Documento Preliminar

23-06-08

DOCUMENTO PARA EL DEBATE 1

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

1 En la reunión del 28/6/08, protagonizada por el Sr. Vicepresidente de la Nación, Ing Julio Cobos, el Presidente de la HCDN, Dr. Eduardo Fellner, el Ministro de Educación de la Nación Lic. Juan Carlos Tedesco. los presidentes de los bloques del FPV del Senado y de la Cámara de Diputados, Dr. Miguel Angel Pichetto e Ing. Agustín Rossi, las presidentas de las comisiones de educación del Senado y de la Cámara de Diputados, Prof. Blanca Osuna y Dra. Adriana Puiggrós, el Secretario del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Checatto, el Secretario de Políticas Universitarias Med.Vet. Alberto Dibbern, el Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Lic. Horacio Gegunde, se acordó trabajar en un documento que sirviera de base para el debate acerca de la nueva Ley de Educación Superior. Para tal fin, quedó conformada una comisión redactora compuesta por el señor Secretario de Políticas Universitarias Med.Vet. Alberto Dibbern, el Dr. Checatto por el Ministerio de CTeIP, la Senadora Blanca Osuna y la Diputada Dra. Adriana Puiggrós. El Secretario de Políticas Universitarias elaboró una primera versión el día 13 de junio de 2008 y sobre ésta es que propongo esta segunda versión preliminar, continuando la discusión de la comisión redactora.

Índice

Introducción 3

Síntesis operativa 4

Desarrollo 14

1. Principios para la nueva Ley Nacional de Educación Superior 14

2. Algunos de los conceptos y temas que debe incluir la nueva Ley 18

3. Internacionalización 20

4. Planeamiento Político-Pedagógico 22

5. El Gobierno del Sistema 27

6. Apuntes acerca de las políticas y la estructura del financiamiento 36

7. Un sistema de calidad democrática 41

8. Documentos utilizados 44

Anexo 1 / 9. Antecedentes inmediatos 48

Anexo 2 / Grillas comparativas 54

Introducción

Este documento parte de una compleja trama de antecedentes que van desde los

normativos directos y vinculados–la Constitución Nacional y leyes específicas así

como referencias internacionales significativas2- ya sancionados por este

gobierno3, pasando por las permanentes y consecuentes luchas del conjunto de la

comunidad de la Educación Superior –en todas sus variantes políticas y

jurisdiccionales, en todos los niveles y claustros- contra el desmantelamiento

neoliberal que se propuso como política durante los años ’90, hasta las opiniones y

postulados que hemos recogido –bajo la forma de documentos y presentaciones en

reuniones convocadas y espontáneas- en el marco de la Consulta que la Comisión

de Educación de la HCDN está realizando a partir, y en los términos, de lo referido

por la Sra. Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner en su

discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Congreso Nacional,

el 1 de marzo de 2008.

2

� Ley 26206 Nacional de Educación; � Ley 26058 Nacional de Educación Técnico Profesional; � Ley 26075 de Financiamiento Educativo; � Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior, Informe final “La Educación Superior en

el Siglo XXI. Visión y Acción”, UNESCO, París, octubre de 1998; � Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES 2008),

Declaración final, IESALC-UNESCO, Cartagena de Indias, junio de 2008; � Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas,

diciembre de 1948; � Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1966, ampliado por

la Declaración de CEPAL (2005). 3 Durante la gestión del Presidente Néstor Kirchner y de Daniel Filmus como Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología.

Síntesis operativa

Antes de entrar en los desagregados conceptuales y estructurales que deben definir

y ordenar el Sistema de Educación Superior en la Argentina, aportamos una

síntesis de lo que puede observarse como principales coincidencias en la inmensa

mayoría de los aportes recibidos, de los antecedentes pertinentes y de los proyectos

con estado parlamentario, salvo aquellos de la oposición política que siguen

propugnando una normativa que sólo refiera al subsistema universitario

desvinculándolo de la Formación Superior Docente y Técnica.

En este sentido, es necesario e imperioso aclarar que –en este posicionamiento de

los sectores de la oposición- la existencia de las leyes 26206 y 26058, de Educación

Nacional y de Educación Técnico Profesional respectivamente, podría llevar a un

engaño de pertinencia: que los subsistemas de Educación Superior de Formación

Docente y de Formación Técnica estarían resueltos y organizados por ellas.

Sin embargo, si se pensara así, el problema recién comenzaría.

Es que el principal inconveniente de la Educación Superior en su conjunto es la

falta de organicidad, de unidad, de comunicación interna, de integración, entre las

Universidades, la Formación Docente y la Formación Superior Técnica.

Plantear separados a quienes deben pensar, analizar, producir, evaluar y

transformar los ámbitos de la Educación, el Trabajo, la Producción, la Innovación,

la Creación Científica y la Artística ha sido diagnosticado como el origen profundo

de la improductividad, de la falta de soluciones integrales hacia la vida social y

económica del Pueblo con que se ha desarrollado la historia de la Educación

Superior hasta el presente.

Sólo la reintegración en un sistema único, con diálogos claros y tareas precisas,

ofrecerá una oportunidad para que la Educación Superior en su conjunto

contribuya verdaderamente a un proyecto Nacional de Desarrollo autónomo, de

Independencia política y Soberanía integral.

La Ley 24.521 ya introdujo el concepto de “sistema de educación superior”, aunque

habilitó mecanismos que en la práctica facilitaron la autonomización de cada

institución por fuera de un sistema. Sin embargo, no puede retrocederse de aquel

concepto, que ha sido adoptado no sólo nominalmente sino en su integridad

político educativa por parte de los especialistas en educación superior, la mayor

parte de las propuestas de la comunidad universitaria y los sectores sociales

interesados en el tema en nuestro país y la comunidad internacional, cuyo más

reciente documento fue emitido por la Conferencia Regional de Educación Superior

en América Latina y el Caribe (CRES 2008), convocada por IESALC, UNESCO en

junio 2008.

Veamos ahora la síntesis…

La Oportunidad del Consenso,

la Posibilidad de un Futuro

Principales coincidencias ¿Por qué es necesaria una nueva Ley Nacional de Educación Superior?

La Educación Superior argentina (Universidades e Institutos Superiores Docentes y

Técnicos) está profundamente deteriorada por la insuficiencia financiera y

presupuestaria, así como la falta de una gestión planificada de crecimiento y

vinculación con un proyecto de país y de futuro.

La LES de 1995 careció de legitimidad y no sirvió para establecer un nuevo orden

moderno y democrático en el Sistema de Educación Superior.

• las demandas crecieron desordenadamente, más acordes a modas que

a perspectivas de largo plazo y fueron atendidas independientemente

de cualquier plan integral de desarrollo de todo el Sistema;

• se renunció a políticas de ordenamiento y orientación del crecimiento

de las carreras, instituciones, organismos administrativos y de

gestión, etc;

• se multiplicaron las instituciones públicas y privadas, se abrieron

sedes o nuevas Universidades e Institutos Terciarios sin una

normativa que tuviera en cuenta variables económico-sociales,

culturales y características de la capacidad instalada en los ámbitos

regionales y nacional;

• aumentó la deserción y el ausentismo, se prolongó el tiempo de

permanencia de los estudiantes en las carreras y se profundizó la

exclusión de los sectores más pobres y necesitados; y

• el deterioro edilicio y de los materiales tecnológicos para la enseñanza

ha llegado a un punto crítico

La nueva Ley contará con la opinión de todos

Fue unánime la valoración de ser convocados a presentar sus propuestas y

pareceres, y que éstos aporten a la nueva legislación.

• se han desarrollado más de 60 reuniones sectoriales4;

• han participado más de 100 organizaciones e instituciones5;

• hemos recibido e incorporado a las deliberaciones y estudios más de

50 documentos específicos que dan cuenta de posiciones generales o

planteos puntuales acerca de las modificaciones necesarias;

• están en desarrollo reuniones jurisdiccionales en cada Provincia para

recoger la opinión de los alumnos, docentes, directivos y personal

administrativo y técnico de los Institutos Superiores Docentes y

Técnicos;

• hemos organizado reuniones regionales –para cubrir todo el territorio

nacional- con eje en las ciudades de Córdoba, Rosario, Salta, Buenos

Aires y Comodoro Rivadavia en donde concurrirán los sectores

Universitarios, Terciarios, del Trabajo y la Producción, Sociales,

Culturales, Científicos, Tecnológicos, a presentar sus aportes y

protagonizar la discusión;

• desarrollaremos un Foro con Especialistas Internacionales y

Nacionales; y

4 Universidades Nacionales, Universidades Privadas, Asociaciones Docentes, Estudiantiles, de No Docentes, Institutos Superiores Docentes, Técnicos, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Intelectuales, Profesores Eméritos, Agrupaciones, Entidades de los diferentes sectores Productivos, Confederaciones y Entidades de los Trabajadores, Movimientos Sociales, Funcionarios nacionales y de las jurisdicciones, Autoridades, Legisladores nacionales y provinciales 5 Entre otras el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), CRUP (Consejo de Rectores de Universidades Privadas), FUA (Federación Universitaria Argentina), CONADU (Confederación Argentina de Docentes Universitarios), FATUN (Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales), FAGDUT, FEDUN, SADOP (Sindicato de Docentes Particulares), CGT (Confederación General del Trabajo), CTA (Central de Trabajadores Argentinos), CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), UDA (Unión de Docentes Argentinos), UIA (Unión Industrial Argentina), SRA (Sociedad Rural Argentina), FAA (Federación Agraria Argentina, Coninagro, CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), COFECYT (Consejo Federal de Ciencia y Tecnología), CONICET (Consejo Nacional de Ciencia y Técnica), INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) e INVAP

• prevemos la realización de una Audiencia Pública

Puntos del Consenso Bienes públicos, no mercancías

La Educación y el Conocimiento

• son bienes públicos y constituyen derechos personales y sociales; y

• no pueden ser servicios lucrativos o estar sujetos a cualquier forma de

mercantilización, por lo cual debe rechazarse la resolución de la

Organización Mundial del Comercio, que inscribe a la educación

superior como un “bien transable” y adherir al enunciado de la

Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior –

2008 donde se expresa que “la Educación Superior es un bien público

social, un derecho humano universal y un deber del Estado”, como

manifestación de la postura de los educadores democráticos de la

región.

Responsabilidad del Estado

El Estado es el principal responsable del financiamiento de la docencia y la

investigación estatal y de la regulación de la educación superior estatal y

privada. La mayor parte de los consultados (documentos, diálogos, debates,

opiniones) afirmó

• la centralidad del Estado en la garantía del financiamiento para el

conjunto de la Educación Superior, en la provisión de sus recursos

indispensables –con especial énfasis en la infraestructura edilicia y

los materiales didácticos vinculados a las nuevas tecnologías-, en la

orientación de políticas de calidad y excelencia;

• la necesidad de incrementar el aporte privado para la docencia y la

investigación;

• la complementación entre las instituciones estatales y privadas que

respeten la especificidad de cada sector, es decir que no se privaticen

los espacios públicos y que al mismo tiempo se respete a los privados,

en el marco de la Constitución y la LEN; y

• la gratuidad de los estudios de grado en las universidades estatales.

Sistema único, integrado, solidario y moderno, con derechos y

responsabilidades para todos

La necesidad de superar la propuesta de Sistema de Educación Superior de

la LES/1995 y no retroceder hacia la idea de universidades e institutos

aislados, desarticulados, que constituye un modelo perimido en el mundo,

fue unánime. Los consultados solicitan que la nueva Ley reorganice el

sistema, estableciendo en especial:

• que la educación superior forma parte del sistema educativo nacional.

En todas sus expresiones debe ajustarse a los preceptos de la

Constitución Nacional y ubicarse en el marco de la Ley 26.206 de

Educación Nacional;

• que la distribución de la población de manera racional y democrática

en las universidades e institutos debe hacerse sobre principios de

planeamiento estratégicos;

• que los criterios para la apertura de nuevas instituciones, carreras y

especialidades tengan en cuenta la capacidad instalada, la demanda y

las necesidades objetivas locales, regionales y nacionales y las

posibilidades de financiamiento;

• que los procesos de evaluación estén integrados al planeamiento,

� que sean pertinentes respecto al impacto socio cultural y

local/regional de la actividad de las instituciones de educación

superior,

� que sumen un sistema de seguimiento propio a los que se

acuerden con la comunidad de la Educación Superior

internacional, con vistas a un sistema de evaluación de la

educación superior del MERCOSUR;

• que la orientación de los jóvenes estudiantes cuente con fuertes

instrumentos desde la integración con los últimos años de la

Educación Secundaria, desde el trabajo con el ingreso a las carreras,

desde distribuciones territoriales y formativas justas, para

evitar/prevenir fracasos que sean productos de elecciones

desinformadas o por impedimentos materiales como el acceso

geográfico, por ejemplo;

• que se eliminen las trabas existentes para combinar o continuar

estudios realizados en Institutos Superiores con los de carreras

universitarias a través de sistemas de acreditación, al igual que lo que

debe pasar con los estudios cursados en una u otra institución,

carrera o especialidad universitaria;

• que se establezcan mecanismos amplios para acreditar todos los

tramos formativos dentro de áreas y carreras afines; y

• que se posibilite la continuación de los estudios en el conjunto del

Sistema, en sus distintas instituciones y regiones del país, y, en un

futuro cercano, en otros países del MERCOSUR.

Planeamiento estratégico prospectivo

El Futuro independiente y soberano para nuestro país es algo tan urgente y

necesario que la Educación Superior debe integrar todas sus fuerzas bajo un

Planeamiento que aporte desde el Presente soluciones estratégicas para toda

la Nación. Un Plan que disponga creativa, científica y solidariamente que el

Futuro sea para todos. Surge un consenso importante también en las

proposiciones de ordenamiento del Sistema de Educación Superior a partir

del Planeamiento estratégico prospectivo en diálogo con proyectos

productivos de independencia, soberanía y autonomía nacional.

Autonomía y Autarquía responsables

Son derechos establecidos por la Constitución Nacional, reconocidos por la

casi totalidad de los consultados. La amplia mayoría consideró:

• que la defensa de la autonomía y la autarquía se visualiza como

compatible con las concepciones modernas e integrales del Estado;

• que la autonomía y la autarquía deben ser ejercidas de manera

responsable, primando el interés común y rechazando la “autonomía

de mercado”;

• que todas las instituciones de educación superior estatales (institutos

y universidades) que son financiadas por la sociedad a través del

Estado, deben ser pertinentes a los intereses generales de esa

sociedad;

• que la autonomía y la autarquía son principios ampliamente

compatibles con el planeamiento y la evaluación, instrumentos

indispensables para alcanzar una educación superior democrática y

fundada en la justicia social; y

• que la autonomía y la autarquía de organismos estatales requieren

que el Estado sea el principal responsable de la evaluación, la

acreditación, el control del uso de los recursos presupuestarios, la

visibilidad y accesibilidad de la información y los actos públicos, y

garante de la responsabilidad social de sus prácticas.

Integración de los sistemas

El sistema de educación superior debe integrarse estructuralmente a la

producción, a la investigación científica, la tecnológica y de innovación

productiva, así como al conjunto de los niveles y modalidades educativas.

Para esto debe

• articular la docencia con las investigaciones y desarrollos tecnológicos

y productivos vinculados con prioridades del desarrollo nacional;

• garantizar que la investigación y el desarrollo tecnológico y

productivo esté al alcance de todas las instituciones de educación

superior;

• garantizar el financiamiento suficiente para las áreas de investigación

y de desarrollo de todas las instituciones de educación superior;

• promover una carrera de formación de investigadores, tecnólogos y

desarrolladores productivos; y

• establecer acciones y asociaciones concretas para el trabajo conjunto

con los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo que

vinculen la formación docente, la formación profesional y técnica, la

actualización y capacitación, la movilidad vertical de los alumnos,

docentes, administrativos y técnicos.

Revalorización docente

La transformación del Sistema de Educación Superior sólo será posible si los

procesos docentes se desarrollan con acuerdo a las más modernas

concepciones pedagógicas, al conocimiento y manejo de los nuevos

materiales educativos y al respeto de las mejores tradiciones laborales y

éticas con que se ha desarrollado el sector. Para esto, los acuerdos deben:

• garantizar el acceso por concurso a los cargos docentes en todas las

universidades e instituciones de educación superior;

• establecer una carrera docente vinculada con la formación,

capacitación, actualización y evaluación permanente; e

• impulsar la investigación científica y tecnológica, así como la

innovación en pedagogía de la educación superior para mejorar los

procesos de enseñanza.

Garantizar el bienestar estudiantil

Los sectores consultados han insistido en que el Estado debe garantizar

niveles adecuados de bienestar estudiantil para lograr una mejora fuerte de

la permanencia y egreso con graduación de los estudiantes. más becas, mejor

distribuidas; Se subrayó la necesidad de mejoramiento de una pedagogía para la

educación superior que permita abordar con profunidad el tema de la docencia para

superar el fracaso estudiantil en el nivel. Se otorgó especial importancia a:

• comedores;

• sistemas de transporte complementarios;

• sistema de prevención y protección a la salud;

• orientación del aprendizaje, vocacional y profesional permanente;

• movilidad y acreditación de los tramos formativos desarrollados por

cada estudiante.

Desarrollo

A partir de aquí desagregaremos los antecedentes, principios, conceptos, temas,

políticas y estructuras que es necesario reconocer, reconstituir y poner al servicio

de un Sistema de Educación Superior que tome el tono organizativo y de sentido

que el proyecto nacional necesita para la actual etapa de nuestro país y la región.

1. Principios para la nueva Ley Nacional de Educación Superior

La reafirmación de que la Educación, tal como está establecido en la Ley Nacional

Nro.26206, es una prioridad nacional y constituye una política de Estado para

construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional,

profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática y republicana, respetar los

derechos humanos y las libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo

económico-social sustentable de la Nación.

1.1. La concepción de la Educación Superior como un bien público constituida

como derecho personal y social garantizado por el Estado, que debe forjar

un mayor compromiso con el desarrollo de la Nación. Lo cual determina la

pertinencia de las funciones y acciones de las instituciones que la integran,

debiendo fundarse en ese carácter el reaseguro del mejoramiento y la

calidad, entendida como el cumplimiento de los anteriores enunciados y de

la transmisión de los principios científicos, los tecnológicos y de lenguajes

que presiden la producción cultural en el más alto nivel contemporáneo.

1.2. La Educación Superior no será intervenida por la suscripción de tratados

y/o acuerdos de cualquier índole que impliquen concebir la educación como

un servicio lucrativo o un bien transable o alienten cualquier forma de

mercantilización.

1.3. La garantía del derecho social a la educación instituye que los responsables

de las acciones educativas son el Estado Nacional, los Estados Provinciales

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este contexto podrán ejecutar

acciones educativas bajo la acreditación, regulación, evaluación y

fiscalización del Estado Nacional, de manera complementaria y no

supletoria de la Educación Pública de Gestión Estatal, los particulares, las

confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la

sociedad civil.

1.4. La responsabilidad indeclinable de sostener política y financieramente a la

Educación Superior es del Estado, garantizando la gratuidad de la

enseñanza de grado para todos los habitantes en las instituciones de

Gestión Estatal del Nivel, así como el asegurar que la de Gestión Privada

cumpla con los principios que establezca la legislación y las normativas que

de ella se sucedan. En tal sentido, la relación del Estado con la Educación

Superior de Gestión Privada es de regulación, de fiscalización y de garantía

de estándares de la calidad de la oferta académica.

1.5. La gratuidad de la Educación Superior de grado para todos los habitantes

debe estar complementada por la formulación de acuerdos y condiciones

que garanticen el ingreso, la permanencia y posibiliten su graduación (en el

marco de generar una pedagogía específica para el nivel), para asegurar la

igualdad de oportunidades en virtud de políticas e instrumentos que

favorezcan la inclusión de todos los sectores sociales en la educación

superior. Para eso deben otorgarse garantías expresas de gratuidad para la

formación de grado, incrementar la inversión en becas, incorporar

instrumentos concretos que contribuyan a la nivelación de las condiciones,

a la igualdad y a la justicia social. La gratuidad es un derecho constitucional

que debe ser valorado y fortalecido, que permite a quienes acceden a la

Educación Superior, la oportunidad de nutrirse del conocimiento y adquirir

capacidades que redituarán en un mejor posicionamiento en la sociedad del

conocimiento. El esfuerzo de toda la sociedad, que con sus aportes permite

sostener esta gratuidad, debe ser compensando por el conjunto de la

comunidad educativa superior con la implementación de obligaciones

solidarias en el desarrollo e implementación de sus planes de estudio y

currículos. Es necesario también, analizar la modificación del sistema

tributario argentino en la búsqueda de mecanismos que permitan que los

grupos favorecidos con el beneficio de la Educación Superior contribuyan al

financiamiento de un amplio sistema de becas.

1.6. La definición de la Educación Superior como un sistema único, cuyo

instrumento ordenador debe ser la articulación de lo político, lo

pedagógico, la científico, lo tecnológico, lo técnico, lo cultural y lo

organizacional. Los Institutos Superiores Técnicos y de Formación Docente

impartirán enseñanza de calidad semejante a las universidades y formarán

parte del mismo sistema, con clara definición de sus finalidades específicas,

manteniendo al mismo tiempo la vinculación político-educativa con los

sistemas educativos provinciales. La nueva Ley Nacional de Educación

Superior asegurará la integración normativa para posibilitar la movilidad de

alumnos y docentes, la equivalencia de certificaciones y la continuidad de

los estudios sin requisitos suplementarios.

1.7. La integración del Sistema de Educación Superior y sus actividades

docentes, de extensión y de investigación al Sistema Científico, Tecnológico

y de Innovación Productiva, así como a las diversas realidades regionales

requiere generar una articulación orgánica entre sus instituciones y los

organismos del Estado que regulan y componen estos otros Sistemas en

todo el territorio nacional.

1.8. La necesidad de avanzar hacia un modelo de auténtico federalismo que

impacte sobre la calidad de vida de todos los habitantes, mediante la

articulación de ambos sistemas que revierta los procesos de alta

concentración de riquezas y de recursos humanos (docentes, científicos,

artistas e investigadores) en algunas regiones y la consolidación de perfiles

productivos y de investigación vinculados al desarrollo en todas las

jurisdicciones. Esto apunta a brindar una educación de calidad, entendida

en términos de justicia social conforme a los principios doctrinarios que

deben configurar esta nueva Ley de Educación Superior, con igualdad de

oportunidades y posibilidades, y nacionalmente equilibrada. La asignación

de recursos también deben otorgar prioridad a los sectores más

desfavorecidos de la sociedad, a través de políticas universales y estrategias

pedagógicas, fortaleciendo el principio de inclusión plena de todos sin que

esto implique discriminación de ningún tipo, por condición u origen social,

de género o étnica, ni por nacionalidad ni orientación cultural, sexual,

religiosa o contexto de hábitat, condición física, intelectual o lingüística. La

redefinición de las categorías de autonomía y autarquía universitarias son

atribuciones constitutivas, así como la responsabilidad integral que deben

cumplir frente al resto del sistema educativo y al conjunto de la sociedad.

Para esto debemos establecer un modelo superador de las actuales

concepciones “liberales (autonomía de Mercado)” o “intervencionistas”.

1.9. La potestad del Estado de acreditar y evaluar, extendida a todas las

instituciones de Educación Superior como garantía de la calidad de los

científicos y profesionales que se forman en ellas

1.10. La responsabilidad indeclinable del Estado para planificar la

cobertura en vistas de la universalización del Nivel de Educación

Secundaria por aplicación de la Ley Nacional de Educación, la distribución

de trayectos formativos en función de los desarrollos prospectivos

regionales y el fomento de la investigación en procura de afrontar los

problemas nacionales de mediano y largo plazo

1.11. La Educación Superior está sustentada en la garantía de una amplia

libertad de pensamiento, producción filosófica, científica, artística y

cultural, en compatibilidad con su indeclinable función social.

2. Algunos de los conceptos y temas que debe incluir la nueva Ley

La nueva Ley de Educación Superior, al igual que el conjunto de la legislación

recientemente sancionada en materia educativa (Ley de Educación Nacional N°

26.206 y, anteriormente, Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075, Ley de

Educación Técnico Profesional Nº 26.058, entre otras) se inserta en el contexto de

las políticas públicas con voz propia, argentina y latinoamericana, y convoca al

conjunto de docentes, estudiantes, intelectuales, profesionales, científicos,

tecnólogos, familias, funcionarios universitarios, académicos, dirigentes políticos,

empresarios y sociales, con el objeto de construir una política para toda la

Educación Superior signada por la democracia pedagógica de nuestro Estado

constitucional.

La Educación Superior abarca el conjunto de procesos y prácticas formativas, de

docencia, investigación, extensión y gestión de éstos, que se desarrollan en todas

las Universidades, en los Institutos Universitarios, en los Institutos Superiores

Técnicos y de Formación Docente, tanto Nacionales como Provinciales, de Gestión

Estatal o Privada, de Grado y Posgrado.

La Educación Superior desempeña su función social específica de manera

articulada con el conjunto del sistema educativo nacional en todos los demás

niveles y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva.

Considerando que este cuerpo normativo debe prever que sus efectos tienen

incidencia en el mediano y largo plazo, debe dejar abiertas posibilidades de

transformaciones estratégicas, enmarcando claramente los alcances y limitaciones

filosóficas, político educativas, éticas y culturales de la Educación Superior en el

contexto nacional y latinoamericano. En tal sentido, cobra especial importancia el

Planeamiento, tanto como instrumento de gestión cuanto para la orientación de las

políticas hacia el mediano y el largo plazo con un sentido de integralidad en

relación con el desarrollo de la Nación.

El instrumento ordenador de la estructura del sistema de Educación Superior, hoy

altamente fragmentado, es la articulación de lo político, lo pedagógico, lo científico,

lo tecnológico, lo artístico, con el mundo del trabajo, la innovación productiva y la

más alta creatividad a fin de fortalecer un modelo de desarrollo económico nacional

que alcance la plena producción con mayor generación y mejor distribución de

riquezas y empleo, con inclusión social y territorial y con implementación de

políticas de des-endeudamiento del país y erradicación de la pobreza.

La nueva norma debe tener como cimiento y como horizonte a los ciudadanos que

se tornan sujetos de la educación desde situaciones socio-económicas, culturales,

ecológicas, lingüísticas y personales diversas. La política educativa, la organización

institucional y la pedagogía deben decidirse teniendo en cuenta a los sujetos,

partiendo de sus necesidades, derechos y características actuales, para

acompañarlos en la formación integral como personas creadoras, en la

construcción de saberes socialmente productivos, en la capacidad de juicio propio,

en la apropiación de valores humanísticos y democráticos, en la actitud crítica y

constructiva del mundo social y ambiental que les toca vivir y en la consideración

de que es el esfuerzo del conjunto del Pueblo el que genera riquezas para el país por

medio del trabajo y de la producción de conocimiento.

3. Internacionalización

La Educación Superior funciona en un entorno cada vez más globalizado. La

dimensión internacional es un elemento intrínseco de la calidad educativa, en la

medida que se alcance a partir y sin desmedro de la dimensión nacional y regional.

El establecimiento de redes, que ha resultado ser uno de los principales medios de

acción actuales, ha de estar fundado en la ayuda mutua, la solidaridad y la igualdad.

Se debe evitar el “éxodo de talentos” ya que sigue privando a los países en desarrollo

y a los países en transición, de profesionales del alto nivel necesarios para acelerar

sus progresos económicos y sociales.

La integración regional es necesaria, conveniente y urgente. A las razones que

históricamente se vienen argumentando para promoverla y que datan de hace

muchas décadas, se agregan otras exigencias derivadas de la globalización, que han

demostrado la necesidad de alianzas internacionales estratégicas para el desarrollo.

Esta integración es posible y conveniente como una estrategia para superar las

reconocidas diferencias en el tamaño y desarrollo tanto económico como social de

los países de la región. Para avanzar hacia esta integración, es importante promover

el desarrollo nacional y tender a la convergencia en torno a los temas prioritarios de

los países latinoamericanos en la perspectiva de mejorar el crecimiento y la

competitividad, dando prioridad a la cooperación regional solidaria.

El término cooperación internacional ha sido entendido de diversas formas a

través de la historia. En sus comienzos tuvo un carácter asistencial, sufrió

transformaciones en las últimas décadas, y hoy se propone más como un acto de

corresponsabilidad o de “asociados”.

La cooperación internacional para el desarrollo cultiva los beneficios de la

cooperación para resolver problemas específicos, fomentar el bienestar y fortalecer

las capacidades nacionales. Es un instrumento que pretende establecer relaciones

más justas entre los pueblos, a partir de la afirmación de la soberanía nacional.

La cooperación internacional de los sistemas de Educación Superior

como ámbito específico de la cooperación internacional, se refiere al conjunto de

actividades realizadas entre instituciones que, a través de múltiples modalidades,

implica una asociación y colaboración en temas de política y gestión institucional; la

formación, la investigación, la extensión y la vinculación para el mutuo

fortalecimiento y la proyección institucional; la mejora de la calidad de la docencia;

el aumento y la transferencia del conocimiento científico tecnológico; y la

contribución a la cooperación para el desarrollo.

La internacionalización Los procesos de movilidad tanto de investigadores,

profesores, administrativos y estudiantes, son por lo general el punto de partida

para emprender el camino de la internacionalización. Incluye también la

conformación de redes de relaciones y programas interpersonales,

interdepartamentales, interinstitucionales, tanto bilaterales como multilaterales, que

contribuyen con los procesos de internacionalización. Adicionalmente, también

comprende la internacionalización del currículo como una de las tareas más

complejas de estos procesos, dadas las implicaciones institucionales, políticas y

culturales que tiene.

La internacionalización solidaria puede entenderse como el conjunto de

acciones cooperativas con instituciones de otros países para el mutuo beneficio, es

una actividad horizontal que puede influir en las políticas públicas y en las

institucionales, en la formación docente, en la oferta educativa de pregrado,

postgrado y la educación continua, en las actividades de proyección social,

vinculación con la sociedad o extensión; y muy especialmente en el papel que

desempeñan la Educación Superior en la cooperación para el desarrollo.

Hoy no debe perderse de vista que los estudiantes ya no se preparan sólo para las

respectivas realidades nacionales productivas, de trabajo y de continuidad de los

estudios, sino para los mercados regionales y globales. La cooperación entre los

Sistemas de Educación Superior favorece la renovación de la formación adquirida y

posibilita el reconocimiento de las titulaciones en espacios geográficos más amplios.

4. Planeamiento Político-Pedagógico

Es necesario gestar un modelo de Educación Superior que resuelva la falsa

antinomia entre autonomía de mercado o intervencionismo. El instrumento idóneo

para lograrlo es asumir el planeamiento político – pedagógico – científico -

tecnológico, como el instrumento ordenador del nuevo sistema.

En esa decisión se deben tener en cuenta:

4.1. Los principales significantes culturales, científicos y tecnológicos que se

perfilan como componentes civilizatorios en el mundo contemporáneo.

4.2. Las prospectivas de las necesidades nacionales y regionales referidas a

programas de desarrollo, demanda de distintas formaciones disciplinarias,

demandas regionales, necesidades para plazos diferentes, etcétera.

4.3. La capacidad instalada (institucional, la masa de conocimientos,

profesionales capacitados, áreas destacadas, etcétera).

4.4. Las demandas de los estudiantes, los docentes, los trabajadores no docentes

y la comunidad educativa.

4.5. La relación entre los saberes que han alcanzado los estudiantes y las

exigencias de las carreras elegidas (desde el punto de vista disciplinario y no

corporativo).

4.6. También se debe avanzar en:

4.6.1. La planificación del desarrollo de educación presencial y no

presencial, mediante medios de diferentes soportes tecnológicos y

legislar al respecto, considerando:

4.6.2. La diversidad de las características regionales. Por ejemplo, las

universidades de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano

bonaerense podrían tener un sistema dinámico y reificado, con una

distribución cooperativa de tareas, que permitiera el pasaje de los

alumnos de una a otra institución y la constitución de equipos docentes

y de investigación interuniversitarios. La Patagonia, probablemente,

requiera que, al mismo tiempo, se replanifique la Educación Superior

para acercarla a las localidades, se concentren en grandes y modernos

centros universitarios y se instale un sistema muy eficiente de

educación no presencial;

4.6.3. la necesidad de proteger a la sociedad argentina del creciente

Mercado mundial de educación, que no respeta normas nacionales ni

fronteras culturales ni, incluso, éticas y está avalado por normativas de

organismos financieros y económicos internacionales;

4.6.4. la obligación de sostener la soberanía de la Nación sobre la

producción de conocimiento y tecnología, mejorando la producción de

patentes y el origen nacional de las contribuciones internacionales de

nuestros científicos, artistas y tecnólogos;

4.6.5. La garantía de condiciones adecuadas para la investigación científico-

tecnológica y la producción artística más las de extensión y

transferencia, y su vinculación orgánica con la enseñanza. Es necesario

diseñar y hacer pública una prospectiva de necesidades nacionales y

regionales (con relación a la región del Mercosur y a las interiores del

país) de investigaciones, conocimientos, transferencias y

capacitaciones, de las realidades institucionales instaladas para atender

su producción y enseñanza, y de las tendencias de la demanda

estudiantil y de los sectores público y privado al respecto. Por lo tanto la

Ley debe ser explícita en cuanto a:

4.6.5.1. El fomento de políticas de desarrollo de la investigación y la

extensión localizadas en las Instituciones de Nivel Superior que no

tomen como unidad exclusiva a los proyectos. Por el contrario,

deben generarse programas e instituciones de investigación y

extensión de tal manera que no sean los individuos los sujetos de la

investigación y/o la extensión sino los equipos con aportes

diferenciales de sus integrantes según su trayectoria y su

formación para realizar esta actividad;

4.6.5.2. la prescripción acerca de que la producción de la investigación

y la extensión es de propiedad pública y de las instituciones, no de

los individuos;

4.6.5.3. el impulso de una fuerte política de equipamiento y de

infraestructura para la investigación, el ejercicio de la docencia y

las actividades de extensión en las instituciones del Nivel. El

Estado Nacional debe hacerse cargo del equipamiento y de

impulsar la creación de una biblioteca única y centralizada por

unidad académica, en el corto plazo, y nacional en el mediano

plazo, con acceso libre por parte de los investigadores y docentes

del Nivel Superior, con un sistema de circulación de material

dinámico financiando los vínculos con bibliotecas y bases de datos

internacionales.

4.6.6. La importancia de explicitar y especificar la participación de la

Educación Superior en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y

Tecnología (CICYT, Ley 25.467) de tal manera que las instituciones de

Nivel Superior participen de un ámbito constituido por todas las

instituciones estatales de ciencia y tecnología. Esta participación hará

posibles las articulaciones que otros países han resuelto, por ejemplo,

mediante un modelo de organización diferente al nuestro, que consiste

en establecer dos ministerios: uno para la Educación Superior, la

ciencia y la tecnología y otro para la educación escolar.

4.6.7. La necesidad de establecer que las Instituciones de Nivel Superior son

consultoras preferenciales y obligatorias del Estado Nacional. También

el Estado instaurará esta prioridad para la provisión de servicios,

considerando que se debe:

4.6.7.1. formular la incompatibilidad entre la investigación científica y

la extensión en el ámbito público y el empleo en el ámbito privado;

4.6.7.2. establecer que el financiamiento que tiene como origen la

prestación de servicios a los ámbitos públicos y privados debe ser

administrado públicamente por cada unidad académica;

4.6.7.3. las instituciones de Nivel Superior estatales y privadas, desde

sus órganos de investigación y extensión, están obligadas a realizar

diagnósticos de cobertura de servicios que atiendan a los derechos

y necesidades de la población así cómo análisis de desarrollo

regional tanto productivo como social. Estos estudios deben

integrarse en el mediano plazo a bases de datos e información

centralizadas.

4.7. La promoción y el apoyo, por parte del Estado nacional, de programas de

Educación Superior, que se caractericen por la singularidad de su oferta,

por su nivel de excelencia, por su carácter experimental y/o por su

incidencia en el desarrollo local o regional, que eviten además el

vaciamiento de recursos humanos calificados y las consecuencias del

desarraigo. En este sentido, se considera:

4.7.1. la creación y/o reconversión de Institutos de Educación Superior con

estas características en centros de Educación Superior, investigación

científica, innovación tecnológica y extensión para el desarrollo integral

de los municipios, regiones, provincias y del país;

4.7.2. estos centros se distinguirán de los Institutos de Educación Superior,

pues tendrán la finalidad de contribuir en la creación de recursos

humanos altamente capacitados, con nuevos perfiles de formación y

desarrollo de competencias para la producción, recreación y aplicación

del conocimiento y la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías;

4.7.3. los centros con su perfil propio y en el marco de las estrategias de

desarrollo regional deberán estar vinculados con universidades

nacionales, integrados con programas y proyectos gubernamentales de

desarrollo local, regional y nacional y articulados con el conjunto del

sistema científico-tecnológico.

4.7.4. estas instituciones constituirán centros de desarrollo para la

formación y capacitación de recursos humanos para el sistema

productivo regional, el mejoramiento de la formación docente, la

promoción y estímulo para la terminalidad de carreras universitarias,

además de propiciar la reinserción local de los graduados universitarios

en sus regiones locales, evitando el desarraigo.

4.8. La integración de un Sistema de Información de la Educación Superior que

concentre la totalidad de los datos cuantitativos y cualitativos que ya estén

activos en las distintas Instituciones y aquellos que comiencen a ser

producidos en operativos propios del nuevo Sistema.

4.9. La creación de un Sistema Integrado de Infraestructura de la Educación

Superior. Sobre la base de un relevamiento de actualización y la integración

de la información ya existente bajo diferentes bases y lógicas, consolidar la

unificación para proveer al indispensable ordenamiento edilicio y

patrimonial de los recursos de todo el Sistema de Educación Superior.

4.10. La constitución de una entidad encargada del análisis y la

construcción curricular que produzca asesoramientos, consultorías,

evaluaciones y propuestas de transformación a nivel curricular, para

colaborar en las políticas de coordinación e integración de un sistema

unificado de Educación Superior.

5. El Gobierno del Sistema

5.1. Integrar un verdadero sistema de Educación Superior

5.1.1. La nueva Ley deberá respetar la existencia de los organismos

directivos actuales (Consejo Interuniversitario Nacional -CIN-, Consejo

de Universidades, Consejo de Rectores de Universidades Privadas –

CRUP-, organismos de los gobiernos provinciales que rigen la Educación

Superior), pero un verdadero sistema de Educación Superior requiere

contar con un órgano de mayor nivel jerárquico que represente al

conjunto de sujetos que abarca el espacio de la Educación Superior.

Siguiendo la tradición de órganos colegiados que atraviesa la Ley 1.420,

la concepción de la reforma universitaria de 1918 y la experiencia del

primer peronismo, se propone crear un Consejo Nacional de Educación

Superior (CNES) que tenga una composición aproximada al siguiente

esquema:

5.1.1.1. Estará presidido por el Ministro de Educación de la Nación y

estará integrado por los Secretarios de Políticas Universitarias y de

Educación del Ministerio de Educación de la Nación, incluyendo

los directores del Instituto Nacional de Formación Docente(

INFOD) y del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET); por

representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología con rango no

menor a Secretario, por representantes legislativos, por miembros

del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación (que

asumen la representación de los organismos provinciales de los

cuales depende la Educación Superior), por miembros del Comité

Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, por

representantes de la Comisión Directiva del Consejo de Rectores

de Universidades Privadas, por representantes de los Institutos de

Educación Superior de gestión privada propuestos por las

asociaciones que los agrupan. Debería evaluarse también la

posibilidad de integrar representantes del sector productivo

5.1.1.2. Serán sus funciones:

5.1.1.2.1. establecer periódicamente áreas prioritarias de

formación superior a nivel nacional y proponer políticas para

atender esas prioridades;

5.1.1.2.2. establecer prioridades nacionales de desarrollo científico

tecnológico y extensión para las instituciones de Educación

Superior y proponer políticas que lo favorezcan;

5.1.1.2.3. proponer y revisar periódicamente un programa

nacional de formación de recursos humanos académicos

definiendo las áreas de formación de postgrado que deben ser

respaldadas de modo prioritario ya sea para su

fortalecimiento como para su creación y desarrollo;

5.1.1.2.4. dictar pautas generales para la articulación del sistema

de Educación Superior, el reconocimiento de estudios

parciales y la educación continua, para regular su expansión

de acuerdo a las necesidades nacionales, para la articulación

con la enseñanza secundaria, para mejorar el acceso, la

permanencia y los niveles de graduación de los estudiantes;

establecer criterios para la aprobación y evaluación de los

sistemas de educación a distancia en el nivel y definir el apoyo

financiero del estado a las propuestas de este tipo que sean de

calidad, innovadoras y que atiendan a prioridades nacionales

o de cobertura regional.

5.1.1.3. El Consejo Nacional de Educación Superior coordinará a los

Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior

(CPRES), cuya tarea de planeamiento deberá ser jerarquizada

otorgando a sus propuestas y decisiones carácter prioritario. En tal

sentido, debe revisarse la composición actual de los CPRES,

orientándola hacia una mayor articulación entre la representación

del sistema y de otros actores de relevancia pública (estatal y

privada).

5.1.1.4. Las decisiones del CNES se establecerán por acuerdo con el

Ministerio de Educación y con éste y el Ministerio de Ciencia y

Tecnología cuando se refieran a la investigación, al desarrollo

tecnológico o a la formación de postgrado.

5.1.2. Sobre los CPRES.

5.1.2.1. Los Consejos Regionales de Planificación de la Educación

Superior tendrán a su cargo la planificación y la articulación del

sistema a nivel regional. Estarán integrados por representantes de

los gobiernos provinciales, de las instituciones universitarias, del

Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas

Universitarias, el Instituto Nacional de Educación Técnica y el

Instituto Nacional de Formación Docente, y del Ministerio de

Ciencia y Tecnología. El número de representantes de las

instituciones universitarias privadas con derecho a voto nunca será

mayor al de las estatales y guardará relación con su participación

proporcional en el sistema regional. Los acuerdos referidos a temas

de planificación del sistema regional de Educación Superior serán

vinculantes y se aprobarán por mayoría, siendo requisito que esta

integre al menos a la mitad de los representantes provinciales. Los

Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior

contarán con un presupuesto anual constituido con el aporte de la

Nación y las Provincias.

5.1.2.2. Los Consejos Regionales de Planificación de la Educación

Superior deberán establecer una modalidad de consulta periódica

a actores representativos de la actividad social, cultural,

económica, deportiva, ambiental y todas aquellas que contribuyan

a construir una perspectiva integral sobre la problemática del

desarrollo regional. Los Consejos deberán integrar

progresivamente estas perspectivas a sus decisiones.

5.1.2.3. A los efectos de la planificación del sistema regional, los

Consejos determinarán periódicamente prioridades de formación

superior, áreas de vacancia y necesidades de cobertura territorial.

En este marco emitirán opinión fundada sobre los proyectos de

nuevas instituciones universitarias privadas y sobre los proyectos

institucionales de las nuevas instituciones universitarias estatales,

en orden a su conveniencia y a la pertinencia de su perfil y oferta,

la que deberá ser tenida expresamente en cuenta por el Ministerio

de Educación en el trámite de autorización.

5.1.2.4. Los Consejos Regionales de Planificación de la Educación

Superior determinarán las condiciones de calidad y los criterios

exigibles para la articulación entre carreras afines, a través de

ciclos, trayectos comunes de formación general o por sistema de

créditos (ver 7.2). En cada Consejo se constituirá una Comisión

Regional de Evaluación integrada por siete miembros de

reconocida trayectoria académica y o de gestión educativa; tres

serán propuestos por las provincias, tres por las instituciones

universitarias y uno por el Ministerio de Educación. Las

Comisiones tendrán a su cargo la evaluación de los dispositivos

curriculares de articulación, de los convenios de articulación entre

instituciones de Educación Superior e instituciones universitarias,

para su autorización previa y periódicamente una vez

implementados.

5.1.2.5. Evaluarán también las condiciones de calidad que ofrecen los

proyectos de nuevas sedes, ofertas y centros de apoyo para

educación a distancia dependientes de instituciones radicadas en

otras regiones, y las analizarán periódicamente. Los resultados de

las evaluaciones serán remitidos a la CONEAU para su

consideración en los procesos de evaluación y acreditación

correspondientes y serán tratados por los Consejos Regionales

para integrar un análisis de conveniencia a efectos de la regulación

del sistema regional; estas resoluciones tendrán carácter

vinculante. Los Consejos Regionales de Planificación de la

Educación Superior establecerán los saberes y competencias

necesarios para el acceso a la Educación Superior y los revisarán

periódicamente; promoverán también acuerdos en torno a

estrategias comunes para el acceso y la permanencia en la

Educación Superior.

5.1.2.6. El Ministerio de Educación apoyará financieramente a redes o

consorcios constituidos por las instituciones universitarias

estatales y las provincias para la atención de las prioridades

regionales de Educación Superior.

5.1.3. Se debe plantear como meta a cumplir en un quinquenio que la

categoría “Institutos de Educación Superior” reúna a los institutos

universitarios, los colegios universitarios y los antes Institutos de

Educación Superior no universitaria. Para realizar este agrupamiento se

establecerá una reglamentación sobre las exigencias que deberán

cumplir aquellas instituciones para quedar definitivamente

incorporadas a dicha categoría y acceder a las articulaciones con las

universidades, pasando a funcionar plenamente dentro del sistema de

Educación Superior.

5.1.3.1. La mencionada reglamentación deberá contemplar que la

articulación orgánica de los Institutos de Educación Superior con

las universidades requiera la mutua adecuación organizativa y

curricular para habilitar a sus alumnos y egresados a que sus

estudios reciban el reconocimiento de ambas instituciones y la

posibilidad de transitar horizontal y verticalmente por las

instituciones del sistema nacional de Educación Superior. Estas

adecuaciones deberán seguir pautas de la referida reglamentación

y tener en cuenta la inminente necesidad de articulación con las

redes universitarias del MERCOSUR y de otras universidades

latinoamericanas.

5.1.4. La Ley deberá establecer dispositivos de aprobación, evaluación y

control de los organismos del sistema que sin duda deben pertenecer al

Estado Nacional. La CONEAU constituye un organismo valioso que debe

consolidarse en su funcionamiento, para tornarlo más eficiente y en

procura de ampliar su intervención hacia todo el sistema de Nivel

Superior, además de dotarla de capacidad control de todas las unidades

académicas incluyendo los centros universitarios y las instituciones de

investigación. En cuanto a su composición debe incluirse un

representante del MCTeIP y del CICYT.

5.1.5. Debe consolidarse el control financiero mediante la auditoría interna y

externa (AGN). Ver 6.1.3.

5.2. Aspectos internos de la reorganización del sistema

En un plazo de cinco años las instituciones de Educación Superior y las

universidades deberán:

5.2.1. Reorganizarse territorial y curricularmente en armonía con el

sistema, con sus congéneres del mismo u otro Nivel y con las

universidades e institutos superiores privados con las cuales comparten

o superponen territorios, carreras, especializaciones, instalaciones

deportivas y recreativas, bibliotecas, laboratorios, proyectos de

investigación, programas de formación docentes, o con las cuales

coinciden en la carencia de algunas de aquellas disponibilidades.

5.2.2. Articular áreas del conocimiento que posibiliten que en el mediano

plazo los alumnos puedan ingresar “al área” antes de quedar inscriptos

en una carrera determinada, lo cual se complementa con la

flexibilización de los diseños curriculares para garantizar que todo

alumno que ingrese a la Educación Superior se dirija hacia alguna

carrera del área que elija al inscribirse, destacando que es condición

democrática básica que no pierda la posibilidad de acceder al área de

conocimientos que más le interesa en algún tramo de su tránsito por el

sistema de Educación Superior.

5.2.3. Garantizar que ninguna carrera será terminal obligatoriamente pero

sí ofrecerá titulaciones terminales a petición de cada candidato que

haya cumplido con las condiciones de egreso previstas en el respectivo

Plan de Estudios. Ningún estudiante quedará fuera del sistema al

concluir su carrera ni varado en un rincón que le desagrada, ni

ingresando a la carrera de su elección pero estafado en relación a lo que

debía recibir.

5.2.4. Producir una amplia reforma curricular revisando las ofertas que han

florecido desordenadamente durante los últimos años y acordando su

planificación con criterios nacionales, regionales y en una perspectiva

de corto, mediano y largo plazo. Entre otras medidas a implementar en

este sentido, se deberá:

5.2.4.1. establecer títulos intermedios y certificados de reconocimiento

de los saberes adquiridos preferentemente que se adecuen a la

demanda del mercado de trabajo y permitan presionar sobre la

demanda actual y de mediano plazo;

5.2.4.2. reconocer los saberes acumulados en tránsitos entre carreras y

especialidades que realizan los alumnos, en los diversos circuitos

que se establezcan;

5.2.4.3. facilitar el reingreso al sistema de Educación Superior en todo

momento, dándole características de sistema de educación

permanente en sus diversas orientaciones;

5.2.4.4. fortalecer la formación docente inicial en los institutos de

formación docente, la recuperación de prácticas exitosas y la

innovación;

5.2.4.5. propiciar la introducción, en los institutos de formación

docente de jurisdicción provincial, de prácticas de mayor

participación, democratización, y compromiso con sus

comunidades;

5.2.4.6. establecer un sistema de educación permanente de los

docentes e investigadores, vinculada con incentivos salariales y

una carrera docente que tendrá que contar con el acuerdo de la

comunidad de Educación Superior.

5.2.5. Vincular a la Educación Superior con las necesidades sociales, y

asegurar su pertinencia respecto a los derechos del Pueblo y las

demandas de la sociedad y el Estado hacia el presente y el futuro. Para

ello es menester:

5.2.5.1. establecer la obligación del servicio social, como parte de los

curricula y en coordinación con el sector productivo, las

organizaciones de la sociedad civil y los organismos del Estado;

5.2.5.2. fomentar la vinculación de las unidades académicas con

programas de atención a la población con necesidades básicas

insatisfechas (NBI);

5.2.5.3. favorecer el subsidio de investigaciones destinadas a la

solución de problemas sociales acuciantes;

5.2.5.4. formar profesionales capacitados para el trabajo en zonas

socialmente prioritarias;

5.2.5.5. estimular el desarrollo de investigaciones en red (que

involucren instituciones de Educación Superior y superior

universitaria y del sistema científico-tecnológico) para impactar

sobre ámbitos territoriales y realidades sociodemográficas más

postergadas;

5.2.5.6. propiciar la implementación y financiamiento de programas de

investigación y extensión que tiendan a equilibrar la actual

desigualdad regional, mediante parámetros para su aplicación en

situaciones locales particulares.

5.2.5.7. estimular los trabajos de prospectiva, los desarrollos filosóficos

y los análisis de sistemas complejos, teorías del caos y la

incertidumbre, así como las líneas de ciencias sociales, exactas y

naturales que abran perspectivas de conocimiento de futuros

imaginables o probables.

5.3. Criterios para la discusión sobre el gobierno de las instituciones de

Educación Superior y universitaria

Todas las instituciones del Nivel Superior tendrán un sistema de cogobierno

que será establecido en sus aspectos más generales por la nueva Ley,

quedando a cargo de cada universidad en ejercicio de su autonomía los

aspectos específicos. En cuanto a los Institutos de Educación Superior

quedará establecido el cogobierno, siguiendo la filosofía de la Ley de

Educación Nacional y a partir del texto central de la nueva Ley de

Educación Superior, en cuya reglamentación se establecerán las pautas más

específicas. Se propone que la Ley establezca para todos los institutos y las

universidades nacionales:

5.3.1. obligación de representación de los cuatro claustros con la

composición numérica que decida cada institución, pero respetando el

principio de que ningún claustro tenga la mayoría absoluta, e

integrando a los auxiliares docentes;

5.3.2. cada institución resolverá la forma de integración de los auxiliares

docentes. Entre las opiniones emitidas sobre cómo resolver su

participación están las siguientes 1) deben integrase al claustro de

graduados; 2) el claustro de graduados es corporativo, pero introduce

sectores sociales y limita la endogamia, de modo que no puede

reemplazarse por el de los auxiliares docentes; 3) pueden integrarse al

claustro docente, fijándose o no proporciones, 4) debe agregarse un

quinto claustro.

5.3.3. habilitación para votar y ser electos para los docentes regulares y para

aquellos cuyo concurso no ha sido sustanciado en los 4 años después de

su contrato, habiendo ejercido de manera continuada el cargo docente;

se incluye a los docentes titulares, asociados, adjuntos, Jefes de trabajos

prácticos y auxiliares;

5.3.4. empadronamiento automático de los graduados a partir de la

expedición del título;

5.3.5. reducción de las exigencias para la formación de las listas: menor

número para garantizar la representación de las minorías;

5.3.6. estableciendo un reglamento nacional de concursos que garantice la

igualdad de todos los ciudadanos, crear un registro nacional de jurados

que acote un perfil de especialistas y exigir que cada facultad y

universidad tenga un plan de concursos acorde al reglamento nacional.

Mencionar aquí el tema de la especial preparación o formación

equivalente

6. Apuntes acerca de las políticas y la estructura del financiamiento

6.1. Redefiniciones necesarias

6.1.1. Desde que se dictó la Ley 24.521 se ha desarrollado una tecnología de

la gestión universitaria que ha sido acompañada por un lenguaje muy

distinto del reformista clásico y del nacionalista popular. Algunos

documentos se refieren al límite de la autonomía de acuerdo con la

responsabilidad pública, entendiendo este término como una expresión

amplia de lo social, pero no lo relacionan con la orientación de las políticas

de Estado ni con los planes de gobierno. Insisten en la responsabilidad de la

Universidad con la “sociedad” en términos abstractos y no la conciben como

parte del Estado Nacional. De ese modo se identifica Estado con Gobierno

de turno o aparato de Estado en un sentido antiguo, sin concebir la

necesidad de un Estado complejo, conformado por organismos e

instituciones que mantienen vinculaciones de distinta índole (de

autonomía, de autarquía financiera, autarquía política, autarquía gestión,

descentralizadas, dependencia directa, etcétera). Al oponer autonomía a

intervención gubernamental se deja al Estado una sola función: devengar

los fondos, por consiguiente se abre el camino para la “charterización” de

las universidades, es decir privatización de los espacios educativos estatales.

Lejos del concepto de autonomía de los reformistas del ‘18, desde el dictado

de la Ley 24.521 se instaló un antagonismo entre autonomía de Mercado y

autonomía democrático-nacional. Últimamente la tantas veces denunciada

lejanía entre la producción universitaria y las necesidades sociales comenzó

a ser admitida como un serio problema por importantes sectores

universitarios. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha enunciado la

categoría “autonomía responsable”, como parte de la preocupación por

mejorar las relaciones “entre la Universidad, el Estado y la Sociedad”.

6.1.2. Respecto a la relación Universidad-Estado, el documento emitido por

el CIN en Vaquerías y otros documentos recientes consideran que las

universidades deben depender del Poder Legislativo y no del Ejecutivo y

algunos llegan a cuestionar la existencia de la Secretaría de Políticas

Universitarias del Ministerio de Educación. Tal afirmación es una

interpretación del fallo de la Corte Suprema que reiteró que “el objetivo de

la autonomía fue desvincular a la Universidad de su dependencia del Poder

Ejecutivo, más no de la potestad regulatoria del Legislativo, según se

desprende del propio debate de la Convención Constituyente: las

Universidades deberán contar con un servicio de auditoría interna y el

órgano externo competente de control de la gestión administrativa contable

será la Auditoría General de la Nación”.

El acuerdo de los rectores de las universidades públicas realizado en

Vaquerías manifiesta que:

La ley de Educación Superior deberá establecer la autarquía entendida

como la facultad de las universidades para auto administrarse, con

responsabilidad social, transparencia y pertinencia, tanto en lo que atañe

a sus afectaciones presupuestarias como así también en lo referente a los

recursos propios en el marco de la obligación indelegable del Estado de

proveer los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades

nacionales e Institutos Universitarios.

6.1.3. Entendiendo que no es el sentido que le han querido imprimir los

rectores, es sin embargo necesario aclarar que la “auto administración” no

puede ser el pasaporte para que la Universidad se controle a sí misma ni se

libere de la rendición de cuentas a un organismo del Estado externo a ella.

Si bien el CIN remarca la responsabilidad social de las universidades, otros

actores desde el campo neoliberal se prefieren una autonomía institucional

regulada por las leyes del Mercado.

Una discusión anexa es si el organismo de control debe ser del Poder

Ejecutivo o del Legislativo. Hay media biblioteca a favor de cada opción. Las

atribuciones que le confiere a este último el Art. 100 de la Constitución

Nacional consisten en tratar y aprobar, rechazar o modificar el presupuesto

que le envía el PEN (Inc.6) previa aprobación en este último Poder. Sólo

puede controlar la gestión del presupuesto a través del informe que deberá

rendir el Jefe de Gabinete una vez por mes (Art. 101). Sin embargo, en los

documentos elaborados por el CIN hay argumentos atendibles para aceptar

su insistente pedido referido a que las universidades reporten al Poder

Legislativo, de modo que sería posible formular la siguiente norma:

Debe crearse una dependencia de la Auditoría General de la Nación

capacitada y destinada especialmente para el control financiero de las

instituciones de educación superior, cuyas funciones se articulen con las que

cumplirán los auditores internos de cada institución.

6.1.4. Una cuestión que no puede obviarse es que en la jerga de la política

universitaria se introdujo el enunciado “ciudadanía universitaria”. Ese

concepto de “ciudadanía universitaria” surge de considerar autonomía

equivalente a extraterritorialidad y a las universidades públicas como

instituciones ajenas al Estado Nacional, tema que hemos tratado más

arriba, pero que surge insistentemente. Al mismo tiempo, algunos sectores

reclaman libertad para que cada universidad decida la forma y composición

de su gobierno, incluyendo la potestad de decidir qué sectores de la

comunidad tienen derecho a la participación en los órganos de gobierno y la

posibilidad y/o calificación de su voto. Es “ciudadanía” para actuar

libremente en el Mercado de la educación porque, ¿cómo puede aceptarse

que en una Nación, democrática y federal, pero Nación al fin, el derecho al

voto de un sector social valga distinto en una universidad que en otra, o que

sean considerados con derecho a voto, según la decisión local?

6.2. Doble comando de lo presupuestario

En la actualidad la financiación del Sistema de Educación Superior presenta

una complejidad no sólo fundada en la diversidad de subsistemas e

instituciones que lo componen, sino centralmente alojada en la disparidad

de lógicas normativas y administrativas con que se rigen los planos

académicos y los de habilitación presupuestaria. Al problema de las

cuestiones jurisdiccionales, ámbitos nacional y provinciales, se le agrega la

lógica muchas veces enfrentada entre los planteos de necesidades

fundamentadas en los datos propios de cada sector con los más macros de

las políticas generales de la distribución presupuestaria de todo el Tesoro.

Así, mientras algunas o muchas regulaciones académicas se ejecutan desde

los órganos de gestión educativa, la distribución presupuestaria se hace

desde ámbitos legislativos que no siempre cuenta con la información

técnica detallada ni con el planeamiento estratégico en la materia.

Además, la temporalidad anual de la distribución y la incertidumbre

adosada, puede provocar que ciertos proyectos de mediano y largo plazo

tengan discontinuidades, en una actividad donde los resultados no siempre

son inmediatos.

En otras palabras, con el actual marco institucional, los aspectos financiero

y académico se desenvuelven de manera desarticulada; ello genera severas

tensiones en los procesos de asignación de recursos y de evaluación de

calidades y pertinencias educativas.

6.3. Origen de los recursos

Los enfoques administrativos de recaudación, ordenamiento y ejecución no

contemplan otras fuentes públicas y privadas de ingresos no contenidas en

las partidas presupuestarias del Tesoro.

Para iniciar una detección de los componentes que debieran tenerse en

cuenta al momento de la conformación total de los presupuestos

disponibles, a continuación se listan los Agentes relevantes que intervienen

en el conjunto del Sistema de Educación Superior

• Universidades Nacionales y Provinciales públicas

• Universidades privadas

• Institutos Superiores de Formación Docente

• Institutos Superiores de Formación Técnica

• Entidades sin fines de lucro (instituciones de apoyo)

• Otras formas institucionales asociadas a las Instituciones Educativas

(Institutos, laboratorios, emprendimientos empresarios concretos)

• Colegios y consejos profesionales

• Entes de regulación y supervisión general (Ministerios de Educación,

comisiones de acreditación)

• La autoridad económica (administración y ejecución del presupuesto,

regulación del accionar operativo e impositivo del sector privado)

• Congreso de la Nación y provinciales.

• Entes de control (sindicaturas, organismos de control específicos de

acuerdo a las normas jurídicas de las actividades privadas)

• Sindicatos docentes y no docentes

• Asociaciones de representantes de Universidades (CIN – CRUP –

CPRES) y de Instituciones de Educación Superior

• Alumnos

• Usuarios (las familias de determinada región y/o estratos sociales,

otros agentes del sistema educativo, los profesionales afines, las empresas, el

sector público)

• El escenario internacional (universidades extranjeras, institutos de

investigación, fundaciones, organismos de financiamiento y/o

emisores/transmisores de ideología).

7. Un sistema de calidad democrática

Garantizar el derecho al acceso, permanencia y graduación en el Nivel Superior

por parte de todos los habitantes de la Nación, para que todos los jóvenes y

adultos tengan la oportunidad de cursar la enseñanza superior, y así cumplir

con los principios de respeto a los derechos humanos y de no discriminación

por condición u origen social, de género o étnico, ni por nacionalidad ni

orientación cultural, sexual, religiosa o, contexto de hábitat, condición física,

intelectual o lingüística. La sociedad no debe desperdiciar la oportunidad que le

brindan las instituciones educativas al conservar su poder de convocatoria

sobre ellos. Para ello es necesario:

7.1. contar con un sistema complejo, flexible y que proporcione múltiples

ofertas, que es el instrumento idóneo para asegurar el ingreso al sistema de

Educación Superior a todos los graduados de una enseñanza media digna.

(Recuérdese que la enseñanza media es obligatoria desde la Ley de

Educación Nacional del 2006, lo cual significa que la sociedad argentina se

planteó revertir la actual tendencia al decrecimiento de la demanda post

secundaria.);

7.2. implementar un Sistema de Créditos Académicos para el reconocimiento de

estudios cursados y aprobados en instituciones de Educación Superior, ya

se trate de asignaturas o de espacios curriculares individuales, de ciclos de

formación completos previstos por diseños curriculares de planes de

estudios, o de carreras completas de pre-grado o de grado.

7.3. Implementar una base de datos de Educación Superior, como estrategia de

implementación del Sistema de Créditos Académicos, que permita

consultar y establecer la correspondiente acreditación de acuerdo al

trayecto elegido.

7.4. mantener la función preparatoria que cumplen los ciclos básicos, cursos de

ingreso, exámenes, entre otros, dado que en la actualidad contadas

universidades argentinas tienen ingreso irrestricto. Pero es necesario

blanquear este asunto en vistas a la realidad actual, para llegar a un acuerdo

sobre conocimientos comunes que deben tener todos los jóvenes que cursan

estudios superiores. Se debería tener como meta a alcanzar en el mediano

plazo un acuerdo (que es de alto calibre político) sobre las características de

esos tramos iniciales, preparatorios o seleccionadores. Contando con un

Sistema de Educación Superior y Superior Universitaria complejo y bien

articulado, es posible (amén de necesario) establecer un mecanismo

distribuidor no restrictivo, que garantice la fluidez del ingreso y la adecuada

ubicación inicial de los estudiantes en carreras y sedes, de manera acorde a

sus elecciones, a la capacidad institucional y a las planificaciones regionales

y nacionales. Insistimos que el dispositivo que garantizaría en ese caso la

igualdad de oportunidades para todos los estudiantes es el sistema de

créditos que les abre la puerta a proseguir siempre estudios, más allá de por

dónde ingresen al sistema.

7.5. Por esa razón, tanto si se mantuviera la actual situación de decidir las

formas de ingreso (de hecho o de derecho) por parte de las instituciones,

como si se llegara a un acuerdo, los siguientes son dispositivos

indispensables para garantizar que el sistema será coherente, ordenado y

eficiente, a la vez que democrático:

7.5.1. A fin de garantizar la continuidad de los estudios, no deben existir

circuitos terminales, asegurando el tránsito vertical y horizontal por el

Sistema de Educación Superior, al cumplir con los requisitos que se

fijen para la aprobación de cada segmento formativo.

7.5.2. Es necesario que la enseñanza secundaria se recupere como espacio

formativo pero resulta indispensable que la Educación Superior se

organice como un sistema que acredite todos los saberes que se

adquieren, certifique tramos de estudios para disminuir la cantidad de

sujetos calificados como fracasados, supere la rigidez actual de los

curricula y ofrezca modalidades que acepten cambios de carrera. Urge

empezar a considerar el nomadismo de muchos alumnos entre carreras,

como una expresión de la transdisciplinariedad de la cultura actual, de

la pluralidad de formas de aprendizaje y de la imposibilidad de fijar los

contenidos de las disciplinas a la manera tradicional, no obstante debe

desarrollarse una planificación que supere la situación caótica que se ha

creado en la formación de muchos estudiantes. También debe atenderse

la complejidad de la estructura de las diferentes culturas en la cuales

hemos acostumbrado a vivir a nuestros jóvenes (Cultura zapping,

Cultura multimedial, Cultura de múltiples atenciones -pc + tv + texto +

etc.-, Cultura de simultaneidades…).

7.6. Esta Ley dispondrá la creación de un organismo del sistema de Educación

Superior destinado al reconocimiento de saberes adquiridos por vías no

formales.

7.7. Realizar una reforma político-académica que mejore la situación

internacional de la Educación Superior argentina y la articule con el

MERCOSUR, como se ha fundamentado en el acápite 3.

8. Documentos utilizados

• Agrupación “22 de noviembre”. “Lineamientos políticos y académicos

para una nueva universidad. 60 medidas para refundar la Educación

Superior”, Buenos Aires, marzo de 2008

• Arreghini, Hugo, “La Educación Superior”, Profesor Emérito de la

Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Mayo de

2008

• CADIES – Cámara Argentina de Institutos de Educación Superior

• Cairo Sastre, María Belén. “Diversidad… Pero Igualdad ante la Ley”,

I.S.F.D. Nro.105, Ciudad Evita, La Matanza.

• CIN - Consejo Interuniversitario Nacional, “Lineamientos para una Ley de

Educación Superior”, Vaquerías, 23 y 24 de agosto de 2007

• CIN - Consejo Interuniversitario Nacional, Declaración de Horco Molle,

Tucumán, 27 de agosto de 2004.

• Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos

Humanos, “Propuesta de Artículo sobre Discapacidad para incluir en la

Ley de Educación Superior”, mayo de 2008

• CONADU – Federación Nacional de Docentes Universitarios, “Hacia una

nueva ley de Educación Superior”, Instituto de Estudios y Capacitación,

Buenos Aires, 10 y 11 de agosto de 2007

• CONADU Histórica – Federación Nacional de Docentes, Investigadores y

Creadores Universitarios, “Lineamientos hacia una nueva Ley de Educación

Superior”, Buenos Aires, marzo de 2008

• CRUP - Consejo de Rectores de Universidades Privadas, “Aportes del CRUP

ante una posible reforma a la Ley de Educación Superior Nº 24.521”, Buenos

Aires, 9 de abril de 2008

• Domecq, Roberto, “PERTINENCIA Y SENTIDO DE LA UNIVERSIDAD”,

Profesor Emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento”

• FAGDUT – Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica

Nacional, “La ley de Educación Superior”, Rosario, 5 de mayo de 2008

• Frente Transversal, Nacional y Popular, “Documento Político del

Tercer Congreso del Frente Transversal, Nacional y Popular”, Buenos Aires,

14 de julio de 2007

• FUA - Federación Universitaria Argentina, “Hacia una nueva ley

universitaria”, Buenos Aires, 20 de agosto de 2006

• Geneyro, Juan Carlos. “Algunos dilemas y desafíos para la Universidad”.

Universidad Nacional de Lanús, Revista Salud Colectiva, Buenos Aires,

Enero-Abril de 2007

• Grupo de Universidades Nacionales del Norte Grande, Grupo de

Rectores. Declaración del 3 de agosto de 2007

• Huergo Fernández, Jorge. “Aportes para la discusión de la Ley de

Educación Superior”

• IESE – Instituto de Enseñanza Superior del Ejército “My FRANCISCO

ROMERO”, “APORTES DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR

DEL EJERCITO PARA EL DEBATE DE LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN

SUPERIOR”, mayo de 2008

• Instituciones Preuniversitarias, Universidad Nacional de San Juan, 18

de abril de 2008

• IUN – Instituto Universitario Naval, “APORTES DEL INSTITUTO

UNIVERSITARIO NAVAL PARA EL DEBATE DE LA NUEVA LEY DE

EDUCACIÓN SUPERIOR”, mayo de 2008

• Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Formación, “PROPUESTAS

PARA CONSIDERACIÓN DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE

LAS FUERZAS ARMADAS (IUFFAA) EN EL PROYECTO DE LEY DE

EDUCACIÓN SUPERIOR”, mayo de 2008

• Movimiento Barrios de Pie, “Por una nueva Ley de Educación Superior”,

Buenos Aires, 13 de mayo de 2008

• Nosiglia, M. Catalina y Marquina, Mónica (1996): “El tratamiento

parlamentario de la Ley de Educación Superior” en Paviglianiti, Norma;

Nosiglia, Catalina y Marquina, Mónica (1996): Recomposición

neoconservadora. Lugar afectado: la universidad. Miño y Dávila Editores,

Buenos Aires.

• Pérez Lindo, Augusto. “Aspectos relevantes para la reforma de la Ley de

Educación Superior”, 7 de mayo de 2008

• Pérez Rasetti, Carlos. “MOTIVOS PARA UNA REFORMA”, Universidad

Nacional de la Patagonia Austral

• Prefectura Naval Argentina, Instituto Universitario de Seguridad

Marítima, “Informe a la Comisión Parlamentaria de Educación. Ley de

Educación Superior”, mayo de 2008

• Pueblos Originarios, presentación ante la Comisión de Educación de la

HCDN, mayo de 2008

• Pugliese, Juan Carlos y Carlos Pérez Rasetti. “Compromiso del

Estado con las Universidades Nacionales. Políticas de Mejoramiento de las

Capacidades Institucionales”, 2005

• Rapoport, Mario. “Ciencia, Tecnología y Universidad: los deberes

pendientes”

• Rapoport, Mario. “Consideraciones en torno al modelo de país que

queremos”, 4 de abril de 2008

• Salibián, Alfredo, “Aportes”, Profesor Emérito de la Universidad Nacional

de Luján. Mayo de 2008

• UDA – Unión de Docentes Argentinos, “Aportes de la UDA para el debate

de la Ley de Educación Superior”, Buenos Aires, 6 de mayo de 2008

• UIA – Unión Industrial Argentina, “Aportes de la UIA ante una posible

reforma a la Ley de Educación Superior Nro.24.521”, Buenos Aires, 13 de

mayo de 2008

• UIA – Unión Industrial Argentina, “Modelo de Evaluación de la gestión de

calidad para Instituciones Educativas. Una herramienta para la Evaluación

Institucional”, Buenos Aires, noviembre de 2002

• UNC – Universidad Nacional de Córdoba. Dictamen del Honorable Consejo

Superior, 21 de agosto de 2007

• Villanueva, Ernesto. “Aportes para una nueva Ley de Educación

Superior”, 7 de mayo de 2008

ANEXO I

9. Antecedentes inmediatos

9.1. El comienzo del problema

La cantidad de personas que ingresan al sistema educativo en su infancia y

alcanzan un título en la Educación Superior es escasa en la Argentina. La

injusticia social es la causa principal del insuficiente número de graduados.

Pero también incide la vetustez de instituciones educativas que son

máquinas de producir desertores pues no habilitan ni certifican

adecuadamente para el trabajo productivo, la docencia o la investigación a

quienes pasan por sus aulas. Esa cuestión no afecta solamente a los que se

gradúan, sino a aquellos que invirtieron esfuerzos propios, familiares y

públicos y, aun cuando no concluyeron sus estudios, adquirieron

conocimientos que son valiosos. Sin embargo esos conocimientos no les son

reconocidos pues en la Argentina las modalidades y normas de legitimación

y legalización de saberes tienen medio siglo de atraso. Este atraso argentino

viene de lejos. A comienzos de los años 70, países cuyos sistemas escolares

habían alcanzado una cobertura amplia de la enseñanza media comenzaron

a modernizar el nivel superior, vinculándolo con el mundo productivo,

articulando los estudios terciarios con los universitarios e introduciendo la

educación a distancia. En cambio, en la Argentina sólo hubo represión. El

movimiento estudiantil fue aniquilado por dos sucesivas dictaduras y, en el

intermedio entre ambas, por el gobierno de Isabel Martínez de Perón (1974-

1976). Incluso la reforma diseñada por el profesor Alberto Taquini,

funcionario del gobierno de Onganía (1966-1970), que consistió en fundar

algunas nuevas universidades públicas y vincularlas con terciarios

denominados "colegios universitarios", quedó inconclusa por el temor al

cambio por parte del bloque gobernante. Desde la restauración de la

democracia, la Universidad mostró fallas importantes para responder a las

interpelaciones culturales, sociales y nacionales. Aún no se ha llegado a un

acuerdo sobre sus objetivos, su situación en el Estado y su relación con la

sociedad, entre otros temas.

9.2 Puntos salientes

Los hechos más significativos que se produjeron en los últimos veinte

años con relación a la Educación Superior fueron:

9.2.1. la sanción de la Ley 24.521, en 1995, que resultó una serie de normas

que no son completamente coherentes con una u otra concepción de

Universidad. Ese carácter ecléctico de la Ley fue el fruto de la negociación

que de hecho se produjo entre la administración menemista y la dirigencia y

buena parte de la comunidad universitaria. Uno de los efectos más negativos

es la renuncia a la planificación, como si ésta fuera enemiga de la

democracia, creencia de la cual participa fuertemente el "progresismo"

universitario. Recordemos que en la Argentina la planificación por parte del

Estado ha sido un instrumento del peronismo de Perón y, más tibiamente,

del desarrollismo, ambos desalojados del gobierno por fuerzas identificadas

con el liberalismo económico y la primacía sobre el Estado de un Mercado

regulado por sus intereses privados.

9.2.2. la puesta en marcha de algunos de los órganos y programas que creó

aquella Ley, como la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria

(CONEAU), la implantación del Programa de Incentivos, el Programa Fondo

para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC) y la creación de la

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica para el fomento de

la investigación (Decreto 1.660/96) en la Secretaría de Ciencia y Técnica

(hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva). Los efectos

de la CONEAU y la Agencia, por un lado, y del FOMEC y el Programa de

Incentivos, por otro, han sido distintos, obteniendo los primeros la

aceptación de la mayor parte de la comunidad universitaria, y su discusión

los segundos.

9.2.3. la aceptación y adopción, (aunque no manifiestas) por parte de la

comunidad universitaria, de criterios de la Ley, dándoles particulares

interpretaciones que permitieron evitar el arancelamiento de los estudios de

grado (principal reclamo de los organismos internacionales y la derecha

neoliberal local) y sostener el cogobierno (evitando la erradicación de la

representación estudiantil, de graduados y de no docentes sin caer en

demandas populistas).

9.2.4. la canalización hacia el Mercado, a fin de solucionar la insuficiencia de

financiamiento, en lugar de hacerlo hacia la demanda política: tercerización

de servicios, apertura de nuevas sedes y carreras, decisiones tomadas

fragmentariamente por universidades y facultades sin una noción de

conjunto ni un compromiso suficiente con el entorno educativo local,

provincial o el desarrollo del sistema nacional de educación media y superior

(localización de instituciones, de carreras y especialidades en ellas, demanda

cuantitativa y cualitativa de la sociedad, el mercado y el propio Estado, entre

otros elementos).

9.2.5. el predominio de intereses corporativos en lugar de la planificación,

que ha sido la gran ausente por los motivos ya expuestos, dio lugar a una

dispersión desordenada de las instituciones de Educación Superior, en lugar

de cumplir con el objetivo de la Ley de construir un sistema educativo

nacional integrado.

9.2.6. el crecimiento con diferentes niveles de calidad, sin modificar la

curricula para adecuar la duración y los contenidos de las carreras de grado,

al uso de la mayor parte de los países que fueron reformando sus sistemas

desde los años 70, entre otras postergaciones, por parte de las universidades

entre sí y los institutos de Educación Superior.

9.2.7. en suma, pese al explícito rechazo de la comunidad educativa a la Ley,

la concepción rechazada penetró las universidades, que se articularon más

con el Mercado que con los programas de desarrollo, las necesidades

nacionales, regionales, locales de corto, mediano y largo plazo, y la

transmisión y producción de la cultura en el sentido básico y amplio.

9.2.8. en el curso de ese proceso, las definiciones de las categorías

autonomía y autarquía sufrieron cambios que afectan gravemente el carácter

público y estatal de las universidades nacionales. Se confundieron las

categorías “estatal” y “público”, avanzando las acciones de “autonomía de

Mercado”, postura que excede el límite constitucional, como, en el otro

extremo, lo excedería el intervencionismo gubernamental (que actualmente

solo propician sectores irrelevantes).

9.2.9. La sanción de la Ley 26058 de Educación Técnico Profesional, en

2005, planteó un reordenamiento jurídico y el estímulo para el subsistema

que más sufrió los ataques del neoliberalismo político y económico de los

últimos 30 años. Porque no sólo fue devastado en lo educativo sino que el

entorno productivo de su referencia también fue desolado impiadosamente

como parte de la misma política. Pero, aún así, la Formación Superior

Técnica, no tuvo la integración que el Sistema necesita.

9.2.10. La sanción de la Ley 26206 de Educación Nacional, en 2006,

reinstauró en la Educación la noción de sistema único, con alcance y sentido

nacional, con políticas planificadas integralmente y la articulación común

entre los diferentes instituciones, miembros, saberes y acciones que

componen a todo el Sistema. La Formación Superior Docente tiene, con esta

norma, un comienzo de resolución a los cuestionamientos a su calidad y

visión. Sin embargo, todavía resta su imprescindible integralidad con el

resto de los procesos de formación docente, tanto en la cantidad de sus

referencias como en la calidad de los vínculos.

9.2.11. La Ley de Financiamiento Educativo apuntó a la mejora de la

eficiencia en el uso de los recursos con el objetivo de garantizar la igualdad

de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de calidad de la

enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica, reafirmando el

rol estratégico de la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo

económico y socio-cultural del país.

9.2.12. La realización de la Conferencia Mundial Sobre la Educación

Superior, “La Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y Acción”,

convocada por UNESCO, en París, en octubre de 1998 que plantea que la

Educación Superior debe ser accesible a todos en función del mérito. Que no

puede aceptarse ninguna discriminación. Que se deben ampliar las

instituciones de Educación Superior para que adopten los planeamientos de

la educación permanente, lo que implica la instauración de un espacio

abierto y continuo de aprendizaje y la necesidad de la evaluación y el

reconocimiento de la enseñanza recibida anteriormente. Que se debe

procurar ante todo establecer sistemas de acceso en beneficio de todas las

personas que tengan las capacidades y motivaciones necesarias y que se

deben establecer mecanismos coherentes de reconocimiento de los

resultados del aprendizaje efectuado en diferentes contextos y asegurar que

los saberes sean transferibles dentro de los establecimientos, sectores y

estados y entre ellos.

9.2.13. La Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en

América Latina y el Caribe (CRES 2008), convocada por IESALC, UNESCO

junio 2008, que declara la Educación Superior como un bien público social,

un derecho humano universal y un deber del Estado.

9.2.14. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 que en

la “Proclama” dice: que esta declaración constituye el “ideal común por el

que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos

derechos y libertades…”. Así como en el Artículo 26 expresa: “I. Toda

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. … II.

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. …”

A 60 años de esta declaración, es preciso ampliar sus objetivos

fundamentalmente en lo que respecta a la función social de la educación. En

efecto, hoy el proceso educativo se estructura a partir de dos ejes cuyas

actividades se complementan: 1) el individual, perfectamente reflejado en la

DUDH, y 2) el social que debe quedar perfectamente establecido y

garantizado por la ley.

9.2.15. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

adoptado por la ONU en 1966, ampliado por la Declaración de CEPAL

(2005) que en su Artículo 13, establece, 1) Los Estados Partes en el presente

Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en

que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la

personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el

respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las

personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre

todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades

de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 2) Los Estados

Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno

ejercicio de este derecho: (…) b) La enseñanza superior debe hacerse

igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por

cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación

progresiva de la enseñanza gratuita; c) Se debe proseguir activamente el

desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar

un sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condiciones

materiales del cuerpo docente.

Anexo II

GRILLAS COMPARATIVAS

Algo respecto de este trabajo En principio es preciso anticipar algunas cuestiones formales que necesariamente hay que tener en cuenta al momento de leer la grilla que hemos construido y que adjuntamos. 1. Se trata de un trabajo “en progreso”… es decir que está siendo completado a medida

que aparecen nuevos materiales (por ejemplo las versiones taquigráficas de las diferentes reuniones que la Subcomisión de Educación Superior ha ido teniendo con distintos sectores y/o especialistas invitados)

2. Se trata de un trabajo que remite, tanto en la lógica de construcción de cada fragmento como en la coherencia de éstos con los conceptos de síntesis que encabezan cada línea de la grilla, a documentos-base que les dan sentido integral.

3. Se trata de un trabajo que “recorta” escrituras de otros (personas, instituciones, diálogos y debates, etc.) mediante la lectura de varios “interpretantes” (somos varios los que hemos trabajado en esta síntesis).

4. Se trata de otra forma de presentar informaciones de diferentes orígenes y géneros. Que no las suplanta en su integralidad, ni en su lógica de construcción, ni en su discurrir formal y conceptual. No debe tomarse como resumen de ninguna de las posiciones originales que obran públicamente en la Comisión de Educación de la HCDN. Es un documento de trabajo y referencia para consultas comparativas o de rápida vista de algunos ejes de cada aporte original.

5. Se trata de un trabajo sobre datos que fueron presentados bajo diferentes formas (documentos integrales y específicos sobre la reforma de la LES, documentos puntuales sobre determinado tema o posicionamiento sectorial, documentos escritos para distintas finalidades académicas o políticas, transcripciones taquigráficas de reuniones con sectores homogéneos en su composición o muy heterogéneos, etc.)

6. Se trata de un trabajo ordenado en base a una grilla de puntos que enunció el origen de un proceso de discusión, pero que necesitó de ampliaciones muy puntuales para no dejar temas muy importantes (a juicio de los diferentes expositores) afuera, aunque no cubre la totalidad de los tópicos desarrollados en los diálogos o documentos. Esta grilla fue una indicación temática pero no necesariamente ordenó la construcción de los documentos presentados ni de los debates y diálogos producidos. También, la grilla, planteó puntos muy parecidos que dieron origen a interpretaciones diferentes al momento del cruce con la información base.

7. En el caso de las reuniones de la Subcomisión de Educación Superior que originaron versiones taquigráficas, la intervención de los diputados presentes modificó el curso de las intervenciones y centró debates en temas que no eran centrales para el desarrollo de la consulta sobre la LES.

8. Con respecto a los proyectos de Leyes de Educación Superior ya obrantes en la Comisión, el trabajo con la grilla los reordenaría muy caóticamente. Así que fueron trabajados con otra lógica que los contemplara más acabadamente en sus partes constitutivas.

En segunda instancia, hechas todas las salvedades formales, es posible hacer una lectura muy provisoria acerca de algunos ejes que pueden servir para caracterizar líneas de consenso aparecidas en la integralidad de los documentos y reuniones de trabajo…

1. En una etapa diagnóstica, la absoluta mayoría de las opiniones destacó la defensa y la lucha protagonizada por los propios integrantes de la comunidad de la Educación Superior (en todos sus niveles) para evitar que las políticas neoliberales de los años 90 transformaran de raíz su estructura, cumpliendo con los preceptos de desmantelamiento del pensamiento crítico, de ruptura con los profundos vínculos identitarios con la historia de la regionalidad continental, de acallamiento de los diálogos productivos entre los procesos educativos superiores y el conjunto sociopolítico nacional y moderno.

2. En todos los casos (documentos, diálogos, debates, opiniones) apareció la afirmación acerca de la necesidad de la integración de todas las actividades, instituciones y prácticas de la Educación Superior en un Sistema único complejo, con el objetivo de reintegrar la centralidad del Estado en la garantía de su financiamiento, en la provisión de sus recursos indispensables, en la orientación de políticas de calidad y excelencia.

3. Surge un consenso importante también en las proposiciones de ordenamiento del Sistema de Educación Superior a partir del Planeamiento estratégico prospectivo en diálogo con proyectos productivos de independencia, soberanía y autonomía nacional.

4. Se reafirman las concepciones ya consagradas en la Constitución Nacional y en la Ley 26206 de Educación Nacional, acerca de definir a la Educación y al conocimiento como bienes públicos y derechos personales y sociales.

5. Partiendo de la defensa irrestricta de la autonomía y la autarquía, se avanza en conceptos de vincularlas con la integración a concepciones modernas e integrales del Estado como la Evaluación, la Acreditación, la responsabilidad social de sus prácticas y la visibilidad y accesibilidad de la información y los actos públicos.

6. En los diferentes aportes, las instancias relativas a lo que genéricamente se denomina Bienestar Estudiantil (becas, transporte, servicios de comedor, salud, materiales educativos, etc.) estuvieron muy ligadas a las demandas de políticas de inclusión social de sectores hoy no incorporados totalmente al Sistema de Educación Superior, así como a la retención y recuperación ante los índices de abandono y ausentismo.

7. Demanda de políticas de Formación Docente tanto desde perspectivas reivindicativas gremiales como desde posicionamientos críticos hacia el nivel de actualización, conocimiento y capacitación del sector.

8. Desde un diagnóstico unánimemente crítico hacia el estado de la Infraestructura edilicia y de los materiales educativos existentes, así como a su nivel de obsolescencia o inexistencia, se puede observar una demanda generalizada de la intervención del Estado con políticas públicas coherentes y permanentes para su planeamiento, provisión y mantenimiento.

9. Bajo diferentes enunciaciones y formatos, los diferentes aportes aconsejan la existencia, presencia y/o creación de organismos colegiados que permitan la intervención de organizaciones de la sociedad civil en el gobierno institucional del Sistema de Educación Superior (Consejos sociales, formas de Iniciativas Ciudadanas, etc.)

TEMA Movimiento Barrios de Pie UIA, CTA, CONINAGRO, CGT,-CGE, APyME y SRA

Articulación con el resto del Sistema Educativo Nacional y la Educación Superior Terciaria

• que la futura ley establezca objetivos de articulación entre el nivel de educación superior y otros niveles apoyando financieramente las acciones que emprendan los actores de las articulaciones, estatales o privadas sin fines de lucro.

• Educación media. Es recomendable replicar experiencias exitosas realizadas por universidades, que convocaron a escuelas secundarias de su radio de influencia para articular los conocimientos y habilidades que deben tener los alumnos de nivel medio que egresan con los requerimientos de ingreso que las universidades exigen mediante un programa que contempla la vinculación y el enlace curricular de directivos y docentes secundarios con sus pares universitarios en asignaturas específicas que fueron oportunamente financiadas por el Ministerio de Educación.

o “Institutos de Educación Superior. Sería muy conveniente legislar sobre los institutos de educación superior, como por ejemplo los tecnológicos, que hoy tanta faltan hacen, y los colegios de las comunidades con una amplia libertad de oferta en este sentido, y que estén articulados con las universidades, pero sin que dependan de ellas.

• Un pequeño punto a señalar, que es una tentación natural pero creo que sería erróneo -porque así fue

en la historia de la educación argentina-, es mirar al sistema educativo desde el sistema universitario o sistema superior. Es importante considerar esto cuando se legisla en enseñanza superior, que de alguna manera es demandante del sistema.

o No debemos dejar de ver que el sistema debe tener términos propios en su subsistencia. En realidad, no es que todo el sistema de enseñanza superior tenga una vida propia. Sí tiene su jerarquía indiscutible, pero no es el que define en última instancia el éxito del sistema educativo.

• Creo que es fundamental la importancia de la correlación entre lo que es primaria, secundaria y superior. Todo lo que se haga sin tener en consideración y sin tratar de articular lo primero con lo segundo y con lo tercero va a ir irreversiblemente al fracaso.

o Para nosotros debe haber una necesaria articulación entre el sistema universitario y los sistemas terciarios provinciales, particularmente en lo que hace a la formación docente. Como ustedes saben, la formación docente que se da en los institutos provinciales y la que existe en la universidad muchas veces está totalmente desarticulada del resto del sistema educativo.

o Entonces, esta ley de educación debe profundizar en la necesidad de interrelación entre los institutos de formación terciaria con la formación docente que se da en la universidad.

• la articulación entre los distintos niveles. Lo estamos planteando en términos de competencia porque

pareciera que los alumnos llegan al nivel universitario con determinados conocimientos pero con poca competencia académica que se refleja en el alto índice de deserción en los primeros años de la carrera. Entonces, hacemos hincapié sobre todo en las competencias profesionales con las que egresan, que tienen un marcado desfase con las necesidades reales del mercado en el que esos profesionales se van a insertar

Autarquía • La capacidad que tiene cada universidad para administrar y disponer de los recursos asignados mediante los subsidios previstos en la ley de presupuesto, como así también la plena facultad para obtener, administrar y disponer sobre los recursos propios que se generen como consecuencia del ejercicio de sus funciones, debe estar acompañada por: mecanismos de control, transparencia de gestión y auditorías externas que midan la calidad y excelencia de la gestión en la educación superior

Autonomía Gobierno Estatutos Concursos Libertad de Cátedra Territorio

• La autonomía universitaria, si bien fue un concepto progresista en 1918, hoy en día es caduco y funcional a la lógica del Mercado que se instaló en la educación durante la década del 90. Proponemos, en este marco, indagar acerca de los avances en este concepto, como el de Autonomía responsable que propician desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. El mismo reivindica al concepto pero contextualizándolo en

• La autonomía universitaria se encuentra reconocida en la Constitución Nacional, pero es fundamental que sea ejercida con responsabilidad dentro de un sistema soberano y abierto.

• El actual sistema de gobierno de las universidades estatales ha mostrado profundas falencias que deben ser corregidas

• La cuestión es que si la autonomía mal ejercida o confusamente legislada no permite la atomización o la superposición diría que es el derroche del

los objetivos que supone la producción de conocimiento de acuerdo a las necesidades de un país.

esfuerzo intelectual de la Argentina.

• que la universidad no se transforme en una isla sólo para los universitarios sino que exista participación social y ciudadana implica una mayor democracia, mayor distribución y mayor protagonismo de los actores sociales

Características de la Ley: Principios Doctrinarios

• incluir un capítulo de conciencia pyme

• la inclusión del cooperativismo en la currícula.

CALIDAD • Entendemos que es una oportunidad para rediseñar la búsqueda de la oferta superior en la Argentina, y tratar que la oferta de la calidad educativa superior no siga a las leyes demográficas. Tenemos que colocar a los argentinos en otros lugares más que reducir a la Argentina a medio país.

Evaluación y Acreditación. Títulos

• La necesidad de la evaluación de la calidad es un objetivo prioritario del sistema educativo en su conjunto y en el ámbito de la educación superior el Estado es el garante último de la misma.

• “Asimismo todas las universidades estatales y las escuelas dependientes de ellas deben permitir ser evaluadas por la CONEAU.

• “La futura ley debe asegurar la continuidad del sistema nacional de evaluación, revisando el cumplimiento de sus funciones y la organización con que opera para otorgarle mayor eficiencia, pasando de ser un sistema casi de observación a un verdadero sistema de medición y evaluación

de la calidad educativa Financiamiento • El Estado debe fortalecer a la

universidad argentina tanto de gestión estatal como privada, mediante normas claras que aseguren la calidad, eliminen las inequidades en el acceso, establezcan programas de ayuda para estudiantes y permitan mejorar las tasas de permanencia y graduación en el sistema universitario en su conjunto.

• “Considerando el financiamiento público de las universidades previsto en la ley de presupuesto, consideramos clave la definición de criterios de asignación más amplios, tales como: matrícula -ya existente-, docentes titulares por institución, indicadores de desempeño -metas cumplidas por las instituciones, infraestructura, soporte tecnológico, inserción laboral de los estudiantes, trabajos de investigación y desarrollo, otros-, y número de graduados por carrera por año.

• “Adicionalmente creemos conveniente la existencia de un amplio programa de asistencia para los estudiantes para que la accesibilidad al sistema sea una realidad y no un mero objetivo enunciado.

• “Es importante es ese sentido destacar los créditos de honor que permiten a los estudiantes en acuerdo a su rendimiento académico asumir un compromiso de aplicación al estudio y devolver él mismo una vez graduado.

• “La distribución de recursos debe tener por finalidad el logro de la máxima eficiencia en la aplicación de los mismos y la maximización de la calidad educativa.

• destacar la definición de los perfiles académicos y alcances de cada título para que no exista superposición o confusión en la oferta de las universidades y los institutos de educación superior

• que la futura ley contemple un financiamiento específico para las universidades y un órgano que distribuya y planifique equitativamente los recursos con una auditoría social.

Formación docente. Recursos académicos. Postgrados

Gobierno y Administración

• También planteamos aquí -así como hablamos de distribución del ingreso y del conocimiento- la democratización real del gobierno de la universidad con un voto directo y ponderado de los claustros.

Gratuidad/Ingreso/Inclusión

• Por otro lado, cabe destacar que el problema del acceso a la Educación Superior no se limita únicamente al sistema de ingreso, sino que implica e incluye, además, becas, programas de ayuda económica, Centros de Desarrollo Infantil, políticas para el ingreso de estudiantes con capacidades diferente, un abordaje de la problemática de género, la resolución del problema de aquellos que no pueden llegar por las distancias que los separan de los centros educativos, la creación de las nuevas sedes

• Respecto del ingreso y permanencia de los alumnos a la universidad consideramos condiciones fundamentales: Ingreso: cumplir con los requisitos mínimos cognitivos, actitudinales y de compromiso con el nivel de estudio y grado al que se aspira. Permanencia: mantener el requisito de regularidad que fija la ley al decir ‘Cada institución dictará normas sobre regularidad en los estudios, que establezcan el rendimiento académico mínimo exigible, debiendo preverse que los alumnos aprueben por lo menos dos (2) materias por año, salvo cuando el plan de estudios prevea menos de cuatro (4) asignaturas anuales, en cuyo caso

deberán aprobar una (1) como mínimo’. Artículo 50 de la actual ley de educación superior.

• La accesibilidad a la universidad de los trabajadores es algo que excede al sistema educativo porque tiene un condimento social. No obstante ello, es importante trabajar sobre la forma de organización de las materias y la currícula de la universidad. No es tanto la gratuidad como la incapacidad de cumplir horarios lo que hace que muchas veces el tener que ir a trabajar signifique terminar en la universidad privada –y quien les habla fue el caso, aunque no digo que lo tomemos como muestra. Curiosamente, es común el hecho de que una persona que tiene que trabajar termine estudiando en una universidad privada. Entonces, debemos ver a la accesibilidad desde la organización curricular de los trabajadores.

• en cuanto a la incumbencia todavía es difícil el reconocimiento en el nivel superior de la idoneidad e incumbencia para poder graduar y facultar a agentes sociales que por su trayectoria tienen la posibilidad de acceder a una licenciatura. Sería un pequeño capítulo, pero que persigue una mayor movilidad social con respecto a la posibilidad de los estudios superiores

Educación Superior Privada

Vinculación con lo científico- tecnológico / con el Trabajo y la Producción

• que la ley, en coordinación con otras y con Ciencia y Técnica, toque el tema del patrimonio, las patentes y la defensa de la producción nacional en materia intelectual.

TEMA María Belén Cairo Sastre INFOD Articulación con el resto del Sistema Educativo Nacional y la Educación Superior Terciaria

• La Ley Nacional de Educación Superior debe fortalecer al Nivel en sus rasgos específicos y, a la vez, brindar las herramientas para la integración de éste en el conjunto del sistema educativo. Es inadmisible en los tiempos históricos que nos tocan, que algún Nivel del Sistema monte su pretendida elite en lo que es nada más y nada menos que una de sus funciones y que, entonces, desde su cumbre enclenque y habiendo levado anclas del Sistema pretenda erguirse como observador externo, objetivo, desnudo de cargos y, todavía, autorizado a juzgar y a cercenar.

• El Sistema de Educación Superior está integrado por Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados y por Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada

• La articulación entre las distintas instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior se deberá garantizar estableciendo ámbitos, mecanismos y responsabilidades que favorezcan el trabajo conjunto en cuestiones compartidas por las instituciones universitarias y superiores relativas al ingreso, la retención, el egreso, las condiciones de desarrollo de las prácticas, la vinculación de las carreras, la formación inicial y el desarrollo profesional y el vínculo con las escuelas de los niveles educativos para los que forman docentes

Autarquía Autonomía • Gobierno • Estatutos • Concursos • Libertad de Cátedra • Territorio

Características de la Ley: Principios Doctrinarios

CALIDAD Evaluación y Acreditación. Títulos

Financiamiento Formación docente. Recursos

• la Educación Superior debe abandonar, desde la

• La formación de postgrado se desarrollará exclusivamente en

académicos. Postgrados

normativa misma, esos rasgos secundarizados heredados del normalismo y que tanto perjudican a los estudiantes. La articulación con los otros niveles del sistema tendrá que contemplar lazos verticales y horizontales que aseguren trayectorias dinámicas, diversas e inclusoras para la totalidad de los actores. En cuanto a la horizontalidad quiero expresar la necesidad de que la Ley contemple la circulación interinstitucional a ciclo abierto y no sólo a ciclo cerrado como actualmente sucede.

instituciones universitarias, podrá también desarrollarse en centros de investigación e instituciones de formación profesional superior de reconocido nivel y jerarquía, que hayan suscrito convenios con las universidades a esos efectos. Las carreras de postgrado —sean especialización, maestría o doctorado— deberán ser acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, o por entidades privadas que se constituyan con ese fin y que estén debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación.

• Para acceder a la formación de postgrado, el postulante deberá contar con título universitario de grado o de nivel superior de cuatro (4) años de duración como mínimo y reunir los prerrequisitos que determine el Comité Académico o la autoridad equivalente, a fin de comprobar que su formación resulte compatible con las exigencias del postgrado al que aspira. En casos excepcionales de postulantes que se encuentren fuera de los términos precedentes, podrán ser admitidos siempre que demuestren, a través de las evaluaciones y los requisitos que la respectiva universidad establezca, poseer preparación y experiencia laboral acorde con los estudios de postgrado que se proponen iniciar así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. En todos los casos la admisión y la obtención del título de postgrado no acredita de manera alguna el título de

grado anterior correspondiente al mismo

• El Ministerio de Educación de la Nación promoverá el fortalecimiento e integración de las instituciones de educación superior y de las universidades en un sistema de formación docente, cuya unidad deberá estar dada por las orientaciones políticas concertadas en el nivel nacional, regional y provincial

• El Instituto Nacional de Formación Docente, dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Nación tendrá la responsabilidad de promover políticas generales para el sistema formador que respeten la autonomía universitaria y aseguren la direccionalidad de la formación docente. Estas políticas deberán incluir:

• Regulaciones federales sobre aspectos curriculares de la formación docente inicial y continua.

• Planificación jurisdiccional y regional de las ofertas de formación inicial. (CFE, N° 30).

Gobierno y Administración

• Respecto del gobierno y la administración del Nivel Superior quiero plantear la necesidad de establecer una forma colegiada que trascienda los Consejos Académicos Institucionales, de tinte Regional con representantes de todas las instituciones del Nivel,

incluso de las universidades.

Gratuidad/Ingreso/Inclusión

Educación Superior Privada

Vinculación con lo científico- tecnológico / con el Trabajo y la Producción

TEMA Villanueva CIN – VAQUERIAS Articulación con el resto del Sistema Educativo Nacional y la Educación Superior Terciaria

• la norma debe ser para toda la educación superior y no sólo para las universidades, tal como lo sostiene la ley vigente, lo que en el plano ejecutivo prácticamente hoy no se cumple en la medida que hay estructuras diferentes que atienden por separado a la educación superior y a las universidades, con los esfuerzos mayúsculos que se requieren para articular ambos subsistemas, ya de por sí muy escindidos. Otro acuerdo es que la futura norma debe ser tanto para universidades públicas como para privadas, lo que también figura en la ley actual.

• Crear instrumentos de articulación entre las distintas modalidades de la Educación Superior, así como con los otros niveles educativos. Debe tomar en cuenta las particularidades de las instituciones universitarias nacionales y provinciales y establecer garantías de calidad y compromiso social, tanto para universidades públicas como privadas. • Articulación con otros niveles educativos, acorde con la LEN • la ley deberá asegurar financiamiento específico para las políticas de articulación con todos los niveles del sistema.

Universidad/Estado

• •

Autarquía • • facultad de las universidades para auto administrarse, con responsabilidad social, transparencia y pertinencia, tanto en lo que atañe a sus afectaciones presupuestarias como así también en lo referente a los recursos propios en el marco de la obligación indelegable del Estado de proveer los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades nacionales e Institutos Universitarios.

Autonomía • Gobierno

• • comprende la posibilidad de autodeterminación en lo normativo, lo

• Estatutos • Concursos • Libertad de Cátedra • Territorio

institucional, lo político, lo administrativo y lo académico, y por lo tanto, la capacidad de resolver los problemas, promover cambios y lograr una verdadera articulación consensuada con los diferentes actores sociales, siendo uno de los pilares más importantes de la universidad pública.

Características de la Ley: Principios Doctrinarios

• • educación superior como bien público • derecho personal y social. • Gratuidad y equidad.>>becas • La ley deberá garantizar los principios antes expuestos, evitando que las reglamentaciones avancen sobre las atribuciones de las universidades nacionales para decidir sobre sus cuestiones institucionales y académicas. Debe ser consensuada con la comunidad universitaria, tiene la obligación de promover la igualdad real de oportunidades educativas para toda la población, haciendo efectivo el valor de la inclusión social, la creación de sistemas que aseguren la calidad y la eliminación de las inequidades de acceso y la mejora de la permanencia y graduación. Debe ser una ley que exprese las diferentes particularidades de las universidades. El excesivo reglamentarismo afecta a la autonomía universitaria.

CALIDAD • • establecer garantías de calidad y compromiso social, tanto para universidades públicas como privadas.

Evaluación y Acreditación. Títulos

• • Se acuerda en la necesidad de la existencia de un organismo oficial único de evaluación y acreditación integrado mayoritariamente por

representantes de las universidades nacionales • Sobre el otorgamiento de títulos académicos y habilitaciones profesionales. • Los títulos con reconocimiento oficial y en tal sentido validados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la intervención que le competa, en el marco de la Constitución Nacional, a cada jurisdicción. • Dichos títulos deberán siempre observar las normas a las que deben ajustarse para obtener el reconocimiento oficial. • Se propone modificar el concepto de carreras de interés público por la definición de carreras prioritarias, acorde con las necesidades sociales.

Financiamiento • Una ley que plantee un compromiso anual de las universidades en cuanto a metas de egresados, y un informe del Ministerio al Congreso previo al tratamiento presupuestario, sería un mecanismo a tener en cuenta.

• El presupuesto universitario debe asegurar la prestación de un servicio de calidad en todas las funciones universitarias –docencia, investigación, cooperación, extensión y vinculación-. Para ello su asignación debe ser suficiente, y la distribución realizada a través de mecanismos de concertación en los que participe el CIN y las Universidades, tomando en cuenta pautas objetivas. • Deben garantizarse recursos previsibles y estables mediante instrumentos normativos específicos para la Educación Superior. En este sentido se propone un rubro de afectación presupuestaria específica para extensión, cooperación y vinculación, actividades íntimamente relacionadas con el compromiso y

desarrollo del medio y con la interacción académica con el mundo.

Formación docente. Recursos académicos. Postgrados

• el núcleo duro de los docentes, conformado por aquellos académicos que tienen título máximo está todavía lejos de lo deseable • revisión de la política orientada a fomentar el espíritu investigativo entre los docentes. • algunos criterios básicos para la formación de los docentes universitarios, que sean tenidos en cuenta a la hora de pergeñar una carrera docente que se combine con un sistema de concursos confiable. La capacidad de difundir el conocimiento es distinta a la capacidad para crear conocimiento, y hay que reconocerlo en la instrumentación., teniendo en cuenta a la vez la articulación con el sistema de educación superior que forma básicamente profesores y docentes para los otros niveles de la educación. • terminar con el sistema feudal de cátedras,

• fortalecimiento de la formación docente en el ámbito de las universidades con una participación efectiva de las UUNN en los programas nacionales de mejoramiento docente asentados en los Institutos Superiores, previstos por la LEN. establecer claras políticas de apoyo para el fortalecimiento de la formación docente en el ámbito de las Instituciones Universitarias Públicas. Además debe considerarse una efectiva participación de estas Instituciones en los programas de mejoramiento docente previstos por la Ley de Educación Nacional.

Gobierno y Administración

• voto directo ponderado • tiene que diferenciarse entre los derechos políticos y la carrera académica • Prohibir las reelecciones indefinidas en los cargos • Declarar incompatible la presencia en los órganos colegiados por parte de estudiantes y graduados con la pertenencia asalariada a la universidad • poner cupos para las mujeres • diferenciar más claramente las funciones de los organismos colegiados de los organismos unipersonales: la ejecución no puede estar simultáneamente a cargo de varias personas •

• El co-gobierno universitario estará integrado básicamente por docentes universitarios, alumnos, no docentes y graduados, asumiendo que las formas particulares de gobierno, los sistemas de elección de las autoridades, la duración de los mandatos, la composición de los órganos colegiados y la distribución de sus integrantes, los sistemas de ingreso y la representación de la comunidad deberán estar normados por los estatutos de cada Universidad.>>proponen unificar mandatos de rectores y decanos a 4 años. • La ley deberá reafirmar la función del CIN como órgano de coordinación y desarrollo del Sistema de Instituciones Universitarias Públicas. • Asimismo deberá asegurar que el Ministerio de Educación asigne fondos para garantizar la participación de las universidades en los órganos de coordinación universitaria. • Se considera que la existencia del CU ha significado un paso adelante en la integración y en la articulación del sistema universitario. No obstante, se propone una configuración que asigne a las Instituciones Universitarias Públicas por un lado y privadas por otro, una participación proporcional acorde con sus respectivos desarrollos programáticos, actividades sustantivas (docencia, investigación, extensión, vinculación y cooperación) y matrícula. • En lo que se refiere a los CPRES, se deberá definir con mayor precisión su competencia, especialmente respecto de las jurisdicciones provinciales.

• Se destaca la importancia de la evaluación y la acreditación, en las que debe tener un papel relevante el proceso de autoevaluación. La ley debe establecer que las evaluaciones externas de las Instituciones Universitarias públicas se realicen sobre la base de los proyectos institucionales y planes estratégicos de cada universidad. • Se propone establecer un organismo oficial único de evaluación y acreditación universitaria cuya integración deberá prever una mayor representación de integrantes académicos propuestos por el CIN.

Gratuidad/Ingreso/Inclusión

• • Gratuidad estudios de grado. • tiene la obligación de promover la igualdad real de oportunidades educativas para toda la oblación, haciendo efectivo el valor de la inclusión social, la creación de sistemas que aseguren la calidad y la eliminación de las inequidades de acceso y la mejora de la permanencia y graduación

Organismos • • Presupuesto y Administración

• • .* El presupuesto universitario debe garantizar la prestación de un servicio de calidad, en todas las funciones universitarias a través de mecanismos de concertación en la distribución de los fondos, en los que participe el CIN. • la creación de nuevas universidades deberá considerar el financiamiento que garantice su funcionamiento, • *Programas.* la Ley de Educación Superior priorice la asignación de estos recursos a las universidades, para que éstas los utilicen según las prioridades establecidas en sus respectivas planificaciones estratégicas. *Descentralización salarial.* Debe preservarse este principio, pero incluyendo instrumentos que aseguren la articulación de la negociación colectiva y la participación del CIN en la definición de las políticas salariales. *Intervención y control.* Cada universidad debe disponer de sus mecanismos de control y auditoría internos; los controles externos deben ser los correspondientes a la Auditoría General de la Nación; dado que las asignaciones presupuestarias provienen del Poder Legislativo.

Educación Superior Privada

• •

Creación de nuevas universidades y carreras (tipos de formación).

• hacer un fuerte hincapié en una formación generalista en el inicio de todas las carreras. Ello se fundamenta no tanto en la debilidad de la educación básica y secundaria sino en el avance portentoso del conocimiento a velocidades desconocidas hasta hace poco y en la capacidad de almacenamiento de información, que también plantea un desafío nunca visto a la hora de discutir qué es lo que se necesita conocer. Hoy prácticamente toda la sabiduría humana está disponible a través de medios informáticos. Pero ello de nada sirve si no sabemos hacer las preguntas pertinentes, si no tenemos capacidad crítica. A menos que conozcamos lógica, matemáticas, idioma, historia, metodología de la investigación, pensamiento científico, esa inmensa biblioteca virtual quedará silenciosa para nosotros. Se requiere de conocimientos poderosos previos que abran puertas a la especialización, más aún, que abran puertas a especializaciones sucesivas. Esa formación general tiene que llevar un año o incluso dos. La implementación se debería pensar para cada caso, distinta por región, por tradición universitaria. • Nuestros egresados responden a cuatro esquemas diferentes: profesionales, generalistas, tecnólogos o ingenieros, y académicos. Se trata de cuatro perfiles diferenciados. Todos requieren

•

una formación general, pero luego sus formas de legitimación deben transitar caminos distintos. • no debe imponerse el modelo de unos perfiles por sobre los otros, que todos tienen su utilidad y que el problema deriva de la proporciones en que hoy se combinan. Nuestras universidades son básicamente profesionalistas. • se requieren políticas focalizadas en el área de los profesionales, en el área de los tecnólogos, en el área de los generalistas y en el área de los académicos. Por ejemplo, una medida legislativa muy sencilla sería obligar que para la creación de carreras de tipo profesional, previstas en el artículo 43 de la actual ley, se cuente con el acuerdo previo del Consejo de Universidades, y ya no sólo del consejo superior respectivo. • las universidades deberían inhibirse de crear carreras profesionales si no es con acuerdo de un ente superior, del CIN o del Ministerio • también deberían inhibirse de establecer actividades académicas fuera de la zona de influencia de la entidad.

Universidades extranjeras/Articulación

• •

Mercosur • • Educación a distancia o virtual

• •

Vinculación con lo científico- tecnológico / con el Trabajo y la Producción

• •

Colegios • •

Universitarios TEMA FAGDUT CONADU histórica Articulación con el resto del Sistema Educativo Nacional y la Educación Superior Terciaria

Universidad/Estado

• •

Autarquía • • Autonomía • Gobierno • Estatutos • Concursos • Libertad de Cátedra • Territorio

• Los órganos de gobierno • en las Facultades, conviene indicar que tanto el Decano como el Vicedecano deben ser elegidos por voto directo ponderado y por fórmula, para asegurar un entendimiento entre los nombrados. • En el Consejo Superior y Consejos Directivos, los Docentes deben tener una mayoría no inferior al sesenta por ciento. Porcentaje inferior a las Universidades Europeas y Americanas. • Todos los Decanos no pueden ser miembros del Consejo Superior, ya que en algunas universidades (UTN), los mismos tienen un mayor número de representantes que la sumatoria de los representantes de los Claustros. Proponemos una representación de los Decanos no superior al veinte por ciento del total de representantes de los Claustros, con el objeto de aportar al Consejo Superior la opinión de los Decanos como administradores de gestión.

• Respeto irrestricto a la autonomía institucional y académica de las universidades con programas de integración interuniversitaria libremente convenidos. • Elección directa de las autoridades e integrantes de órganos colegiados de cogobierno. Elección de autoridades mediante voto ponderado o elección mediante sistema indirecto. • Extensión de la democracia participativa con posibilidad de revocación de los mandatos de miembros unipersonales o colegiados y con decisión sobre la asignación de porcentajes crecientes del presupuesto en Asamblea Universitaria (presupuesto participativo)

Características de la Ley: Principios Doctrinarios

• • Respeto irrestricto a la autonomía institucional y académica de las universidades con programas de integración interuniversitaria

libremente convenidos. • Elección directa de las autoridades e integrantes de órganos colegiados de cogobierno. Elección de autoridades mediante voto ponderado o elección mediante sistema indirecto. • Extensión de la democracia participativa con posibilidad de revocación de los mandatos de miembros unipersonales o colegiados y con decisión sobre la asignación de porcentajes crecientes del presupuesto en Asamblea Universitaria (presupuesto participativo)

CALIDAD • • Evaluación y Acreditación. Títulos

• Ésta es necesaria para corregir funcionamiento y objetivos en las Especialidades de la Universidad, pero debemos reconocer que el control y análisis de los actuales Pares Evaluadores es muchas veces insuficiente, en oportunidades incorrecto e ineficaz, ya que en muchos casos los evaluados tratan, para no tener problemas, consentir todas las indicaciones de los Pares. Hemos detectado en el caso de la UTN, muchos pares evaluadores con criterio absoluto dependientes de la Investigación Pura. Esto no es adecuado en general para la tecnología que se trata de desarrollar en las Ingenierías Universitarias. Pensamos que previamente deben divulgarse planes y objetivos de las Facultades de Ingeniería (tenemos el CONFEDI –a nivel nacional- y ACIBEI –a nivel iberoamericano-) de esta manera antes de la evaluación,

•

las Facultades deberán preocuparse por orientar la enseñanza de acuerdo a pautas claras y preestablecidas.

Financiamiento � • Deber indelegable, insoslayable del Estado de sostener con el financiamiento necesario el derecho inalienable a la educación superior, generalizada a todos los jóvenes que hayan egresado de la educación secundaria.

Formación docente. Recursos académicos. Postgrados

• • Carrera Académica para los docentes que incluya ingreso y ascenso por concurso, evaluación de gestión y permanencia para todos los docentes universitarios, formación y capacitación gratuita. • Ingreso irrestricto y gratuidad absoluta de los estudios superiores de grado y posgrado, con prohibición de cobro de aranceles, cooperadoras u otro régimen de gravamen de los estudios.

Gobierno y Administración

• •

Gratuidad/Ingreso/Inclusión

• •

Organismos • • Presupuesto y Administración

• •

Educación Superior Privada

• •

Creación de nuevas universidades y carreras (tipos de formación).

• •

Universidades extranjeras/Articulación

� •

Mercosur • • Educación a distancia o virtual

• •

Vinculación con lo científico- tecnológico / con el Trabajo y la Producción

• • Investigación en ciencias básicas y aplicadas, para la solución de los problemas nacionales (salud, educación, vivienda, explotación de los recursos naturales, medio ambiente, etc.) y de la creación de la tecnología autónoma que el país necesita para su pleno desarrollo.

Colegios Universitarios

• •

TEMA UDA CONADU Articulación con el resto del Sistema Educativo Nacional y la Educación Superior Terciaria

• Debe integrarse a las Universidades en un Sistema nacional adecuadamente articulado sobre la base de la equiparación de los salarios y las condiciones de trabajo de los docentes, de la centralización de la responsabilidad en el Estado Nacional, así como mediante la implementación de programas y acciones que favorezcan la cooperación entre las instituciones, y que faciliten la movilidad interinstitucional de sus estudiantes, docentes y no docentes. • La instancia superior de coordinación interna del Sistema Universitario debe replicar, en su composición colegiada representativa, la estructura del

cogobierno universitario

Universidad/Estado

• •

Autarquía • • Autonomía • Gobierno • Estatutos • Concursos • Libertad de Cátedra • Territorio

• El principio de autonomía de las universidades nacionales se encuentra contemplado en la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 19) • El principio de autonomía se encontrará encuadrado dentro de los límites que fijen las leyes. Quedará garantizada la libertad académica, institucional y administrativa. A su vez las universidades tendrán garantizada la facultad para dictar sus propias normas de funcionamiento. • Obviamente las Universidades, deberán estar sujetas a los organismos de contralor para poder dar cuentas de su accionar • Se deberá reafirmar las funciones del CIN, el Consejo de Universidades y de los CEPRES. También se propone ampliar el cogobierno a los organismos coordinadores del sistema universitario con la inclusión de representantes gremiales.

• Las Universidades deben gozar de autonomía para manejar sus asuntos internos, aunque dicha autonomía ha de ir acompañada por la obligación de presentar ante las autoridades, el Congreso Nacional, los integrantes de la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto, una planificación que indique claramente cómo han de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población. Las autoridades universitarias deben tener también la obligación de llevar y presentar públicamente una contabilidad transparente. Los administradores de la enseñanza superior deben ser receptivos, competentes y capaces de evaluar regularmente –mediante mecanismos internos y externos- la eficacia de los procedimientos y las reglas administrativas que permitan alcanzar los objetivos propuestos. • Es preciso que las estructuras del cogobierno de las Universidades que constituyen el sistema aseguren las mejores condiciones para la democratización de los procesos internos de deliberación y toma de decisiones relativas a las cuestiones fundamentales que atañen a su actividad. Ello requiere establecer, para todas las universidades públicas, el requisito de la elección directa de quienes desempeñarán los principales cargos ejecutivos en las Universidades y Facultades (rectores y decanos); la constitución de un claustro único docente que integre a profesores y auxiliares; el

reconocimiento de la ciudadanía plena a los docentes interinos que hayan cumplido un mínimo de dos años de antigüedad en su cargo; la incorporación a los cuerpos colegiados del cogobierno –con voz y voto- de los trabajadores no docentes. Debe propiciarse, también, una normalización de las instancias correspondientes al nivel preuniversitario o al del ingreso, que permita a sus integrantes elegir a sus autoridades y constituir democráticamente sus propios cuerpos representativos.

Características de la Ley: Principios Doctrinarios

• En concordancia con el artículo 2 de la LEN que sostiene “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado”

• La futura ley debe establecer que la ES constituye un bien público, ratificando la gratuidad de la enseñanza superior en las Universidades públicas, y regular el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. En virtud de esta definición, debe establecerse explícitamente que el Estado no suscribirá ningún pacto que implique considerar a la educación superior como mercancía o bien transable. Es preciso determinar mecanismos que aseguren la igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia en el sistema, mediante una adecuada articulación con los restantes niveles del Sistema Educativo, y a través de la implementación de acciones tendientes a compensar desigualdades en la formación básica y en la disponibilidad de recursos materiales de los estudiantes.

• Son funciones esenciales de la Universidad: producir y contribuir a la distribución equitativa del conocimiento, mediante las actividades de docencia, investigación y extensión concebida como servicio social. • Investigación, extensión y vinculación con el medio. La producción de saberes pertinentes es estratégica para cualquier proyecto de desarrollo nacional soberano. Las políticas científicas deben apuntar no solamente al desarrollo del conocimiento en sus aspectos básicos, sino que deben promover la producción de un saber orientado a dar respuestas a necesidades sociales concretas, a nivel local, nacional y regional. Deben alentarse proyectos que den sustento a la elaboración de políticas de Estado orientadas a generar las condiciones para un desarrollo productivo autónomo que, centrado en la resolución de los problemas que afectan a las condiciones de vida de la mayoría de la población, sea sustentable en términos económicos, ambientales y sociales. Es preciso promover una adecuación de los contenidos curriculares en función de las prioridades nacionales. Las necesidades humanas básicas deben ocupar un lugar central en la agenda universitaria, en virtud de un sentido de la responsabilidad social que debe incentivarse en las diversas instancias del nivel superior del sistema educativo. En este marco, es necesario poner en discusión el actual Sistema de Incentivos a la Investigación, y abrir el debate en torno a la política nacional de Ciencia y Tecnología. • La Ley debe establecer con

claridad que no podrán cumplir funciones de responsabilidad pública en las instancias que componene el nivel superior de la educación, ni en las instituciones que lo integran, aquellas personas que hayan sido condenadas, se encuentren procesadas, o sobre las cuales recaigan denuncias fundadas, por violaciones a los derechos humanos.

CALIDAD • • Evaluación y Acreditación. Títulos

• • Es preciso establecer un Sistema Nacional de Evaluación de la actividad universitaria, que regule la creación y acreditación de instituciones y carreras, en función de criterios adecuadamente consensuados y a través de mecanismos que reúnan las condiciones para asegurar la plena publicidad de los procediemientos empleados y de los resultados obtenidos. El concepto de “calidad” debe ser sometido a discusión; los criterios de evaluación tienen que ser acordes con los objetivos generales propuestos para el Sistema Universitario. Para establecer la relación con ellos debe incluirse la pertinencia como una variable fundamental en la evaluación. Las instancias a cargo de la formulación y aplicación de los procedimeintos de evaluación deben ser integradas de tal modo que en ellas se encuentren adecuadamente representadas las partes involucradas en la determinación de las orientaciones generales que regulan el Sistema Universitacio: el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional, y las autoridades y

representaciones gremiales de las UUNN. Deben establecer programas de apoyo para facilitar a las instituciones la resolución de los problemas detectados mediante la evaluación.

Financiamiento • Financiamiento: la necesidad de poder brindar un servicio de calidad en el ámbito de las Universidades demanda un financiamiento acorde. Al respecto la inversión que se realice requiere un aumento en el presupuesto asignado, que sea previsible, estable y de elevación progresiva, hasta alcanzar en corto lapso el nivel suficiente para garantizar la calidad requerida.

• Debe establecer la responsabilidad indelegable del Estado Nacional en el sostenimiento financiero de las Universidades Públicas.

Formación docente. Recursos académicos. Postgrados

• De los docentes universitarios: la LES deberá fijar derechos y obligaciones de los docentes universitarios, en concordancia también con la LEN, además de aquellos específicos que se requieren para el ámbito universitario. • También deberá determinar la participación de las organizaciones gremiales dentro del marco de la ES. • La LES deberá garantizar la carrera docente universitaria, determinando la realización de concursos, que permitan generar transparencia, equidad e igualdad, y que además generen estabilidad a los trabajadores de las UN.

• La docencia debe ser jerarquizada mediante la implementación de una carrera docente que incluya concursos públicos de oposición y antecedentes para el ingreso en ella, y mecanismos periódicos de evaluación para la promoción y permanencia en ellos, con perfeccionamiento continuo y gratuito. Simultáneamente debe eliminarse el alto grado de precarización laboral existente derivado de designaciones interinas permanentes, contrataciones abusivas, y debe suprimirse el uso de la figura de docente ad honorem para cargos que deberían ser de planta. La Ley debe reafirmar el reconocimiento pleno de los derechos laborales para los trabajadores de las Universidades, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Nacional y la legislación vigente.

Gobierno y Administración

• •

Gratuidad/Ingreso/Inclusión

• En concordancia con el artículo 4 de la LEN “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. • Para garantizar la gratuidad y la equidad la Ley deberá establecer, a través de la asignación de recursos suficientes, mecanismos que permitan universalizar la inclusión (como un sistema de becas), atendiendo especialmente a los sectores más necesitados.

•

Organismos • • Presupuesto y Administración

• •

Educación Superior Privada

• • Debe regularse la creación y la actividad de las Universidades privadas, y de otras instituciones privadas en el nivel superior de la educación. El Estado debe ejercer el control de la gestión privada en la educación.

Creación de nuevas universidades y carreras (tipos de formación).

• •

Universidades extranjeras/Articulación

� �

Mercosur • • Educación a • •

distancia o virtual Vinculación con lo científico- tecnológico / con el Trabajo y la Producción

• •

Colegios Universitarios

• •

TEMA Colegios de las Universidades CRUP Articulación con el resto del Sistema Educativo Nacional y la Educación Superior Terciaria

• Desarrollar y sostener el sistema de Instituciones Preuniversitarias, dentro del sistema universitario del Estado Nacional, en el marco de la Autonomía Universitaria • Las instituciones preuniversitarias tendrán como fines primordiales: • impartir enseñanza con fines de experimentación. • desarrollar, aplicar y evaluar experiencias de innovación pedagógica y/o de práctica profesional docente. • mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. • favorecer la articulación con los distintos niveles del sistema educativo superior. • socializar las experiencias realizadas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje a todo el sistema educativo. • mantener la función propedéutica de estas instituciones universitarias. • Las UUNN gestionarán ante la autoridad educativa nacional la validez nacional de títulos y certificados • Las instituciones preuniversitarias tendrán representación en los consejos superiores.

• “Se apreciará como altamente positivo que la Ley mantenga la existencia de un solo Sistema de Educación Superior con sus necesarios órganos de consulta y coordinación. Deben preverse mecanismos de articulación interuniversitarios que faciliten la movilidad de docentes y estudiantes, resguardando la autonomía de cada una de las instituciones universitarias”. • “la ley debe determinar objetivos de articulación entre el nivel de educación superior y otros niveles en concordancia con lo establecido en la Ley de Educación Nacional, apoyando financieramente las acciones que emprendan los actores de las articulaciones, estatales o privados sin fines de lucro”. • En la actual ley no se define con precisión la función de los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES), lo cual hace sumamente conveniente que la nueva legislación delimite estrictamente sus funciones en el ámbito de la articulación regional como espacio de consulta, sin que tengan competencias de evaluación y acreditación, reservados para otra instancia del sistema. La presidencia de los CPRES debe ser rotativa y determinada por sus miembros. � …Nuestras universidades de alguna manera están en deuda con una tarea mucho más profunda de investigación educativa y de apoyo

directo a estos institutos que, en definitiva, son los formadores de nuestros docentes para el gran sistema de educación del país. • No olvidemos que la enorme mayoría de nuestros docentes, tanto en el nivel primario como en el secundario, son producto de estos institutos, y una minoría se ha recibido en carreras de licenciaturas y formación docente de nuestras universidades, donde hay mayor posibilidad de acceder a mecanismos, hábitos y aptitudes de investigación. • Los docentes deben empezar a transferir estos mecanismos, hábitos y aptitudes de investigación con mayor intensidad tanto al nivel primario como al nivel medio, por exigencia de la propia evolución que van teniendo no solamente los modos de producción sino todas las sociedades y en general el desarrollo mismo que estamos compartiendo en Occidente, donde el conocimiento se está constituyendo en la base de todo desarrollo perfectible. Yo creo que es un momento en que nuestras universidades deben tomar como un imperativo de servicio el transferir toda esta experiencia que tienen a estos institutos. • Repito que tengo mi experiencia en el área educativa, y tendríamos que ver vasos comunicantes más fuertes, articulaciones más sólidas e incluso estudiar una posibilidad de que todos los egresados de estos institutos puedan acceder sin mayores inconvenientes a las carreras de postgrado de nuestras universidades en igualdad de condiciones. Algo se avanzó al permitir introducir en las carreras de doctorado a los

egresados de los institutos superiores no universitarios con cuatro años, pero esto ha quedado más en lo dispuesto por la ley que en una efectiva incorporación. • … La ley actual prevé en el artículo 8° mecanismos de articulación entre las universidades y los institutos superiores no universitarios. Pero la propia ley tiene una cierta contradicción al poner a cargo de los CPRES la articulación en el orden regional. • Esto ha traído algunas complicaciones que motivaron que en su momento el Ministerio tuviera que dictar una resolución quitando a los CPRES la posibilidad de decidir en ese aspecto, pues había una contradicción entre los artículos 8° y 10. Esto habría que remediarlo y dejar el tema en manos del Consejo de Universidades, quedando a cargo de los CPRES el aspecto de consulta o asesoramiento…

Universidad/Estado

• •

Autarquía • • Autonomía • Gobierno • Estatutos • Concursos • Libertad de Cátedra • Territorio

• • Los órganos de gobierno, consulta y coordinación del sistema, deberían estar compuestos de manera tal que aseguren una representación adecuada de las instituciones universitarias estatales y privadas, sin perjuicio de atender a la necesaria relación con las jurisdicciones. Es deseable que las atribuciones y la mecánica de funcionamiento del Consejo de Universidades lo capaciten para sesionar como el órgano de más alto nivel de representación del sistema universitario. • Los órganos de gobierno, consulta y coordinación del sistema, deberían estar compuestos de

manera tal que aseguren una representación adecuada de las instituciones universitarias estatales y privadas, sin perjuicio de atender a la necesaria relación con las jurisdicciones. Es deseable que las atribuciones y la mecánica de funcionamiento del Consejo de Universidades lo capaciten para sesionar como el órgano de más alto nivel de representación del sistema universitario. • Los órganos de gobierno, consulta y coordinación del sistema, deberían estar compuestos de manera tal que aseguren una representación adecuada de las instituciones universitarias estatales y privadas, sin perjuicio de atender a la necesaria relación con las jurisdicciones. Es deseable que las atribuciones y la mecánica de funcionamiento del Consejo de Universidades lo capaciten para sesionar como el órgano de más alto nivel de representación del sistema universitario. � …las universidades privadas hablan del gobierno, la consulta y la articulación, y allí cuando hay que hablar del gobierno es evidente que el sistema estatal tiene un sistema de gobierno y el sistema de las universidades privadas, por sus características jurídicas, tiene otro sistema de gobierno. � Pero, sin embargo, los órganos de consulta y de evaluación, sobre todo para seguir preservando una calidad equitativa e igualitaria, deben alcanzar a los dos sistemas. Esto lo vengo diciendo desde el primer punto: a nosotros nos interesa la totalidad de la ley y no los intereses de un sector de la educación de gestión privada.

• Estos órganos de consulta están hoy previstos en la ley vigente. Supongo que siempre merecerán algún perfeccionamiento, pero han estado funcionando en los últimos años como un parlamento universitario… • El Consejo de Universidades es el órgano supremo de conducción de todo el sistema. • En otro orden, respecto de los CPRES, se trata de un órgano que puede subsistir, pero ha tenido problemas de competencia con otros órganos, como dije al inicio, como por ejemplo con el Consejo de Universidades en el tema de la articulación. De manera que como instrumento de reunión, como ámbito de reflexión y de evaluación de propuestas, es útil, pero el propio Ministerio de Educación ha tenido que dictar una resolución quitando el carácter de vinculante a las resoluciones de los CPRES porque se superponían en gran medida con las facultades del Consejo de Universidades. Entonces, creo que debería preservarse este instituto pero con estas características: órgano de consulta y elaboración de propuestas. El órgano supremo del sistema es el Consejo de Universidades.

Características de la Ley: Principios Doctrinarios

• • LA EDUCACIÓN COMO BIEN PÚBLICO. o “1. Es conveniente que la nueva Ley ratifique que también en el nivel de la educación superior universitaria tienen plena vigencia los derechos de enseñar y de aprender contemplados en el art. 14 de la Constitución Nacional, los cuales "no podrán ser alterarlos por las leyes que reglamenten su ejercicio". (art. 28

de la Constitución Nacional). • “2. La educación superior es, como el resto de la educación, un bien público y un derecho personal y social. Entendemos en este sentido, que la educación superior provee a cada persona y a la sociedad en general de contenidos intelectuales, científicos y culturales que no son susceptibles de disfrute o aprovechamiento exclusivamente privado ni de provisión exclusivamente estatal. o “3. Por su misma definición cualquier bien público debe ponerse al alcance de toda la sociedad. La Ley debe contemplar diversas modalidades y agentes para facilitar el acceso de la mayor cantidad posible de personas a una educación superior de calidad. Sería difícil que sólo la iniciativa privada o sólo la oferta estatal bastasen para universalizar el acceso a la educación superior, vistas las dimensiones que se esperan de la misma. • “4. Al ser la educación un bien público, el Estado tiene la obligación de promover la igualdad de oportunidades educativas para toda la población y al ser derecho personal y social tiene que asegurar las distintas preferencias respecto del modo de recibirla según las personales convicciones. • “A tal fin el Estado debe fortalecer a la Universidad argentina tanto de gestión estatal cuanto privada, promoviendo su contenido sustantivo, su pertinencia y su aptitud de innovación. También debe incluir normas que tiendan a asegurar la calidad, eliminen las inequidades en el acceso, establezcan programas de ayuda para estudiantes y permitan mejorar las tasas de permanencia y

graduación en el sistema universitario en su conjunto. • “5. Establecidas como están la autonomía y la libertad académica de las instituciones universitarias, la ley debe evitar caer en el reglamentarismo y afirmar la existencia de distintos proyectos institucionales, sistemas de gobierno y modos de participación en los mismos.

CALIDAD • • Evaluación y Acreditación. Títulos

• • . Mi universidad tiene 68 doble diploma con 5 países del mundo, que implica que nuestros estudiantes tienen que culminar en Europa o Estados Unidos y ellos tienen que hacer lo mismo, durante un año o año y medio. Esto requiere un gran trabajo que permite al estudiante la posibilidad de ser un profesional internacional, con una experiencia sensacional. Esto es una alianza académica. Es distinto al establecimiento de una institución extranjera en el país.

Financiamiento � • Formación docente. Recursos académicos. Postgrados

• • …esto no está establecido en la norma pero sí en disposiciones reglamentarias que exigen la acreditación de proyectos, lo cual ha traído una serie de dificultades casi insalvables. • Ello ha resultado así para la propia comisión nacional porque de alguna manera la cantidad de proyectos ha sido tan grande que se ha constituido una especie de cuello de botella y se demoró mucho tiempo en la acreditación de los proyectos. De manera tal que a veces, cuando el proyecto resulta acreditado, se termina perdiendo a los profesores o al mercado potencial. Creo que esto no está bien pensado y que tampoco

tiene mucho sentido la acreditación del proyecto. • Pienso que quizás habría que buscar algún otro mecanismo administrativo de manera que pueda ponerse en vigencia la carrera y recién después realizar la evaluación, tal vez con alguna excepción, como podría pasar con la carrera de Medicina o alguna otra. • … la CONEAU es un mecanismo imprescindible para asegurar cierto nivel mínimo de calidad. Como decía el colega, cuando lo distraemos haciéndolo trabajar en una zona donde hay seis mil proyectos de postgrado para su evaluación, obviamente que los recursos físicos e intelectuales se ven muy disminuidos. • En este sentido, nosotros pensamos en la necesidad de una ley marco en la orientación con respecto a las tareas que se deben hacer en el mundo del postgrado.

Gobierno y Administración

• • El concepto de equidad, que circula en todos los discursos educativos debe traducirse en acciones concretas a la hora de generar políticas en el sistema y está íntimamente relacionado con los conceptos de justicia y libertad para que todos podamos ser partícipes de una mejor educación. Desde este contexto, estamos convencidos de que las Universidades Privadas constituimos un estamento importante en la formación de ciudadanos y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Gratuidad/Ingreso/Inclusión

• • 15. La equidad, la inclusión social y el respeto por la libertad de pensamiento exigen que las oportunidades de acceso a la educación superior sean mejoradas a través de un sistema de becas universal y de un sistema de crédito universitario también universal, con apoyo del Estado.

Organismos • • Presupuesto y Administración

• •

Educación Superior Privada

• • El sistema ha ido adquiriendo progresiva legitimidad social. Su franja de matrícula universitaria, estimada entre 240 y 250 mil estudiantes, con un importante aporte de graduados universitarios en una cifra superior a los 100 mil y con unos 50 mil profesores de todas las categorías, es un dato de la Argentina moderna. • Hoy el sistema privado tiene 52 universidades, mientras que el estatal está en el orden de las 50. Esas 52 universidades privadas tienen un sentido de pluralismo excepcional. En 1958 se creía que estarían destinadas simplemente a un sector religioso, pero hoy nuestro sector está representado por una diversidad ecuménica de instituciones que están funcionando con calidad y mucha excelencia. • Hay 17 universidades que todavía tienen reconocimiento provisorio y 35 con carácter definitivo. Es decir que el sistema de gestión privada está consolidado en la Argentina. • Nos parece que este es un gran momento para acompañar al sistema estatal y desarrollar la perdurabilidad de ambos, con calidad. Deseamos poder responder a las

pretensiones de las nuevas generaciones en ese sentido. • …Las universidades privadas son instituciones que en la Argentina –no en el mundo- son fundaciones civiles sin fines de lucro. Entonces, permítanme señalar que no tienen socios ni propietarios. • Puede haber familias que, seguramente, a través de sus descendientes, deseen tener una conducción. Es decir, hoy en la Argentina no está permitido que las universidades privadas tengan fines comerciales. Es evidente que para subsistir tienen que cobrar un arancel, pero ese arancel tiene que volcarse totalmente al desarrollo de la institución. • Esto todavía sigue siendo un argumento que a veces sigue sonando, doctor Delich, en el país en el sentido que son empresas comerciales. Esto es muy injusto, porque los colegios primario y secundario en la Argentina pueden ser empresas comerciales, pero no las universidades. • Ahora, a pesar de que las universidades tienen esta prohibición de ser entidades comerciales, podría darse una eventualidad que está ocurriendo en el mundo. En toda América Latina está ocurriendo, y también en España y otros países…. • …la ley 17.604 (1973), a diferencia de la ley Domingorena, se crean para la universidad privada dos niveles de desarrollo institucional: la autorización provisoria y posteriormente la autorización definitiva. • La ley Domingorena no preveía esta diferenciación, que es posterior, se mantiene en la actualidad y que para el CRUP en principio es

conveniente mantenerla. Lo que quiero decir es que, vigente esta ley, se complementan los controles administrativos y fiscales de la persona jurídica con los controles de carácter académico. • Vemos qué pasa en materia de autorizaciones definitivas. Bajo el mismo mecanismo también ha habido resoluciones de CONEAU en dieciocho casos aconsejando al Poder Ejecutivo el otorgamiento de autorizaciones definitivas de universidades e institutos universitarios privados. Aquí los controles de calidad han sido más integrales porque estas dieciocho instituciones que el Poder Ejecutivo ha autorizado entre la gestión del ex presidente Eduardo Duhalde y la de Néstor Kirchner tienen la siguiente singularidad. Cuando se han dictado decretos de autorización definitiva, en estos dieciocho casos eso ha sido posterior a los procesos de evaluación institucional y de acreditación de grado y postgrado. • …las universidades privadas hace cincuenta años se originaron en las humanidades. Cincuenta años después, han ingresado en las ciencias de la salud, las ingenierías y las ciencias básicas. Hubo un registro de estas transformaciones de carácter epistemológico que está dado en los procesos de acreditación. Un tercio de la acreditación de postgrado con categorías A y B pertenece a oferta del sector privado. • La totalidad de las carreras de Medicina del sector privado han acreditado por tres años por recomendaciones, y en dos de ellas han tenido reválidas en el Mercosur educativo. Eso también ocurrió en las ingenierías agronómica y veterinaria,

en Farmacia y Bioquímica y en ciencias duras.

Creación de nuevas universidades y carreras (tipos de formación).

• •

Universidades extranjeras/Articulación

� � La Ley debería prever las condiciones de radicación para el caso de que hubiere instituciones universitarias extranjeras interesadas en radicarse en el país, contemplando no sólo el principio de reciprocidad, sino también todos los requisitos necesarios para garantizar la calidad de sus ofertas y la adecuada salvaguarda de los otros fines y objetivos del Sistema de Educación Superior. � 21. Las carreras de grado y postgrado ofrecidas por universidades extranjeras, con o sin asiento en el país, en concurso o convenio con instituciones de educación superior locales, deben contar con el mismo y equivalente proceso de autorización que el previsto para similares ofertas educativas nacionales.

Mercosur • • Educación a distancia o virtual

• •

Vinculación con lo científico-

• • sobre la investigación en las

tecnológico / con el Trabajo y la Producción

universidades privadas y los subsidios que pueden recibir del Estado, que el actual artículo 66 establece que “el Estado Nacional podrá acordar a las instituciones con reconocimiento definitivo que lo soliciten, apoyo económico para el desarrollo de proyectos de investigación que se generen en las mismas, sujeto ello a los mecanismos de evaluación y a los criterios de elegibilidad que rijan para todo el sistema”. • Lo que ha ocurrido está enmarcado perfectamente en esa norma, pues existe una garantía con los organismos del Estado sobre la calidad de la investigación, porque si uno no califica no obtiene ningún subsidio, y por otro lado la garantía es que el Estado tiene interés en ese proyecto de investigación que presenta la universidad, porque si no fuera interesante para la política nacional, para la estrategia de desarrollo de nuestro país, el Estado podría no aprobarlo. Por lo tanto, creo que existen suficientes garantías de que la investigación es de calidad y está referida al desarrollo del país.

Colegios Universitarios

• • Otro punto importante que prevé la ley es el de los colegios universitarios, regulado en el artículo 22. Este artículo tiene una mala redacción y ha traído una serie de consecuencias negativas. Se dictaron dos decretos reglamentarios bastante confusos en varios aspectos, que no vale la pena analizar en estos momentos, pero creo que es un punto que la comisión debería analizar y mejorar la redacción, y eventualmente estudiar el rol cumplido por los colegios, si es que pueden incluirse como figuras

intermedias entre las instituciones universitarias y los institutos terciarios no universitarios.

TEMA FUA Investigadores Articulación con el resto del Sistema Educativo Nacional y la Educación Superior Terciaria

• Otro motivo de deserción –como hace un rato les comentaba- es de índole académico. Entendemos que después de la sanción de la Ley Federal de Educación las universidades han recibido durante un largo tiempo estudiantes con menor calidad académica de la que recibían en tiempos anteriores. Por lo tanto las universidades, más allá de no querer bajar su nivel académico, deben trabajar con estudiantes que tienen menores condiciones de formación. Muchas veces, estos estudiantes quedan afuera por estos mismos exámenes de ingreso que se plantean dentro del sistema universitario, porque una vez que ingresan a la universidad no llegan a comprender consignas o por tener una mala formación. • La realidad es que este estudiante es producto de lo que el Estado realizó en otro momento. Las autoridades universitarias no pueden desentenderse de esta cuestión, echar culpas al Estado y fijar una posición pasiva frente a esto. Es importante generar un buen diagnóstico de por qué sucedió esto, pero desde el lugar que ocupa cada uno hay que producir herramientas y políticas para que estos estudiantes se contengan dentro del sistema. • Una de las cuestiones centrales para nosotros es la articulación entre el sistema

• es una deuda la articulación con el sistema medio, porque el nivel medio, más allá de la literatura, que viene teniendo embates y muchas ideas de modificación y en realidad hoy vemos que en muchos casos le ha jugado en contra, tiene una situación de corte que se produce fuertemente al ingreso a las universidades. • En términos generales, en el INTA nosotros vemos fracturado y con dificultades el tema de la formación, el lugar de las escuelas rurales, la articulación con las tecnicaturas y la posibilidad de la continuación de los estudios de nivel superior, es decir, lo que uno piensa como un paso lógico de un nivel a otro en el conocimiento y la posibilidad de avance en la carrera de una persona.

universitario y los colegios secundarios. Nos parece fundamental tener una política en ese sentido. • En cuanto a lo que es el CBC, en particular de la Universidad de Buenos Aires, me parece que nosotros entendemos que en algunos casos puede llegar a ser beneficioso un ciclo común, o una especie de formación inicial, que incluya la mayor cantidad de estudiantes, independientemente de la carrera que puedan cursar para suplir cierta formación que no fue adquirida en los colegios secundarios. Nos parece que es una discusión que le compete a la comunidad universitaria de cada universidad, en función de los análisis sociales y académicos que haga de los estudiantes que ingresan a la misma. • En esto no hay una postura o un consenso cerrado de la Federación, sino que hay posturas personales o de agrupación. Creemos, en algunos casos, que puede llegar a ser beneficioso que se instalen ciclos comunes. Hay grandes discusiones acerca de la durabilidad de estos ciclos. Hay quienes dicen seis meses, otros tres, otros un año, otros dos. Hay un gran debate que no está cerrado. • Nos parece fundamental este punto. La aparición de ciclos comunes, que sean formativos, generales. Desde mi punto de vista, pueden ser beneficiosos para suplir las deficiencias académicas con las

que muchos estudiantes están ingresando a la universidad. Obviamente, esos ciclos comunes no pueden ser eliminatorios. Si el objetivo es contener la mayor cantidad de estudiantes dentro del sistema, poner un cordón sanitario nos parece una aberración, y en realidad, habría que tratar de generar otras políticas de contención que excedan estos ciclos comunes. • También planteaba que el tema de estos ciclos, más allá, si se quiere, de proponerse desde el Estado nacional, es una discusión y una atribución que tiene fundamentalmente cada universidad en base al análisis que se haga de los estudiantes que estén ingresando a cada universidad.

Universidad/Estado

• Otro aspecto que señaló el señor diputado Cantero Gutiérrez, y con el cual coincido, tiene que ver con qué tipo de investigación hay que desarrollar, y acá vamos a caer otra vez en la noción de la autonomía. Es decir, el Estado tiene que definir cuáles son sus áreas prioritarias en materia de investigación, y la manera de hacer que los investigadores se dediquen a esos temas es muy simple: financiando con prioridad justamente aquellos temas que el Estado considera primordiales para la Nación. No encuentro otra forma de hacerlo. Si uno analiza lo que sucede en otros países, esa es la situación: alguien dice “nos vamos a dedicar a la biotecnología”, y los fondos se destinan a la biotecnología.

Autarquía • A esto se asocia también lo que llamamos la autarquía universitaria. Lamentablemente la ley vigente ha hecho que, dentro de ese concepto de autarquía, las universidades tengan libertad para decidir sus salarios y todo lo que signifique el manejo de su presupuesto, lo cual es bueno; pero, por otro lado, yo fui rector –aquí está sentada otra persona que también fue rector- y sé lo que es tener que discutir con los docentes y con los no docentes de la universidad el tema de los salarios sin tener ninguna posibilidad para decidir nada, porque el dinero no lo tiene la universidad. • Creo que estas cosas deben ponerse más en claro, es decir, qué es lo que va a definir el Estado y qué es lo que va a definir la Universidad. El tema de la autonomía debe ser analizado y discutido para que realmente cumpla su función.

Autonomía • Gobierno • Estatutos • Concursos • Libertad de Cátedra • Territorio

• Nosotros hablamos de autonomía relativa. ¿Qué quiere decir esto? Bajo el concepto de autonomía, muchas veces la universidad ha quedado al margen de todos los procesos que hoy se viven en Latinoamérica y en la Argentina. Entonces, cuando se habla de autonomía hay que aclarar bien esta cuestión. Nosotros decimos que es relativa, aunque sí hay cosas que deben decidir la universidad y las facultades, y en eso estamos de acuerdo. • Tenemos que definir el tema de la función social de la universidad para ver en qué proyecto lo insertamos porque ésta es parte de todo este nuevo proceso que se está dando.

• De cualquier manera, creo que ese es un tema que debe ser muy debatido debido a su gran trascendencia, porque a lo largo de su historia el sistema universitario argentino se ha caracterizado fundamentalmente por la gratuidad. Toda la educación argentina ha tenido esa característica, y la educación superior también. • La gratuidad ha sido una poderosísima herramienta que ha permitido a los distintos sectores de la sociedad argentina acceder a la educación superior, posibilitando no solo el ascenso social de aquellos que han alcanzado ese nivel de educación sino también que la Argentina tenga, no tanto en cantidad pero sí en calidad, una importante dotación de

• El concepto de autonomía se dio en un momento en el cual los gobiernos trataban de intervenir las universidades y trataban de dirigir la investigación de las universidades, así como de dirigirlas políticamente. La autonomía se instaló como ese cordón sanitario que impusieron las universidades para evitar los comportamientos autoritarios hacia el sistema, fundamentalmente, de los gobiernos militares. • Entendemos que eso ha evolucionado, que la autonomía universitaria no tiene el mismo alcance y el mismo sentido que se planteaba en ese momento, desde lo conceptual decimos. Nosotros planteamos, en los artículos 9° y 10 de nuestro proyecto, que las universidades son personas jurídicas de derecho público, que integran una administración especial del Estado, y forman parte del sistema de educación pública sostenido por el Estado. El artículo 10 establece que las universidades se desenvuelven dentro de un régimen de autonomía política, institucional, académica, administrativa y la autarquía económica financiera, con capacidad de administrar su patrimonio y disponer de sus recursos. • Esto es lo que plantea nuestro articulado del proyecto. Entendemos la autonomía de la universidad para decidir su forma de gobierno, su línea de extensión, elección de universidades, su línea de

profesionales. • Por lo tanto, creo que la gratuidad es un concepto que a mi juicio debería ser claramente apoyado desde una ley universitaria. • Ahora bien, quiero ligar este tema con el de la autonomía, porque la gratuidad implica necesariamente un financiamiento casi total por parte del Estado, y en última instancia, por parte de la sociedad. El financiamiento por parte de la sociedad implica que de alguna manera el Estado debe interiorizarse y tener políticas activas respecto de cómo debe ser el sistema universitario y cómo deben funcionar las universidades. • Aquí nos vamos a meter en una pelea respecto de un concepto que está muy arraigado en nuestro sistema, y que también ha dado muy buenos resultados, cual es el de la autonomía universitaria. A lo largo de las últimas décadas, desde las universidades hemos hecho de la autonomía algo así como un dogma, lo cual tiene su explicación: la universidad fue muy perseguida, sufrió muchas situaciones políticas difíciles, por lo que la autonomía fue una forma de defenderla y ha permitido que la universidad argentina siguiera en pie. • Pero de alguna manera tenemos que definir y acotar claramente el concepto de autonomía. A pesar de que me he peleado con mucha gente por este tema, yo sostengo que la autonomía es una herramienta para el mejor funcionamiento de la universidad y no un fin en sí mismo. Por lo tanto, la autonomía está asociada de alguna manera al hecho de que es nuestra sociedad la que nos financia y, por

investigación, la organización y la relación con el medio. • Algunos compañeros planteaban que la universidad no puede estar aislada de la sociedad, tenemos que plantear cómo profundizamos que la universidad se relacione con la sociedad y la posibilidad de dar respuesta a las necesidades sociales de quienes no están bien. • En cuando a la autonomía, muchas veces se la utiliza para decir que la universidad no puede estar alejada del modelo de país, y debemos restringirla. Creemos que es una función que no le corresponde al gobierno nacional o a los poderes de gobierno, y sí le corresponde a la comunidad universitaria por una simple razón. El proyecto educativo de los 90 no es el mismo de ahora según lo plantea el gobierno nacional a nivel político, económico y social. • Las líneas de investigación, la extensión, la formación y el sentido de formación de profesionales no pueden estar atado a los caprichos de quien se siente circunstancialmente en el Sillón de Rivadavia, por una cuestión fundamental. Formar un profesional lleva entre 7 y 10 años. La Argentina, recordemos, tuvo cinco presidentes en una semana. Si las líneas de extensión van a tener que estar cambiando el sentido según quién se siente en el sillón de Rivadavia, vamos a lograr que la

esa misma razón, de alguna manera tenemos que vivir rindiendo cuentas o explicando qué hacemos con ese financiamiento que nos proporciona la sociedad. Y esa es una manera de limitar la autonomía. • Entonces, creo que el Estado, a través del ministerio correspondiente, debería tener políticas activas respecto de qué tipo de universidades quiere, cuáles son las carreras que resultan prioritarias y cuáles no, cuáles son las investigaciones que son prioritarias y cuáles no, lo que en alguna medida colisiona con el concepto de autonomía. • Me parece que debemos ser claros en este aspecto. En mi opinión –reitero-, la autonomía es una herramienta, y el Estado tiene que tener una participación muy activa, fundamentalmente cuando está financiando el ciento por ciento de las universidades, como lo hace en la actualidad y como yo creo que debe seguir haciéndolo.

universidad parezca más una calesita, que un día va para un lado y otro para otro, que una institución que está pensando en el desarrollo de la producción nacional y en el de la ciencia y la tecnología. • Nos parece fundamental resaltar, a pesar de plantear esa forma o alcance de la autonomía, que la universidad debe contar con un presupuesto que le permita lograr la formación de profesionales y desarrollar realmente un plan institucional de investigación y extensión, definiéndola ella misma, sin la intervención del Estado nacional. Desde esa autonomía presupuestaria, si el Estado nacional entiende que la universidad puede cumplir un rol fundamental en el desarrollo de determinadas políticas, se debe hacer la instauración de la concertación de políticas educativas, de políticas de investigación y de extensión que se discuten con la comunidad universitaria. El Estado estaría, en este caso, aportando nuevos fondos para garantizar estas líneas de investigación y extensión. • No queremos que se utilice este discurso de la universidad alejada de la sociedad para que el Estado nacional siga teniendo a las universidades con un presupuesto que sólo sirve prácticamente para los gastos de funcionamiento y que luego nos digiten a través de programas, como ocurre actualmente, las líneas de investigación y de

extensión. Esta es la opinión principal que tenemos respecto a la autonomía. • La autonomía implica también que la universidad no es una isla y estamos dispuestos a dar respuestas a la sociedad sobre qué hacemos con las partidas que se nos asignan, cómo las rendimos y para qué las utilizamos. En definitiva esto responde, no sé si así lo sostienen, cuál es nuestra posición o preocupación cuando se manifiestan formas de pensar o líneas sobre la universidad.

Características de la Ley: Principios Doctrinarios

• Hay una esfera referida al proyecto estratégico y otra vinculada con el sistema político institucional y la relación entre éste y la universidad. Cuando hablamos del proyecto estratégico decimos que lo definimos entre todos. Si decimos que el proyecto va a ser latinoamericanista, comprometido socialmente e inclusivo en función de un proyecto reformista, nacional, popular y latinoamericanista -porque eso está consensuado-, decimos que lo hacemos en el conjunto de la sociedad para el conjunto del pueblo. Me refiero a los pequeños y medianos productores agrarios, industriales, campesinos, trabajadores profesionales, técnicos de mano de obra ocupada o desocupada, es decir, a todos los que conforman el pueblo, el sujeto de lo nacional y latinoamericano. • Cuando hablamos de compromiso, decimos que hay

•

una universidad comprometida socialmente. Después, hay mecanismos concretos como los consejos sociales. Tendremos que ver cómo se articulan y de qué manera lo podemos mejorar con respecto al cogobierno, sin interferir. Esa es una propuesta concreta. • Hay un montón de propuestas concretas que se vinculan con el compromiso social y con el proyecto estratégico. Estamos pensando en la universidad como una institución estatal con proyecto estratégico de Estado y no por fuera de esto. • Por otra parte, hay otro nivel que tiene que ver con la relación entre el sistema político-institucional y la universidad y con cómo se va a dar la relación dialéctica que no cercene la autonomía universitaria, especialmente en ese sentido. Y eso, porque de la autonomía universitaria se entendió muchas veces que: “bueno, hagamos negocio con las transnacionales pero seamos autónomos de cierto poder político”. Entonces, no somos autónomos de nada porque las transnacionales determinaron los planes de estudio.

CALIDAD • Evaluación y Acreditación. Títulos

• • Lo que sí se podría incluir en la ley –o por lo menos se podría dejar alguna puerta abierta- son todas estas desviaciones que planteaba el señor diputado Cantero Gutiérrez, que son producto de los sistemas de evaluación. Si a un investigador no le vamos a valorar su docencia, su

dedicación a los alumnos y demás, no lo va a hacer. Y es lógico que no lo haga, porque cuando quiera ascender o cuando quiera un aumento de salario le van a investigar otras cosas. Los sistemas de evaluación de los docentes y de los investigadores deben ser cambiados. • Para ir más lejos, hoy en día los sistemas de evaluación no tienen en cuenta la innovación, el desarrollo tecnológico, y el investigador no tiene otra alternativa que ir por el camino que nosotros le estamos marcando. Estas son cuestiones de política más que de ley. • Pero yo quiero plantearlas porque me parece que ustedes tienen que trabajar primero en conceptos generales para después hacer el proyecto. • Señora presidenta: yo no quiero irme sin mencionar un concepto que me parece muy importante: la evaluación, y digo esto como parte de lo que implica el rendirle a la sociedad qué es lo que estamos haciendo con lo que ella nos da para que nosotros trabajemos. • El concepto de evaluación, que está muy afincado, en general, en los investigadores, en los grupos de investigación y demás, directamente se introdujo en los últimos años en todo el sistema universitario. Además, hace más de diez años apareció en nuestra ley y en nuestra costumbre, fundamentalmente, el concepto de la evaluación institucional y de las carreras, porque todo eso era una caja negra donde cada una de las universidades tenía sus carreras y nadie nos decía qué era lo bueno y lo malo.

• Creo que la incorporación del concepto de evaluación es muy importante. Ha servido para que todas las universidades nos pongamos a mirar, primero, hacia adentro, y que después vengan de afuera otros investigadores, otros docentes, otros universitarios para que nos analicen y nos digan qué es lo bueno y qué es lo malo. De esta manera, esto nos servirá como mecanismo para mejorar la calidad, porque el objetivo de la evaluación justamente es ese. • Yo creo que la ley debe mantener no la forma pero sí el concepto de evaluación permanente de las carreras, así como el de acreditación de las carreras y de los postgrados de las universidades, porque además esto ya se ha hecho algo corriente en todos los países del mundo y nosotros no debemos quedar al margen. Sin ir más lejos, en Brasil existe un régimen de evaluación muy fuerte. • Aclaro que todo esto sirve en la medida que luego se utiliza para algo. La evaluación sirve para hacer programas de mejoramiento, lo que a su vez implica que el Ministerio debe contar con un mecanismo de financiación para ello. De modo que siempre caemos en lo mismo.

Financiamiento • • Formación docente. Recursos académicos. Postgrados

• • la investigación científica es un avance fundamental para cualquier tipo de estudio de posgrado, desde el doctorado hasta las especializaciones que contempla nuestra ley. • Hoy en día la educación de posgrado o, más que la de posgrado, la educación continuada, se ha transformado en una necesidad imperiosa. Se ha transformado en

algo tan importante como la educación de grado, y esta es otra razón más por la cual creo que la educación científica tiene que estar íntimamente relacionada con las universidades y con la formación de grado y de posgrado.

Gobierno y Administración

• Tenemos consenso con gran parte del movimiento estudiantil en plantear la igualdad docente y estudiantil como una necesidad dentro del cogobierno cuatripartito, donde participen los estudiantes, los docentes, los graduados y los no docentes. Es otra de las cuestiones a las que hacemos referencia como punto en el que podría tratar de trabajar la federación para generar consensos, porque entendemos que es una ley de la comunidad universitaria. Tal vez esto se pueda llegar a discutir dentro de los estatutos de cada universidad. Por medio de la ley de educación superior se estableció que el 50 por ciento del claustro corresponde al claustro docente. Invocando la reforma universitaria, el sistema de claustros y cogobierno buscaba en definitiva que los diferentes actores de la comunidad universitaria tengan que lograr necesariamente ciertos consensos para definir el rumbo de la universidad y la postura que iba a tener la comunidad universitaria en determinados temas. Por eso, entendemos necesariamente que debe haber una cláusula dentro de la ley que implique que ninguno de los claustros puede tener la mayoría dentro del cogobierno, propiciando la política de llegar a consensos en el futuro y en la conducción de la universidad. • En cuanto a la elección del rector no hay consenso en lo que respecta al modelo que

•

tiene que haber. Unos sostienen que debe haber elección directa y otros decimos que no porque desnaturaliza el cogobierno. Es una discusión abierta en el movimiento estudiantil y de las asociaciones políticas. Depende de las particularidades de cada universidad si es beneficioso o no. Algunos compañeros pueden entender, al igual que yo, que debe ser una potestad de las universidades, en base a su autonomía, establecer el sistema de elección de sus rectores.

Gratuidad/Ingreso/Inclusión

• En primer término, es necesaria la existencia de políticas de discusión y de permanencia. Entendemos que una gran parte de la sociedad no está accediendo a las aulas universitarias, fundamentalmente por razones de índole económica. Al mismo tiempo hay un gran número de estudiantes que ingresa a las universidades y en el transcurso de sus años académicos terminan desertando por las mismas razones. • Para ello en la Federación Universitaria Argentina hemos elaborado un trabajo que hemos presentado el lunes en La Pampa y hoy lo estamos haciendo en La Plata. Se trata de un trabajo que venimos realizando desde hace más de un año y que consiste en la recolección de datos y en la discusión con actores importantes. Así, por ejemplo, hemos discutido con rectores en el CIN y con la red de secretarios de Bienestar Estudiantil, que incluye a los secretarios de Bienestar Estudiantil de todas las universidades, donde hay algunos casos y datos que son muy concretos. • Fundamentalmente, el Programa de Becas Universitarias Nacionales entrega anualmente 10 mil becas de 250 pesos durante diez meses. El monto de esas becas no se actualiza desde 2001. En realidad el monto bajó de 300 pesos a 250, y si consideramos la devaluación de la moneda y la

•

inflación que se ha registrado desde 2001 hasta el presente podremos comprender fácilmente que esas becas pasaron a ser anacrónicas, o por lo menos no cumplen la función que desarrollaban en otros momentos. • A esto debemos agregar que los secretarios de Bienestar Estudiantil han recibido este año solicitudes por 36 mil becas de este tipo, lo que nos da como resultado que el Estado solamente estaría cubriendo el 27,7 por ciento de los pedidos realizados. • La segunda cuestión que nosotros entendemos en relación con este tema es que el Estado nacional fija como requisito para acceder a estas becas un promedio de siete o más puntos. La primera diferencia que tenemos con esto es que entendemos que cuando uno tiene problemas económicos justamente el rendimiento académico no es el mejor. En otras palabras, los que tienen mejores condiciones para poder estudiar son los que mejores resultados obtienen a la hora de rendir sus exámenes. Y una beca no puede estar atada a requisitos académicos cuando se trata de cuestiones socioeconómicas. Para eso están las becas de mérito académico y no las de ayuda social. Nos parece que ésta es una de las cuestiones fundamentales que se deben tratar de revertir desde el Estado. • Por otra parte, hemos

planteado una serie de medidas que pueden llegar a ser muy importantes para lograr la inclusión y permanencia de los estudiantes en la universidad en cuanto a la construcción de los comedores universitarios, que no están. El Programa de Comedores Universitarios que hemos presentado contempla dos partes: por un lado la construcción y por el otro, el otorgamiento de un subsidio de 20 millones de pesos a dichos comedores para que los costos de los menúes que se ofrecen en las universidades sean menores a 2 pesos. Hoy la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación está entregando un subsidio solamente a la Universidad de La Plata para poder llevar esto adelante la cuestión. • Obviamente, no estamos en contra de eso, pero nos gustaría que sea posible para las universidades públicas. Según estimaciones que hemos realizado, creemos que se podría llegar con 20 millones. • Planteamos también la construcción de albergues estudiantiles para aquellos alumnos que provienen de provincias aledañas. Los costos influyen mucho porque dependen del lugar desde donde se trasladan. Fundamentalmente, el principal costo para un estudiante que viaja para poder cursar su carrera tiene que ver con el alquiler. Se estima que un universitario que se traslada tiene un costo de 2 mil pesos por

mes, lo que incluye vivienda, transporte, libros, apuntes, comida y todo lo que significa estudiar en otra universidad. • Hemos planteado también un aumento del monto y la cantidad de becas que se entregan y la modificación de los requisitos. Estamos planteando la necesidad de un programa de prevención en el área social y de salud a través de la población estudiantil. La población joven es, por lo general, la que menos se enferma. Esto indica que para las obras sociales implica un menor costo tenerlos como afiliados. Por eso, planteamos que aquellos que no tienen obra social puedan contar con una cobertura médico-asistencial mínima. Del mismo modo, propusimos una serie de campañas educativas sobre drogadicción, embarazos tempranos, HIV y políticas desde el Estado hacia algunos jóvenes. • Planteamos también la eliminación de barreras arquitectónicas, fundamentalmente para el acceso a discapacitados: construcción de rampas, ascensores, baños y lugares de estudio particulares, tales como bibliotecas parlantes. • Igualmente, y sin distinción de género, así como hay jardines materno-infantiles dentro de las universidades que permiten a los docentes y al personal auxiliar dejar a sus hijos en esos lugares, como reivindicación del movimiento estudiantil proponemos que los estudiantes tengan acceso al

mismo beneficio. Obviamente, esto debe estar acompañado por una política desde el Estado para instalar dichos jardines en el resto de las universidades donde no los hay y, fundamentalmente, sin distinción de si la persona que deja a los hijos es una madre o un padre. Todos sabemos que las cuestiones económicas y la realidad cambiaron. La mujer participa activamente y muchas veces es la que se hace cargo del sostenimiento de la familia. Eso implica que con frecuencia sea el padre quien esté estudiando y se dedique a cuidar a sus hijos, razón por la cual pedimos que también se pueda hacer uso de este beneficio. • Creemos que todas estas políticas son necesarias y que a corto plazo podrían llegar a transformar la realidad de muchísimos habitantes de nuestro país. Pensamos así porque creemos que para que la mayoría de los habitantes pueda llegar a las universidades es necesario hacer una transformación social de fondo, la que va a pasar por el mejoramiento económico del país y, posteriormente, influirá directamente en que la mayor cantidad de gente pueda ingresar a las aulas universitarias.

Organismos • Con lo que es la organización del movimiento estudiantil, creo que hay consenso en el movimiento de la federación única, una federación por universidad, y un solo centro por facultad; es decir, la unicidad

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de organización u organización de tercer grado. Está en debate la discusión de personería jurídica o no personería jurídica. Me parece que hay un mayor consenso sobre una ley de asociaciones estudiantiles y no sobre la personería jurídica de la federación. • En el caso de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, a la que pertenezco, el Consejo Superior y la Asamblea están integrados a asociaciones civiles que representan a la sociedad civil en que está la universidad. Creo que en el marco de un proceso de reforma de la ley de educación superior es importante que esta última articule mecanismos que vinculen estrechamente a la universidad con la comunidad en que está inserta, en el sentido de que la comunidad, que participa y aporta sus estudiantes, seguramente también tendrá demandas en aquellas áreas en que se forman los profesionales. Sería importante que el gobierno también tomara en cuenta la participación, no sé si en el mismo nivel y cantidad de los docentes y el resto de los claustros, pero sí que puedan tener voz y voto en cuanto a los proyectos de extensión, las cuestiones de becas, la vinculación con las escuelas y demás. • En relación con el proyecto de ley que cité anteriormente, concretamente se prevé la creación de un Consejo Social -me parece que es una manera propositiva de encarar el

tema- que debe estar integrado por actores de la sociedad y universitarios para debatir estas cuestiones. Me parece que es una buena manera de empezar a dar una resolución que nos saque de la antinomia que muchas veces se presenta en relación con el concepto de la universidad torre de marfil. Es un concepto que en algunos casos puede ser incorrecto, o por lo menos hay que tener cuidado y no deslizarlo tan livianamente. • Insisto en que se debe rever el concepto de extensión. Y fundamentalmente a través de la creación de un Consejo Social, como plantea este proyecto de ley, es por donde a nuestro juicio podemos empezar a dar una respuesta a esta situación.

Presupuesto y Administración

• Por último, respecto de los presupuestos, creo que es importante que haya una parte del presupuesto dedicada a los proyectos de extensión, que sean abiertos a la comunidad, y proyectos de extensión que sean de los estudiantes para la comunidad. En este sentido, me refiero a voluntariados, planes de alfabetización y cualquier otro tipo de política que implique el desarrollo local. • Si nosotros no presupuestamos lo correcto para garantizar el derecho a la educación y después generamos estos mecanismos que provocan estas conductas que mencioné, de competitividad entre los sectores universitarios y entre las universidades en general, no

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dejamos de tener un Estado que se entromete en la vida universitaria y que claramente la empuja hacia conductas totalmente neoliberales, respecto de las cuales creo entender que todos los que estamos aquí compartimos que no deben seguir abundando en el sistema universitario y en la sociedad argentina.

Educación Superior Privada

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Creación de nuevas universidades y carreras (tipos de formación).

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Universidades extranjeras/Articulación

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Mercosur • • Educación a distancia o virtual

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Vinculación con lo científico- tecnológico / con el Trabajo y la Producción

• Nosotros claramente defendemos -por lo menos desde la fuerza política a la que represento- la necesidad de que la universidad esté al servicio de las grandes mayorías nacionales, de las clases más postergadas, no para generar una élite dirigencial sino todo lo contrario, es decir, que pueda ser una universidad de masas que realmente permita a los universitarios o a quienes pasan por sus aulas potenciar sus capacidades, cualesquiera que ellas sean. Evidentemente, eso se logra fortaleciendo el concepto de extensión, pero no en cuanto a la conducta que se generó durante estos años de neoliberalismo. • Siempre que se produce conocimiento se produce para

• De todos modos, es indiscutible que tiene que haber una articulación muy importante entre todo el ambiente científico y de investigación en todos estos campos de las ciencias, de la sociología y de las humanidades, por un lado, con la educación y la docencia en las universidades, por el otro. Además, me parece fundamental que el docente pueda transmitir lo que realmente está haciendo. • Por lo tanto, considero fundamental que exista esa articulación, particularmente en el campo de la ciencia y de la tecnología. • Yo voy a empezar opinando respecto de algo que aquí se planteó como una cuestión a discutir, como es la relación entre la universidad pública y los sistemas de investigación, y concretamente, de

alguien. Porque es ilógico pensar que se investiga para recrear los gustos personales. Puede haber un deseo individual del investigador de abordar tal objeto de estudio y de profundizar tal tema, pero siempre se investiga para algo, siempre produce algo ese conocimiento y más si es conocimiento de calidad. • Por lo tanto, tenemos que pensar para quién va a ir; quién se apropia de ese conocimiento producido. Porque en los ’90, se impuso, -esto igual tiene cierta trascendencia en la tradición universitaria- que la extensión es el momento caritativo en el que vamos, trasferimos conocimiento, lavamos las culpas, llevamos algo de lo que hacemos al barrio, somos todos buenos, nos sacamos las fotos y después volvemos para seguir investigando para Cargill. • Es decir que siempre hay transferencia de conocimientos para bien. Cuando hablamos de universidad comprometida socialmente, con la articulación universidad-sociedad, decimos que las mayorías sociales se componen de los actores mencionados recientemente. Para eso la transferencia se produce, se produce investigación y desarrollo, pero no sólo una transferencia concreta sino también una articulación, un momento donde uno se apropia de los problemas reales de la sociedad, aprende de ellos, porque de lo contrario vamos a creer que vamos a enseñar, pero vamos a

investigación científica y tecnológica. Este es un tema que se discute y en el cual existen muchas opiniones. • A mi juicio, es imprescindible que la ley contemple la posibilidad de integración de los institutos de investigación. Yo soy miembro del CONICET, que tiene una relación muy estrecha con las universidades, y me parece que esto debería ser ampliado, avanzándose en la integración de la investigación científica con la universidad. • Esto es algo que reconoce varias razones, algunas de las cuales son muy importantes. Entiendo que, frente al avance del conocimiento que existe actualmente en el mundo, es imprescindible que los docentes universitarios sean investigadores y que estén dedicados simultáneamente a la investigación. No me cabe ninguna duda de que un docente que es investigador está en mejores condiciones de formar al alumno tanto en el sentido crítico como en su mejor preparación con miras al mundo moderno que va a encontrar. • A ello debemos sumar la importancia que tiene la investigación científica en el desarrollo de un país -que no es motivo de discusión en este momento y que nos llevaría mucho tiempo de debate-, donde también se produce una relación muy importante con la universidad. • Estas son cuestiones sumamente importantes, que legislaciones anteriores a veces no han tenido en cuenta. La importancia del desarrollo científico y tecnológico hace que hoy la investigación científica sea para la universidad algo tan importante como la docencia

aprender. Esa es la articulación y la alianza estratégica, con l< cual quería terminar, es decir, pueblo-ciencia. La ciencia como momento teórico del pueblo y el pueblo como momento práctico de la ciencia. Hay un momento de articulación real. El otro tiene que ver con la articulación pueblo-ciencia en el sentido teórico, es una articulación social, es una alianza de poder. La alianza estratégica pueblo-ciencia, tiene que ver con actores sociales. Los trabajadores profesionales, que muchas veces se creen que no son partes del pueblo, sectores medio ilustrados que creen que no son parte, en realidad son parte del pueblo. Cuando nos quiebran la unidad pueblo-ciencia, estamos perdidos como pueblo. Porque fragmentan el pueblo cuando en realidad si queremos construir un proyecto propio tiene que haber unidad entre las diferentes fracciones sociales que componen el pueblo, tiene que haber unidad entre pequeños y grandes productores, entre trabajadores profesionales, manuales y técnicos, o sea clase obrera, en su momento ocupados o desocupados, campesinos, pequeños y medianos industriales nacionales. Esta es la unidad que debemos construir y por qué la ciencia como momento teórico del pueblo es un momento en que la ciencia elabora, se nutre de los problemas, saberes y objetivos de su pueblo porque es parte del pueblo

o como el resto de las funciones que bien se han descrito aquí. • Así que, en mi opinión, hablando en principio solamente de lo que es la cuestión de la relación entre el ámbito científico y la universidad, creo que esto debe fomentarse en la ley y se deben buscar formas de integración. • Hoy tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología para que la universidad sea fundamentalmente un lugar donde se haga investigación. • La situación entre el CONICET y las universidades no es algo difícil de articular y por lo que yo he visto durante los años en los que he sido rector la relación siempre ha sido muy buena y se ha avanzado mucho en este sentido. Creo que se trata más de una decisión política de las instituciones que de una cuestión legal. Es decir, el impedimento permanente es el presupuestario, pero creo que no traigo ninguna novedad al decir esto. • La creación de institutos asociados entre la Universidad y el CONICET es la mejor forma de poder integrarse, porque los miembros de esos institutos y sus investigadores son simultáneamente docentes en la Universidad. Esto es lo que permite la integración de la que yo hablaba cuando hice referencia a la docencia y a la investigación de postgrado como cosas apoyadas en la investigación científica. • Creo que la política de institutos asociados es una herramienta muy buena para que la Universidad y el CONICET funcionen como una única cosa y no como en algún momento ha sucedido, que los

institutos estaban por un lado y la Universidad por el otro. A pesar de que algunos países funcionan bien con este sistema, desde mi punto de vista creo que no es la mejor manera y yo prefiero el sistema americano de integración entre investigación y docencia dentro de la Universidad. • No formo parte del CONICET, pero me gustaría comentar que estoy totalmente de acuerdo con la integración de institutos y universidades. Yo he vivido esto, he tenido alumnos de doctorados gracias a estar trabajando en un instituto del CONICET asociado con una Universidad. Incluso, en algunos casos teníamos la posibilidad de elegir a los mejores estudiantes –dándoles incentivos obviamente- para lo que a nosotros nos interesaba. • A lo mejor muchos de los que están en los institutos no están en la Universidad, pero uno les está dando la oportunidad de interactuar y de cumplir el rol del investigador que además es educador y que tal vez sea el mejor educador, porque está en la cresta de la ola y sabe qué se está haciendo en ese momento ya que su carrera depende de la calidad de su investigación. Me parece que este es un tema muy saludable y que debería continuar de esta forma. • Precisamente esta semana se firmó un acuerdo entre el INTA y el CONICET, entendiendo esto de la formación en sentido amplio, y, más allá de la carrera universitaria, el INTA tiene becarios en formación con los sistemas similares a los de ciencia y técnica, antes iniciación y perfeccionamiento, y ahora según estudios de postgrado. • Decía que se firmó un

convenio y hay una cantidad importante de becarios del CONICET –más de treinta- que se encuentran trabajando en los equipos de investigación del INTA para el desarrollo de sus propios postgrados y usufructuando becas para resolver económicamente la doble pertenencia de los becarios y tener igualdad en relación con los becarios del INTA. • Me parece que eso permitiría que alguien que se está formando ingrese a un equipo con años de investigación, y en el caso particular del INTA se encuentra algo que la sociedad reclama fuertemente, porque desarrollamos tecnología para la resolución de los problemas. • Además de los equipos nacionales, por aquí pasan profesores internacionales, de otras universidades, etcétera. Existe un permanente intercambio de profesionales. Entonces, pensando eso también desde la universidad, considero que constituye una posibilidad realmente maravillosa. • La asociación de una universidad con una institución como el CONICET, el INTA o la CNEA, por ejemplo, siempre arroja resultados positivos. El Instituto Balseiro tiene una larga trayectoria, y lo mismo ocurre con el Instituto Sábato, cuyos alumnos se forman en el Centro Atómico Constituyentes, con los investigadores. Lo mismo ocurre en el caso de la CONAE. • Entonces, me parece que la vinculación de un centro de investigación con una universidad, a través de la creación de un instituto, es algo muy positivo. • Del mismo modo, los que tienen buen nivel buscan tener

buenos sucesores; es decir, de entre los jóvenes, eligen a los mejores. Eso es a lo que me refería hace un rato. • Ahora bien, solamente quiero disentir respecto de una de las manifestaciones formuladas por el señor diputado Cantero Gutiérrez. En un momento dado yo hice un gesto, como diciendo, “¿cómo que no existe el que enseña lo que no sabe?” En realidad, en muchas de nuestras universidades, y durante mucho tiempo, numerosos profesores no hacían investigación sino que eran profesionales que iban a dar la clase con la tiza y después se iban a su casa; no participaban en investigación ni en desarrollo. Entonces, en determinado momento esos señores llegaban a un nivel que no sabían lo que estaban enseñando, porque lo que estaban enseñando ya los había sobrepasado. Eso es lo que yo quería recalcar, porque existe. • yo también he visto investigadores de muy buen nivel recomendarles a sus becarios que no fueran docentes universitarios. Esto hay que reconocerlo, porque se trata de un error que creo que en alguna medida se está superando y que debemos hacer un esfuerzo para que así sea.

Colegios Universitarios

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TEMA Pérez Lindo Huergo Fernández Articulación con el resto del Sistema Educativo Nacional y la Educación Superior Terciaria

• Desde el punto de vista institucional me parece adecuado conservar dentro de la denominación “educación superior” a todas las instituciones post-secundarias que ofrecen carreras de dos, cuatro o más años.

• La desarticulación entre las instituciones de ES, las problemáticas sociales, productivas, culturales, etc. de las comunidades y las políticas de desarrollo nacional, regional y local. Una política (y una Ley) de ES debe promover esa articulación básica en la que se

• Un objetivo fundamental de la ley de educación superior debiera ser la consolidación del Sistema de Educación Superior que padece de varias fragmentaciones y desactualizaciones. En este sentido me parece acorde con las tendencias mundiales marchar hacia un espacio común entre las universidades y los institutos superiores no universitarios. Existen diferencias en el valor de los diplomas y certificados, que también existen entre las mismas universidades. La CONEAU y el Consejo de Educación Superior son los encargados de establecer los estándares comunes y los criterios de acreditación de carreras. El sistema de créditos, que ya ha sido recomendado por la Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR, puede servir eficazmente para especificar equivalencias y diferencias en las certificaciones. Por lo tanto, debería estar instituido por la Ley de Educación Superior.

asume al sistema educativo como parte de una sociedad donde, además, emergen nuevas formas y dimensiones del “campo educativo”. • La desarticulación entre los subsistemas Universitario y de Formación Docente y Técnico Profesional, que hace de obstáculo a una concepción amplia e integral de “educación continua”, donde se permita al conjunto de los actores del SES la continuidad de sus trayectorias formativas. El SES en la actualidad no facilita el cambio de modalidad, de orientación o carrera, la continuación de los estudios (de grado y posgrado) en otros establecimientos, universitarios o no, así como la reconversión de los estudios concluidos. Ambos subsistemas remiten a tradiciones diferentes pero que pueden mantener un nuevo tipo de vinculación colaborativa y asociativa a través de intercambios pedagógicos productivos que redunden en el mejoramiento del sistema educativo y del campo de la educación en su conjunto. Entre otras cuestiones, la LES debe establecer parámetros generales más precisos y prescriptivos de articulación entre los Institutos Superiores y las Universidades. • La desarticulación entre la histórica democratización institucional (no como una forma de participacionismo, sino como una estrategia que abreva en una larga tradición latinoamericana y argentina) y el crecimiento y actualización académica. Esta desarticulación va en desmedro de la “calidad” del subsistema (entendiendo la “calidad” no como la concebía el

neoliberalismo, sino como una conjunción entre la actualización y el crecimiento académico y la democratización institucional). Una LES debe establecer claramente esta articulación en los Institutos Superiores.

Universidad/Estado

• La denominación de “universidad” debería estar reservada para aquellas instituciones que hacen investigación, ofrecen diplomas profesionales y organizan cursos de posgrado. • La Ley de Educación Superior debe afirmar el carácter de servicio público de la universidad nacional y debe proteger la independencia de la comunidad académica de todo poder unipersonal, político, gremial, religioso o económico. • Actualmente el Ministerio de Educación tiene pocas posibilidades para llevar adelante políticas públicas en educación superior. Se debería reconocer a la Secretaría de Políticas Universitarias la capacidad para diseñar y promover programas especiales con financiamiento adicional (como se viene haciendo). También se le debe asignar la responsabilidad de mediar automáticamente cuando se pone en riesgo la gobernabilidad o en caso de graves conflictos. En estos casos también sería conveniente promover la creación del cargo de Mediador (Ombusman) Académico (como existe en España y otros países) en todas las universidades nacionales a fin de arbitrar la resolución de conflictos antes de

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llegar a los enfrentamientos o a los litigios jurídico-administrativos. • …el Estado, principal empleador de profesionales universitarios. La profesionalización de las funciones públicas y la preparación de funcionarios públicos desde la misma universidad resulta fundamental. En la perspectiva optimista de un país con un modelo de desarrollo inteligente y solidario, la función de la ley debe ser la de facilitar, no reglamentar, los cambios y de asegurar mecanismos que permitan realizar políticas de igualdad de oportunidades, de transferencias de conocimientos a la sociedad, de producción científica y innovaciones pedagógicas.

Autarquía • • Autonomía • Gobierno • Estatutos • Concursos • Libertad de Cátedra • Territorio

• a Ley de Educación Superior debe revalorizar la autonomía de las comunidades universitarias. En la actualidad la autonomía reposa en las instituciones y en aquellos que controlan las instituciones. Pero la autonomía se pensó como una conquista para asegurar que la comunidad académica conservara la libertad de pensamiento y la independencia frente a todo poder político, gremial, económico o religioso. En la práctica, en muchas universidades, el espacio público universitario ha sido ocupado por individuos, grupos políticos, gremiales o religiosos. Las comunidades académicas padecen entonces un alto grado de heteronomía. Con lo cual,

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además, se produjo de hecho una especie de privatización, una apropiación particular, del espacio público universitario. • el sistema de gestión universitaria nacional es muy deficiente, según reconocen todos los actores, las universidades nacionales carecen por ello de capacidad de planeamiento y gastan una parte importante de sus cargos en funciones administrativas o políticas; la división de poderes, la profesionalización de los funcionarios, el mejoramiento de los mecanismos de control de gestión, la creación de un sistema de arbitraje interno de conflictos, son algunas de las respuestas posibles • las demandas masivas de recursos humanos no proviene de las profesiones tradicionales sino del sector educativo y de la gestión pública, principal empleadora de profesionales. • La actual ley de educación superior buscó fragmentar las negociaciones salariales y las organizaciones gremiales. Con un gran desgaste para todos los sectores involucrados. Las fuentes principales de recursos de las universidades nacionales provienen del Estado Nacional y por lo tanto hay que volver a una única paritaria para el personal docente y empleados. Esto implica establecer también un escalafón único para docentes y para empleados de las universidades nacionales. Las condiciones de las carreras docentes, del régimen de concursos y de otros

procedimientos tienen que ser coherentes con el carácter “nacional” de los cargos. O sea, tiene que asegurarse la apertura nacional al concurso de candidatos de cualquier lugar del país.

Características de la Ley: Principios Doctrinarios

• La Ley de Educación Superior debe afirmar el carácter de servicio público de la universidad nacional y debe proteger la independencia de la comunidad académica de todo poder unipersonal, político, gremial, religioso o económico. • Otro fenómeno que la Ley de Educación Superior debe contemplar es el de la “endogamia”, o de la “autoreproducción” de los mismos actores que controlan la universidad. En España la “apertura” del currículo y del claustro de profesores hacia el mundo fue decisiva para renovar el sistema universitario en la transición democrática. En Francia luego de 1968 se fueron imponiendo nuevas reglas para evitar que los profesores y los estudiantes quedaran atrapados en la endogamia. Para asegurar el intercambio académico y científico la Ley debe establecer que al menos el 10% de los docentes esté compuesto por profesores externos y que al menos el 10% de las materias de los planes de estudios puedan cursarse en cualquier universidad del país.

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CALIDAD • • Evaluación y Acreditación. Títulos

• La distinción o jerarquización de las

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instituciones en cuanto a la calidad o naturaleza de sus actividades debería quedar sujeta a las evaluaciones institucionales de la CONEAU o agencias autorizadas. • El sistema de Auditorías y de control de gestión de las universidades públicas es deficiente y ha dado lugar a irregularidades. Los auditores internos son actualmente designados por el Rector. Sería razonable volver al sistema de auditorías internas independientes del Rectorado y establecer una conexión directa de los auditores con la SIGEN • La estructura de la CONEAU necesita una reforma para fortalecer su perfil académico y su independencia de juicio. De hecho, es el tribunal académico superior de las universidades. Por lo tanto, los miembros del directorio deberían tener el máximo grado académico y deberían ser especialistas en educación superior en diversas disciplinas. El número de miembros del directorio debiera ser de seis, como en Francia. Tendrían que ser seleccionados por concurso público y por antecedentes publicados por lo menos en los sitios web universitarios. • La CONEAU como órgano encargado de velar por la calidad y las acreditaciones necesita otras reformas para que la acreditación de las especializaciones, que son muchas y atascan los procedimientos, vuelvan a ser incumbencia de las

universidades. Sería conveniente también conservar a la CONEAU como única agencia nacional (en la actualidad existen otras dos privadas) teniendo en cuenta las convergencias en curso dentro del MERCOSUR universitario.

Financiamiento • Si tenemos en cuenta que la Educación Superior en general va a atender a cerca de 4 millones de personas en los próximos diez años, de los cuales el 60% corresponderá a la matrícula de las universidades nacionales, si tenemos en cuenta el alto índice de deserción que se produce actualmente y los déficits de equipamiento existentes, el presupuesto de las universidades nacionales no podría ser inferior al 1% del PBI. (en la actualidad se encuentra cerca del 0,8% para una PBI estimado de unos 250 mil millones de dólares). Este volumen de inversión se justificaría por el impacto de la educación superior en el crecimiento económico, porque permitiría mejorar la retención de los jóvenes en la enseñanza universitaria y porque fortalecería las políticas sociales que buscan la equidad.

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Formación docente. Recursos académicos. Postgrados

• El posgrado se encuentra desfinanciado y desjerarquizado. No forma parte del presupuesto y del gobierno universitario. Sus alumnos y profesores no tienen claustro ni ciudadanía universitaria, no votan. El posgrado es el talón de

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Aquiles de la Argentina en este momento. Mientras que Brasil gradúa cerca de 10.000 doctores por año, Argentina forma cerca de 500 doctores por año. El sistema de posgrado y en particular los doctorados deben ser financiados por el presupuesto universitario nacional y nó como en la actualidad en que la mayoría se costea con los aranceles de los alumnos. Reconocer la ciudadanía universitaria de los profesores y estudiantes de posgrados sería coherente con el modelo de co-gobierno que sustenta la gestión en las universidades nacionales. • Otro aspecto importante es la valorización de los títulos de posgrados que no dan lugar a remuneraciones especiales, como ocurre con los títulos de grado. (Esto se ha planteado en las paritarias con los gremios universitarios). También es importante afirmar, como se hace en algunos estatutos universitarios, y en la ley de educación superior vigente, que los cargos superiores de profesores (profesor titular, asociado) requieren el máximo nivel académico (el doctorado).

Gobierno y Administración

• El actual sistema de gobierno en las universidades nacionales padece de una estructura pre-moderna donde se confunden las funciones ejecutivas, legislativas y arbitrales en los consejos superiores. Sería absolutamente conveniente delimitar esas instancias y establecer la división de poderes y de funciones. El Rector y los Decanos tienen que tener todas las responsabilidades en tanto autoridades electas para tomar las decisiones administrativas y operativas. Los Consejos Superiores tienen que tener como función establecer políticas académicas y ejercer el control de gestión. Deben existir mecanismos de arbitraje de conflictos, para eso se propone la creación de la figura del Mediador Académico, que debería ser un profesor de máximo nivel y reconocimiento elegido por todos los miembros de la comunidad universitaria por voto universal. • La distribución de los cupos de participación de los claustros en todas las universidades tiene que ser igual para todas las universidades nacionales, porque de lo contrario se crean asimetrías que los distintos sectores consideran injustas (inclusión/no inclusión de empleados en el gobierno, mayor o menor participación de estudiantes, mayor o menor participación de profesores, etc.). A mi entender una estructura de participación

• En el caso de la ESDyT, la forma de gobierno es similar a la escolar. Sin embargo, existen avances en la legislación provincial. En la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires (año 2007), se consagran órganos existentes (como los Consejos Académicos Institucionales de cada Instituto Superior) y se avanza en cuanto a la creación de órganos de discusión de las políticas provinciales del nivel de ES. Entre ellos: los Consejos Consultivos de Formación Técnica y de Formación Docente (con participación representativa de directivos de Institutos Superiores) y el Consejo Provincial de Educación Superior (con participación de representantes de los claustros directivo, docente y estudiantil). • Entre los lineamientos referidos a las institudiones de FD, el INFOD alienta la búsqueda de formas de gobierno democráticas en los Institutos Superiores. Esto significaría un avance en cuanto a la democratización, cuyo corolario tendría que ser la posibilidad de elegir a los Directores o Rectores de Institutos de FDyT, tal vez combinando la votación de la comunidad educativa sobre proyectos institucionales de los postulantes, con la elección según concurso de antecedentes y oposición. • La LES debe promover la democratización institucional de los Institutos Superiores y del subsistema de ESDyT; también para generar consenso en la necesidad de políticas que puedan obtener legitimación desde las bases o los actores de los distintos claustros, para asegurar continuidad de

similar al de las universidades federales brasileras parece el más adecuado: 60% de votos para los profesores, 30% del voto para estudiantes y 10% del voto para empleados. La inclusión del voto de los graduados se ha demostrado redundante e innecesaria. El claustro de graduados no cumplió con las funciones que se pensaron que podía asumir: conectar a la universidad con la sociedad, aportar informes sobre las demandas profesionales en el mercado, procurar recursos extra para las universidades. • En cuanto a los empleados, pensando en una participación efectiva de los mismos en el co-gobierno, debiera establecerse la carrera del funcionario universitario que requiere que todo el personal administrativo, técnico y profesional tenga diploma universitario (algo usual en universidades norteamericanas, europeas y brasileras). Por otro lado, esto implica profesionalizar la gestión de las universidades hasta el cargo de los Secretarios de Facultad. O sea, deben ser personal de carrera. En este momento ya existen programas de tecnicatura en gestión universitaria que han sido organizadas por los gremios o por algunas universidades.

políticas de ES más allá de los avatares políticos.

Gratuidad/Ingreso/Inclusión

• con las proyecciones actuales donde sólo un 20% de los ingresantes a la universidad pública terminan los estudios, la frustración académica va a afectar a millones de jóvenes en una época donde se necesita más que nunca facilitar la socialización de los jóvenes; los programas de becas sustantivas y las políticas de retención y mejoramiento académico deberían ser prioritarias; • Asegurar la igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior es un principio que tiene consenso universal. Pero, aplicar este principio se requieren fuertes programas de becas. La experiencia internacional muestra que solo cuando los individuos discriminados y con bajos recursos disponen de un apoyo económico específico pueden superar las barreras sociales, culturales o de género. La ley de educación superior puede establecer que se destine un 10% del presupuesto universitario nacional para un programa de unas 40.000 becas mensuales equivalentes a un salario mínimo. (En 2007 el Ministerio de Educación otorgó cerca de 6.000 becas universitarias anuales de $ 2.500). En EE.UU. y Europa el gasto en becas equivale a más del 30% del gasto en educación superior.

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Organismos • Para facilitar la movilidad estudiantil en todo el sistema universitario nacional conviene instituir un Código Universitario

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Nacional para el cual ya está preparado el SIU, Sistema de Información Universitario del Ministerio de Educación. Con este Código se podrán obtener vía Internet o telefónica todas las informaciones pertinentes del interesado y se podrán realizar trámites de inscripción y otros

Presupuesto y Administración

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Educación Superior Privada

• • El crecimiento de las ofertas de ES de gestión privada y la competencia dentro del subsistema entre las propuestas formativas de gestión privada y de gestión estatal, muchas veces tiene que ver con cierta imprevisión y desorganización de la relación entre el subsistema (regido de formas diversas por pertenecer a las diferentes jurisdicciones) y los intereses, las fuerzas y las demandas de la sociedad y del mercado del conocimiento. • Aunque deban reconocerse las propuestas (a veces escasas) de ES de gestión privada que han contribuido al acceso a sectores populares locales a la formación superior, es evidente que marchan de manera dispar y desvinculada ciertos intereses del mercado con respecto a la creación de los nuevos sentidos de la educación que se articulen con los dinamismos de nuestra sociedad. • Lo que debe regir la Es, sea cual sea el tipo de gestión, es una política pública educativa (que a su vez es política social y cultural), que dé repuesta a las necesidades del desarrollo humano, en condiciones de igualdad, de justicia social, de libertad. Por esto, una LES tiene que

establecer regulaciones precisas a las instituciones de ES de gestión privada, para resguardar clara y firmemente los principios de una política educativa de Estado.

Creación de nuevas universidades y carreras (tipos de formación).

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Universidades extranjeras/Articulación

• La internacionalización de la educación superior ya forma parte de la experiencia de casi todas las universidades. La Ley de Educación Superior, como se está procediendo en Europa, debe por un lado promover la circulación de estudiantes y profesores; y por otro lado debe asegurar la correspondencia de las certificaciones académicas. En este sentido la Ley de Educación Superior española permite que un estudiante universitario elija hasta un 10% de materias electivas en cualquier universidad del país en acuerdo con sus tutores académicos. Esta modalidad podría ser adoptada por la LES argentina. • La internacionalización académica avanza. La movilidad estudiantil crece. El MERCOSUR educativo ya ha analizado la conveniencia de instituir el sistema de créditos para facilitar los intercambios de estudiantes. El Proceso de Bolonia en Europa (54 países) también incorpora este mecanismo. Convendría adoptar entonces el sistema de créditos para todas las universidades argentinas, públicas o privadas. Esto permitiría, también, flexibilizar el currículo, ya que

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los estudiantes podrían incorporar a su plan de estudios materias cursadas en distintas instituciones.

Mercosur • la internacionalización avanza, tanto con el MERCOSUR como con otros países, facilitar la movilidad de alumnos y profesores, como asimismo asegurar la validez de las equivalencias de certificaciones es algo que la ley tiene que contemplar; • El MERCOSUR educativo ha permitido acordar mecanismos para reconocimiento de diplomas y para acreditación de carreras profesionales. También se ha avanzado en términos de intercambios académicos. Brasil ya creó la UNILA, universidad para la integración latinoamericana. El perfil bilingüe o trilingue (portugués, inglés, castellano) de los graduados brasileros confiere una ventaja evidente en el mercado profesional y coloca a los argentinos en desventaja. Por lo tanto, debiera reconocerse como requisito de todas las carreras de posgrado el aprendizaje del portugués y del inglés para asegurar la inserción de los graduados en todo el continente americano. El aprendizaje del español está instituido por ley en las escuelas primarias y secundarias de Brasil. Aquí podría instituirse como requisito de los estudios de posgrados el conocimiento del portugués, cumpliendo así con los protocolos del

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MERCOSUR. Educación a distancia o virtual

• educación a distancia, y en particular la enseñanza virtual, tienen y van a tener un crecimiento exponencial; cabe reconocer esta modalidad y crear mecanismos de regulación especiales; • Un problema agudo es el crecimiento de las ofertas de educación superior a distancia. En la actualidad hay cerca de 200.000 usuarios de cursos o programas completos de educación a distancia. Hacia el 2020 podrían ser más de 600.000. La ley de educación superior, con visión prospectiva, tiene que formalizar el reconocimiento del espacio de educación superior a distancia y al mismo tiempo tiene que proponer la creación de un organismo para regular la actividad del sector. • Actualmente existe la Red Universitaria de Educación a Distancia (RUEDA) por donde se ofrecen cursos y carreras de las distintas universidades nacionales. Sería conveniente, como en Brasil, formalizar la existencia de una Universidad Virtual Argentina con los mismos componentes. En la misma línea de Brasil, sería conveniente crear una Subsecretaría de Educación a Distancia para tratar los problemas específicos del sector. Por ejemplo: dictaminar sobre la aparición constante, diaria, de ofertas transfronterizas y mercantiles en el espacio nacional.

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Vinculación con lo científico-

• La futura Ley de •

tecnológico / con el Trabajo y la Producción

Educación Superior debería establecer formalmente la convergencia entre el sistema científico nacional y el sistema universitario nacional. Algo que no aparece en la ley vigente. Esto implica que los institutos del CONICET y sus investigadores tienen que tener articulaciones con las universidades nacionales (algo que ya se viene haciendo). Cuando las universidades establezcan sus propios programas de investigación, los mismos tienen que ser congruentes con las prácticas científicas en todas las universidades nacionales (algo que se ha demostrado indispensables en el programa de Incentivos). • La colaboración científica y académica entre universidades públicas y privadas en función de políticas públicas de interés científico y académico, debería ser favorecida. Si estamos tratando de converger con todo tipo de universidades en el MERCOSUR con mayor sentido deberíamos favorecer la convergencia de todos los actores universitarios y científicos en el país. La Ley de Educación Superior debe favorecer la cooperación de universidades públicas y privadas en el plano de los posgrados y de la actividad científica. Esto puede contribuir a saldar en menos tiempo la brecha que el país tiene en esos campos. ( esto puede ir en varios ítems)

• Salvaguardar las publicaciones científicas, pedagógicas y culturales es de sumo interés para las universidades y para el país. La ley de educación superior podría alentar la formación de un consorcio de universidades nacionales para las publicaciones y producciones multimediales de carácter académico. Ya existe REUN (Red de editoriales universitarias nacionales) que podría transformarse en una editora universitaria argentina con capacidad para proyectarse hacia todo el mundo de habla castellana.

Colegios Universitarios

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TEMA FTV, Frente Transversal, Mov.Evita, Barrios de Pie, Mov.

26 de Julio y MUP

Profesores Eméritos

Articulación con el resto del Sistema Educativo Nacional y la Educación Superior Terciaria

• que la universidad recupere un rol fundamental poniendo el conocimiento al servicio de la sociedad, no solo a la que pertenece sino a la que se debe en forma concreta y que es la que la sostiene.

• Esta rearticulación debe darse en dos sentidos, ámbitos o escenarios. Por un lado, a través de políticas públicas. Y por otro lado, con una fuerte vinculación de carácter participativo de las organizaciones y del movimiento social.

• Nosotros hablamos también del sistema universitario, y creo que esta es la oportunidad de tenerlo. Hoy en día nosotros no tenemos un sistema universitario sino yuxtaposiciones que van

• la universidad no tiene conciencia de que los acontecimientos están pasando fuera de ella; la universidad no tiene conciencia de que es parte de la crisis y de que hay un ritmo de cambio; y la universidad -me refiero sobre todo a la universidad pública- tiene poca conciencia de que está perdiendo capacidad de negociación en función de estos tres puntos anteriores.

• debemos asegurarnos que los

médicos tengan una formación uniforme, independientemente de la universidad donde hayan estudiado, y obviamente contextualizada regionalmente en cuanto a los problemas que deben afrontar.

o Para ello se requiere -me parece- que los organismos planificadores

desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos. Por lo tanto, si logramos tener un verdadero sistema universitario, desde arriba hacia abajo, donde los movimientos sociales estén integrados en los distintos niveles, no se va a depender entonces de voluntarismos que provengan desde alguna cátedra, desde algún docente o desde alguna institución, sino que va a ser algo articulado e institucionalizado

• En cuanto a la articulación de

la universidad con el territorio, esto me parece algo fundamental. Considero que es algo que no se está dando tan fluidamente como debería. Tendría que haber caminos legales que facilitasen el ingreso de los estudiantes a los trabajos en territorio, para que puedan trabajar con las organizaciones. Esporádicamente aparecen grupos, pero insisto en que la relación de las universidades con las organizaciones sociales tendría que ser más fluida.

• uno de los pilares

fundamentales sea que todos los actores del ámbito universitario se articulen con el campo popular. Dicha articulación deberá realizarse primero hacia el interior de la educación superior, para que luego pueda establecerse un puente con los saberes

específicos que tienen la misión de articular las carreras radicadas en diferentes instituciones deberían, a través de la nueva ley, tener un papel preponderante en esa tarea de auditar académicamente las distintas carreras críticas, y también en relación con las mismas que se dictan en universidades privadas.

• Sí tengo en claro que falta planificación.

o La mayoría de las carreras que hoy se ofrecen a los jóvenes –porque han florecido rápidamente- son carreras de tiza y pizarrón, es decir que son carreras que no requieren de gran infraestructura. Esto hace que hayan surgido muchas carreras de administración de empresas u otras que, como dije antes, no requieren gran infraestructura.

o Además, no sabemos si es necesario para el país que haya tantas de estas carreras. Primero se tendría que hacer una planificación para saber qué es lo que se necesita, pensando no en el hoy sino en los años venideros, porque de lo que planifiquemos hoy, los graduados saldrán -con buena suerte- en seis años.

o Creo que tenemos que planificar a largo plazo. Para eso debemos saber qué país queremos y qué país vamos a estar proponiendo o proyectando para el futuro, y a partir de allí incentivar más algunas carreras y menos otras. El hecho de que en un país agrícola-ganadero las carreras de Agronomía o de Veterinaria sean de las que menos alumnos tienen –por lo menos en la Universidad de Buenos Aires- es bastante

populares. • Históricamente, los saberes

populares fueron considerados no cultos. Entonces, la razón por la que muchísimos de nuestros compatriotas no se acercan a la universidad radica precisamente en una cuestión cultural. Los deja fuera sentir que no son poseedores de cultura -entre comillas-, y ello se vincula con el viejo concepto de civilización como sinónimo de cultura en el que nuestro sistema educativo tuvo su fundamento histórico.

• En consecuencia, es preciso que trabajemos en una universidad que articule sentidos con el campo popular para la construcción de un nuevo conocimiento que, justamente, los incluya como saberes populares, saberes que tienen tanta importancia como aquellos que se originan en los circuitos de investigación de la universidad, los que, en muchos casos, debido a la compra-venta de postgrados y maestrías tienen un acceso limitado.

• la jerarquización no sólo de los institutos de formación docente sino también de los institutos de formación técnica, dado que cumplen una función absolutamente social vinculada con la distribución del conocimiento y con la posibilidad para muchísimos jóvenes de acceder al saber pese a

irónico. También es bastante irónico que esas carreras se cursen en la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, y que las facultades del interior del país no sean las que más fomenten y auspicien que los jóvenes estudien en esos lugares donde está el campo, los animales, etcétera. Lo mismo ocurre con las carreras de geología o biología marina, cuyos alumnos de la Universidad de Buenos Aires tienen que viajar a otros lugares para hacer trabajos de campo, lo cual también es bastante costoso para la universidad. Además, formar un geólogo en la ciudad de Buenos Aires es algo disparatado.

o Creo que estas cosas, que tienen que ver con la planificación, son de las primeras que hay que tener en cuenta. Hay que pensar que cuando se planifica se lo hace a largo plazo.

problemas de distancia o de traslado hacia otros distritos o provincias.

• Actualmente, la totalidad de esos institutos figuran en el imaginario colectivo como de menor jerarquía desde el punto de vista del conocimiento. Por eso en nuestro aporte hemos decidido incluirlos, para que su formación sea jerarquizada y el conocimiento que imparten esté revalorizado. De esa forma, los egresados de esos institutos podrían continuar sus estudios en un postgrado, en una maestría o bien en un doctorado, ya que se encontrarían en las mismas condiciones que un egresado universitario para recorrer el camino de la capacitación.

• Para lograr ese objetivo será necesario no sólo transformar los currículos y otras cuestiones relacionadas con los institutos sino también la mirada que la sociedad tiene hacia ellos.

• estamos convencidos de que la ley de educación superior debe considerar tanto a las instituciones universitarias como terciarias

• Con estudiantes y algunos

docentes se comenzó a trabajar aquí cerca, con el Bauen, con IMPA, con la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados, con el Movimiento Nacional de

Empresas Recuperadas, con el pueblo guaraní, con el pueblo toba, con diferentes experiencias. Lo que hicimos fue lo siguiente. Estudiantes fueron a un posible proyecto, comenzaron a entenderlo en lo que desde el punto de vista académico podría ser hacer un ejercicio de dos semanas, pero se transformó en un año. Finalmente, aprendimos mucho más nosotros del campo que ellos de nosotros, que era la intención original.

• Intentando ser breve, comenzamos con unos cinco proyectos: dos en empresas recuperadas y tres en pueblos originarios. Los estudiantes de otros países podían “bancarse” el estudio con sus euros, mientras que los estudiantes nacionales se veían imposibilitados de participar más de dos meses. Al cabo de ese tiempo venían a verme con ojeras, pidiendo disculpas por tener que irse, ya que esto no les daba puntos y tenían que seguir “en lo suyo”, a pesar de que les gustaba más hacer lo que venían haciendo.

• Fue así que terminamos trabajando con muchos israelitas, finlandeses, franceses, gente de muy lejos, que “se ponía las pilas” en el desarrollo de estos proyectos.

• Fue así que cacique habló con cacique, jefe de recuperada con jefe de recuperada, y terminamos con un mar de 1.500

proyectos pedidos, lo que obviamente nos superó, pensamos que era un delirio e intentamos sistematizarlo de alguna manera. Cursamos invitaciones más generales a estudiantes de todo el mundo, hicimos pública esta cuestión dentro de la universidad y seguimos trabajando con pocos proyectos, que en parte ya los tenemos informatizados.

• Lo que ahora se da en el campo es que tenemos, por ejemplo, talleres que consisten en dar desde el movimiento una capacitación en albañilería. Allí contamos con un albañil, que sabe de esto mucho más que un arquitecto, y también tenemos un arquitecto que aporta muchas cosas que aquel no puede aportar. Los mismos pibes del barrio aportan a veces mucho más que los estudiantes, pero todo se encuentra en una situación de irregularidad que casi no brinda puntaje.

• Aquí es donde se inserta aquella imagen de la pared de ladrillos que les comentaba antes. Habría que ver cómo se unifican ciertos campos del saber y cómo se puede en este aspecto brindar un puntaje, tanto desde el punto de vista universitario como en lo que se refiere a capacitación. Tenemos idóneos que son mejores capacitadores que gente muy educada en educar, pero obviamente

también tenemos profesionales y educadores muy destacados.

• Desde la FADU hemos logrado una extensión que permite brindar un puntaje a cierta cantidad de estudiantes por participar en una pasantía dentro de un proyecto, y llegamos hasta poder dar materias.

• Pensamos que deben

otorgarse pasantías por puntaje para este tipo de proyectos universitarios. Si se va a trabajar con proyectos textiles que se vaya hacia ese lado y si se trata de albañilería que se vaya hacia ese otro. Quiero aclarar que la pasantía estaría en un primer nivel.

• En un segundo nivel estaría la materia. Me refiero a contar con una acreditación para poder cursar la materia troncal u otras importantes para crecer en el estudio. Y de ese modo que pueda hacerse un trabajo mayor que lo académicamente exigido dentro de la universidad.

• En un nivel más alto puede estar el diploma. A ese punto hemos llegado con algunos estudiantes europeos. Para obtener el diploma se elige a un profesor que avale el trabajo que uno hace.

• Y en el nivel siguiente está el doctorado.

• Todo esto tiene que unirse con un campo que no es el académico universitario sino el de la formación de

capacitadores. Me refiero a los capacitadores en temas de drogadicción y delincuencia cometida por ladrones de gallinas. Hay que capacitar en esas áreas para evitar problemas. Y en el enlace de estos aspectos aparece la sicología y la sociología.

• Se trata de temas interdisciplinarios complejos pero no en demasía. Simplemente hay que visualizar todo el campo, armar el muro, desarmarlo, volverlo a armar y mover las fichas hasta encontrar una lógica.

• Acerca de los 1.500 proyectos solicitados –tema que comenté anteriormente-, el objetivo es de alcance nacional en lo relativo a educación, productividad y capacitación para llevar adelante una Nación grande como la Argentina.

• Podemos contar o no con una generación de mecánicos altamente capacitados y de arquitectos capaces de desarrollar un plan de viviendas que no consista solamente en la regulación de líneas tiradas en el desierto.

• Podría seguir hablando mucho más, pero simplemente voy a decir que tenemos un potencial, un motor social muy importante para nuestra Nación. Y el hecho de no tenerlo sería una amenaza impresionante.

Autarquía • El concepto de la autarquía

universitaria muchas veces no ha sido bien entendido y se ha utilizado –y de hecho, se sigue utilizando con suma audacia legal- para crear el avance tecnológico y el avance en el conocimiento desde las universidades públicas para laboratorios privados

Autonomía • Gobierno • Estatutos • Concursos • Libertad de Cátedra • Territorio

• En cuanto a los docentes –esto me toca muy de cerca, luego de veintiún años de gremialismo docente universitario-, es preciso que se sustancien los concursos. Debe haber concursos públicos para el ingreso y estos tienen que hacerse, ya que aún la mayor parte de la planta docente universitaria es interina.

• Por otra parte, es importante que se establezcan mecanismos de evaluación para la promoción y permanencia en los cargos.

• Básicamente la gran dificultad que se presenta en cuanto al tema de la autonomía tiene que ver con la forma en que se van a compatibilizar conceptos como los que hablábamos respecto de la responsabilidad y el compromiso social que debe tener la universidad, en el momento y la situación actual, ya que hoy en día el concepto de autonomía prácticamente significa hacer lo que se quiere sin dar ningún tipo de respuesta a

o La autarquía es la capacidad que tienen las universidades para administrarse por sí mismas. Pero el punto arrancaba prácticamente desde la sanción de la ley Avellaneda. Es decir, en ese entonces las facultades estatales tenían capacidad para dictar sus propios estatutos. Y acá surgió la delegación del Congreso hacia las universidades públicas para que pudieran hacerlo.

o Es decir que tenían una autonomía de tipo no técnico, como dijo alguna vez la Corte; era una autonomía por delegación, y por lo tanto esencialmente revocable. Cuando el Congreso lo decidiera, podía revocar esa autonomía. De manera que lo que tenían jurídicamente era autarquía, y tenían autonomía por delegación del Congreso.

o Esto fue así hasta la reforma de la Constitución de 1994. La reforma de 1994 estableció claramente la autonomía de las universidades nacionales, y lo que hay aquí es una sustracción de las viejas atribuciones del Congreso en favor de las universidades nacionales.

o De manera tal que es preciso definir este concepto de

nadie. • Es decir, el concepto de

autonomía tiene que estar trabajado en la ley básicamente para que de alguna manera después se puedan ir aplicando todas las otras cuestiones que van a ir desgranándose en el articulado correspondiente.

• autonomía con responsabilidad social de cara a la sociedad

• revisar el concepto de autonomía universitaria, tal como fue pensado en 1918. Entendemos que se tendría que estudiar y trabajar mucho más profundamente, de modo tal que esa autonomía no sea entendida como un espacio ajeno al Estado y a las preocupaciones del país, de las provincias, de las implicancias regionales ni del pueblo.

• Hay un concepto interesante que está desarrollando la Universidad Bolivariana de Venezuela, que es el de autonomía responsable. Nos parece que hay que trabajar para pensar cuál es el rol que cumple la universidad en esta etapa que estamos transitando y que sin dudas va a tener una implicancia importante en el proyecto de país que podamos construir hacia adelante.

autonomía de las universidades nacionales; hay que darle un contenido específico. Digo esto porque en la Constitución de 1994 hay como ocho autonomías: a partir de las provincias, hay una serie de institutos que tienen autonomía; no todas son idénticas. De modo que la autonomía universitaria merecería algún tipo de reflexión y de definición más o menos precisa.

o Hay que partir de la base de que la autonomía significa la capacidad para dictar sus propias normas y elegir sus autoridades. Es decir que los estatutos de la universidad, salvo algunas pautas muy básicas, deberían ser dictados por las universidades nacionales. Asimismo, esto implica la prescindencia del poder político, para darles una amplia capacidad de enseñanza e investigación.

o Recientemente ha salido un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ha cambiado la doctrina de la Corte anterior en este sentido. De manera que la ley a dictarse debería recoger estas nuevas ideas o doctrinas de la Corte y establecerlas con mayor precisión.

Características de la Ley: Principios Doctrinarios

• debe haber políticas que reimpulsen y jerarquicen la extensión, priorizando problemáticas nacionales y regionales a fin de posibilitar

la creación de programas de intervención social dirigidos a dar respuesta a múltiples cuestiones culturales, locales y nacionales, a fomentar la educación integral de los estudiantes, etcétera.

• la cuestión del género. • la política en materia de

derechos humanos CALIDAD • Otro tema que se planteó

-demonizado en forma genérica en la década del 90- es el uso de la palabra “calidad”. Es más, nosotros entendemos que hay que subrayar el tema de la calidad, pero analizando primero el sentido que se le da.

• Actualmente “calidad” puede querer decir muchas cosas, pero en realidad dista leguas de lo que nosotros entendemos por ese concepto.

• Para nosotros la calidad debe estar indisolublemente ligada a la pertinencia social. Ella se relaciona básicamente con el impacto social que genera y con el flujo de repercusiones de esa actividad producida a partir de la transformación de los sentidos, específicamente de su construcción, aplicación o enseñanza.

Evaluación y Acreditación. Títulos

• Entendemos que debe haber un sistema nacional que dependa jerárquicamente del Ministerio de Educación. Un organismo que sea la quinta rueda del carro, no sirve. La no gratuidad del perfeccionamiento y del

• necesitamos es una rigurosa evaluación de las universidades, preferentemente por jurados internacionales.

• No cabe en mi imaginación -yo hablo de la Universidad de Buenos Aires pero conozco que también hay problemas en otras-

posgrado para los docentes del nivel superior ha generado la industria del papelito y de los títulos lábiles. Por lo tanto, es preciso llevar a cabo controles serios de titulación, maestrías y doctorados.

• Creo que actualmente ya están incorporadas las prácticas de evaluación. Habrá que ver con qué organismos discutir en función de cuáles son los que nos representan. Esas entidades tienen que ejercer la función de controlar todo lo que se plasma o se dice que se va a hacer; tiene que darse el contrato social entre lo que se dice que se va a hacer y lo que realmente se hace

cómo en una Facultad pueden estudiar 40 mil estudiantes. A raíz de un acto del CONICET fui a la Facultad de Derecho: es una muchedumbre. Ahí no se puede hacer buena docencia. Perdonen, estoy juzgando sobre cosas que yo no conozco. Pero sobre la base de una buena evaluación, rigurosa, por ley del Congreso para que nadie se resista a ser evaluado, creo que ahí tendríamos un punto de partida importante

• Otro tema en debate sería

dimensionar las universidades. En ese aspecto, sin ninguna duda me parece razonable el tema de las evaluaciones, porque creo que si se nos financia tenemos que rendir cuentas. Y eso es la evaluación

• para reconocer una buena

universidad hay que preguntarle cuántas veces la llamaron para resolver un problema y cuántas lo resolvió.

• Una cosa es evaluar la

pertinencia -que yo llamo la demanda de la sociedad- cuando estamos hablando de algunas de las funciones básicas de la universidad. Si estamos hablando de investigación básica, yo les diría que la propia comunidad académica ubicada internacionalmente es la que define las prioridades.

• Si estamos hablando de investigación aplicada, entonces indudablemente el legislador debería tomar en cuenta que la universidad pública tiene que

apoyar las actividades y no solamente las económicas sino las demandas sociales de nuestra sociedad. En ese caso sí tiene que estar mucho más atenta a lo que la sociedad -y digo sociedad e implico la economía- le demanda.

• Pasa lo mismo con la formación de los recursos humanos. Una cosa es hablar de la formación de recursos humanos para la creación de nuevo conocimiento, para la docencia y la formación de las futuras generaciones, y otra cosa es hablar de la formación de recursos humanos de tipo profesional. Yo estoy de acuerdo con que en el ámbito profesional hay que responder -por ejemplo, los contadores, los economistas, los arquitectos, los ingenieros- a las necesidades del sector económico. Pero los que hacen biología molecular, los que trabajan en física, en investigación pura en ciencias sociales, tienen las demandas de la sociedad pero también las del crecimiento del conocimiento en sí mismo. Entonces, nosotros no podemos aplicarles las mismas reglas.

• Lo siento mucho si no es pertinente para las empresas que algunos de los investigadores que trabajan en los laboratorios de la Universidad de Buenos Aires no respondan de manera inmediata a la demanda, pero de lo que tengo conciencia -y es la edad la que me lo ha mostrado- es de que la universidad pública -reitero, la universidad pública- es la que provee a todo el sistema social y es la que provee al sistema

económico de los conocimientos que después las consultoras cobran y difunden. Me parece muy bien que lo difundan, lo usen y lo cobren, pero lo que hay que reconocer es el papel central que la universidad pública está cumpliendo.

Financiamiento • establecer la responsabilidad indelegable del Estado en el sostenimiento financiero de la universidad pública.

• a mí me parece que hay que pensar en que la responsabilidad del financiamiento de la universidad -por su capacidad para volcar sus actividades al medio social, que es un tema que está muy vinculado- no sea sólo del Ministerio de Educación.

• Por ejemplo: si hay problemas que tienen que ver con la obra pública, ¿por qué no hay una participación de otros ministerios en el financiamiento, como la Secretaría de Obras Públicas? Si hay terribles problemas de salud, ¿por qué no hay una participación del Ministerio de Salud o de la Secretaría de Salud Pública en el financiamiento?

• Es decir, me parece que también tiene que haber un financiamiento horizontal a nivel de los ministerios. ¿Es un tema en debate? Por ahí me dicen que eso es imposible, es ilegal. No lo sé, pero lo he visto en otros países, como en Alemania, donde en el financiamiento también participa el Ministerio de Obras Públicas. Creo que este tema permitiría por lo menos aflojar la tensión que se produce al exigir todo de un único ministerio.

• el financiamiento debe ser

provisto por el Estado y por los

organismos específicos que auxilian a las universidades nacionales en el logro de sus finalidades, objetivos y programas.

• De ahí que creo que es tan

importante que la universidad pública tenga financiamiento del Estado, porque es el Estado en última instancia el que está obligado a proveer a las necesidades de la sociedad.

• Yo no tengo capacidad para decir

cómo se debe hacer, pero intuitiva y emocionalmente creo que todos los que han tenido la fortuna de recibirse en las universidades públicas están obligados a contribuir con un impuesto especial, que además es fácil de recaudar, para el sostenimiento específico de la universidad pública. Digo que es fácil de recaudar porque los Consejos Profesionales de nuestro país son entidades poderosísimas, particularmente los Consejos Profesionales de aquellas profesiones que tienen una gran oportunidad de ganar dinero, a lo cual no me opongo, como tampoco me opongo a las universidades privadas. Yo estoy hablando por la universidad pública; no estoy hablando por las otras.

• Los Consejos Profesionales podrían recaudar ese impuesto todos los años cuando les cobran, y les puedo asegurar que en esto son inexorables. Yo soy de Ciencias Económicas; no estoy en el Consejo Profesional ni ejerzo la profesión, pero les

puedo asegurar que si uno no paga no tiene la certificación de la firma, y esto es fundamental.

• También le aplicaría un impuesto a los que se van al exterior. Está muy bien que se vayan, pero deberían devolverle al país lo que el país gratuitamente les dio. Por ejemplo, yo no les renovaría el pasaporte si no pagan el impuesto a los graduados universitarios.

• El tema del aporte de los

graduados universitarios para el mantenimiento de la universidad es interesante, pero no hay que olvidar que hoy los graduados de las universidades, en buena parte de las profesiones, son simplemente empleados. Es muy difícil, y creo que sería poco ecuánime, que un médico tenga que aportar para el mantenimiento de la universidad cuando la que se beneficia fundamentalmente es la gran empresa de medicina prepaga. Además de eso, el médico debe tener por su cuenta el seguro de mala praxis.

• Vale decir que hoy buena parte de los profesionales -no digo todos- en las distintas disciplinas están trabajando para grandes instituciones, que son las que sí debieran aportar para el mantenimiento de la universidad. Creo que esto es válido desde luego para la medicina, y también quizá para otras profesiones, sobre las que no puedo hablar con autoridad pero supongo que hay una pléyade de arquitectos trabajando para inmensos estudios, que son los que se

llevan las grandes utilidades, y lo mismo ocurre con los abogados y los grandes estudios que copan los juicios más importantes.

• Todo eso hace que gran parte de los profesionales hoy sean simplemente empleados, y más aun, quizá obreros. De manera que se acabaron aquellos tiempos donde recibirse de cualquier profesión era sinónimo de estatus económico y social. Ya no lo es de ninguna de las dos maneras; particularmente no lo es desde el punto de vista económico.

Formación docente. Recursos académicos. Postgrados

• Justamente, el perfeccionamiento gratuito y en servicio para los docentes es una demanda reiterada.

• Un tema que me parece descuidado en los últimos años es la formación de los docentes. Yo puedo hablar por mi experiencia en la Facultad de Medicina, donde el gran número de alumnos obligó a que todos los hospitales se convirtieran en unidades de enseñanza, que se denominan “unidades hospitalarias”.

• Entonces, me parece que la

problemática de la formación permanente docente es muy importante. En la Universidad de Buenos Aires lamentablemente la idea de la cátedra, del lugar cerrado, del profesor dueño de la situación, va en contra de esta posibilidad de intercambio o aggiornamiento y mejora, y esa necesidad de mejora no se transmite fácilmente a los alumnos. Es algo que no se dice, se muestra. Es algo que los alumnos aprenden; aprenden a cuestionarse y a saber que eso que saben puede mejorarse o se mejoró el día anterior. Me parece

que es importante tener toda la temática de cómo un profesor sigue formándose.

• Creo que los concursos son una buena medida, pero también debemos pensar que por ahí hay alguna otra manera de fomentar.

• Creo que universidades con malas bibliotecas, con gente que no sabe otros idiomas, etcétera, poco pueden avanzar. Para llegar a ser profesores nadie nos preguntó si sabíamos, por ejemplo, leer en otros idiomas -pequeño detalle-, cuando se sabe que lamentablemente la mayoría de las publicaciones no están en español.

• Otro tema que me parece que tiene sus pro y sus contra es el de la homogeneización, homologación, formación homogénea o títulos que formen de modo parecido en todo el país. Suena absolutamente razonable: si voy a ver a un profesional en la provincia “A” pretendo que tenga conocimientos parecidos a los de la provincia “J”. Pero esto tiene un riesgo, que es que se burocratice y no haya posibilidades de progreso.

Gobierno y Administración

• es preciso que las organizaciones y movimientos sociales se institucionalicen y constituyan en copartícipes del proceso de planificación.

• Por otro lado, la democratización hacia lo interno se puede profundizar –sobre todo en lo que respecta a la toma de decisiones- a fin de que la

base legitimante se amplíe y las prácticas participativas puedan consolidarse.

• Asimismo, entendemos que la instancia superior de coordinación del sistema universitario –es decir, el Consejo Interuniversitario Nacional- debe tener una organización que, de algún modo, refleje la estructura de cogobierno y no esté conformada solamente por los rectores. No debe ser así no sólo porque no corresponde sino porque a veces, aun con las mejores intenciones, se toman decisiones absolutamente individuales

Gratuidad/Ingreso/Inclusión

• se debe garantizar explícitamente la gratuidad

• Respecto de los estudiantes, entendemos que el ingreso irrestricto es una condición necesaria pero no suficiente. No lo es porque en la ley, a nuestro juicio, debería estar contemplada la posibilidad de brindar herramientas que combatan la deserción; por ejemplo, tendría que analizarse el tema de los horarios de los estudiantes que trabajan. Si no se hace algo al respecto, la siempre mencionada “igualdad de oportunidades” no es real; no lo es si el ingreso irrestricto no es acompañado de otras medidas.

• Por otra parte, para que verdaderamente exista la igualdad de oportunidades, se deben equilibrar la calidad y la valoración de las distintas

• Lógicamente para el ingreso se deben rendir los exámenes correspondientes a fin de que acceda a la universidad el grupo de gente que esté capacitada o que por lo menos demuestre un verdadero y legítimo interés.

• El ingreso irrestricto tiene que

darse en esa base: igualdad de oportunidades en la enseñanza inferior, es decir, en la enseñanza que nosotros hacemos terminar en lo que llamamos enseñanza secundaria. Luego, esa capacitación asegurada permite al individuo un ingreso irrestricto pero basado en su propia capacidad adquirida con los medios que se le han dado previamente. Entonces, tendrá que someterse a las pruebas necesarias para acreditar que tiene esa capacidad.

• Se habla de una universidad

carreras. De lo contrario, ese concepto se transforma en una mera declaración.

• También es preciso que se construyan mecanismos que faciliten la nivelación, tomando en cuenta las diversidades y homogeneidades, para que puedan elaborarse propuestas pedagógicas que compensen las diferencias mediante la articulación de calidad e igualdad. De esta manera se garantizará una verdadera igualdad de oportunidades.

• la gratuidad del ingreso no alcanza, y que por ello es necesario pensar en todos los elementos que contribuyan a la permanencia y al egreso de la universidad. Es a esta altura que debemos considerar varias aspectos: becas, ayuda económica, centros de desarrollo infantil o guarderías, políticas para el ingreso de estudiantes con capacidades diferentes, problemas de género, etcétera. Se trata de diferentes cuestiones tendientes a garantizar un ingreso igualitario, que no han sido abordadas desde la universidad.

• Por otra parte creemos que la universidad no sólo debe ser gratuita; con la segregación social que sufre nuestro país, también debería haber becas. Los pibes que están a mi cargo desertan para quemar alambre porque eso les permite comer. A veces no

abierta para todos, pero esta no es una realidad, porque aquellos que no tuvieron las condiciones económicas ni el medioambiente favorable para su formación no van a tener acceso aunque pasen por la puerta de la universidad y se inscriban, pues rápidamente van a tener que abandonar sus estudios. Efectivamente, la mayoría de los abandonos se produce en el primer año porque los estudiantes no tienen idea de qué se trata.

• Tampoco puede ser que socialmente la única salida sea la universidad, ya que hay muchísimas otras opciones.

• El punto de la gratuidad de la

enseñanza también tiene jerarquía constitucional para las universidades nacionales. La Argentina tiene que acostumbrarse a cumplir las normas que dictan sus propios órganos legítimamente constituidos. La gratuidad de la enseñanza está claramente establecida en el inciso 19) del artículo 75 de la Constitución, y la mezcla o combinación que se hace con la equidad debe partir de la base de la gratuidad de la enseñanza de grado. Si uno revisa las versiones taquigráficas de la Convención Constituyente de 1994 puede corroborarlo fácilmente.

• Por otra parte, el Estado argentino ha suscripto un pacto de derechos culturales, sociales y económicos, que establece que progresivamente la enseñanza tenderá a ser gratuita, y la Argentina ya viene con la

vienen a capacitarse porque tienen que salir a cirujear.

enseñanza gratuita desde hace largos años, de manera tal que no podría en este momento arancelarse sin violar claramente la Constitución Nacional y los pactos que la Argentina ha suscripto.

• Por otro lado, desde el punto de vista social, parecería un agravamiento de la situación el hecho del arancelamiento de la universidad pública. Creo que es la base de la igualdad de oportunidades, y sin perjuicio de los recaudos que se puedan tomar respecto del ingreso -que es otro tema muy importante-, creo que la enseñanza de grado debe permanecer gratuita y debe reforzarse a través del texto de la ley, que en este momento es más o menos ambiguo.

• Con respecto al ingreso, todos sabemos las consecuencias de la ley federal de educación, que agravó notoriamente la situación y la formación de los alumnos y de los egresados del colegio medio. Esto es muy difícil de remediar a corto término. Ahora bien, ¿cuál es la solución? ¿Tomar un examen de ingreso? Ya se han tomado exámenes de ingreso en varias universidades, y si realmente se tomaran en serio quedaría afuera una enorme cantidad de jóvenes a los cuales se vedaría la enseñanza universitaria.

• Creo que este es un tema muy difícil, pero en principio pienso que el establecimiento de cursos obligatorios durante un término, que puede ser de seis meses a un año, para procurar salvar las deficiencias de la formación

secundaria, podría ser un principio de solución; tal vez el mejoramiento del CBC o algo por el estilo.

• Creo que hay un tema urticante

que tendrá que ser discutido: el ingreso a la universidad. No disimulemos; los ingresos –como el que pusieron en la Universidad de La Plata para la Facultad de Medicina- no son para ver cuánto han aprendido los alumnos en el colegio secundario sino para limitar la cantidad de alumnos que ingresan a los establecimientos universitarios.

• Tenemos que analizar si eso está bien o mal, porque el país tiene que regular un poco la producción de universitarios en relación con la capacidad laboral que tendrán posteriormente, y además por su inserción en la sociedad en lugares donde faltan especialistas en determinados temas, porque quizás sobran médicos y faltan veterinarios.

• De modo que si el gobierno nacional pone las retenciones en la soja para que se pueda cultivar trigo, pienso que también es lícito que se regule de alguna manera –es un tema de discusión, no estoy estableciendo ninguna doctrina- la cantidad de profesionales que tienen que egresar de las universidades, las especialidades que deben desarrollar y sobre todo el lugar donde tienen que ejercer esa actividad, para que no estén todos concentrados en las grandes ciudades.

• Las zonas apartadas de las urbes necesitan profesionales que a lo mejor pueden determinarse desde

el gobierno central o por reglamentaciones para que una vez graduados puedan ejercer en lugares que no tienen profesionales adecuados.

• estoy a favor del ingreso

irrestricto: si hay jóvenes que reciben una baja calidad de educación –porque la escuela secundaria es de distinta calidad-, no hay que cerrarles las puertas de la universidad pública a esos jóvenes que no tuvieron la suerte de ir a buenos colegios. Lo que sí esperaría es que la universidad, como parte de su función, los ayudara a igualarse con sus compañeros más afortunados.

• También estoy a favor de que se establezcan ciertos requisitos que se deben cumplir para seguir siendo estudiante universitario.

• Yo fui el primer sorprendido,

hablando con los rectores de estas universidades, al enterarme de cómo comenzaron ese avance, y fue con un esquema de selección realmente muy exigente. Todos conocemos la historia de exigencia de las universidades japonesas que viene de antes, pero me refiero a los países que se han desarrollado en los últimos años.

• Estas exigencias de ingreso son realmente altísimas, incluso desde el punto de vista económico, porque en China, que es un país comunista -aclaro que no estoy proponiendo nada sino que cito el ejemplo-, a partir del ciclo superior de la escuela secundaria la educación no es gratuita, y por supuesto tampoco

las universidades.

Educación Superior Privada

• Respecto de las universidades privadas, entendemos que también deben ser creadas por ley y que deben cumplir las mismas funciones que cumple la universidad pública.

• es necesario que las universidades privadas tengan las mismas funciones y desarrollen las mismas actividades de investigación y de extensión que la pública para que puedan ser consideradas universidades.

• Asimismo, habría que transparentar el ingreso de los docentes; por ejemplo, realizándolo por concurso.

• Otra cuestión, que a mi juicio es sumamente importante, radica en la necesidad de garantizar la autonomía académica en aquellos casos en los que existen entidades mantenedoras. En otras palabras, es fundamental que la universidad privada mantenga autonomía académica respecto de quien le proporciona los fondos.

• Creo que es inherente a las universidades mantener una estructura de investigación. Por supuesto, su mantenimiento no sale desde el Ministerio de Educación sino de otros; en particular ahora esto se está discutiendo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Pero hay muchas universidades que se denominan como tales pero que en realidad son una especie de college americano y no tienen investigación. Digamos que si dictan carreras como administración de empresas, quizás eso no afecte, pero en el caso de otras carreras eso afecta fuertemente. Me parece que eso tiene que estar especificado en una ley de educación superior.

Vinculación con lo científico- tecnológico / con el Trabajo y la Producción

• el concepto de sistema universitario, que no solo tendría que contemplar a todos los actores intervinientes, por un lado, sino también las funciones intervinientes. No podemos hablar de extensión separando ese concepto de la investigación y de la docencia; pero no podemos hablar de estos tres

• Otro punto importante que se ha abordado es el de la relación entre la universidad y la empresa. Se ha hablado mucho sobre este tema y nunca logramos encauzar realmente un vínculo que nos lleve a satisfacer las demandas sociales o las necesidades de la sociedad, en punto sobre todo al tema de la investigación. Debería haber algún canal o vinculación de tipo institucional, tal vez

conceptos separados del trabajo de los otros ministerios. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva no puede estar ausente, ni tampoco el del Trabajo ni las distintas otras concepciones que puedan existir.

establecido por la ley, para acercar la universidad a la empresa.

TEMA RASETTI/PUGLIESE TEDESCO Articulación con el resto del Sistema Educativo Nacional y la Educación Superior Terciaria

• instrumentos que articulen una nueva relación entre la universidad y el estado, racionalizando la asignación de fondos para el desarrollo de las universidades en orden a su función social. • políticas de gestión curricular e innovación pedagógica que mejoren las condiciones de formación y aprovechamiento en los primeros años. Se deberán incluir también instrumentos y procedimientos que favorezcan la articulación entre instituciones y carreras de educación superior, brindando más oportunidades de formación a los estudiantes. • Deberán derogarse los rasgos de “evaluador” descomprometido de sus propias instituciones que adquiere el Estado en la ley de 1995. La nueva modalidad de relación debe supera la desconfianza del Estado respecto de la Universidad autónoma e instaurar mecanismos de concertación de objetivos y proyectos para el desarrollo integral de la sociedad.

• También estamos trabajando mucho en la articulación entre el quinto año de la secundaria y la universidad. El tema de la deserción en los primeros años de la universidad es muy grave y tiene muchas causas. Algunas de esas causas tienen que ver con la formación en la secundaria; otras tienen que ver con la propia estructura y diseño de los planes de estudio de la universidad. • En este último sentido, la gran mayoría de nuestros planes de estudio son de todo o nada. Uno tiene que hacer toda la carrera, porque si hace la mitad o solo dos años y se va, no tiene nada. Tenemos que empezar a discutir estructuras de planes de estudio con títulos intermedios que permitan al estudiante que cursó uno o dos años irse con algo. No es lo mismo haber terminado el secundario y tener uno o dos años de universidad que haber terminado el secundario y no haber hecho nada más. Esos dos años de universidad deberían ser acreditados o valorizados de alguna manera.

Universidad/Estado

• •

Autarquía • •

Autonomía • Gobierno • Estatutos • Concursos • Libertad de Cátedra • Territorio

• Reponer el concepto de autonomía en su sentido pleno, reconociendo a las universidades como actores e interlocutores de las políticas públicas y de su propio desarrollo, con apoyo del Estado. • También es necesario que el Estado reconozca a las universidades como organizaciones en diálogo con la sociedad, construyendo y actualizando de manera continua su función social. • Jerarquizar la autonomía supone remover del texto legal las restricciones a la publicación de los estatutos, devolver a las universidades las plenas facultades respecto del régimen de alumnos y de las funciones de sus órganos de gobierno. Deben establecerse garantías para el ejercicio de la ciudadanía universitaria con los mejores niveles de calidad democrática y pertinencia académica.

•

Características de la Ley: Principios Doctrinarios

• Establecer el carácter de bien social para la educación superior, y a ese carácter se remite la pertinencia de las funciones y acciones de la universidad, convirtiéndose en el criterio en el que se funda el aseguramiento de la calidad y al que se orienta el mejoramiento. Reestablecer y profundizar el compromiso del Estado como garante de la educación superior y de su calidad frente a la sociedad y al sistema. • ciudadanía universitaria

•

CALIDAD • Se deben ampliar las garantías de calidad a todo el sistema de educación superior y extender, con modalidades específicas, a todas las modalidades, y a las sedes, programas y carreras. Debe cambiarse el concepto de carrera de interés público por el de carrera prioritaria, permitiendo de esa manera el desarrollo de un política de atención y estímulo de las áreas según las necesidades del país.

•

Evaluación y Acreditación. Títulos

• Se debe fortalecer el protagonismo de la comunidad universitaria en los procesos de evaluación permitiendo la incorporación de otros estamentos de manera pertinente y asegurando su representación en la composición de la CONEAU. • Para las carreras no sujetas a acreditación debe propiciarse la evaluación por parte del propio sistema universitario, asegurando también el compromiso del Estado con sus planes de mejoramiento. Debe transformarse el objetivo de las evaluaciones; se las debe establecer como parte de un proceso de mejoramiento que cuenta con el respaldo financiero de Estado y supone un compromiso activo con la función social de la universidad pública. Debe consagrarse el carácter público, estatal y académico de los procesos de evaluación. • Deberán derogarse los

•

rasgos de “evaluador” del Estado

Financiamiento • • Formación docente. Recursos académicos. Postgrados

• Deben crearse instrumentos institucionales para el diseño y desarrollo, de manera concertada con las universidades, de una política de postgrado y de formación de Recursos Humanos Académicos.

• La formación inicial de los docentes ha aumentado en su duración. Hemos introducido un año más en la formación inicial y ese año adicional tiene ya alguna forma de residencia, es decir que el último año de la formación docente se va a hacer bajo la forma de residencia, en contacto con docentes experimentados en las escuelas. De manera que el tema de la formación docente está siendo encarado de una manera integral, profunda. Ahí lo que queremos es, por un lado, reducir la significativa disociación que hoy hay entre la formación docente y las exigencias para el desempeño, uniendo entonces a través de la residencia, a maestros experimentados con los maestros nuevos para que la formación docente esté mucho más vinculada a la realidad y, por el otro, introducir políticas de articulación muy firme entre los institutos de formación docente, las universidades y las escuelas. Esta alianza entre institutos de formación docente y universidades es muy importante para ambos. Este contacto con la enseñanza también permite que las universidades avancen en su responsabilidad por hacerse cargo del mejoramiento de la calidad de la enseñanza en el conjunto del sistema educativo.

Gobierno y Administración

• Deben diseñarse instrumentos que faciliten la institucionalización de las tareas a cargo de los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior, para que puedan ejercer efectivamente sus responsabilidades de coordinación y evaluación del sistema, con mayor protagonismo de todos su integrantes, jurisdicciones provinciales y universidades.

•

Gratuidad/Ingreso/Inclusión

• Se deben establecer instrumentos que favorezcan la inclusión de todos los sectores sociales en la educación superior. • garantías expresas de gratuidad para la formación de grado>>>, incorporar instrumentos concretos que contribuyan a la nivelación de las condiciones de formación en la articulación entre la educación secundario y el acceso a la educación superior>>> • políticas de gestión curricular e innovación pedagógica que mejoren las condiciones de formación y aprovechamiento en los primeros años. Se deberán incluir también instrumentos y procedimientos que favorezcan la articulación entre instituciones y carreras de educación superior, brindando más oportunidades de formación a los estudiantes.

•

Organismos • • Presupuesto y Administración

• •

Educación Superior Privada

• •

Creación de nuevas universidades y carreras (tipos de formación).

• •

Universidades extranjeras/Articulación

• •

Mercosur • • Educación a distancia o virtual

• •

Vinculación con lo científico- tecnológico / con el Trabajo y la Producción

• •

Colegios • •

Universitarios TEMA

CIN Visita Comisión

Movimiento Frente Transversal Nacional y Popular

Articulación con el resto del Sistema Educativo Nacional y la Educación Superior Terciaria

• “Tenemos algunos problemas que afrontar en cuanto a la coordinación y articulación del sistema, a la concurrencia de la oferta y de los proyectos, tanto a nivel de grado como de postgrado, a la cuestión de la carrera docente y formación de todos los que intervienen en la universidad. Esto implica pensar y reforzar la formación de la docencia en sus tramos iniciales, es decir auxiliares, jefes de trabajos prácticos, con un sentido de desarrollo estratégico de la formación docente y con una articulación en cuanto a los requerimientos y concurrencia en la educación superior, mal llamada para mí no universitaria”. • ....”la necesidad de una planificación de todo el sistema, de modo tal de dar respuesta a los enormes requerimientos que estamos teniendo de todos los sectores de nuestras comunidades, con carreras nuevas, con nueva formación, que responden a las demandas del Siglo XXI”. • ...”necesidad del proceso de formación de recursos humanos en nuevas acciones, nuevas líneas, nuevos desarrollos, que no pasan por las carreras tradicionales que tiene el sistema universitario nacional. Para eso se necesita planificar la oferta académica y articular el sistema. En ese sentido creo que es fundamental contar con un plan de desarrollo del sistema

universitario que permita dar respuesta a las demandas que tiene nuestra comunidad porque, de lo contrario, dejaremos de cumplir un rol”. • “En los últimos años ha habido en varias universidades experiencias vinculadas con la articulación (con la escuela Media).(...) Lo actuado en estos últimos años muestra que estamos en el buen camino pero, al mismo tiempo, que nos encontramos muy lejos no ya de lo que es bueno sino de lo que es imprescindible”. • “Coincido con una cuestión clave, que es la articulación”. • ...”la articulación es un tema principal. Lo hemos planteado a nivel tanto intra como interinstitucional, es decir, no sólo entre las universidades sino también con las instituciones de educación superior, los medios productivos y las organizaciones sociales”.

Universidad/Estado

• “Claramente en la relación con el Estado nacional y sus distintas representaciones no sólo consideramos legítimo sino que reclamamos -creemos que es imprescindible- que el Estado fije políticas públicas con respecto a la universidad y que establezca prioridades. Vamos a dar un ejemplo: el Estado no sólo tiene el derecho sino que tiene la obligación de fijar las áreas prioritarias de investigación en el país y tiene que direccionar los discursos hacia esa área prioritaria. No va a haber un solo rector que discuta esta cuestión; no se discute. Por eso al

principio varios dijimos que en la medida en que avancemos en los diálogos vamos a -entre comillas- sorprendernos porque tenemos muchas más coincidencias de las que a simple vista parecen”.

Autarquía • • Docentes: Garantizar la realización de concursos públicos para el ingreso y mecanismos de evaluación para la promoción y permanencia en los cargos.

• Establecer mecanismos que sostengan la capacitación y perfeccionamiento gratuita y en servicio.

Autonomía • Gobierno • Estatutos • Concursos • Libertad de Cátedra • Territorio

• “el CIN, en agosto del año pasado, planteó la redistribución y en qué términos. La página 9 del documento dice lo siguiente: “El principio de autonomía puede, en el nuevo contexto institucional, entrar en conflicto con el principio de responsabilidad pública. Para evitarlo no debe entenderse la autonomía no como simple encapsulamiento de los conflictos de poder internos, sino como la capacidad de la universidad pública para celebrar contratos y acuerdos con otros actores, que aseguren la pertinencia social de su accionar”. • “me parece decisivo asumir que hay consenso (el tema de la autonomía y del contexto nacional, las políticas nacionales, las políticas públicas), y al mismo tiempo que sería enormemente inconveniente acercarse a este tema en una perspectiva de

reproches recíprocos”. ...”en las últimas reuniones que ha habido del CIN, este ha sido un tema central de discusión y ha sido incorporado a la agenda pública. Será un tema que habrá que enriquecer, profundizar, trabajar, pero el tema está. No es que las universidades no lo colocan en la agenda o resisten su análisis” • “proliferación de carreras donde a veces debiéramos tener una planificación mucho más ajustada en cuanto a la oferta y a los requerimientos que tiene cada una de las regiones de nuestro país”.

Características de la Ley: Principios Doctrinarios

• “el sistema universitario debe dar respuesta, no ya sólo como un proceso que avance hacia una mayor equidad en el acceso al derecho a la educación sino también como una propuesta que tenga como finalidad dotar al sistema productivo, a la sociedad en su conjunto, de los profesionales formados específicamente y en los distintos niveles, no sólo de grado sino también de pregrado, de tecnicatura. Lo que hoy está demandando el sector productivo es que las universidades no pueden estar ausentes en esta tarea, como tampoco del proceso de formación de los docentes de todos los sistemas”. • ...”la importancia decisiva, en el contexto actual -y la educación ha sido un valor en nuestro país- de asegurar el acceso a la educación superior -universitaria y no universitaria- de nuestros jóvenes”. • ...”la importancia de que la universidad y la educación

• El mantenimiento y mejora de la calidad va indisolublemente unido al de su pertinencia social, que se mide por el impacto social que genera, por el flujo de repercusiones y de transformaciones de sentidos que se producen objetivamente en la sociedad de su entorno.

superior contribuyan activamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología, y de hecho hacen un aporte muy sustantivo al sistema de ciencia y tecnología. Probablemente tampoco haya desinteligencias o desacuerdos acerca de que para que se dé ese desarrollo la universidad, la investigación en general, tiene que estar congruentemente desarrollada en términos de lo que son los desafíos del país en el marco de las políticas públicas, de la agenda pública”.....” el desarrollo de esas actividades no lo puede hacer ningún sector por sí, tampoco la universidad de manera aislada, sino que hay que hacerlo en un trabajo sistemático no sólo con la política pública sino en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil en todos sus estratos”. • “En un contexto como el nuestro, es indispensable asegurar la educación superior universitaria o no universitaria como un bien público y la posibilidad de que el sistema universitario nacional ofrezca la gratuidad en los institutos de grado”. • ...”estamos en una condición muy auspiciosa para desarrollar una estrategia en relación con la ciencia y la tecnología”.Feldman. Pág. 11

CALIDAD • • Deben integrar un sistema nacional que dependa del Ministerio de Educación Nacional.

• Debe ejercerse controles de

titulación de maestrías y

doctorados.

Evaluación y Acreditación. Títulos

• • Se debe garantizar explícitamente la gratuidad y establecer la responsabilidad indelegable del Estado en el sostenimiento financiero de la universidad pública

• La asignación de los recursos

debe ser el resultado de un debate marcadamente político que no debe darse solamente entre docentes, estudiantes o no docentes, sino que por el contrario, debe introducir a todos y cada uno de los actores sociales, económicos y políticos que financian y dan sentido a la Universidad. De este debate debe surgir una planificación que en línea con las políticas públicas nacionales debe indicar claramente la contribución de las instituciones universitarias para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

Financiamiento • “Creo que otro problema que enfrenta nuestro sistema, que es fundamental, en el que en todo caso debemos pensar algún día, es el financiamiento, es decir cómo sostener el ingreso a la universidad. Una de las dificultades que tiene la universidad nacional es el alto grado de deserción y abandono y yo creo que el esfuerzo que hacen muchos por ingresar a la universidad luego se ve opacado o eclipsado por no poder permanecer dentro del sistema. Considero que tiene que ser

considerada una política de becas mucho más acentuada, particularmente para favorecer este valor de la equidad social”.

Formación docente. Recursos académicos. Postgrados

• ..”el país necesita graduados universitarios de quienes están estudiando, del stock creciente de incorporación de acceso a las universidades (....)- pero queda pendiente el tema de esa línea plana de egresados que es relativamente baja en la Argentina, tanto en las carreras de grado como también en las de postgrado”. • ...”existe un bajo porcentaje de graduados en las carreras de postgrado en Argentina debido a varios factores: el tema del inglés, el diseño de políticas científicas vinculadas a las tesis de doctorado, la lectoescritura –que nos ha ido bastante mal en los resultados de la Organización para la Cooperación Económica-, y también por temas vinculados al uso de Internet” .

• La participación de las organizaciones sociales debe institucionalizarse constituyéndolas en copartícipes del proceso de planificación. En términos teóricos, deben incluirse desde la etapa del diagnóstico participativo[i] para avanzar en la construcción de ciudadanía y como garantía de legitimidad de las políticas del sistema de educación superior

• La democratización al interior del

sistema universitario se verá favorecida incorporando herramientas para la tomas de decisiones que amplíen la base legitimante (iniciativas popular universitaria, presupuesto participativo, etc.). consolidar las prácticas participativas del movimiento popular a través de las organizaciones sociales.

• La instancia superior de

coordinación del sistema universitario debe tener una estructura equivalente al cogobierno.

Gobierno y Administración

• • Estudiantes: el ingreso irrestricto es condición necesaria pero no suficiente.

• El acceso a la enseñanza

superior debe seguir estando abierto a toda persona que haya finalizado satisfactoriamente la enseñanza secundaria o estudios equivalentes o que reúna las condiciones necesarias sin distinción de edad y sin ninguna discriminación. Sin igualdad de oportunidades la desigualdad es un descarado reflejo de los privilegios de los que más tienen la simple reproducción de los estratos sociales.

• Pero esta democratización en el

ingreso no es suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento. Debe ser explicitada la necesidad de construir herramientas para atender a la deserción, equilibrar la calidad y valoración de las distintas carreras, así como mecanismos que faciliten la nivelación tomando en cuenta diversidades y heterogeneidades para elaborar propuestas pedagógicas que compensen las desigualdades articulando calidad con igualdad, (ampliación del cupo de becas, horarios acordes a la situación laboral de los estudiantes).

Gratuidad/Ingreso/Inclusión

• “Creo que otro problema que enfrenta nuestro sistema, que es fundamental, en el que en todo caso debemos pensar algún día, es el financiamiento, es decir cómo sostener el ingreso a la universidad. Una de las dificultades que tiene la universidad nacional es el alto grado de deserción y abandono y yo creo que el esfuerzo que hacen muchos por ingresar a la universidad luego se ve opacado o eclipsado por no poder permanecer dentro del sistema. Considero que tiene que ser considerada una política de becas mucho más acentuada, particularmente para favorecer este valor de la equidad social”. • ...”la importancia decisiva, en el contexto actual -y la educación ha sido un valor en nuestro país- de asegurar el acceso a la educación superior -universitaria y no universitaria- de nuestros jóvenes”. • “En un contexto como el nuestro, es indispensable asegurar la educación superior universitaria o no universitaria como un bien público y la posibilidad de que el sistema universitario nacional ofrezca la gratuidad en los institutos de grado”. • ...”es imprescindible asumir la facilitación y el estímulo para que nuestros jóvenes y personas de diversas edades accedan a la educación superior. Es una condición necesaria asegurar la gratuidad y es una condición necesaria asegurar un sistema activo de becas, porque con la gratuidad

• La creación de las mismas debe hacerse por Ley. Estas, además, deben cumplir con las mismas funciones que le compiten a las Universidades Públicas.

• El ingreso de los docentes,

también deben hacerse por concurso público y garantizar la autonomía académica en relación con las entidades mantenedoras.

no alcanza. Pero al mismo tiempo es imprescindible y necesario articular los distintos niveles del sistema educativo y poner la atención en la transición de la escuela media al nivel superior y en los primeros años del nivel superior porque las dificultades de todo tipo -también en el sistema universitario- que encontramos en este tránsito son en muchos sentidos -quiero cuidar mis palabras- alarmantes”. • ....”cualquier iniciativa que intente abordar y atacar las problemáticas de la deserción es buena, y claramente el tema de la orientación vocacional es una de ellas. En la universidad de La Pampa estamos capacitando a los docentes de los dos últimos años del sistema público provincial para que nos ayuden en esa tarea”. • ....”la inquietud planteada acerca de la orientación vocacional en la escuela media nos lleva a pensar qué podemos hacer las universidades al respecto, teniendo en cuenta que se trata de una tarea dirigida no a facilitar el ingreso al sistema universitario sino a contribuir al desarrollo de la educación media y, principalmente, a orientar a los jóvenes que se encuentran en ese nivel. o ......en ocasiones se asumen estas articulaciones pensando de manera muy lineal en el papel de la universidad y en el tránsito hacia ella. o ....la pregunta pone en el centro de la discusión un tema muy importante que incluye, sin duda, un desafío para la

sociedad argentina: la deserción de las generaciones superiores del rol que deben cumplir en el proceso de transmisión intergeneracional”. • ...”herramientas como la orientación vocacional son relevantes pero no dejan de ser parciales. De todas formas, aún siendo una herramienta adicional, contribuye a colocar el tema en la agenda de debate y también a que la propia escuela lo asuma”. • “En los últimos años ha habido en varias universidades experiencias vinculadas con la articulación (con la escuela Media).(...) Lo actuado en estos últimos años muestra que estamos en el buen camino pero, al mismo tiempo, que nos encontramos muy lejos no ya de lo que es bueno sino de lo que es imprescindible”. • ...”estamos en la buena dirección pero lejos de actuar con la sistematicidad que el tema requiere (articulación con la escuela Media). Esta clase de problemática merece ser discutida en forma sistemática, máxime si tenemos en cuenta que existe experiencia suficiente como para trazar políticas” • “En primer lugar, es preciso mejorar la formación docente. o En segundo término, hay que coordinar los contenidos del nivel medio con los contenidos de la universidad. Me refiero, concretamente, a lo que se exige a los alumnos para ingresar a la universidad, dado que hay un divorcio entre lo que se enseña

en la escuela secundaria y lo que la universidad pide para comenzar a estudiar en ella. o Por otro lado, es necesario tener presente que hay que acompañar –tal vez con algún refuerzo- el primer año de estudios y que la orientación vocacional está ligada no sólo a lo que una persona quiere hacer sino también a aquello para lo cual sirve”. • ...”es preciso que se adopten medidas complementarias porque la simple orientación vocacional no lo asegura todo y, además, la formación docente tardará un tiempo en adecuarse”. • ...”el CIN resolvió realizar un foro para convocar a profesores de matemática, lengua por comprensión lectora e historia, que son las tres áreas donde se registraron los resultados más bajos en el nivel medio, a fin de determinar qué está ocurriendo y cuál es el aporte que podemos hacer desde la universidad para mejorar la calidad del saber”. • “Me encuentro entre aquellos que creen que las diferencias –y comparto lo que se dijo sobre las de género- merecen estudios. Pero quiero que no nos olvidemos de algo: el principal problema que impacta sobre el país y la educación -aparte de muchos otros- es la desigualdad del ingreso y los enormes sectores y franjas de nuestra sociedad que están todavía -pese a los avances enormes que ha habido- en situación de pobreza, indigencia

o con ingresos apenas por encima de la línea de pobreza”. • ....”la cuestión de la orientación vocacional no sólo tiene que ser entendida en el sentido clásico, sino también con una participación de interniveles dentro del sistema y de las propias comunidades y organizaciones corporativas en el sentido productivo. Porque no es una orientación vocacional, sino también laboral. Creo que es preciso integrar tanto a la comunidad como a los distintos actores en esta acción concertada dirigida a los chicos que están finalizando el tramo medio del sistema educativo y pretenden articularse con una carrera”. • “La cuestión de género es una problemática que el CIN debería considerar”

Organismos • • Para facilitar la articulación

debemos hacernos cargo de que el recurso “conocimiento” no es sólo el conocimiento técnico-académico sino el potencial que alcanza cuando se articula con los saberes sociales y culturales que vienen de la experiencia, de los conocimientos históricos, etc.

• Por otra parte, entre las formas de

relación también debe considerarse la integración que se construye desde la participación y desde las necesidades.

Presupuesto y Administración

• •

Educación Superior Privada

• •

Creación de nuevas universidades y carreras (tipos de formación).

• “la oferta académica en el territorio es injusta, que las universidades están instaladas en las sedes urbanas, en general las capitales de provincia, y se requiere mayor oferta en el territorio, tanto para formar recursos humanos que permanezcan en él como para llegar a un sistema equitativo”.... “hicimos una propuesta que ha tomado para sí la Secretaría de Políticas Universitarias y en la que nos encontramos trabajando”.... “tratar el tema de la territorialización del sistema universitario a partir de pensar en un sistema reuniendo las universidades existentes por regiones, y a partir de eso hacer ofertas integradas. De lo contrario se crean universidades sin recursos humanos y materiales suficientes, y durante un tiempo a veces largo se tienen ofertas que no tienen calidad, mientras que se está desaprovechando la oferta existente. Lo que nos falta es articular el sistema”. • ....”presentar un proyecto integral al país para tener ofertas integradoras, como sucede en Europa o por lo menos en algunos países europeos, donde las universidades se han integrado en un sistema y en ese sistema se hacen ofertas comunes con, por ejemplo, ciclos básicos comunes que son aceptados por todas las universidades, y luego las carreras que tienen grandes costos, cuando no hay demasiados recursos humanos en el país, se pueden ofrecer en

•

todo el territorio nacional. Así podríamos hacer realmente una universidad más justa porque es verdad que las universidades están en los centros urbanos y es verdad que hay regiones que no tienen recursos humanos suficientes y que tienen costos y que no tienen quienes pueda llevar a cabo proyectos. Aquí también tendría que integrarse Ciencia y Técnica porque hay que tener en cuenta toda una serie de factores”.Gómez de Erice. Pag. 3 y 4. • “Con respecto a las nuevas universidades,(...) , nunca el CIN se ha opuesto a ellas, pero creo que hacia delante debiéramos hacer un esfuerzo para ver cómo de lo ya existente, de los recursos que tiene cada universidad, se pueden ejercer acciones de cooperación, (...), que permitan responder con más criterio, más pertenencia y más cooperación por parte del sistema”.

Universidades extranjeras/Articulación

• •

Mercosur • • Educación a distancia o virtual

• •

Vinculación con lo científico- tecnológico / con el Trabajo y la Producción

• ...”en la declaración de Horco Molle también se trabajó sobre el aspecto de la ciencia y la tecnología como un componente de la transformación de los procesos productivos. Mencionamos esta cuestión porque actualmente se está señalando como un aspecto fuerte, un núcleo duro, ya que la futura ley de educación superior debería vincular la universidad con los sectores productivos”.

•

• ...”tenemos un desafío: cómo articular el sistema universitario con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que se ha creado. Creo que es un tema en el que hay que avanzar bastante porque es nuevo”. • ”.....” el desarrollo de esas actividades (de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, desarrollo de la universidad) no lo puede hacer ningún sector por sí, tampoco la universidad de manera aislada, sino que hay que hacerlo en un trabajo sistemático no sólo con la política pública sino en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil en todos sus estratos”. • ...”estamos en una condición muy auspiciosa para desarrollar una estrategia en relación con la ciencia y la tecnología”. • ... “Hoy las universidades argentinas, en mayor o menor medida, están comprometidas de manera directa con el sector productivo”. • ...”la articulación es un tema principal. Lo hemos planteado a nivel tanto intra como interinstitucional, es decir, no sólo entre las universidades sino también con las instituciones de educación superior, los medios productivos y las organizaciones sociales”.

Colegios Universitarios

• •

TEMA Instituto Universitario Naval / Instituto de Enseñanza

Superior del Ejército

Dr. Salibián

Articulación con el resto del

• La nueva ley de educación • Por haber impactado de manera

Sistema Educativo Nacional y la Educación Superior Terciaria

superior debe permitir articular las distintas modalidades de educación superior y promover la organización por ciclos en aquellas carreras que así lo permitan. Se considera que esto facilitaría el diseño de contenidos básicos disciplinares comunes por familias de carreras y modularía un sistema de créditos de grado y posgrado a los efectos de estimular la articulación del sistema.

• Asimismo, se debería fomentar la articulación educativa de las instituciones de nivel superior con las instituciones de los otros niveles del sistema.

adversa sobre el nivel universitario (debido a la fragmentación-descentralización intencional que la afectó), es necesario promover la restauración en el nivel preuniversitario (polimodal) de las características que se le reconocían en el pasado, especialmente en lo referente a la formación uniforme de sus alumnos, esto último sin ataduras a los establecimientos educativos o a la localización geográfica.

Autarquía • La Autonomía y la Autarquía de las Universidad Nacionales deben ser intocables.

Autonomía • Gobierno • Estatutos • Concursos • Libertad de Cátedra • Territorio

• � Una visión compartida sobre las necesidades y requerimientos de la sociedad respetando y preservando la autonomía y autarquía de la Universidad.

• � La generación y difusión del conocimiento en un mundo integrado y fuertemente comunicado tiene bases, procedimientos, modalidades y características que son universalmente aceptados y que no se diferencian por las singularidades que se puedan presentar en cuanto a la autonomía y autarquía que puedan exhibir las instituciones.

• La Ley de Educación Superior

actualmente vigente establece en su artículo 11 inciso a), el derecho de los docentes de acceder a la carrera académica mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición.

• Esta es y debe continuar siendo la única vía de legitimación del sistema de Educación Superior pues la evaluación por pares es la única opción aceptable en las Instituciones Universitarias.

• En dicho sentido, la nueva Ley debería prever mecanismos que hagan efectivo el ejercicio de dicho derecho como una forma de brindar estabilidad laboral y alternativas de promoción, lo que redundará en un mayor compromiso del docente con su institución universitaria y en su capacitación.

• No obstante ello, la permanencia en el cargo deberá estar sujeta a periodicidad y evaluación, según lo establezca cada estatuto universitario.

Características de la Ley: Principios Doctrinarios

• Pensar a las instituciones universitarias como aquellas que no sólo proveen al país de profesionales idóneos y de conocimientos científicos y tecnológicos sino que sustancialmente tienen que aportar criterios y valores que permitan reconstruir y estrechar los vínculos entre los argentinos en un mundo gobernado por el valor del

conocimiento. • � La educación superior

tiene como finalidad fundamental formar a una masa crítica de personas capacitadas, calificadas y cultas, que favorezca y garantice un auténtico desarrollo sustentable para el país.

• � Una sólida formación en valores éticos, indispensable para el desarrollo de ciudadanos honrados, responsables y solidarios.

CALIDAD Evaluación y Acreditación. Títulos

La CONEAU. • La existencia de un sistema

sólido, calificado y prestigioso de evaluación es una condición esencial en todo sistema educativo que tienda crecientemente a la excelencia.

• El trabajo realizado por la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), en los últimos diez años, ha contribuido a que las Instituciones Universitarias hayan podido contar con una calificada visión externa de sus procesos, siendo el saldo, a nuestro juicio, altamente positivo.

• En nuestro caso particular, la Evaluación Externa producida por dicho organismo, la acreditación de nuestras carreras de grado y posgrado sujetas al Art. 43 de la Ley de Educación Superior, nos ha permitido superarnos como institución educativa y

mejorar la calidad de nuestra oferta académica dentro de parámetros comunes con resto del sistema universitario nacional.

• Por ello consideramos que tanto la Evaluación Externa como los procesos de Acreditación de carreras deben realizarse exclusivamente por organismos del Estado, como único árbitro idóneo para asegurar equilibrio y justicia en sus dictámenes.

• Finalmente, un sistema con

delegaciones regionales no es de descartar, a condición que los estándares que utilicen puedan ser uniformemente aplicados en cualquier entidad universitaria.

Financiamiento • el Financiamiento debe ser

provisto por el Estado y los Organismos específicos que auxilian a las UU NN en el logro de sus finalidades, objetivos y programas

Formación docente. Recursos académicos. Postgrados

Gobierno y Administración

• Eliminar los mecanismos centralizadores vigentes (por ej., Programa de Incentivos) que interfieren y deforman el funcionamiento de las UU NN con estímulos económicos “en negro” (con lo cual el Estado actúa en este aspecto de manera ilegal) y “estimulando” actividades sin suficiente arraigo intelectual y/o institucional..

• La solución a esta observación demandará una re-estructuración de los presupuestos universitarios, por una revisión de los criterios que determinan los mismos (que no pueden limitarse o preferenciar a las dimensiones de la matrícula).

• La LES debería asegurar la dedicación de los docentes-investigadores a sus funciones específicas, evitando estimularlos para la búsqueda de alternativas (mal llamadas “genuinas”) de financiamiento para sus tareas de docencia e investigación, o para ver aumentados sus ingresos, con los riesgos que acompañan a ese tipo de iniciativas.

• A nivel general: que el Estado retome la activa función de proteger y desarrollar el sistema nacional como alternativa que asegure la igualdad de oportunidades para acceder a la Educación Superior de calidad uniforme (por encima de los intereses sectoriales de diverso carácter).

• Revisar críticamente los aspectos de las política universitaria caracterizados por su fuerte incidencia centralizadora, que impactan a las UU NN y lesionan su autonomía y autarquía (por ej. la CONEAU tal como actuó hasta la fecha) y que fueron también demandadas por los Organismos Internacionales; por el contrario, el Estado debería -a través de su LES- ser la instancia promotora de estrategias y procesos integradores consensuados (y no

fragmentadores sobre supuestos de excelencia difusos).

• Se considera necesario reprensar el gobierno de las UU NN revisando su estructura de tal forma que sea factible separar las discusiones político-académicas de las estrictamente administrativas. La experiencia indica que ambos ámbitos en un mismo escenario, permanentemente compartido, no en un encuentro fructífero en todos los casos.

• Algunos aspectos del sistema de gobierno de las UU NN merecen ser revisados en profundidad a la luz de la experiencia acumulada. Uno de ellos es la participación de los no docentes: el acceso activo de ese sector de la comunidad universitaria al Gobierno de la Institución puede brindar importantes contribuciones, pero ellas pueden concretarse por sendas y espacios diferentes de los actuales.

• El Estado debe retomar el ejercicio del control periódico y regular sobre la habilitación, ofertas académicas, auditorias y estructura de las UU Privadas.

• Un aspecto crítico ineludible es todo lo referente a la normativa para la creación de nuevas Universidades públicas, que debería requerir estrategias y mecanismos completamente diferentes de las que se están aplicando en los últimos tiempos.

Gratuidad/Ingreso/Inclusión

• � En el acceso a la formación superior no debe admitirse ningún tipo de discriminación, solo basarse en los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la determinación de los que quieran estudiar.

• � La equidad en el acceso a la formación superior debe comenzar por fortalecer los niveles de enseñanza que la preceden.

• Si bien el acceso libre a la

educación superior en las instituciones universitarias nacionales debe quedar claramente plasmado en la nueva Ley, las modalidades de selección de ingresantes mediante exámenes de ingreso, cursos de admisión u otras modalidades que pudieran surgir deben quedar a criterio de los Consejos Superiores Académicos de las distintas instituciones universitarias.

� La deserción de alumnos

universitarios en el primer año de la carrera, a nivel nacional, resulta verdaderamente alarmante, llegando en algunos casos al 50 % de la matricula.

� � Es por ello necesario

fortalecer los primeros años de la carrera para evitar los altos niveles de deserción y fracaso.

• En el sistema de UU NN pueden apreciarse también –al menos- dos situaciones graves tanto para los alumnos como para las Instituciones y que la legislación normativa de la futura LES debería contemplar: a) elevada “mortalidad académica”, especialmente en los tramos iniciales de los estudios, y b) permanencia de los alumnos por un lapso de tiempo mucho más allá del correspondiente a la duración prevista para sus carreras.

• Todo parece indicar que ambos problemas están ligados al ingreso asegurado por el principio del acceso irrestricto a la educación superior pública y gratuita (un valor que es necesario custodiar con el agregado de algunas iniciativas tendientes a su perfeccionamiento). Por otra parte, la permanencia prolongada parece tener una consecuencia socio-económica perversa: disminuye el índice de desocupación.

• Además, mencionamos otra consecuencia igualmente perversa: después de una permanencia prolongada en la Universidad egresan, especialmente los graduados de carreras científico-tecnológicas, con un peligroso grado de desactualización de sus saberes debido, principalmente a la elevada tasa de renovación y cambios en el conocimiento que muchas veces los obsoletiza dentro mismo del período de duración de la carrera cursada.

� Tal vez, la adopción de un periodo de adaptación o de apoyo para los ingresantes previo al primer año de la carrera seria una forma de morigerar el salto brusco que provoca en el joven el cambio de la educación secundaria a la educación universitaria. En el mismo se podría completar la formación que deberían poseer los alumnos para iniciar estudios superiores.

• En otras palabras, la Universidad corre el riesgo de estar proveyendo a la sociedad profesionales desactualizados o en riesgo de serlo en breve tiempo.

• Esto requiere un urgente abordaje promoviendo acciones complementarias de la LES (principalmente de índole económica) creando las condiciones para que el tránsito de los alumnos a través de sus Planes de Estudio sea factible en los tiempos previstos y razonables.

• La Universidad se vería beneficiada con el restablecimiento de la “docencia libre” y una estrategia de erradicación de la docencia ad honorem.

Educación Superior Privada

Vinculación con lo científico- tecnológico / con el Trabajo y la Producción