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Avalan aumentos para las Distribuidoras EDENOR y EDESUR

El Gobierno de Mauricio Macri amplió ayer las medidas para el futuro incremento en la tarifa de la luz y, en el marco del sistema de distribución del servicio.

> ÁMBITO FINANCIERO: Disponen que EDENOR y EDESUR no podrán repartir dividendos

La luz se ajustará por inflación cada seis meses. Por Pablo Fernández Blanco Las nuevas tarifas de electricidad, que según fuentes oficiales se darán a conocer hoy, tendrán dos características que habían caído en desuso: se actualizarán cada seis meses y considerarán los aumentos de costos de las empresas.

> CLARÍN: Por los costos de las empresas, los aumentos serían más altos

> LA NACIÓN: Afirman que la suba puede impactar en el nivel de consumo

> CHEQUEADO: El mapa de las tarifas eléctricas en el país

Suben las acciones por las tarifas El promedio de papeles privados mejoró 0,9 por ciento, pero dentro del panel líder se destacaron las subas de la distribuidora Edenor, con el 4 por ciento, y Pampa Energía, con el 2 por ciento.

Neuquén reclamó que se acelere aumento en el valor del gas en boca de pozo En el contexto de la caída de la actividad petrolera por el derrumbe en el precio internacional del petróleo, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, reclamó ayer al Gobierno nacional que acelere el aumento del gas.

Petroleros acordaron que no habrá despidos en Neuquén El secretario General del sindicato de Petróleo y Gas Privado, aseguró que no habrá despidos en Neuquén a pesar del Procedimiento Preventivo de Crisis que presentó CEOPE.

> EL CRONISTA: Petroleras piden régimen de suspensiones subsidiadas para evitar despidos masivos

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Viernes 29 de enero de 2016

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> Chaco: Peppo pedirá a la Nación equidad en el costo de la energía | Chaco Día por Día

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La luz se ajustará por inflación cada seis meses

29 de enero de 2016 | La Nación | Pablo Fernández Blanco

Las nuevas tarifas de electricidad, que según fuentes oficiales se darán a conocer hoy, tendrán dos características que habían caído en desuso: se actualizarán cada seis meses y considerarán los aumentos de costos de las empresas, un cálculo que tomará en cuenta ítems muy diversos, como el plan de inversión de las compañías, la inflación según el Indec y el tipo de cambio. Así lo estipula la resolución 7 del Ministerio de Energía, que se publicó ayer en el Boletín Oficial. Los nuevos aumentos, que rondarían el 300% en promedio, se destinarán a recomponer los ingresos de Edenor y Edesur, y se sumarán en las facturas al incremento en el precio mayorista de la energía que anunció el Gobierno anteayer. La norma publicada por la cartera de Juan José Aranguren le ordena al ente regulador, ENRE, que disponga un ajuste en la porc ión de las facturas que les corresponde a las distribuidoras mediante la aplicación del Régimen Tarifario de Transición. Esa fórmula está en las actas acuerdo que aprobó el presidente Néstor Kirchner en 2006 (casi idénticas para Edenor y Edesur) y que no fueron del todo aplicadas. El gobierno de Mauricio Macri utilizó los documentos del kirchnerismo para avanzar en los aumentos. No fue una elección ingenua: si bien la administración anterior no los había implementado, sí dio pasos fundamentales para su puesta en marcha, como su sometimiento a audiencia pública, la aprobación de parte de distintos organismos del Estado y la silenciosa aprobación del Congreso, que no los rechazó. El denominado Régimen Tarifario de Transición sostiene que el Ente Regulador (ENRE) aplicará "cada seis meses" el Mecanismo de Monitoreo de Costos, que en términos resumidos contempla los mayores gastos de las empresas y sus inversiones. Las actas acuerdo lo identifican como "el proceso de redeterminación de los ingresos por variación en los precios de la economía", una definición que se asemeja mucho a la de inflación. Para llegar a las nuevas tarifas, el esquema contempla una fórmula matemática compuesta por diversos índices de inflación que elabora el Indec, como el de Precios Internos al por Mayor, el de Precios al Consumidor Nivel General, el de Salarios y el Costo de la Construcción. También, el promedio diario del tipo de cambio de referencia y los precios de los combustibles. Esa fórmula representa algunos problemas que deberá saldar el ENRE. El más evidente: el Gobierno interrumpió la publicación del IPC hasta que el Indec revise la metodología con la que se elaboraba, sospechada de manipulación. Hay otras cuestiones menores y fácilmente sa lvables. Por caso, las actas acuerdo obligan a tomar los precios de los combustibles de Repsol YPF, que dejó de existir tras la expropiación del 51% de sus acciones en la petrolera nacional. El ENRE deberá despejar más dudas. Desde fines de 2007, la administración anterior dejó de trasladar a las tarifas los mayores costos. Según los balances de Edesur, entre noviembre de ese año y octubre de 2014 no se trasladaron a las facturas incrementos en torno al 300% para remunerar a las distribuidoras. Esa es la suma que, en principio, deberían contemplar los aumentos que se aplicarán desde el lunes. Subsidios y energía gratis La resolución de ayer recuerda que el pago de sumas resultantes por los mayores costos no se trasladó a tarifas, como sostenían las actas acuerdo, sino que se convirtieron en "criterio para determinar los montos que aportaría" el Estado en concepto de subsidios. También le ordena al ENRE aplicar una tarifa social, que contempla un bloque gratuito por hasta 150 kWh/mes de energía gratis . Si consumen por encima de ese nivel, siempre que no hayan aumentado el uso del servicio, pagarán menos del 10% del precio de referencia por la porción que corresponde a la electricidad. Aún no está claro cuál será el costo de la distribución para ese sector. Entre los beneficiados están jubilados y pensionados que perciban hasta $ 12.120 (equivalente a dos salarios mínimos), empleados con un ingreso idéntico, titulares de planes sociales o con certificado de discapacidad, inscriptos en el régimen de monotributo social o en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y quienes cobran un seguro de desempleo. Desde hace tiempo el equipo de Aranguren calcula que unos dos millones de hogares debajo de la línea de pobreza no pagarán la luz hasta los 150 kWh/mes. La norma también estableció quiénes no podrán acceder a la tarifa social. Por ejemplo, quienes tengan un auto con hasta 15 años de antigüedad, los dueños de embarcaciones o aeronaves de lujo y los propietarios de más de un inmueble. El premio para las distribuidoras Edenor y Edesur llegará también con obligaciones e impedimentos. Entre las primeras, deberán hacerse cargo con sus propios ingresos de las obras para sostener y mejorar el servicio, debido a que se les retirará la transferencia de recursos para financiar esos contratos, que hasta ahora pagaba el Estado. Además, la norma sancionada ayer les impide a ambas girar dividendos a sus accionistas, como estaba establecido en las actas que aprobó Kirchner. La norma que se publicó ayer también dispuso que el ENRE avance en la Revisión Tarifaria Integral de las compañías metropolitanas, que lleva más de una década de atraso y que debería entrar en vigencia este año. Todos los meses Otro cambio importante para los usuarios del servicio eléctrico es que las facturas de las empresas metropolitanas se pagarán todos los meses, en reemplazo de las boletas bimestrales que funcionaban hasta ahora. "A efectos de que los usuarios puedan establecer una mejor organización de las finanzas del hogar, resulta conveniente que las facturas del servicio que se emiten en forma bimestral se instrumenten como una obligación de pago mensual", explica la resolución. Anteayer, otra resolución del Ministerio de Energía, la número 6, dispuso un incremento superior al 140% en el precio mayoris ta de la electricidad, que regirá desde el lunes y hasta abril. Esa modificación provocará incrementos superiores al 350% en el precio de la electricidad que pagan los usuarios residenciales que hasta ahora estaban subsidiados, mientras que las grandes industrias sufrirán un ajuste en torno al 600%, según sus propios cálculos. De todas maneras, su impacto en las facturas será menor debido a que contemplan otros ítems. Casi no sufrirían cambios aquellos usuarios a los que ya se les retiró el subsidio.

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Petroleras piden régimen de suspensiones subsidiadas para evitar despidos masivos

29 de enero de 2016 | El Cronista | Dolores Ayerra

La crisis petrolera no es exclusiva de Chubut, sino que la padecen todas las provincias productoras. Preocupada por las contingencias que está sufriendo el sector en Neuquén (con equipos de perforación, work-over y pulling parados, altos costos y disminución de la actividad), la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope) que abarca a compañías de servicios y contratistas para las operadoras como Halliburton o Schlumberger, elevó la semana pasada a los ministerios de Trabajo que dirige Jorge Triaca y de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis. El documento, al que tuvo acceso El Cronista y que consta de 5 páginas, reclama un régimen de suspensiones subsidiadas con el pago de una suma no remunerativa por el tiempo que rija el procedimiento, para evitar despidos colectivos. La propuesta plantea que los trabajadores afectados "conserven la cobertura médica y un ingreso mensual y que los sindicatos mantengan la afiliación de fuerza laboral, mientras que las empresas de esta manera alivianarían su costo laboral y las autoridades activarían una herramienta que minimice el impacto social". La Cámara argumenta que "en la Argentina esta crisis podría generar la afectación de aproximadamente 10.000 puestos de trabajo en las dotaciones actuales de las operadoras y compañías de servicio". Además advierte que "los costos actuales de nuestra industria hacen que gran parte de los desarrollos de yacimientos de petróleo no sean económicamente viables". A su vez, Ceope señaló que el procedimiento preventivo de crisis ya fue instrumentado en la industria en el 2008 en Neuquén en un contexto "de menor gravedad que el actual". Es por eso, que pidió con urgencia una audiencia con todas las partes involucradas en la Cuenca de Neuquén, Río Negro y La Pampa, con empresas y sindicatos.

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Afirman que la suba puede impactar en el nivel de consumo

29 de enero de 2016 | La Nación | Martín Kanenguiser

La suba de las tarifas de los servicios públicos puede impactar negativamente sobre el nivel de consumo, aunque se compensaría con las medidas de alivio tributario planeadas por el Gobierno y por el aumento de las inversiones que puede darse en los próximos meses. Los analistas consultados por LA NACIÓN destacaron la importancia de esta medida como parte de la baja del déficit fiscal comprometido por el Gobierno. Para saber cuál será el impacto sobre la inflación del mes próximo, los economistas ver el cuadro tarifario definitivo para el sector residencial del área metropolitana, aunque sumaría entre uno y dos puntos. Los estudios Bein, Ferreres y ACM estimaron que la quita de subsidios planteada para este año le agregará entre 7 y 9 puntos a la inflación. Rodrigo Alvarez, director de Analytica, dijo que la decisión "es parte de un ordenamiento necesario, porque el esquema actual no es eficiente y genera problemas, no sólo desde el punto de vista fiscal sino también de la equidad distributiva". El economista aclaró que los aumentos "van a tener impacto sobre la inflación y por eso la meta del 20 al 25% planteada por el Gobierno no parece sencilla de alcanzar; esperamos más bien un incremento de los precios del 30 al 35%". En cuanto al efecto sobre el consumo, dijo que "está siendo golpeado en forma muy sesgada: hay sectores de ingresos medios que serán afectados por esta suba, pero el resultado final dependerá más de las paritarias, de los cambios en el impuesto a las ganancias y de la universalización de la asignación universal por hijo". Para Alvarez, "es posible que la inversión reaccione rápido, aunque no hay que dejar de mirar el consumo". Federico Furiase, del estudio Bein, indicó que "todo ajuste de precios relativos es contractivo sobre el consumo, igual que ocurre con el tipo de cambio, aunque éste fue menor que lo esperado". Al respecto expresó que "hasta ahora hubo un equilibrio entre el dólar y las tasas que fue amigable. Y en este contexto, cuanto mayor sea la entrada de capitales, menor será la devaluación y el traslado a precios. En cuanto a la tarifa, cuantas más inversiones se consigan, más se amortiguará la corrección fiscal requerida. Pero a su vez la obtención de inversiones, más allá del clima externo, depende de la resolución del juicio en Nueva York y de la consistencia de los números fiscales". Julián Folgar, de ACM, señaló que si se actualizan el tipo de cambio y las tarifas "el impacto en los ingresos dependerá de cuánto logren los sindicatos al pedir aumentos salariales, aunque parece que bajará el salario real". Por su parte, FIEL detalló en un informe que la resolución 6/2016 de anteayer "va a tener un impacto muy significativo sobre los subsidios, del orden de los US$ 3400 millones corrientes o, de modo equivalente, un valor cercano al 0,7% del PBI". Aclaró que "el efecto neto, una vez que se tiene en cuenta la devaluación de diciembre de 2015 y el posible aumento en el precio del gas que paga el sector eléctrico se reduce al entorno de los US$ 2000 millones, o 0,4% del PIB". Un sector de la población no pagará la energía: Jubilados y pensionados Tendrán acceso a un bloque gratis de energía quienes ganen hasta $ 12.120 por mes. Por encima de un consumo de 150 kWh/mes, deberán pagar el 10% de los precios de referencia Empleados Los empleados en relación de dependencia con ingresos de hasta $ 12.120 (o dos salarios mínimos) también tendrán una porción gratis de energía, al igual que quienes sufran una discapacidad o cobren un plan social Otras categorías La tarifa social también regirá para quienes estén inscriptos en el régimen de monotributo social o los aportantes al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico Pobreza El equipo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, calcula que unos dos millones de hogares en todo el país que están debajo de la línea de pobreza accederán a la tarifa social.

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El mapa de las tarifas eléctricas en el país

29 de enero de 2016 | Chequeado | Matías Di Santi

El Gobierno nacional aprobó un aumento de alrededor del 200% en la electricidad, pero el cambio no modifica las diferencias tarifarias entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las Provincias. ¿Por qué un porteño paga siete veces menos que un santafesino o un rionegrino? El Ministerio de Energía y Minería de la Nación aprobó las nuevas tarifas para la energía eléctrica que regirán entre el 1º de febrero de 2016 y el 30 de abril. La resolución oficial 6/2016 contempla un aumento de alrededor de 200% para aquellos usuarios que consuman más de 300 Kw, mientras que el aumento de la factura será menor si el consumo está por debajo de los 300 kilovatios. El costo de la tarifa eléctrica que paga un usuario en la Argentina se conforma por cuatro componentes: la generación, que es el precio al que las empresas distribuidoras compran la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y que aumentó este 27 de enero; el transporte, que tiene un valor casi simbólico de $0,007 kWh, según un informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec); la distribución (o VAD -Valor Agregado de Distribución) y los impuestos. El Gobierno subsidia la generación, por eso el incremento anunciado tiene como objetivo reducir los subsidios millonarios que el Estado nacional destina al sector. Sin embargo, hasta el momento todas las provincias pagan exactamente lo mismo por este ítem. En el caso del transporte, los costos varían muy levemente (se paga por kilómetros recorridos). En cambio, el costo de la distribución -alcanzado por una resolución del Ministerio de Energía- es lo que cambia de manera significativa entre jurisdicciones, porque el VAD es determinado por cada autoridad provincial, como ocurre con los impuestos locales. En los casos de Edenor y Edesur, que son las empresas que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (donde reside casi el 40% de los usuarios residenciales del país, según datos de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina -Adeera-), el costo de la distribución lo determina el Gobierno nacional a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que en general no autorizó actualizaciones del VAD en la última década. La resolución 7/2016 del Ministerio de Energía publicada el 28 de enero instruye al ENRE para que realice “un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A”, pero sólo establece que deberá entrar en vigencia antes del 31 de diciembre. Este componente de la tarifa es lo que genera las grandes inequidades tarifarias que existen hoy en el país y es a lo que apuntó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, cuando fue consultado por Chequeado en este chequeo. Así, de acuerdo con datos oficiales en base a un consumo de 500 kWh por bimestre, un porteño de bajos recursos que vive en la zona norte de la Ciudad o un bonaerense con domicilio en Vicente López pagó en noviembre de 2015 una tarifa siete veces menor a la que abonó un santafesino, un rionegrino o un cordobés, donde el servicio es brindado por las empresas Edersa, EPESF y EPEC, respectivamente. La misma relación se observa si se considera un consumo de 750 kWh de una familia tipo de clase media, un valor más cercano al promedio residencial que hubo en 2015, según informó a este sitio Cecilia Laclau, coordinadora de Fundelec. Otra inequidad a mencionar es que en la mayoría de las provincias con recursos más limitados (Formosa, Chaco y Jujuy, por ejemplo) se pagan tarifas mucho más altas que en Capital, una de las jurisdicciones con mayor PBG del país. Si bien el congelamiento del valor de la tarifa de distribución para Edenor y Edesur fue una constante durante los últimos años, hubo pequeñas excepciones. Una de ellas se produjo en 2013, cuando “el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, decidió compensar gran parte de la deuda que tenían estas dos empresas distribuidoras por la compra de energía a cuenta de los aumentos de valor agregado de distribución no otorgados en el pasado”, según recordó en esta nota el diputado nacional por Mendoza Enrique Vaquié (UCR). Sin embargo, como muestran las cifras del Ministerio de Energía, estas medidas no lograron modificar la inequidad que existe entre el AMBA y las provincias, y tampoco atendieron a la situación financiera del resto de las distribuidoras del país. “Por distintas razones, las distribuidoras mantienen un atraso desde hace tiempo y, actualmente, las distribuidoras deben cerca de $14 mil millones a la empresa Cammesa”, señala el informe de Fundelec de 2015. Queda por ver entonces cuándo y de cuánto será el aumento que el ENRE aplicará en el costo de la distribución en la Ciudad y el GBA en los próximos días, algo que según declaró el presidente de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Busetti, generaría grandes incrementos en los números finales de las boletas de luz.

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Suben las acciones por las tarifas

29 de enero de 2016 | Página 12

El promedio de papeles privados mejoró 0,9 por ciento, pero dentro del panel líder se destacaron las subas de la distribuidora Edenor, con el 4 por ciento, y Pampa Energía, con el 2 por ciento. Los papeles de este segmento se habían disparado en la jornada anterior, tras el anuncio del ajuste de tarifas, que comenzará a sentirse en las facturas que lleguen en marzo. En el mercado de cambios el dólar al público aumentó dos centavos a 14,15 pesos. Sin intervenir en el mercado mayorista, el Banco Central registró una nueva baja en el stock de reservas. Disminuyeron ayer en 79 millones de dólares hasta los 25.241 millones. Las acciones privadas acumulaban desde la asunción del nuevo gobierno una caída de hasta 27,7 por ciento respecto del record alcanzado días antes en torno a los 13.300 puntos. Los precios reflejaban cierta valoración negativa a los anuncios del gobierno de Mauricio Macri, pese a que se trataban de iniciativas en pos de una mayor desregulación del sistema financiero. Sin medidas tendientes a apuntalar el mercado interno y el consumo, los empresarios encuentran escasos motivos para celebrar. Las energéticas no escaparon de esta tendencia, al menos hasta hace dos semanas. Desde que el Gobierno anunció que habría un “sinceramiento” de las tarifas, una manera elegante de llamar al tarifazo, los precios de las empresas energéticas cotizantes detuvieron la caída y empezaron a subir. Con la publicación anteayer del aumento en el Boletín Oficial, las acciones del sector avanzaron hasta un 5,5 por ciento. En la jornada de ayer se sumaron nuevas alzas para estos papeles. Además de Edenor y Pampa, hubo subas importantes para la petrolera YPF, con el 3,7 por ciento; Transener, con el 1,8; y Siderar, con el 1,2. Por su parte, los títulos públicos operaron con precios estables en promedio, mientras que el riesgo país se ubicó en los 507 puntos. En el mercado de cambios, sin intervención del Central, la divisa mantuvo la tendencia alcista y finalizó con un ajuste de dos centavos. El volumen operado en cambios fue de 297 millones de dólares. La variante de contado con liquidación, que permite pasar pesos a dólares mediante la compraventa de bonos y acciones, cedió dos centavos 13,98 pesos, mientras que el dólar Bolsa que se arbit ra sin sacar las divisas del paísbajó siete centavos a 13,95. En el mercado de futuros se operaron unos 470 millones de dólares. Los precios se pactaron a 13,83 pesos para fines de este mes, a 14,04 para fin de febrero y 14,26 para marzo. El plazo más largo operado fue julio en 15,48 pesos.

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Disponen que EDENOR y EDESUR no podrán repartir dividendos

29 de enero de 2016 | Ámbito Financiero

Las distribuidoras Edenor y Edesur no podrán repartir dividendos, según surge de la resolución 7 del Ministerio de Energía que se publicó ayer. Es la misma norma donde se instruye al ente regulador eléctrico para que apruebe nuevos cuadros tarifarios en esas dos empresas que regirán a partir del próximo lunes. La adecuación de las tarifas se enmarca en los decretos 1957 y 1959 de 2006 cuando Néstor Kirchner era presidente, que aprobaron un régimen tarifario de transición. Esos decretos se basan en actas acuerdo con las dos empresas que fueron sometidas a audiencia pública y luego aprobadas por la comisión bicameral del Parlamento. La resolución actual se ampara en ese marco legal para no llamar a audiencia pública, y en ese contexto también hay que visualizar la prohibición de repartir dividendos. La norma también establece que la facturación de las dos compañías será mensual a partir del 1 de febrero, medida con la que se busca atenuar el impacto de los aumentos en el público. También elimina el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PUREE) que estuvo vigente desde 2005, pero ordena al ENRE incluir en las tarifas el plan de estímulos que fija la resolución 6, donde se ajustó el precio mayorista de la energía. Así, el ENRE -cuyo responsable es Ricardo Martínez Leone- debe difundir cinco cuadros tarifarios para: •residenciales sin ahorro, pequeñas y medianas demandas, y alumbrado público; •residenciales con ahorro del 10% al 20% con respecto a igual período del año anterior; •residenciales con ahorro de más del 20%; •residenciales con tarifa social y •grandes industrias. La resolución también establece los criterios a partir de los cuales se podrá solicitar la tarifa social. Podrán tener el beneficio los jubilados o pensionados por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional, las personas en relación de dependencia con remuneración bruta igual o menor a dos salarios mínimos, los titulares de programas sociales, los inscriptos en el régimen de Monotributo social, el personal doméstico en blanco, los que perciben seguro de desempleo y los que tengan certificado de discapacidad. Dentro de este universo, quedarán excluidos los que tengan más de un inmueble propio, un automóvil de menos de 15 años de antigüedad o una embarcación de lujo. Según los considerandos de la norma, los ajustes permitirán "incrementar los ingresos de Edenor y Edesur, a efectos de mejorar la calidad de dicha prestación", por lo cual también se elimina el cargo FOCEDE (fondo para obras) en las facturas, y las transferencias del fisco para gastos corrientes y pago de salarios. De acuerdo con la resolución, la política de aplicación de subsidios ahora modificada "no favorece la correcta orientación de los comportamientos de las distribuidoras, resultando ello en la ausencia de inversiones suficientes", además de alentar "una deficiente planificación en el ámbito de la distribución de energía eléctrica".

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Neuquén reclamó que se acelere aumento en el valor del gas en boca de pozo


En el contexto de la caída de la actividad petrolera por el derrumbe en el precio internacional del petróleo, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, reclamó ayer al Gobierno nacional que acelere el aumento en el valor del gas en boca de pozo, que, según fuentes confiables, pasaría desde u$s 2,50 promedio por unidad en la actualidad a más de u$s 5,50. Al tiempo que Gutiérrez se reunía en Buenos Aires con el ministro Rogelio Frigerio, y por separado con el titular de YPF, Miguel Galuccio, trascendió que CEOPE -la cámara que nuclea a las compañías que prestan servicios petroleros- pidió al Ministerio de Trabajo que abra un procedimiento preventivo de crisis. De ser aprobada, la medida alcanzaría a unos 5.000 trabajadores pertenecientes a esas firmas en todo el país, e implicaría la suspensión de parte o todos esos agentes por un plazo que según la legislación no debería superar los 75 días en un año. El procedimiento preventivo de crisis significa que mientras se está bajo ese paraguas no se producirán despidos, pero los trabajadores suspendidos sólo percibirían el sueldo básico sin premios ni horas extra, y aparentemente tampoco habría negociaciones salariales. Las empresas operadoras y las prestadoras de servicios están buscando como mínimo una flexibilización de las condiciones laborales escudándose en que en el mundo la caída del petróleo ya provocó la pérdida de 350.000 puestos de trabajo. En este escenario, el titular del sindicato de petroleros privados de Chubut, Jorge Ávila, reveló ayer que no hubo hasta ahora avances en las tratativas con las petroleras que operan en la provincia, y que se están desarrollando en el Ministerio de Trabajo. La parte empresaria y la sindical debían encontrar algún mecanismo para bajar costos laborales en momentos en que las compañías amenazan con dejar de producir el crudo que se exporta y realizar despidos. El lunes habrá un nuevo encuentro entre el Gobierno nacional, el gobernador Das Neves, sindicatos y empresas. En lo que se refiere a Neuquén, el gobernador Gutiérrez viajó a Buenos Aires acompañado por el titular del sindicato de petroleros privados de Neuquén y Río Negro, Guillermo Pereyra. Este último expresó: "Estamos en una situación límite y tenemos que hablar mucho", tras el encuentro con Galuccio en el que también participó Manuel Arévalo del sindicato del personal jerárquico. Según Pereyra, "es necesario mejorar el precio del gas en boca de pozo para que las empresas redirijan sus tareas", y destacó que aceptarán negociar con las prestadoras que asignen otras funciones a los empleados. "Hemos logrado con YPF y con empresas de servicios que no haya despidos, pero con adecuación de tareas", sostuvo el sindicalista.

Por su parte, Gutiérrez calificó la situación como "difícil y compleja" y reiteró que gestiona con la Nación un precio "más justo y más equitativo" para el gas que sale de Neuquén. < VOLVER AL INICIO


Petroleros acordaron que no habrá despidos en Neuquén

26 de enero de 2016 | El Cronista

El secretario General del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén y Río Negro y senador nacional por el Frente para la Victoria, Guillermo Pereyra, aseguró que no habrá despidos en Neuquén a pesar del Procedimiento Preventivo de Crisis que presentó la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) para suspender de 5000 a 10.000 trabajadores de la región y reducirles el 40% del salario. "Estamos en una situación límite y tenemos que hablar mucho. Habrá adecuación de tareas pero sin despidos", explicó el referente sindical luego de una reunión con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, y funcionarios del gobierno nacional, en la que se establecieron los primeros lineamientos para un acuerdo entre los principales actores. El próximo lunes el sindicalista participará de una reunión en el Ministerio de Trabajo, en el marco del conflicto más general de la producción de petróleo de la Argentina, y espera que a más tardar el martes se firme un arreglo entre las partes para preservar los puestos de trabajo y la producción. Para Gutiérrez, la situación es "difícil y compleja", por lo que habrá que negociar un "precio más justo y equitativo del gas" producido por las petroleras en Neuquén. "Con mucho ingenio, creatividad y solidaridad vamos a fortalecer el desarrollo en Neuquén. Ésta es la manera de trabajar codo a codo con los sindicatos y fortalecer la economía", opinó el gobernador, que transita una crisis sectorial histórica en la región patagónica. La caída de los precios del petróleo de más de U$S100 el barril de WTI a U$S 33,22, con un piso de U$S 26, generó una crisis en las empresas que se dedican a exportar petróleo y gas, que ya no cuentan con el subsidio del gobierno nacional ofrecido por la gestión anterior. Las compañías solicitan una restitución del precio sostén para evitar la detención de la producción, que implicaría miles de despidos. Desde CEOPE explicaron que el Procedimiento Preventivo de Crisis "es una medida intermedia que busca evitar que se produzcan despidos masivos en el sector. Como resultado de la baja de la inversión de los productores en la cuenca Neuquina, no hay actividad suficiente para bancar tantos puestos de trabajo. Eso es una realidad". Si el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, avala esta medida, las empresas pagarán el 60% del sueldo, sin horas extra ni horas taxi, y sin los gastos de cargas sociales, aunque cumplirán con las contribuciones a los sindicatos. Las empresas justificaron el pedido al gobierno por los altos salarios en dólares: "Nuestro pedido se fundamenta en la imposibilidad de continuar sosteniendo una estructura de costos sobredimensionada para el actual nivel de actividad y elevado en dólares respecto de valores históricos y en términos internacionales”, según CEOPE. "Hemos logrado con YPF y con empresas de servicios que no haya despidos, pero con adecuación de tareas. Hay que poner en el tiempo cuántos meses va a durar esto y hay que adecuar un sistema, esto es importantísimo porque el despido es la nada, es la angustia familiar. Tenemos que mirar la parte social más allá del problema que tenemos",

concluyó Pereyra. La caída del precio del petróleo preocupa a todos los trabajadores del sector. El titular del sindicato de Petroleros Jerárquicos de Tierra del Fuego, Moisés Solorza pidió que el gobierno "resguarde los puestos de trabajo para sostener la paz social". El sindicalista opinó que "a la hora de poner plata arriba de la mesa para sostener una actividad que fue tan rentable durante todos estos años, lamentablemente se hacen los distraídos los empresarios y hay un gobierno que realmente está tirando para los CEOs de las compañías, más que para la clase trabajadora". < VOLVER AL INICIO


Por los costos de las empresas, los aumentos serían más altos

29 de enero de 2016 | Clarín | Martín Bidegaray

La quita de subsidios, que implicará mayores precios para los usuarios de la electricidad, viene cumpliendo una serie de procesos formales), pero todavía no llegó a la cuestión de fondo: el nuevo cuadro tarifario. Allí estará definido cuánto pagará cada hogar por el precio de la luz. Se sabe que el costo de la electricidad subiría hasta 300%. Pero falta saber el margen que le aplicarán las distribuidoras a las facturas para reflejar ese incremento. Eso se llama “valor de distribución”. Pero hay algunas pistas: las empresas necesitan generar ingresos por casi $ 10.000 millones anuales para pagar sus costos y gastos operativos. En los últimos años, ese dinero lo vino pagando el Estado. Las distribuidoras porteñas y del conurbano tienen más de 5,5 millones de clientes. Para que sus arcas se recompongan y no dependan del Estado, cada hogar debería pagarles $ 1.800 anuales por ese “valor de distribución”, es decirle por llevar electricidad a las casas y comercios. Pero como el 30% de los hogares entrarán en “tarifas sociales” y pagarán menos que con los subsidios, el ajuste recaerá en el otro 70% de los usuarios. En ese caso, el promedio de los hogares deberá pagarle a las distribuidoras un promedio de $ 2.800 adicionales anuales. Pero eso es una estimación, falta ver su viabilidad política. El Gobierno no viene aportando claridad al respecto de los cuadros tarifarios. “Entiendo que mañana (por hoy) va a haber una información detallada sobre este tema”, dijo ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Esa declaración hizo creer a las empresas que hoy se aclararía el panorama. Pero, más tarde, otro funcionario oficial indicó a Clarín lo contrario: “Mañana no sale (el nuevo cuadro) en el Boletín Oficial. Eso es seguro”. El reconocimiento de un mayor precio a la energía cubre una parte del problema de los subsidios. Al país le cuesta $ 763 la generación de cada megavatio/hora. Hasta los cambios, se lo venía cobrando $ 89 a los usuarios, apenas un 11% de lo que vale. Con la quita parcial de subsidios, los hogares pagarán a pagar el megavatio entre $ 192 y $ 321. Aunque se ajusta un poco más al costo, le falta para que sea “real”. Esto es porque el kirchnerismo retrasó las tarifas de la luz de una forma inédita, impidiéndoles reconocer la inflación acumulada en los últimos 12 años. Ahora, cada corrección aparece como espectacular, porque los precios de partida son muy bajos: facturas de menos de 40 pesos en los barrios prósperos de Buenos Aires (como Barrio Norte). El siguiente capítulo tiene que ver con las finanzas de las distribuidoras. Venían funcionando como si el costo del megavatio/hora fuera de $ 90 (aunque es $ 763). Por eso están fundidas, con los mayores niveles de interrupción del servicio de los últimos 25 años. Gerardo Rabinovich, uno de los mayores expertos eléctricos del país, cree que las distribuidoras pueden ser viables si cobran tarifas en orden a $ 500 megavatio/hora. Es cinco veces más que en la actualidad. Pero asoma como la única forma para que las compañías vuelvan a invertir y disminuyan los cortes tan frecuentes. .

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Avalan aumentos para las Distribuidoras EDENOR y EDESUR


El Gobierno de Mauricio Macri amplió ayer las medidas para el futuro incremento en la tarifa de la luz y, en el marco del sistema de distribución del servicio, dispuso la eliminación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (Puree), ordenó a las empresas Edenor y Edesur implementar la facturación mensual del servicio y estableció los criterios generales de la tarifa social para sectores de menores recursos. A través de la Resolución 7/2016 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Energía y Minería que dirige Juan José Aranguren instruyó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para que efectúe "un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios" de esas empresas que brindan el servicio en la Capital y el Gran Buenos Aires. La medida se suma a lo dispuesto el miércoles por el Gobierno que determinó los nuevos precios de potencia y energía en el Mercado Mayorista Eléctrico, que regirán entre febrero y abril (se revisarán en forma trimestral), y que disparará incrementos desde 300%. No obstante, las autoridades nacionales decidieron excluir de los aumentos a un gran porcentaje de hogares residenciales. En la norma publicada ayer se establecieron algunas de las condiciones para acceder a la tarifa social (que tendrá un costo cero para los consumos hasta 150 KWh; límite que será subsidiado por el Estado en su totalidad). Todavía resta que el Ministerio de Desarrollo Social establezca el procedimiento, que será informado antes del lunes, día en el que el que Aranguren realizará el anuncio formal de los aumentos. Se estima, que sólo en el área metropolitana donde operan Edenor y Edesur, la tarifa social alcanzaría a un 70% de los hogares, unas 3,7 millones de familias. Los cuadros tarifarios con alzas promedio que oscilarán entre 300% y 500% según los casos, abarcaría un 30% de los titulares de los grupos habitacionales o del servicio de luz, con ingresos superiores al promedio nacional. Y es que los criterios para acceder a la tarifa social abarca a: los jubilados o pensionados por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional ($8598 brutos); las personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a $12.120 (dos salarios Mínimos Vital y Móvil); los inscritos en el Régimen de Monotributo Social y aquellos que estén incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley Nº 25.239). También se verán beneficiadas las personas con certificado de discapacidad, aquellos titulares de programas sociales y quienes estén percibiendo el seguro de desempleo. No obstante, quedarán excluidas del beneficio aquellas personas que tengan registrados más de un inmueble, posean una aeronave o embarcación y tengan un vehículo con menos de 15 años de antigüedad. Por otra parte, el artículo 1º de la resolución establece el inicio del incremento de valores para las empresas distribuidoras de la energía eléctrica, que se verá directamente reflejada en lo que abonarán los usuarios, "a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)", lo que deja en claro que habrá nuevos aumentos. En ese sentido, la norma explica que "se hace necesario introducir ajustes a los valores de los cuadros tarifarios vigentes para la prestación del servicio de distribución, que permitan incrementar los ingresos de Edenor y Edesur, a efectos de mejorar la calidad de dicha prestación". La Resolución, deja además sin efecto en su artículo 6 el Puree, el programa implementado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que tenía por objetivo fomentar el ahorro de energía a través de bonificaciones para los usuarios que redujeran el consumo. En los argumentos de la medida, el Gobierno también hace una dura crítica a la gestión de Cristina Fernández en el área, al afirmar que "implicó la ausencia de un esquema tarifario que brindara señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios". Según la norma, el régimen "alteró criterios de justicia distributiva en la asignación de los recursos públicos favoreciendo a los usuarios de las distribuidoras que actúan bajo jurisdicción federal en desmedro de los habitantes del resto del país".

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Petrobras busca ahorrar u$s 450 M


Petrobras anunció ayer que reducirá un 30% de 5.300 cargos gerenciales, como parte de una reestructuración de su organigrama que le permitirá además ahorrar u$s 450 millones al año en plena crisis. De esta forma las direcciones de la petrolera pasarán a ser seis, en vez de las siete existentes hasta el momento, lo que permitirá a la compañía "aprovechar mejor las sinergias" existentes entre las distintas áreas de negocios. La petrolera enfrenta desde 2014 un escenario negro que combina la brusca caída del precio del crudo, el fuerte retroceso del real ante el dólar y un megaescándalo de corrupción, que le costó miles de millones de dólares y ha arruinado su imagen. "Tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad que se impone por el nuevo escenario de la industria, pero también por un momento de investigación de irregularidades dentro de la compañía que ayudaron a generar la crisis", dijo el presidente de la petrolera, Aldemir Bendine, en conferencia de prensa. Uno de los pilares básicos del nuevo modelo, y eje de la primera fase, es la fusión de las áreas de Abastecimiento y Gas y Energía, que pasarán a formar la dirección de Refinado y Gas Natural. La nueva estructura busca fortalecer el manejo de la compañía a través de un mayor control y elimina las "nominaciones políticas". "Meritocracia es de lo que se habla aquí desde 2015", dijo Bendine, mencionando el año en que asumió el cargo. Los cortes se harán en dos etapas: la primera sólo afectará cargos gerenciales de áreas no operativas. Sólo cuando sea concluida -no hay un plazo- se reestructurará el resto de los 2.000 gerentes relacionados con las operaciones. "No queremos ningún impacto en relación con la producción de la compañía", dijo el presidente, asegurando que la explotación de pozos del presal, en aguas ultraprofundas, seguirá siendo la prioridad de la empresa, en medio de un escenario de caída de los precios. "Hicimos una alteración más profunda del plan de negocios, que está en fase final de confección y aprobación (...). Vamos a preparar la empresa para un Brent de u$s 20, de u$s 15... Nuestro negocio es petróleo", resaltó Bendine. < VOLVER AL INICIO


Arabia Saudita propondrá en la OPEP un recorte del 5% de producción petrolera


El ministro de Energía de Rusia, Alexandr Novak, declaró que Arabia Saudita propondrá un recorte de la producción de petróleo del 5%. La medida sería tratada en febrero durante la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP. "Efectivamente, esos parámetros fueron propuestos, cortar en un 5% la extracción de cada uno de los países", afirmó Novak. Las informaciones de que Rusia y Arabia Saudita están dispuestos a abordar ese recorte para revertir la tendencia a la baja de los precios del petróleo ha sido uno de los factores detrás de la recuperación de los últimos días. Novak subrayó que, antes de acordar un recorte en la extracción, es necesario que todos los países productores y exportadores alcancen un "consenso" base. "Esto es objeto de debate y de reuniones. Hay muchas preguntas sobre el control de esos recortes. Es prematuro hablar de ello", añadió. A su vez, el ministro ruso reveló que Moscú está dispuesto a participar en una posible reunión entre los miembros de la OPEP y los países que no integren el cartel, entre los que figura Rusia. Rusia, que siempre se había mostrado contraria a reducir la extracción, parece haber cambiado de idea tras el gran impacto que la caída de los precios ha tenido en su economía, que se encuentra en recesión desde finales de 2014. En caso de aceptar la propuesta saudí, Rusia rebajaría en unos 500.000 barriles su producción diaria, según las estimaciones de los expertos. Precisamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a su ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, que inicie una "gira inmediata" por todos los países productores, pues su país posee una propuesta para recuperar el equilibrio del mercado del crudo. La gran traba parece estar por el lado de Irán, que está aumentando sus exportaciones de crudo tras el levantamiento de sanciones. El gobierno de Rohani considera necesario recuperar su participación de mercado, lo que lo convierte en un desafío para cualquier acuerdo entre productores. Debido a las sanciones internacionales perdieron 1,1 millones de barriles por día.Irán afirmó que elevará su producción de crudo en 500.000 barriles por día (bpd). Desde la OPEP alertan que será difícil alcanzar cualquier acuerdo si Teherán sube la oferta en más de 100.000 bpd.

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El FMI y el BM buscan evitar defaults petroleros


Funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se dirigen a Azerbaiyán para discutir un posible paquete de préstamos de emergencia por valor de u$s 4.000 millones en lo que podría ser la primera de una serie de rescates derivados de la caída del precio del petróleo. La visita a Bakú, vinculada a la crisis monetaria provocada por el derrumbe del crudo, tiene que ver con la preocupación en las dos instituciones globales por los países productores de petróleo del mercado emergente, desde Asia Central hasta América latina. El fondo y el banco también han estado monitoreando los acontecimientos en otros productores de crudo como Brasil –hoy sumido en su peor recesión en más de un siglo– y Ecuador. La crisis en Venezuela provocada por la baja del precio del petróleo incluso planteó la posibilidad de reanudar las relaciones entre el fondo y Caracas, una ciudad que el personal del FMI visitó por última vez hace más de una década. Azerbaiyán depende del petróleo y del gas para el 95% de sus exportaciones y las repercusiones de su debilidad monetaria provocó una serie de protestas en todo el país que inquietaron al gobierno del presidente Ilham Aliyev. La semana pasada, la ex república soviética se convirtió en uno de los primeros países del mundo en recurrir a controles de capital en respuesta a la caída en los precios del petróleo, fijó un un impuesto de 20% para sacar dinero del país. La moneda de Azerbaiyán, el manat, retrocedió 35% desde que a fines de diciembre el banco central abandonó la paridad con el dólar después de gastar más de la mitad de sus reservas en un año. El equipo del FMI estará en Bakú del 28 de enero al 4 de febrero, dijo un vocero del FMI. Discutiría una posible "asistencia técnica" y "evaluaría las posibles necesidades de financiamiento". El paquete de financiamiento en discusión sería de unos u$s 4.000 millones, según allegados a la situación. Un portavoz del Banco Mundial dijo que el FMI y su organismo están discutiendo con el gobierno medidas inmediatas y a largo plazo. El Banco Mundial pronosticó esta semana que este año los precios del crudo promediarían apenas u$s 37 el barril y advirtió de consecuencias a largo plazo. Christine Lagarde, directora general del FMI, comenzó el año con una visita a Nigeria cuando advirtió que la mayor economía de África tendría que enfrentar "decisiones difíciles" y las consecuencias de los bajos precios del petróleo durante algún tiempo. Las discusiones con Bakú se encuentran en una primera etapa y el gobierno de Azerbaiyán todavía pueden optar por no aceptar el apoyo del FMI, según personas familiarizadas con la situación. Aunque las reservas del banco central de Azerbaiyán han disminuido drásticamente en los últimos años, el país tiene poca deuda y tenía un fondo soberano con activos por u$s 34.700 millones a comienzos del mes de octubre, más del 60 por ciento del PBI. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo ha provocado grandes tensiones en la economía de Azerbaiyán. < VOLVER AL INICIO


Santa Fe (EPE): Santa Fe duplica la oferta energética desde la Estación Romang

29 de enero de 2016 | Notife

Un convenio suscripto entre la EPE y Transener permite mejorar el abastecimiento eléctrico a los departamentos General Obligado, Vera, San Justo, San Javier y Garay. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que desde la semana pasada opera el segundo transformador de potencia en la estación Romang, propiedad de la empresa Transener, uno de los cuatro puntos de inyección de energía en el territorio santafesino. Esta obra, ampliamente esperada por la región noreste de la provincia, significa duplicar la oferta energética y mejorar el abastecimiento eléctrico a los departamentos General Obligado, Vera, San Justo, San Javier y Garay. En este contexto, el presidente de la EPE, Raúl Stival; el gerente General, Marcelo Cassin; y autoridades de Transener firmaron un acuerdo fijando las condiciones técnicas, los derechos y obligaciones, relativos a la conexión del transformador de 150 megavatios al campo de acoplamiento de la playa de 132 kilovoltios de la estación transformadora Romang, y estableciendo los tiempos de adecuación, construcción, operación y mantenimiento para la restitución de la capacidad operativa de la Estación Transformadora. En el acuerdo, se indica que la EPE iniciará a la brevedad las gestiones de ampliación del sistema de transporte de alta tensión con los procedimientos de aplicación y se compromete a proveer e instalar un nuevo transformador de 150 megavatios en carácter de reserva fría, a mediados del año 2018, para lo cual se estima una inversión de más de 30 millones de pesos. Además, se comenzaron a realizar en forma progresiva transferencias de cargas de algunas estaciones transformadoras que habitualmente se abastecían de la estación Santo Tomé de Transener a la estación Romang.

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Exponen a usuarios

29 de enero de 2016 | Página 12 | Fernando Krakowiak - Periodista

La resolución que ajustó los precios mayoristas de la energía incluyó un plan de estímulo para incentivar la reducción del consumo y una tarifa social para los sectores más vulnerables. Esa misma norma estableció también que las distribuidoras que tengan deudas pendientes con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) deberán acordar un plan de pagos y garantizarlo a través de la cesión de sus créditos. Lo llamativo es que en el artículo 9 se aclara que el plan de estímulo y la tarifa social sólo le serán aplicables a aquellas distribuidoras que cumplan con las obligaciones previstas. De este modo, si una distribuidora no paga, los usuarios de la misma perderían los beneficios de la tarifa social y el descuento por ahorro de energía. La medida establece un nuevo precio estacional de la energía mayorista que oscila entre 321,39 y 312,26 pesos por Mwh, dependiendo de si son horas pico o no. Las nuevas cifras suponen un ajuste cercano al 300 por ciento que deberán pagar las distribuidoras a partir del lunes, lo que impactará de lleno en las facturas que abonan los usuarios de todo el país. El efecto porcentual que tendrá ese mayor costo en la factura final será disímil según cada distribuidora porque estas empresas cobran tarifas muy dispares. En el caso de Edesur y Edenor, donde las tarifas permanecen congeladas desde hace años, la suba del precio mayorista de la energía tendrá un impacto mayor que en el resto del país. A su vez, ese golpe al bolsillo se combinará con una recomposición del valor agregado de distribución, lo que terminará de darle forma a un tarifazo inédito. Para atenuar este ajuste, el gobierno se dispuso la creación de una tarifa social para usuarios residenciales vulnerables que cumplan con una serie de requisitos (ver nota central). La norma prevé bonificarles todo el consumo hasta 150 kw/h por mes y partir de esa cifra una tarifa reducida de 31,39 pesos por Mwh, siempre que el consumo mensual sea menor o igual al registrado en el mismo mes de 2015. Ese subsidio se combina con un plan de estímulo para todos aquellos usuarios que ahorren energía. Si el ahorro es de al menos un 10 y hasta un 20 por ciento, se les tomará un valor de la energía de 251 pesos por Mwh en hora pico y si es mayor al 20 por ciento pagarán 201 pesos por Mwh. Tanto el descuento que supone la tarifa social como el descuento por ahorro de energía no corren por cuenta de la distribuidora sino del Estado nacional, que es quien subsidia a los usuarios. Por lo tanto, cuando el gobierno amenaza con quitarle ese subsidio a la distribuidora si ésta no cumple con los pagos a Cammesa, lo que hace es exponer a los usuarios más necesitados, pues la distribuidora que deje de recibir ese beneficio automáticamente le trasladará ese mayor costo a sus clientes. < VOLVER AL INICIO


Que cada uno pague por sus facturas y no el contribuyente

29 de enero de 2016 | Ámbito Financiero | Aldo Abram - Director de "Libertad y Progreso"

Los anuncios de actualización de las tarifas de servicios públicos traerán grandes polémicas por su costo para los ciudadanos, pero es absurdo y demagógico mantener subsidios generalizados a los mismos, siendo que más de un 70% era destinado a quienes podían pagar lo que usaban. Además, la anterior gestión dejó un Banco Central casi quebrado y profundas distorsiones de precios relativos. La salida del cepo vino a resolver el primer punto y parte del segundo, también exigiendo un sacrificio a los argentinos, que pagarán más por sus compras en el súper. Es inevitable que así sea, pero el problema surge cuando algunos sectores pretenden transferirle al resto del país la porción del esfuerzo que a ellos les toca. Éste es el caso de la actual discusión por la baja de los precios internacionales del petróleo. La anterior administración fijó reglas de juego absurdas para el sector que llevaron a una enorme caída de la inversión y la producción en un período en el que su coti zación internacional llegó a multiplicarse por más de cuatro. Cuando los valores bajaron, y ante el desabastecimiento interno generado, no tuvieron mejor idea que poner precios mínimos al crudo local. No produjimos cuando éste valía mucho e incentivamos que se lo saque cuando vale poco; un negoción, ¿no? A pesar de que se salió del cepo y se superó el problema del atraso cambiario, el nuevo Gobierno decidió mantener el piso del valor local del crudo, aunque con una rebaja, lo cual se calcula podría significar una transferencia de u$s 5.000 millones desde el bolsillo de los ciudadanos al sector de hidrocarburos. Lamentablemente, parece que con esto no alcanza, y las petroleras, gremios y el Gobierno de la provincia de Chubut pretenden conseguir otros u$s 500 millones de subsidios para mantener la exportación de petróleo del Golfo de San Jorge, inviable a los actuales precios internacionales. No caben dudas de que, si no es rentable sacar el crudo, debería dejárselo donde está y no exportarlo a pérdida (para el bolsillo de los contribuyentes). Sin embargo, se argumenta que esto dejaría sin empleo a 5.000 trabajadores. O sea, mantener esos puestos les saldrá a los contribuyentes u$s 100.000 cada uno, equivalentes a un sueldo mensual de casi $ 120.000, otro absurdo. En todo caso, lo mejor sería negociar para que las empresas no los echen y los suspendan, y que el Estado subsidie ese costo, aclarando que se cae el beneficio si se negocian paritarias con aumentos de sueldos. Cabe aclarar que los trabajadores petroleros son, por lejos, los mejor pagos del país y no sería lógico que se cobraran aún más a costa del bolsillo del resto de los argentinos. Incluso, el precio mínimo fijado para el crudo local debería renegociarse. En primer lugar, fijándoselo en pesos y que sea inamovible a partir de allí, para que se vaya licuando con el tiempo, con la suba del tipo de cambio. Esto permitiría que el sector se vaya acomodando lentamente a la nueva situación y no se incremente la factura que debe abonar el resto del país. Para determinar ese piso en moneda nacional en el mínimo posible debería negociarse con las otras partes para que los gremios no pidan aumentos de sueldos y las empresas también pongan algo de su parte para mantener el nivel de producción y empleo del sector. Cabe aclarar que lo mejor sería que no hubiera privilegios. Nadie se preguntó cuál es el costo en empleos y producción que se paga por no tener combustibles más baratos, y la realidad es que es elevadísimo. ¿Cuántos productores del interior del país no podrán enviar su producción a los centros de consumo porque el flete es alto? ¿Cuántos transportistas se quedarán sin trabajo? ¿Cuántos otros no podrán vendernos porque no nos alcanza la plata porque nos sale artificialmente caro llenar el tanque? ¿Cuánto ahorraríamos en la generación de energía? Otro absurdo es el Régimen de Tierra del Fuego. Por dicha protección, los argentinos pagamos entre dos y tres veces lo que valen los productos electrónicos en el exterior, por lo que la Argentina declina en términos de parque tecnológico, con el consecuente costo en competitividad y bienestar para todos. Es hora de que comprendamos que el Gobierno no está para asegurar ganancias, mantener empleos y salarios a costa del bolsillo de los argentinos. Si no, lo que quedará claro es que, en nuestro país, el que no llora no mama y el que no mama es un gil, que encima tendrá que poner la plata para que se empache el primero. < VOLVER AL INICIO


Por ahora el precio del barril tiene techo, no piso

29 de enero de 2016 | El Cronista – Daniel Montamat - Economista.

El último año el mundo produjo 96.3 millones de barriles día de petróleo (MMb/d), de los cuales sólo consumió 94.5 MMb/d. Alrededor de 1.8 MMb/d de producción excedente se fue acumulando en los inventarios. Mientras esta oferta excedente no sea absorbida por la demanda o por una reducción de suministro los precios del petróleo seguirán en baja. En esto estamos todos de acuerdo. Ahora bien, muchos analistas sostienen que el precio del petróleo se mantendrá a la baja, y algunos se arriesgan a que el barril puede perforar los u$s 20 e incluso llegar a 10. El sesgo de selección informativa, bien explicado por la nueva economía conductual, determina que hasta los especialistas empiecen a hacer seguidismo de tendencias. Como el barril de petróleo bajó un 70% en el último año, no puede parar de bajar. A partir de allí se escoge la información que funda el razonamiento. Por el lado de la demanda, el argumento favorito en este momento es debilitamiento de la tasa de crecimiento de China. La reducción del crecimiento chino ha arrastrado a las distintas commodities a la baja, petróleo incluido. Pareciera verosímil porque China es el segundo importador mundial después de Estados Unidos. Pero la afirmación es falsa: China tuvo récord de importaciones de petróleo en 2015, (6.7 MMb/d). Es cierto que por el lado de la demanda la economía mundial no muestra signos de reactivación como para entusiasmarse, pero muchos exageran el nivel de ralentización de la economía mundial y su importancia relativa para explicar el nuevo escenario de precios petroleros. Estamos frente a un problema de sobreoferta porque en los últimos 5 años los productores de shale oil americanos agregaron 4.5 millones de barriles a la oferta mundial. Los cambios en las tecnologías de producción por el lado de la oferta, y los cambios de las preferencias de los consumidores por el lado de la demanda siguen siendo poderosas fuerzas de shock que, de vez en cuando, ponen patas para arriba paradigmas interpretativos de larga data. La producción de shale de Estados Unidos, más la producción de arenas bituminosas de Canadá, más la de crudos pesados y de crudos de aguas profundas, representan poco más del 10% de la producción total del mundo (alrededor de 10 millones de barriles día) cuando en el 2005 sólo representaban el 4%. Los altos precios de la última década habilitaron desarrollos en todos estos crudos de alto costo, cuyos break- even (precios donde los ingresos cubren los costos) van entre los u$s 50 y los 90 por barril. Es decir, con las actuales cotizaciones del barril de u$s 30, ningún inversor de la industria se arriesga a iniciar nuevos proyectos en este segmento de la oferta. Pero de esos 10 millones de barriles de oferta de alto costo que están en producción, la mayor parte t iene costos operativos (lifting costs) inferiores a 30 dólares. De allí que mientras se derrumbó el nivel de actividad (número de equipos trabajando) en los no convencionales de Estados Unidos, la producción de shale oil se redujo sólo 400.000 barriles día respecto al pico. Según un estudio de Wood Mckenzie, aún el presal de Brasil y las arenas bituminosas de Canadá se pueden seguir explotando con costos operativos de alrededor de u$s 20. El ciclo bajista va a terminar cuando caiga la producción y se reduzca la oferta (la de alto costo, la de la OPEP, la extra OPEP, o una combinación de ellas). En esto hay intereses convergentes de todos los productores (OPEP y no OPEP). El problema es hacer coincidir la agenda mientras se especula en la debilidad del otro para sostener la producción. Irán puede colocar 500.000 barriles adicionales/día y Arabia Saudita puede precipitar una guerra de precios mientras los crudos de alto costo mantienen volúmenes productivos razonables sostenidos por costos marginales de corto plazo. En esas circunstancias el precio del barril seguirá sin piso. Pero en algún momento los intereses de los productores (de alto y bajo costo) se van a realinear y el precio del petróleo iniciará su recuperación sostenida. En este escenario de timing impreciso lo que sí podemos saber es que el precio del petróleo tendrá un nuevo techo establecido por los costos marginales de largo plazo de la producción no convencional de Estados Unidos.

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En busca de una nueva política ambiental

29 de enero de 2016 | La Nación - Alieto Aldo Guadagni – Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. El gobierno del presidente Macri tendrá la responsabilidad de ejecutar una nueva política ambiental que ayude a preservar nuestro planeta. Se requerirán múltiples iniciativas que le permitan a nuestro país contribuir eficazmente en los próximos años a una reducción global de las emisiones contaminantes de CO2. Las evidencias científicas son contundentes, ya no hay dudas de que las emisiones de CO2 están contribuyendo aceleradamente a l aumento de la temperatura en todo el planeta. Estas emisiones son generadas por el consumo de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), más algunas prácticas agropecuarias y la acelerada deforestación. El impacto del cambio climático ya ha comenzado a sentirse: altas temperaturas, tormentas, inundaciones y sequías. El cambio climático es el principal problema de naturaleza global que enfrenta toda la humanidad en el siglo XXI. El año 2015 fue el más caluroso desde que se llevan registros (1880) y los 10 años más calurosos han ocurrido desde 1998. Según la NASA cada año de la última década fue más caluroso que el anterior. En los últimos años se han registrado en el mundo algunos avances en los esfuerzos por reducir las emisiones globalmente contaminantes pero, como se ha visto en la última reunión de Naciones Unidas celebrada en París a fines de 2015, aún estamos lejos de poder asegurar la preservación del clima para las futuras generaciones. La mejor manera de enfrentar hoy la grave amenaza del cambio climático es continuar avanzando por el sendero del progreso tecnológico, desarrollando nuevas iniciativas que sean amigables con nuestro planeta. Es cierto que no ha concluido aún la era de los combustibles fósiles nacida a fines del siglo XVIII, pero ya hemos comenzado a transitar hacia su fin. Es posible que los cambios tecnológicos abaraten aún más las diversas formas de energías limpias, desplazando así de una manera gradual pero constante las tradicionales energías fósiles. Existen evidencias que indican que, por ejemplo, tanto la energía solar como la eólica han reducido sus costos en los últimos años, al punto tal que ya comenzaron a competir con las fósiles, sin necesidad de incentivos o subsidios. Claro que esto exige que no continúe la torpeza de seguir subsidiando, en muchos casos, las energías fósiles. Las nuevas energías renovables podrán dar lugar en el futuro al desarrollo de nuevos sectores productivos, capaces de absorber crecientes flujos de inversiones privadas. En la última década los costos de las energías renovables han disminuido, razón por la cual las inversiones en estas actividades se han multiplicado más de seis veces, según informa la Agencia Internacional de Energía (IEA por su sigla en inglés). El reciente Acuerdo de París no es tan bueno como pudo haber sido, aunque fue mejor que lo que no pocos esperaban. Las carencias en los acuerdos logrados fueron muchas, por lo que es esencial definir sin demoras acuerdos internacionales más ambiciosos y con carácter vinculante. En la reciente encíclica Laudato Si', el Papa nos recuerda la vigencia del mandato bíblico: "Labrar y cuidar el jardín del mundo" (libro del Génesis 2,15). Se trata de "cuidar", no de degradar, nuestro planeta. Es evidente que enfrentar eficazmente la amenaza climática exige una solución global. También es evidente que el creciente riesgo causado por más emisiones globales plantea la urgente necesidad de una autoridad global, ya que está comprometido un importante bien común global. Por esta razón es necesario que las negociaciones internacionales apunten, como propone Stefano Zamagni, a la creación de una Organización Mundial del Ambiente (OMA). Para garantizar la salvaguarda del ambiente en nuestro planeta es urgente que los países acuerden la creación de una autoridad global, que tenga un poder efectivo y cuya legitimidad sea reconocida por todas las naciones. La propuesta argentina, presentada en París por el anterior gobierno, es insuficiente, ya que si todas las naciones hubiesen presentado una propuesta similar a la nuestra, la temperatura global subiría cuatro grados centígrados, sobrepasando ampliamente la meta de no cruzar la barrera crítica de los dos grados. La tarea del Gobierno será elaborar ahora una nueva planificación ambiental que apunte a respetar el medio ambiente y que debería incluir un programa concreto y financiable de iniciativas de eficiencia y conservación energética. Si nosotros acordamos actuar a partir de ahora con más sensatez ambiental deberíamos, por ejemplo, acordar una propuesta nacional que propicie la expansión de las nuevas energías limpias y también de las tradicionales, como la hidroelectricidad (con cuidado del ambiente local). Nuestro gran potencial hidroeléctrico nos está ofreciendo oportunidades de aprovechamiento futuro, pero sin "capitalismo de amigos". Es hora de revertir el proceso de "fosilización" de la energía que se impulsó durante la última década. Los combustibles fósiles han cubierto casi totalmente el incremento en la generación eléctrica entre 2003 y 2014, ya que las energías hidroeléctrica, nuclear, solar y eólica apenas aportaron un 4% del incremento de generación eléctrica. Por esta razón las emisiones de CO2 en nuestro sistema eléctrico se incrementaron un 80% desde el año 2004. Un hecho es ya evidente: respetar el límite de los dos grados centígrados exige una acción global de las naciones, pero también un aporte de nuestro país que contribuya eficazmente al esfuerzo global. Esperemos que la voluntad política de cuidar la Tierra para nuestros hijos pueda expresarse en un gran acuerdo nacional que supere la división entre oficialistas y opositores, ya que todos vivimos en la misma "casa común", como bien dice el papa Francisco.

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Hasta los optimistas toman recaudos por la caída del crudo

29 de enero de 2016 | The Wall Street Journal | Gregory Zuckerman - Periodista

¿Hasta dónde llegará la caída de los precios del petróleo? Incluso quienes más confían en que un repunte es inevitable están cubriendo sus apuestas. Avenue Capital Group, Och-Ziff Capital Management Group LLC, Carlson Capital LP y GSO Capital -del gigante de private equity Blackstone Group LP- son algunas de las firmas que han recaudado dinero de inversionistas o lo están haciendo para volcarlo al sector energético, dicen fuentes cercanas. Estas empresas, sin embargo, no quieren ser víctimas de las bruscas caídas de los precios que afectaron a los inversionistas que les precedieron y actúan con mayor precaución. Algunos fondos se están enfocando en créditos garantizados que tienen prioridad a la hora de ser pagados en caso de que las empresas de energía tengan problemas con sus deudas. Otros han comprado coberturas para protegerse contra nuevos declives de los precios del petróleo o del gas natural. Estas medidas disminuyen las posibles ganancias de estas inversiones, pero protegen contra el riesgo de entrar demasiado prematuramente a un mercado que sigue en caída. David Rubenstein, fundador del fondo de private equity Carlyle Group, señaló el mes pasado que anticipa "tal vez las mejores oportunidades de inversión en energía que hemos visto". Marc Lasry, fundador del fondo de cobertura Avenue Capital, ha calificado la energía como "una oportunidad que sólo se presenta una vez en la vida". La cotización del petróleo ha seguido su descenso después de esos comentarios optimistas, al igual que las previsiones acerca de la economía global. De todos modos, Lasry y otros han sostenido que quienes inviertan con la mentalidad adecuada pueden limitar sus pérdidas. La deuda de algunas empresas de hidrocarburos de alto perfil se ha transado a menos de 40 centavos por cada dólar nominal, lo que aumenta la probabilidad de que se produzca una oleada de reestructuraciones. Si las compañías de energía eluden la bancarrota, los inversionistas obtendrán grandes retornos en bonos de bajo precio y alto rendimiento, remarcó Lasry. Si muchas empresas estadounidenses de exploración y producción dejan de operar, señaló, la producción de petróleo de ese país se derrumbará, lo que podría establecer un piso para los precios globales. El precio de referencia en EE.UU. acumula un desplome de cerca de 70% desde junio de 2014. El miércoles, el precio del crudo dulce y ligero para entrega en marzo cerró con un alza de 2,8%, a US$33,22, en la Bolsa Mercantil de Nueva York. El Brent, el precio de referencia global, subió 2,4%, a US$33,89, el barril en el mercado ICE Futures Europe. "La única manera de salir perjudicado es si el petróleo cae a US$20 el barril y se queda ahí durante uno o dos años", dijo Lasry. "Estoy dispuesto a hacer esa apuesta porque si el petróleo llega a US$20 el barril y se queda allí, eso significa que toda la industria está en la quiebra". Avenue ha comprado deuda senior de la compañía de exploración Halcón Resources Corp. y del operador de plataformas petroleras Ocean Rig UDW Inc., que pagan un interés anual de más de 10%. Si las empresas sobreviven, Avenue recibirá estos altos rendimientos de los bonos. De lo contrario, la firma dice que tratará de transformar la deuda en acciones. Baupost Group LLC, un fondo de cobertura que invierte en empresas que considera baratas dirigido por Seth Klarman, acaba de adquirir cerca de 20% de una emisión de bonos vendida por American Energy Partners-Permian Basin LLC, la empresa de hidrocarburos de Aubrey McClendon, ex presidente ejecutivo de Chesapeake Energy Corp. Los bonos senior, respaldados por activos de la cuenca Permian, que es productiva y de bajo costo, ofrecen rendimientos de 13% y contienen cláusulas que le otorgan prioridad a Baupost en el pago en caso de una reestructuración de la deuda, dicen inversionistas. Monarch Alternative Capital LP ha estado comprando varias coberturas para proteger sus inversiones en empresas de energía en problemas, incluyendo derivados cuyo valor aumenta cuando caen los precios del petróleo, según un inversionista. El fondo de cobertura también ha participado en varios procesos de reestructuración en los que piensa que puede ayudar a extraer más valor al tomar medidas como rechazar o renegociar varios contratos. En lugar de hacer una apuesta directa a un repunte de los precios de la energía, "es mejor enfocarse en conseguir activos de calidad, protegerse contra el riesgo de las materias primas y crear valor en el proceso de reestructuración al rechazar contratos y reducir" varios costos, dice Andrew Herenstein, director gerente de Monarch. Ninguna de estas estrategias garantiza el éxito. Las reestructuraciones de deuda pueden ser complicadas y prolongadas y no hay certeza sobre los beneficios si el precio del crudo sigue en baja. GSO Capital actúa con cautela. La filial de Blackstone ha invertido cerca de US$100 millones de un fondo de US$3.500 millones dedicado a la energía que levantó el año pasado, según fuentes cercanas, y evalúa nuevas inversiones. Algunos de los fondos que están haciendo inversiones frescas en energía han tenido que asumir pérdidas de inversiones anteriores en el sector. Avenue, por ejemplo, recaudó US$1.300 millones en un fondo hace unos 10 meses. Ha perdido unos US$200 millones de los cerca de US$600 millones que ha invertido de ese fondo, según un inversionista. Avenue ha invertido alrededor de 5% del fondo cada mes, añadió la fuente. Inversionistas especializados en deuda como Apollo Global Management LLC, Brookfield Asset Management Inc., Cerberus Capital Management LP, Oaktree Capital Group LLC y Silver Point Capital LP han comprado deuda con descuento de empresas de energía que se han acogido a la ley de bancarrota o están cerca de hacerlo, pero la deuda ha seguido cayendo ante el derrumbe de los precios del petróleo y el gas. "Cualquiera que haya apostado a un alza de los precios de la energía en el último año fue vapuleado", reconoce Herenstein, de Monarch.

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Genneia logra récord de generación en el Parque Eólico de Rawson

29 de enero de 2016 | Energía Estratégica

A cuatro años de su puesta en marcha, el parque de Genneia ya generó 1.150.000 MWh, permitiéndole a la Argentina un ahorro de 238 millones de dólares en importación de combustibles y evitando que 782.000 toneladas de

dióxido de carbono se liberaran a la atmósfera. En 2015, se logró una producción de energía limpia de 286.100 MWh. El Parque Eólico Rawson (PER), de Genneia, el más importante de la Argentina, mantuvo su elevado standard en generación de energía renovable al alcanzar una producción total de 1.150.000 MWh entre 2012 y 2015. Esta generación de energía le posibilitó a la Argentina un ahorro total de 238 millones de dólares en materia de combustible sustituido de importaciones y originó una reducción de emisiones de CO2 de 782.000 toneladas, el equivalente a lo que liberan anualmente 261.000 automóviles. En cuanto a la producción de 2015, el PER entregó 286.100 MWh de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional. El 1.150.000 MWh producido por el PER se constituye en un récord de generación eólica para un parque de nuestro país y estimula el liderazgo de Genneia en el desarrollo de la energía eólica. Desde que la compañía puso en marcha el PER, en la Argentina se generó 1.968.000 MWh de energía eólica. Por lo tanto, Genneia produjo en cuatro años el 59 por ciento de esta clase de energía en nuestro país. El parque de Genneia, situado en la provincia de Chubut, cuenta con 43 aerogeneradores Vestas de 1,8 MW de potencia cada uno. En los cuatro años de operación comercial ha cumplido siempre con las expectativas previstas en cuanto a su rendimiento y con el objetivo planificado de abastecer con energía limpia el consumo eléctrico de 100.000 hogares de la Argentina. Durante 2015, Genneia también ha superado la generación de energía anual en el conjunto de fuentes térmica más eólica: alcanzó los 1.100 GWh en los últimos doce meses, de los cuales el 74 por ciento han sido de origen fósil y el 26 por ciento restante de recurso eólico. La compañía también es propietaria y operadora de 9 centrales térmicas en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut por un total de 280 MW. Para 2016, los desafíos de Genneia estarán concentrados en la continuidad de la generación de energía tanto renovable como térmica y en la construcción del primer módulo (50MW) del Parque Eólico Madryn, cuyo proyecto total es de 220 MW. Se estima que la primera etapa estará lista en 20 meses y la totalidad de la obra en tres años y medio. Acerca de Genneia GENNEIA S.A. es una empresa dedicada a la provisión de soluciones energéticas sustentables, que concentra sus actividades en el mercado de generación de energía eléctrica y pone especial énfasis en la inversión y desarrollo de proyectos que contemplen la utilización de recursos renovables.

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Río Negro pide que el tarifazo no afecte la producción

29 de enero de 2016 | Diario Río Negro

El ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, expuso la preocupación de la administración rionegrina por el impacto sobre la producción de la quita de subsidios a las tarifas energéticas y el aumento de los precios de la electricidad. "Todavía no tenemos los efectos cuantitativos del perjuicio que puede llegar a causar pero la impresión inicial es que, evidentemente, estaban subsidiando a sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense sin discriminar entre los que lo necesitaban y los que podían pagar al verdadero costo", reflexionó el ministro. El gobernador Alberto Weretilneck habló escuetamente del asunto, tras el acto de aniversario de El Bolsón. "Nuestra provincia tiene tres distribuidoras de energía eléctrica: Edersa, la Cooperativa de Electricidad Bariloche y la de Río Colorado, y si se da un incremento en el costo de la energía eléctrica, repercutirá en la tarifa". Reconoció que el costo de abastecimiento mayorista "es una parte no es un todo, con lo cual hay que analizar ese impacto." Y agregó: "si hay una quita de subsidios directa del gobierno nacional a los usuarios, el impacto puede ser otro. No aventuraría cual será el impacto que tendremos en este sentido, y esperemos tenerlo en las próximas 48 horas", añadió. Para Di Giacomo, "estaba claro de que se trataba de un subsidio centralista que nosotros en la periferia no ligábamos mucho siendo una provincia productora (de energía), y hay que aceptar que una corrección había que hacerse". Sin embargo, advirtió que "lo que preocupa es si va a afectar al sector productivo cuando hablamos de grandes consumidores y no del residencial". En ese sentido, apuntó que si el aumento se aplica a los sectores comercial e industrial "hablamos de perjuicio a las pymes, de galpones de empaque, de distintas empresas frigoríficas que en la zona son importantes dentro de la generación bienes". Nada indica que la decisión nacional no vaya a alcanzar al sector comercial ni al productivo. El ministro puso énfasis en señalar que "debe existir una consideración especial para no perjudicar a la pequeña y mediana empresa, y por ahora (esta decisión) no aparece". Reconversión

Por otro lado, hizo mención a que se viene un "tema complejo" en virtud de que en las construcciones nuevas muchos edificios vienen siendo proyectados en base a la utilización de electricidad solamente y no existen instalaciones de gas. Observó que si existen futuros cortes de electricidad en cualquier momento pueden aparecer garrafas en los departamentos con el riesgo que ello significa (AV/AB/AEB).

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Chaco: Peppo pedirá a la Nación equidad en el costo de la energía

29 de enero de 2016 | Chaco Día por Día

El gobernador Domingo Peppo anticipó que el próximo miércoles se reunirá con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, para tratar la situación de Chaco ante el anuncio del gobierno nacional sobre la quita de subsidios a las tarifas de luz eléctrica y gas. Si bien aún no se especificó cuál será el impacto real en las boletas por el consumo, el gobernador adelantó algunos números respecto de cómo esta medida repercutirá en ciertos valores. "Para que tengan idea, el Chaco estaba pagando, un valor de $70 o $71 de tarifa plana; ahora va a pasar a pagar $320. De una facturación mensual que tenía la empresa Secheep con la empresa Camesa de distribución de energía, de alrededor de $25.000.000, ahora va a pasar a cerca de $90.000.000. Eso a su vez hay que hacer el cálculo de la incidencia en la tarifa que va a tener un crecimiento, no creo en ese orden, pero sí importante y fundamental", afirmó en una conferencia de prensa. En relación a los subsidios el gobernador estimó que habría una definición, para quienes tienen un consumo menor a 150 kilowatts, con una tarifa diferencial y social relativamente importante". En cuanto a las expectativas sobre la reunión con el ministro Aranguren, el mandatario adelantó que pedirá "garantizar mejores condiciones regionales, esencialmente y en especial en la provincia del Chaco teniendo en cuenta que nuestro sistema está basado prácticamente en la electricidad". Reparó en la desigualdad frente a otras provincias en relación al gas, "que lo pagamos muy caro también a partir del uso que tenemos con garrafas; esto también nos genera una desigualdad de oportunidades". "Este miércoles se planteó esto porque queremos, como nos dice el gobierno nacional, que también ellos busquen una Argentina más equitativa. Y entonces debemos ser equitativos también con la cuestión energética, cuando sabemos que Capital Federal está pagando facturas de luz y de gas de diferencias importantes a las que se está pagando en el interior", sostuvo el gobernador. Por último, Peppo vaticinó, al margen de lo que empiece a negociar la próxima semana, una fuerte suba a partir de esta qui ta de subsidios. "Va a impactar fuertemente seguramente en la facturación ya del consumo de febrero, porque esto va aplicado desde ese mes", señaló. No obstante ello, manifestó que toda información que haga a mayores precisiones sobre el impacto de esta medida del gobierno nacional tomará estado público para mantener al tanto a la población.

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Solo durante enero, se fugaron de los mercados emergentes u$s 3600 millones


Los mercados emergentes sufrieron una salida de u$s 3600 millones en inversiones de cartera en enero, debido a que la persistente preocupación por la debilidad de la economía mundial redujo el apetito de los inversores por los activos más riesgosos, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). Los mercados emergentes registraron una salida de fondos por u$s 8900 millones e ingresos por u$s 5300 millones en enero. Así, según comunicó el IIF, se cumplió el séptimo mes consecutivo en que se registra una salida de flujos. En tanto, la región de América Latina recibió flujos de apenas u$s 4200 millones. Los retiros fueron impulsados por la ansiedad de los inversores debido a la desaceleración de la economía china y la devaluación de las monedas emergentes, pero fueron menores a los que se registraron durante el desplome de los mercados en agosto del año pasado. Asimismo, las salidas fueron alentadas por la baja de los precios del petróleo, que cayeron a mínimos de 12 años a comienzos del mes, lo que provocó una mayor volatilidad en los mercados mundiales. A su vez, los modestos ingresos de inversiones a los mercados emergentes fueron ayudados por las expectativas de mercado de que la Reserva Federal postergará el alza de tasas de interés este año.

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Intendentes del PJ piden una audiencia a Aranguren por el tarifazo de luz

28 de enero de 2016 | La Política Online

El grupo de intendentes que más trabajó por gestionar el presupuesto y endeudamiento de María Eugenia Vidal, y que prometió colaborar en la gobernabilidad del gobierno nacional, salió con los tapones de punta frente al tarifazo de luz que dispuso Juan José Aranguren. Martín Insaurralde, Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Juan Zabaleta salieron a exigirle al Ministro de Energía que llame a una audiencia pública para explicar los aumentos, que según entienden los intendentes "excluyen a los más humildes". Es que las facturas de la luz, que empezarán a regir a partir del lunes, llegarán con enormes incrementos de hasta el 345 por ciento, y para que el golpe no sea tan fuerte, impusieron una facturación mensual del servicio. "Es una medida realmente alarmante por el impacto que causará en el bolsillo de la mayoría de los trabajadores y en la economía de las PYME e industrias de nuestros municipios y los de toda la provincia de Buenos Aires", sostuvieron los jefes comunales, y aseguraron que hablan "en representación de muchos otros". Para despuntar su costado opositor, los intendentes aseguraron que el gobierno nacional "está preocupado por reducir el gasto y recaudar más sin contemplar las políticas públicas que amparan a jubilados, hogares multifamiliares, trabajadores informales, titulares de programas sociales, vecinos con seguro de desempleo y de escasos recursos". Para ellos, las nuevas reglas "excluyen a los sectores más humildes que, hasta ahora gozaban de un sistema de subsidios, y no cumplen con el marco regulatorio de energía eléctrica". Los intendentes también recordaron que las audiencias públicas "habilitan la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, donde todos aquellos que puedan sentirse afectados por una medida que habrá de adoptarse, manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva con relación a la misma". En ese sentido, prometieron que van a "convocar a todas las asociaciones de Defensa al Consumidor de nuestros municipios para trabajar de manera conjunta y exigir que se cumpla con la normativa vigente, en un tema tan trascendente para la sociedad". < VOLVER AL INICIO


Consumidores advierten que la tarifa social no alcanza y reclaman audiencias públicas

29 de enero de 2016 | Tiempo Argentino | Randy Stagnaro

En el día después del tarifazo de electricidad dispuesto por el gobierno nacional, asociaciones de consumidores y economistas relativizaron el impacto neutralizador de la tarifa social y advirtieron que el gobierno debería llamar a audiencia pública antes de determinar nuevos valores en la generación eléctrica. Ayer, el Ministerio de Energía y Minería le dio una vuelta de tuerca al tema con la publicación de la Resolución 7/2016 en la que determinó una serie de puntos que complementan la Resolución 6 de anteayer. Por caso, en un Anexo, explicó cuáles serán los criterios que se tomarán en cuenta para que los clientes de las distribuidoras eléctricas puedan acceder a la llamada tarifa social. Según algunos expertos, hasta el 20% de los usuarios podría ser beneficiario de la tarifa social. Ayer, el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Busetti, cuestionó que las nuevas tarifas sociales no contemplan "muchos hogares que en un inmueble viven dos o tres familias de escasos recursos, que tienen un consumo muy importante y que van a pagar este aumento, y tal vez tengan dificultades". En el mismo sentido, el economista Roberto Dvoskin indicó que "cuando se determina un aumento tarifario, esto va impactar en el salario, y el gobierno debe compensarlo. La tarifa social abarca a 600 mil personas inscriptas, pero la cantidad real de beneficiarios debería ser cercana a los dos millones de personas", calculó. De acuerdo con las condiciones que determinó el Ministerio de Energía y Minería para acceder a la tarifa social, se estipuló: -Ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional. -Personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vital y Móvil (SMVM). -Ser titular de programas sociales. -Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social. -Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239). -Estar percibiendo el seguro de desempleo. -Contar con certificado de discapacidad. La medida instruye al ENRE (Ente Nacional de Regulación de la Electricidad) a aplicar el beneficio de la tarifa social al universo de usuarios definidos, con las excepciones correspondientes, previa intervención del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente de la Presidencia de la Nación. Por otro lado, la resolución firmada por el ministro Juan José Aranguren establece que se excluirá del beneficio a quienes sean titulares de más de un inmueble, según los datos del respectivo Registro de la Propiedad; a los usuarios con automotores cuyos modelos tengan hasta 15 años de antigüedad y a los que posean aeronaves o embarcaciones de lujo. Respecto de la falta de audiencias públicas, Busetti, de Deuco, criticó su falta para tratar el tarifazo. El experto aseguró que se debe convocar una audiencia pública para explicar los aumentos en las tarifas de luz y denunció que

el Ministerio de Energía sólo "contempla el interés de las distribuidoras y el fiscal". En ese sentido, aseguró que están estudiando la presentación de un amparo en la justicia. "La Ley 24.065 es clara y establece que toda modificación del régimen tarifario tiene que tener una convocatoria a audiencia pública, donde el Ejecutivo explique por qué de la reducción de subsidios", explicó. La eliminación de los subsidios al consumo eléctrico abrió un debate acerca del rol de los subsidios. Para Dvoskin, "el primer efecto del aumento tarifario es económico porque el que estaba subsidiado era el consumidor final, ya que era el Estado el que pagaba parte de su tarifa, y las empresas cobraban", explicó. En cambio, el director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), Federico Bernal, subrayó que los subsidios a las tarifas energéticas que el gobierno decidió recortar "cumplían una acción promotora de bienestar para los ciudadanos y de competitividad progresiva en la industria". « Publican las nuevas tarifas domiciliarias El gobierno nacional dará a conocer hoy el nuevo cuadro tarifario para los usuarios de energía eléctrica de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Esas serán las tarifas que pagarán los usuarios de Edenor y Edesur, las dos compañías que tienen la concesión del servicio eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, en la Resolución 6 publicada ayer en el boletín Oficial, el Ministerio de Energía ordenó a Edenor y Edesur implementar la facturación mensual del servicio (hasta ahora era bimestral) y dispuso la eliminación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), elprograma de incentivo del ahorro energético.

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La luz se ajustará por inflación cada seis meses. Diario de Noticias- 29... · > Santa Fe (EPE):...

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