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Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo
y Presidente Honorario del IAPH
InstItuto de AdmInIstrAcIón PúblIcA
del estAdo de HIdAlgo, A.c.
Lic. Carlos Godínez Téllez
Presidente del Consejo Directivo
Lic. Ramón Ramírez Valtierra
Vicepresidente
L.C. Nuvia Mayorga Delgado
Tesorera
Coordinación editorial
Ernesto Garduño M.
Diseño y formación
Ceiba Diseño y Arte Editorial
Primera edición, 2010
© Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo, A.C.
Plaza Independencia núm. 106-5° Piso, Centro, Pachuca, Hidalgo.
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Impreso en México
ÍNDICE
Presentación 5
Dos discursos sobre los peligros del despotismoJosé María Luis Mora 7
La libertad de prensaFrancisco Zarco 33
Salario y trabajoIgnacio Ramírez 61
Respuesta a la Confederación de Cámaras de Comercio.Expropiación de las compañías petrolerasLázaro Cárdenas 83
PRESENTACIóN
El Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo tiene
entre sus propósitos más significativos el contribuir a la formación
y desarrollo de una cultura política democrática. Una cultura que
debe permitirnos vincular los mejores principios de la tradición polí-
tica mexicana con los requerimientos de un mundo globalizado.
La dinámica de los intercambios y las interdependencias de la
estructura global nos exige un reconocimiento pleno de los valores
políticos esenciales que sirvieron de base al surgimiento y consolida-
ción de la nación mexicana. Esta exigencia deriva de la caída de los
grandes metarrelatos en todos los campos de la actividad humana.
La ciencia, la filosofía, el arte y, desde luego, la política en el mundo,
han perdido sus referentes clásicos. La política en México no es la
excepción.
Para nosotros es una cuestión esencial contribuir a las acciones
de divulgación que concurran a dotar de sentido pleno a la comuni-
dad política mexicana. De lo contrario, la dinámica del cambio tec-
nológico, político y social traerá como consecuencia enormes pérdi-
das de sentido, o lo que es lo mismo, el riesgo de la generalización
del individualismo extremo, la instauración de la indiferencia política
y la pérdida del sentido de pertenencia o de identidad.
Para poder ser ciudadanos del mundo, primero debemos apren-
der a ser ciudadanos de México, con plenos derechos y obligaciones,
e hidalguenses capaces de expresar las virtudes cívicas necesarias
que nos permitan dar valor al mundo y seleccionar aquellos valores
que en el marco de la mundialización nos enriquezcan como cuerpo
social y como individuos. Nuestro tránsito en los últimos dos siglos
nos ofrece una lección histórica significativa: al tratar de ser lo que
no somos, podemos perder lo que sí hemos sido.
Reunimos aquí el pensamiento de cuatro ciudadanos mexicanos
de excepción –José María Luis Mora, Francisco Zarco, Ignacio Ramí-
rez, y Lázaro Cárdenas–, cuya reflexión y obra política dignificaron
el concepto de poder público. De su legado y utilidad en el presente
debemos responder todos nosotros.
Pachuca de Soto, 2010.
José María Luis Mora
DOS DISCuRSOS SObRE LOS PELIGROS DEL DESPOTISMO
Dos discursos sobre los peligros del despotismo
DISCURSO SOBRE LOS MEDIOS DE QUE SE VALE
LA AMBICIÓN PARA DESTRUIR LA LIBERTAD
Nada más importante para una nación que ha adoptado
el sistema republicano inmediatamente después de haber sali
do de un régimen despótico y conquistado su libertad por la
fuerza de las armas, que disminuir los motivos reales o aparen
tes que puedan acumular una gran masa de autoridad y poder
en manos de un solo hombre, dándole prestigio y ascendiente
sobre el resto de los ciudadanos. La ruina de las instituciones
populares ha provenido casi siempre de las medidas que se han
dictado indiscretamente para su conservación, no porque no
se haya intentado ésta de veras y eficazmente, sino porque los
efectos naturales e invariables de las causas necesarias no pue
dan alterarse por la voluntad de quien los pone en acción.
El mal de las repúblicas consiste ahora, y ha consistido
siempre, en la poquísima fuerza física y moral que se confía a
los depositarios del poder. Esta necesidad que la trae consigo
la naturaleza del sistema, tiene, como todas las instituciones
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humanas, sus ventajas e inconvenientes, que deben pesarse
fielmente antes de adoptarse; porque una vez admitidas es
necesario arrostrar con todo, antes que hacer una variación
que, por ligera que sea o se suponga, abre la puerta al cambio
total del sistema y es un sacudimiento que, aunque ligero, si
se repite socava lentamente las bases del edificio social hasta
dar con él en tierra. ¿Qué cosa más halagüeña que estar lo
más lejos de la inspección de la autoridad y someter lo menos
que sea posible la persona y acciones propias a la vigilancia y
disposiciones de los agentes del poder? ¿Y en qué sistema, si
no es en el republicano, se goza con más amplitud y se da más
ensanche a semejantes franquicias? En ninguno ciertamente.
Pues este bien inestimable está más expuesto a perderse que
en cualquiera otra clase de gobierno, si los libres no están muy
alerta para prevenir toda especie de pretensiones que tiendan,
aunque sea por pocos instantes, a disminuir su libertad y a
aumentar con estas pérdidas la fuerza del que empieza por
dirigirlos y acabará indefectiblemente por dominarlos.
El amor del poder, innato en el hombre y siempre progresi
vo en el gobierno, es mucho más temible en las repúblicas que
en las monarquías. El que está seguro de que siempre ha de
mandar, se esfuerza poco en aumentar su autoridad; mas el que
ve, aunque sea a lo lejos, el término de su grandeza, si la masa
inmensa de la nación y la fuerza irresistible de una verdadera
opinión pública no le impone freno, estará siempre trabajando
con actividad incansable por ocupar el puesto supremo, si se
cree próximo a él, o por prolongar indefinidamente su direc
ción y ensanchar sus límites, si ha llegado a obtenerlo.
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Son infinitos los medios que se ponen en juego para llegar
a este término; pero entre ellos los más trillados consisten en
hacerse popular para proporcionarse el ascenso; darse por
necesario para mantenerse en el puesto; y suponer, para des
truir la Constitución, la imposibilidad o ineficacia de las leyes
fundamentales.
En un pueblo nuevo que por su inexperiencia jamás ha co
nocido la libertad, los demagogos tienen un campo inmenso en
qué ejercitar sus intrigas, dando rienda suelta a su ambición.
Buscar las pasiones populares y una vez halladas adularlas sin
medida, proclamar los principios llevándolos hasta un grado
de exageración que se hagan odiosas, e infundir la descon
fianza de todos aquellos que no hayan pasado tan adelante
y profesen o persuadan máximas de moderación; he aquí el
modo de hacerse de popularidad en una nación compuesta de
hombres que por primera vez pisan la senda difícil y siempre
peligrosa de la libertad.
¿Qué es lo que se ha hecho en Inglaterra, en Francia, en
España y finalmente en todas las que fueron colonias españo
las y ahora naciones independientes de América? Considérese
atentamente el primer periodo de sus revoluciones; sigamos
sin perder de vista todos los pasos de los que después han sido
sus señores y se verá, sin excepción, que la popularidad que
les ha servido de escalón para elevarse a la cumbre del poder
no la han debido a otros medios.
En efecto, un pueblo que ha vivido bajo un régimen opresor,
no se cree libre con sacudir las cadenas que lo tenían uncido al
carro del déspota, sino que quiere romper todos los lazos que
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lo unen con la autoridad y aun la dependencia necesaria que
trae consigo la desigualdad de clases, debida no a las leyes sino
a las diversas facultades físicas y morales con que la naturaleza
ha dotado a cada uno de los hombres. De esto proviene que
escuchen con entusiasmo y eleven a todos los puestos públicos
a los que predican esa igualdad quimérica de fortunas, goces
y habilidad para serlo todo, y se enardezcan contra todos los
que procuran curarlos de esta fiebre política, prodigándoles
los apodos más denigrativos, los más insultantes desprecios y
las persecuciones más bárbaras, y forjando sin advertirlo las
cadenas que han de reducirlos a la nueva servidumbre.
Robespierre y Marat no se hicieron dueños de los destinos
de Francia ni derramaron tanta sangre sino por estos medios,
y fueron mil veces más perniciosos que lo habían sido todos
juntos los reyes cuya raza destronaron. Ellos al fin cayeron
como caerán todos los de su clase, pero dejando abierto el
camino para la elevación de otros que aunque más sordamente
pero con éxito más feliz, logran por algún más tiempo realizar
sus miras colocándose en la cumbre del poder, violando todas
las garantías sociales y perpetuando la desgracia de los pue
blos, que por un círculo prolongado de miserias y desventuras
vuelven al mismo punto de esclavitud de donde partieron para
emprender el camino de la libertad.
Los pueblos, después de mil oscilaciones y vaivenes, pasado
el terror de la anarquía, forman una mala o mediana Consti
tución y entonces es otra la suerte que les espera. Desde luego
aquellos que han debido ocasionalmente su engrandecimiento
al régimen de las facciones procuran darse una importancia
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exorbitante, aparentando el aprecio público por todas las
exterioridades que parezca conciliárselo y trabajando en per
suadir a los demás que la estabilidad de la república pende de
la suerte adversa o favorable que corra su existencia personal.
Este error se insinúa con una facilidad extraordinaria y tiene
un éxito feliz, especialmente entre aquellos que no han conoci
do más patria que un suelo mancillado con la abyección y es
clavitud, más derechos que las gratuitas y escasas concesiones
de un señor, ni más leyes que los vanos e inestables caprichos
de un dueño absoluto. La suerte de la libertad y la existencia
de la república se hallan al borde del precipicio desde el mo
mento en que cree o afecta creerse que reconocen por base la
existencia política de un solo hombre. Entonces se tendrá con
él toda clase de condescendencias; se procurará apartar todas
las miradas de los ciudadanos, de las leyes e intereses nacio
nales, para fijarlas en el ambicioso cuyo engrandecimiento
se procura; se profanarán los nombres sagrados de patria y
libertad, y se cultivará la raíz emponzoñada que andando el
tiempo no producirá sino frutos venenosos.
Sí, pueblos y naciones que habéis adoptado un sistema de
gobierno tan benéfico como delicado, estad muy alerta con
tra todo aquel que pretenda hacerse necesario y darse más
importancia que la que permiten a los que ocupan los puestos
públicos, la Constitución y las leyes. Él empezará por adularos
prometiéndolo todo y acabará por sumiros en la servidum
bre, sobreponiéndose a las leyes que afianzan las libertades
públicas y arrancando si es posible de vuestros corazones
todos los sentimientos generosos que haya arraigado en ellos
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la independencia de un alma verdaderamente libre: sumid a
esos monstruos abominables, a esos hijos desnaturalizados en
el abismo de la nada y transmitid a la posteridad su odiosa
memoria cargada de la execración pública.
Adquirida por estos hombres una importancia que no me
recen y confiados a su dirección los destinos de la patria, sus
miras se fijan desde luego en ensanchar su poder para ponerse
en estado de prolongarlo en seguida indefinidamente. ¿Mas de
qué medios valerse? ¿Cómo conseguirlo de un pueblo que ha
adoptado con entusiasmo las instituciones que destruyen todo
régimen arbitrario? Aquí entra toda la táctica, toda la habi
lidad y destreza de los déspotas de nueva denominación y de
origen reciente; los protectores, libertadores, directores, etc.
No hay hombre tan poco precavido que pretenda desde los
primeros pasos seducir a todo un pueblo o insultarlo abier
tamente por el desprecio claro y manifiesto de los deberes a
que acaba de sujetarse, este sería el medio seguro de frustrar
cualquier proyecto y los ambiciosos proceden con más tiento.
¿Qué es pues lo que hacen? Procuran formarse un partido
considerable, familiarizar al público con la transgresión de las
leyes y fingir o excitar conspiraciones.
Es imposible que un hombre reducido a sus fuerzas indivi
duales pueda adquirir el prestigio ni poder necesario para sobre
ponerse a una nación toda; sus miras y proyectos siempre serán
sospechosos a la multitud y jamás llegarán a adquirir una exten
sión considerable, sino por el auxilio de una facción organizada
que se reproduzca en todas partes, tome la voz de la nación,
ataque a todos los que contraríen sus intereses y los reduzca al
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silencio e inacción excitando los sentimientos del temor en aque
llos que podrían hacerle frente por la reunión de sus esfuerzos y
la legitimidad de su causa. Así pues, la primera necesidad de un
ambicioso es la de formarse un partido de esta clase.
Después de una revolución de muchos años, en que las par
tes beligerantes se han perseguido de un modo desastroso, es
muy fácil realizar este proyecto; entonces se hallan esparcidos
por todas partes los elementos necesarios para llevarlo a cabo
y su reunión no ofrece mayor dificultad.
Muchos hombres quedan sin destino ni ocupación, y como
la necesidad imperiosa de la subsistencia diaria es superior a
todas las consideraciones políticas, se venderán necesariamen
te al primero que los compre. El temor que trae consigo toda
persecución injusta desmoraliza a una nación, pues destruye
la franqueza natural de los caracteres, obliga a los hombres a
mentirse a sí mismos y a los demás, a ocultar sus sentimientos
y disimular sus ideas por una perpetua y constante contra
dicción con su lengua y a prosternarse bajamente ante todos
aquellos de quienes fundadamente esperan o temen algo. Una
nación, pues, que ha caminado muchos años por esta senda
peligrosa y que además se halla empobrecida por la acumula
ción de propiedades en un corto número de ciudadanos, por
su falta de industria y por la multitud de empleos que fomenta
el aspirantismo, es un campo abierto a las intrigas de la am
bición astuta y emprendedora y ofrece mil elementos para la
organización de facciones atrevidas.
Sobre estos cimentos en efecto se levantan, y partiendo de
aquí los ambiciosos, pasan a hacer los primeros ensayos de
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arbitrariedad en personas desconocidas, que por su oscuri
dad no llamen la atención pública, ni fijen las miradas de la
multitud. Generalmente acontece que esta clase de atentados
quedan ocultos, o por la ignorancia de los que los sufren, o
por falta de medios para hacerlos patentes y denunciarlos
ante la opinión pública. Desde la última clase se va subiendo
gradualmente, pulsando la resistencia que pueda oponerse y
haciendo descansos que inspiren alguna confianza, destruyan
la alarma y hagan concebir a los ciudadanos la posibilidad
de ser atropelladas sus garantías sin reclamos, o a pesar de
ellos. Aquí entra la facción en auxilio del que la paga; hace
acusaciones que repite sin cesar, dispensándose de probarlas,
desentendiéndose de lo que se contesta y suponiendo crimina
les, gratuita aunque constantemente, a los que son el blanco
de la persecución. Unas veces se atropella a los que reclaman
las garantías sociales, castigándolos como revoltosos; otras se
les ataca con armas prohibidas, introduciéndose hasta en el sa
grado del santuario doméstico, para hacer públicas y patentes
sus debilidades; si no se les hallan, no importa, se les suponen,
y con esto se sale del apuro. De este modo se distrae la aten
ción del público del asunto principal; se obliga a abandonar
el campo a los hombres de mérito y probidad; se imprime el
terror casi en la totalidad de los ciudadanos, aislándolos en
sus casas; se impide la reunión de sus esfuerzos que harían
temblar a los facciosos y se domina a un pueblo entero, como
pone en contribución una cuadrilla de salteadores a toda una
provincia. Así se forma un fantasma de opinión pública, se
mete mucha bulla, se hace un gran ruido y se adquieren nue
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vos grados de poder, que conducen a los últimos y éstos al
término deseado.
Uno de los medios de que más comúnmente se ha valido la
ambición y que nada ha perdido de su eficacia a pesar de la
frecuencia con que se ha usado, es el fingir conspiraciones o
excitarlas para que sirvan de pretexto al ensanche y aumen
to de poder que se solicita. A un pueblo que ha conseguido
a precio de sangre su libertad e independencia, es muy fácil
volverlo a sumir en la esclavitud, por el mismo deseo que tie
ne de precaverse de estos males, desde luego se empieza por
pretextar la existencia de conspiraciones poderosas y temibles;
se hace mucho misterio de ellas, sin perdonar diligencia para
hacer común y popular esta convicción. Cuando esto se ha
conseguido, se aventura la distinción entre el bien de la repú
blica y la observancia de las leyes; después se pasa a sostener
que aquél debe preferirse a ésta; se asegura que las leyes son
teorías insuficientes para gobernar y se acaba por infringirlas
abiertamente, solicitando por premio de tamaño exceso su
total abolición.
Este ataque insidioso a las libertades públicas es tanto más
temible cuanto las toma por pretexto y se cubre con la másca
ra de su conservación. Casi nunca se ha dado sin la ruina del
gobierno o de la república. Si los pueblos se dejan sorprender
por el temor de las conspiraciones y toleran que se destru
yan los principios del sistema para sofocarlas o prevenirlas,
ya cayeron en el lazo y ellos mismos han anticipado con su
disimulo o positivas concesiones al mal a que quieren poner
remedio. El que trata de establecer el régimen arbitrario, lo
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primero que procura es que las personas de los ciudadanos
estén enteramente a su disposición. Una vez alcanzado esto,
camina sin obstáculo hasta llegar al término. Para conseguirlo
supone la necesidad de aumentar la fuerza del gobierno, por la
suspensión de las fórmulas judiciales, por las leyes de excep
ción y por el establecimiento de tribunales que estén todos a
devoción del poder y bajo su dirección e influjo; para esto sirve
admirablemente el sistema de abultar riesgos y peligros.
Cuando Bonaparte disolvió los Consejos de Francia y des
truyó el Directorio se hablaba en París de una conspiración
vasta y ramificada, en favor del realismo, que no existió jamás
sino en el cerebro de los de su facción. Iturbide, en los ataques
que el 3 de abril y 19 de mayo dio a la representación nacional,
cuando se echó sobre algunos miembros de ella y cuando la
disolvió, no hizo mérito de otra cosa que de las conspiraciones
que suponía habían penetrado hasta el santuario de las leyes.
Sin embargo, el tiempo y los sucesos posteriores demostraron
hasta la última evidencia, que no era el bien de la patria, ni el
celo o cuidado de la seguridad pública, sino los principios de
ambición, de aumento de poder y engrandecimiento personal,
el móvil de los procedimientos de ambos.
Nada importa que este aumento se obtenga por la fuerza
o por concesiones espontáneas, el efecto siempre es el mismo.
La libertad se destruye por hechos contrarios a los principios,
sea cual fuere el agente a quien deban su origen. Ella no es
un nombre vano y destituido de sentido que pueda aplicarse
a todos los sistemas de gobierno; es sí el resultado de un con
junto de reglas precautorias que la observación y experiencia
d o s d i s c u r s o s s o b r e l o s p e l i g r o s d e l d e s p o t i s m o 19
de muchos siglos ha hecho conocer a los hombres ser necesa
rias para sustraerse de los atentados del poderoso y poner en
seguro las personas y bienes de los asociados, no sólo de las
opresiones de los particulares, sino de las del poder; que aun
que destinado a protegerlas, muchas o las más veces declina
en malhechor, volviendo contra aquellas que las pusieron en
sus manos para que los defendiese.
Persuádanse pues los ciudadanos que tienen la felicidad de
pertenecer a una república que para su régimen ha adoptado
instituciones libres, de la importancia de poner un freno al
gobierno que traspase o pretenda traspasar los límites, que
ponen coto a su poder; desháganse por los medios legales de
todos aquellos que manifiesten aversión a los principios del
sistema y tengan el atrevimiento y desvergüenza de atacarlos;
desconfíen de todas las solicitudes relativas al aumento o
concesión de poderes extraconstitucionales o contrarios a las
bases del sistema, sea cual fuere su título o denominación, es
pecialmente si para obtenerlos se alega la existencia o temores
de conspiraciones; escuchen con suma desconfianza a los que
de ellas les hablaren con el objeto de excitarlos a salir de las
reglas comunes y del orden establecido; pues si esto llegase a
verificarse alguna vez, los delitos políticos se reproducirán sin
cesar y la libertad jamás sentará su trono en una nación que
es el teatro de las reacciones y de la persecución, compuesta
de opresores y oprimidos y que lleva en sí misma el germen de
su ruina y destrucción.
Pueblos y Estados que componéis la Federación mexicana,
escarmentad en la Francia, en las nuevas naciones de Amé
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rica y en los sucesos recientes de vuestra historia; temed el
poder de los ambiciosos y de las facciones que llaman en su
auxilio; reunid vuestros esfuerzos para destruirlas, así seréis
invencibles; aislados os batirán en detal. La ley y la voluntad
nacional presidan a vuestros destinos y cese el imperio de las
facciones, etc.
DISCURSO SOBRE LA NECESIDAD E IMPORTANCIA
DE LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES
El autor de la obra inmortal del Espíritu de las Leyes, el
célebre Montesquieu, cuando trata de las bases y principios
motores y conservadores del sistema republicano, sienta que la
virtud es el alma de esta clase de gobierno, así como el honor
lo es de la monarquía, y el temor del despotismo.
Mucho se han fatigado los escritores en examinar lo que
entendió este grande hombre por la palabra virtud, mas para
nosotros no es dudoso su sentido. De dos modos puede hacer
se obrar a los hombres y éstos están reducidos a la persuasión
o a la fuerza. En el sistema republicano y en todos aquellos
que más o menos participan de su carácter, los medios de ac
ción y de resistencia que trae consigo la libertad considerada
en todos sus ramos, disminuyen la fuerza del gobierno, que
no puede adquirir aumento sino con la pérdida de la de los
ciudadanos. Para que las cosas, pues, queden en un perfecto
equilibrio y el sistema más bello no decline en el monstruo de
la anarquía, es necesario que la falta de vigor en el gobierno
d o s d i s c u r s o s s o b r e l o s p e l i g r o s d e l d e s p o t i s m o 21
para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes, se supla por
el convencimiento íntimo de todos los ciudadanos, en orden
a la importancia y necesidad indispensable de la fiel y pun
tual observancia de sus deberes. Esta es la virtud que anima
la República, ésta la ancha base sobre que descansa y éste el
principio conservador de su existencia. Difícilmente se con
sigue el resultado feliz de consolidar esta clase de gobierno;
pero una vez obtenido se perpetúa por sí mismo. Los efectos
de la fuerza son rápidos, pero pasajeros; los de la persuasión
son lentos, pero seguros. Cuando las leyes tienen a su favor el
apoyo feliz de consolidar esta clase de gobierno; pero una vez
que les presta el convencimiento íntimo de todos y cada uno
de los miembros que componen la sociedad, se hacen eternas,
invencibles e invulnerables; mas cuando no tienen otro garan
te que la autoridad armada de picas y bayonetas, se eluden en
todas partes, pues los hombres destinados a hacerlas obedecer,
cuyo número es cortísimo comparado con la masa de la Na
ción, no pueden multiplicarse haciéndose presentes en todos
los puntos del territorio, ni encadenar familias empeñadas en
sustraerse a su dominación.
Nosotros hemos adoptado un sistema de gobierno cuyo
sostén es sólo el espíritu público que no pueden crear y al que
no pueden resistir los agentes del poder; si éste no garantiza
las leyes, ellas quedarán sin vigor ni fuerza; pero si les presta
su apoyo nada habrá capaz de destruirlas ni debilitarlas.
De la naturaleza misma y de los fines y objetos de la socie
dad se deduce que las leyes no deben dictarse sino después de
un examen prolijo, circunspecto y detenido; pero la moral y la
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conveniencia pública exigen imperiosamente que una vez dic
tadas, sean fiel y religiosamente cumplidas, así por los parti
culares como por los agentes del poder. Porque ¿qué cosas son
las leyes? Las reglas a que un pueblo quiere sujetarse y bajo las
cuales quiere ser gobernado. ¿Y qué es infringir las leyes? Es
en el particular un crimen por el cual se pone en lucha y pugna
abierta con toda la sociedad; es un acto por el cual destruye en
cuanto está de su parte la confianza y seguridad pública; es,
finalmente, un rompimiento escandaloso del contrato a que
se ha obligado con la sociedad entera y en cuya virtud ésta le
asegura el ejercicio de sus derechos, su vida, su honor, el fruto
de su trabajo y de su industria. Las fatales consecuencias de
esta conducta son, en su persona, la pérdida total o parcial
de estos preciosos derechos, y en el público la alarma e inse
guridad que causa la falta de cumplimiento a la fe pactada y
a las promesas aceptadas y recibidas. ¿Y quién podrá dudar
que es mal de mucha consideración poner a la sociedad en el
duro trance de exterminar a uno de sus miembros o constituir
a los demás en un estado de riesgo e inseguridad perpetua?
Sólo un hombre destituido de los sentimientos de fraternidad
y compasión natural puede complacerse en los males de sus
semejantes, si son culpados; y es necesario tener un corazón
de hielo, o una comprensión muy limitada, para ver con in
diferencia los padecimientos a que quedan expuestas por la
impunidad del crimen las familias inocentes.
Generalmente sucede que el criminal o infractor de las leyes
no esté tan destituido de relaciones que sus padecimientos no
llenen de luto y aflicción a una familia desolada, compuesta tal
d o s d i s c u r s o s s o b r e l o s p e l i g r o s d e l d e s p o t i s m o 23
vez de padres ancianos, de mujer e hijos tiernos e inocentes,
todos sin más apoyo que el que debe sufrir la pena y todos
entregados sin culpa suya al más intenso dolor, a la orfandad
y a la indigencia.
Mas estos resultados no son los únicos temibles. Una
infracción conduce a otra; el que ha hollado las leyes, para
ponerse a cubierto de la autoridad que lo persigue, se ve en la
necesidad de cometer mil excesos, y con su pernicioso ejemplo
alienta a los demás a imitarlo, dándoles idea de la posibilidad
práctica de avanzar a semejantes atentados.
En efecto, el ejemplo es infinitamente seductor; naciones ha
habido en las que se han propagado por este medio funesto
mil crímenes desconocidos antes de ellas, sin que hayan bas
tado a contenerlos ni la severidad de las penas, ni la actividad
de la policía, ni las ejecuciones multiplicadas.
Quien haya observado filosóficamente el modo común y
regular de proceder de los hombres, no podrá dejar de conve
nir en la justicia de nuestras observaciones; los individuos de
nuestra especie obran más por imitación que por documentos
y discursos y sólo de este modo puede explicarse cómo se man
tienen en los pueblos costumbres bárbaras y usos ridículos,
cuando aunque tengan en su contra la opinión de la mayoría,
no hay quién se atreva a arrostrar con ellos y dar ejemplo a
los demás.
Si pues en una nación se da el caso de que se infrinjan las
leyes y se desprecien las penas que ellas designan para estos
crímenes, resistiendo con osadía su aplicación, hay mil mo
tivos para temer estar próxima la ruina del edificio social, el
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mayor de los males que puede sobrevenir al cuerpo político.
Esto puede precaverse muchas veces por el pronto, severo y
ejemplar castigo del delincuente; la espada vengadora de la
justicia puede restablecer la confianza y seguridad por medios
que aunque dolorosos y sensibles, dan necesariamente este
resultado, cuando uno o algunos miembros de la sociedad son
los infractores; mas cuando el poder mismo es el perpetrador
de estos atentados, ¿quién será capaz de contener el torrente
de males y calamidades que se precipita sobre la nación que
ha dado el ser a ese monstruo devorador?
En efecto, no sería creíble, a no metérsenos por los ojos,
que haya gobiernos tan insensatos que destruyan con la in
fracción de las leyes los títulos de su existencia y tan poco
previsores que no vean los resultados de esta conducta ilegal,
perjudicialísimos a sus intereses y a los de la sociedad toda.
Los títulos de los gobiernos están reducidos a la ley o la
fuerza, porque o ellos existen por la voluntad nacional expresa
o tácita y entonces son legítimos, o no tienen más ser que el
que les presta una pequeña parte de la sociedad opresora del
resto y entonces son despóticos. No hablamos aquí de esta
misma clase, pues a más de estar ya desterrados de todos los
países cultos, su naturaleza es tal que nada puede decirse de
ellos con exactitud y precisión, por no tener otra regla que la
voluntad de uno o muchos déspotas, ni otra garantía que la
fuerza, cosas ambas de su naturaleza variables e incapaces de
suministrar datos para formar un cálculo seguro. Nos fijare
mos pues en los primeros, es decir, en aquellos que no pueden
aparecer tales sino a virtud de algunas leyes, o lo que es lo mis
d o s d i s c u r s o s s o b r e l o s p e l i g r o s d e l d e s p o t i s m o 25
mo, de algunos pactos o convenciones que fijan sus facultades
y deberes, imponiéndoles una obligación rigurosa de no obrar
sino con arreglo a aquéllas, y sujetarse ciegamente a éstos.
¿Qué es pues la infracción de las leyes en semejantes gobier
nos? Es la destrucción de su ser. Es el momento mismo que las
traspasan, pulverizan sus títulos consignados en la voluntad
nacional. Ésta no quiso simplemente que gobernasen, sino
que lo hiciesen con total sujeción a ciertas reglas que les han
sido prescritas y cuya oportunidad y eficacia no está sujeta a
su calificación. El pretexto de la salvación de la patria que co
múnmente se alega, no los pone a cubierto de las empresas de
una facción que prevalida del mismo y auxiliada de la fuerza
puede derribarlos y entronizarse sobre sus ruinas, sin que en
caso tan apurado puedan alegar en su favor las leyes holladas
por ellos mismos, y destituidas con semejantes procedimientos
de su vigor y prestigio. Estas no son simples conjeturas, no son
discursos aéreos, son hechos comprobados por la experiencia.
La historia de todos los pueblos, y especialmente la de Francia
y las Américas, en sus revoluciones nos suministran infinitos
ejemplos comprobantes de esta verdad.
Napoleón, Iturbide y Sanmartín fueron los primeros que
socavaron con la transgresión de las leyes los cimientos de su
grandeza; se atuvieron a la fuerza para elevarse y otros a su
vez se valieron de la misma aunque con mejores títulos para
derrocarlos. Se engañan pues los hombres cuando aseguran
con arrogancia que las Constituciones son hojas de papel y
no tienen otro valor que el que el gobierno quiera darles. Esta
expresión que en boca del héroe de Marengo, de Jena y Aus
j o s é m a r í a l u i s m o r a26
terlitz, del hombre que salvó a Francia mil veces y llevó sus
armas victoriosas hasta el centro de Rusia, era de algún modo
tolerable, ha sido repetida y acaso no muy lejos de nosotros
por algunos pigmeos sin mérito, servicios ni prestigio, que
han aparecido como por encanto en la escena pública y nada
tienen de común con este hombre extraordinario, sino imi
tarlo; no en sus heroicas acciones, no en sus vastas empresas
llevadas a cabo en beneficio de las artes, legislación y comercio
que suponen una grande alma, sino en sus faltas y crímenes
más bajos, para lo cual basta un corazón perverso. Si pues
los grandes servicios de aquel famoso soldado no lo pudieron
poner a cubierto de la tempestad que se levantó contra él por
haber hollado los leyes de su patria; si los generales Iturbide
y Sanmartín a quienes no puede negárseles mérito personal,
prendas para gobernar y sobre todo el prestigio de haberse
puesto a la cabeza de ejércitos que decidieron la independencia
de México y el Perú, luego que salieron de la senda constitu
cional, cayeron con una rapidez asombrosa del alto puesto
que ocupaban, ¿qué suerte espera a los viles animalejos, a los
insectos despreciables que quieran imitarlos? La más triste y
miserable, haber causado el mal y perecer sin dejar memoria
ni vestigio de acciones transmisibles a la posteridad.
Pero la historia es perdida para hombres que no ven sino
lo material de los sucesos, sin pararse a examinar su origen y
resultados, ni penetrar en el fondo de las cosas. Las mismas
causas deben necesariamente producir los mismos efectos; sin
embargo los gobiernos se suelen engañar hasta persuadirse
que han de ser excepción de la regla general, cuando por lo
d o s d i s c u r s o s s o b r e l o s p e l i g r o s d e l d e s p o t i s m o 27
general no son sino un nuevo ejemplo que la comprueba. En
efecto, aunque los pueblos no rompan a los primeros extra
víos de sus jefes, al fin llegan a cansarse y sacudir el yugo que
los oprime; así es que la repetición de excesos que inspira
confianza a sus perpetradores, apura el sufrimiento de las na
ciones. No fíe pues ningún agente público de la tranquilidad
aparente que observe a los primeros pasos de sus extravíos;
entonces se empieza a formar la tempestad, que aunque tarde
vendrá a descargar sobre su cabeza y su estrago será tanto más
considerable, cuanto lo sean los materiales que han entrado
a constituirla.
Hasta aquí hemos hecho ver los inconvenientes de la trans
gresión de las leyes; pero aún no hemos explicado en qué con
siste ésta, punto que a nuestro juicio necesita ilustrarse, pues
no es tan llano como parece a primera vista.
Un gobierno puede traspasar las leyes haciendo lo contra
rio de lo que ellas prescriben, obrando fuera de las facultades
que ellas le conceden y haciendo o disimulando que sus agen
tes procedan del mismo modo. El primer modo está a la vista
de todos y no necesita de explicación, pero no así los demás.
No cumplir lo que las leyes mandan, por ejemplo negar el
auxilio a un tribunal que lo pide, cuando se le concede a otro
de la misma clase aunque de grado inferior, es por su esencia
y naturaleza una infracción sujeta a la misma responsabilidad
y origen de todos los males que acabamos de exponer, porque
el compromiso y juramento que se presta de su observancia
abraza no sólo la obligación de no contrariarlas, sino tam
bién la de cumplirlas; las omisiones son frecuentemente tan
j o s é m a r í a l u i s m o r a28
perjudiciales y aun más que las mismas transgresiones, pues
cuando éstas no pueden ocultarse a nadie, aquéllas se escapan
sin cesar aun a la más perspicaz vigilancia. Así es que todos
se alarman con los ataques verdaderos o supuestos que se
dan contra la legal. Sin embargo, estos objetos son de primer
interés y las naciones que los han visto con descuido y aban
dono tarde o temprano han tenido que arrepentirse y llorar
los funestos resultados de su negligencia.
Otro exceso hoy bastante común en los gobiernos y es per
suadirse o afectar, que pueden todo aquello que la ley no les
prohíbe, cuando es cierto que no están autorizados sino para
lo que ella los faculta. A esta persuasión ha dado origen el
error capital de que la Constitución y las leyes vienen a poner
límites a un poder que ya existía, revestido de facultades om
nímodas, y no a crearlo y a formarlo. Semejante error podrá
ser disculpable en las naciones de Europa que reconocen el
principio de la legitimidad y en la suposición de la autoridad
de los reyes independiente de los pueblos; pero no en América,
cuyos gobiernos son de época reciente y de origen conocido.
En el país de Colón, los jefes de las repúblicas no tienen otros
títulos que la voluntad nacional consignada en las Consti
tuciones sancionadas por los representantes de los pueblos;
nada pues pueden obrar legalmente fuera de las facultades
que les han sido expresamente concebidas. De lo contrario
resultaría que sin tocar en lo más mínimo las leyes, estarían
facultados para destruir las garantías sociales, atentar contra
la seguridad personal, dilapidar el tesoro público y ejercer el
poder arbitrario en toda la extensión ilimitada de la palabra,
d o s d i s c u r s o s s o b r e l o s p e l i g r o s d e l d e s p o t i s m o 29
sin que pudiese hacérseles una reconvención legal. Las leyes no
impiden directamente estos males; ellas se reducen a prohibir
ciertos actos y procedimientos que conducen naturalmente a
cometerlos; mas como la enumeración que pueda hacerse de
los medios que conducen a su infracción jamás puede ser ca
bal, por las relaciones infinitamente variadas que existen entre
las acciones humanas y los diferentes aspectos que presentan,
nunca podrá conseguirse poner coto al poder de los gobiernos
si quedan facultados para hacer todo lo que no se les prohíbe
expresamente, y no se procura limitarlos al ejercicio de aque
llas funciones que les han sido prescritas y forman la fuerza
de su actividad política.
El medio más frecuente de que hacen uso los gobiernos
para hollar las leyes es valerse de los agentes subalternos cuan
do tienen un interés muy conocido en dar este paso siempre
peligroso y quieren ponerse a cubierto de la censura pública
que comprometa su seguridad. Napoleón, que ha ejercido más
que ningún otro la tiranía, pero siempre tras de un fantasma
de representación nacional y bajo de apariencias y formas
liberales, se puede decir que es el creador de este sistema so
lapado. Él ha hecho este funesto presente a las naciones que
acaban de sacudir el yugo que habían llevado por siglos, y por
desgracia no le han faltado imitadores entre los jefes que se
han puesto a la cabeza de los nuevos gobiernos. La conducta
de Sanmartín, la de lturbide y últimamente la de Bolívar, jefe
de una nación conquistadora, es demasiado conforme a la de
aquel emperador. Bolívar, para sobreponerse a la voluntad
nacional solemnemente consignada en una Constitución, y
j o s é m a r í a l u i s m o r a30
Sanmartín e Iturbide para sofocarla impidiendo se instalase la
asamblea constituyente, o diese el lleno a sus funciones, han
esparcido sus agentes, colocándolos a todos en puestos impor
tantes; en seguida los han alentado para que infrinjan las leyes,
o pidan a mano armada su revocación, pretextando peligros
y conspiraciones, haciendo valer la necesidad supuesta de dar
energía al gobierno y atropellar con todas las formas tutelares
de la libertad civil y seguridad individual; se ha procurado que
estos agentes hagan aparecer en oposición los intereses de la
libertad con los de la independencia nacional, para que par
tiendo de suposición tan falsa como imposible, se sacrifiquen
éstos en obsequio de la conservación de aquéllos. En vano los
verdaderos amantes de la Patria han levantado el grito contra
semejantes supercherías, se les ha hecho callar persiguiéndolos
por la violencia o por apodos denigrativos de su conducta; se
han contrapuesto a sus sólidos discursos, temores abultados
y sofisterías estudiadas, y se ha dado el nombre de opinión
pública a los alborotos populares y a los actos de la fuerza. De
este modo se ha perdido o retardado el fruto de las revolucio
nes y de tanta sangre vertida por alcanzar el goce de derechos
que se pierden en el momento preciso que debían empezarse a
disfrutar. Lo decimos seguros de no equivocarnos: los pueblos
no han peleado precisamente por la independencia sino por la
libertad; no por variar de señor, sino por sacudir la servidum
bre, y muy poco habrían adelantado con deshacerse de un ex
traño, si habían de caer bajo el poder de un señor doméstico.
Éste no deja de serlo porque carezca de título y denominación
de rey; los nombres en nada alteran ni varían la sustancia de
d o s d i s c u r s o s s o b r e l o s p e l i g r o s d e l d e s p o t i s m o 31
las cosas. Desde el momento en que el Gobierno o sus agentes
traspasan impunemente las leyes, sea cual fuere la denomina
ción y forma de éstos o aquél, la confianza pública desaparece,
la libertad es perdida y la revolución queda armada. Romperá
más tarde o más temprano, sus resultados serán más o menos
funestos, pero ella es inevitable.
Así es como se perpetúan sin intermisión las reacciones
civiles de un pueblo, haciendo de él un campo de guerra y de
destrucción, que a la larga será presa del primer usurpador
ambicioso. Donde no hay fuerza moral, donde no hay unión,
patriotismo ni libertad, no hay tampoco defensa contra la
usurpación.
Discite justitiam motivi, clamamos pues a los Gobiernos:
Modelad vuestro poder a las leyes, si queréis conservarlo; y
a los pueblos: Refrenad al Gobierno y sabed que cuantos es
fuerzos hagáis por vuestra libertad, los hacéis por la felicidad
de la nación y el crédito de vuestros jefes. El mayor bien de
los pueblos es ser obedientes a la ley; el mayor bien de los
Gobiernos es la dichosa necesidad de ser justos.*
*El Observador de la República Mexicana, 1a. época. Tomado de J.L. Mora, Obras sueltas, Ed. Porrúa, S.A., 2a. ed., México, D.F., 1963, 775 pp.
Francisco Zarco
LA LIbERTAD DE PRENSA
Debo comenzar declarando, como mi apreciable amigo
el señor Cendejas, que al votar en contra del artículo 13 he
estado muy lejos de oponerme al principio de que la mani
festación de las ideas no sea jamás objeto de inquisiciones
judiciales o administrativas. He votado en contra de las trabas
que ha establecido la comisión y que repugna mi conciencia,
porque veo que ellas nulifican un principio que debe ser am
plio y absoluto.
Entrando ahora en la cuestión de la libertad de imprenta,
he creído de mi deber tomar parte en este debate porque soy
uno de los pocos periodistas que el pueblo ha enviado a esta
asamblea, porque tengo en las cuestiones de imprenta la expe
riencia de muchos años, y la experiencia de víctima, señores,
que me hace conocer inconvenientes que pueden escaparse a
la penetración de hombres más ilustrados y más capaces, y
porque, en fin, deseo defender la libertad de la prensa como
La libertad de prensa
DISCURSO PRONUNCIADO EL 25 DE JULIO DE 1856 ANTE
EL CONGRESO CONSTITUYENTE
f r a n c i s c o z a r c o36
la más preciosa de las garantías del ciudadano y sin la que son
mentira cualesquiera otras libertades y derechos.
Un célebre escritor inglés ha dicho: “Quitadme toda clase de
libertad, pero dejadme la de hablar y escribir conforme a mi con
ciencia”. Estas palabras demuestran lo que de la prensa tiene que
esperar un pueblo libre, pues ella, señores, no sólo es el arma más
poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento
más eficaz y más activo del progreso y de la civilización.
Los ilustrados miembros de nuestra comisión de Constitu
ción que profesan principios tan progresistas y tan avanzados
como los míos sin quererlo, porque no lo pueden querer, dejan
a la prensa expuesta a las mil vejaciones y arbitrariedades a
que ha estado sujeta en nuestra patria. Triste y doloroso es
decirlo, pero es la pura verdad: en México jamás ha habido
libertad de imprenta; los gobiernos conservadores, los que
se han llamado liberales, todos han tenido miedo a las ideas,
todos han sofocado la discusión, todos han perseguido y mar
tirizado el pensamiento. Yo, a lo menos, señores, he tenido
que sufrir como escritor público ultrajes y tropelías de todos
los regímenes y de todos los partidos.
El artículo debiera dividirse en partes para que los verda
deros progresistas pudiéramos votar en favor de las que están
conformes con nuestra conciencia. Pero si el derecho y las
restricciones que lo aniquilan han de formar un todo, votare
mos en contra, pues al votar no podemos hacer explicaciones
ni salvedades.
Se establece que es inviolable la libertad de escribir y pu
blicar escritos en cualquiera materia. Perfectamente. En este
l a l i b e r t a d d e p r e n s a 37
punto estoy enteramente de acuerdo, porque la enunciación
de este principio no es una concesión, es un homenaje del
legislador a la dignidad humana, es un tributo de respeto a la
independencia del pensamiento y de la palabra.
Yo creo que la opinión, si puede ser error, jamás puede ser
un delito; pero de este principio absoluto no llego al extremo
que sostiene el ilustrado señor Ramírez, pues convengo en que
el bien de la sociedad exige ciertas restricciones para la liber
tad de la prensa. Si estamos mirando que las predicaciones de
un clero fanático excitan al pueblo a la rebelión, al desorden
y a todo género de crímenes, y que la profanación del púlpito
con todas sus funestas consecuencias no es más que el abuso
de la palabra, ¿cómo hemos de negar que un periodista puede
causar los mismos males y conducir al pueblo a la asonada, al
incendio y al asesinato? La ley que consintiera este escándalo,
sería una ley indolente y maléfica.
Vemos cuáles son las restricciones que impone el artículo.
Después de descender a pormenores reglamentarios y que to
can a las leyes orgánicas o secundarias, establece como límites
de la libertad de imprenta el respeto a la vida privada, a la
moral y a la paz pública. A primera vista esto parece justo y
racional; pero artículos semejantes hemos tenido en casi todas
nuestras constituciones, de ellos se ha abusado escandalosa
mente, no ha habido libertad y los jueces y los funcionarios
todos se han convertido en perseguidores.
¡La vida privada! Todos deben respetar este santuario; pero
cuando el escritor acusa a un ministro de haberse robado un
millón de pesos al celebrar un contrato, cuando denuncia a un
f r a n c i s c o z a r c o38
presidente de derrochar los fondos públicos, los fiscales y los
jueces sostienen que cuando se trata de robo se ataca la vida
privada y el escritor sucumbe a la arbitrariedad.
¡La moral! ¡Quién no respeta la moral! ¡Qué hombre no la
lleva escrita en el fondo del corazón! La calificación de actos
o escritos inmorales la hace conciencia sin errar jamás; pero
cuando hay un gobierno perseguidor, cuando hay jueces co
rrompidos y cuando el odio de partido quiere no sólo callar
sino ultrajar a un escritor independiente, una máxima políti
ca, una alusión festiva, un pasaje jocoso de los que se llaman
colorados, una burla inocente, una chanza sin consecuencia,
se califican de escritos inmorales para echar sobre un hombre
la mancha del libertino.
¡La paz pública! Esto es lo mismo que el orden público. El
orden público, señores, es una frase que inspira horror; el or
den público, señores, reinaba en este país cuando lo oprimían
Santa Anna y los conservadores, cuando el orden consistía
en destierros y en proscripciones. ¡El orden público se resta
blecía en México cuando el ministro Alamán empapaba sus
manos en la sangre del ilustre y esforzado Guerrero! ¡El orden
público, como hace poco recordaba el señor Díaz González,
reinaba en Varsovia cuando la Polonia generosa y heroica
sucumbía maniatada, desangrada, exánime, al bárbaro yugo
de la opresión de la Rusia! El orden público, señores, es a me
nudo la muerte y la degradación de los pueblos, es el reinado
tranquilo de todas las tiranías! ¡El orden público de Varsovia
es el principio conservador en que se funda la perniciosa teoría
de la autoridad ilimitada!
l a l i b e r t a d d e p r e n s a 39
¿Y cómo se ataca el orden público por medio de la imprenta?
Un gobierno que teme la discusión ve comprometida la paz y
atacado el orden si se censuran los actos de los funcionarios;
el examen de una ley compromete el orden público; el reclamo
de reformas sociales amenaza el orden público; la petición de
reformas a una constitución pone en peligro el orden público.
Este orden público es deleznable y quebradizo y llega a destruir
la libertad de la prensa, y con ella todas las libertades.
Yo no quiero estas restricciones, no las quiere el partido
liberal, no las quiere el pueblo, porque todos queremos que
las leyes y las autoridades, y esta misma Constitución que esta
mos discutiendo, queden sujetas al libre examen y puedan ser
censuradas para que se demuestren sus inconvenientes, pues
ni los congresos, ni la misma Constitución, están fuera de la
jurisdicción de la imprenta.
Si admitimos estas vagas restricciones, dejamos sin ningu
na garantía la libertad del pensamiento, y el señor Cendejas
tiene razón al recordar las palabras de Beaumarchais: habrá
libertad de imprenta para todo, con tal que no se hable de po
lítica, ni de administración, ni del gobierno, ni de ciencias, ni
de artes, ni de religión, ni de los literatos, ni de los cómicos...
Esta es la libertad que no queda. Para hablar así me fundo en
la experiencia.
En tiempos constitucionales, fiscales y jueces me han
perse guido como difamador porque atacaba una candidatura
pre si dencial, y cuantas razones políticas daba la prensa para
oponerse a la elevación del general Arista eran calificadas de
ataques a la vida privada.
f r a n c i s c o z a r c o40
La comisión, que quiere que el pueblo ejerza las funciones
de juez, establece el jurado para los juicios de imprenta: pero
ese jurado no es el juicio del pueblo por el pueblo, no es el
juicio de la conciencia pública, no ofrece ninguna garantía.
Es, por el contrario, la farsa de la justicia, la caricatura del
ju rado popular. Un solo jurado ha de calificar el hecho y ha
de aplicar la ley. La garantía consiste en que haya un jurado
de calificación y otro de sentencia, para que así la defensa no
sea vana fórmula y un jurado pueda declarar que el otro se ha
equivocado. Establecer las dos instancias en un mismo tribu
nal es un absurdo, porque los hombres que declaran culpable
un hecho no lo absolverán después, no confesarán su error,
porque acaso sin quererlo podrá más en ellos el amor propio
que la justicia. El conocimiento de la miseria y del orgullo hu
mano hace conocer esta verdad.
Pero aún hay más. El jurado que ha de calificar el hecho,
que ha de aplicar la ley, que ha de designar la pena, ha de obrar
bajo la dirección del tribunal de justicia de la jurisdicción res
pectiva. ¿Qué significa esto, señores? ¿Qué queda entonces del
jurado? La apariencia, y nada más. Los ciudadanos sencillos y
poco eruditos que van a formar el jurado no deben tener más
director que su conciencia. Ellos deben leer el escrito, pesar la
intención del escrito, porque en juicios de imprenta las inten
ciones merecen más examen que las palabras, oír la defensa y
la acusación, y fallar en nombre de la opinión pública. Nada
de esto sucedería con la dirección del tribunal de justicia. El
jurado pierde su independencia, se ve invadido por los hom
bres del foro con todas sus chicanas, con todas sus argucias;
l a l i b e r t a d d e p r e n s a 41
los jurados quedarán confundidos bajo el peso de las citas em
brolladas de la legislación de Justiniano, de las Pandectas, de
las Partidas, del Fuero Juzgo, de las leyes de Toro, de las leyes
extranjeras, de todos los códigos habidos y por haber, y ya
no fallarán en nombre de la opinión pública. Los jueces serán
muchas veces instrumentos del poder, y, suponiéndolos probos
y honrados, los jurados que no son hombres de tribuna ni de
polémica, los jurados que no tendrán el atrevimiento que aquí
tenemos algunos para contradecir a las notabilidades famosas
y para no fiarnos ciegamente en su autoridad, los jurados que
tendrán también su amor propio y no se resignarán como
nosotros a pasar por ignorantes, los jurados, señor, se dejarán
gobernar por textos latinos, sólo por no confesar que no los
entienden y se dejarán guiar por la influencia de los peritos, de
los maestros, en punto a delitos y penas. Esto es desnaturali
zar la institución más popular, esto es jugar con las palabras y
destruir de un golpe la libertad de la prensa. Me declaro, pues,
en contra de todo el artículo.
¿Queréis restricciones? Las quiero yo también, pero pru
dentes, justas y razonables. Aunque lo que voy a proponer
parece más bien propio de la ley orgánica, yo desearía que se
adoptara como principio en la misma Constitución. Propongo
que se establezca que ningún escrito pueda publicarse sin la
firma de su autor, y en esto no encuentro ninguna restricción
ni taxativa que sea contraria a la verdadera libertad. Cuando
hablamos, lo hacemos con la cara descubierta; quien recibe
un anónimo lo mira con desprecio. ¿Qué inconveniente hay,
pues, en que todo hombre honrado que escribe conforme a su
f r a n c i s c o z a r c o42
conciencia ponga su nombre al pie de sus escritos? Las Cortes
de España acaban de decretar este requisito, y ellas son emi
nentemente progresistas y muy amigas de la libertad. Yo no
hallo más que un inconveniente, que es demasiado ligero. El
escritor novel por una modesta timidez huye de la publicidad,
teme el ataque violento de la crítica; pero una vez vencida esta
timidez, hay más conciencia en el escritor y más seguridad
para la sociedad.
En nuestro país ha introducido esta reforma la ley que hace
poco expidió el señor Lafragua, y, sin que se crea que hay in
consecuencia en mi conducta, me es grato defender aquí ese
acto del ministro de Gobernación, a quien más de una vez he
tenido que atacar. Las restricciones de la ley Lafragua nacieron
de las circunstancias. Al triunfar el Plan de Ayutla, al estable
cerse el gobierno actual, estaban en pie todos los elementos
que podían frustrar los heroicos esfuerzos del pueblo hechos
en favor de la libertad. La dictadura hizo muy bien en expedir
una disposición que sólo podemos aceptar como transitoria.
Pero la ley Lafragua es tan liberal como lo permitían las cir
cunstancias; ofrece garantías, establece un juicio con todos
los trámites legales, respeta el derecho de defensa, concede el
recurso de la segunda instancia, y no es, en fin, una venganza
ni una represalia contra nuestros adversarios. Compárese la
ley Lafragua con la ley Lares, y se verá la diferencia. Ahora
hay juicio, hay defensa, y nadie está expuesto a tropelías. Bajo
la administración conservadora, la imprenta era negocio de
policía y la pena venía sin juicio, sin audiencia, sin defensa.
Un Lagarde, un esbirro, entraba a mi redacción y me decía:
l a l i b e r t a d d e p r e n s a 43
“Pague usted doscientos pesos de multa”. Preguntaba uno por
qué, cuál era el artículo denunciado, y se le contestaba: “No
tiene usted derecho a preguntar. Si no paga dentro de dos ho
ras, se suspende el periódico y marcha usted a Perote”. Este era
todo el procedimiento. En la ley Lafragua no hay, pues, nada
de represalia, nada de venganza. Ella ha exigido la firma, y ha
sucedido lo que era de esperarse: los periodistas liberales han
dado sus nombres: los conservadores se han parapetado tras
de firmones, tras de nombres supuestos, tras de pobres ca jis tas ,
tras de miserables encuadernadores, porque son miserables y
villanos.
Y no se diga que esto procede de las circunstancias y de
que el partido liberal está triunfante. La prensa conservado
ra en sus días de prosperidad y de jauja, cuando vivía de los
fondos públicos como el Universal, o de dinero de las cajas de
La Habana, como el Tiempo, cuando escribían sus notabili
dades como don Lucas Alamán y el padre Miranda, ¡siempre
la misma cobardía, siempre los firmones, siempre el ataque
asemejándose al puñal aleve del asesino!
En la prensa liberal, por el contrario, me es honroso el de
cir lo, nuestras redacciones han estado siempre abiertas a todo
el mundo, a los jueces y a los esbirros; a los amigos y a los per
seguidores y a cuantos han querido explicaciones personales.
Cuando gran parte de la prensa de esta capital protestó contra
la candidatura del señor Arista, se convino en que todos die
ran sus nombres: conservadores y santanistas se escondieron
y sólo aceptaron la responsabilidad dos periodistas liberales
que hoy tienen la honra de pertenecer a esta asamblea, el
f r a n c i s c o z a r c o44
señor Lazo Estrada y yo. Esta diferencia no consiste ni en la
desgracia ni en la fortuna.
¿Qué días de prosperidad hay para el escritor que en Méxi
co defiende los principios liberales? ¿Qué puede esperar sino
desengaños y sufrimientos, cuando nuestro partido se divide el
día de sus triunfos, cuando la discordia debilita nuestras filas,
cuando, unidos como conspiradores, nos dividimos siempre
al llegar al poder? Triunfamos, pero nuestras divisiones nos
hacen caer. Vencemos; pero nuestras discordias nos conducen
bien pronto a la condición de vencidos. No fiamos, pues, en la
fortuna al atacar a las clases privilegiadas, al defender los in
tereses del pueblo, al denunciar las negras maquinaciones del
clero, al reclamar la libertad religiosa que aquí decretaremos.
Sabemos muy bien lo que nos espera cuando triunfen nuestros
adversarios. Combatimos contra una facción cruel y sangui
naria; hemos atacado al clero, que es un enemigo rencoroso e
implacable en sus venganzas, obtendremos el cadalso o el gri
llete; pero a todo estamos resignados, porque somos hombres
de conciencia. Pero qué, ¿hay acaso días de prosperidad para
el escritor liberal? No, señores, no hay más que amarguras y
sufrimientos, no hay más que injusticias y desengaños... El
hombre que consagra su vida entera, su inteligencia toda, a ser
el eco o el intérprete de un partido, a dirigir la opinión, el que
pudiera extraviarla en un momento de despecho, este hombre,
señores, que se convierte en el verbo de un pueblo entero,
no encuentra en su camino más que calumnias e injusticias
Yo mismo, señores, que siempre he defendido los principios
liberales, que he procurado el desarrollo de la revolución de
l a l i b e r t a d d e p r e n s a 45
Ayutla, que he marchado sin retroceder por el camino de la
reforma, que he comprometido mi porvenir y mi tranquilidad
apoyando al gobierno actual como representante de la revo
lución; yo mismo, señores, me encuentro con que porque soy
franco, porque no disimulo jamás la verdad, soy considerado
como hostil al gobierno. Los ministros y el mismo presidente
de la República me consideran como a enemigo ambicioso, a
mí, que no anhelo más que el bien público ¡Oh!, tanta miseria
no irrita, inspira sólo... compasión. ¡Estos son nuestros días
de prosperidad!
Perdóneseme esta digresión. Decía yo que los escritores
conservadores siempre ocultan su nombre, y entiendo que el
que niega sus escritos procede así porque no lleva limpia la
frente, porque su nombre no está sin mancha. En la prensa
conservadora, refugio de aventureros, madriguera de advene
dizos y carlistas que, expulsados por la España liberal, vienen
aquí a buscar un pedazo de pan y no lo ganan sino con la
diatriba y la calumnia, con predicar la sedición y el fanatismo,
con insultar al pueblo hospitalario dispuesto a recibirlos como
hermanos, en la prensa conservadora, ¿qué nombres pueden
darse a luz? ¿Quién los conoce, qué significación política pu
dieran tener? Hoy mismo los que atizan la tea de la discordia,
los que insultan al gobierno, los que calumnian al Congreso,
los que vilipendian al pueblo, los que ultrajan la libertad, los
que provocan la reacción, los que suscitan el fanatismo, se
ocultan bajo el anónimo, hieren como villanos, porque son
pérfidos y cobardes. [...] En mi concepto, mi amigo el señor
Cendejas tiene razón al ver en este artículo algo de una arma
f r a n c i s c o z a r c o46
de partido, arma que, yo añado, puede ser de dos filos. Si
hemos consentido las restricciones de la ley Lafragua, al dar
la Constitución que será nuestra obra, que será la obra del
pueblo, haya tanta libertad para nosotros como para nuestros
adversarios. Nada de represalias, nosotros no huimos de la
discusión, no la tememos. Respetamos las opiniones de buena
fe; de ellas nace la luz. En cuanto a la oposición conservadora,
con toda su hiel y toda su ponzoña, ¿qué puede hacer? Nos
llamará locos y bandidos, insensatos y socialistas; se burlará
de los congresillos, se mofará de la soberanía del pueblo, ata
cará la libertad religiosa y nos hablará de los felices tiempos
de la inquisición, disparará diatribas contra la libertad y nos
hablará de orden público y de autoridad ilimitada. ¿No ten
dremos nada que contestarle? Sí, hablaremos del juicio con
que crearon los conservadores la Orden de Guadalupe; a esos
hombres tan religiosos y tan honrados les contaremos la his
toria de la Mesilla y de las gotas de agua, la venta de nuestros
hermanos de Yucatán, los destierros, los robos, los escánda
los, los sacrilegios, la prostitución, el vilipendio y la bajeza
que caracterizaron al gobierno de los hombres decentes, de
los hombres de bien; probaremos, en fin, lo que fue aquella
funesta administración en que los prohombres se convirtieron
en verdugos y en esbirros, en que presidente y ministros y di
plomáticos y hombres de estado, no tenían más competencia
que la del robo, y mientras la nación sufría la miseria y la
opresión, como perros y gatos se disputaban en la tesorería
hasta el último peso. Tal fue la administración de S.A.S.
l a l i b e r t a d d e p r e n s a 47
DISCURSO PRONUNCIADO EL 28 DE JULIO DE 1856 ANTE
EL CONGRESO CONSTITUYENTE
Me es sensible tener que insistir en mis objeciones en contra
del artículo, porque las explicaciones de la comisión están, en
mi concepto, muy lejos de ser satisfactorias.
Señores, mientras la imprenta se considere sólo bajo el
aspecto del espíritu de partido, mientras el partido triunfante
no vea en ella más que un elemento de oposición, mientras
el legislador no contemple a la prensa sino como un ariete
contra los gobiernos, no saldremos de nuestra antigua rutina,
no afianzaremos la libertad del pensamiento, y una timidez
mal disimulada mantendrá las restricciones vagas, las trabas
arbitrarias que hoy nos propone la comisión.
Examinemos la prensa como simple manifestación del pen
samiento, veámosla como instrumento del progreso humano,
contemplémosla bajo el aspecto de la ciencia, del arte, de la
civilización; demos una rápida ojeada a la historia de sus
inmarcesibles glorias y de sus cruentos martirios y veremos,
señores, que las trabas mal definidas, como la de la moral, que
consulta la comisión, han sido el origen de todas sus persecu
ciones y las que han hecho ilusoria su libertad.
No cansaré al Congreso acumulando citas históricas de lo
que ha sufrido la prensa en los países todos del mundo. Me
limitaré a la Francia, que es uno de los pueblos que más se
ha aprovechado de la luz de la imprenta y que es la nación
que más resplandores ha derramado sobre el mundo. Asom
brada la Europa con el portentoso invento de Gutenberg, la
f r a n c i s c o z a r c o48
imprenta encontró durante mucho tiempo, favor, protección
y libertad, no de repúblicas, no de congresos compuestos de
liberales, sino de los pontífices, de los reyes absolutos, que se
disputaban la honra de tener en sus cortes a los tipógrafos
famosos, como los Aldo Manucio, los Gering y los Elzenvir.
Este favor se dispensaba conforme a las ideas de la época, con
privilegios, con distinciones, y formando gremios para fa ci litar
el desarrollo del arte. A este favor se opuso un clero faná tico e
ignorante que no pudo discutir con la reforma, que se aterrori
zó con las predicaciones de Lutero y que reputó como herejes
a todos los que hablaban del dogma aun cuando defendieran
el catolicismo. A las intrigas del clero se debió la triste orde
nanza de Francisco I, que suprimió el uso de la im prenta en
todo el reino para salvar la moral que estaba en peligro con
la multitud de libros, ordenanza que el mismo rey revocó des
pués, honrando a la prensa y confesando que el mismo clero
lo había engañado y sorprendido.
No bien se supo en Francia el descubrimiento de la impren
ta, cuando el rey Carlos VII envió a Maguncia al grabador
Nicolás Jenson a estudiar este arte. Luis XI, que comprendió
la importancia de este invento y quiso aprovecharlo, llamó
a Gering y a sus asociados, en 1474, para fundar la primera
imprenta de París, hizo que se naturalizaran y les concedió
hasta el derecho de testar, lo que en aquellos tiempos era un
gran favor.
En 1458 se permite la enseñanza del griego al sabio Gre
gorio Tifernas, y este hecho es muy notable en la historia de
la imprenta, porque de él vino en Francia el estudio de los
l a l i b e r t a d d e p r e n s a 49
clásicos, el progreso de la literatura, y porque a él se opusie
ron tenazmente frailes tan ignorantes como algunos de los
que tenemos hoy, y, hubo señores, sacerdotes que dijeran en
el púlpito estas palabras: “Se ha inventado una nueva lengua
que se llama griega, de la que es menester guardarse porque
engendra todas las herejías. En cuanto al hebreo, está probado
que los que lo aprenden inmediatamente se vuelven judíos”. Y
Noel Beda, síndico de la facultad de teología, se atrevió a decir
en pleno parlamento estas palabras: “La religión se pierde si
permitimos imprimir en griego y en hebreo, porque queda
destruida la autoridad de la Vulgata”.
Y el famoso predicador Maillard dirigía a los libreros esta
ferviente exhortación para que no publicaran la Biblia en len
gua vulgar: “¡Pobres hombres, no os basta condenaros, sino
que queréis condenar a los demás imprimiendo libros en que
se habla de amor y que son una ocasión de pecado”.
Así, pues, señores, la lengua de Platón, la lengua de la Bi
blia, la misma lengua francesa que hablaba el pueblo, estuvie
ron en riesgo de ser proscritas como contrarias a la moral.
En 1488, Carlos VIII concede grandes privilegios a los im
presores, a los libreros y a los fabricantes de papel. declarando
a los impresores libreros miembros de la universidad y es
tableciendo, para honrar a la imprenta, que nadie pudiese tener
taller público sin haber pasado cuatro años de aprendizajes y
que los maestros y los correctores supiesen hablar el latín y leer
el griego.
En 1513, Luis XII expidió un edicto famoso en que dice
que considerando el inmenso beneficio que ha resultado a su
f r a n c i s c o z a r c o50
reino por medio del arte y ciencia de la imprenta, invento que
parece más divino que humano, confirma todos los privilegios
anteriores, exime a la imprenta de contribuir al subsidio ex
traordinario de treinta mil libras y declara los libros exentos
de todo derecho de peaje.
Francisco I, como arrepentido de su bárbaro edicto, no
sólo confirmó todos los privilegios del arte tipográfico, sino
que exceptuó a todos los impresores del servicio de las armas
y del de policía para no perjudicarlos en el noble ejercicio de
su profesión.
En 1539 se dio el célebre reglamento sobre los salarios y las
relaciones entre los maestros y los oficiales, y se estableció que,
para dictar disposiciones en materia de imprenta, era preciso
oír previamente a los impresores. Por este tiempo se debieron
a Francisco I las primeras impresiones en lengua árabe.
Enrique II confirma los privilegios de la imprenta y toma
el mayor empeño en arreglar la venta del papel a precio bajo,
y, pocos años después, este artículo quedó exento de todo
derecho.
El mismo Carlos IX, el verdugo de la SaintBarthélemy,
tiene que honrar a la imprenta, y se ve obligado a revocar el
edicto que gravó con impuestos al papel.
Enrique III declara en 1583 que la imprenta no está sujeta
a las tasas que pesan sobre las artes y oficios, porque nunca
debe ser considerada como un arte mecánico.
El generoso Enrique IV va todavía más lejos y exime a la
imprenta de todo género de contribuciones. Este edicto es con
firmado por Luis XIII.
l a l i b e r t a d d e p r e n s a 51
En 1618 se expide el reglamento que fue hasta el tiempo de
la revolución la carta magna de la imprenta y que no imponía
taxativas al pensamiento sino que cuidaba de la belleza del
arte, de la corrección de los libros, del uso de buenos carac
teres. En todo esto era tal la escrupulosidad de los impresores
de entonces, que exponían sus pruebas al público, pagando las
correcciones, que aspiraban a poder poner al frente de sus libros
sine menda y que de la ciudad de Wurzburgo fue desterrado un
impresor a petición de los demás porque había deshonrado el
arte con una errata de la que resultaba un sentido obsceno.
En 1634 se funda la Academia Francesa, se reúne en la casa
del impresor Camusat, y este impresor tiene la gloria de servir
de órgano a aquel cuerpo literario hablando muchas veces en
su nombre.
El asombroso progreso intelectual del siglo de Luis XIV
prueba que durante su reinado no faltó protección a la im
prenta. En efecto, este rey que dio poderoso impulso al graba
do confirmó los privilegios de la tipografía, lIamándola en su
ordenanza, “la más bella y la más útil de las artes, digna del
mayor esplendor”, y con su propia mano tiró en la prensa los
primeros pliegos de las Memorias de Felipe de Commines.
Luis XV exime a los impresores no sólo de impuestos, sino
de todo servicio personal y de la obligación de dar bagajes y
alojamientos a las tropas, e imprime él mismo la obra Curso
de los principales ríos de la Europa.
El infortunado Luis XVI protege a la imprenta, devuelve
la libertad a los impresores encarcelados arbitrariamente, e
imprime por sí mismo las Máximas sacadas del Telémaco.
f r a n c i s c o z a r c o52
En todo el periodo que hemos recorrido, no sólo los reyes,
sino los particulares, honraban a la imprenta y tenían prensas
en su casa. El cardenal Richelieu imprime las obras de Epíteco,
de Sócrates, de Plutarco y de Séneca. La madre de Luis XIV
imprime La elevación del corazón a nuestro Señor Jesucristo.
Madama de Pompadour imprime los versos de Corneille; el
duque de Choiseul imprime sus Memorias; Franklin, el ilustre
americano, imprime en París, en su casa particular, su famoso
Código de la razón humana, y Valentín Haüy funda una im
prenta para enseñar el arte a los ciegos.
Poco más o menos, esta fue la situación de la imprenta en
todas las naciones cultas de la Europa. La Alemania, la In
glaterra, la Holanda, la Italia, la España, le dispensaban todo
género de gracias y favores.
Pero esta misma época de prosperidad no estuvo exenta de
martirios, y el arte contó entre sus glorias la del sacrificio de
grandes escritores y de ilustres impresores.
En el año de 1533 la Sorbona pidió la abolición completa
de la imprenta, porque Lutero la había llamado “la segunda
emancipación del género humano”. La Sorbona no logró su
intento, pero al año siguiente se fijaron en las esquinas de Pa
rís unos pasquines contra la misa y contra la presencia real.
El clero hizo una solemne procesión y por fin de fiesta fueron
quemados vivos seis impresores, y esto se hizo en nombre de
la moral.
En 1538, el parlamento prohíbe los Salmos de David, y
los cantos sublimes del rey profeta se ven anatematizados en
nombre de la moral.
l a l i b e r t a d d e p r e n s a 53
El mismo anatema cae sobre las obras de Erasmo, a quien
llamaban los frailes la Bestia erudita, sobre las de Melanchton,
sobre las de Dorphan y sobre las de Bonalfosci.
Por entonces nace la previa censura encomendada a la uni
versidad y a la facultad de teología. La primera víctima de este
examen es el ilustre impresor Dolet, poeta, bibliófilo, abogado,
historiador, médico y traductor de los clásicos de la antigüedad.
Este hombre insigne, señores, fue juzgado por los magistrados
que aborrecían el griego porque no lo entendían; estos magis
trados que fallaban en nombre de la moral, declararon que
Dolet se había equivocado al traducir un diálogo de Platón, y
porque uno de los interlocutores dice “nada seremos después de
la muerte”. Como esta idea no es conforme con la verdad cató
lica, Dolet pagó la falta de catolicismo de Platón y fue quemado
vivo porque así lo exigía la moral de aquellos tiempos.
Otro impresor llamado Lhome fue mártir del secreto que
había prometido al autor de un folleto que era una violenta
sátira latina titulada Carta al tigre de Francia e imitación de
la primera Catilinaria. La casa de los Guisas, cuyo nombre no
mentaba la sátira, se dio por aludida, y, como un homenaje de
respeto a la vida privada, el impresor fue ahorcado, aunque en
lugar cómodo y conveniente, según dice la sentencia, en que
el sarcasmo se une a la crueldad. Y entonces, señores, hubo
otra víctima de la conciencia pública: un pobre mercader se
atrevió, al ver al sentenciado apedreado e insultado por el
populacho, a encomendarlo a la Virgen María, y el mercader
fue ajusticiado como blasfemo y como sedicioso, porque así
lo exigían la moral y la paz pública.
f r a n c i s c o z a r c o54
El folleto titulado la Sombra de Scarron, en el que se conta
ba lo que todo el mundo sabía, que el rey se había casado con
madama de Maintenon, produjo tres ahorcados, no sé si en
obsequio de la moral, de la paz pública o de la vida privada.
Así, poco a poco se fueron extendiendo la censura y la
persecución, lo mismo en Francia que en las otras naciones.
En Inglaterra los impresores y los escritores políticos eran
azotados en las plazas públicas; todo el mundo sabe la suerte
del Gacetero de Holanda. En Roma, el libro de los libros, la
Biblia, estaba prohibida como contraria a la moral, aunque
sus páginas están dictadas por Dios, aunque sus palabras
todas son de esperanza y de consuelo para la humanidad. En
España, la Inquisición era la que se encargaba de cuidar de
la moral, enviando gentes a la hoguera, y no sólo perseguía
a herejes, judaizantes y cristianos nuevos, sino también a San
Juan de Dios, a San Juan de la Cruz, a Fray Luis de León y a
la incomparable Santa Teresa.
Todo esto se hacía, señores, en nombre de la moral.
Si volvemos los ojos a épocas más remotas, veremos que
mados por la mano del verdugo los libros de Abelardo porque
proclama el libre examen y es el primer racionalista; veremos
a Sócrates bebiendo la cicuta porque había atacado la moral
pagana proclamando la unidad de Dios, y veremos, por fin,
en la cumbre del Gólgota a Jesucristo muriendo en la cruz,
porque su doctrina era contraria a la moral de los escribas y
los fariseos.
Fundado en estos hechos, me inspira horror la restricción
que propone el artículo.
l a l i b e r t a d d e p r e n s a 55
En México, señores, donde ha habido tantas inconsecuen
cias, se ha proclamado la libertad de la prensa y se ha dejado
la previa censura para el teatro; dos o tres abogados han sido
los jueces del arte dramático; piezas representadas en la mo
nárquica España han sido prohibidas en México, y lo recuerdo
con vergüenza, la mejor comedia de Ventura de la Vega, El
hombre de mundo, se ha puesto en escena después de tenaces
resistencias de los censores que querían defender la moral.
En tiempo del general Arista, cuando tanto se hablaba de
libertad, lo recuerdo también con rubor, la policía ha ido a
recoger a las librerías la obra que el moralista Aimé Martin
consagra a las madres de familia, y esto se hizo en nombre de
la moral, olvidando que este ilustre escritor es discípulo de
Fénelon y de Bernardino de SaintPierre, y que sus obras están
en el hogar doméstico, en manos de las madres y de las niñas,
en todas las naciones cristianas.
A todo esto nos contesta la comisión, que nos ocupamos de
abusos y que ella ha tomado precauciones para evitarlos. Yo
sostengo que los abusos pueden nacer de la vaguedad del ar
tículo, y, aunque no soy abogado, entiendo que el delito debe
estar bien definido para que no haya arbitrariedad ni abuso
en los jueces letrados ni en los jurados.
La comisión nos ofrece dos consuelos. El señor Mata dice
que, si los jurados son arbitrarios, debemos resignarnos a la
arbitrariedad del pueblo. No entiendo que la misión de una
asamblea constituyente es evitar para lo futuro toda arbitra
riedad y todo abuso. No creo que sea limitada la soberanía de
los pueblos, pues nunca deben obrar contra los principios de
f r a n c i s c o z a r c o56
la justicia, nunca veré más que un atentado en las sentencias
del pueblo de Atenas imponiendo el ostracismo a Arístides el
Justo y la muerte a Sócrates el Filósofo.
El señor Arriaga dice que nada importa una sentencia in
justa cuando el inocente es absuelto por la conciencia pública,
por el espíritu del pueblo, por el espíritu de Dios. Bellas pala
bras, dignas de un elocuente orador. La misma idea ha hecho
decir antes a un trágico francés que la infamia no está en el
cadalso sino en el crimen; pero todo esto es apelar al testi
monio íntimo de la conciencia, y nosotros, como legisladores
constituyentes, no debemos fiar en este recurso, sino establecer
sólidas garantías para los derechos que proclamamos.
Insisto en que las infracciones deben ser mejor definidas. En
vez de hablar vagamente de la vida privada, debiera mencio
narse el caso de injurias, como ha aconsejado el señor Ramírez,
pues de lo contrario, señores, llegará a ser delito publicar que
un ministro recibió de visita a un agiotista o que un diputado
ha recibido dinero de la tesorería, cuando acaso sin que el que
tales hechos anuncie sepa que el ministro y el agiotista hicieron
un contrato ruinoso o que el diputado fue a vender su voto.
Yo quisiera que en lugar de hablar vagamente de la moral
se prohibieran los escritos obscuros, pues con esto y exigir
la firma de los autores, estoy seguro de que ningún hombre
honrado que se respeta a sí mismo se atrevería a ofender las
buenas costumbres en un libro o en un periódico. La moral se
siente y no se define, ha dicho muy bien uno de los señores de
la comisión: mayor peligro de juicios arbitrarios. ¿A qué nos
atendremos para calificar?, ¿al capricho del gobernante?, ¿ al
l a l i b e r t a d d e p r e n s a 57
Index de Roma? No, porque en ese lndex ha estado compren
dida la Biblia; no, porque en ese lndex están todas las obras
que enaltecen al espíritu humano: no, porque ese lndex ha
querido prescribir la ciencia de la razón, el libre examen, las
verdades de la astronomía y de la geología, porque ha alcan
zado a los libros de fisiología y de medicina. Si dejamos esta
vaga restricción, no sólo acabaremos con la prensa política,
sino que contrariaremos el progreso de la ciencia y el desarro
llo de la literatura. Sofocaremos al nacer a los genios, que pue
den ser en nuestro país moralistas o escritores de costumbres,
y aun proscribiremos las obras del señor Prieto, miembro de
esta asamblea, que es seguramente el primero en este género,
porque acaso sus alusiones festivas, sus gracias picantes o
coloradas, podrán parecer contrarias a la moral. Y contrarias
a la moral parecerán también las notables palabras que han
pronunciado los oradores de este Congreso. La conciencia
pública, espíritu del pueblo y espíritu de Dios, de que habla
e! señor Arriaga, será una blasfemia, aunque se haya dicho
siempre vox populi, vox Dei, y la negativa del señor Ramírez a
que hablemos en nombre de Dios, como si fuéramos profetas,
pasará por desacato o por herejía.
En vez de hablar vagamente de la paz pública, yo quisiera
que terminantemente se dijera que se prohíben los escritos
que directamente provoquen a la rebelión o a la desobedien
cia de la ley, porque de otro modo temo que la censura de los
funcionarios públicos, el examen razonado de las leyes y la
petición de reformar esta misma Constitución que estamos
discutiendo, se califiquen de ataques a la paz pública.
f r a n c i s c o z a r c o58
Con respecto al jurado, yo no lo veo en lo que propone
la la comisión, reclamo como garantía que haya un jurado
de calificación y otro de sentencia, y repito que la dirección
del tribunal de justicia ha de desnaturalizar completamente el
carácter del jurado quitándole toda independencia.
Tantas restricciones son extrañas en una sección que se
llama de derechos del hombre. No parece sino que la comi
sión, cuando enuncia una gran verdad, cuando proclama un
principio, cuando reconoce un derecho, se atemoriza, quiere
borrarlos con el dedo y por esto establece luego toda clase de
restricciones.
No sé por qué hasta los gobiernos y las asambleas liberales
ven a la prensa a veces con tanto desdén, a veces con tanto
temor. No se haga caso del poco mérito de los escritores, no
se admita aquí la vulgaridad de que los periodistas están bajo
el yugo de los impresores. A mí se me ha hecho este ataque, y
debo decir que nunca he prescindido de mi independencia, y
que soy tan independiente aquí como en el periódico de que
soy redactor en jefe. Si de mí se puede dudar, no habrá quién
crea que mis antecedentes en el mismo periódico, que son el
actual jefe del gabinete, el señor don Luis de la Rosa, el actual
presidente de la Suprema Corte de Justicia, el señor don Juan
B. Morales, el señor Otero, los señores diputados Prieto, Cas
tillo Velasco y algunos otros, han prescindido de su indepen
dencia para servir sólo a don Ignacio Cumplido. No, allí todos
han servido al país y a la causa de los buenos principios, y el
señor Cumplido, como impresor, ha servido bastante a su país
procurando el progreso del arte, manteniendo con constancia,
l a l i b e r t a d d e p r e n s a 59
y a pesar de mil contratiempos, un periódico órgano del par
tido liberal, antes y ahora defensor de los buenos principios,
de la propiedad y de las bases del verdadero orden social, y
respetando la conciencia de los escritores, sin lo que la existen
cia del mismo periódico hubiera sido imposible. Se atribuyen
también las opiniones de un escritor a la miserable cuestión
de las impresiones del gobierno. Yo he hecho la oposición a
gobiernos que han dado qué imprimir al señor Cumplido y
he defendido a otros que nada le han dado qué hacer. Por lo
demás, acusar a un impresor de que imprime es tan absurdo
como hacer cargos a un médico de que cura o a un abogado
de que litiga.
Apartándonos de estas miserias, consideremos la imprenta
bajo su verdadero punto de vista, como elemento de civilización
y de progreso, y el derecho de escribir como la primera de las
libertades, sin la que son mentira la libertad política y civil.
Ignacio Ramírez
SALARIO y TRAbAjO
Salario y trabajo
EL TIEMPO*
Según los redactores de El Tiempo, las clases propietarias
que miran como opuesto a sus intereses, el sistema republi
cano, han impedido su establecimiento, con las frecuentes
revoluciones que han ensangrentado nuestra patria; y para
evitar tantos males, opinan porque esas revolucionarias clases,
subyugando a las demás, se apoderen del gobierno nacional, y
aun si les conviene, lo entreguen a un monarca. Esa confesión
será el proceso, la sentencia de muerte de ese partido.
¡Y es verdad lo que dice ese periódico! Así es que si sus es
critores son propietarios, hacen bien defendiendo la feliz clase
a que pertenecen; y nosotros que pertenecemos a la proscrita
raza de trabajadores ¿por qué no hemos de decir el huevo y
quien lo puso a nuestros amos?
* Tomado de: Don Simplicio, periódico burlesco, crítico y filosófico, por unos simples. México, Imprenta de la Sociedad Literaria. A cargo de Agustín Contreras, segunda época, tomo II, número 10.
Las propiedades están distribuidas con mucha desigualdad.
El Tiempo
i g n a c i o r a m í r e z64
Nosotros los trabajadores, decimos, pues, a los propieta
rios: la tercera parte de los bienes raíces pertenece al clero;
otra tercera parte, a los descendientes de nuestros conquis
tadores; y el resto está abandonado; dejemos colonizar estas
tierras incultas; vengan los hijos hambrientos de las dichosas
monarquías europeas, a darnos población, arte y ciencias, y
que el pueblo corrompido fecundice el terreno, y mejore sus
costumbres: pero los propietarios responden, que los extranje
ros vendrían a viciarnos, y a empobrecernos con la tolerancia
religiosa; que nuestras costumbres son buenas, y por lo mismo
somos felices.
Nosotros los trabajadores, decimos a los hacendados: ¿por
qué sin el sudor de vuestro rostro coméis el pan, y lo tiráis
con vuestras prostitutas y lacayos? Si respondéis que porque
Dios os hizo ricos, vengan los títulos; si habláis del derecho de
conquista, nos tratáis como conquistados, si alegáis un testa
mento, eso es bueno contra un particular, pero no contra una
nación; ¿por qué se consienten las herencias?, por la utilidad
que de ellas resulta al público, respondéis de mala gana. Y
bien, ¿la tercera parte de nuestros bienes raíces estará mejor
en vuestras manos que nada benefician y todo despilfarran,
o en las manos encallecidas de los viles trabajadores? Noso
tros cultivamos esa tercera parte que los ricos llaman suya:
permítasenos siquiera preguntar, ¿qué hacen el dinero que
les damos?, y pedirles algunos vastos terrenos, que feraces e
incultos, con una vieja escritura tienen ocupados.
Nosotros los trabajadores, decimos a los poseedores de bie
nes raíces espiritualizados: vuestra pobreza evangélica, según
s a l a r i o y t r a b a j o 65
El Tiempo, apenas posee la tercera parte de la república: ¿pero
no pudiéramos lograr la gloria a menos precio?
Nosotros los trabajadores diremos en fin a los propietarios,
a los generosos propietarios: ya que os empeñáis en arreglar ex
clusivamente estas pequeñeces y en gobernarnos; ya que noso
tros los trabajadores os damos porque hagáis vuestra felicidad,
la mayor parte del producto de nuestro trabajo, suponemos que
este dinero servirá para vuestra recompensa, y para los gastos
de vuestra administración; esto es, confiamos en que ya no ha
brá contribuciones directas, ni indirectas, pues de lo contrario
nos robaríais como propietarios y como gobernantes.
Señores propietarios, ¿sabéis por qué nosotros los traba
jadores no prosperamos?, porque para redimir de vuestra
esclavitud un terreno y cultivarlo, para establecer talleres y
fábricas que compitan con las de Europa, para cargar nume
rosas embarcaciones y colmar espaciosos almacenes, necesita
mos dinero; y pues Udes. que lo tienen no son, ni quieren ser
agricultores, artesanos y comerciantes, ¿qué se infiere de todo
esto para hacer la felicidad de la república?
¡La monarquía!, responde El Tiempo; pero como hay mil
obstáculos para que la misma monarquía pueda superarlos,
quien los allanará todos, será el tiempo.
Tanto y tanto contratiempo,
¡Oh pueblo! de qué te quejas,
Son enfermedades viejas,
¿Podrá curarlas el Tiempo?
Ponte en cura, ¡ay! si te dejas.
i g n a c i o r a m í r e z66
Por último, si los redactores de ese periódico son ateos, el
que esto escribe es materialista político, y lo que es peor:
Nigromante del Jacobinismo
DISCURSO PRONUNCIADO ANTE EL CONGRESO
CONSTITUYENTE*
Señores: El proyecto de constitución que hoy se encuentra
sometido a las luces de vuestra soberanía revela en sus auto
res un estudio, no despreciable, de los sistemas políticos de
nuestro siglo; pero, al mismo tiempo, un olvido inconcebible
de las necesidades positivas de nuestra patria. Político novel
y orador desconocido, hago a la comisión tan graves cargos,
no porque neciamente pretenda ilustrarla, sino porque deseo
escuchar sus luminosas contestaciones; acaso en ellas encon
traré que mis argumentos se reducen para mi confusión a unas
solemnes confesiones de mi ignorancia.
El pacto social que se nos ha propuesto se funda en una
ficción. He aquí cómo comienza: “En el nombre de Dios...
los representantes de los diferentes estados que componen la
República de México... cumplen con su alto encargo...
La comisión por medio de esas palabras nos eleva hasta
el sacerdocio y, colocándonos en el santuario, ya fijemos los
derechos del ciudadano, ya organicemos el ejercicio de los
poderes públicos, nos obliga a caminar de inspiración en inspi
* 7 de julio de 1856.
s a l a r i o y t r a b a j o 67
ración hasta convertir una ley orgánica en un verdadero dog
ma. Muy lisonjero me sería anunciar como profeta la buena
nueva a los pueblos que nos han confiado sus destinos, o bien
el hacer el papel de agorero que el día 4 de julio desempeñaron
algunos señores de la comisión con admirable destreza; pero
en el siglo de los desengaños nuestra humilde misión es des
cubrir la verdad y aplicar a nuestros males los más mundanos
remedios. Yo bien sé lo que hay de ficticio, de simbólico y de
poético en las legislaciones conocidas; nada ha faltado a al
gunas para alejarse de la realidad, ni aun el metro; pero juzgo
que es más peligroso que ridículo suponernos intérpretes de
la divinidad y parodiar sin careta a Acamapich, a Mahoma, a
Moisés, a las Sibilas. El nombre de Dios ha producido en todas
partes el derecho divino y la historia del derecho divino está
escrita por la mano de los opresores con el sudor y la sangre
de los pueblos, y nosotros que presumimos de libres e ilustra
dos, ¿no estamos luchando todavía contra el derecho divino?
¿No temblamos como unos niños cuando se nos dice que una
falange de mujerzuelas nos asaltará al discutirse la tolerancia
de cultos, armadas todas con el derecho divino? Si una revo
lución nos lanza de la tribuna, será el derecho divino el que
nos arrastrará a las prisiones, a los destierros y a los cadalsos.
Apoyándose en el derecho divino, el hombre se ha dividido
el cielo y la tierra y ha dicho, yo soy dueño absoluto de este
terreno; y ha dicho, yo tengo una estrella, y si no ha monopoli
zado la luz de las esferas superiores es porque ningún agiotista
ha podido remontarse hasta los astros. El derecho divino ha
inventado la vindicta pública y el verdugo. Escudándose en el
i g n a c i o r a m í r e z68
derecho divino el hombre ha considerado a su hermano como
un efecto mercantil y lo ha vendido. Señores, yo por mi parte
lo declaro, yo no he venido a este lugar preparado por éxtasis
ni por revelaciones. La única misión que desempeño, no como
místico, sino como profano, está en mi credencial; vosotros
la habéis visto, ella no ha sido escrita como las tablas de la
ley sobre las cumbres del Sinaí entre relámpagos y truenos. Es
muy respetable el encargo de formar una constitución para
que yo la comience mintiendo.
¿Por qué la comisión desde la altura sublime a que ha sa
bido remontarse no dirigió una rápida mirada hacia nuestro
trastornado territorio? Uno de sus miembros ha dicho que
la división territorial no es una panacea. ¡Oh!, ciertamente
en la política, del mismo modo que en la medicina, no se ha
descubierto el sánalo todo; pero eso no es una razón para que
el médico no se envanezca con sus descubrimientos como el
político con los suyos: el inventor de la vacuna y el de las peni
tenciarías tienen igual gloria. ¿Qué males nos provienen, se ha
dicho, de que las poblaciones sigan distribuidas del modo que
las encontró el Plan de Ayutla? Se ha avanzado hasta negar la
necesidad de una nueva combinación local basada sobre las
exigencias de la naturaleza. La comisión, en fin, juzga que los
pueblos descontentos no conocen sus intereses, y la razón que
da es concluyente, porque ella tampoco los conoce.
Ya tomé yo por base los hombres, ya los terrenos que
habitan, en mi humilde inteligencia descubro que una nueva
división territorial es una necesidad imperiosa. Los elementos
físicos de nuestro suelo se encuentran de tal suerte distribuidos
s a l a r i o y t r a b a j o 69
que ellos solos convidan a dividir a la nación en grandes sec
ciones con rasgos característicos muy marcados. Esa península
de Yucatán, unida por una faja estrecha y despoblada con el
continente, tiene la independencia que dan las altas montañas,
los desiertos y los mares. Desde el istmo de Tehuantepec hasta
los linderos de Guatemala tenemos una nueva división tirada
por la naturaleza. Desde las inmediaciones del istmo hasta
la frontera de los Estados Unidos, tres fajas, una templada y
dos calientes, nos aconsejan el establecimiento de tres series
diversas de combinaciones territoriales. En el mar Pacífico
tenemos otra península. Sobre las costas del Golfo de México
yo descubro un vasto terreno regado por caudalosos ríos y
dilatadas lagunas; la abundancia de agua navegable acerca
y confunde sus poblaciones. ¿Donde la naturaleza formó un
solo pueblo nosotros formaremos fracciones de otros cinco?
Entre Tuxpan y Tampico podemos improvisar un puente de
vapor; pero, si no me engaño, ya hemos dado Tuxpan a Puebla
en cambio de Tlaxcala. Y esa isla perdida en un océano de
salvajes, esa frontera del norte, ¿en nombre de la humanidad
no nos reclama la unidad de su gobierno? ¿Por qué conser
var a Chihuahua y a Durango, poblaciones separadas de sus
capitales por un peligroso desierto y una sierra intransitable,
y más cuando su separación es un verdadero robo a Sonora
y Sinaloa? ¿Y por qué no se extienden los límites de Colima?
¿Y por qué no se establece en el antiguo Anáhuac el estado
de los Valles? El estado de Querétaro está reducido a una sola
población de las muchas que se encuentran sembradas en el
fecundo Bajío.
i g n a c i o r a m í r e z70
La división territorial aparece todavía más interesante
considerándola con relación a los habitantes de la República.
Entre las muchas ilusiones con que nos alimentamos, una de
las no menos funestas es la que nace de suponer en nuestra
patria una población homogénea. Levantemos ese ligero velo
de la raza mixta que se extiende por todas partes y encontra
remos cien naciones que en vano nos esforzaremos hoy por
confundir en una sola, porque esa empresa está destinada al
trabajo constante y enérgico de peculiares y bien combinadas
instituciones. Muchos de esos pueblos conservan todavía las
tradiciones de un origen diverso y de una nacionalidad inde
pendiente y gloriosa.
El tlaxcalteca señala con orgullo los campos que oprimía
la muralla que los separaba de México. El yucateco puede
preguntar al otomí si sus antepasados dejaron monumentos
tan admirables como los que se conservan en Uxmal. Y cerca
de nosotros, señores, esa sublime catedral que nos envanece,
descubre menos saber y menos talento que la humilde piedra
que en ella busca un apoyo conservando el calendario de los
aztecas. Esas razas conservan aún su nacionalidad protegida
por el hogar doméstico y por el idioma. Los matrimonios en
tre ellas son muy raros, entre ellas y las razas mixtas se hacen
cada día menos frecuentes; no se ha descubierto el modo de
facilitar sus enlaces con los extranjeros. En fin, el amor con
serva la división territorial anterior a la conquista.
También la diversidad de idiomas hará por mucho tiempo
ficticia e irrealizable toda fusión. Los idiomas americanos se
componen de radicales significativas, no ante los ojos de la
s a l a r i o y t r a b a j o 71
ciencia, sino en el trato común; estas radicales, verdaderas
partes de la oración, nunca o rara vez se presentan solas y con
una forma constante como en los idiomas del viejo mundo;
así es que el americano en vez de palabras sueltas tiene fra
ses. Resulta de aquí el notable fenómeno de que al componer
un término el nuevo elemento se coloca de preferencia en
el centro por una intersucesión propia de los cuerpos orgá
nicos; mientras en los idiomas del otro hemisferio el nuevo
elemento se coloca por yuxtaposición, carácter peculiar a las
combinaciones inorgánicas. En estos idiomas donde el menor
miembro de la palabra palpita con una vida propia, el corazón
afectuoso y la imaginación ardiente no pueden manifestarse
sino bajo las formas animadas y seductoras de la poesía. Pero
estos tesoros cada nación los disfruta en familia, ocultos por el
temor, carcomidos por la ignorancia, últimos jeroglíficos que
no pudo quemar el obispo Zumárraga ni destrozar la espada
de los conquistadores. Encerrado en su choza y en su idioma,
el indígena no comunica con los de otras tribus ni con la raza
mixta sino por medio de la lengua castellana. Y, en ésta, ¿a
qué se reducen sus conocimientos? A las fórmulas estériles
para el pensamiento de un mezquino trato mercantil y a las
odiosas expresiones que se cruzan entre los magnates y su
servidumbre. ¿Queréis formar una división territorial estable
con los elementos que posee la nación? Elevad a los indígenas
a la esfera de ciudadanos, dadles una intervención directa en
los negocios públicos, pero comenzad dividiéndolos por idio
mas, de otro modo no distribuirá vuestra soberanía sino dos
millones de hombres libres y seis de esclavos.
i g n a c i o r a m í r e z72
Y si nada dice a la comisión lo que llevo expuesto, dirija
siquiera su mirada a la agitación en que se encuentra la Re
pública. Cuernavaca y Morelos quieren pertenecer al estado
de Guerrero, y contra sus votos prevalecen los intereses de
un centenar de propietarios feudales. Hace muchos años que
el Valle de México trabaja por organizarse. La Huasteca ha
sufrido un saqueo por haber solicitado su independencia local.
Tabasco pide posesión de su territorio presentando títulos
legales. Sinaloa reclama a Tamazula. Y la frontera nos llama
débiles por no llamarnos traidores. A todas estas exigencias
de los pueblos contestamos: todavía no es tiempo. ¡Ya no es
tiempo!, nos contestarán los pueblos mañana, si queremos
al fin complacer sus deseos para contener los horrores de la
anarquía.
El más grave de los cargos que hago a la comisión es de ha
ber conservado la servidumbre de los jornaleros. El jornalero
es un hombre que a fuerza de penosos y continuos trabajos
arranca de la tierra, ya la espiga que alimenta, ya la seda y el
oro que engalanan a los pueblos. En su mano creadora el rudo
instrumento se convierte en máquina y la informe piedra en
magníficos palacios. Las invenciones prodigiosas de la indus
tria se deben a un reducido número de sabios y a millones de
jornaleros: donde quiera que existe un valor, allí se encuentra
la efigie soberana del trabajo.
Pues bien, el jornalero es esclavo. Primitivamente lo fue del
hombre; a esta condición lo redujo el derecho de la guerra,
terrible sanción del derecho divino. Como esclavo nada le per
tenece, ni su familia ni su existencia, y el alimento no es para el
s a l a r i o y t r a b a j o 73
hombre máquina un derecho, sino una obligación de conser
varse para el servicio de los propietarios. En diversas épocas el
hombre productor, emancipándose del hombre rentista, siguió
sometido a la servidumbre de la tierra; el feudalismo de la
Edad Media, y el de Rusia y el de la tierra caliente, son bastan
te conocidos para que sea necesario pintar sus horrores. Logró
también quebrantar el trabajador las cadenas que lo unían al
suelo como un producto de la naturaleza, y hoy se encuentra
esclavo del capital que, no necesitando sino breves horas de
su vida, especula hasta con sus mismos alimentos. Antes el
siervo era el árbol que se cultivaba para que produjera abun
dantes frutos, hoy el trabajador es la caña que se exprime y se
abandona. Así es que el grande, el verdadero problema social,
es emancipar a los jornaleros de los capitalistas: la resolución
es muy sencilla y se reduce a convertir en capital el trabajo.
Esta operación exigida imperiosamente por la justicia, ase
gurará al jornalero no solamente el salario que conviene a su
subsistencia, sino un derecho a dividir proporcionalmente las
ganancias con todo empresario. La escuela económica tiene
razón al proclamar que el capital en numerario debe producir
un rédito como el capital en efectos mercantiles y en bienes
raíces; los economistas completarán su obra, adelantándose a
las aspiraciones del socialismo, el día que concedan los dere
chos incuestionable a un rédito al capital trabajo. Sabios eco
nomistas de la comisión, en vano proclamaréis la soberanía
del pueblo mientras privéis a cada jornalero de todo el fruto
de su trabajo y lo obliguéis a comerse su capital y le pongáis
en cambio una ridícula corona sobre la frente. Mientras el
i g n a c i o r a m í r e z74
trabajador consuma sus fondos bajo la forma de salario y ceda
sus rentas con todas las utilidades de la empresa al socio capi
talista, la caja de ahorros es una ilusión, el banco del pueblo
es una metáfora, el inmediato productor de todas las riquezas
no disfrutará de ningún crédito mercantil en el mercado, no
podrá ejercer los derechos de ciudadano, no podrá instruirse,
no podrá educar a su familia, perecerá de miseria en su vejez
y en sus enfermedades. En esta falta de elementos sociales,
encontraréis el verdadero secreto de por qué vuestro sistema
municipal es una quimera.
He desvanecido las ilusiones a que la comisión se ha entre
gado; ningún escrúpulo me atormenta. Yo sé bien que, a pesar
del engaño y de la opresión, muchas naciones han levantado
su fama hasta una esfera deslumbradora; pero hoy los pueblos
no desean ni el trono diamantino de Napoleón, nadando en
sangre, ni el rico botín que cada año se dividen los Estados
Unidos conquistado por piratas y conservado por esclavos.
No quieren, no, el esplendor de sus señores, sino un modesto
bienestar derramado entre todos los individuos. El instinto
de la conservación personal, que mueve los labios del niño
buscándole alimento, y es el último despojo que entregamos a
la muerte, he aquí la base del edificio social.
La nación mexicana no puede organizarse con los elemen
tos de la antigua ciencia política, porque ellos son la expresión
de la esclavitud y de las preocupaciones; necesita una consti
tución que le organice el progreso, que ponga el orden en el
movimiento. ¿A qué se reduce esta constitución que establece
el orden en la inmovilidad absoluta? Es una tumba preparada
s a l a r i o y t r a b a j o 75
para un cuerpo que vive. Señores, nosotros acordamos con
entusiasmo un privilegio al que introduce una raza de caballos
o inventa una arma mortífera; formemos una constitución que
se funde en el privilegio de los menesterosos, de los ignoran
tes, de los débiles, para que de este modo mejoremos nuestra
raza y para que el poder público no sea otra cosa más que la
beneficencia organizada”.
EL TRABAJADOR Y LAS FUERZAS EQUIVALENTES*
Señores:
Me propongo, en este discurso, examinar la cuestión de los
salarios, partiendo de bases puramente científicas; las opera
ciones y las necesidades humanas no son sino variadas formas
de las fuerzas que existen en la naturaleza; y por lo mismo,
la economía política no es más que un ramo de los estudios
sobre la transformación de las fuerzas en los seres orgánicos
e inorgánicos, tomando como punto de partida el animal que
se llama hombre, lo cual equivale a determinar las leyes fisio
lógicas del operario.
En toda fuerza física, especialmente en la humana, deben
considerarse, por separado, estos dos fenómenos: primero, la
cantidad de la fuerza; y segundo, la combinación de sus ele
mentos componentes.
* Discurso leído en el Liceo Hidalgo, agosto, 1875. Tomado de: Ignacio Ramírez, Obras, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1889, tomo I, pp. 309314.
i g n a c i o r a m í r e z76
Un río que se desborda sobre un terreno representa lo que
se puede llamar la fuerza bruta; un río distribuido en canales
sobre el mismo terreno es la fuerza organizada. La planta y
el animal tienen por misión organizar las fuerzas torrentosas
del Universo. El hombre es el primero de esos mecanismos
organizadores; y a la facultad que lo distingue sobre los demás
se llama inteligencia. La fuerza organizadora del hombre no
solamente se emplea en aprovechar las fuerzas inorgánicas y
las del vegetal y las animales, sino en inventar nuevas com
binaciones cuya resultante se apropia a un objeto apetecido;
así es como por medio de los lentes aumenta o disminuye la
apariencia de los objetos; y así es como por medio del vapor
y de la electricidad hace volar los cuerpos más pesados y la
palabra simplemente escrita.
Pero, ¿cómo puede funcionar la máquina humana? Con
dos condiciones absolutamente necesarias: primera, recibien
do las fuerzas orgánicas e inorgánicas que está encargada de
transformar; y segunda, disponiendo de las fuerzas conserva
doras de su propio mecanismo.
Dos formas dominan en los trabajos humanos: una carac
terizada por la preponderancia de la energía, y otra en que se
distingue la combinación de las fuerzas; a la primera forma se
llama trabajo muscular; y a la segunda trabajo nervioso, ence
fálico o bien inteligente. Ambos trabajos, muscular y nervioso,
exigen una alimentación abundante y variada. Ya trabaje un
hombre en despedazar una encina, ya se ocupe en engendrar
las ilusiones de la poesía; ora cargue un peñasco sobre sus es
paldas, ora luche con las armas de la elocuencia para alcanzar
s a l a r i o y t r a b a j o 77
una victoria en el foro, siempre que una máquina humana pro
duce física o moralmente su trabajo, resulta proporcionado
a las sustancias alimenticias de donde ha sacado sus fuerzas.
Nace de aquí la primera ley fisiológica: El trabajador debe
estar alimentado con abundancia.
Pero es otra ley de la naturaleza humana la necesidad del
reposo. En los cuerpos organizados, sólo los trabajos vitales
son constantes; los trabajos de relación son breves y periódi
cos. La reproducción tiene sus épocas; el sueño y el cansancio
se imponen tiránicamente con asombrosa frecuencia; y la ne
cesidad del placer es lo único que hace apetecible la vida. He
aquí, pues, la segunda ley del trabajo: La producción diaria no
puede verificarse sino en un tiempo inferior a las veinticuatro
horas que componen el día.
Tales son las leyes puramente mecánicas del trabajo humano.
Pero toda máquina necesita otra que haga el papel de loco
motora. En el hombre no bastarían las necesidades expuestas
para obligarlo a trabajar constante y voluntariamente si las
consecuencias de su facultad reproductora no aumentaran de
un modo extraordinario el número de sus necesidades. El placer
que proviene de la unión sexual y de la crianza y prosperidad de
la prole, produce la necesidad, para cada padre de familia, de
sacar de sus limitadas fuerzas los alimentos de las personas que
en busca de la existencia se agrupan en torno del hogar, por lo
menos dos veces al día. Y de aquí proviene una ley más compli
cada que las anteriores, pero no menos poderosa: Cada trabaja
dor en ocho o diez horas de ocupación debe proporcionarse lo
necesario para la alimentación de toda su familia.
i g n a c i o r a m í r e z78
Hasta aquí sólo nos hemos ocupado de los alimentos; pero
el vestido, la habitación, los gastos para conservar la salud, la
instrucción y las contribuciones sociales, todo esto se encuen
tra en la misma clase de importancia que los alimentos. Así
es que podemos formular esta ley en los términos siguientes:
Un hombre, trabajando por máximun una cuarta parte del
año, debe proporcionarse para sí y su familia, el alimento, la
habitación, el vestido y la satisfacción de otras necesidades
incontestables, correspondientes a todo el año.
Suponiendo a los hombres dispersos sobre la tierra, como to
davía existen en muchos puntos, es incuestionable que en varias
regiones, con un ligero trabajo, puede un solo individuo soste
ner una numerosa familia; en nuestras costas, la caza y pesca
son fáciles y abundantes, las plantas alimenticias abundan, y la
habitación y el vestido no demandan extraordinarias tareas.
Pero el primer enemigo del hombre es el hombre, y de aquí
proviene la necesidad de asociarse para la defensa común; y
con la aproximación de las habitaciones viene la propiedad
poniendo límites a los terrenos explotables. Estas son las nece
sidades sociales que ya hemos indicado; y de ellas nace otra ley
sobre el trabajo: El trabajador necesita aumentar sus fuerzas
equivalentes.
La primera fuerza equivalente que explota el hombre es la
de sus semejantes; y la forma originaria de esa adjudicación
es la esclavitud, cuya utilidad convierte los instrumentos de la
caza en armas para la guerra.
El provecho, para el señor, del trabajo personal en servidum
bre es muy limitado; y los perjuicios para el esclavo son espan
s a l a r i o y t r a b a j o 79
tosos: malos alimentos, trabajo excesivo, malos tratamientos,
frecuentes enfermedades, vejez prematura, habitación insalubre,
sucios vestidos, privación de la familia y obligación de engendrar
para aumentar los bienes ajenos, multiplicando la especie ex
plotable. A costa de estas injusticias, el amo sólo obtiene, como
ganancia neta, la mitad del trabajo servil y la prole.
Después se ha pedido un suplemento de fuerza a ciertos
animales capaces de domesticarse para el trabajo: ya se sabe,
el verdadero redentor del indio es el asno.
Han venido en seguida los instrumentos comunes de todas
las artes. Pero el hombre no ha aumentado artificialmente su
fuerza personal, tanto en intensidad como en la forma inge
niosa de sus aplicaciones, sino cuando con el auxilio de la
ciencia ha podido esclavizar la luz, la electricidad, el calórico
y otras fuerzas que hace poco se llamaban todavía cuerpos
imponderables.
Si esta conquista sobre la naturaleza es un fondo común,
¿cómo es posible que sólo unos cuantos hombres se repartan
directamente sus beneficios?
Si hoy la esclavitud no es una institución social, ¿por qué
un hombre con sólo llamarse capitalista, se aprovecha de las
fuerzas naturales disciplinadas por el arte y por la ciencia, y,
además, conserva todavía siervos bajo la denominación de
asalariados?
¿Por qué en una compañía un solo socio tiene el privilegio
de tasar los repartos? ¿Por qué la economía política, para
sancionar aquella injusticia ha inventado un fondo imaginario
de salarios?
i g n a c i o r a m í r e z80
Si existiese ese fondo, ¿no debiera tener como mínimun
las necesidades anuales de cada familia representada por su
trabajador respectivo?
¿Por qué, en fin, el trabajador par antonomasia, en cada
empresa, es el único que jamás recibe las ganancias que le
corresponden, ni aun en las minas en bonanza?
¡Henos aquí frente a frente de la cuestión económica sobre
salarios! Es inútil ocuparse de la esclavitud, cuya causa está fue
ra de la humanidad y de la ciencia: los hombres libres tampoco
pueden ver sin indignación las redes arancelarias donde una
tasa protectora acaba por recoger los provechos del trabajador
en provecho del capitalista; y por lo que toca al comunismo,
esperamos a que se establezca para juzgarlo: examinaremos,
pues, los salarios en el mismo terreno en que se mueven: en el
campo de la oferta y de la demanda.
Es para nosotros incuestionable que la ley no puede fijar la
oferta ni la demanda; pero no es menos claro que la libertad
individual y la social pueden convertir la demanda y la oferta
en un provecho determinado y seguro. ¿Qué hace el capi
talista para aprovechar igualmente la oferta y la demanda?
Concentrar sus esfuerzos en dominarlas. Baja los salarios,
sacrificando la humanidad a su propio provecho. ¿Escasean
los trabajadores? Aumenta entonces los salarios, pera también
los precios de los efectos. Y en ambas situaciones, fecundo en
recursos, ya paga con vales en lugar de dinero, ya descuenta
un fondo de hipócrita beneficencia para multar indirectamente
al operario descontento, ya hace anticipaciones con su disimu
s a l a r i o y t r a b a j o 81
lada perfidia, ya falsifica los productos y ya los hace circular
por medio del contrabando. ¡Por eso es que para el trabajador
tan malo es el estado mercantil de oferta como el de demanda¡
Pero su ruina es completa cuando la concurrencia de trabaja
dores envilece el salario. La primera necesidad del trabajador
es dominar la oferta del trabajo.
Esta empresa no puede ser acometida por una persona ais
lada; la salvación de los trabajadores está en su concierto: de
aquí provienen las huelgas, las asociaciones de socorros mu
tuos, y, como más eficaces, las alianzas internacionales, para
que el capitalista no ocurra a la invasión del proletario extran
jero. Cuando la ley no puede y cuando el capitalista no quiere
salvar a los trabajadores, éstos, y sólo éstos, deben proveerse
de las tablas necesarias para sus frecuentes naufragios.
La escuela oficial de los economistas se conforma con ex
plicar la enfermedad de la oferta, y procura encubrir su grave
dad, no atreviéndose a combatirla: ni ellos mismos toman a lo
serio sus ridículos paliativos. ¿No parece que están vendidos
al capitalista, cuando en lo único en que aparecen de acuerdo
es en combatir las asociaciones salvadoras de los interesados?
Esto es una vergüenza, porque a la ciencia tocaba dirigirlas.
Los economistas se consuelan de la miseria que aflige a los
trabajadores, considerando que ese mal les sirve a éstos de
obstáculo para multiplicarse, y a su prole maldita, de facilidad
para morirse. ¡Así es como los sabios no resuelven la primera
de las cuestiones sociales, sino por medio del infanticidio!
Maltus fue el primero de esos Herodes, pero lo fue sin hipocre
i g n a c i o r a m í r e z82
sía. Con cuánto sentimentalismo, con cuánta finura declaran
los demás economistas que el interés de cada capital exige una
falange de Abelardos.
Para nosotros hay en todo esto tres conclusiones irrefutables:
La tasa natural del trabajo diario de una persona está en lo
necesario para que una familia subsista tres o cuatro días.
El llamado fondo de salarios es una superchería en favor
del capitalista.
Y las asociaciones salvarán a los obreros.
Lázaro Cárdenas
RESPuESTA A LA CONfEDERACIóN DE CÁMARAS DE COMERCIO
EXPROPIACIóN DE LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS
Respuesta a la Confederación de Cámaras de Comercio
Como Jefe del Poder Ejecutivo Federal, me he impuesto
detenidamente del memorial que con fecha 11 de marzo en
curso, y en representación de diversas agrupaciones patrona
les, me dirigieron ustedes para expresar sus puntos de vista
tocante a la situación económica por que atraviesa el país.
En este documento presentan ustedes un cuadro de pesimis
mo que está lejos de corresponder a la verdad de la situación
presente que impera en el país; afirman que no existe norma
fija, ley en vigor, orientación definida y clara, y piden que este
supuesto estado de anormalidad y perturbación permanentes
sea substituido por un programa y una legislación de netos
lineamientos, no importa cuán avanzada sea la ideología en
que se inspire; censuran el criterio revolucionario que impri
* Respuesta a las Cámaras de Comercio el 14 de marzo de 1936.
*
l á z a r o c á r d e n a s86
men a las leyes vigentes los órganos de autoridad llamados a
interpretarlas, principalmente la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y las autoridades del trabajo; tachan de irracional
la jurisprudencia en que se funda el carácter no obligatorio
del arbitraje, en los conflictos obreropatronales; atribuyen
a tal jurisprudencia la multiplicación de los movimientos de
huelga, y a su vez presentan estos movimientos como causa
de una desorganización en la Economía, que acarrea entre
otras consecuencias el alza de los precios; me advierten que
no he escuchado la opinión de los elementos directores de las
empresas con la misma frecuencia con que he prestado oído
a los representantes de los sindicatos obreros; estiman que
la producción es el resultado del esfuerzo que desarrollan en
común el empresario y el obrero, y que el fin de la producción
no es ninguno de esos factores, puesto que ambos son el me
dio para hacer llegar a los consumidores el mayor número de
bienes al más bajo precio posible; opinan que no debe ser la
capacidad económica de las empresas el límite de las reivindi
caciones reclamadas por los trabajadores, sino que este límite
ha de ser la capacidad económica de las masas; interpretan
ustedes como un propósito de la Administración Pública que
pretendiera rebasar el marco de sus atribuciones legales, la
respuesta que di en Monterrey cuando me fue planteada la
posibilidad de que empresarios fatigados de la lucha social se
retiraran de las actividades económicas, en el sentido de que
lo patriótico sería que, al efectuarlo, las fábricas quedaran
en manos del Gobierno o de los trabajadores en vez del paro
de las fuentes de producción; enfáticamente declaran que no
respuesta a la confederación de cámaras de comercio 87
podrán entregar sus negocios porque creen tener una misión
y una responsabilidad que cumplir y porque las leyes los
amparan para conservarlos, como propietarios, o como ad
ministradores de bienes ajenos; estiman, de otra parte, que el
derecho de propiedad se mina de raíz, al violarse los cánones
legales y que existe un estado de conciencia que se singulariza
por el menosprecio de las leyes, lo que pretenden ejemplificar
citando los incidentes ocurridos en torno de una huelga re
ciente; asientan que el crédito agrícola no existe, que desapa
reció hace mucho tiempo y con él las empresas agrícolas de
aliento; a pesar de su categórica declaración de colocarse al
margen de cualquier convivencia política, se hacen solidarios
de la especie que pretende mostrar los naturales reajustes de
la economía, como e1 fermento de agitaciones comunistas; las
reflexiones que en vista de ello formulan, prevén perturbacio
nes violentas, desgarramientos y quizá el colapso de la actual
estructura económica de México; y, por fin, hacen conjeturas
sobre las desastrosas consecuencias que a su juicio tendría el
hecho de que las masas se desbordaran ciegamente.
Existe una norma fija, una ley en vigor, una orientación
definida y clara. La República vive dentro de un régimen de
derecho, y ustedes mismos así lo reconocen cuando invocan
en su apoyo la Constitución Política y sus leyes derivadas. No
podrían citarse casos concretos en que una autoridad haya
procedido violando la ley, sin que exista la debida reparación
del daño cuando ésta ha sido exigida con apego a derecho.
El Gobierno tiene una orientación definida y clara puesto
que, por primera vez en la historia de nuestras Instituciones
l á z a r o c á r d e n a s88
Políticas, apega sus actos a un programa, y el Encargado del
Poder Ejecutivo de la Nación informa no sólo ante la Repre
sentación Popular, sino ante el pueblo mismo de la República,
sobre las realizaciones que van lográndose periódicamente en
el desarrollo de su gestión.
Cuando impugnan ustedes la interpretación revoluciona
ria de la ley, concretamente se refieren a la legislación que
informa las relaciones de los empresarios y sus asalariados.
La legislación obrera, parte central del derecho creado por la
Revolución, como todo cuerpo jurídico reciente, ha debido
pasar, y en ciertos aspectos pasa todavía, por un periodo de
aplicación que puede calificarse de experimental, por cuanto
sirve para observar en la práctica las deficiencias que el legis
lador no alcanzó a prever.
En estas condiciones, es natural que haya puntos de duda,
y sólo a ellos se aplica un criterio interpretativo, pues todas las
demás cuestiones se hallan expresamente resueltas en el texto
vigente, y están al margen de las diferencias de opinión.
Es, pues, en los puntos dudosos únicamente en los que hay
lugar a aplicar un criterio interpretativo. Y ese criterio, que es
revolucionario, no implica arbitrariedad o injusticia, puesto
que se apega a las más correctas normas de derecho.
El concepto moderno de la función del Estado y la natura
leza misma de la legislación del trabajo en amplitud universal
requieren que los casos de duda sean resueltos en interés de
la parte más débil. Otorgar tratamiento igual a dos partes
desiguales, no es impartir justicia ni obrar con equidad. La
legislación sobre el trabajo, como es sabido, tiene en todos los
respuesta a la confederación de cámaras de comercio 89
países un carácter tutelar respecto de los trabajadores, porque
tiende a reforzar la debilidad de éstos frente a la fuerza de la
clase patronal, para acercarse lo más posible a soluciones de
justicia efectiva.
Lejos de restar fijeza, precisión y permanencia a las dispo
siciones legales, la interpretación revolucionaria de sus puntos
dudosos viene a completarlas siempre en vista del interés so
cial, subsanando de este modo las deficiencias del legislador.
Lo dicho, por cuanto a la justificación general del criterio
revolucionario, como medio de interpretar los puntos discu
tibles de la legislación del trabajo. Pero en el caso de nuestras
Instituciones, particularmente en el de nuestros tribunales,
debe reconocerse que la aplicación de cualquiera otro criterio
implicaría una notoria deslealtad a sus principios de origen,
puesto que el orden existente nació de la Revolución.
Debe tenerse presente que una de las preocupaciones
mayores del Gobierno actual ha consistido en recoger cuida
dosamente el producto de la experiencia que el país ha ido
viviendo, a través de la interpretación revolucionaria de la
ley, para convertir las conclusiones ya probadas en la práctica
–que van siendo jurisprudencia y derecho consuetudinario–,
en preceptos positivos que eliminen, dentro de lo posible y en
lo porvenir, el recurso a la interpretación.
En consecuencia, no es correcto afirmar que el sentido
interpretativo revolucionario destruya las normas de la legis
lación y menos aún podrían citarse casos en que éstas hayan
sido dejadas de aplicar, en una denegación de justicia, por los
funcionarios que integran el Poder Judicial de la Federación.
l á z a r o c á r d e n a s90
Como revolucionarios y como conocedores de la ciencia del
derecho, jamás se han extendido hasta hacer nugatorios, los
derechos que las leyes conceden a todos los componentes de
la colectividad, incluso los patrones, y han velado siempre
por que ninguna autoridad viole las leyes con el pretexto de
interpretarlas ni con otro alguno.
La tesis de que el arbitraje de los tribunales obreros no es
obligatorio, en los casos de huelga, deriva de una interpre
tación estrictamente jurídica, hecha por los tribunales com
petentes, que jamás ha podido ser atacada con argumentos
jurídicos por la clase patronal. Los tribunales han juzgado que
la Constitución, al otorgar el derecho de huelga a los trabaja
dores y establecer también el arbitraje, no pretende plantear
una contradicción irresoluble, sino garantizar un recurso, el
de huelga, que es anterior a la ley, y fijar un procedimiento
arbitral para los casos en que no se pone en movimiento la
solidaridad de los trabajadores.
Aplicar el criterio contrario, que es el sustentado por ustedes,
sería tanto como nulificar el derecho de huelga, mutilando así
en la realidad de los hechos la Ley Fundamental del País, que
expresamente ve en los movimientos de resistencia un medio de
reestablecer el equilibrio entre el capital y el trabajo.
Como se ve, la interpretación revolucionaria respeta en su
integridad el texto y el espíritu de la Constitución, mientras
que la interpretación patronal, de admitirse, dejaría sin vigen
cia un precepto avanzado.
No es exacto que la frecuencia de las huelgas en tal o cual
periodo de tiempo y en determinadas regiones del país, corres
respuesta a la confederación de cámaras de comercio 91
ponda a la tesis del arbitraje no obligatorio. Aunque fue hasta
el año pasado cuando esta tesis se expresó jurídicamente, en la
realidad de los hechos nunca ha sido obligatorio el arbitraje.
Las huelgas son fenómenos propios del reacomodo de los
factores de la producción. Se presentan cuando las justas aspi
raciones de mejoramiento que por una u otra circunstancia los
trabajadores no pueden expresar, encuentran ambiente propi
cio para transformarse en demandas concretas. Si se resuelve
con espíritu comprensivo y justiciero, a la postre producen
beneficios a la economía en general.
Es cierto que las agitaciones y las huelgas son molestas y
causan alarma en el país, pero no puede esperarse que el Poder
Público, dentro de sus facultades, contribuya a temperarlas,
mientras no tenga pruebas suficientes de que el sector patronal
se apreste a respetar la ley.
Y, no obstante las declaraciones de mi Gobierno, compro
badas en la práctica, de que ajustará todos sus actos a la ley,
hasta hoy las autoridades no han tenido la cooperación ni
de la industria ni de la banca ni del comercio, a pesar de los
propósitos que ustedes declaran.
¿Con qué obras, con qué operaciones, con qué normalidad
en los precios han contribuido estos tres factores para mejorar
las condiciones de vida del pueblo? ¿Cuáles han sido sus actos
para reforzar ante la opinión pública la obra constructiva que
actualmente desarrolla el Gobierno, en carreteras, en irriga
ción, en ferrocarriles, en educación, en salubridad?
Mantenerse en una actitud de pesimismo y haciendo fre
cuentes declaraciones alarmistas en lo público y en lo privado,
l á z a r o c á r d e n a s92
no es ciertamente muestra de colaboración. Estas declaracio
nes y estas actitudes hubieran colocado al Gobierno de la Re
volución en una situación difícil si no tuviera, como tiene, un
programa y una tendencia perfectamente definidos y claros.
Rectifico la aseveración que hacen ustedes cuando afirman
que la actitud del Ejecutivo se inspira en información unilate
ral. Jamás he dejado de escuchar los puntos de vista que han
querido exponerme, cuando lo han hecho en forma oportuna
y debida los sectores patronales organizados, y les he dedicado
atención en la medida de la importancia que sus exposicio
nes tienen para el país. Ciertamente sería de desearse que la
producción tuviera por norte satisfacer las necesidades del
consumo, a precios mínimos. Pero esto que ustedes presentan
como una realidad, no es sino término ideal, ya que, dentro
del actual periodo evolutivo de nuestro régimen económico, es
todavía el lucro el único móvil de los industriales. Y tan es así
que cualquier aumento de los costos de producción lo cargan
al precio de venta, como puede comprobarse con las palabras
mismas del memorial que contesto, allí donde pretende seña
lar la capacidad económica de las masas consumidoras como
el límite de las concesiones al trabajador.
La decisión que ustedes muestran de no entregar sus fábri
cas, sus negociaciones o sus empresas, es la mejor prueba de que
les rinden utilidades muy estimables, lo cual se contradice con el
sombrío cuadro de bancarrota que enseguida describen.
No es deseo del Gobierno que empresario alguno renuncie
a sus derechos y entregue los elementos de producción que
posee. Pero debe considerarse que, si bien esos elementos se
respuesta a la confederación de cámaras de comercio 93
encuentran bajo el dominio de personas determinadas, que
los administran para su provecho, en un sentido amplio y
general, las fábricas, la propiedad inmueble, incluso el capital
bancario, integran el cuerpo de la Economía Nacional; y el
interés social se lesiona cuando los propietarios se abstienen
de ejercer correctamente sus funciones, escudados en un con
cepto anacrónico de la propiedad.
Es entonces cuando el Gobierno, legítimo representante de
los intereses de la sociedad, debe intervenir para evitar pertur
baciones en la economía.
Este es el sentido de la declaración que hice en Monterrey
y que no vino sino a corroborar un criterio públicamente sos
tenido por mí, de tiempo atrás. No invité a los empresarios
a que abandonaran sus negociaciones; contesté a un repre
sentante autorizado de los grupos patronales regiomontanos,
cuando expresó la posibilidad de retiro de aquellos patrones
que se encontraban fatigados de la lucha social.
Este punto de vista tiene apoyo en la Constitución General,
que prohíbe el paro arbitrario.
Podría argüirse que en la misma forma reguladora debería
el Poder Público, que no tolera la inactividad de medios de
producción por retiro de los patrones, reprimir los movimien
tos de huelga. Pero es muy fácil descubrir la inconsistencia de
este argumento. Las huelgas, si se mantienen dentro de la ley, y
exigen prestaciones posibles dentro de la capacidad económi
ca de las empresas, favorecen al interés social, porque ayudan
a resolver el más grave de los problemas de México: la miseria
de los trabajadores. Cuando rebasan el marco de la ley y de la
l á z a r o c á r d e n a s94
capacidad económica de los patrones, entonces se consideran
perjudiciales los movimientos de huelga.
Ni el posible retiro de industriales, ni la paralización del
crédito privado, que ustedes creen entrever como probable,
pueden tener otra importancia que la de un problema de per
sonas. El negocio no está en la producción, sino en el mercado,
en la demanda de bienes y de servicios. Si bancos e industrias
existen, es porque el mercado permite lucrar. Una abstención,
un boycot patronal, cualquiera que fuese su magnitud, re
clamarían la intervención del Estado, por vías perfectamente
legales, para impedir que la vida económica se perturbara. Y
lo más que podría acontecer sería que determinados ramos
salieran de la órbita del interés privado para convertirse en
servicios sociales.
Así ha acontecido con el crédito para la agricultura organi
zada por la Revolución. Si bien los bancos usuarios prefirieron
retirarse a dejar los privilegios que les otorgaban las antiguas
leyes, y cumplir con la Constitución de 1917, con ello salió ga
nando la agricultura nacional, porque el acaparamiento de la
propiedad rural que aquellos bancos efectuaban en grande esca
la, tocó a su fin. En cambio el Gobierno de la Revolución dedica
veinte millones de pesos anuales a impulsar el crédito ejidal y no
desatiende el que la pequeña y la mediana propiedad agrícola
en explotación necesitan para su prosperidad. Con frecuencia
insisten ustedes en que no harán ni harían oposición alguna a
actividades del Régimen que están amparadas en preceptos le
gales debidamente establecidos. Naturalmente que es deseable,
en interés de ustedes mismos, que así ocurra en lo sucesivo;
respuesta a la confederación de cámaras de comercio 95
pero en el caso reciente de la ley que estableció la obligación
de pagar el séptimo día –ley cuya viabilidad económica fue
cuidadosamente estudiada de antemano por el Ejecutivo y cuya
corrección jurídica es insospechable– no observaron ustedes la
encomiable conducta que ofrecen, pues, independientemente
de los casos numerosos en que se ha tratado de eludir el cum
plimiento de la nueva disposición, el comercio responde con
un alza general de precios destinada a nulificar la importancia
económica de la ley y a derogarla así prácticamente, obteniendo
de paso un aumento ilícito en las ganancias.
No se percibe por ninguna parte el espíritu de cooperación
de ustedes, cuando llegan a hacerse solidarios de una informa
ción sabidamente tendenciosa, relativa a la acción del Gobier
no de Yucatán.
No puede creerse que exista serenidad en los elementos que
redactaron el pliego que contesto, cuando llaman despojo a
una ley expedida por las autoridades de Yucatán, declarando
de utilidad pública la desfibración de henequén, precisamente
porque los propietarios de plantas desfibradoras, negando
todo principio de solidaridad social, determinaron boycotear
todo el henequén procedente de plantíos ejidales. No sólo no
existe incautación, sino que la propia ley establece las cuotas
que los ejidos deben pagar a los hacendados por la maquila
de sus pencas.
Hasta los casos concretos que ustedes citan, dejan entrever
poco deseo de estimar con justicia los hechos. La clausura de
tres negociaciones con el pretexto de realizar un movimiento
solidario de huelguistas con una fábrica, fue oportunamente
l á z a r o c á r d e n a s96
remediada como ustedes mismos lo reconocen, y no existe
razón para atribuir la trascendencia que pretenden darle.
Por cuanto a la preciación general y con fundamento en
datos innegables, puede afirmarse que no se nos justifica el
pesimismo. Si se compara, guardando todas las proporciones,
el estado económico de la República Mexicana con el de países
análogos; si se cotejan las cifras estadísticas correspondientes
a periodos anteriores con las del presente, un razonamiento
sereno concluirá con estos elementos de juicio que hay recupe
ración y que no es infundado esperar una progresiva mejoría.
Es cierto que un movimiento de violencia que desquiciara el
orden establecido sería funesto. Precisamente porque conozco,
como revolucionario, en qué circunstancias se incuban las
explosiones del sentimiento popular, recomiendo que la clase
patronal cumpla de buena fe con la ley, cese de intervenir
en la organización sindical de los trabajadores, y dé a éstos
el bienestar económico a que tienen derecho dentro de las
máximas posibilidades de las empresas; porque la opresión, la
tiranía industrial, las necesidades insatisfechas y las rebeldías
mal encauzadas, son los explosivos que en un momento dado
podrían determinar la perturbación violenta tan temida por
ustedes.
El Gobierno de mi cargo, después de puntualizar los hechos
anteriores, declara a ustedes que no sólo acepta la colabo
ración que le ofrecen, sino que la ha venido demandando,
al igual que la de los demás grupos sociales. Pero esa cola
boración debe consistir en una actitud comprensiva, limpia
de segundos fines, del proceso evolutivo que se opera, por
e x p r o p i a c i ó n d e l a s c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s 97
imperativo histórico, en las condiciones sociales y económicas
de nuestro país; en una acción que concurra con la del Poder
Público, encaminada a resolver el máximo problema que tiene
ante sí: redimir de la miseria en que viven, a las grandes masas
de trabajadores, colocándolas además en condiciones de civi
lización y cultura; en obrar con verdadero patriotismo y con
un interés sincero de contribuir al desarrollo de la economía
en beneficio de todos los que contribuyan a la producción.
lázaro cárdenas.
Expropiación de las compañías petroleras
A la Nación:
La actitud asumida por las compañías petroleras negándose
a obedecer el mandato de la Justicia nacional que por con
ducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a
pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que
las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales
por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del
Trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en
los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite
definitivamente, para el presente y para el futuro, el que los
fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la
sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una
simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo
en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la
tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que consi
l á z a r o c á r d e n a s98
derar que un acto semejante destruiría las normas sociales que
regulan el equilibrio de todos los habitantes de una Nación,
así como el de sus actividades propias, y establecería las bases
de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias
de cualquiera índole establecidas en México y que se vieran
en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que
actúan, si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir
con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con
sus procedimientos y con su obstinación.
Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la
actitud de serenidad del Gobierno y las consideraciones que
les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y
dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo
Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes de
las propias compañías, y que ese no negó, y que han dado el
resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seria
mente los intereses económicos de la Nación, pretendiendo
por este medio hacer nulas las determinaciones legales dicta
das por las autoridades mexicanas.
Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente
caso, con seguir los procedimientos de ejecución de sentencia
que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las
compañías petroleras, pues la substracción de fondos verifica
da por ellas con antelación al fallo del Alto Tribunal que las
juzgó, impide que el procedimiento sea viable y eficaz; y por
otra parte, el embargo sobre la producción o el de las propias
instalaciones y aun en el de los fundos petroleros implicarían
minuciosas diligencias que alargarían una situación que por
e x p r o p i a c i ó n d e l a s c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s 99
decoro debe resolverse desde luego, e implicarían también
la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las
mismas empresas, seguramente, para la marcha normal de la
producción, para la colocación inmediata de ésta y para poder
coexistir la parte afectada con la que indudablemente queda
ría libre y en las propias manos de las empresas.
Y en esta situación de suyo delicada, el Poder Público se
vería asediado por los intereses sociales de la Nación, que sería
la más afectada, pues una producción insuficiente de combus
tibles para las diversas actividades del país, entre las cuales se
encuentran algunas tan importantes como las de transportes,
o una producción nula o simplemente encarecida por las di
ficultades, tendría que ocasionar, en breve tiempo, una situa
ción de crisis incompatible no sólo con nuestro progreso sino
con la paz misma de la Nación; paralizaría la vida bancaria;
la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos;
las obras públicas que son de interés general se harían poco
menos que imposibles y la existencia del propio Gobierno se
pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico
por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político,
produciéndose el caos.
Es evidente que el problema que las compañías petroleras
plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a
cumplir la sentencia que les impuso el más Alto Tribunal Judi
cial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una
situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el in
terés social de la clase laborante en todas las industrias del país
el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aun
l á z a r o c á r d e n a s100
de los extranjeros que viven en la República y que necesitan
de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo.
Es la misma soberanía de la Nación, que quedaría expuesta a
simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que
previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo le
yes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones
que le imponen autoridades del propio país.
Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno
a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter
a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino
porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre
las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las
autoridades del Trabajo, de no ocupar el Gobierno las instala
ciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de
la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al
resto de la industria y a la economía general del país.
En tal virtud se ha expedido el decreto que corresponde y
se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en
este manifiesto al pueblo de mi país, de las razones que se han
tenido para proceder así y demandar de la Nación entera el
apoyo moral y material necesarios para afrontar las conse
cuencias de una determinación que no hubiéramos deseado
ni buscado por nuestro propio criterio.
La historia del conflicto del trabajo que culminará con este
acto de emancipación económica, es la siguiente:
El año de 1934 y en relación con la huelga planteada por
los diversos Sindicatos de Trabajadores al servicio de la com
pañía de Petróleo “El Águila”, S.A., el Ejecutivo de mi cargo
e x p r o p i a c i ó n d e l a s c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s 101
aceptó intervenir con el carácter de árbitro a fin de procurar
un advenimiento conciliatorio entre las partes.
En junio de 1934 se pronunció el laudo relativo y en octu
bre del mismo año, una sentencia aclaratoria fijando el proce
dimiento adecuado para revisar aquellas resoluciones que no
hubiesen obtenido oportunamente la debida conformidad.
A fines de 1935 y principios de 1936 el C. Jefe del De
partamento del Trabajo, por delegación que le conferí, dictó
diversos laudos sobre nivelación, uniformidad de salarios y
casos de contratación, tomando como base el principio consti
tucional de la igualdad de salarios ante igualdad de trabajo.
Con objeto de hacer desaparecer algunas anomalías, citó el
propio Departamento, a una conferencia, a los representantes
de las diversas agrupaciones sindicales, y en ella se llegó a un
acuerdo sobre numerosos casos que se hallaban pendientes y
reservándose otros por estar sujetos a investigaciones y aná
lisis posteriores encomendados a comisiones integradas por
representantes de trabajadores y patrones.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros convocó a una
asamblea extraordinaria en la que se fijaron los términos de
un contrato colectivo que fue rechazado por las compañías
petroleras una vez que les fue propuesto.
En atención a los deseos de las empresas y con el fin de evi
tar que la huelga estallara, se dieron instrucciones al Jefe del
Departamento del Trabajo para que, con aquiescencia de las
partes, procuraran la celebración de una convención obrero
patronal encargada de fijar de común acuerdo los términos
del contrato colectivo y mediante un convenio que se firmó
l á z a r o c á r d e n a s102
el 27 de noviembre de 1937. En tal convención, las empresas
presentaron sus contraproposiciones, y en vista de la lentitud
de los trabajos, se acordó modificar el estudio dividiendo las
cláusulas en económicas, sociales y administrativas, para ini
ciar desde luego el examen de las primeras.
Las contingencias de la discusión revelaron las dificultades
existentes para lograr un acuerdo entre los trabajadores y
las empresas, cuyos puntos de vista se alejaban considerable
mente, juzgando las compañías que las proposiciones de los
obreros eran exageradas y señalando a su vez los trabajadores
la falta de comprensión de las necesidades sociales y la intran
sigencia de las compañías, por lo que la huelga estalló en mayo
de 1937. Las compañías ofrecieron, entonces y en respuesta
a mis exhortaciones, aumentar los salarios y mejorar ciertas
prestaciones, y el Sindicato de Trabajadores, a su vez, resolvió
plantear ante la Junta de Conciliación el conflicto económico
y levantó la huelga el 9 de junio.
En virtud de lo anterior, la Junta de Conciliación y Arbitra
je tomó conocimiento de ello y de acuerdo con las disposicio
nes legales relativas fue designada con el fin indicado, por el
Presidente de la Junta, una comisión de peritos constituida por
personas de alta calidad moral y preparación adecuada.
La Comisión rindió su dictamen, encontrando que las em
presas podían pagar por las prestaciones que en el mismo se
señalan, la cantidad de $26.332,756.00 contra la oferta que
hicieron las 17 compañías petroleras durante la huelga de
mayo de 1937. Los peritos declararon, de manera especial,
que las prestaciones consideradas en el dictamen quedarían
e x p r o p i a c i ó n d e l a s c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s 103
satisfechas totalmente con la suma propuesta, pero las empre
sas arguyeron que la cantidad señalada era excesiva y podría
significar una erogación mucho mayor que conceptuaron en
un monto de $41.000,000.00.
Ante tales aspectos de la cuestión el Ejecutivo de mi cargo
auspició la posibilidad de que el Sindicato de Trabajadores de
la industria petrolera y las empresas debidamente represen
tadas para tratar sobre el conflicto, llegaran a un arreglo, lo
que no fue posible obtener en vista de la actitud negativa de
las compañías.
Sin embargo de ello, deseando el Poder Público una vez
más lograr un convenio extrajudicial entre las partes en con
flicto, ordenó a las autoridades del trabajo que hicieran saber
a las compañías petroleras su disposición de intervenir para
que los sindicatos de trabajadores aceptaran las aclaraciones
que habían de hacerse en algunos puntos obscuros del Laudo,
y que más tarde podrían prestarse a interpretaciones inde
bidas y asegurándoles que las prestaciones señaladas por el
Laudo no rebasarían, en manera alguna, los $26.332,756.00,
no habiéndose logrado a pesar de la intervención directa del
Ejecutivo el resultado que se perseguía.
En todas y cada una de estas diversas gestiones del Ejecutivo
para llegar a una final conclusión del asunto dentro de términos
conciliatorios y que abarcan periodos anteriores y posteriores
al juicio de amparo que produjo este estado de cosas, quedó
establecida la intransigencia de las compañías demandadas.
Es por lo tanto preconcebida su actitud y bien meditada su
resolución para que la dignidad del Gobierno pudiera encon
l á z a r o c á r d e n a s104
trar medios menos definitivos y actitudes menos severas que
lo llevaran a la resolución del caso sin tener que apelar a la
aplicación de la Ley de Expropiación.
Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos
breve historia del proceso creador de las compañías petroleras
en México y de los elementos con que han desarrollado sus
actividades.
Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha
traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarro
llo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras
han gozado durante muchos años, los más de su existencia,
de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de fran
quicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas
innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la pro
digiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la Nación
les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el
derecho público, significan casi la totalidad del verdadero
capital de que se habla.
Riqueza potencial de la Nación; trabajo nativo pagado con
exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económi
cos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de
la industria del petróleo en México.
Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos
de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un
hospital, una escuela o un centro social, o una obra de aprovi
sionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o
una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones
de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?
e x p r o p i a c i ó n d e l a s c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s 105
¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no
existe una policía privada destinada a salvaguardar intere
ses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas
agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas
historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en
beneficio de las empresas.
¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que
norma la construcción de los campamentos de las compañías?
Confort para el personal extranjero; mediocridad, miseria e
insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección
contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono, mé
dico y medicinas siempre regateadas para los segundos; salarios
inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros.
Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la igno
rancia, de la prevaricación y de la debilidad de los dirigentes del
país, es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en juego los inver
sionistas que no supieron encontrar suficientes recursos morales
que dar en pago de la riqueza que han venido disfrutando.
Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria pe
trolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antiso
ciales, y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente,
ha sido la persistente, aunque indebida intervención de las
empresas en la política nacional.
Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas
fuertes facciones de rebeldes por las empresas petroleras en la
Huasteca Veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec, durante
los años de 1917 a 1920 contra el Gobierno constituido. Na
die ignora tampoco cómo en distintas épocas posteriores a las
l á z a r o c á r d e n a s106
que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petrole
ras han alentado casi sin disimulos, ambiciones de desconten
tos contra el régimen del país, cada vez que ven afectados sus
negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación
de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acos
tumbradas. Han tenido dinero, armas y municiones para la
rebelión. Dinero para la prensa antipatriótica que las defien
de. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores.
Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio
mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento
de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de
la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases
naturales que están unidos con el petróleo en la Naturaleza,
no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para
extraerlo del volumen mismo de sus ganancias.
Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que
una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico
y su orgullo les escudan contra la dignidad y la soberanía de
una Nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos
recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas
legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones.
Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este
breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar
con este estado de cosas permanente en que el país se debate,
sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en
sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica
de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles,
sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta
e x p r o p i a c i ó n d e l a s c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s 107
el grado de poner en riesgo la vida misma de la Nación, que bus
ca elevar a su pueblo mediante sus propias leyes aprovechando
sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.
Planteada así la única solución que tiene este problema,
pido a la Nación entera un respaldo moral y material sufi
ciente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan
trascendente y tan indispensable.
El Gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para
que no disminuyan las actividades constructivas que se rea
lizan en toda la República, y para ello, sólo pido al pueblo,
confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que
el propio Gobierno tuviere que dictar.
Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de to
das las actividades constructivas en la que la Nación ha entrado
durante este periodo de Gobierno para afrontar los compro
misos económicos que la aplicación de la Ley de Expropiación
sobre intereses tan vastos nos demanda, y aunque el subsuelo
mismo de la Patria nos dará cuantiosos recursos económicos
para saldar el compromiso de indemnización que hemos con
traído, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra
también los indispensables reajustes, llegándose, si el Banco de
México lo juzga necesario, hasta la modificación del tipo actual
de cambio de nuestra moneda, para que el país entero cuente
con numerario y elementos que consoliden este acto de esencial
y profunda liberación económica de México.
Es preciso que todos los sectores de la Nación se revistan de
un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en
sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transpor
l á z a r o c á r d e n a s108
tes, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor ac
tividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo
el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía
del país por el propio esfuerzo de sus ciudadanos.
Y como pudiera ser que los intereses se debaten en forma
acalorada en el ambiente internacional, pudieran tener de este
acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consuma
mos, una desviación de materias primas, primordiales para la
lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones,
queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se
apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro
país mantiene con las naciones de tendencia democrática y
a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada
sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten
la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser
ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor
postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que
reportar las masas populares y las naciones en conflicto.
El Presidente de la República, lázaro cárdenas. Palacio
Nacional, a 18 de marzo de 1938.
DECRETO DE EXPROPIACIÓN
Considerando:
Que es del dominio público que las empresas petroleras que
operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas
condiciones de trabajo por el Grupo Número 7 de la Junta
e x p r o p i a c i ó n d e l a s c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s 109
Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre últi
mo, expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado,
no obstante haber sido reconocida su constitucionalidad por
ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin
aducir como razones de dicha negativa otra que la de una su
puesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuen
cia necesaria la aplicación de la fracción XXI del Artículo 123
de la Constitución General de la República en el sentido de
que la autoridad respectiva declara rotos los contratos de tra
bajo derivados del mencionado laudo.
Considerando:
Que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspen
sión total de actividades de la industria petrolera y en tales
condiciones es urgente que el Poder Público intervenga con
medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves
trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de
necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de con
sumo necesario a todos los centros de población, debido a la
consecuente paralización de los medios de transporte y de las
industrias productoras, así como para proveer a la defensa,
conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza
que contienen los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las
medidas tendientes a impedir la consumación de daños que
pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colecti
vidad, circunstancias todas estas determinadas como suficien
tes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la
producción petrolera.
l á z a r o c á r d e n a s110
Por lo expuesto y con fundamento en el párrafo segundo de
la fracción VI del artículo 27 constitucional y en los artículos 1º,
fracciones V, VII y X, 4, 8, 10 y 20 de la Ley de Expropiación de
23 de noviembre de 1936, ha tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
• Artículo 1º. Se declaran expropiados por causas de uti
lidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instala
ciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacena
miento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de
distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles
e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petró
leo “El Águila”, S.A., “Compañía Naviera de San Cristóbal”,
S.A., “Compañía Naviera de San Ricardo”, S.A., “Huasteca
Petroleum Company”, “Sinclair Pierce Oil Company”, “Mexi
can Sinclair Petroleum Corporation”, “Stanford y Compañía”
S. en C., “Pensi Mex Fuel Company”, “Richmond Petroleum
Company de México”, “California Standard Oil Company of
Mexico”, Compañía Petrolera “El Águila”, S.A., “Compañía
de Gas y Combustible Imperio”, “Consolidated Oil Company
of Mexico”, “Compañía Mexicana de Vapores San Antonio”,
S.A., “Sabalo Transportation Company”, “Charita”, S.A.,
y “Calilao”, S.A., en cuanto sean necesarios, a juicio de la
Secretaría de la Economía Nacional para el descubrimiento,
captación, conducción, almacenamiento, resignación de los
productos de la industria petrolera.
e x p r o p i a c i ó n d e l a s c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s 111
• Artículo 2º. La Secretaría de la Economía Nacional, con
intervención de la Secretaría de Hacienda como administrado
ra de los Bienes de la Nación, procederá a la inmediata ocu
pación de los bienes materia de la expropiación y a tramitar
el expediente respectivo.
• Artículo 3º. La Secretaría de Hacienda pagará la indem
nización correspondiente a las compañías expropiadas, de
conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Cons
titución y 10 y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y en
un plazo que no excederá de 10 años. Los fondos para hacer
el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto
por ciento que se determinará posteriormente de la produc
ción del petróleo y sus derivados, que provengan de los bienes
expropiados y cuyo producto será depositado, mientras se
siguen los trámites legales, en la Tesorería de la Federación.
• Artículo 4º. Notifíquese personalmente a los representan
tes de las compañías expropiadas y publíquese en el “Diario
Oficial” de la Federación.
Este Decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación
en el “Diario Oficial” de la Federación.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los
dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos treinta y
ocho. Lázaro Cárdenas, Rúbrica. El Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez.
Rúbrica. El Secretario de Estado y del Despacho de Economía
Nacional, Efraín Buenrostro. Rúbrica. Al C. Lic. Ignacio Gar
cía Téllez. Secretario de Gobernación. Presente.
Lecturas políticas se terminó de imprimir en abril de 2010,
en los talleres de Hermes Impresores (Cerrada de Tonantzin, núm. 6,
Col. Tlaxpana, México, D.F.). El tiraje fue de 500 ejemplares.