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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0486/2014

Recurrente: New Life Transport S.R.L., legalmente

representada por Edwin Zacarias Montecinos

Márquez.

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de

Impuesto Nacionales, legalmente representada

por Carlos Calle Rivera.

Expediente: ARIT-LPZ-0201/2014

Fecha: La Paz, 9 de junio de 2014

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por New Life Transport SRL, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

New Life Transport SRL, legalmente representado por Edwin Zacarias Montecinos

Márquez, mediante Testimonio Poder N° 137/2014, a través de memorial presentado el

25 de febrero de 2014, cursante a fojas 57-81 de obrados, interpuso Recurso de

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0008-14 de 3 de febrero de 2014,

emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales,

expresando lo siguiente:

La Resolución Determinativa impugnada no efectúa una íntegra y correcta valoración

de los descargos presentados ante la Vista de Cargo, aspecto que vulnera los

principios constitucionales y lesiona sus derechos. Conforme prevé el artículo 104 de la

Ley 2492 (CTB), desde el inicio del procedimiento de fiscalización hasta la emisión de

la Vista de Cargo no deben transcurrir más de 12 meses; sin embargo, en el presente

caso, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo después de más de 23

meses, sin que exista autorización de prórroga de la máxima autoridad ejecutiva del

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SIN, careciendo de total competencia para la emisión de la misma, produciendo como

efecto jurídico la nulidad de dicho acto administrativo, al margen de la responsabilidad

por la función pública de los funcionarios a cargo, la Autoridad General de Impugnación

Tributaria ya se pronunció en este sentido.

La Gerencia Distrital El Alto del SIN no realizó ni una sola acción de orden investigativa

que hubiese permitido establecer reparos emergentes de operaciones efectivamente

realizadas como pretende, sólo se limitó a efectuar especulaciones sobre la existencia

de ingresos no declarados, sin demostrar el acaecimiento de hechos generadores, no

realizó ningún tipo de valoraciones que guarde relación con la realidad económica de la

empresa, ni buscado la verdad material, cita para el efecto los artículos 115 y 117

parágrafo I de la Constitución Política el Estado y artículos 95 y 96 de la Ley 2492

(CTB).

Señala que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo incumpliendo el

artículo 104 de la Ley 2492 (CTB), existiendo una transgresión del procedimiento que

vicia de nulidad, contradicción y confusión, no existe garantía de buena fe y atenta al

principio de legalidad y debido proceso, debido a que no se respetan las premisas de

las normas tributarias vigentes, por cuanto se refiere a la nulidad por vicios de

procedimientos. De la revisión de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa

impugnada, evidencio que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos

Nacionales no logró sustentar, técnica ni legalmente la depuración de los gastos

deducibles en los que incurrieron para mantener la empresa, cómodamente señala

cuentas generales sin demostrar o individualizar las transacciones particulares, es

decir no detalla el número de factura y el motivo por la que fue observada, de los

ingresos supuestamente no declarados no detalla o individualiza las cuentas y

transacciones observadas y que no puede realizar descargos a ciegas con datos

generales vulnerando el artículo 96 de la Ley 2492 (CTB), el derecho a la defensa, al

debido proceso y causando indefensión a la empresa.

Menciona que se suma el hecho de que la Administración Tributaria, seguro del

desconocimiento de transporte internacional procede a la depuración de sus gastos

desconociendo el crédito fiscal como gasto deducible del IUE, sin considerar que para

su valides requiere contar con la factura original, que se encuentre vinculado a la

actividad y que se haya realizado la transacción, que no se puede afectar a la

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utilización del crédito fiscal a efecto de deducir del IUE, correspondiendo a la

Administración Tributaria efectuar el control del cumplimiento de las obligaciones

fiscales del proveedor a través de cruces de información, en lugar de generar perjuicio

a su empresa.

Indica que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no se halla fundamentada y

que sus explicaciones y aclaraciones durante el proceso de fiscalización no fueron

atendidas y peor aún son utilizadas en contra de la empresa, como es el caso de la

presunción de ingresos supuestamente no declarado sin demostrar la realización

efectiva de hechos generadores de la obligación o respaldar legalmente la no

deducibilidad individualizada de los gastos, dando a entender que una empresa puede

desarrollar su giro sin realizar gastos para su funcionamiento. La Administración

Tributaria en un claro desconocimiento de la actividad a la cual se dedica, ha

determinado supuestas deudas tributarias en base a criterios subjetivos y sin ningún

tipo de justificación legal deduciendo gastos que no se encuentran vinculados a la

actividad, que la Gerencia Distrital el Alto no ha logrado sustentar técnica ni legalmente

las razones por las que se depura los gastos debidamente documentados, en los que

incurrió para el desarrollo de las actividades de la empresa, desconociendo gastos de

pago de gasolina de movilidades alquiladas.

Sostiene que New Life Transport SRL, tiene la finalidad y objetivo de prestar servicios

de transporte nacional e internacional, aspecto ratificado por Fundempresa y está

sujeta al régimen de Tasa cero en el IVA, que dentro de los plazos presentó sus

respectivas declaraciones del IVA y por error involuntario consigno como base

imponible los importes correspondientes a las prestaciones de servicio internacional e

importe cero a pagar, lo que demuestra que su actividad está sujeta a tasa cero y que

las pretensiones del SIN no se adecuan a la ley .

Argumenta que de la comparación de las dos cuentas bancarias y lo declarado en

Libros de Ventas IVA (comparación que no grafican en vista de cargo), el SIN

estableció una diferencia de Bs4.426.651.- a la cual aplicó las alícuotas del IVA, IT e

IUE, en base al artículo tercero del DS 24051. De acuerdo al artículo 4 de la RND 10-

0017-13 la aplicación de la base presunta no procede, pues al contar con información

proporcionada por la empresa, la Administración tributaria tenía suficiente información

para analizar la situación tributaria, debido a que la resolución establece que

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únicamente procede a la determinación sobre base presunta cuando se hayan agotado

los medios para la obtención de documentos e información de acuerdo al artículo 44 de

la ley 2492 (CTB).

Menciona respecto al Impuesto a las transacciones que la Administración tributaria se

limitó a una simple comparación entre los extractos bancarios, libros de ventas IVA y la

aplicación del 3%, no sustenta técnica ni legalmente el reparo del impuesto y deja en

indefensión para descargar. Indica que para la aplicación de la base imponible para el

IUE sobre base presunta, la forma del cálculo utilizado esta errado no posee sustento

normativo para la aplicación a una sociedad de responsabilidad Ltda, por lo que la

Vista de Cargo se halla viciada de nulidad.

Observa que la determinación sobre base cierta de la vista de cargo, que la

Administración Tributaria admite tener documentación con la cual compara los reparos,

sin embargo indica que no le fue presentada la documentación o no tiene sustento el

gasto efectuado, siendo que se le entrego todas las facturas de los gastos realizados y

sus respectivos comprobantes contables. Señala que la Administración Tributaria

establece que los ingresos de Bs8.571,76 corresponden a ventas no facturadas sin

considerar que la empresa presta servicios y no aplica el concepto sustentado.

Sostiene que en el detalle de la Vista de Cargo no se tiene gastos no deducibles del

IUE según fiscalización, sin embargo en el cuadro de depuraciones la Administración

Tributaria establece importe depurado no sustentado de: honorarios profesionales,

alquileres pagados, beneficios sociales, combustible, comisiones pagadas, cursos

seminarios, gastos de administración, mantenimiento y repuestos, multas y sanciones,

comisiones bancarias, otros gastos, gastos de representación, gastos generales,

patentes e impuestos, publicidad, ropa de trabajo, seguros pagados, servicios básicos,

otros servicios, sobreestadías y limpieza, depreciación activo fijo, ajuste por inflación y

tenencia de bienes; depuración que considera que existe error al determinar la

depuración, que para el transporte internacional por carretera el único requisito es que

los mismos deben instrumentarse en escritura pública e inscribirse en la Cámara

Nacional, no establece en la columna deducible el importe impugnado, no se le

proporciono documentos de activo, empero para la fiscalización de la gestión 2009 si

se realizaron depreciaciones; la vista de cargo no establece los cálculos que

determinaron el reparo, que extrañan los datos hechos elementos individualizados

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sobre cada transacción que permita establecer cuáles fueron los factores considerados

de sustento para el reparo.

Indica que al encontrarse desvirtuadas las apreciaciones y pretensiones de la

Administración Tributaria, no corresponde la aplicación de sanción alguna por el

supuesto incumplimiento de deberes formales por errores de registro de libro de

compras IVA, las 16 Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 37844, 37845, 37846,

37800, 75320, 37632, 37633, 37634, 37799, 37635, 37636, 75321, 37637, 37639,

37644, 75322, según detalle de las páginas 17 y 18 de la Resolución Determinativa,

labradas por evidenciar error de registro en el libro de ventas y compras IVA (5 actas

por ventas y 11 por compras) que sirvieron de sustento para sancionar con una multa

de 1.500 UFV´s cada una, no tienen respaldo legal en el que expresa y

específicamente se consigne tal conducta como un incumplimiento a deber formal ni la

sanción que corresponda, conforme pronunciamientos de la Autoridad General de

Impugnación Tributaria en diferentes Resoluciones de Recurso Jerárquico emitidas en

las gestiones 2012 y 2013.

Menciona que a efectos del cómputo del término de la distancia, corresponde aplicar a

favor de la empresa la previsión del artículo 21, parágrafo III de la Ley 2341 que otorga

un plazo adicional de 5 días en razón a que su domicilio es en un municipio (El Alto)

distinto al de la ARIT (La Paz).

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N°

17-0008-14 de 3 de febrero de 2014, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista

de Cargo inclusive.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, conforme acredita el Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0423-14 de 28 de junio de 2014, mediante

memorial presentado el 4 de abril de 2014, cursante a fojas 97-106 de obrados,

respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

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La Vista de Cargo N° 29 0227 13 (CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/233/2013) cumple con

el artículo 96 de la Ley 2492 (CTB), los meses de espera se debe a la falta de entrega

de la documentación solicitada al contribuyente, que no hizo entrega en los plazos

solicitados, prueba de ello son los dos requerimientos y una nota notificados al

representante legal Nuñez del Prado Grandy Layda Luz.

De la depuración del crédito fiscal, puntualiza que la Vista de Cargo cuenta con su

anexo A que cursan de fojas 1031 a 1076, notificados mediante cedula al

representante legal del contribuyente New Life Transport SRL, en fecha 7 de

noviembre de 2013, por lo que fue de pleno conocimiento del contribuyente, a tal efecto

presentó descargos a la vista de cargo, detallando facturas que fueron observadas y

depuradas, que no se encuentran vinculadas con la actividad gravada, no consignan el

número de NIT y no cumplen con la documentación de sustento. Así también la

Resolución Determinativa N° 17-0008-14 cuenta con su anexo, ambos fueron de

conocimiento del contribuyente. Indica que los descargos presentados mediante nota

de 9 de noviembre de 2013, no desvirtuaron por reparos de la vista de cargo. La

Administración Tributaria en ejercicio de sus amplias facultades comprendidas en el

artículo 66 y 100 del Código Tributario, procedió a solicitar a la ASFI información de las

cuentas bancarias y extractos de cuenta de la gestión 2010; en atención a la solicitud,

el banco BISA acompaño extractos de la empresa New Life Transport SRL,

estableciendo que Bs218.021,50 no coinciden con las cuentas de balance.

Indica que la Administración Tributaria determinó sobre base presunta por la totalidad

de los movimientos de dinero en cuentas bancarias que corresponde a servicios

prestados dentro del territorio nacional (no sujetos a tasa cero 0) depósitos que no

fueron declarados y respaldados contablemente con libros contables, que corresponde

a ingresos no declarados que conforma la base imponible obteniendo tributo omitido en

el IVA, IT y que la base imponible del IUE determinó sobre el cincuenta por ciento

(50%) de acuerdo al parágrafo 3 artículo 3 del DS 24051, se determinó sobre base

presunta al no facilitar la documentación solicitada.

Argumenta de la determinación sobre base cierta, que ajusto el impuesto omitido por el

concepto del IUE en base a la información obtenida del SIRAT II y la documentación

proporcionada por el contribuyente, se determinó ingresos no declarados debido a que

no presento el original de las facturas anuladas, considerando la base imponible del

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IUE; la Administración Tributaria estableció como importe depurado por honorarios

profesionales, alquileres pagados, beneficios sociales, combustible, comisiones

pagadas, cursos seminarios, gastos de administración, mantenimiento repuestos,

multas y sanciones, comisiones bancarias, otros gastos, gastos de representación,

gastos generales, patentes e impuestos, publicidad, ropa de trabajo, seguros pagados,

servicios básicos, otros servicios, sobreestadías y limpieza, depreciación activo fijo,

ajuste por inflación y tenencia de bienes, por no presentar documentos de respaldo,

contratos y no estar vinculada a su actividad. Indica que las multas por incumplimiento

a deberes formales están referidas a la presentación fuera de plazo y en forma

incompleta.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa

N° 17-0008-14 de 3 de febrero de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia de Distrital El Alto, del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 29 de

noviembre de 2011, notificó personalmente a Layda Luz Nuñez del Prado Grandy,

representante legal de New Life Transport SRL, con el formulario 7504 Orden de

Fiscalización N° 001OFE00051, en la modalidad de Fiscalización Parcial relacionado a

la verificación de hechos y elementos correspondiente al IVA, IT e IUE correspondiente

a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2010; solicitando para el efecto

documentación con Requerimientos (F-4003) Nos. 00103213, 00103221 y Nota CITE:

SIN/GDEA/DF/FE/NOT/278/2012; el contribuyente el 2 de marzo de 2012, presentó

información y documentación; fojas 2, 8, 15 y 22-23 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria en el proceso de verificación, emitió Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 37629

por incumplimiento al deber formal de la entrega de toda documentación requerida

durante el proceso de fiscalización, contraviniendo el artículo 70 numerales 8 de la Ley

2492 (CTB) que sanciona con una multa de 3.000 UFV´s según el subnumeral 4.1 del

Anexo “A” de la RND N° 10-0037-07; Actas Nos.37842, 37843, 37630 fueron emitidos

por incumplimiento al deber formal de habilitación del libro de compras IVA, libros

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contables de acuerdo a lo establecido en norma específica, contraviniendo el artículo

45 numeral 2, parágrafo III de la RND N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, que

sanciona con una multa de 1.500 UFV´s por cada acta, según el subnumeral 3.1 del

Anexo “A” de la RND N° 10-0037-07; Actas Nos.37631, 37844, 37845, 37846, 37800,

75320, 37632, 37633, 37634, 37799, 37635, 37636, 75321, 37637, 37639, 37644 y

75322 fueron emitidos por incumplimiento al deber formal de registro con errores de

datos, contraviniendo el artículo 37 y 44 del DS 14379 Código de Comercio, articulo 46

numeral 2 parágrafo II de la RND 10-0016-07 que sanciona con una multa de 1.500

UFV´s por cada acta, según el subnumeral 3.2 del Anexo “A” de la RND N° 10-0037-

07; fojas 81-101 de antecedentes administrativos.

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia de Distrital El Alto, del Servicio de Impuestos Nacionales, el 29 de

noviembre de 2011, notificó personalmente a Layda Luz Núñez del Prado Grandy,

representante legal de New Life Transport SRL, con el formulario 7504 Orden de

Fiscalización N° 001OFE00050, modalidad de Fiscalización Parcial relacionado a la

verificación de hechos y elementos correspondiente al IVA, IT e IUE correspondiente a

los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2010; solicitando para el efecto

documentación con F-4003 Requerimientos Nos. 00103214, 00103221, 00103490 y

Nota CITE: SIN/GDEA/DF/FE/NOT/278/2012, fojas 2-3, 11-19 y 29 de antecedentes

administrativos.

La Administración Tributaria, el 20 de noviembre de 2012 emitió las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

37611, 37612 y 37645 por incumplimiento del deber formal de la entrega de toda

documentación requerida durante el proceso de fiscalización, registro en otros libros

contables (Mayores, Diarios, kárdex, auxiliares, etc.) y no habilitación de los libros

contables de acuerdo a la norma específica, las Actas Nos. 37613, 37614, 37615,

37616, 37617, 37618, 37619, 37620, 37621, 37622, 37623 y 37624,por errores de

registro en los Libro de Compras y Ventas IVA de os periodos fiscales enero a

diciembre 2009; incumplimientos que contravienen los numerales 8 y 4 del artículo

70 de la Ley 2492 (CTB) e inciso d) numeral 2, parágrafo II del artículo 47 de la

RND 10-0016-07, sancionados con multas de 3.000.- UFV’s y 1.500.- UFV’s,

según los sub-numerales 4.1 y 3.4, 3.3 y 3.2 del Anexo “A” de la RND 10-0037-

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07; el 16 de agosto de 2013 se labraron las actas Nos. 37999, 38000 y 37988 por

errores en importes entre los Estados Financieros y el F-605 presentación de

declaraciones juradas de la gestión fiscal 2009; encuadernación anual en lugar de

semestral (julio o enero) de los Libros de Compras y Ventas IVA, aspectos que

contravienen el artículo 78, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), numeral 2) parágrafo III

del artículo 45 de la RND 10-0016-07, y sancionan con las multas de 400.- UFV’s y

1.500.- UFV´s, según los sub numerales 2.3 y 3.1 del Anexo “A” de la RND 10-0037-

07, Actas Nos.37631, 37844, 37845, 37846, 37800, 75320, 37632, 37633, 37634,

37799, 37635, 37636, 75321, 37637, 37639, 37644 y 75322 fueron emitidos por

incumplimiento al deber formal de registro con errores de datos, contraviniendo el

artículo 37 y 44 del DS 14379 Código de Comercio, articulo 46 numeral 2 parágrafo II

de la RND 10-0016-07 que sanciona con una multa de 1.500 UFV´s por cada acta,

según el sub-numeral 3.2 del Anexo “A” de la RND N° 10-0037-07; fojas 37-42 y 894-

917 de antecedentes administrativos.

En base al informe N° 07-1691-12 de 23 de noviembre de 2013, la Administración

Tributaria el 23 de noviembre de 2012, emitió la Vista de Cargo N° 29-0231-12

SIN/GDEA/DF/FE/VC/229/2012, que establece preliminarmente sobre base cierta el

monto de 617.816.- UFV’s por el IVA, IT e IUE omitido, más intereses y sanción

preliminar por la calificación de la conducta del contribuyente como omisión de pago

por la gestión fiscal 2010 y multas por incumplimiento de deberes formales,

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación emitidas durante el proceso de fiscalización; la

citada Vista de Cargo fue notificada mediante cédula el 29 de noviembre de 2012 a la

representante legal de la empresa New Life Transport SRL; fojas 938-946 de

antecedentes administrativos.

La representante legal de New Life Transport SRL por nota presentada a la Gerencia

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 28 de diciembre de 2012,

formuló y presentó descargos a la Vista de Cargo, argumentando que el citado acto no

se halla fundamentada y que las explicaciones y aclaraciones realizadas durante el

proceso de determinación no fueron atendidas, que se vulneró el derecho a la defensa

y solicita se disponga su nulidad por flagrante violación del artículo 96 de la Ley 2492

(CTB), fojas 950-987 de antecedentes administrativos.

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La Gerencia Distrital El Alto el 18 de abril de 2013 emitió la Resolución Administrativa

N° 23-0060-13, que resuelve anular la Vista de Cargo N° 29-0060-13

SIN/GDEA/DF/FE/RA/21/2013, para que se emita un nuevo acto en la que se consigne

las facturas observadas que fueron objeto de depuración, esto a fin de garantizar el

derecho al debido proceso, acto administrativo notificado mediante cédula el 30 de abril

de 2013, fojas 990-992 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital el Alto en base al Informe CITE:

SIN/GDEA/DF/FE/INF/1870/2013, emitió la Vista de Cargo Cite:

SIN/GDEA/DF/FE/VC/233/2013 el 25 de octubre de 2013, contra New Life Transport

SRL, estableciendo una deuda tributaria en el IVA, IT e IUE sobre base presunta de

913.229.- UFV’s, sobre base cierta 446.158.- UFV’s que comprende tributo omitido,

intereses, sanción por omisión de pago, correspondiente a la gestión 2010 mas multa

por incumplimiento a deberes formales de 33.000.- UFV’s y señala que como resultado

de la verificación determinó ingresos no declarados del total de abonos (depósitos)

registrados en los extractos bancarios al no poder determinar el origen de los mismos

que constituyen la base imponible del IVA, IT; del IUE se estableció sobre la base

imponible del 50% en aplicación de los artículos 3, 4, 6 y 7 del DS 24051, artículos 46,

47 y 50 de la Ley 24051, sobre base cierta determinó prestación de servicios

facturados como anulados y gastos no deducibles del IUE, estableciendo impuestos

omitidos en el IT e IUE; emitió actas de contravenciones tributarias vinculadas al

procedimiento de determinación, otorgando al contribuyente 30 días para la

presentación de descargos; actuación que fue notificada el 7 de noviembre de 2013,

mediante cédula; fojas 996-1077 de antecedentes administrativos.

En el período de descargo a la Vista de Cargo citada, el 9 de noviembre de 2013, el

contribuyente presentó nota de descargo, argumentando nulidades en la Vista de

Cargo conforme prevé el artículo 104 de la Ley 2492 (CTB), señalando que la

Administración Tributaria emitió después de 23 meses de notificada la orden de

Fiscalización N° 0011OFE00050, que ha determinado supuestas deudas tributarias en

base a criterios subjetivos y sin ningún tipo de justificación, que la deducción de sus

gastos se encuentra claramente vinculados a la actividad de transporte internacional

que la Gerencia Distrital el Alto no ha logrado sustentar técnica ni legalmente las

razones por las que se depuran los gastos debidamente documentados en los que

incurrieron para mantener la empresa, la Vista de Cargo incumple la normativa

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tributaria que sus explicaciones y aclaraciones no fueron atendidas, que la empresa

está sujeta al régimen de tasa cero en el IVA.

La Gerencia Distrirtal El Alto, el 3 de febrero de 2014, emitió la Resolución

Determinativa N° 17-0008-14 (SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/006/2014), determinando

sobre base presunta y sobre base cierta, las obligaciones impositivas, que asciende a

un importe total de 1.427.569.- UFV’s, correspondiente a la Deuda Tributaria, Sanción

del 100% por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales,

referente al impuesto IVA, IT e IUE de la gestión 2010; acto administrativo notificado

mediante cédula el 5 de febrero de 2014; fojas 1507-1563 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por el representante legal de New Life Transport

SRL, contra la Resolución Determinativa N° 17-0008-14, fue admitido mediante Auto

de 13 de marzo de 2014 y notificado personalmente al recurrente el 19 de marzo de

2014 y mediante 20 de marzo de 2014 al Gerente Distrital El Alto del Servicio de

Impuestos Nacionales; fojas 1-94 de obrados.

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, por memorial presentado el 4 de abril

de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al efecto los

antecedentes administrativos en fojas 1566, distribuidos en ocho cuerpos; fojas 95-106

de obrados.

Por Auto de 7 de abril de 2014, se apertura el término de prueba de 20 (veinte) días

comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) del

artículo 218 del Código Tributario Boliviano, actuación notificada a las partes en

secretaría el 9 de abril de 2014; período en el cual mediante memorial de 28 de abril de

2014, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), ofreció y ratificó en calidad de prueba los antecedentes

administrativos remitidos con el memorial de respuesta al Recurso; asimismo, por nota

de 29 de abril de 2014, New Life Transport SRL, presentó y ratifico pruebas, fojas 107-

112 de obrados.

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Mediante memoriales presentados el 15 y 19 de mayo de 2014, la Gerencia Distrital el

Alto del Servicio de Impuestos Nacionales y el New Life Transport SRL,

respectivamente, formularon sus correspondientes alegatos, conforme a lo previsto en

el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 118-135 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de

la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente

al análisis de los agravios manifestados por New Life Transport S.R.L., en el Recurso

de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta

instancia recursiva.

Inicialmente corresponde aclarar que el recurrente, en el petitorio de su Recurso de

Alzada solicita la nulidad o anulabilidad del acto impugnado; sin embargo, de su

contenido se advierte que el mismo versa también sobre argumentos de fondo, en ese

entendido, por el principio de informalismo, ésta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria está en la obligación de interpretar el memorial no de acuerdo a la letra del

Recurso de Alzada, sino conforme a la intención del recurrente, así estableció el

Tribunal Constitucional en la Sentencia SC 0642/2003-R que señala: “(...) el principio

de informalismo consiste en la excusación de la observancia de exigencias formales no

esenciales y que pueden cumplirse después, por ejemplo la errónea calificación del

recurso (Juan Francisco Linares, Derecho Administrativo, Editorial Astrea, pág. 348); la

excusación referida, debe ser interpretada siempre a favor del interesado o

administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio pro actione, o sea, de la

interpretación más favorable al ejercicio al derecho a la acción, para asegurar, más allá

.

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de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto

del procedimiento. Por consiguiente en virtud a ese principio de informalismo, la

autoridad administrativa podrá interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del escrito,

sino conforme a la intención del recurrente, corrigiendo equivocaciones formales de los

administrados (...) excluye de este procedimiento la exigencia de requisitos formales;

de su consagración en la Ley de Procedimiento Administrativo y la jurisprudencia de

este Tribunal Constitucional, pueden expresarse, con carácter enunciativo y no

limitativo, las siguientes aplicaciones prácticas del principio de informalismo: i) no es

preciso calificar jurídicamente las peticiones; ii) los recursos pueden ser calificados

erróneamente, pero han de interpretarse conforme la intención del recurrente, y

no según la letra de los escritos; iii) la administración tiene la obligación de

corregir evidentes equivocaciones formales; iv) la equivocación del destinatario

tampoco afecta la procedencia de la petición o del recurso; y v) si no consta la

notificación del acto impugnado debe entenderse que el recurso ha sido interpuesto en

término (…) de acuerdo con el principio de informalismo que adquiere relevancia en

estos procedimientos administrativos, imponiendo a la administración, por su evidente

condición técnica frente al administrado, la responsabilidad de encauzar sus solicitudes

y peticiones realizando siempre una interpretación favorable a la acción (pro actione)

(…)”, en consecuencia, esta Instancia Recursiva verificará los vicios de nulidad

denunciados y sólo en el caso de no ser evidentes ingresará al análisis de los aspectos

de fondo invocados.

Vicios de Nulidad por Incumplimiento de plazo en la emisión de la Vista de Cargo

El representante legal de la empresa recurrente en los argumentos de su Recurso de

Alzada señala que conforme prevé el artículo 104 de la Ley 2492 (CTB), desde el inicio

del procedimiento de fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no deben

transcurrir más de doce meses, pudiendo extenderse el mismo por un lapso de seis

meses, previa autorización de la Máxima Autoridad Ejecutiva; sin embargo en el

presente caso se emitió la Vista de Cargo después de haber transcurrido más de 23

meses, careciendo de total competencia para la emisión de la misma, porque el plazo

feneció, produciendo como efecto jurídico la nulidad de la misma, al respecto

corresponde efectuar el siguiente análisis:

El parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492 (CTB) establece que desde el inicio de la

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce

.

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(12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa

solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá

autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.

La Ley 2341 (LPA) en su artículo 35 establece que I. Son nulos de pleno derecho los

actos administrativos en los casos siguientes:

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por

razón de la materia o del territorio;

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del

procedimiento legalmente establecido;

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los

recursos administrativos previstos en la presente Ley.

El artículo 55 del DS 27113 dispone que: Será procedente la revocación de un acto

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para

corregir los defectos u omisiones observadas.

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el procedimiento de

fiscalización parcial con alcance de verificación de los hechos y elementos

correspondientes al IVA, IT e IUE de la gestión fiscal 2010 se inició con la emisión y

notificación de la Orden de Fiscalización referida, es decir, el 25 de noviembre de 2011;

sin embargo, la Vista de Cargo CITE: CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/233/2013, que debe

fundamentar la Resolución Determinativa impugnada fue emitida el 25 de octubre de

2013, es decir, 23 meses de notificada la Orden de Fiscalización.

Lo anterior demuestra que los funcionarios de la Administración Tributaria,

incumplieron las disposiciones dispuestas en el artículo 104 de la Ley 2492 (CTB,

respecto al plazo en el que se debe emitir la Vista de Cargo, omisión que es de

.

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responsabilidad de los funcionarios actuantes y su incumplimiento amerita el

procesamiento legal interno de la Administración Tributaria; sin embargo, este hecho

se trata de incumplimiento al desempeño público administrativo que deben ser

resueltos mediante los mecanismos legales a los que se encuentra sujeta toda

administración pública, como es el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, hechos

que no se encuentran dentro de la competencia de la Autoridad de Impugnación de

Tributaria, conforme dispone el artículo 197 del Código Tributario, incorporado

mediante Ley 3092.

En ese sentido, se debe considerar que en materia de procedimiento administrativo

tributario, la nulidad debe ser textual, sólo opera en los supuestos citados en la Ley y

que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no esté sancionada

legalmente, no puede ni debe dar lugar a la nulidad de obrados. El fundamento de toda

nulidad de procedimiento recae sólo en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y

la Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a la defensa

y al debido proceso, aspectos estos que son imputables inexcusablemente a la

autoridad administrativa; en este caso, el Código Tributario, no establece que la

infracción del plazo establecido en su artículo 104 menoscabe o extinga la

competencia que tiene la Administración Tributaria para fiscalizar y determinar los

adeudos tributarios e imponer sanciones por contravenciones dentro de los plazos y

cómputos establecidos para la prescripción de los mismos, es decir, que el plazo

asignado para realizar estas actuaciones no es un término fatal sino que se convierte

en una medida de tipo regulatorio contra el funcionario responsable.

En esa misma línea el Tribunal Constitucional estableció parámetros respecto a la

competencia de las autoridades, en este caso administrativas, al disponer mediante la

Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, lo siguiente: “…La

pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos

procesales y la activación del recurso directo de nulidad se produce siempre que

aquélla esté expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia

Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: “Con relación a la

supuesta pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que

una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución

para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto

ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad

.

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pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la

pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer

la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad (…)”; de no producirse esta

situación (pérdida de competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo

de nulidad no se activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea

jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC

0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras; en

consecuencia, lo anterior acredita que la Administración Tributaria en ningún momento

perdió competencia para establecer reparos contra New Life Transport SRL., estando

los mismos a la fecha del proceso administrativo incólumes sus facultades de

determinación; consecuentemente, al ser inexistente los vicios denunciados y que los

mismos estén sancionados legalmente con la nulidad, corresponde desestimar la

posibilidad de retrotraer obrados por esta causa.

El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada refiere que sea esta

Instancia Recursiva quién le señale para que casos es aplicable la nulidad de

procedimiento dispuesta en el artículo 35 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27310

(RLPA), al respecto corresponde aclarar que el Código Tributario Boliviano, aprobado

mediante Ley 2492 (CTB), se constituye en la Ley especial que rige la materia tributaria

y dentro de su contenido establece cuales son las causales de nulidad en el

procedimiento de fiscalización y determinación, referidos específicamente a los

requisitos que debe contener la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa (artículos

96 y 99), así como las notificaciones que no se ajusten a las formas descritas en el

mismo (artículo 83 y siguientes);y, al tratarse de una Ley Especial su aplicación se

encuentra sobre la Ley General, como lo es la Ley 2341 de Procedimiento

Administrativo, la cual puede ser aplicada en esta materia cuando exista un vació legal

en dicho Código, conforme lo establece el parágrafo II del artículo 5 de la citada Ley

2492 (CTB), es decir, que en el presente caso no corresponde la aplicación del artículo

35 de la Ley 2341 (LPA), debido a que la Ley 2492 (CTB) establece claramente cuáles

son las causales de nulidad del procedimiento de fiscalización y determinación.

Vicios de nulidad en el proceso de determinación

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la Administración Tributaria no

realizó ni una sola acción de orden investigativo que le hubiese permitido establecer

reparos emergentes de operaciones efectivamente realizadas, vulnerando los

.

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principios constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa, toda vez que

no se sustentó técnica ni legalmente la depuración de los gastos deducibles en los que

se incurrió, desconociendo de forma general o genéricamente varios conceptos de

gastos e ingresos sin discriminar y/o especificar las observaciones ni las transacciones

particulares, lo que le impide realizar descargos, vulnerando los artículos 96 y 99 de la

Ley 2492 (CTB), cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012; al

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis:

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), dispone que: En

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende

por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración

Tributaria.

El artículo 96 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y

valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de

los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales

establecidos.

El artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), dispone: Una vez notificada la Vista de Cargo, el

sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta

(30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada

la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará

sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles

administrativos.

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo

99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), señala que la Resolución Determinativa que

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha,

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria,

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el

.

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caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de

nulidad la Resolución Determinativa.

El artículo 18 de la citada del DS 27310 (RCTB), indica que la Vista de Cargo que dicte

la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales:

a) Número de la Vista de Cargo

b) Fecha.

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo.

d) Número de registro tributario, cuando corresponda.

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es).

f) Liquidación previa de la deuda tributaria.

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del

artículo 98° de la Ley N° 2492.

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

El artículo 19 del DS 27310 (RCTB), dispone que: La Resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de

las disposiciones aplicables al caso.

De la revisión de la Vista de Cargo CITE: CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/233/2013 de 25

de octubre de 2013, respecto a la documentación presentada señala que la empresa

contribuyente presentó doce archivadores que contenían los comprobantes de

Ingresos, Egresos, Traspasos y Documentación de las transacciones sin el debido

foliado y notariado de los mismos, incumpliendo el artículo 40 del Código de Comercio,

por lo que durante la verificación no se pudo establecer la integridad del total de fojas

presentadas, asimismo no se incluían todas las facturas de compras detalladas en el

.

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Libro de Compras IVA; tres certificados de Registro de Propiedad – Vehículo

Automotor (CRPVA) de un camión y dos tracto-camiones y una vez revisada dicha

documentación se estableció que el camión y tracto camión con placas 1340NZA y

2280KAR, respectivamente, son de propiedad de la empresa; sin embargo, el tracto

camión con placa 1326NPD está a nombre de Layda Luz Nuñez del Prado Grandy.

El referido acto señala también que no se presentó el Libro Mayor, Extractos

Bancarios, conciliaciones bancarias, detalle de composición de activos fijos, contratos

(clientes y proveedores, estados de cuentas por cobrar, medios fehacientes de pago y

otros documentos contables; estableciendo sobre base presunta el IVA, IT e IUE de

enero a diciembre de 2010, por el concepto denominado Movimientos en Cuentas

Corrientes y sobre base cierta se determinó el IT de los períodos fiscales octubre y

diciembre de 2010, por el concepto de facturas registradas como anuladas y el IUE por

los siguientes conceptos y observaciones: Gastos sin respaldo de la transacción;

Registros de pago de subsidios prenatal y de lactancia que no adjunta la

documentación de respaldo; Diferencia por incorrecta clasificación de gastos; Compra

de combustible (diésel) para vehículos que no son de propiedad de la empresa; El

número de placa inscrito en la factura fue enmendado; Compra de combustible

(gasolina) para vehículos que no son de propiedad de la empresa; Facturas de

Compras con Enmiendas; Las multas y sanciones no son deducibles; Recibo de Aporte

sin el detalle del concepto; Pago de servicio telefónico de líneas telefónicas que no

pertenecen a la empresa (No existe contrato de alquiler); Facturas por servicios

básicos (energía eléctrica) con dirección distinta al domicilio fiscal declarado por el

contribuyente; Facturas de compras no dosificadas por la Administración Tributaria; El

contribuyente no proporcionó el detalle de la composición de las cuentas del activo fijo

ni la hoja de trabajo de la determinación de la depreciación, por lo que no se pudo

determinar si el cálculo de depreciación fue realizada de forma global y si es correcta;

y, Cálculo del ajuste por inflación y tenencia de bienes sin respaldo.

Del párrafo precedente se advierte que la Vista de Cargo refiere los conceptos por los

cuales se establecieron los reparos, conceptos que son claros en su denominación y

que inclusive en cada título contiene una explicación de cada uno de ellos; por

consiguiente se tiene que la Vista de Cargo detalló con precisión los conceptos

observados y el motivo de la misma, no siendo evidente que no exista un

sustento técnico ni legal de las observaciones y resultados a los que arribó;

.

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además que dicho detalle fue de conocimiento de la empresa contribuyente, toda

vez que la Vista de Cargo fue legalmente notificada mediante cédula el 7 de

noviembre de 2013, estos aspectos permiten al sujeto pasivo asumir la defensa

correspondiente acorde a los conceptos reparados.

En ese mismo análisis se evidencia también que la Vista de Cargo CITE: CITE:

SIN/GDEA/DF/FE/VC/233/2013 de 25 de octubre de 2013 identifica al sujeto pasivo,

el objeto y alcance de la determinación preliminar referente al IVA, IT e IUE de las

gestión fiscal 2010, cumpliendo así con todos los requisitos previstos por el

artículo 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 276310 (RCTB), actuación que

contienen los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la

Resolución Determinativa, se verifica también la fundamentación técnica y legal

de la imposición de las multas por incumplimiento a deberes formales; así como

los elementos que sirvieron de sustento para la determinación, hechos que fueron

resultado de las actuaciones de control, verificación y fiscalización, lo que

demuestra que la base imponible se produjo sobre base cierta y base presunta

estableciendo una obligación tributaria, surtiendo plenamente sus efectos legales

a partir de su legal notificación a la contribuyente, sujeto pasivo que se

encontraba facultado de ejercer el derecho de presentar descargos como medio

de defensa. Es pertinente también señalar que la Vista de Cargo está consignada con

el N° CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/233/2013, cuya fecha data de 25 de octubre de

2013, firmada por Carlos Romualdo Calle Rivera, Gerente Distrital III El Alto del

Servicio de Impuestos Nacionales, como se evidencia a fojas 1031-1042 de

antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 9 de noviembre de 2013, la empresa New Life

Transport SRL., presentó descargos ante la Vista de Cargo, adjuntando documentación

en fojas 35, una vez valorada los referidos descargos la Gerencia Distrital El Alto del

Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 17-0008-14

de 3 de febrero de 2014, acto administrativo que acredita legalmente el cumplimiento

de las formalidades, es decir, la identificación del sujeto pasivo, la especificación de la

deuda tributaria que se circunscribe a los conceptos reparados en la Vista de Cargo,

estableciéndose una deuda tributaria sobre base presunta por la suma de 525.716.-

UFV’s por el IVA, IT de los períodos enero a diciembre de 2010 e IUE de la gestión

2010; y, una deuda tributaria sobre base cierta de 252.788.- UFV’s por el IT de los

.

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períodos octubre y diciembre de 2010 e IUE de la gestión 2010, así como la respectiva

multa por omisión de pago y las multas por incumplimientos a deberes formales.

Se observa la existencia de una fundamentación de hecho y de derecho desde el

momento del inicio del proceso hasta la emisión de la resolución y el marco normativo

en el cual se adecua la conducta y/o determinación de acuerdo al artículo 165 de la

Ley 2492 (CTB), lo que evidencia el cumplimiento a cabalidad precisamente con los

parámetros de los artículos 99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB);

asimismo, respecto a los fundamentos de derecho, describe la aplicación de los

artículos 43, 44, 70, 93, 98, 100, 104, 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB); 42, 50 y 75 de

la Ley 843; 36, 37 y 44 del Código de Comercio; 3, 4, 8 y 35 del DS 24051;, RND 10-

0016-07, la RND 10-0037-07 y Norma Internacional de Contabilidad N° 1.

Con relación al argumento de que la Administración Tributaria desconoció de forma

general varios conceptos de gastos e ingresos, sin discriminar y/o especificar las

observaciones ni las transacciones particulares, lo que le impide realizar descargos,

corresponde señalar que al igual que la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa

impugnada, tanto en la determinación sobre base cierta como la determinación sobre

base presunta de las páginas 1 a 6 consigna los conceptos observados, colocados

como títulos; asimismo, en la página 6 se advierte un cuadro con las observaciones y

su respectivo respaldo legal, hechos que permiten al contribuyente efectuar sus

descargos correspondientes en función a su documentación contable (Libros Mayores

y Diarios), más aún, si se considera que el acto impugnado asienta los gastos que la

Administración Tributaria habría considerado como deducibles a efectos del cálculo del

IUE.

En ese mismo sentido, con relación a los descargos presentados ante la Vista de

Cargo, la Resolución Determinativa impugnada, en su segundo considerando en el

acápite denominado EVALUACIÓN DE DESCARGOS PRESENTADOS POR EL

CONTRIBUYENTE, realiza el análisis de los descargos presentados así como la

documentación de prueba que acompañó con los subtítulos de ingresos por servicios,

honorarios profesionales, alquileres pagados, beneficios sociales, combustible,

comisiones pagadas, curso y seminarios, gastos de administración, mantenimiento y

repuestos, multas y sanciones, comisiones bancarias, otros gastos, gastos de

representación, gastos generales, patentes e impuestos, publicidad, ropa de trabajo,

.

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seguros pagados servicios básicos, otros servicios, sobrestadías y limpieza,

depreciación del activo fijo y ajuste por inflación y tenencia de bienes, con sus

respectivo análisis cada subtítulo; concluyéndose que los descargos no desvirtúan los

reparos establecidos en la Vista de Cargo, que precede el acto impugnado.

En ese contexto se debe considerar que conforme establece la doctrina, la motivación

del Acto se fundamenta en la observancia a la garantía del Debido Proceso y el

Derecho a la Defensa, es decir, que el acto administrativo debe aportar los suficientes

elementos que permitan asumir defensa ante la pretensión de la Administración, en el

presente caso, tanto en la Vista de Cargo CITE: CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/233/2013,

como en la Resolución Determinativa N° 17-0008-14, es evidente la existencia de la

descripción de los hechos y actos considerados sujetos a los tributos determinados, la

evaluación de la prueba encontrada, lo que lleva a la afirmación de que los referidos

actos están debidamente motivados y fundamentados, por cuanto en su contenido

explican las razones que fundamentan la pretensión de la Administración Tributaria, en

consecuencia, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por vicios

de nulidad resultantes del incumplimiento de requisitos establecidos en los artículos 96

y 99 de la Ley 2492 (CTB) y 18 y 19 del DS 27310 (RCTB), en consideración a que el

sujeto pasivo asumió conocimiento pleno de las observaciones efectuadas por el sujeto

activo.

Respecto a la aplicación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012

de 7 de agosto de 2012, como precedente administrativo, corresponde señalar que en

dicho Recurso Jerárquico se estableció que la Administración Tributaria no detalló las

facturas de compras observadas y depuradas, ni consideró los requisitos que debe

contener la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, situación que evidentemente

limita el derecho a la defensa del sujeto pasivo, aspecto que no ocurre en el presente

caso, conforme se tiene del análisis efectuado en párrafos precedentes.

Determinación de adeudos tributarios sobre Base Presunta y Base Cierta

i. Base presunta

El representante legal de la empresa New Life SRL en su Recurso de alzada señala

que el SIN de la comparación de los depósitos en sus cuentas bancarias y lo declarado

en los Libros de Ventas IVA, estableció Bs2.276.860,50- a la cual aplicó las alícuotas

del IVA, IT e IUE, criterio que no goza de ningún sustento para determinar impuestos

.

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omitidos, pues el Libro de Ventas IVA no constituye base alguna para la determinación

de tributos; la aplicación de la base presunta sólo procede cuando el sujeto activo no

cuenta con la documentación suficiente para analizar la situación tributaria del

contribuyente y cuando se hayan agotado los medios para la obtención de documentos

e información de acuerdo al artículo 44 de la ley 2492 (CTB); asimismo, no consideró

que la empresa presta servicios de transporte nacional e internacional, sujeta al

régimen de Tasa cero en el IVA, indica que se efectuó la determinación del IT e IUE sin

sustentar técnica ni legalmente los reparos y que la forma de cálculo del IUE sobre

base presunta utilizada esta errada, no posee sustento normativo para la aplicación a

una sociedad de responsabilidad limitada, por lo que la Vista de Cargo se halla viciada

de nulidad, al respecto corresponde realizar el siguiente análisis:

El artículo 44 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: La Administración Tributaria podrá

determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando

habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre

base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se

verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último:

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto

por este Código.

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo

de sus facultades de fiscalización.

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las

disposiciones normativas.

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias:

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración

del precio y costo.

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias.

.

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e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos,

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta.

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una

misma actividad comercial.

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término

de la prescripción.

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la

alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia.

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación

sobre base cierta.

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta,

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.

Sobre los medios de determinación sobre base presunta, el parágrafo del artículo 45

del Código Tributario determina que:

I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará

utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la

norma reglamentaria correspondiente:

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud.

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de

bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que

sean normales en el respectivo sector económico, considerando las

características de las unidades económicas que deban compararse en

términos tributarios.

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos

contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos

similares o equivalentes.

.

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La Ley 3249 de 1 de diciembre de 2005 en su artículo único dispone: a partir del primer

día hábil del mes siguiente a la publicación de la presente Ley, el servicio de transporte

internacional de empresas bolivianas de carga por carretera incluido el transporte de

encomiendas, paquetes, documentos o correspondencia, estará sujeto al régimen de

tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La aplicación de la mencionada tasa

no implica que el sujeto pasivo sea beneficiario de la devolución del Crédito Fiscal

(IVA), por no constituir exportación de servicios.

El artículo 2 del DS 28656 de 25 de marzo de 2006 señala: para fines de aplicación de

la Ley 3249 y del presente Decreto Supremo se entiende por:

a) Empresa boliviana de transporte Internacional de carga por carretera: Toda

sociedad empresarial, incluidas las empresas unipersonales y las cooperativas

legalmente constituidas, domiciliadas en el país y debidamente habilitadas, que

cumplan con lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto Supremo 25870 de 11 de

agosto de 2000, para prestar el servicio de transporte internacional de carga por

carretera.

b) Servicio de transporte Internacional de carga por carretera: Traslado de

mercancías en general por carretera, desde el lugar en que se recibe en Bolivia o

en otro país, hasta la entrega al destinatario en Bolivia u otro país, cumpliendo

normas sobre tránsito aduanero internacional, ceñido a normas internacionales y/o

convenios sobre operación de servicios. El régimen de tasa cero (base imponible

cero al IVA), se aplicará exclusivamente al servicio de transporte internacional de

carga por carretera.

El artículo 47 de la Ley 843 dispone que: La utilidad neta imponible será la resultante

de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios

para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la

determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser

necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que

la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores,

las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el

reglamento disponga como pertinentes.

.

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En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios se presumirá, sin admitir

prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al 50% (cincuenta

por ciento) del monto total de los ingresos percibidos.

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo

con los principios de contabilidad generalmente aceptados (…).

El inciso c) del artículo 3 del DS 24051 señala que: Están obligados a presentar

declaración jurada en los formularios oficiales, y cuando corresponda, pagar el

impuesto, en la forma, plazo y condiciones que establece el presente reglamento:

c) Las personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios en forma

independiente, incluidos Notarios de Fe Pública, Oficiales de Registro Civil,

Comisionistas, Corredores, Factores o Administradores, Martilleros o Rematadores

y Gestores, presentarán sus declaraciones Juradas en formulario oficial, liquidando

el impuesto que corresponda según lo establecido en el segundo párrafo del

artículo 47 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995), en base a los registros de sus

Libros Ventas-lVA y, en su caso, a otros ingresos provenientes de intereses por

depósitos, alquileres de bienes muebles o inmuebles y otros gravados por este

Impuesto.

La base imponible para la liquidación y pago del impuesto por estos contribuyentes

estará dada por el total de los ingresos devengados durante la gestión fiscal menos el

Impuesto al Valor Agregado (IVA) declarado y pagado por dichos conceptos (…).

En los casos de los incisos b) y c) precedentes, la Administración Tributaria

establecerá la forma y condiciones que deberán reunir los formularios oficiales de

declaración jurada de este impuesto (…).

De inicio corresponde mencionar que el nacimiento de la obligación tributaria se

relaciona con la producción de los hechos imponibles que deben estar previstos en la

Ley, en ese contexto, nadie está obligado a cubrir una obligación tributaria mientras no

se dé un hecho o situación prevista por la Ley, es decir, mientras no se realice el

presupuesto normativo; una vez realizado este supuesto previsto por la norma se

producirán las consecuencias jurídicas, las cuales serán imputadas a los sujetos

pasivos que se encuentren ligados, si no se produce un hecho generador concreto, la

consecuencia que es el nacimiento de la obligación tributaria no se materializa y por

tanto no se genera el vínculo obligacional entre acreedor y deudor del tributo, hecho

.

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que ocasionaría que la Administración Tributaria no estaría en la posibilidad legal de

determinar reparos, mucho menos exigir su pago por no estar perfeccionado el hecho

imponible.

Como se manifestó precedentemente, la obligación tributaria como obligación ex lege,

nace por disposición de la Ley, es decir, para su nacimiento es menester que surja

concretamente el hecho o presupuesto que el legislador señala como apto para servir

de fundamento a la concurrencia de la relación jurídica tributaria.

En el presente caso, la Administración Tributaria realizó la determinación de tributos

omitidos por el IVA IT e IUE de los periodos fiscales enero a diciembre 2009, aplicando

la determinación de la base imponible sobre base presunta, de conformidad a los

artículos 43, parágrafo II, 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, determinar una

obligación tributaria en base al método presunto, necesaria como obligatoriamente

debe ser respaldada con antecedentes que permitan deducir el nacimiento del hecho

generador.

De acuerdo a los papeles de trabajo cursante a fojas 106 y 286-341 de antecedentes

administrativos, se tiene que de la información proporcionada por la ASFI respecto a

los depósitos bancarios en las cuentas de la empresa N° 73313-001-6 y N° 73313-201-

9 del Banco BISA SA estableció sobre base presunta ingresos no declarados de

Bs2.276.860,5 importe al cual aplicó las alícuotas del IVA e IT y para el IUE presumió

como base imponible el 50% del total de los depósitos, obteniendo los reparos de

Bs295.991.- por IVA, Bs68.307.- por IT y Bs284.608.- por IUE por los periodos fiscales

enero a diciembre 2010

Al respecto, el inciso a) del numeral 5 del artículo 44 de la Ley 2492 (CTB), señala

claramente que la determinación sobre base presunta se utiliza cuando el SIN a pesar

de haber requerido información, no posea los datos necesarios para la determinación

de la base imponible sobre base cierta, especialmente por la omisión de registro de

operaciones, ingresos o compras, así como la alteración del precio y costo.

De acuerdo a la normativa mencionada, la Administración Tributaria puede determinar

la base imponible sobre base presunta sólo cuando habiendo requerido la

documentación e información, no posea los datos necesarios para la determinación

.

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sobre base cierta, por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo; en el presente caso,

no se dio ninguna de las circunstancias citadas en el artículo 44 de la Ley 2492 (CTB),

toda vez que New Life Transport SRL se halla inscrito en el Padrón de Contribuyentes

y no asumió conducta que impida el desarrollo de la fiscalización; asimismo, el SIN no

demostró que el contribuyente omitió el registro de sus ingresos; además no es

evidente que las cuentas bancarias informadas no forman parte de los Estados

Financieros de la empresa por ende los ingresos (depósitos) no se hallan

contabilizados, toda vez que el Balance General de la gestión 2010 cursante a fojas

1100 y 1108 de antecedentes administrativos, registra en el rubro “Activo Disponible”

entre otras registra la composición de las cuentas Banco M/N y Banco M/E,

adicionalmente, de acuerdo a la información de los Estados Financieros y Dictamen de

Auditoria, la empresa registro la composición de disponibilidades entre otras las

cuentas Banco Bisa M/N y Banco Bisa M/E, mismas que coinciden con la información

remitida por el Banco Bisa cuentas N° 73313-01-001-6 M/N y N° 73313-201-9, fojas

285, 1100-1108 de antecedentes administrativos.

En relación a la determinación de los ingresos presuntos, se debe mencionar que la

Administración Tributaria estableció ingresos por prestación de servicios (transporte)

en base a los depósitos efectuados en las cuentas bancarias del sujeto pasivo;

empero, la documentación e información obtenida de la ASFI no permite conocer de

manera directa e indubitable hechos generadores del tributo, toda vez que como sujeto

activo consideró la materialización de hechos imponibles de ventas (servicios) no

declaradas ni facturadas en la medida de la realización de depósitos en las cuentas

bancarias, considerando además el SIN que supuestamente dichas cuentas no se

encuentran a nombre de la empresa, aspecto que como se mencionó en el párrafo

precedente no es evidente, razón por la que no corresponde considerar que las citadas

cuentas bancarias y depósitos efectuados en las mismas no forman parte de la

contabilidad de la empresa.

En el contexto mencionado, si bien es cierto que correspondía a la empresa New Life

Transport SRL demostrar o enervar los cargos emitidos en su contra; no es menos

cierto, que también es obligación de la Administración ejercer ampliamente las

facultades establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), esto con el

objeto de respaldar debidamente los reparos emitidos contra el sujeto pasivo, toda vez

que en antecedentes administrativos no se advierte documentación que acredite que el

.

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contribuyente haya omitido el registro de los ingresos u otra información que

fundamente su posición, siendo insuficiente suponer que los depósitos bancarios

constituyen ingresos por prestación de servicios de transporte y que además éstos no

se hallan sujetos a la Tasa “0” en el IVA, conforme dispone la Ley 3249 y DS 28656,

haciendo evidente una presunción de ventas sin fundamento técnico legal.

Por las consideraciones mencionadas corresponde dejar sin efecto los tributos omitidos

de Bs295.991.- por IVA, Bs68.307.- por IT y Bs284.608.- por concepto de IUE de la

gestión 2010, emergente de los ingresos no declaradas por prestación de servicios de

transporte establecidas sobre base presunta, en función a los depósitos bancarios

efectuados en las cuentas N° 73313-001-6 M/N y N° 73313-201-9 M/E del banco BISA

SA por los periodos fiscales señalados.

ii. Base Cierta

El representante legal de New Life Transport SRL, indica de la determinación sobre

base cierta en la Vista de Cargo, que la Administración Tributaria admite tener

documentación con la cual compara los reparos; sin embargo, indica que no le fue

presentada la documentación o no tiene sustento el gasto efectuado, siendo que se le

entrego todas las facturas de los gastos realizados y sus respectivos comprobantes

contables, establece que los ingresos de Bs8.571,76 corresponden a ventas no

facturadas sin considerar que la empresa presta servicios y no aplica el concepto

sustentado. Al respecto, se tiene lo siguiente:

El artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible) de la Ley 2492 (CTB)

señala que: La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre

base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer

en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. II. Sobre base

presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión

normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y

cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el

artículo siguiente. III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo

prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre

base cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a

lo establecido en el Artículo siguiente, según corresponda. En todos estos casos la

.

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determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, aplicando los procedimientos

previstos en el Título III del presente Código.

La Administración Tributaria, determinó reparos en el IT sobre base cierta por ingresos

gravados no declarados, debido a que no presentó el original de las facturas anuladas

de Bs8.821,74 cuyo impuesto omitido del 3% es Bs264.-; y en el IUE de la gestión

2010 determinó reparo por Bs328.490.- por gastos no deducibles del IUE por gastos

sin respaldo, subsidio prenatal, diferencia por incorrecta aplicación de gastos, compra

de combustible diésel, gasolina para vehículos que no son de propiedad de la

empresa, facturas con enmienda, multas y sanciones, recibos de aporte sin el detalle

del concepto, pago de servicio telefónico de líneas telefónicas que no pertenecen a la

empresa sin contrato de alquiler, facturas de energía eléctrica con distinto domicilio,

facturas no dosificadas por la Administración Tributaria, Detalle de activos sin respaldo,

cálculo de ajuste por inflación y tenencia de bienes sin respaldo, conforme el siguiente

cuadro:

Detalle de Ingresos No Declarados

(Expresado en Bolivianos)

Periodo

Fiscal

Servicios facturados

según fiscalizacion

Ventas declaradas

según DDJJ Form. 400

(IT)

fjsDiferencia Ingresos No

Declarados

oct-10 180.184,39 175.235,00168-169,

2564.949,39

dic-10 176.749,35 172.877,00174-175,

2813.872,35

Total 356.933,74 348.112,00 8.821,74 FUENTE: Resolución Determinativa N° 17-0008-14; fojas 4 de obrados.

De acuerdo al cuadro precedente, se evidencia que la Administración Tributaria,

determinó ingresos por prestación de servicios no declarados, de la revisión de

antecedentes administrativos cursante a fojas 168 y 175, las facturas Nos 2283 y 2379

registran como anuladas en el libro de ventas IVA; sin embargo, el recurrente no

presentó ante la Administración Tributaria los originales de las facturas N° 2283 por

Bs4.949.- periodo octubre 2010 y factura N° 2379 por Bs3.872 del periodo diciembre

2010, que validen su anulación, asimismo no presentó ante esta Instancia recursiva

prueba que haga valer su derecho. Al respecto el numeral 1 del artículo 22 de la RND

10-0016-07 establece que: “implica la anulación de dichos documentos, consignando

en la factura o nota fiscal la leyenda “ANULADA” de forma manuscrita o impresa, al

haberse consignado datos incorrectos a momento de la emisión. Este proceso será

aplicable a las facturas o notas fiscales emitidas a través de cualquier modalidad de

facturación. Sera de entera responsabilidad de los sujetos pasivos o terceros

.

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responsables, el resguardo por el término de la prescripción, de las facturas o notas

fiscales anuladas. Asimismo las facturas o notas fiscales que no hubieran sido

reportadas como anuladas y/o no cuenten con el respectivo documento original, serán

consideradas como emitidas…”, en ese entendido, al no demostrar la existencia de las

facturas originales Nos. 2283 y 2379 se considera como emitidas, en consecuencia se

mantiene el importe determinado como ingresos no declarados.

Depuración de gastos No Deducibles del IUE

El representante legal de New Life Transport SRL, señala que en el detalle de la Vista

de Cargo no se tiene gastos no deducibles del IUE según fiscalización, sin embargo,

en el cuadro de depuraciones, establece importes depurados no sustentados de:

honorarios profesionales, alquileres pagados, beneficios sociales, combustible,

comisiones pagadas, cursos seminarios, gastos de administración, mantenimiento y

repuestos, multas y sanciones, comisiones bancarias, otros gastos, gastos de

representación, gastos generales, patentes e impuestos, publicidad, ropa de trabajo,

seguros pagados, servicios básicos, otros servicios, sobreestadías y limpieza,

depreciación activo fijo, ajuste por inflación y tenencia de bienes; que considera que

existe error al determinar la depuración, que para el transporte internacional por

carretera, el único requisito es inscribirse en la Cámara Nacional, de las depreciaciones

señala que en la fiscalización de la gestión 2010, si se realizaron depreciaciones,

indica que no establece los cálculos que determinaron el reparo, que extrañan los

datos hechos elementos individualizados sobre cada transacción que permita

establecer cuáles fueron los factores considerados de sustento para el reparo, al

respecto se tiene:

Respecto a la utilidad neta imponible y su determinación, los artículos 6 y 7 del DS

24051 disponen que: se considera Utilidad Neta Imponible la que resulte de los

estados financieros de la empresa elaborados de conformidad con normas de

contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en

este Reglamento. Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará de la

Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios prestados) los

gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y conservar la fuente,

cuya deducción admite a Ley y este Reglamento.

.

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En cuanto a los Gastos Corrientes, el artículo 8 del citado Decreto Supremo señala

como regla general que: Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley

como principio general y ratificado en el artículo precedente, se consideran

comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a

condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con

documentos originales.

De la compulsa de antecedentes la Administración Tributaria, observó gastos no

deducibles del IUE y gastos sin respaldo de acuerdo a los Anexos 2 al 24, en razón

que el contribuyente no demostró con documentación los gastos realizados

registrados en las cuentas contables: beneficios sociales subsidio, combustible, gastos

de administración, mantenimiento y repuestos, gastos generales, servicios básicos y

otros servicios por un importe total de Bs79.074,90 y gastos sin respaldo de las

cuentas: honorarios profesionales, alquileres pagados, beneficios sociales subsidio,

comisiones pagadas, cursos y seminarios, gastos de administración, mantenimiento y

repuestos, multas y sanciones,, comisiones bancarias, otros gastos, gastos de

representación, gastos generales, patentes, publicidad, ropa de trabajo , seguros

pagados, servicios básicos, otros servicios, sobre estadía y limpieza, depreciación de

activos y ajuste por inflación y tenencia de bienes, conforme el siguiente cuadro:

Detalle de gastos No Deducibles del IUE y Gastos Sin Respaldo

(Expresado en Bolivianos)

Deducibles No deduciblesGastos sin

respaldoObs.

Gastos

Sueldos y Salarios 184.759,85 184.759,85 184.759,85 0,00

Honorarios Profesionales 20.453,00 20.453,00 200,00 20.253,00 2

Aguinaldo 17.479,00 17