en cuenta los
efectos del secuestro en cabeza del deudor.
3.4.2 Inexigibilidad de las cuotas de la deuda durante el término del secuestro
Para establecer la exigibilidad de las cuotas del préstamo, resulta indispensable
reconocer que el secuestro del deudor le impide físicamente cancelar las cuotas
exigibles durante este período conforme al contrato de mutuo. En esa medida, el
incumplimiento de las obligaciones del secuestrado está justificado.
Efectivamente, la persona se encuentra sujeta a una circunstancia que, conforme a
la jurisprudencia de esta Corporación, es susceptible de considerarse
genéricamente como constitutiva de fuerza mayor, y que le impide cumplir sus
obligaciones. De esta circunstancia se derivan diversas consecuencias jurídicas,
dependiendo de las obligaciones que se hayan pactado en el contrato.
La primera de tales consecuencias, es que la obligación de pagar los instalamentos
vencidos durante el tiempo en que la persona se encuentra secuestrada no es
exigible. Por lo tanto, la persona no se encuentra en mora. Desde una perspectiva
constitucional, al exigir tales obligaciones de una persona secuestrada se están
desconociendo las limitaciones a su libertad. En tales casos la persona se
encuentra ante la imposibilidad de decidir libremente si cumple o no con sus
obligaciones, y no se le está permitiendo asumir responsablemente las
consecuencias de sus actos.
En este mismo orden de ideas, la responsabilidad por el incumplimiento de sus
obligaciones tampoco resulta exigible desde el punto de vista civil. Para que la
mora se configure dentro del régimen civil general, aplicable a estos casos, es
necesario que la responsabilidad por el incumplimiento sea atribuible al sujeto a
título de culpa o dolo. En la medida en que la persona se encuentra sujeta a una
circunstancia eximente de responsabilidad, no le es imputable la mora, pues no
está presente el elemento subjetivo de la misma, necesario para que se configure.
En efecto, el concepto mismo de culpa en materia de responsabilidad civil está
fundado sobre la noción de libertad, que es eminentemente individual. La culpa
presupone que el sujeto tiene determinadas posibilidades de acción, dentro de las
cuales están la de cumplir y la de no cumplir sus obligaciones civiles. Por lo tanto,
para poder atribuirle culpa a una persona, ésta debe estar en la posibilidad de
elegir, y de dirigir sus acciones de acuerdo con su elección. Sólo cuando se dan
estos presupuestos, el individuo se vuelve plenamente responsable civilmente.
Esto trae como consecuencia que para incurrir en culpa, la persona debe ser
consciente de sus opciones, estar en capacidad de valorarlas y de llevar a cabo sus
actividades conforme a sus propias valoraciones. Sólo en este entendido la
atribución de culpa en materia civil resulta compatible con la definición
constitucional de dignidad humana, según la cual, el individuo es un ser moral y
libre, con la capacidad de elegir y de asumir las consecuencias de sus propios
actos. Dentro de tal orden de ideas, se vulnera el derecho al libre desarrollo de la
personalidad de un individuo al atribuirle culpa cuando, por circunstancias ajenas
a su voluntad, no es libre para obrar conforme a sus propias valoraciones. Esto se
debe a que se le están atribuyendo responsabilidades que escapan por completo su
ámbito de acción y control. Específicamente, en el caso del incumplimiento o
retraso en el cumplimiento de las obligaciones, la mora requiere un elemento de
antijuridicidad que no está presente cuando las circunstancias determinantes de la
conducta del deudor superan el estándar exigible, dadas sus posibilidades reales de
acción y control.
En el presente caso, podría afirmarse que la empresa del demandante –un taller de
mecánica -, su esposa, y su socio también están vinculados por las obligaciones
contraídas con los bancos. En esa medida, aunque el demandante no se encontraba
en capacidad de cancelar las cuotas, sí podían hacerlo los demás obligados. Sin
embargo, este argumento no resulta de recibo por varias razones. En primer lugar,
porque si bien sólo el demandante estaba sujeto a una privación de su libertad
individual, su secuestro afectaba económicamente a todos los demás obligados en
la medida en que derivaban sus ingresos de una actividad que él desarrollaba
personalmente y por cuenta propia. En esa medida, la circunstancia de fuerza
mayor irradió sus efectos a los demás obligados en virtud de su dependencia de la
actividad que desempeña el señor Jurgen Huelsz.
Por otra parte, aun sin extenderles los efectos de una circunstancia de fuerza
mayor propiamente dicha, el cumplimiento de sus obligaciones con los bancos
tampoco les resulta exigible a los demás obligados, pues se encontraban en
situación de extrema necesidad. El secuestro suponía disponer de todos los
recursos económicos para impedir el daño a la libertad personal y la vida de
Jurgen Huelsz, que constituyen bienes jurídicos de mayor valor constitucional que
el simple cumplimiento de sus responsabilidades mercantiles.
En virtud de lo anterior, las entidades bancarias demandadas no podían exigir el
cumplimiento de las cuotas que según los contratos de mutuo se hacían exigibles
durante el tiempo en que el señor Jurgen Huelsz se encontraba secuestrado, ni a él,
ni a los demás sujetos obligados, debido a la circunstancia de fuerza mayor y de
extrema necesidad se extendía a todos ellos.
3.4.3 Prolongación de los efectos del secuestro e inexigibilidad de las cuotas
durante la fase de readaptación de la persona liberada
Con todo, los efectos del secuestro se prolongan más allá del tiempo en que la
persona permanece en cautiverio. A su vez, tales efectos inciden sobre la
capacidad del sujeto para adaptarse a su actividad económica y laboral, después de
su liberación. Si bien la persona ya no se encuentra privada de su libertad, y por lo
tanto físicamente podría reincorporarse a sus actividades, mentalmente se
encuentra indispuesta.
Las entidades que rindieron los conceptos técnicos a los que se hizo referencia en
el aparte 3.3.3 de esta providencia describen la cronología de la evolución
sicológica habitual de los secuestrados que han sido liberados. De acuerdo con el
concepto del departamento de psicología de la Universidad Nacional, dentro de la
“fase de elaboración y adaptación” es aconsejable que la persona retome
nuevamente su vida laboral, social y familiar. Esta etapa puede durar entre uno y
seis meses. Así mismo, según el concepto de la Fundación País Libre, esta fase se
inicia después del segundo mes, aun cuando entre los cinco y ocho meses
reaparecen muchos de los cuadros sicológicos a los que alude el estudio, haciendo
de éste un período crítico en el proceso de readaptación posterior al secuestro. A
pesar de estas diferencias, los dos estudios coinciden en afirmar que el proceso de
readaptación dura alrededor de un año, y que aquellas manifestaciones que se den
con posterioridad a los doce meses después de la liberación, son secuelas
(permanentes) del mismo.
En el presente caso, como también se dijo en el acápite 3.3.3 de esta providencia,
el señor Jurgen Huelsz se encontraba en una situación de debilidad manifiesta
debido a la afectación psicológica como consecuencia del secuestro. En esa
medida, en su situación particular, el cobro judicial del préstamo durante la fase de
readaptación supone una afectación de sus posibilidades de recuperación.
Por otra parte, además del efecto psicológico que de por sí produce el secuestro
sobre la capacidad económica y laboral de las personas, cuando la liberación del
secuestrado es consecuencia del pago de un rescate, las deudas adquiridas suponen
una carga económica adicional. Esta carga suele ser desproporcionadamente
onerosa, imprevista e imprevisible –pues frente a ella el individuo no puede
asegurarse -,24 y, en muchos casos, el secuestrado no está en capacidad de
asumirla. Este también es el caso del señor Huelsz, ya que, como se dijo
anteriormente, él y su familia tuvieron que pagar cuantiosas sumas de dinero para
su rescate y el de su cuñado.
Ahora bien, no puede afirmarse que la disminución de la capacidad económica y
laboral de la persona como consecuencia de su estado mental, aunada al pago del
rescate, le impidan cumplir sus obligaciones después de su liberación. Sin
embargo, estas circunstancias significan un aumento de la carga económica que
debe asumir la persona liberada durante una fase crítica de su proceso de
readaptación social. En esa medida, exigir el cumplimiento de las cuotas del
préstamo durante este período pone en riesgo su proceso de recuperación, e
implica una amenaza de su capacidad para retomar su propio plan de vida,
afectando con ello el derecho al libre desarrollo de su personalidad.
Adicionalmente, la decisión de exigir judicialmente el pago de la deuda durante
este tiempo de inestabilidad puede no resultar la más conveniente para los bancos,
desde una perspectiva económica. Sin duda la estandarización de los
procedimientos de cobro de cartera por parte de las entidades bancarias permite a
estas entidades reducir los riesgos morales y los costos de transacción, facilitando
24 El artículo 12 de la Ley 40 de 1993 establece como delito la celebración de contratos de seguro que cubran el
rescate por un posible secuestro. Esta disposición fue declarada exequible en la Sentencia C-542/93 (M.P. Jorge
Arango Mejía).
así mismo su operación, dado el número de usuarios del sistema. En esa medida, la
mecanización de estos procedimientos contribuye, en términos generales, a
mejorar la eficiencia en la prestación de este servicio público.
Sin embargo, la mecanización de tales decisiones no necesariamente es el mejor
método para obtener el pago de las deudas en los casos de personas secuestradas.
Particularmente, cuando el riesgo inherente a las deudas de las personas, una vez
liberadas, está atado a las condiciones de inestabilidad económica y emocional,
posteriores al secuestro, cuyos efectos y duración son conocidos. Así, exigir el
pago de la deuda durante la fase de readaptación implica que el banco no sólo
debe afrontar el problema de liquidez de esta persona, sino que además
disminuyen sus posibilidades de recuperar la deuda, pues el cobro incide
negativamente sobre su readaptación al circuito productivo.
Por todo lo anterior, dadas las especiales condiciones del riesgo que supone exigir
la deuda a una persona liberada durante su fase de readaptación, el pago de las
cuotas tampoco resulta exigible durante el año siguiente a su liberación. En esa
medida, no le son exigibles intereses moratorios durante este período, pues el
carácter sancionatorio que les es inherente no es compatible con la ausencia de
culpa de quien materialmente no puede cumplir su obligación, o hacerlo le resulta
extremadamente gravoso.
En el presente caso, pese a las reiteradas solicitudes hechas por el señor Huelsz a
los bancos demandados, poniendo en su conocimiento su apremiante situación,
estos se negaron a refinanciar sus deudas, continuando con el cobro ejecutivo de
las mismas, afectando su proceso de readaptación. Con todo, no podían los bancos
exigirle al demandante el pago de los intereses moratorios causados, según el
contrato, durante el término del secuestro ni durante el año siguiente a su
liberación. Por un lado, durante el secuestro tales intereses no se habían causado,
dada la fuerza mayor y el estado de necesidad que supone su secuestro. Además,
su cobro durante el año siguiente supone una carga excesivamente onerosa, frente
a la prolongación de los efectos del secuestro después de la liberación.
3.4.4 Límites del acceso a la administración de justicia de las entidades bancaria
y consecuencias de imponer ciertas cargas derivadas del sometimiento a las
presunciones legales generales de culpabilidad
De lo anterior se sigue que las entidades bancarias no pueden exigir judicial o
extrajudicialmente el pago de las cuotas del préstamo durante el término del
secuestro, y hasta un año después de su liberación. Aunque la facultad de exigir
judicialmente el cumplimiento de una deuda está amparada por el derecho de
acceso a la administración de justicia, considerado fundamental por la
jurisprudencia de esta Corporación, tal derecho no es absoluto. Tiene límites en el
respeto de los derechos de las demás personas. En estos casos, no sólo frente al
derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de los secuestrados,
sino también frente a su vida y a su libertad personal. Los derechos a la igualdad y
al libre desarrollo de la personalidad se están desconociendo al ignorar las
circunstancias de debilidad manifiesta al someterlos a un proceso judicial
conforme a las reglas jurídicas generales –sustanciales y procesales -. Por otra
parte, y lo que resulta más grave aun, es que al impedir que los familiares de los
secuestrados dispongan de sus bienes a través de medidas cautelares como los
embargos, se está poniendo en riesgo su capacidad para pagar el rescate.
De conformidad con el régimen procesal civil general aplicable a estos casos, el
deudor contractual que ha dejado de cumplir una obligación debe demostrar la
ausencia de culpa o dolo en su conducta, para poder exonerarse de
responsabilidad. Ello significa –al menos prima facie- que el acreedor sólo debe
demostrar el incumplimiento, y que, en relación con la culpa, el onus probandi o
carga probatoria corresponde al deudor. De tal modo, éste sólo se exonera si logra
desvirtuar la presunción de culpa que recae en su contra. De lo contrario, el deudor
o agente será responsable por los daños que su incumplimiento ocasione al
acreedor.25
El concepto de agente o deudor en materia de responsabilidad, como ocurre con
todas las categorías jurídicas generales, es una abstracción necesaria para
cualquier ordenamiento jurídico. Constituye una estandarización del individuo
para efectos de aplicar a todas las personas un régimen legal general, impersonal y
abstracto. Esta generalidad es un elemento que permite garantizar la aplicación
homogénea de la ley y que le otorga un nivel de previsibilidad necesario para el
funcionamiento de cualquier sistema económico.
Sin embargo, el carácter general de esta presunción legal no puede traer como
consecuencia el desconocimiento de las circunstancias vitales que motivaron el
incumplimiento del deudor que ha sido secuestrado. Ello vulneraría su derecho a
la igualdad, en cuanto sus condiciones particulares imponen un trato especial por
parte del Estado y de la sociedad. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico debe
permitir que se tengan en cuenta las circunstancias vitales que impiden al deudor
secuestrado cumplir su obligación, en la medida en que éstas sean susceptibles de
ponderación jurídica.
Por otra parte, los bancos ponen en riesgo las posibilidades de los allegados de
pagar el rescate de la persona secuestrada al solicitar medidas cautelares para
restringir la facultad de disposición sobre sus bienes o los de su familia. Por lo
tanto, la facultad para solicitar que se decreten medidas cautelares en estos casos
tampoco resulta ajustada a la Constitución. Así lo estableció la Corte en la
Sentencia C-542/93, al declarar inconstitucionales las medidas de la Ley 40 de
1993, que imponían restricciones a la facultad de disposición de las familias de
personas secuestradas. Esta Corporación se refirió al punto en los siguientes
términos:
“Según el artículo 12 de la Constitución, nadie será sometido a tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Pues bien: la ley que prohibe
pagar para salvar la vida y recobrar la libertad de una persona, ¿no
somete acaso a ésta, a su familia y a sus amigos, a trato cruel,
inhumano y degradante?”
(...) 25 En este sentido el inciso 3º del artículo 1604 del Código Civil. Ver también la Sentencia CSJ Cas. Civil, dic.
13/62.
“Undécima.- Quien paga para obtener la libertad de un
secuestrado y salvar su vida, lo hace en cumplimiento de un deber
que la Constitución le impone.”
“El segundo de los deberes que el artículo 95 de la Constitución
impone a la persona y al ciudadano, consiste en "Obrar conforme al
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud
de las personas.”
“La solidaridad nos obliga con igual fuerza aun en favor de
extraños, con quienes solamente se comparte la pertenencia a la
raza humana. Y nadie podrá negar que emplear los bienes
propios para proteger la vida y la libertad de un semejante, es
acción humanitaria. ¿Cómo, pues, podría ser constitucional la ley
que castiga esta conducta.?”
En la medida en que el acceso a la administración de justicia supone la facultad de
solicitar y decretar judicialmente medidas cautelares sobre los bienes de los
deudores secuestrados, su ejercicio compromete injustificadamente los derechos a
la libertad personal y a la vida de estas personas. Implica someter a los deudores
secuestrados a un riesgo para su vida y libertad, que ningún deudor está en la
obligación de asumir. Por lo tanto, no pueden mantenerse las medidas cautelares
en relación con los bienes pertenecientes a personas que se encuentren
secuestradas.
En el presente caso las demandas encaminadas a exigir el cumplimiento judicial de
las obligaciones derivadas de los contratos de mutuo suscritos con el demandante,
fueron interpuestos el 1º de junio (Banco BBVA - Ganadero) y el 27 de octubre de
1998. El demandante permaneció en cautiverio desde el 15 de noviembre de 1997,
hasta el 20 de junio de 1998. Esto significa que las demandas se iniciaron durante
el tiempo en que el demandante estuvo secuestrado y poco más de cuatro meses
después de su liberación, respectivamente.
Por otra parte, no existe constancia dentro del expediente de que Banco BBVA
Ganadero supiera del secuestro del demandante en el momento en que interpuso la
demanda contra él. Al contrario, la única referencia a tal conocimiento por parte de
este banco se remonta al 2 de septiembre, según consta en la correspondencia que
le envió al demandante (fls. 143, 151-152). Sin embargo, sí existe prueba del
conocimiento que tenía el Banco de Bogotá acerca del secuestro, antes de
interponer su demanda. En correspondencia que Jurgen Huelsz envió al Banco de
Bogotá, fechada agosto 4 de 1998, le solicita la reestructuración del crédito, por
las dificultades que atraviesa como consecuencia del secuestro (fls. 140, 153).
Con todo, independientemente del conocimiento que tuvieran los bancos acerca de
la circunstancia que atravesaba el demandante en el momento en que interpusieron
sus respectivas demandas, una vez supieron del secuestro no reestructuraron los
préstamos ni acordaron la suspensión de los procesos. Pese a los diversos
requerimientos del señor Huelsz, en que solicitaba el descuento parcial de los
intereses moratorios y los honorarios del abogado, los bancos se limitaron a
afirmar que no consideraban viables sus propuestas de refinanciación. En estas
circunstancias, los bancos habrían podido acordar la suspensión de los procesos
con el demandante, con fundamento en el numeral 3º del artículo 170 del Código
de Procedimiento Civil. Sin embargo, prosiguieron con el cobro anticipado de la
totalidad de la deuda, incluyendo en ella los intereses moratorios desde el
momento en que el demandante dejó de cumplir sus obligaciones. Dentro de
dichos procesos, solicitaron la práctica de medidas cautelares sobre diversos
bienes del demandante, que incluyeron el embargo y secuestro de diversos bienes
muebles e inmuebles del demandante, de su familia y de su empresa, así como de
sus remanentes.
Si bien en el presente caso no existe prueba de que las medidas cautelares hubieran
puesto en riesgo el pago del rescate del demandante o de su concuñado, resulta
absolutamente inexcusable que los bancos demandados hubieran proseguido con
los procesos, una vez conocieron las circunstancias del señor Huelsz. Esto no sólo
comporta una conducta desleal de los bancos, que viola el principio constitucional
de buena fe aplicable a las relaciones contractuales,26 también es un ejercicio
abusivo del derecho de acceso a la administración de justicia, en la medida en que
desconoce las circunstancias del incumplimiento.
De tal modo, los bancos no pueden exigir judicialmente el pago de la deuda a una
persona que ha sido secuestrada sino después del año siguiente a su liberación, so
pena de vulnerar sus derechos fundamentales. Interponer una demanda contra una
persona que ha sido secuestrada, conociendo previa o posteriormente que su
incumplimiento se debió al secuestro constituye una conducta contraria al
principio de buena fe, y un abuso del derecho de acceso a la administración de
justicia.
3.4.5 Aplicabilidad de las cláusulas aceleratorias
Otra de las consecuencias jurídicas que se derivan de la ausencia de mora del
deudor secuestrado es la imposibilidad de hacer exigibles las cláusulas
aceleratorias que se hayan pactado. En términos generales, la posibilidad de pactar
cláusulas aceleratorias ha sido avalada por esta Corporación, la cual se ha
pronunciado varias veces en el mismo sentido. Entre ellas, en la Sentencia C-664
de 2000, se pronunció de fondo sobre una demanda de inconstitucionalidad
instaurada contra el artículo 554 del Código de Procedimiento Civil.27 En aquella
oportunidad el demandante alegaba que la posibilidad de pactar cláusulas
aceleratorias consagrada en dicho artículo, era contraria al derecho constitucional
a una vivienda digna. Aducía que esta norma permite que las personas que
solicitan un préstamo para vivienda queden sujetas a las condiciones contractuales
fijadas unilateralmente por las entidades bancarias mediante contratos de adhesión.
De tal modo, en virtud de las cláusulas aceleratorias, las personas terminaban
perdiendo su vivienda por el incumplimiento de una sola de las mensualidades,
con lo cual se hacía ilusorio el derecho a una vivienda digna. Al respecto, esta
Corporación sostuvo: 26 Sobre este punto, ver la Sentencia C-332/01(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), Fundamento Jurídico No. 5.5. 27 Ibíd.
“Así las cosas, la Corte juzga oportuno precisar que el crédito está
reglamentado como fenómeno jurídico y económico en múltiples
disposiciones de orden técnico, especialmente en el campo del
derecho privado, en donde el principio de la autonomía de la
voluntad es esencial en la configuración del tráfico jurídico y en la
definición, celebración, y ejecución de los negocios jurídicos,
especialmente entre particulares, principio que naturalmente, es
amparado y garantizado por el artículo 16 de la Carta, salvo las
limitaciones que consagra el orden jurídico y los derechos de los
demás.”
“En este orden de ideas, en un negocio jurídico de mutuo o de
cualquier otro que comporte el otorgamiento de crédito a corto,
mediano y largo plazo, en el que se hubiere pactado el pago de
diversos instalamentos, respaldados con una hipoteca o una prenda
válidamente celebrada, los signatarios del contrato o de la
convención, pueden estipular libremente que, en caso de
incumplimiento, en la cancelación de alguno o de algunos
instalamentos o cuotas, el acreedor podrá pedir el valor de todos ellos,
en cuyo caso pueden hacer exigibles los aún no vencidos (artículos
1602 y 1546 del Código Civil colombiano). ...”
Agregando más adelante:
“Esta cláusula de aceleración, en criterio de la Corte, no contradice
normas constitucionales, porque las partes contratantes, en ejercicio
del principio de la autonomía de la voluntad pueden estipularlas
libremente en sus negocios jurídicos, con el objeto de darle sentido o
contenido material a los contratos, siempre y cuando no
desconozcan los derechos de los demás, ni el orden jurídico que le
sirven de base o fundamento, pues con ello se afectaría la validez del
acto o del negocio jurídico.” Sentencia C-664/00 (M.P. Fabio Morón
Díaz)
En virtud de lo anterior, el ejercicio del derecho del acreedor de exigir el
cumplimiento anticipado de las obligaciones del contrato, como manifestación de
la libertad contractual, requiere que no se estén vulnerando los derechos
fundamentales. Exigir anticipadamente el cumplimiento de la totalidad de la
deuda a un secuestrado que ha sido liberado implica someterlo a una carga aun
más onerosa que el sólo cumplimiento de las obligaciones vencidas durante el
secuestro y la recuperación. Hacer uso de esta facultad implicaría un detrimento
significativo de las posibilidades de readaptación de la persona. Por lo tanto, el
acreedor no puede aplicar una cláusula aceleratoria con fundamento en el
incumplimiento del deudor que ha sido secuestrado, a menos que éste incumpla las
obligaciones exigibles después del año siguiente a su liberación.
Como se ha dicho a lo largo de esta Sentencia, los bancos demandados hicieron
uso de las cláusulas aceleratoria pactadas en los contratos para exigir la totalidad
de sus créditos. Ello comportó una vulneración de los derechos del demandante, en
la medida en que afectó sus posibilidades de readaptación a su situación laboral.
3.4.6 Intereses remuneratorios causados durante el secuestro y la fase de
recuperación
Finalmente, corresponde a la Corte establecer el efecto que tiene el secuestro sobre
la causación de los intereses remuneratorios durante el término del secuestro y de
readaptación. En efecto, durante el tiempo en que la persona se encuentra
secuestrada, y durante la fase de readaptación, se están causando intereses en favor
de las entidades bancarias. Resultaría extremadamente gravoso para el deudor
tener que cancelar la totalidad de dichos intereses en el momento en que supere la
etapa de recuperación. La onerosidad de dicha carga implicaría un desequilibrio
económico del contrato que fue pactado en cuotas, precisamente para permitir el
cumplimiento del deudor. Por otra parte, las entidades bancarias tienen derecho a
recibir los intereses remuneratorios. Sin embargo, el derecho a reclamar los
intereses remuneratorios está sujeto al principio de buena fe contractual, que
supone permitirle a la otra parte del contrato recuperarse económicamente para
poder cancelar su deuda.
La Corte estima que no le corresponde entrar a determinar la forma como ha de
llevarse a cabo la negociación, ni establecer las condiciones de la misma. Por el
contrario, ésta debe llevarse a cabo como consecuencia de la autonomía de la
voluntad de las partes. Sin embargo, no sobra advertir que las entidades bancarias
deben renegociar con los deudores los intereses de la deuda en condiciones de
viabilidad financiera, que permitan la recuperación económica de los deudores que
han sido secuestrados. Esta negociación debe llevarse a cabo una vez la persona
liberada se encuentre en condiciones mentales para hacerlo, sin exceder el término
máximo de un año, contado a partir de la liberación.
No siempre será posible que las partes lleguen a un nuevo acuerdo sobre el pago
de los intereses remuneratorios causados durante el tiempo del secuestro, y la
etapa de readaptación. En tales casos, debe reconocerse que el secuestro supone un
cambio de las circunstancias en las cuales se habían pactado inicialmente los
intereses, por lo cual el contrato inicial no será aplicable. Por lo tanto, debe
aplicarse el artículo 884 del Código de Comercio en cuanto fija un criterio
subsidiario para el cálculo de intereses remuneratorios. En esa medida, ante la falta
de acuerdo, los intereses causados durante la época del secuestro y de readaptación
deberán pagarse conforme al interés bancario corriente de ese período, en cuotas
que no excedan el promedio de los montos pagados hasta ese momento.
Con todo, esta Corporación considera pertinente aclarar que para garantizar en
adelante la libertad contractual y la autonomía privada, las entidades bancarias y
los deudores de éstas, pueden acordar el pago de seguros que cubran las pérdidas
que a estas entidades les corresponda asumir como consecuencia de contingencias
como el secuestro.
3.4.7 La eventual mora anterior al secuestro
En relación con los efectos del secuestro, la Corte debe abordar lo atinente a los
efectos de una eventual mora anterior al secuestro. Sobre este punto es necesario
considerar separadamente lo atinente a la aplicabilidad de las cláusulas
aceleratorias y lo referente a los intereses moratorios. En principio, en materia
civil, la concurrencia de la fuerza mayor o el caso fortuito con la mora del deudor
impide que éste se exima de responsabilidad. Si se sigue estrictamente esta regla
en materia civil, los acreedores, y entre estos las entidades bancarias, podrían
exigir a los deudores secuestrados el cumplimiento anticipado de las deudas,
cuando hubieran pactado cláusulas aceleratorias. Así mismo, podrían cobrar los
intereses moratorios.
Sin embargo, las consecuencias derivadas del seguimiento estricto de esta regla en
materia civil lesionan desproporcionadamente diversos bienes jurídico
constitucionales en el caso que el deudor moroso haya sido posteriormente
secuestrado. En primer lugar, porque durante la etapa del secuestro el deudor
moroso no se encuentra en la posibilidad cancelar las cuotas adeudadas y así
sanear la mora. Es decir que se le estaría imponiendo una sanción que no se
encuentra en posibilidad de cumplir. Adicionalmente, una vez el deudor es
liberado, esta sanción resultaría desproporcionada con el grado de la culpa que le
es atribuible. El solo paso del tiempo durante el secuestro implicaría un aumento
de los intereses moratorios, sin consideración de las circunstancias que motivaron
el incumplimiento.
Al imponer una sanción que el deudor físicamente no se encuentra en posibilidad
de cumplir, se estaría desconociendo la circunstancia de debilidad e impotencia
personal en que se encuentra. Ello afecta sus derechos a la igualdad, en particular,
a recibir un trato especial, y al libre desarrollo de la personalidad, en cuanto
potestad para asumir personalmente la responsabilidad de sus actos en la medida
de sus capacidades. En esa medida, en caso de que un deudor moroso haya sido
posteriormente secuestrado, los intereses moratorios adeudados serán aquellos que
se causen sobre las cuotas que el deudor había incumplido antes de ser
secuestrado, hasta el momento en el cual la persona fue secuestrada. Empero,
durante el tiempo del secuestro y durante su recuperación, no se causarán intereses
moratorios.
Por otra parte, la situación del deudor moroso secuestrado tampoco puede verse
agravada con el cobro anticipado de la totalidad de la deuda. Ello resultaría aun
más desproporcionado. Si el deudor no se encuentra en capacidad de pagar los
intereses moratorios causados durante el secuestro, mucho menos está en
capacidad de cancelar la totalidad de la deuda. En esa medida, debe la Corte
resaltar que los acreedores no pueden cobrar anticipadamente la totalidad de una
deuda a una persona que se encuentre secuestrada, así ésta se haya constituido en
mora.
En el presente caso, una de las entidades bancarias demandadas alega que el
demandante se encontraba en mora con anterioridad al secuestro. A esta
Corporación no le corresponde entrar a establecer si esta afirmación es cierta. Ello
corresponde a la competencia de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, de ser éste
el caso, la mora del demandante y de los demás sujetos obligados darán derecho a
la entidad para cobrar exclusivamente los intereses moratorios que se hayan
causado con anterioridad al secuestro, conforme al máximo permitido por la ley.
3.5 Referencia a la actuación de las demás entidades demandadas y
consideraciones en relación con la decisión a adoptar
3.5.1 Referencia a la actuación de las demás entidades demandadas
3.5.1.1 Referencia a la Superintendencia Bancaria
Como lo puso de presente el apoderado de la Superintendencia Bancaria en la
contestación a la demanda de tutela, el demandante no interpuso queja alguna
contra la actuación de los bancos demandados. Dentro del expediente constan las
impresiones de los registros de las bases de datos del Subsistema de Trámites y del
Tandem en los que consta su afirmación (fls. 203-207). Por otra parte, el
apoderado del demandante no desvirtuó la afirmación hecha por el apoderado de
dicha Superintendencia, de lo cual debe concluirse que efectivamente no se
presentó queja alguna.
Para que la Superintendencia hubiera tenido conocimiento de la actuación de las
entidades bancarias demandadas y pudiera tomar una acción al respecto, habría
sido necesario que se hubiera presentado una queja. Como ello no se hizo, no
puede entrar a atribuírsele responsabilidad alguna en cuanto a una eventual
omisión de los deberes que le pudieran corresponder para proteger al demandante.
Por lo tanto, la tutela ha de denegarse en relación con la Superintendencia
Bancaria, pues en su actuación no afectó los derechos fundamentales del señor
Jurgen Huelsz.
Con todo, se remitirá una copia de la presente Sentencia a la Superintendencia
Bancaria para que se encargue de distribuirla a todas las entidades sujetas a su
inspección, vigilancia y control.
3.5.1.2 Referencia al Fondo de Garantías de la Instituciones Financieras –
Fogafín-
El apoderado del demandante solicita que Fogafín asuma el costo de los intereses
moratorios exigidos por las entidades bancarias demandadas. Lo equipara al
Fosyga y de ahí asume que Fogafín debe asumir el costo de la mora. Sin embargo,
la analogía hecha por el apoderado del demandante no resulta aceptable. Las
funciones de Fogafín y la destinación de los recursos que maneja no le permiten
jurídicamente cubrir los intereses moratorios de los deudores del sistema
financiero que hayan sido secuestrados. En esa medida, tampoco puede concederse
la protección solicitada en relación con el Fondo de Garantías de las Instituciones
Financieras.
3.5.1.3 Referencia a la actuación de los jueces 13 y 31 civiles del Circuito de
Bogotá
Dentro de los expedientes correspondientes a los procesos ejecutivos mixtos de
mayor cuantía seguidos por las entidades bancarias demandadas al demandante, la
Corte no encontró ninguna referencia a la circunstancia del secuestro de la cual fue
víctima el demandante. En esa medida, mal podría exigírseles a los juzgados
demandados que la hubieran tenido en cuenta dentro de estos procesos. No
observa entonces que sus actuaciones correspondan a vías de hecho judiciales, por
lo cual no puede esta Corporación solicitar que se anulen los procesos que se
encuentran en curso en contra del demandante con fundamento en alguna
actuación indebida de quienes los dirigen. Por lo tanto, tampoco puede concederse
la protección solicitada respecto de los jueces 13 y 31 civiles del Circuito de
Bogotá.
3.5.2 Consideraciones en relación con la decisión a adoptar
En el presente caso, las entidades bancarias demandadas interpusieron sendas
demandas contra el demandante, su empresa, su socio y su esposa (en el caso del
Banco BBVA - Ganadero), reclamando el pago anticipado de la totalidad del saldo
del capital de las deudas, sus intereses remuneratorios y moratorios, así como la
condena en gastos y costas de los procesos, incluyendo el pago de honorarios de
abogados. Por otra parte, solicitaron que se decretaran medidas cautelares,
afectando con ello la facultad de disposición que tenían los demandados en los
procesos ejecutivos sobre algunos de sus bienes. Al hacerlo, incumplieron su
deber de solidaridad para con el demandante y abusaron de su derecho de acceso a
la administración de justicia, afectando con ello sus derechos a la igualdad y al
libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, las entidades bancarias tienen derecho al pago de la deuda contraída
por el demandante, aun cuando limitado por los derechos fundamentales del
deudor, en los términos de la presente Sentencia. La tensión entre los derechos
fundamentales del demandante y los derechos contractuales y legales de las
entidades bancarias, hacen que sea necesario que la Corte adopte medidas para
armonizarlos en cuanto ello sea posible. Por otra parte, la actuación de los
juzgados dentro de los procesos ejecutivos no merece tacha alguna. De tal modo,
no es procedente ordenar la anulación total o parcial de los dos procesos, pues los
jueces no han incurrido en vías de hecho.
3.5.2.1 La terminación de los procesos ejecutivos
Como se observa, la conducta indebida de las entidades bancarias demandadas se
deriva de la exigencia judicial de las obligaciones contractuales del deudor. En esa
medida, la orden dictada por la Corte debe dirigirse a modificar la relación
procesal, afectando en el menor grado posible las condiciones de la relación
contractual que le dio origen. Adicionalmente, como no existe un defecto procesal
derivado de la actuación de los jueces demandados, tampoco puede ordenárseles
anular los procesos. Por lo tanto, lo más razonable es dirigir la orden dictada en la
Sentencia a las entidades bancarias, ordenándoles solicitar a los jueces 13 y 31
civiles del Circuito de Bogotá terminar anticipadamente los procesos ejecutivos,
una vez se hayan novado los contratos suscritos, y se hayan otorgado las garantías
necesarias.
Con todo, la intervención sobre la relación procesal tiene efectos sobre la relación
contractual, pues las formas de terminación anticipada del proceso tienen efectos
de cosa juzgada según lo establece el Código de Procedimiento Civil. En esa
medida, si tan solo se ordenara a las entidades bancarias demandadas solicitar a los
jueces la terminación de los procesos, se obstaculizaría su posibilidad para
reclamar nuevamente las obligaciones al deudor. Esto constituiría una
intervención en la libertad contractual que resultaría demasiado gravosa para
dichas entidades. En esa medida, es necesario que la decisión adoptada también
tenga en consideración el interés de las entidades demandadas.
De tal modo, en el presente caso los contratos iniciales deben ser novados,
adecuando sus obligaciones al cambio de circunstancias producto del secuestro.
En esa medida, se evita también que el fenómeno de la cosa juzgada, consecuencia
de la terminación anticipada, recaiga sobre las nuevas obligaciones. Por lo tanto,
las partes deben suscribir contratos de novación –objetiva- en relación con las
obligaciones contractuales iniciales, para adecuarlos a las órdenes impartidas en la
presente Sentencia.
Sin embargo, la novación podría comportar la pérdida de algunas garantías
accesorias que se habían constituido en los contratos iniciales, y ello también
significaría un detrimento de la posición contractual de las entidades bancarias. En
efecto, las entidades bancarias tampoco tendrían las garantías necesarias para
hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el demandante y
por los demás sujetos que son parte en los negocios iniciales. Para evitar tal
consecuencia, el demandante debe otorgar las garantías en relación con el
cumplimiento de sus obligaciones, en las mismas condiciones que habían sido
pactadas en los contratos iniciales.
Para efectos de novar los contratos iniciales, las partes dispondrán de un mes,
contado a partir de la notificación de la presente sentencia. Por lo tanto, al final del
término del mes para llevar a cabo las novaciones, el demandante debe suscribir
nuevamente los pagarés y demás títulos valores que respaldaban el cumplimiento
de las obligaciones en las relaciones contractuales iniciales, así como las hipotecas
y demás garantías reales que se hubieran constituido. Una vez se hayan novado
los contratos y se hayan otorgado las garantías reales y personales, en los mismos
términos que en los contratos iniciales, los bancos deberán solicitar a los jueces, la
terminación anticipada de los procesos ejecutivos interpuestos.
3.5.2 El cobro anticipado, intereses moratorios y remuneratorios y pago de las
cuotas
Por otra parte, es necesario separar las diversas pretensiones de los bancos en los
procesos ejecutivos interpuestos, para asegurar el uso adecuado de aquellas que
razonablemente pueden exigir, e impedir el ejercicio de las pretensiones que
comprometan los derechos fundamentales del demandante.
En el presente caso, el incumplimiento de las obligaciones del demandante durante
el tiempo en que estuvo secuestrado y durante su etapa de readaptación no
comporta mora. En consecuencia, las entidades bancarias no pueden hacer uso de
las cláusulas aceleratorias acordadas en los contratos que suscribieron con el
demandante, ni cobrar intereses moratorios durante ese período, sin perjuicio de su
derecho a cobrar los intereses moratorios que eventualmente se hubieren causado
con anterioridad al secuestro. De conformidad con lo anterior, tampoco pueden
exigir el pago de honorarios de abogados y demás gastos y costas a que haya lugar
en razón del cobro judicial o extrajudicial de las deudas, salvo las causadas con
anterioridad al secuestro.
En esa medida, las cuotas que debieron haberse pagado durante el secuestro y
durante la readaptación, deberán continuarse cancelando en períodos iguales a los
que inicialmente se habían pactado en el contrato, sin que sea posible cobrar
intereses de mora por el retraso en el pago de sus obligaciones desde el momento
del secuestro. Por supuesto, esto significará aumentar el tiempo durante el cual el
deudor paga las cuotas adeudadas, durante un período equivalente al del secuestro
y posterior recuperación. Como estas cuotas no resultaban exigibles durante el
lapso en que el deudor permaneció secuestrado ni durante la readaptación, este
tiempo se sumará al período durante el cual el deudor deberá pagar la deuda.
Con todo, en el presente caso, el deudor puede haber dejado de pagar cuotas
correspondientes a la etapa posterior al año de readaptación. Sin embargo, la
conducta de los bancos de exigir anticipadamente la totalidad de las sumas
adeudadas prolongó y puso en riesgo la readaptación del demandante. Por lo tanto,
la falta de pago de dichas cuotas tampoco puede considerarse como un
incumplimiento de las obligaciones del contrato para efectos de exigir las
cláusulas aceleratorias o para cobrar intereses moratorios. En esa medida, la Corte
ordenará a las entidades bancarias que se abstengan del cobro anticipado de la
deuda, de los intereses moratorios por el incumplimiento durante el lapso en que el
demandante estuvo secuestrado y hasta un mes después de la notificación de la
presente sentencia, así como de los honorarios de abogado y demás gastos y costas
derivados del cobro judicial o extrajudicial de la deuda.
Lo anterior, por supuesto, salvo que el demandante incurra en mora, con
posterioridad a la novación de los contratos de mutuo. En tal caso, las entidades
bancarias podrán exigir el cumplimiento anticipado de las obligaciones pactadas,
mediante el uso de las mismas facultades legales y contractuales de las cuales
disponían en los contratos iniciales.
Por otra parte, la Corte reconoce el derecho que asiste a las entidades bancarias a
reclamar las cuotas exigibles durante la época del secuestro y durante la fase de
readaptación del demandante, que comprenden el capital y los intereses
remuneratorios. Así mismo, como ya se dijo, puede haber cuotas que no se hayan
pagado, aun después de la fase de readaptación del demandante. En esa medida, no
puede la Corte ordenar a las entidades bancarias que se abstengan de reclamar
dichos intereses, junto con los intereses de mora que se hayan causado antes del
secuestro. Sin embargo, los intereses remuneratorios causados durante esta época
deben calcularse teniendo en cuenta elementales consideraciones de solidaridad
hacia las circunstancias del demandante y hacia sus posibilidades de recuperación
económica.
En esa medida, para efectos de mantener la libertad contractual, las partes
dispondrán de un mes para llegar a un acuerdo en relación con los intereses
remuneratorios causados desde el secuestro, hasta la notificación de la presente
sentencia, incorporando las respectivas cláusulas en los nuevos contratos. En caso
de que las partes no lleguen a un acuerdo, se aplicará la norma supletoria
consagrada en el artículo 884 del Código de Comercio. Por lo tanto, las entidades
bancarias tendrán derecho a cobrar los intereses corrientes bancarios
correspondientes a este período, según las certificaciones expedidas por la
Superintendencia Bancaria. Los eventuales intereses moratorios causados con
anterioridad al secuestro deberán pagarse según el tope máximo permitido por la
ley.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Conceder la protección de los derechos a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad del demandante. En consecuencia, revocar las
sentencias de instancia en el presente proceso de tutela, proferidas por la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá y por la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, respectivamente.
SEGUNDO.- Continuar con la suspensión del proceso ejecutivo iniciado por el
Banco de Bogotá, en contra de la Sociedad Servicio Avenida Caracas Madsen y
Huelsz Ltda., Christian Madsen, y Jurgen Huelsz, y que cursa en el Juzgado Trece
Civil del Circuito y del proceso ejecutivo iniciado por el Banco BBVA -
Ganadero, en contra de la Sociedad Servicio Avenida Caracas Madsen y Huelsz
Ltda., Christian Madsen, Jurgen Huelsz y Soledad del Rosario Núñez, y que cursa
en el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, por el término de un
mes contado a partir de la notificación de la presente sentencia.
TERCERO.- Al finalizar el plazo de un mes establecido en el numeral anterior,
las partes deberán haber novado los contratos inicialmente suscritos, y haber
llegado a un nuevo acuerdo en relación con las cuotas de los préstamos exigibles
desde el momento en que el demandante fue secuestrado hasta la notificación de la
presente sentencia.
CUARTO.- El acuerdo se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente:
4.1 Los intereses remuneratorios causados desde el secuestro hasta el mes
siguiente a la notificación de la presenten sentencia, deberán calcularse teniendo
en cuenta las circunstancias del demandante y sus posibilidades de recuperación
económica. En caso de que las partes no lleguen a acuerdos en relación con los
intereses remuneratorios, las entidades bancarias tendrán derecho a cobrar los
intereses corrientes bancarios correspondientes a este período, según las
respectivas certificaciones expedidas por la Superintendencia Bancaria.
4.2 El Banco de Bogotá y el Banco BBVA - Ganadero, no pueden cobrar
anticipadamente la totalidad de la deuda, mediante el uso de las cláusulas
aceleratorias pactadas en los contratos que suscribieron con el demandante. En esa
medida, en todo caso, las cuotas que debieron haberse pagado durante el secuestro,
durante la readaptación y hasta un mes después de la notificación de la presente
Sentencia, deberán continuarse cancelando en períodos iguales a los que
inicialmente se habían pactado en el contrato.
4.3 Las entidades bancarias demandadas no tienen derecho a exigir al
demandante o a los demás obligados, los intereses moratorios a que hubiere lugar
por el incumplimiento en el pago de las cuotas de los contratos de mutuo
celebrados, durante el período en que el demandante estuvo secuestrado y hasta el
mes siguiente a la notificación de la presente Sentencia.
4.4 Los intereses moratorios que eventualmente hayan sido causados con
anterioridad al secuestro deberán pagarse en la forma convenida por las partes y en
su defecto de conformidad con el máximo permitido por la ley. En esa medida, en
el evento de haber mora anterior al secuestro, los intereses moratorios adeudados
serán aquellos que se causen sobre las cuotas que eran exigibles y que no habían
sido pagadas antes del secuestro. Empero, durante el tiempo del secuestro y hasta
el mes siguiente a la notificación de la presente sentencia, no se causarán intereses
moratorios.
4.5 Las entidades bancarias demandadas no tienen derecho de cobrar los
honorarios de abogados y demás gastos y costas a que haya lugar en razón del
cobro judicial o extrajudicial de las deudas durante el tiempo anterior del secuestro
del señor Jurgen Huelsz.
QUINTO.- Al final del término del mes para llevar a cabo los nuevos acuerdos, el
demandante debe suscribir nuevamente los pagarés y demás títulos valores que se
habían suscrito en las relaciones contractuales iniciales, y otorgar las hipotecas y
demás garantías reales y personales.
SEXTO.- Al finalizar el término de un mes, una vez se haya verificado la
novación de los contratos, y que el demandante ha otorgado las garantías
contempladas en el numeral anterior, los jueces de conocimiento de los respectivos
procesos deberán levantar la suspensión del proceso ejecutivo iniciado por el
Banco de Bogotá, en contra de la Sociedad Servicio Avenida Caracas Madsen y
Huelsz Ltda., Christian Madsen, y Jurgen Huelsz, y que cursa en el Juzgado Trece
Civil del Circuito y del proceso ejecutivo iniciado por el Banco BBVA -
Ganadero, en contra de la Sociedad Servicio Avenida Caracas Madsen y Huelsz
Ltda., Christian Madsen, Jurgen Huelsz y Soledad del Rosario Núñez, y que cursa
en el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá.
SÉPTIMO.- Levantada la suspensión del respectivo proceso, el Banco de Bogotá,
deberá solicitar en virtud del presente acuerdo al Juez Trece Civil del Circuito de
Bogotá la terminación anticipada del proceso ejecutivo mixto iniciado contra de la
Sociedad Servicio Avenida Caracas Madsen y Huelsz Ltda., Christian Madsen, y
Jurgen Huelsz, y que cursa en el respectivo juzgado. Igualmente una vez cumplida
la anterior condición en lo respectivo, el Banco BBVA - Ganadero, deberá
solicitar al Juez Treinta y Uno Civil del Circuito la terminación anticipada del
proceso ejecutivo mixto iniciado contra de la Sociedad Servicio Avenida Caracas
Madsen y Huelsz Ltda., Christian Madsen, Jurgen Huelsz y Soledad del Rosario
Núñez, y que cursa en el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá.
OCTAVO.- Ordenar a la Superintendencia Bancaria que ponga en conocimiento
la presente Sentencia a todas las entidades bancarias sujetas a su inspección
vigilancia y control, sin que ello signifique reconocerle efectos inter pares.
NOVENO.- Ordenar que, por intermedio de la Secretaría General de esta
Corporación, la presente Sentencia se comunique al presidente del Senado de la
República, al presidente de la Cámara de Representantes, al Secretario Jurídico de
la Presidencia de la República, a la Asociación de Entidades Bancarias –
Asobancaria-, a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras –ANIF-, al
Instituto Colombiano de Corporaciones de Ahorro y Vivienda –ICAV-, y a la
Asociación Nacional de Ahorradores del Sistema Upac –ANUPAC-, para la mejor
difusión de la presente Sentencia.
DECIMO.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
