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Quítatede la vía Perico…

Una mirada a algunas luchas emprendidas por pueblos indígenas que han puesto en cuestión los modos de explotación de los recursos naturales promovidos por planes nacionales de desarrollo. Las locomotoras que definirán el rumbo del país parecen desconocer cómo el sector minero energético ha arrasado territorios y

culturas indígenas.

Por Martha Cecilia García*

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esRegresa el tren como ícono del creci-

miento económico, gracias al recurso metafórico del proyecto de Plan Nacio-

nal de Desarrollo del actual gobierno que nos habla de cinco locomotoras que definirán el rumbo de la economía del país en los próxi-mos años. El cine sobre la conquista del leja-no oeste norteamericano alabó, como ningu-no, el ferrocarril como indicio de la llegada de la civilización y la modernidad a unas tierras de nadie, habitadas por aguerridos indígenas y plagadas de oro, donde se desplegó una fe-roz disputa por su apropiación. Fiebre del oro y ferrocarril corrieron parejas en una historia contada a retazos en la que la idea de progre-so encubrió tanto la aniquilación de pueblos indígenas como su lucha por no permitirlo.

En el último decenio hemos padecido en el país, no solo fiebre de oro, sino fiebre de convertir la extracción de recursos naturales en la vía hacia el desarrollo1, ofertando las “ventajas naturales” en el mercado interna-cional, tal como lo expresó el Plan de desa-rrollo minero, planteado por el gobierno de Uribe Vélez en 2006 (Ministerio de Minas y Energía, 2006). En ese documento se esta-blecieron estrategias tales como “invitar a los inversionistas extranjeros a entrar más agre-sivamente al país” (Beltrán, 2006) y mejorar la competitividad, para convertir a Colombia en uno de los tres destinos latinoamericanos de preferencia de las inversiones mineras in-

ternacionales, lo que implica cubrir el 75% del territorio con exploración geológica y mejorar la infraestructura de transporte para la exportación de productos mineros y la co-nectividad regional, nacional e internacional.

Por los cuatro puntos cardinales, y junto a esta fiebre de desarrollo minero-energético que ha venido acompañada de historias de arrasamiento, ocurrieron estelas de movili-zaciones sociales que tuvieron fuerza para poner en cuestión los modos de explotación de los recursos naturales –como el agua, los hidrocarburos y diversos minerales– y la mercantilización de la naturaleza. Estas pro-testas buscaron evidenciar la existencia de

concepciones contrapuestas alrededor de la relación entre seres humanos y naturaleza, y demandar del sistema judicial la defensa de derechos económicos, sociales, culturales y colectivos consagrados en la Constitución Nacional de 1991.

La armonía del mundo azul U’wa contra “la energía que el mundo necesita”

La lucha del pueblo U’wa (Arenas, 2004 y Serje, 2003), la gente que sí sabe hablar, can-ta sus mitos y preserva la armonía del mundo

“Quítate de la vía Perico, fíjate que ahí viene el tren…y luego no vayas a decir que no te lo advirtieron…si yo llego a saber que Perico era sordo, paro el tren, y no mato a Perico...” Ismael Rivera

Las locomotoras que definirán el rumbo de Colombia parecen desconocer cómo el sector minero energé-tico ha arrasado territorios y culturas indígenas en los cuatro puntos cardinales del país.

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“ El argumento central de los U’wa para oponerse a la exploración y ex-plotación de hidrocarburos es que proteger la Madre Tierra y lo que ella contiene le da sentido a sus vidas, y sacarle la sangre (el petróleo) es ma-tarla y quedarse sin donde vivir ”.

azul contra la búsqueda “de la energía que el mundo necesita”2 emprendida por la Oxy, en sus territorios tradicionales, se inició en 1995 y aún no termina. El argumento central de los U’wa para oponerse a la exploración y explotación de hidrocarburos es que pro-teger la Madre Tierra y lo que ella contiene le da sentido a sus vidas, y sacarle la sangre (el petróleo) es ma-tarla y quedarse sin donde vivir. La Oxy, por su parte, planteó que su proyecto era la última opción que tenía este pueblo in-dígena para sobrevi-vir porque generaría empleo y bienestar. Su alegato es una muestra de la idea dominante de que la mo-dernización –a través de la industrialización, la venta de la fuerza laboral y el vínculo direc-to con el mercado–, es la única fuerza capaz de destruir las supersticiones y relaciones ar-caicas, sin importar el costo social, cultural y político, como lo señala Arturo Escobar3.

Durante más de una década intervinie-ron en este conflicto organismos de control, las altas cortes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, universidades nacio-nales y extranjeras. Los temas debatidos se

referían a la consulta previa, la pervivencia de los pueblos indígenas y el respeto a su autono-mía. En agosto de 1999, el gobierno entregó a los U’wa la resolución del Incora por la cual se ampliaba el resguardo y pocos meses después otorgó a la Oxy una nueva licencia ambiental para iniciar exploraciones en Gibraltar 1, que está a menos de 700 metros del territorio in-

dígena. Aunque en 2001, el gobierno in-formó pesaroso que no había encontrado petróleo sino gas, en 2003 Ecopetrol dio a conocer que el Blo-que Samoré puede contener 2.500 mi-llones de barriles de petróleo, lo que si-

guió haciendo del territorio indígena un lugar muy atractivo para la explotación.

En noviembre de 1999, la comunidad ocupó de forma pacífica los terrenos de Gi-braltar para impedir el inicio de la explora-ción, y en enero del 2000 fue desalojada por el Ejército. Diez años más tarde, en octubre de 2009, la Asociación de Autoridades Tra-dicionales y Cabildos U’wa convocó una mo-vilización en Cubará, Boyacá, para reafirmar su oposición a toda explotación de cualquier recurso natural y exigir que no se violen sus

territorios ancestrales a través de la explota-ción de gas en el pozo Gibraltar 3, por parte de Ecopetrol y de dos megaproyectos que el Gobierno pretende implementar allí: la construcción de una carretera binacional que comunicará Colombia con Venezuela y atra-vesará el corazón del Resguardo indígena, y la propuesta de impulsar el ecoturismo en el Parque Nacional del Cocuy, iniciativa que desembocará en la invasión e irrespeto a sus sitios sagrados.

El canto a la unidad Grancolombiana contra los Wayúu

Los indígenas Wayúu han tenido que vérselas no con la explotación de petróleo sino con la “Siembra petrolera”4 y el canto a la unidad Grancolombiana: el Gasoducto Transcaribe-ño Antonio Ricaurte, proyecto adelantado por las petroleras estatales Petróleos de Ve-nezuela (PDVSA) y Ecopetrol, tras el compro-miso hecho, en julio de 2006, por los presi-dentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez de construirlo en dos años, con una inversión de

En octubre de 2009 la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa convocó una movilización en Cubará, Boyacá, para reafirmar su oposición a toda explotación de cualquier recurso natural.

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En julio de 2006 los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe se comprometieron a construir en dos años el Gasoducto Antonio Ricaurte.

En la noche del 26 de marzo de 2011, una explo-sión, en una finca ubicada a 7 km de la frontera con Venezuela, destruyó un tramo del gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte.

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300 millones de dólares. La petrolera vene-zolana prometió a las 33 comunidades indí-genas Wayúu afectadas una inversión social y ambiental equivalente al 10% del costo to-tal de la obra, que incluía reparación de vías, construcción de escuelas, centros de salud, acueductos rurales, proyectos agrícolas y ga-naderos, y tendido de fibra óptica para am-pliar y facilitar las comunicaciones entre los pueblos fronterizos.

En enero de 2007, los indígenas blo-quearon, durante cinco días, las obras de construcción del gasoducto binacional en Manaure y Maicao, y lo volvieron a hacer en septiembre del mismo año. En ambas ocasio-nes adujeron irregularidades en el proceso de concertación con los pobladores e incumpli-miento de la inversión social prometida. En la segunda movilización, anunciaron que im-pedirían la terminación de las obras si no les entregaban el 70% de los dineros acordados como indemnización por la afectación de su territorio. Pero el progreso no da tregua: el 12 de octubre de 2007 los presidentes de Vene-zuela, Colombia y Ecuador asistieron a la fies-ta de inauguración del gasoducto en Ballenas.

Pocos días después, indígenas Wayuú permanecieron una semana ante la Defen-soría del Pueblo en Riohacha y luego se to-maron las dependencias en protesta por el incumplimiento de la entrega del 50% de los ochocientos millones pactados entre PDVSA y las comunidades indígenas. Hubo nuevas promesas de atender los pactos y nuevos in-cumplimientos. En la noche del 26 de marzo de 2011, una explosión, en una finca ubicada a 7 km de la frontera con Venezuela, destruyó un tramo del gasoducto Transcaribeño. El ga-soducto Antonio Ricaurte en átomos volando.

Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kamkuamo defienden el Corazón del Universo

Para las comunidades indígenas Arhuaco, Ko-gui, Wiwa y Kamkuamo que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta el cerro Jukulwa es el

La licencia ambiental que se le otorgó a Brisa S.A generó daños daños incalculables a los ecosistemas de la zona, y destruyó el cerro Jukulwa, sitio sagrado para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los indígenas de la Sierra Nevada han marchado en varias oportunidades en contra del Puerto Multipro-pósito Brisa y la represa del Río Ranchería, que atentan contra su cultura y medio ambiente.

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“ en la segunda movilización los indígenas anunciaron que impedi-rían la terminación de las obras si no les entregaban el 70% de los dineros acordados como indemnización por la

afectación de su territorio ”.

lugar “donde consultamos a las Madres y Pa-dres Espirituales, es la base que sostiene los cerros de la Sierra, es la base del agua y de todos los animales que conocemos, por eso Mulkwaba dijo que no la podemos tocar, no se puede destruir, porque allí está lo que da la vida; todo lo que existe depende de este Sitio, es el principio del orden…es el Corazón del Mundo, allí está el oído, allí está la vista5 …” (Mamos Mayores, 2009).

A Jukulwa se le abrió un boquete que lo partió en dos para dar paso a las obras de construcción del Puerto Multipropósito Bri-sa, en Dibulla, que ampliará la infraestructura

portuaria del país y promoverá el transpor-te intermodal de carga para responder a los requerimientos del TLC6. Impulso al desa-rrollo alabado por las élites guajiras. El otor-gamiento en 2006 de la licencia ambiental a Brisa S.A. omitió el procedimiento de consul-ta previa con los cuatro pueblos, la construc-ción del puerto se inició violando las condi-ciones ambientales pactadas, generó daños incalculables a los ecosistemas de la zona, destruyó un sitio sagrado para los indígenas y les impidió el libre acceso al lugar.

En abril de 2007, 400 indígenas de la Sierra Nevada llegaron a Mingueo para la-

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mentar la destrucción de Jukulwa, y protestar por el impacto del puerto sobre su territorio, cultura y medio ambiente y por no haber sido tenidos en cuenta para iniciar la obra. Volvie-ron a marchar un año después por idénticas razones, fueron agredidos por la policía y el gerente de Brisa manifestó su incon-formidad con los rei-terados reclamos y protestas indígenas, cuando el Ministe-rio del Interior ha-bía certificado que en esa propiedad no existían sitios de pa-gamento.

El 25 de julio de 2007, 300 indíge-nas de la Sierra marcharon desde Riohacha para protestar contra otro megaproyecto rea-lizado en sus territorios ancestrales: la repre-sa del río Ranchería ubicada en San Juan del Cesar. Esta obra, además de atentar contra el equilibrio ecológico de la región lo hizo con-tra su cultura al destruir otro de sus lugares sagrados, el cerro Sekumukui que fue volado con explosivos plásticos en abril del 2007 para dar paso a la construcción de la represa planteada como un proyecto bandera del go-bierno de Uribe Vélez para dotar de agua a los acueductos municipales de la región, irrigar 18.536 hectáreas y producir 7 megavatios de energía eléctrica. Pero las autoridades indí-genas de la Sierra Nevada denunciaron que el agua de esta represa se utilizará para generar cultivos de palma africana y otras actividades asociadas al TLC (Consejo Territorial de Ca-bildos, 2007).

La fiebre de los metales contra comu-nidades Emberá y afrodescendientes

Según indígenas y afrodescendientes Muriel Mining Corporation consiguió los permisos de las comunidades de manera inapropiada, pues com-pró a algunos dirigentes con comida, licor y dinero.

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“ El otorgamiento en 2006 de la li-cencia ambiental a Brisa S.A. omitió el procedimiento de consulta previa con los cuatro pueblos, la construcción del puerto se inició violando las condicio-nes ambientales pactadas, generó daños incalculables a los ecosistemas de la zona, destruyó un sitio sagrado para los indígenas y les impidió el li-

bre acceso al lugar ”.

Los Emberá Katío y la represa de Urrá

“Preguntamos a Karabí, nuestro Padre, qué delito hemos cometido los Embera para que debamos sufrir todo tipo de violencias y de atropellos por parte de la gente Kapunía, con sus obras de desarrollo, con sus armas de guerra o con sus propios jueces. En qué hemos ofendido a la Madre Tierra, para que después de una lucha de varios años y de soportar cinco meses de intemperie en los jardines del Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá, no podamos tener un día de reposo o dedicarnos a la reconstrucción de nuestro pueblo, sino que aparecen nuevos gavilanes dispuestos a abalanzarse sobre nosotros”.

Estos fragmentos de un comunicado de los Cabildos Mayores Emberá emitido el 29 de mayo de 2001 dan cuenta de parte de la lucha que inició esa comunidad en 1994 en una manifestación masiva en la que se despidieron del río que fue represado por la hidroeléctrica Urrá. Su mito de origen está en el agua y el pescado es su principal alimento. Hoy ese recurso está prácticamente extinto. El mensaje de los Cabildos salió a la luz luego de que las AUC secuestraran a ocho indígenas Embera y que las Farc asesinaran a diez campesinos dentro del resguardo y poco antes del secuestro y asesinato de Kimmy Pernía, lider que encabezó propuestas contra la hidroeléctrica.

Cuatro movilizaciones más realizaron los Emberá, entre 2004 y 2005 para exigir al gobierno cumplir los pactos que permitieron levantar la toma de Minambiente (1999 y 2000):

indemnizaciones, reubicación en tierras productivas y recuperación de la pesca. En enero de 2005, indígenas del país exigieron al gobierno cumplir la Sentencia T-652 de 1998 de la Corte Constitucional: respetar al pueblo Embera, defender su territorio y su cultura, amenazados por la construcción de la hidroeléctrica. Un mes después, los indígenas Embera del resguardo de Mistrató, Risaralda, mani-festaron públicamente su solidaridad con sus hermanos cordobeses, quienes desde dos meses atrás estaban en Bogotá protestando ante el gobierno nacional.

Kimy Pernía encabezó, durante 10 años, las protestas contra la hidroeléctrica de Urrá.

minera de la empresa estadounidense Muriel Mining Corporation. Según los Emberá, abrir las entrañas de Ellausakirandarra es liberar los espíritus malignos que los Jaibana han ex-pulsado, y poner en riesgo el bienestar físico y espiritual sus pueblos.

En 2005, Ingeo-minas y la goberna-ción de Antioquia concedieron a la Mu-riel nueve permisos para la exploración, explotación y co-mercialización, por 30 años, de diversos metales entre los municipios de Mu-rindó, Antioquia, y Carmen del Darién,

Chocó, dentro de territorios ocupados ances-tralmente por comunidades Embera y afro-descendientes. La Onic, la OIA, Aso-Orewa, organizaciones afros, campesinas y ONG de-nunciaron la presencia inconsulta de la mul-tinacional en la zona desde finales de 2004,

y señalaron que la explotación atenta contra sus territorios, la preservación de los eco-sistemas y la vida de las comunidades: “un pueblo sin agua, sin bosque, es un pueblo sin cultura, sin espíritu, es un pueblo destruido”. La empresa afirmó contar con el aval de la co-munidad del Carmen del Darién para iniciar la exploración, tras haber realizado el proce-so de consulta previa, en marzo de 2006 (las

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El 4 de enero de 2009, más de 600 indíge-nas Emberá, de los resguardos de Uradá, Ji-guamiandó, Chageradó, Turriquitado y Río Murindó, y miembros de las comunidades negras del Consejo Mayor del Jiguamiandó, se reunieron en el cerro sagrado Ellausa-kirandarra (Careperro) y establecieron un asentamiento durante más de seis meses como estrategia de defensa territorial, para impedir la puesta en marcha del proyecto denominado Mandé Norte, de explotación

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comunidades de Murindó no asistieron al proceso por lo cual éste se suspendió). Indí-genas y afrodescendientes afirmaron que la empresa consiguió los permisos de las comu-nidades de manera inapropiada, pues com-pró a algunos dirigentes con comida, licor y dinero.

Aunque en 2007, la Muriel Mi-ning Corporation ha-bía manifestado que no tenía ningún inte-rés en Careperro, en 2008, el Tribunal de los Pueblos, juzgó y condenó a esta multinacional por los proce-sos viciados de la consulta previa, atropello a los derechos territoriales de los pueblos indí-genas y comunidades afro colombianas.

* * *Las luchas a las cuales se ha referido este artículo, se han dado a favor de la vida, de la

sobrevivencia de algunos pueblos indígenas, han dejado en evidencia el desconocimiento de la voluntad de esos pueblos, el rechazo a sus saberes y a sus modos de relación con el mundo, que no es otra cosa que la negación del derecho a sus propias opciones cultu-rales y, con frecuencia, a la vida misma. Los

conflictos que deve-lan estas luchas han traído “a la luz el lado más oscuro de la modernidad, el te-rror, la opresión y la destrucción a la que han sido condenados

pueblos no europeos con el fin de pavimen-tar la vía hacia la modernidad occidental” (De Sousa Santos, 2001, 207).

La locomotora minero energética ruge estruendosamente en el actual Plan Nacional de Desarrollo. Pero mientras el crecimiento económico desconozca la diversidad cultural del país, la travesía de esta locomotora por

los territorios ancestrales indígenas y afros continuará arrasando sus pobladores y la naturaleza y -como afirmó el Cric durante la movilización de febrero del 2010 al corazón del territorio de Juan Tama, el Páramo de Pis-no, cuando denunció los intereses de la mul-tinacional minera Anglo Gold Ashanti sobre estos territorios sagrados- no hay regalías ni promesas de inversión que compensen la destrucción social y ambiental o la ocupación del territorio de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y luego no vayas a decir que no te lo advirtieron…

referencias

notas

• Arenas, Luis Carlos 2004, “La lucha contra la explotación petrolera en Territorio U’wa: estudio de caso de una lucha local que se globalizó” en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (Eds.), Emancipación social y violencia en Colombia, Bogotá, Norma.

• Beltrán, Harvey, 2006, “Gbno. Promueve sector minero con proyecto visión 2019” en Business News Americas, Santiago de Chile, mayo 29. Disponible en: http://www.bnamericas.com/news/mineria/Gbno,_promueve_sector_minero_con_proyecto_Vision_2019

• Cabildos Mayores Emberá Katío, 2001, La Corte Suprema de Justicia impide liquidar perjuicios a los indígenas Embera Katío por la construcción de la represa de Urrá y se rebela contra la Corte Constitucional (comunicado), Tierralta, mayo 29.

• Consejo Territorial de Cabildos, 2007, Posición Indígena Frente a los Megaproyectos que Afectan la Sierra Nevada de Santa Marta, marzo 25.• Coronil, Fernando, 2002, El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Caracas, Nueva Sociedad. • Lander, Edgardo, Progreso, conocimiento, naturaleza y pobreza: la búsqueda de opciones a la cosmovisión liberal, s.f.• Mamos Mayores y Autoridades Tradicionales de la Sierra Nevada de Santa Marta, 2009, Mensaje de los Mamos Mayores y las autoridades tradicionales de la

Sierra Nevada de Santa Marta a los altos jueces de la República. • Ministerio de Minas y Energía. Unidad de Planeación Minero Energética, 2006, Plan nacional para el desarrollo minero, visión al año 2019. Disponible en: http://www.upme.gov.co/Docs/PNDM_2019_Final.pdf• Serje, Margarita, 2003, “Ong, indios y petróleo: el caso U’wa a través de los mapas del territorio en disputa” en Boletín del Instituto de Estudios Andinos, vol. 32,

N° 1, Instituto Francés de Estudios Andinos. Lima. Disponible en: http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/32(1)/101.pdf• De Sousa Santos, Boaventura, 2001, “El significado político y jurídico de la jurisdicción indígena”, en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas, El

caleidoscopio de las justicias en Colombia, Tomo II, Siglo del Hombre, Bogotá.

1 En 2010, el sector minero energético creció 12%, el sector agrícola alcanzó un crecimiento de 0%, después de dos años de decrecimiento, la brecha entre ricos y pobres aumentó y el nivel de indigencia marcó dos veces el promedio de América Latina.

2 “With its core oil and gas operations in the United States, Middle East and Latin America, Oxy is helping to meet the world’s energy needs”, es el lema de esta petroquímica, www.oxy.com.

3 Citado por Edgardo Lander en Progreso, conocimiento, naturaleza y pobreza: la búsqueda de opciones a la cosmovisión liberal, mimeo, s.f.4 El proyecto del gasoducto hace parte del Plan Siembra Petrolera 2005-2030, que ejecuta PDVSA. Fernando Coronil afirma que fue Arturo Uslar Pietri quien acuñó

a consigna “sembrar petróleo” y Acción Democrática la convirtió en principio rector de su programa económico, hacia 1946. La metáfora se refería a la conversión del dinero proveniente del petróleo en inversiones agrícolas e industriales productivas (Coronil, 2002, pág. 152).

5 “…Al destruir nuestros lugares sagrados se amenazan nuestras culturas, se atropellan nuestros derechos como pueblos indígenas y su realización sería otra terri-ble equivocación del hermano menor que alteraría irreversiblemente el equilibrio de las aguas y amenazaría la integridad de las culturas y la existencia misma de los indígenas de toda la Sierra Nevada” (Mamos Mayores, 2009).

6 En página web de Empresa Brisa S.A.

*Martha Cecilia GarcíaInvestigadora del proyecto

Movimientos Sociales del CINEP/PPP

“ No hay regalías ni promesas de inversión que compensen la destruc-ción social y ambiental o la ocupación del territorio de las comunidades indí-

genas y afrodescendientes ”.

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