Lea además:

Año I Edición 005

Participación de la mujer en la política páginas 08 - 11

Los gastos de la campaña política. páginas 04 y 05

Comuníquese y cúmplase: El ejercicio del poder público. página 06

Semana del 24 al 30 de enero de 2011

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editorial

directorio

De la forma en la cual se realiza la actividad política actual-mente algunos partidos son más parecidos a una sociedad anónima que a una organización política que representa in-tereses o ideologías. La mayoría no posee valores y princi-pios a seguir, no existe democracia interna sino dinastías o patrones.

El sistema democrático guatemalteco indica que la única for-ma de llegar al gobierno es a través de los partidos políticos, a nivel local se permite la participación de comités cívicos. Es por eso que los ciudadanos debemos involucrarnos en el quehacer político, escoger a los mejores hombres y mujeres para los puestos públicos y no a las personas que tengan más recursos para pagar por ellos.

En los municipios y departamentos que se tiene representa-ción legal son las asambleas en las cuales se elige a los can-didatos a Corporación Municipal y diputados distritales, en los otros es el Secretario General del partido el cual elabora la lista y se presentan en la Asamblea General.

Los líderes nacionales deberían ser reconocidos por sus mé-ritos y no por sus faltas sin embargo, en algunos Partidos Políticos S.A. son los que consiguen el financiamiento, de-finen candidaturas, poseen estrategias y además equipos de personas dispuestos a delinquir para conseguir sus objetivos particulares.

Este tipo de organización debiera desaparecer, le hace daño a la política como tal, se desconoce porque participan, porque tanto interés en tener unos cuantos alcaldes a su servicio, di-putados que levantan la mano con solo recibir una llamada sin importar las consecuencias.

Hay departamentos donde las casillas uno y dos para diputa-dos tienen precio que oscila entre uno y uno y medio millón de quetzales, allí no caben los líderes honestos, con tan buen negocio se debería llevar a la bolsa de valores para cotizar al mejor postor y de pronto rescatar un porcentaje para le erario

nacional.

Quien hace de la política un negocio le está quitando vida a la democracia. Históricamente la democracia es un proceso en el cual el ciudadano ha venido ganando mayor participación. En los últimos 25 años de vigencia de la Carta Magna se tiene registros e intentos por vulnerar la misma principalmente por políticos S.A.

Los partidos políticos deben representar los intereses de la población y el respeto al Estado de Derecho. Sólo en una so-ciedad anónima, no por lo empresarial, sino porque se des-conoce quienes son los financistas se decide una candidatura aunque ésta viole la ley, se venden los puestos a diputados, distritales y listado nacional, se impulsa a personas a integrar las corporaciones municipales para luego “hacer obra” y re-cuperar la misma con suficiente utilidad para financiar otra.

Partidos Políticos S.A.

Director Sergio Paz

Editor Byron Montenegro

Redacción Álvaro Martínez, Paola Rodas, Karla Alfaro

DiseñoMaría José Paz

FotografíaKurt Zierlein, Douglas Marroquín, Walter Peña

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enfoque

Gastos de campaña no deben ser mayores a Q51,2 millones

La ley electoral y de partidos políticos, De-creto 1-85, estipula en su artículo 21 literal e) “El límite máximo de gastos de la campa-ña electoral será a razón del equivalente en quetzales de un dólar de los Estados Unidos de América, por ciudadano empadronado hasta el treinta y uno de diciembre del año anterior a las elecciones.” A dicha fecha el total de empadronados según el Tribunal Su-premo Electoral, era de Seis millones 405 mil 112 al tipo de cambio ocho quetzales por un dólar se obtiene Cincuenta y un millones doscientos cuarenta mil ochocientos noven-ta y seis quetzales.

Con la presencia de 25 organizaciones polí-ticas sólo por concepto de campaña electoral se podrían inyectar mil doscientos ochenta y un millones de quetzales (Q.1,281,022,400), se sabe que habrá coaliciones y el monto po-drá ser menor, pero por lo no reportado sería mayor.

Sin embargo, los mismos políticos han ex-presado que una campaña en Guatemala es superior a cien millones, o sea que han violado la ley en procesos anteriores. En la página web del TSE se observa en la me-moria del proceso anterior que los partidos informaron sobre cuarenta y dos millones de quetzales en gastos de campaña, lo cual es-taba permitido. Habrá que realizar cambios

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Gastos de campaña no deben ser mayores a Q51,2 millones

en la legislación para estar acordes a la realidad o las organizaciones políticas deben ajustarse a lo que dice la ley.

El financiamiento de las organizaciones políticas para sus candidatos de elección popular debe estar regis-trado y nunca aparecer como anónimo. En el pacto de ética y no agresión se comprometerán a ser trans-parentes, pero esto es una obligación legal. Un finan-cista, como se le denomina no puede aportar más del diez por ciento de los gastos de campaña.

En las elecciones a Corporación Municipal se tiene conocimiento que en ocasiones existe un solo finan-cista o bien el candidato es el que aporta todo para su campaña. Así mismo, se debe solicitar que las empre-sas constructoras revelen cuánto aportar porque existe prohibición si son contratistas del gobierno.

Sin temor a Chávez y otros interesesLos partidos políticos tienen prohibido recibir contri-buciones de cualquier índole de extranjeros, se excep-túan de esto las contribuciones de entidades académi-cas o fundaciones para formación política, de esto deben informar al TSE. Por ello es que partidos polí-ticos extranjeros participan directa o indirectamente a través de sus fundaciones.

Las fundaciones alemanas, norteamericanas, interna-cionales liberales, socialista, socialdemócrata, verdes y otras deben abstenerse de trasladar recursos para

campaña política. Sin embargo, lo hacen, en la rea-lidad todos aportan con asesores, formación y di-nerarias. De todo esto no se tiene registro ni control por parte del TSE. Se espera que los partidos infor-men porque a ello se comprometerán en el pacto de ética y no agresión el próximo siete de febrero.

Diversos sectores se escandalizan cuando cono-cen que el presidente venezolano se inclina por un candidato en las elecciones guatemaltecas, con la legislación vigente no deben temer, o si conocen de un aporte directo denunciar a las autoridades correspondientes. Así mismo, la ciudadanía debe estar atenta a los financistas provenientes de la eco-nomía subterránea.

En la legislación vigente se establece que si algu-na organización viola estas disposiciones será san-cionado con medidas administrativas o penales así como la eventual cancelación de la personalidad jurídica.

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comuníquese y cúmplase

ARTICULO 152.- Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Consti-tución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio. ARTICULO 153.- Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. ARTICULO 154.- Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Es-tado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. ARTICULO 155.- Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente respon-sable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públi-cos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescrip-ción, cuyo término será de veinte años. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el tran-scurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescrip-ción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros, podrán reclamar al Esta-do, indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. ARTICULO 156.- No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún fun-cionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cum-plir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.”

TITULO IV: PODER PÚBLICOCAPÍTULO I: EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO

Constitución Política de la República de Guatemala

1 I

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coyuntura

Participación de la mujer en la política

Fue Mary Wollstonecraft de Inglaterra , quien en 1792 revolucionó al mundo escribiendo su mani-fiesto feminista titulado Defensa de los Derechos de la Mujer, reclamando allí el derecho a la instrucción

de la mujer y reconocimiento de sus derechos cívi-cos y políticos.

Años antes en 1789 cuendo en la Revolución Fran-

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Participación de la mujer en la política

cesa se adoptaron tres principios que todavía rigen hoy: Libertad, Igualdad, Fraternidad, pero cuando una mujer, Olimpia de Gouges, se atrevió a escribir un manifiesto para reivindicar esos mismos derechos para las mujeres, fue condenada a morir en la guillo-tina.

En Estados Unidos de Norteamérica, en 1848 algunas mujeres decidieron celebrar en Nueva York la Primera Convención sobre los Derechos de la Mujer, en esta actividad, impulsada por Lucretia Montt y Elizabeth Cady Staton, se aprobó la Declaración de Seneca Falls, en este documento se exigió la igualdad de derechos entre hombres y muejres en aspectos matrimoniales, salariales, de propiedad y custodia de los hijos, labo-rales, políticos, educativos, de salud, etc. Uno de los puntos era el derecho al voto, el cual no fue aproba-do, porque consideraban que era una aspiración muy grande para la mujer.

Margaret Fuller, fue periodista e impusora d elos dere-chos de las mujeres en la década de los 40’s del siglo XIX, desde su espacio como formadora de opinión pública promovió la igualdad de las mujeres con los hombres.

El siglo XIX, marca el inicio de los movimientos sufragistas de una forma más organizada en Estados Unidos e Inglaterra, pero fue Nueva Zelanda el primer país en otorgarle el derecho al voto a la mujer en el año de 1893.

Desde 1924 Latinoamérica presenta lucha de género con respecto al voto, Matilde Hidalgo de Prócel, una mujer ecuatoriana Doctorada en medicina es la pri-mera sudamericana en votar, gracias a un litigio que ganó y en el cual se le dio el derecho al voto. Cabe

mencionar que en la mayoría de los países de Amé-rica Latina, cuando las mujeres salieron a defender sus derechos, estos países se encontraban en crisis política y económica, y mantenían a la mujer en una situación de desventaja.

Las cuotas de podercomo “discriminación positiva”

A mediados de los años setenta, la tasa promedio de escaños ocupados por mujeres en la Unión Europea, UE, (incluyendo Austria, Finlandia y Suecia) no su-peraba el 9%. En 1989, el porcentaje promedio de la UE sólo había aumentado en tres puntos, alcan-zando el 11,8%.

A fines de la década del ochenta, la participación política de las mujeres europeas en el Parlamento tampoco había experimentado grandes variaciones, según datos de Carmen Martínez Ten. En ese mo-mento, estos datos revelaban que la falta de partici-pación de las mujeres en la política era un problema estructural -salvo el caso de los países nórdicos que contaban con sistema de cuotas- y que no se podía confiar en el tiempo y en desarrollo socioeconómico para resolverlo: “Para romper el círculo vicioso se puede recurrir a los mecanismos de discriminación positiva o cuota política por sexo, es decir, a la re-serva obligatoria de puestos políticos para mujeres, que es lo que ha permitido que en Noruega, median-te la presión social y a partir de una ley de 1983, las mujeres tengan una representación del 33,8% en el Parlamento. Tras eso han venido una mujer primera ministra y además ocho carteras ministeriales para mujeres”, decía la que fuera presidenta de la Fede-ración de Mujeres Progresistas.

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coyunturaY añadía con gran visión de futuro, a principios de los noventa, que: “Las medidas de discriminación positiva forman parte de una estrategia global que ha sido recomendada por la conferencia ministe-rial europea sobre la igualdad que se celebró en Estrasburgo en marzo de 1986. Quizá con eso no baste pero no sería un mal comienzo”.

Tanto en la UE como en Latinoamérica, el sistema de cuotas ha llegado a ser, sobre todo desde 1995, una estrategia cada vez más frecuente para reducir la subrepresentación femenina en la política.

Existen dos tipos de cuotas: -las establecidas por legislación nacional que ga-rantizan que un determinado porcentaje de esca-ños sea ocupado por mujeres.

-las adoptadas por los partidos políticos para ase-gurar que una proporción de las listas electorales se reparta entre mujeres.

En la UE, Bélgica es el único país con cuotas apro-badas por legislación nacional en 1994 (33,3%). En cambio, nueve países emplean cuotas a nivel de partidos políticos: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda y Suecia. En Alemania, los socialdemócratas en su congreso celebrado en Munster en 1988, aproba-ron elevar su cuota de mujeres al Parlamento y a cargos de responsabilidad en el partido, del 33% al 40%. En el caso del Partido Verde, se aplica la paridad 50 y 50.

En España, el Partido Socialista Obrero español estableció que en todas sus órganos de represen-tación no puede haber nunca más de un 75% de personas de un mismo sexo.

Latinoamérica y Guatemala en la lucha de particiáción

En Latinoamérica los movimientos de mujeres

y sus luchas políticas han llevado a algunas al frente de sus gobiernos, entre ellas:María Estela “Isabel” Martínez de Perón (des-tituida por golpe de Estado en Argentina) en 1974; Isabel Lidia Gueiller (interina) en Bolivia en 1979; María Eugenia Charles en Dominica en 1980; Violeta Barrios de Chamorro, en 1990; Ertha Pascal Trouillot en Haití en 1990; Mireya Moscoso en Panamá en 1999; Rosalía Arteaga (interina por 6 días) en Ecuador 1997; Michelle Bachelet en Chile en 2006; Cristina Fernández en Argentina en 2007; Laura Chinchilla en Cos-ta Rica en 2010; Dilma Rousseff en Brasil en 2011.

En Guatemala en en la década de los 40’s durante el período revolucionario, surgen las importan-tes figuras de Gabriela Quan, Gloria Menéndez, Magdalena Spinola y Romelia Alarcón quienes formaron el movimiento Comité Prociudadano, que motivó a la particiáción de la mujer en el sufragio. Lo lograron junto a Julia Urrutia en 1945, auqnue solamente para las alfabetas.

Rosa de Mora, de tendencia conservadora, fue la primera diputada ante el Congreso de la Re-pública de Guatemala en 1956. La primera pre-sidenta del Congreso fue la diputada Catalina Soberanis en el año 1991, y quien también fue candidata presidencial. La primera diputada in-dígena fue Rosa María Xujá en 1997.

En cuestión de estadísticas comparativa, 380 mil 790 mujeres más votaron en la primera vuel-ta del evento electoral 2007 en comparación a la primera vuelta del 2003; esto es un 30.04% más.

Es importante resaltar que del 60.36% de parti-cipación total del padrón en 2007, el 31.82% fue de hombres y el 28.55% de mujeres. La diferen-cia es de poco más de 3 puntos porcentuales. De lo anterior se puede concluir que efectivamente la participación de la mujer ha mejorado sustan-

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cialmente, sin embargo es necesario seguir impulsando la misma a efecto de que exista mejor representación de ese género.

Esto representa la justificación por la cual el actual Tri-bunal Supremo Electoral se ha propuesto impulsar los ejes de participación de las mujeres, los jóvenes y los pueblos rurales, cuyo basamento deviene de un ordena-miento constitucional y de un espíritu cuyo principio ra-dica en la equidad.

Para el evento electoral de 2007 el número de afiliados a organizaciones políticas registró 389,057 hombres afiliados y 226,996 mujeres, para un total de 616,053 afiliados en las 27 organizaciones políticas existentes en ese momento.

En el área rural, existen mujeres que no poseen docu-mento de identificación que les permita empadronarse. Una de las causas puede ser a raíz del conflicto armado interno que dejó muchos lugares sin historial por la des-trucción de las oficinas del Registro Civil o bien por desconocimiento legal en el sentido que al nacer un hijo tienen que acudir a inscribirlo al Registro de la locali-dad más cercana. La mayoría de mujeres en el área ru-ral desconocen como ciudadanas sus derechos cívicos y políticos, acerca que deben empadronarse y votar en los procesos electorales.

De las 333 municipalidades solamente 6 son dirigidas por alcaldesas, y unas 242 ocupan cargos de síndicos y concejales.

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