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País PerúAños 1999-2000

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La visita a Lima de una misión delmás alto nivel de la SIP, en febreropasado, marcó un hito en la situa-ción de la libertad de prensa en quevive el Perú y sirvió para dejar enclaro no sólo las distintas agresio-nes que se cometen en el país sino,y muy especialmente, percibir laactitud del gobierno en su intenciónde resolverlos.

La misión, integrada por el presi-dente de la Sociedad Jorge Fascet-to, los vicepresidentes Tony Peder-son y Danilo Arbilla, el presidentedel Comité de Libertad de PrensaRobert Cox, Earl Maucker, JulioMuñoz y Carlos Molina, dedicó tresdías y medio a analizar «in situ» lasmás importantes situaciones conrespecto a la libertad de prensa yen especial la emblemática: el des-pojo de Canal 2 tras retirarle la ciu-dadanía peruana a su propietariomayoritario Baruch Ivcher.

Del presidente del Congreso dela República se obtuvo la promesade no aceptar proyectos que afec-ten el ejercicio de la libertad de ex-presión. De la Defensoría del Pue-blo se logró el compromiso de revi-

sar los casos de seis periodistasdetenidos por delito de terrorismoy del presidente de la Corte Supre-ma la atención por el esclarecimien-to del asesinato del periodista TitoPilco.

Por su lado, el Ministro del Inte-rior, de quien depende la Direcciónde Migraciones –responsable dehaberle retirado la ciudadanía pe-ruana a Baruch Ivcher– mantuvo sucriterio aduciendo que la situaciónestá en manos del poder judicial yque él no puede hacer nada al res-pecto. La reunión permitió sí esta-blecer un diálogo abierto ademásde explicar los puntos de vista quetiene la SIP sobre la situación deCanal 2 y las amenazas e intimida-ción que sufren los periodistas crí-ticos del régimen, promovidos, has-ta donde se tiene entendido, porequipos de inteligencia.

Bastante más positiva fue la re-unión con el Canciller Fernando deTrazegnies, quien abrió las puer-tas para un diálogo que permitadevolver a Baruch Ivcher sus ple-nos derechos ciudadanos, ya reco-nocidos inicialmente por la Canci-

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llería al habérsele revalidado el pa-saporte peruano en Tel Aviv.

Sin embargo, la delegación seencontró con una posición nadareceptiva de parte del presidenteAlberto Fujimori, quien no recibió ala misión. Ello impidió a los miem-bros de la SIP tener un intercam-bio de ideas y obtener respuestasdirectas del jefe de Estado perua-no, especialmente sobre el caso deldespojo de Canal 2, cuya solución–derogar la Resolución Directoralque quitó la ciudadanía a Ivcher–está en sus manos. Más adelante,en este informe, se detallan algu-nas de las irregularidades que ha-cen de esta confabulación una delas más infaustas agresiones a lalibertad de prensa en el continenteamericano.

Para no atender a la misión,Fujimori arguyó supuestas des-co-ordinaciones protocolares en laagenda presidencial. Sin embargo,tras analizar posteriormente loshechos y corroborar que la solici-tud había sido cursada y tramitadaadecuadamente, queda la convic-ción de que sencillamente el Presi-dente, por distintas razones de po-

lítica interna –especialmente surelación con las Fuerzas Armadas–no quiso recibir a la delegación. Esmás, su agenda sí se abrió con fa-cilidad para convocar en el siguien-te día útil al Colegio de Periodis-tas, institución de pobre represen-tatividad en el país.

Sin embargo, en las últimas ho-ras parece haberse abierto el diá-logo entre las partes.

La misión también tuvo reunionescon los periodistas que están su-friendo persecución por parte deestamentos del gobierno, como esel caso de Angel Páez, FernandoRospigliosi y Edmundo Cruz. Nopudieron reunirse con José Arrieta,que está asilado en EE.UU. Igual-mente recibieron a los periodistasdespedidos de Canal 2: FernandoViaña, Iván García y Luis Iberico.Además, sostuvieron conversacio-nes con el presidente del Directo-rio y abogados de los socios mino-ritarios, actualmente en el controlde Canal 2, así como con los abo-gados de la familia Ivcher.

Respecto a la misión, el presiden-te Jorge Fascetto señaló que «larespuesta de las autoridades no ha

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sido inequívoca y en algunos ca-sos se han adoptado posicionesinflexibles respecto a los varios ca-sos que nos preocupan, sobre todoal caso del Canal 2 de televisión.Este es un claro caso de violaciónde la libertad de prensa y la SIPdefiende aquí un principio al exigirque se le restituya al señor BaruchIvcher su nacionalidad y por lo tan-to su derecho a ejercer la mayoríade las acciones de Canal 2».

El presidente de la SIP recono-ció también acoso contra la espo-sa e hijas de Baruch Ivcher y lasamenazas y amedrentamientoscontra periodistas. Finalmente se-ñaló que, luego de ver lo que suce-de en el Perú, la SIP no puede sinoreafirmar su compromiso indeclina-ble con seguir bregando en defen-sa de la libertad de prensa.

Es inquietante la situación que sevive en el Perú respecto a los jui-cios que tienen que ver con las ac-ciones constitucionales y los dere-chos humanos. Al respecto, el dia-rio El Comercio publicó un informeque grafica la manera cómo estosjuicios son derivados a juzgados«especiales», en particular los de

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derecho público, atendidos por jue-ces suplentes nombrados por elpoder ejecutivo. Esto viola el prin-cipio del juez natural sancionadopor la Constitución. Algunos fisca-les y policías «escogidos» son tam-bién curiosamente destacados re-gularmente a estos juicios «espe-ciales».

Además, al momento deredactarse este informe, el Perú tie-ne, lamentablemente, el triste ré-cord de ser el país con más denun-cias ante la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos: 21.Entre estas se encuentran las delperiodista de Caretas, HugoBustíos, asesinado en Ayacuchoen noviembre de 1988, las deIvcher y familia y, recientemente, lade Alberto Cabello, ex gerente deCanal 2. Ocho casos ya han pasa-do a la Corte Interamericana.

Y es dentro de este complejo con-texto judicial que continúa la des-igual batalla legal en torno al casodel Canal 2. El periodo noviembre– marzo, que cubre este informe,empezó favoreciendo temporal-mente a los despojados. El juezJesús Manuel Soller declaró fun-

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dadas las demandas presentadaspor una de las hijas y la esposa delaccionista mayoritario. La primerade las sentencias dejaba sin efec-to la Junta de Accionistas, median-te la cual la actual administracióntomó el control del canal y, la se-gunda, ordenaba convocar a unanueva Junta de Accionistas (que lehabría dado el control a BaruchIvcher concluyendo con todo el pro-blema). Sin embargo, contra estasresoluciones válidas, dictadas enproceso regular, quienes controlanel canal presentaron, y fueron acep-tadas, sendas acciones de ampa-ro contra las resoluciones en trán-sito, recursos estos que, según laConstitución y la ley, no procedenpara estos casos.

Las cosas no van bien en el se-gundo frente: el de las acusacio-nes contra Ivcher por una supues-ta adulteración del Libro de Matrí-culas y transferencia de cinco ac-ciones –de las 29 millones que re-presentan al capital– que Ivchercedió a cada una de sus hijas enun anticipo de herencia. A pesar detratarse de un asunto comercial, eljuez de Delitos Tributarios, Nicolás

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Trujillo López, ordenó la capturasde Noemy de Ivcher y su hijaMichal, acusándolas de delito con-tra la fe pública y de falsificación yadulteración de documentos. Laorden dispuso su inmediata captu-ra y fue también remitida a laInterpol. Aparentemente este juiciotiene por objeto intimidar a la fami-lia Ivcher para que, de lograr judi-cialmente el acceso al directorio, nopueda regresar al país pues seríainmediatamente detenida. Sobre elparticular, las denunciadas presen-taron una acción ante la ComisiónInteramericana de Derechos Hu-manos. Este organismo les otorgóuna serie de garantías que el go-bierno peruano se ha negado acumplir.

Pero, aparentemente no satisfe-chos con el caso legal que se le hatendido a Ivcher, los accionistasminoritarios han abierto un nuevofrente: Remigio Morales Bermúdez,ex ministro de agricultura durantela época de Alan García y accio-nista ínfimo del Canal 2, impugnójudicialmente la transacción de1992 mediante la cual BaruchIvcher adquirió las acciones que lo

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convirtieron en mayoritario. Así, deganar la causa, Ivcher regresaríaen minoría.

Por su parte, los colaboradoresde Ivcher tampoco se han salvadode la batalla legal. La sala especia-lizada en delitos tributarios y adua-neros condenó a 4 años de prisióncondicional a Rosario Lam Torres,gerente de Productos Paraíso S.A.,empresa de Ivcher, por una su-puesta evasión de impuestos. Asi-mismo, se denunció que se estáatentando contra los derechos delex gerente general de FrecuenciaLatina, Alberto Cabello Ortega, aco-so que se viene dando desde mayode 1997 y que lo ha obligado a huira los Estados Unidos.

Asimismo, los abogados deIvcher están siendo hostigados.Así, Emilio Rodríguez Larraín, abo-gado de la esposa e hijas, fue de-nunciado penalmente por delitoscontra la fe pública y estafa porhaber concurrido como director ados sesiones de directorio. Llamala atención que, para un tema emi-nentemente civil, se utilizara la víapenal. Pero además, por razonesde esa denuncia Rodríguez Larraín

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no pudo representar a sus defen-didos ante la OEA donde, el día 18de este mes, la causa fue vista porla Comisión Interamericana: el juezle prohibió viajar a Washington.Otros abogados de Ivcher sonconstantemente citados como tes-tigos lo que bien puede interpre-tarse como amedrentamiento, apar-te de que, en cualquier momento,pueden pasar a la condición de in-culpados.

Los abogados de Ivcher se en-cuentran, además, disminuídosfrente a procedimientos judicialesen los que en varios casos, se hahecho evidente una preferencia porla parte que denuncia a los Ivchery su entorno. Así, pedidos de pe-nas inusitadas; trámites complejosrealizados extrañamente en horas;jueces, fiscales y policías judicia-les destacados en forma rutinariaa estos juicios, son cosa común.

Como se aprecia, es tal el intrín-gulis legal armado contra Ivcher ysu familia que, aunque se solucio-nase civilmente el problema, losIvcher no podrían regresar al Perú,pues serían detenidos como con-secuencia de las denuncias pena-

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les que pesan sobre ellos. Les haniniciado un total de 13 procesos,que juntos suman 46 años de pri-sión solicitados por los fiscales.Todo lo cual fue calificado de «real-mente kafkiano» por el presidentedel Comité de Libertad de Prensa,Robert Cox.

19 de noviembre: El periodistaIsaac García, de Radio Siglo XXIde Tarapoto, denunció al ministrode la Presidencia, Tomás GonzálesReátegui de instar públicamente ala población a votar por un parientesuyo, prometiendo a cambio la en-trega, por parte de su ministerio, demaquinaria y otros beneficios. Alpercatarse el personal de seguri-dad de que las palabras del minis-tro estaban siendo grabadas porGarcía, pretendieron quitarle la gra-badora. Este logró oponerse y pu-blicar la denuncia. Ello generó múl-tiples presiones contra él y su fa-milia para que variara su versión.El caso concluyó con la renunciadel ministro de la Presidencia.

21 de noviembre: El periodistaJohnny Peso Tello, de radio DobleA, de Yurimaguas, departamentode Amazonas, fue acusado de apo-

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logía del terrorismo luego de quebajo amenaza de muerte fuese obli-gado a transmitir consignas terro-ristas del MRTA. El periodista de-nunció inmediatamente el hecho,pero cuando acudió a rendir su ins-tructiva fue detenido.

24 de noviembre: Como curiosopero desagradable corolario al casoJohnny Peso, continúan tambiéndenunciados los 19 periodistas deYurimaguas. Ellos, ante lo injustode la detención, se quejaron anteel juez en términos que éste consi-deró inapropiados. Esto motivó quesolicitase a la fiscalía investigar alos periodistas por «entorpecimien-to de la administración de justicia».El juez se disculpó luego aducien-do ofuscación momentánea.

24 de noviembre de 1998 y 27 deenero de 1999: Roso Cruz Anasta-sio y Antos Chero Chunga, fueronplenamente identificados como losautores del asesinato de los perio-distas piuranos Isabel ChumpitazPanta y su esposo José Amaya,acaecido el 6 de Abril de 1998. Losasesinos, que actuaron junto conotros 12 delincuentes de las ban-das «Los Albines» y «Los Muñe-

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cos», serían acusados por el fiscalEdwar Ríos Montreuil, a cadenaperpetua. Sobre este controvertidocaso han surgido nuevas eviden-cias que ameritan se profundicenlas investigaciones para determinarsi el móvil fue el robo o atender unpedido de aniquilar a los periodis-tas con objeto de silenciarlos.

28 de noviembre: Llamó la aten-ción la aparición de una página deInternet editada por la autode-nominada «Asociación Prodefensade la Verdad», APRODEV, dedica-da a desprestigiar a periodistascomo César Hildebrandt, GustavoMohme y Angel Páez así como aotras personalidades críticas delrégimen. A pesar de realizarse unrastreo en Lima y Miami, fue impo-sible, por el momento, determinara los responsables, si bien se sos-pecha fuertemente de los serviciosde inteligencia.

29 de noviembre: El presidente dela Corte Superior de Apurímac,Víctor Mayorga Miranda, irrumpióen una radio de esa ciudad y pre-tendió suspender la emisión de unprograma en el cual se le acusabade malos manejos. También preten-

dió arrebatar material periodísticoy pruebas de irregularidades a losperiodistas Suimer Loayza yAmérico Bravo, también correspon-sal del diario La República.

29 de noviembre: El correspon-sal de La República en ChimboteJuan Sausa, fue retirado a empe-llones por efectivos de la base mili-tar de El Milagro en Jaén, cuandose disponía a cumplir con su mi-sión informativa.

3 de diciembre: El corresponsaldel diario La República HumbertoFajardo, denunció haber recibidoamenazas a raíz de sus informessobre irregularidades en la Univer-sidad Nacional de Ica.

4 de diciembre: El jefe de la No-vena Región Policial, general PNPCarlos Pella Cruzado, arrebató lacámara del corresponsal de El Co-mercio Mariano Rosales y ordenóvelar el rollo fotográfico. Las vistashabían registrado la feroz golpizaque recibió un estudiante de los200 que habían ocupado el claus-tro de la Universidad San LuisGonzaga de Ica. Dos horas des-pués y en tono burlón, su subalter-no entregó el rollo velado.

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6 de diciembre: La empresa Edi-tora Nacional S.A. que edita los dia-rios Expreso y Extra denunció quela Municipalidad de Miraflores le haimpuesto un plazo para que demue-la parcialmente sus instalaciones.Señalaron que la municipalidad enreferencia actuó en represalia porlos artículos publicados por Expre-so cuestionando las gestiones delos alcaldes de Lima Alberto Andra-de y de Miraflores, Fernando An-drade, hermano del primero.

19 de diciembre: El regidor deldistrito de Villa María del Triunfo,Ricardo Merino Carranza, de lasfilas oficialistas, trató de impedirque la reportera de PanamericanaTelevisión, Olinda Merzthal, cubrie-ra una información sobre acumu-lación de basura en ese distrito.Ante la protesta de la periodista,una mujer que acompañaba al re-gidor le dio una bofetada y luegoéste, en una cobarde actitud, le lan-zó un puñetazo en la boca.

23 de diciembre: El regidor Meri-no fue notificado para que acudie-ra al despacho de la fiscal ad hocGina Liliana Coronado López.

27 de diciembre: El ex alcalde de

la ciudad de Arequipa, Luis Cáce-res Velázquez, agredió a EnriqueMendoza Nuñez, presidente del di-rectorio de Austral Televisión Ca-nal 9 y del diario Arequipa al Día, ylo amenazó de muerte si éste nocesaba las investigaciones contrasu hijo Róger Cáceres, alcalde deArequipa.

12 de enero de 1999: La Comi-sión de Defensa que preside la con-gresista de la mayoría MarthaChávez presentó un proyecto de leyque amenazaba la confidencialidadde las fuentes de información.Cuestionado desde el principio, elproyecto fue postergado, aparente-mente, en forma definitiva.

18 de enero: Tras la presión ejer-cida por los medios de comunica-ción e instituciones de DerechosHumanos, Johnny Peso fue pues-to en libertad por orden de la CorteSuperior de Lambayeque. Sin em-bargo, el juicio continúa.

20 de enero: El Sindicato de Ven-dedores de Periódicos de Chimboteinició un paro indefinido impidien-do la venta del diario La Industria.El sindicato pretendía obtener unporcentaje de ganancias más alto.

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27 de enero: El periodista VíctorRaúl Arroyo Huamán, conductordel programa noticioso «La Razón»de Radio Exito en Ica fue atacadoa golpes y pedradas. Dos de losasaltantes fueron detenidos pormiembros de la policía que transi-taban por el lugar.

2 de febrero: Lamentablementefueron dejados en libertad antes deque se aclarara el motivo de la agre-sión. El periodista denunciaba re-gularmente malos manejos por par-te de las autoridades de la Univer-sidad Nacional San Luis Gonzagade Ica, a la que anteriormente se leha atribuido actos de amedrenta-miento contra la prensa.

9 de febrero: Un grupo de perio-

distas de la ciudad de Huaraz rea-lizó una marcha contra el alcaldede la ciudad, Waldo Ríos Salcedo,en protesta por las continuas ame-nazas y agresiones físicas que,según los periodistas, la referidaautoridad promueve contra la pren-sa.

25 de febrero: El congresista deAP Javier Alva Orlandini presentóun proyecto de ley que pretende laequidad electoral reglamentando lapublicación de publicidad en losmedios (cuatro páginas en diarios).El proyecto, si bien no ha sido ar-chivado, tampoco ha tenido, apa-rentemente, mayor acogida puesatentaría contra las normas del li-bre mercado.

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En medio de múltiples denunciassobre amenazas, coacciones, ma-nipulaciones y presiones guberna-mentales y de los servicios de inte-ligencia, el respeto de la libertad deprensa se mantuvo como eje prin-cipal de la polémica nacional eneste período signado por el proce-so de las elecciones generales quedeberán realizarse el 9 de abril en-trante.

Un hecho particularmente pre-ocupante ha sido el ataque lanza-do por una televisora gobiernista,contra la honorabilidad de los direc-tores periodísticos del diario ElComercio. Eso podría ser el prelu-dio de acciones judiciales orienta-das a afectar la independencia edi-torial del decano de la prensa pe-ruana.

El 13 de marzo, el Consejo de laPrensa Peruana publicó un comu-nicado en el que informó «que man-tiene un permanente estado de aler-ta ante el uso político reiterado demaniobras judiciales que, escudán-dose tras conflictos de índole em-presarial, buscan, en la práctica,coartar la libertad de expresión demedios de comunicación indepen-

dientes».El Consejo hizo referencia al caso

del diario El Comercio que, luegode documentar periodísticamenteuna presunta masiva falsificaciónde firmas que habrían posibilitadola inscripción electoral del FrenteNacional Perú 2000, «ha tenidoconocimiento de que se estaríaorquestando una acción judicialpara poner el control del diario enmanos de un grupo minoritario deaccionistas vinculados al gobier-no».

También rechazó el embargo delos equipos de la Radio Difusora1160 S.A., de propiedad del empre-sario Genaro Delgado Parker, cuyaestación de televisión Red GlobalCanal 13 permanece bajo la admi-nistración de un segundo grupo deaccionistas que ha eliminado todocomentario periodístico político.En este período los siguientes ca-sos afectaron el ejercicio de la li-bertad de prensa:

22 de octubre: Trabajadoresrenunciantes del diario sensaciona-lista El Chato señalaron que los di-rectivos de ese periódico recibendinero, en forma clandestina, del

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relacionista público AugustoBresani, a quien asocian a los ser-vicios de inteligencia. De esta for-ma se pagaría campañas de des-prestigio contra los candidatos pre-sidenciales opositores a Fujimori.La denuncia fue negada por la em-presa que publica El Chato.

26 de octubre: Ex trabajadores deEl Chato, Richard Molinares, HugoBorja y Rosario Rojas, quienes sedesempeñaban como editor gene-ral, editor de policiales y encarga-da de salud y archivo, respectiva-mente, pidieron garantías a laDefensoría del Pueblo por amena-zas en su contra tras las denun-cias.

Directivos de la Asociación Na-cional de Periodistas de Chimboteinformaron que radioemisoras y dia-rios regionales beneficiados am-pliamente con publicidad del Esta-do son a cambio «monitoreados»desde las sedes ministeriales yentidades gubernamentales dentrode la campaña reeleccionista delpresidente Fujimori.

El presidente de la Comisión deControl Interno de la Fiscalía, Pa-blo Visalot Chávez, abrió investiga-

ción contra el fiscal AntenorCórdova Díaz por presunto delitode prevaricato, por suspender lainvestigación contra seis diariossensacionalistas que ofenden laimagen del alcalde de Lima, Alber-to Andrade. La demanda es consi-derada riesgosa porque alude al«delito de desacato».

28 de octubre: En agosto de1999, la Asociación Prensa Libredenunció ante el Jurado Nacionalde Elecciones la existencia de unplan del Servicio de Inteligencia delEjército (SIE) para seguir a los can-didatos Andrade y CastañedaLossio. Ahora Prensa Libre es laacusada.

El Juzgado de Derecho Público(JDP) declaró improcedente la ac-ción de amparo que la asociaciónPrensa Libre presentó contra lasprincipales autoridades de la justi-cia militar y del Servicio de Inteli-gencia por la presunta violación dediversos derechos constituciona-les.

29 de octubre: El juez Jorge RíosAbanto citó a los periodistas Ceci-lia Valenzuela y Luis Iberico paraque sustenten la querella que in-

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terpusieron por delito de difamacióncontra el prófugo de la justicia ar-gentina, adivino y colaborador delSIN, Héctor Ricardo Faisal Fran-calossi, por las publicaciones de lapágina Web de la Asociación ProDefensa de la Verdad (Aprodev)que éste dirige. Faisal fue absueltode una querella similar interpuestapor los periodistas de La Repúbli-ca, pues las autoridades conside-raron que los artículos que Aprodevpublica en Internet contra los pe-riodistas son «una inofensiva repro-ducción de artículos de los diarios»,diarios, por otra parte, oficialistas.

1 de noviembre: La ex agente delServicio de Inteligencia LuisaZanatta afirmó en Florida, EstadosUnidos, que continúa el espionajetelefónico en el Perú. Dijo tambiénque la campaña difamatoria de la«prensa amarilla» en perjuicio depersonajes de la oposición se ali-menta con información suministra-da por los servicios de inteligencia;y que uno de los principales objeti-vos de los planes es arruinar la ima-gen de una serie de personas in-cómodas para el gobierno.

2 de noviembre: Aparece en

Trujillo (La Libertad) la publicaciónSólido Norte, que incluye direccióny teléfonos falsos. Pese a su ori-gen apócrifo, el contenido es apo-logético de la reelección del presi-dente Alberto Fujimori y ofensivocontra algunos periodistas indepen-dientes y los candidatos presiden-ciales opositores.

4 de noviembre: La alcaldesa pro-vincial de La Oroya, señora Ríosde Nestares, miembro de la agru-pación política oficialista VamosVecino, amenazó con «hacer des-aparecer con el Servicio de Inteli-gencia Nacional» a los periodistasradiales Javier Arias y Luis Santos,de Radio La Oroya, por difundirquejas vecinales y denuncias deirregularidades que estaría come-tiendo en su gestión.

10 de noviembre: Alejandro MiróQuesada, presidente del Consejode la Prensa Peruana, sostuvo queel cierre de dos programas políti-cos televisivos, que tenían granaudiencia, son casos concretosque demuestran la existencia depresiones a los canales de televi-sión, tal como denunció GenaroDelgado Parker, ex presidente de

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la Asociación de Radio y Televisión.El Senado de los Estados Unidosaprobó la Resolución 209, quecuestiona la independencia delPoder Judicial y el Sistema Electo-ral peruanos, al mismo tiempo quecondena lo que califica como gra-ves actos en contra de la libertadde prensa. El documento, propues-to por el senador republicano JesseHelms y aprobado por unanimidad,señala el despojo de Baruch Ivcherdel Canal 2.

11 de noviembre: El diario La Re-pública expresó su rechazo ante elspot televisivo que difamaba a esediario y a su director Gustavo Moh-me Llona, y que también expresa-ba frases calificadas de poco se-rias contra el alcalde de Lima, Al-berto Andrade. El mensaje televi-sivo, cuyos autores fueron los dia-rios El Tío, El Mañanero, El Chato,La Chuchi, El Chino, Conclusión yDiario Más, es muy extenso y en élse indica que La República expu-so la vida de cientos de personasal informar sobre la construcción deun túnel en la residencia del emba-jador del Japón que fue tomada porelementos terroristas del MRTA

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tres años atrás.El periodista de Radio Quassar

(Huaraz, Ancash), Angel Durán,fue herido de un balazo, despuésde que denunció, desde su progra-ma radial «Enfoque», al vicemi-nistro de la Presidencia y ex presi-dente de la Región Chavín, FredyMoreno, por el delito de peculado.El atentado no se ha esclarecidoaún. Durán en 1998 fue objeto deun atentado similar del cual salióileso.

12 de noviembre: La Red de Pe-riodistas en Emergencia del Insti-tuto Prensa y Sociedad (IPYS) in-formó haber recibido (11.11.98 -18.9.99) casi un centenar de de-nuncias de periodistas que hansufrido amenazas y agresiones porsu labor de información. El 96,7%de los casos proviene de provin-cias, correspondiendo la mayorparte a periodistas radiales. La redha recibido 31 quejas referentes aprocesos judiciales por calumnia ydifamación; 14 por agresión verbal,física o amenazas de muerte; 11por acusación de terrorismo; y 10por cierre de programas o emiso-ras. Además, se han presentado 7

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denuncias sobre atentados contrainstalaciones de medios de comu-nicación; 6 por persecución judicial;5 debido a acoso por miembros delas Fuerzas Armadas y la PolicíaNacional; 2 por secuestro y uno porintento de homicidio. La mayor par-te de los periodistas perseguidos,agredidos y amenazados respon-sabilizan de estos hechos a autori-dades locales o funcionarios delEstado de sus respectivas zonas.

19 de noviembre: Centenares depanfletos apócrifos con frasesintimidatorias a periodistas de di-versos medios de comunicación,entre ellos de La República, asícomo a dirigentes agrarios, fuerondistribuidos por aparentementeagentes de inteligencia, duranteuna movilización campesina que sellevó a cabo en la ciudad de Piura,al norte del país. En los volantesdifamatorios aludidos, se califica alos diarios La República y Correoy Radio Cutivalú como «voceros delterrorismo».

20 de noviembre: Empezó a cir-cular el panfleto pro gobiernista ElSur, que propugna la re-reeleccióndel presidente Fujimori, al tiempo

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de difamar a los candidatos oposi-tores. En algunos números, atacaa la prensa independiente, espe-cialmente a La República. Se sumaa los panfletos, Sólido Norte, quecircula en los departamentos de LaLibertad y Lambayeque, así comoNorte Chico, en Huacho. El Surtampoco menciona directorio niconstancia del depósito legal y selimita a señalar una vaga direcciónde referencia en Lima. Se ha de-nunciado que este tipo de publica-ciones se hacen con dinero delgobierno.

21 de noviembre: La ComisiónInteramericana de Derechos Hu-manos dictó una medida cautelaren favor del periodista de Caretasy miembro de Prensa Libre, Gui-llermo Gonzáles Arica, quien hasido acusado por el delito contra lafe pública.

29 de noviembre: Por revelar ca-sos de corrupción que vinculan alpresidente de la Corte SuperiorGerardo Soto Quiróz denuncian aldirector del diario Correo de Piura,Rolando Rodrich.

3 de diciembre: Se refugió enLima el periodista colombiano Car-

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los A. Pulgarín, quien fue objeto deamenazas en su país por parte degrupos militares. En el Perú, el pe-riodista recibió garantías del gobier-no peruano que le asignó personalde escolta (dos personas). Solicitóasilo a España, país al que viajó fi-nalmente en la tercera semana defebrero del 2000. Durante su esta-día de transición en el Perú,Pulgarín fue objeto de dos amena-zas telefónicas (27.12.99 y11.1.2000).

11 de diciembre: Funcionarios delMinisterio de Transportes y Comu-nicaciones pretendieron clausurarRadio Libertad, emisora de Trujillo,cuando los propietarios se negarona transmitir el eslogan gobiernistade «Perú país con futuro» en elnoticiero «La Voz de la Calle». Ini-cialmente habían contratado avisospublicitarios para transmitir la refe-rida frase, pero luego pretendieronque -fuera de lo pactado- se inclu-ya también en el noticiero, compro-metiendo la opinión de los directi-vos

17 de diciembre: El periodistaGuillermo Gonzáles Arica entregóa la CIDH en Washington diversos

documentos originales pertene-cientes al Servicio de InteligenciaNacional en los que se explica laforma en que debía efectuarse elseguimiento, observación y vigilan-cia a políticos y periodistas duran-te la campaña electoral de 1995.

20 de diciembre: El diario La Re-pública denunció que personasdesconocidas, a bordo demotocicletas y camionetas, adqui-rieron todos los ejemplares dispo-nibles del suplemento «Domingo»,en que se presentó una investiga-ción sobre el pasado personal delpolémico asesor presidencial y jefedel Servicio de Inteligencia Nacio-nal, Vladimiro Montesinos.

22 de diciembre: El segundo Juz-gado de Delitos Tributarios y Adua-neros, a cargo de la jueza ElizabethPinedo, ordenó la captura del em-presario de televisión Genaro Del-gado Parker, contra quien se venti-la un proceso por presunta apro-piación ilícita. La causa se habríaoriginado en una serie de contra-tos publicitarios suscritos entre laempresa Tele Cable y Panamerica-na Televisión. Delgado Parker tie-ne otro proceso judicial en el cual

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se le denuncia por fraude y estafaen agravio de Pan Tel. El empresa-rio señaló, desde Miami, que todose debía a una persecución políti-ca.

24 de diciembre: Efectivos poli-ciales de la delegación de Aucaya-cu (Tingo María, Junín) decomisa-ron material fílmico y fotográfico avarios periodistas que obtuvieronimágenes relacionadas a una ex-plosión en la base contrasubversivade esta localidad, en la que perdie-ron la vida cinco efectivos del Ejér-cito.

Sentencian a un año de libertadcondicional y al pago de una repa-ración civil de 20 mil soles al perio-dista de Caretas, Horacio Podestá,por difamar al abogado JavierCorrochano Patrón, en el QuintoJuzgado Penal de Lima. Las infor-maciones señalaban que Corro-chano había ayudado a salir delpaís a Bruno Chiappe, uno de loscabecillas de la organización denarcotraficantes Los Camellos.También de haber pretendido ex-torsionar al corredor de autosEduardo Dibós, a cambio de noinvolucrarlo en la mencionada or-

ganización narcotraficante. El pe-riodista apeló el fallo y demandóque el caso sea revisado por la Salade Apelaciones con reos libres,toda vez que, afirmó, las informa-ciones publicadas están debida-mente sustentadas.

30 de diciembre: Un automóvil,ocupado por tres individuos que seidentificaron como policías, embis-tió a una unidad móvil del diario LaRepública cuando se encontrabaen misión periodística. Los sujetosamenazaron primero con detener alos reporteros, luego los persiguie-ron abollando parte del vehículo yfinalmente agredieron físicamenteal chofer del diario.

10 de enero: Una edición del epi-sódico tabloide Repudio, de 12 pá-ginas, circuló en Lima con conteni-dos que caricaturizaron la moviliza-ción de protesta que realizaron enLima sindicatos, agrupaciones po-líticas, estudiantiles y de jubiladoscontra la reelección de Fujimori.Siete páginas se referían en formavejatoria al director de La Repúbli-ca, Gustavo Mohme.

13 de enero: El empresarioBaruch Ivcher se vio obligado a

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abandonar intempestivamente Ma-drid porque se enteró de que lapolicía española tenía la orden dedetenerlo. La orden de búsqueda ycaptura fue activada a través deInterpol. Ivcher se encontraba enEspaña para participar en la pre-sentación del Movimiento por laDefensa de la Democracia en elPerú, realizada en la sede de laAsociación de Corresponsales Ex-tranjeros.

18 de enero: Un grupo de ciuda-danos realizó un «plantón contra lamordaza» frente a los locales de loscanales 4, 5 y 7, para protestar pa-cíficamente por la falta de indepen-dencia de los medios de comuni-cación ante el régimen de Fujimoriy la excesiva presencia del manda-tario en los canales de señal abier-ta.

26 de enero: El candidato a la pri-mera vicepresidencia del movimien-to Avancemos, Rafael Rey, denun-ció que seis canales de televisiónde señal abierta, incluyendo el es-tatal -Frecuencia Latina (canal 2),América TV (canal 4), Panameri-cana Televisión (canal 5), RadioTelevisión Peruana (canal 7, esta-

tal), Andina de Radiodifusión (ca-nal 9), y Global Televisión (canal13)- se negaron a alquilar espaciospublicitarios para promocionar alcandidato presidencial FedericoSalas.

31 de enero: Los parlamentariosJavier Alva Orlandini (Acción Po-pular) y Fernando Olivera (FrenteIndependiente Moralizador) deman-daron una profunda investigaciónsobre las denuncias que señalanla utilización de dinero del Estadoa favor de los tabloides sensacio-nalistas. La investigación no haprosperado.

3 de febrero: El trigésimo Juzga-do Especializado Civil ordenó elembargo del transmisor de Radio1160, silenciando la emisora duran-te una semana aproximadamente.Óscar Becerra, productor generalde noticieros de esa radio, informóque otro juzgado intervino simultá-neamente las oficinas y cabina dela emisora. La intervención judicialse fundamentó en un proceso civilpor una deuda de la empresaMarconi S.A., propietaria de 1160,con Rosita Ferrari, antigua accio-nista de Red Global de Televisión.

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Becerra dijo que procedía la incau-tación de propiedades, inmueblesy muebles, pero cuestionó la incau-tación del transmisor.

Responsabilizó de estas manio-bras a Julio Vera Abad, actual ad-ministrador judicial de Red Global,según él, interesado en mantenerel poder en la empresa televisora y«evitar la devolución de la adminis-tración a Genaro Delgado Parker,accionista mayoritario». La acciónjudicial coincidió con el lanzamien-to del programa político opositor«Ondas de Libertad» de CésarHildebrandt.

4 de febrero: Fernando AlfaroVenturo, director y conductor delprograma de análisis político «Lí-nea de Mira», que se transmite porCanal 6-Video Oriente de Pucallpa,en el departamento de Ucayali, de-nunció la prohibición de transmitirla segunda emisión del referido pro-grama. Atribuyó esta acción a laprohibición de algunos directivos deno tocar temas que pudieran afec-tar al presidente Alberto Fujimori yal asesor presidencial VladimiroMontesinos.

11 de febrero: La Asociación In-

ternacional de Radiodifusión (AIR)reclamó el cese de las medidas ju-diciales contra Radio 1160 de Limaporque significan un compulsivosilenciamiento que atenta contra lalibertad de expresión.

El presidente del Consejo de laPrensa Peruana, Enrique Zileri,precisó que la resolución del JNEen la cual se insta a los medios decomunicación para que no se nie-guen a difundir la propaganda polí-tica a los candidatos presidencia-les, «es un saludo a la bandera».

17 de febrero: El cuadragésimoséptimo Juzgado Civil de Lima or-denó un segundo embargo de equi-pos pertenecientes a la emisoraradial 1160. La medida incluyó elsecuestro de un transmisor de laempresa Central de Radios. Laacción judicial fue dictada por lajueza provisional Ana María Mejía,la misma que hace cerca de un añodespojó al empresario Genaro Del-gado Parker de sus acciones enRed Global (canal 13). Radio 1160es de propiedad de la EmpresaRadioemisora Marconi, cuyas ac-ciones mayoritarias correspondena la productora Racier, vinculada a

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Genaro Delgado Parker, la mismaque este año debería hacerse car-go de la administración de Red Glo-bal. La demanda de embargo fueiniciada por Franco de Ferrari, hijodel desaparecido propietario delcanal 13 Vittorio de Ferrari, quienreclama el pago del préstamo per-sonal que su padre hizo a la emi-sora por 113 mil dólares. El embar-go se realizó a pesar de que la par-te demandada quiso pagar la deu-da pendiente con un cheque certi-ficado por la suma de 113.000 dó-lares. El cierre de la radio coincidiócon la transmisión, un día antes,de una entrevista que hizo Hilde-brandt a la señora Susana Higuchi(ex esposa del presidente Fujimori),en que señaló que su esposo reci-bió donaciones japonesas «por lasque nunca respondió».

18 de febrero: Directivos de Ra-dio 1160 piden intervención de laDefensoría del Pueblo y presenta-ron medida contracautelar ante lasacciones interpuestas por Francode Ferrari. Oscar Becerra, produc-tor del programa político opositor«Ondas de Libertad», sostuvo queel hecho de que el demandante se

negara a recibir los cheques certi-ficados por el monto de la deuda,en presencia aún de la jueza provi-sional Sara Mejía, demuestra queel problema no es judicial, sino po-lítico.

29 de febrero: Dos fotógrafos deldiario La República, José Abanto yJhony Laurente, fueron agredidospor el sujeto José Germana y otrodesconocido, los mismos que des-truyeron equipo fotográfico. Losperiodistas resultaron con magulla-duras. La agresión se produjocuando terminaban de cubririnformativamente el caso de lascamisetas con el logotipo de «Perú2000» (la agrupación que propug-na la re-reelección de Fujimori) yque según La República fueronmandadas a confeccionar por losservicios de inteligencia.

Hugo Ushiñahua Panduro, perio-dista y propietario de radio RedUnivisión Satélite de Nueva Caja-marca, provincia de Rioja (al nortedel país), denunció que desde el30 de diciembre de 1999 es objetode llamadas telefónicas anónimasque lo amenazan de muerte. Enalgunas de esas llamadas se alu-

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de a que el comité central de Parti-do Comunista (y terrorista) Sende-ro Luminoso pretende que periodis-tas de la radio y el propio Ushiñahuaabandonen la ciudad, «de lo con-trario, responderán con su vida».Se ha pedido a las autoridades ga-rantías al gobernador de la zona.1 de marzo: Dos meses despuésde iniciada la campaña electoral, loscanales de televisión abierta deci-dieron ofrecer espacios gratuitos -de 15 minutos- para que cada gru-po político pueda difundir sus pro-puestas para la campaña de elec-ciones generales. La apertura co-menzará el 6 de marzo.

2 de marzo: Ana Tejada, periodis-ta de La República, denunció queen la ciudad de Tacna (al sur delpaís), Walter Chipoco, jefe de cam-paña electoral de la congresistagobiernista Carmen Lozada deGamboa, la secuestró transitoria-mente y borró declaraciones políti-cas contenidas en una grabadora.

Durante este período ocurrieronhechos positivos para la libertad deexpresión en el país. Por un lado elgobierno de transición presidido porel doctor Valentín Paniagua tomólas acciones necesarias a fin deque Baruch Ivcher y Genaro Del-gado Parker, quienes habían sidodespojados de sus canales de te-levisión 2 y 13 respectivamente,lograran retomar el control de losmismos.

El presidente Paniagua firmó laDeclaración de Chapultepec en uncolegio del que la SIP excluyó alpresidente Fujimori. Durante elForo de Chapultepec, la SIP reci-bió un homenaje de varios mediosdebido a su papel en la reinstau-ración de la democracia en el país.

En el período se puso en eviden-cia cómo bajo el fujimontesinismose orquestó una campaña de difa-mación contra la SIP, incluyendo alactual presidente Danilo Arbilla.Está demostrado cómo, por ejem-plo, los servicios de inteligencia delPerú con conexiones en Uruguay -así como con ciertos periodistas deambos países- pretendieron incri-minar a Arbilla en actos delictivos y

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para ello se valieron de diversosmecanismos, incluido la utilizaciónde Internet.

El 3 de noviembre, el Poder Eje-cutivo envió una propuesta de ley,aprobada por el Congreso, que re-gularizaba los títulos de nacionali-dad de extranjeros en el Perú.

Luego, el 6 de diciembre, el juezcivil Ricardo Tobías declaró funda-da una medida cautelar contra to-dos los hechos oficiales al respec-to, habilitando al empresario Ivcherquien retornó al país en compañíade su familia el 4 de diciembre.Concluyó así una intensa batallalegal, entre Ivcher y los otrora ac-cionistas minoritarios del canal,Samuel y Mendel Winter, quienesen 1997, usurparon estas funcio-nes luego del despojo de la nacio-nalidad de Ivcher.

En la segunda quincena de febre-ro tres diarios independientes re-velaron la existencia de «contra-tos», suscritos sólo por los repre-sentantes de algunos medios decomunicación ante un contratantefantasma (no firmaba) que adqui-ría prerrogativas para disponer dela programación y vetar tanto a en-

trevistados a periodistas. Se trata-ba, por supuesto, de VladimiroMontesinos, el ex director del Ser-vicio de Inteligencia Nacional (SIN).Uno de esos contratos estaba fir-mado por los hermanos Winterquienes, ante la fiscal anticorrup-ción Ana Cecilia Magallanes, admi-tieron haber recibido 10 millones desoles y 3 millones de dólares alsuscribirlo. Los documentos origi-nales obran en poder del procura-dor adjunto para el caso de la co-rrupción «montesinista». LosWinter fueron detenidos y perma-necen presos en el cuartel «LosCibeles».

El 7 de diciembre, el empresarioperuano Genaro Delgado Parker,recuperó la administración de la fre-cuencia de Radio 1160 y la emiso-ra de televisión Red Global Canal13.

La persecución judicial en contrade Radio 1160 se reflejó en el cues-tionado embargo de los equipos detransmisión y equipos radiales dela emisora que obligaron al cierretemporal de la programación en laque destacaba la secuencia «On-das de Libertad» conducido por el

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periodista César Hildebrandt. Pos-teriormente a esta situación, origi-nada la demanda por una supues-ta deuda con el empresario de co-municaciones Franco de Ferrari,resultó en que Radio 1160 sólopudo reanudar transmisiones enforma precaria.

En el caso de Red Global, las or-denanzas judiciales que entregó laadministración de Red Global aÁngel Gonzáles, socio de DelgadoParker, determinaron el cese de losnoticieros y programas periodísti-cos del canal en 1998. En noviem-bre del 2000, la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos(CIDH) reiteró mediante oficio algobierno peruano las medidascautelares a favor del empresarioGenaro Delgado Parker para quese le restituya la administración delcanal solicitada en una medida demarzo del 2000.

Sin embargo, en septiembre del2000, la Comisión de Reestructu-ración Patrimonial del Instituto Na-cional de Defensa del Consumidor(Indecopi), declaró la insolvencia deRed Global y designó una Junta deAcreedores presidida por Franco

de Ferrari. Aun cuando en agostoel Tribunal de Indecopi había de-clarado improcedente la declara-ción de insolvencia, ésta se llevó acabo, concretándose el despojo delcanal.

El 27 de octubre, la mesa de diá-logo patrocinada por la OEA habíaaprobado los dispositivos que faci-litaban la referida restitución, la quefinalmente se dio el 7 de diciembreante la presencia de la fiscal del 41Juzgado Especializado en los Civilde la Corte Superior de Lima,Margot Salinas.

Genaro Delgado Parker recupe-ró la administración de su canal ypromovió una serie de cambios,entre ellos la contratación del pe-riodista César Hildebrant, quiensemanas después renunció antecámaras tras difundir el contenidode un video donde Montesinos yDelgado Parker sostenían tratospara influenciar en el Poder Judi-cial, en procesos ajenos a canal 13y negociaban la cancelación delcontrato con Hildebrant.

La conversación entre Montesi-nos y Delgado Parker le ha validoal empresario una acusación por

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delito contra la administración dejusticia, que fue dictada cuando seencontraba en Miami. Hace unosdías Delgado Parker regresó deEstados Unidos y se puso a dispo-sición de la justicia, siendo deteni-do tras su audiencia ante el PoderJudicial.

A raíz de los videos y documen-tos comprometedores, el Poder Ju-dicial dictó otras dos órdenes de de-tención internacional contra dos di-rectivos de un canal de TV: JoséEnrique y José Francisco Crou-sillat, padre e hijo, principales accio-nistas del Canal 4 de señal abierta.Este medio apoyó decididamentealgunas de las campañas políticasmás turbias de las elecciones ge-nerales del 2000. Contratos simila-res a los firmados por los Winter,se revelaron con la firma de JoséFrancisco Crousillat. Esta semana,el Congreso difundió otros dos es-candalosos videos en los que se leobserva a José Francisco Crousillatrecibiendo casi dos millones de dó-lares como «prima» por los servi-cios de la televisora y luego, en unacinta diferente, al padre e hijo reci-biendo un millón más.

En enero, otro video mostró al di-rector del diario Expreso, EduardoCalmell del Solar, recibiendo dosmillones de dólares en dos male-tas y en otra grabación recibía unmillón adicional. Lo primero corres-pondía a la venta de acciones enCable Canal de Noticias (del mis-mo grupo de Expreso). La segun-da cinta correspondía al pago porlos «compromisos de colabora-ción» firmados por Calmell siendodirector de Expreso. Calmell delSolar fue invitado a renunciar aExpreso, luego de que el directoriole retirara su confianza y le recla-mara por el considerable daño cau-sado a la credibilidad del medio.Hasta mediados de febrero pendíasobre Eduardo Calmell una ordende captura y el empresario se man-tenía prófugo de la justicia. Calmellse presentó ante las autoridades,cuando la medida en su contra fuecambiada por el arresto domicilia-rio, vigente hasta hoy.

Un cuarto empresario de TV, Ju-lio Vera Abad, presidente del direc-torio de Andina de Televisión (ca-nal 9) también se encuentra pro-cesado por recibir dinero de Vladi-

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miro Montesinos. Actualmente estáprófugo de la justicia peruana y conuna orden de captura en la Interpol.El 8 de febrero, la Defensoría delPueblo presentó al Congreso unproyecto de Ley que deroga el artí-culo 374º del Código Penal (delitode desacato) y el artículo 7º deldecreto de ley Nº 25475 (delito deapología al terrorismo). El pedidode la Defensoría se sustentó en elcarácter inconstitucional de las nor-mas referidas y en su incompatibi-lidad con la libertad de expresión yla Convención Americana sobreDerechos Humanos.

En cuanto al delito de desacato,el proyecto dice que «el honor delos funcionarios públicos al igualque el de todos los ciudadanos yciudadanas quedará protegido porlos tipos penales que protegen elbien jurídico del honor». Respectoa la figura penal de la apología delterrorismo, sostiene que deberá ex-presarse en términos que garanti-cen las libertades y más bien esta-blezcan agravantes.

Siguen en orden cronológicootros casos que empañaron la li-bertad de prensa. El 2 de octubre,

el abogado Jaime Alemán, quien re-presenta a Vladimiro Montesinos enPanamá, atacó a la reporteraMariella Patriau y a la fotógrafaAdriana Navarro del diario Libera-ción, en la ciudad de Panamá don-de las periodistas investigaban elcaso de corrupción financiera queinvolucra al ex asesor presidencial.El 8 de octubre, un helicóptero noidentificado, similar a los de la fuer-za aérea y la naval, sobrevoló lacasa del director de la revista Ca-retas, Enrique Zileri, y descendiópeligrosamente por unos minutossobre el jardín.

El 10 de octubre, el periodista Se-gundo Jara, corresponsal de laCoordinadora Nacional de Radio(CNR) y del Diario Regional deHuánuco, fue herido en una piernapor un oficial de la policía que ledisparó de manera directa al mus-lo durante una manifestación deagricultores cocaleros en el distritode Aucayacu.

El periodista César Ascues, deldiario Liberación y César Romero,jefe de la sección política del diarioLa República denunciaron que re-cibieron amenazas de muerte de

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personas no identificadas advirtién-doles que dejen de investigar so-bre el caso de tráfico de armas queinvolucra al ex asesor presidencialVladimiro Montesinos.

El 16 de octubre, individuos noidentificados ingresaron a las ofici-nas de Panamericana Televisión enla ciudad de Tacna y robaron elequipo de edición valorizado en10,000 dólares. El robo ocurrió ho-ras después de que el correspon-sal Emilio Vargas emitiera un repor-te sobre policías que golpeaban apersonas que no estaban partici-pando de marchas de protesta.

El 25 de octubre, el periodistaconductor del radio-periódico«Análisis» de Radio FVC, JoséParraguez, fue agredido por ochosujetos desconocidos mientras sedirigía a su hogar en Nueva Caja-marca, en el departamento deCajamarca y le advirtieron que de-jara de denunciar casos de corrup-ción.

El 27 de octubre, en la ciudad deChepén, Sebastián Castro Men-doza director y conductor del pro-grama informativo «DespertarCampesino» de Canal 11 y Radio

San Sebastián, fue amenazado demuerte y golpeado por el presiden-te de la Asociación de Productoresde Arroz y gobernador del distritode Guadalupe, Víctor Izquierdo,quien fue denunciado en repetidasocasiones por Castro, debido a irre-gularidades en su gestión.

El 1 de noviembre, el Pleno delCongreso de la República rechazóir al debate de cinco mociones deorden del día para sancionar al con-gresista Luis Cáceres Velásquez,quien agredió física y verbalmentea la periodista del diario La Repú-blica, Rosa Reyna.

El 15 de noviembre, durante unamarcha de trabajadores de cons-trucción, en el Centro de Lima,Willy Zárate, reportero gráfico deldiario El Tío, fue agredido por ungrupo de policías que le dispara-ron una bomba lacrimógena que leimpactó en la cadera.

El 16 de noviembre, la periodistaRoxana Aquino reportera de RadioLíder en Arequipa, fue golpeada yamenazada por desconocidosmientras salía del estadio de laUniversidad de San Agustín.Aquino investiga sobre el caso de

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irregularidades en la transacción deun jugador del club de fútbol Melgarde Arequipa al fútbol inglés.

El 27 de noviembre MarilúGambini, corresponsal del diarioLiberación en el puerto de Chim-bote, denunció que desde el mesde agosto ha sido víctima, en va-rias ocasiones, de actos de ame-drentamiento por parte de sujetosque según ella serían miembros dela policía.

El 18 de noviembre, su hijo de dosaños y medio había sido secues-trado durante diez horas. El niñofue encontrado ileso en la puertade su casa con una nota que de-cía: «Soplona. Esto es sólo unaadvertencia».

El 2 de diciembre, un incendioprovocado por desconocidos des-truyó las instalaciones de Radio Su-per Continental 1480 AM, en la pro-vincia de Chulucanas en Piura.El 12 de diciembre, la alcaldesa deldistrito de Chaclacayo, Delia Ver-gara (Vamos Vecino) golpeó repe-tidas veces con una casaca de cue-ro a la reportera gráfica del diarioLiberación, Angela Talledo, por to-marle fotos mientras salía del Juz-

gado Penal. Ese mismo día por latarde, Talledo fue asaltada por unsujeto que la encañonó con un re-volver y le quitó su equipo fotográ-fico valorizado en 1,500 dólares.

El 4 de enero, un grupo de inte-grantes del Frente Patriótico deLoreto agredieron física y verbal-mente a los periodistas Raúl Herre-ra Soria, corresponsal de Paname-ricana Televisión y Nicolás Proko-piu, responsable de un noticieropolicial en Radio Atlántida, cuandosalían de una conferencia de pren-sa de la candidata presidencialLourdes Flores Nano. Más tarde,se dirigieron a las instalaciones deCanal 6 y amenazaron con destruirla sede si se mantenía a periodis-tas que ayudaron a Fujimori.

El 30 de enero, el fiscal VíctorHugo Salvatierra, denunció al pe-riodista y conductor del programa«Tiempo Nuevo» (América Televi-sión), Nicolás Lúcar, por el presun-to delito de desacato. Dos días an-tes, había difundido en su progra-ma una extensa entrevista a un su-puesto ex custodio de VladimiroMontesinos, quien acusó a variosfuncionarios públicos, incluido el

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presidente Valentín Paniagua, dehaber recibido sobornos o habercometido otros delitos en complici-dad con el prófugo ex asesor.

La respuesta de Paniagua y otrosagraviados fue inmediata y se pro-dujo una ola de rechazo al perio-dista en la opinión pública. El fiscallo acusó por desacato.

El 1º de febrero salió en libertadel periodista Iván Cubas Coronado,quien se encontraba preso en elpenal El Milagro. Cubas fue dete-nido en setiembre del 2000, cuan-do salía de una entrevista con elperiodista Beto Ortiz en Canal A.El cargo imputado fue el de difa-mación, contra un funcionario de la

Corte Superior de La Libertad.Las noches del 25 y 28 de fe-

brero, integrantes del Frente Pa-triótico de Loreto volvieron a pro-tagonizar sendos ataques a lasinstalaciones de radio La Karibeña(Loreto). Los periodistas de estaradio no gozan del aprecio popu-lar, desde su abierta simpatía porFujimori. Sin embargo, el objetivode los dos ataques citados era obli-gar a que se descuelgue una ban-derola y se retire material de pro-paganda a favor de la candidataLourdes Flores, de Unidad Nacio-nal, agrupación por la que postulaal Congreso la dueña del edificioRocío Gonzálves.

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