LA ACCIÓN SINDICAL DE UGT EN LA TRAMITACIÓN DE LA LGT

Índice

1. Introducción a la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 9/2014)........................................4

2. Diagnóstico del Modelo Sectorial de Competencia: Un modelo agotado e insostenible.........6

3. Posicionamiento de UGT: Nuestro Modelo de Sector..............................................................31

4. La Acción Sindical de UGT durante la tramitación de la LGT...................................................34

5. Redactado final: Resumen y valoración...................................................................................64

6. Futuro de la Ley: Plan de Acción..............................................................................................68

Lista de Ilustraciones y Tablas

Figura 1. Porcentaje de Hogares con acceso a Internet, año 2013, Eurostat.................................7

Figura 2. Evolución del Porcentaje de Hogares con acceso a Internet, 2004-2013, Eurostat........8

Figura 3. Porcentaje de penetración Banda Ancha mediante línea fija, año 2013, Digital Agenda

Scoreboard....................................................................................................................................9

Figura 4. Evolución del porcentaje de penetración Banda Ancha, 2006-2013, Digital Agenda

Scoreboard..................................................................................................................................10

Figura 5. Porcentaje de personas que se conectan a Internet una vez a la semana, 2013,

Eurostat.......................................................................................................................................11

Figura 6. Evolución del porcentaje de personas que se conectan a Internet una vez a la semana,

2006-2013, Eurostat.....................................................................................................................11

Figura 7. Porcentaje de Individuos que no usan Internet, 2013, Eurostat...................................12

Figura 8. Evolución del porcentaje de individuos que no usan Internet, 2005-2013, Eurostat...13

Figura 9. Tabla de Indicadores de adopción y uso de Internet, España-EU28, 2013, Agenda

Digital Scoreboard........................................................................................................................14

Figura 10. Comparativa internacional de infraestructuras de redes fijas, Ofcom, Infrastructure

Report 2013 Update.....................................................................................................................15

Figura 11. Comparativa internacional de infraestructuras de redes móviles, Ofcom,

Infrastructure Report 2013 Update..............................................................................................15

Figura 12. Cobertura de LTE en Europa, 2013, Agenda Digital.....................................................15

Figura 13. Evolución de las conexiones móviles por cada 100 habitantes entre 2007 y 2012,

Ofcom, Infrastructure Report 2013 Update.................................................................................16

Figura 14. Disponibilidad de Redes NGN, Ofcom, Infrastructure Report 2013 Update...............17

Figura 15. Cobertura de Redes NGN (FTTP, VDSL y cable Docsis 3.0), 2013, Agenda Digital.......18

Figura 16. Penetración de líneas de velocidades hasta 30 Mbps, 2013, Agenda Digital..............18

Figura 17. Penetración de líneas de velocidades hasta 100 Mbps, 2013, Agenda Digital............19

Figura 18. Comparativa Internacional de Infraestructuras de Comunicaciones. Ofcom,

Infrastructure Report 2013 Update..............................................................................................20

Figura 19. Evolución de los empleados en el Sector de las Comunicaciones entre 1998 y 2013,

datos CNMC.................................................................................................................................21

Figura 20. Evolución del IPC, 1998 a julio de 2014. INE...............................................................22

Figura 21. Evolución de los ingresos de las operadoras españolas, 2005-2013, CNMC...............25

Figura 22. Comparativa de la evolución de la facturación de las empresas del Sector y del

número de empleados contratados. Datos de la CNMC..............................................................26

Figura 23. Peso de las operadoras de telecomunicaciones en el PIB español. Datos y previsiones

de Analysys Mason, Western Europe telecoms market: concise trends and forecasts

(8 countries) 2014-2019...............................................................................................................26

Figura 24. Previsiones de inversión en España, sólo en FTTH, hasta 2019. Datos de Analysys

Mason (CAPEX en dólares)...........................................................................................................28

Figura 25. Porcentaje de líneas FTTH por operador, cuarto trimestre 2013, datos CNMC..........29

Tabla 1. Inversiones de los principales operadores nacionales. Datos extraídos de las cuentas

oficiales presentadas por los operadores; confección propia......................................................27

Tabla 2. Tipo de acceso de los clientes de los operadores alternativos. Comisión Europea,

Broadband access in the EU: situation at 1 July 2013.................................................................28

4 Información de UGT Comunicaciones

Introducción a la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 1. 9/2014)

Más de una década ha tenido que transcurrir para poner al día a la que, posiblemente, sea la

Ley más importante del entorno de las nuevas tecnologías en España. Demasiado tiempo, sin

duda. En un mundo digital, donde el dinamismo está implícito en su naturaleza, once años es

una eternidad.

Una Ley de Telecomunicaciones no es una ley más. Las TIC son un elemento esencial en la

sociedad del siglo XXI, y todas ellas se apoyan en unas infraestructuras de comunicaciones que

deben ser accesibles, asequibles, de calidad, universales y precursoras de crecimiento y empleo.

Las telecomunicaciones son el pilar trasversal y estratégico en donde se apoya el futuro de la

economía digital. Un precedente ineludible de puestos de trabajo de alto valor añadido, de la

productividad y de la innovación. Esta Ley sustenta elementos vitales para los intereses generales

de todos, y por tanto, debe analizarse con el detenimiento que se merece.

La revisión aprobada por las cortes en mayo de 2014 presenta importantes novedades. Una de las

más destacas es la extensión del alcance del Servicio Universal de banda ancha a una velocidad

de 10 Mbps a todos los hogares en 2017 y de 30 Mbps en escuelas públicas, bibliotecas, centros

de salud y universidades, en este caso, para el año 2015.

La Ley también recoge las prerrogativas europeas de la Agenda Digital, sobre la obligación de que

la banda ancha llegue a un mínimo de 30 Mbps en 2020, y a que al menos la mitad de los hogares

puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100Mbps, en dicho 2020.

Para alcanzar estos hitos, la norma contempla la necesidad de redactar una Estrategia Nacional

de Despliegue de Redes Ultrarrápidas, que visualice los pasos a dar para llegar a tales retos.

Por otra parte, la norma delimita y coordina las actuaciones de las Administraciones Públicas en

el despliegue de nuevas infraestructuras, simplificando las cargas administrativas para la gestión

de licencias, dando lugar a lo que el Gobierno ha denominado Unidad del Mercado.

Sin embargo, la nueva Ley de Telecomunicaciones vuelve a olvidar las legítimas reivindicaciones

de los trabajadores y trabajadoras que conforman el Sector de las Comunicaciones. Así, desde el

punto de vista de UGT, observamos que no se han establecido normas que vertebren un modelo

de Sector basado en la competencia en infraestructuras, cuestión capital para la creación de

nuevo empleo. Del mismo modo, el texto adolece de referencias específicas a la protección

y garantía del empleo actual, y a su mejora paulatina en el futuro. Como hemos defendido

5Información de UGT Comunicaciones

siempre, es necesario tener en cuenta la situación laboral del sector a la hora de legislar y

regular. El futuro de las Telecos no sólo pasa por invertir en redes, sino también en personas, y

las leyes que vertebran nuestro Sector deben servir como instrumento que garantice el empleo

y que posibiliten un crecimiento económico sostenible basado en empleos de calidad y alto valor

añadido.

Del mismo modo, se han desdeñado acciones sociales necesarias, como la ampliación del Servicio

Universal, así como la puesta en marcha de bonos sociales de conectividad para personas con

pocos recursos o como la elaboración de un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica.

Igualmente, la Calidad del Servicio sigue situándose en el furgón de cola de las prioridades de la

ley, ignorando asuntos tales como la necesidad de un medidor de velocidad o una definición más

concluyente sobre la Neutralidad de la Red.

En definitiva, UGT considera que esta ley, sin bien mejora la situación precedente, aún queda

mucho por hacer. Por ello surge la necesidad de que los actores económicos, sociales y sindicales

hagamos un análisis profundo y detallado, tanto de las novedades que comporta como de las

alternativas, viables y necesarias, para su progreso.

Sirva este libro a este propósito, como un documento de análisis, de presentación de iniciativas

y propuestas, en donde UGT pretende mejorar la Ley de Telecomunicaciones para hacerla más

social, que aporte mejor Calidad del Servicio, y por supuesto, que cree más y mejor empleo.


Diagnóstico del Modelo Sectorial de Competencia: Un 2. modelo agotado e insostenible

En innumerables ocasiones UGT ha denunciado la insostenibilidad del actual modelo que

rige el sector de las comunicaciones. Un modelo que lejos de hacer progresar a la Sociedad

de la Información en España, permitir a la ciudadanía disfrutar de servicios de Calidad o que

fomente el crecimiento económico y el empleo, ocasiona, gracias a la laxitud de los legisladores

y reguladores, un enquistamiento en el desarrollo de la Economía Digital en nuestro país.

Obviamente, el Modelo de Sector vigente en España es idéntico al que rige en la Unión Europea,

aunque se agrava, gracias a la connivencia de los gobiernos, para postrarlo a sus intereses.

El Sector de las Comunicaciones representa uno de los principales ejes transversales de

crecimiento en los países desarrollados. Poseer unas redes de comunicación fiables, rápidas,

de calidad y tecnológicamente punteras es símbolo de la prosperidad de una economía. Pero si

Europa se encuentra por detrás del resto de economías mundiales1 en progreso y adopción de

nuevas tecnologías, España, además, se sitúa en el furgón de cola de Europa.

Efectivamente, nuestro país presenta un inconcebible retraso en todos los indicadores de

progreso de la Sociedad de la Información. Así, el número de hogares conectados a Internet,

puede observarse como nos situamos en la cola de Europa y bastante lejos de la media de los 28

países de la UE y de la UE-15.

1 EEUU, Canadá, Corea y Japón.


La instantánea que refleja esta figura puede quedar desvirtuada sino trae aparejada una evolución

temporal que nos permita discernir si estamos ante una realidad permanente u ocasional.


La evolución de la figura 2 confirma la foto fija de la figura 1: España está a la cola de Europa en

el número de hogares con acceso a Internet, por detrás de la media europea y en cuarto lugar

dentro del denominado UE-52.

El diferencial no puede considerarse como testimonial sino que es sumamente significativo: casi

20 puntos porcentuales con el Reino Unido y con Alemania y 13 p.p. con Francia. Un abismo en

términos estadísticos. Una tragedia desde el punto de vista del desarrollo de la Sociedad de la

Información en España.

Este retraso no mejora cuando cuantificamos las conexiones a Internet mediante banda ancha,

un tipo de medición complementaria a la anterior y que nos permite apreciar el arraigo de la

Sociedad de la Información en España3. Para ello, acudiremos a los números que proporciona la

Digital Agenda Scoreboard (DAS):

2 Cinco principales economías de la Unión Europea: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España.3 Parece obvio colegir que una Sociedad avanzada tecnológicamente presente un mayor requerimiento de conexio-nes a Internet mediante banda ancha, más rápidas, fiables y productivas que una conexión de banda estrecha.


España repite la misma mediocridad que en el caso anterior, reforzando su retraso con respecto

a la mayoría del UE-5 y su pobre evolución en comparación con Alemania, Francia o la propia

media europea –de hecho, en 2006 presentábamos porcentajes similares a Francia y a la media

europea, mientras que el 2013 el diferencial se había incrementado a 9 y 7 p.p., respectivamente.

En el caso de Alemania, el diferencial se ha triplicado en siete años-.

Esta lamentable situación se extrapola a otro de los principales ítems: el uso y frecuencia que

hacen los ciudadanos/as de Internet. Este parámetro es complementario al de viviendas con

acceso a Internet, y tratados de forma conjunta, describen de forma muy aproximada cómo una

sociedad está integrada en el mundo digital.


El porcentaje de usuarios frecuentes de Internet trae a colación otro indicador sumamente

relevante: el de personas que nunca han usado internet, es decir, los ciudadanos excluidos de la

Sociedad de la Información.

Pues bien, atendiendo a los datos que proporciona Eurostat, 11,2 millones de españoles y

españolas nunca han entrado en Internet4; más de 11 millones de ciudadanos/as se encuentran

excluidos de la Sociedad de la Información en España.

La comparativa europea no puede ser más concluyente y desoladora: España se encuentra a

la cabeza de las naciones con más excluidos de la Sociedad de la Información, a años luz de los

países nórdicos y de la media europea.

4 En 2013, Eurostat contempla una población Española compuesta por 46.727.890 de habitantes.


Como en los ejemplos anteriores, la evolución tampoco invita al optimismo: la tendencia es

idéntica al del resto de países limítrofes, no se recortan las diferencias, lo que nos enquista como

los últimos de Europa:

Tampoco es probable que España alcance el objetivo de la Agenda Digital para este indicador:

disminuir hasta el 15% la parte de población que nunca ha usado internet en 2015. Si se observa

la secuencia, en tres años el porcentaje ha decrecido solamente en un 8%, cuando debemos

reducirlo en un 9% en dos años para cumplir con lo estipulado por Bruselas5.

De este modo, la foto fija que presenta España, en comparativa con la media europea en cuanto

a la adopción de Internet, sería la que sigue:

5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:es:PDF


Todos estos indicadores evidencian que España vive en medio de un indignante retraso en el

ámbito de la Sociedad de la Información, por lo que cabe concluir que las leyes predecesoras

sobre Telecomunicaciones no han sido, precisamente, exitosas.

Otro tanto podríamos decir de nuestro país cuando abarcamos el ámbito de las infraestructuras

de comunicaciones: Desde un punto de vista global, tanto en volumen como en diversidad

de tecnologías, España es deficitaria en infraestructuras con respecto a las principales

economías del mundo.

Así, por ejemplo, Alemania, Reino Unido y Francia, países de nuestro entorno más cercano,

presentan unos índices de cobertura de ADSL muy superiores al nuestro6. Alemania exhibe

una gran fuerza en el cable y el VDSL en pleno crecimiento, lo que posibilita a los ciudadanos

alemanes disponer de más opciones para elegir.

Lo mismo se puede decir del Reino Unido, que posee una alternativa de gran flexibilidad como es

el VDSL. Sólo Italia muestra unas cifras peores que las de España. En cuanto a las economías no

europeas, se observa una elevada diversidad tecnológica. Así, EEUU tiene un 97% de cobertura

de cable, un 86% en ADSL, un 21% en VDSL y un 18 en FTTH. Excepto en el ADSL, EEUU nos

supera en cobertura en todos los tipos de infraestructuras. Similar es el caso de Canadá, aunque

el más llamativo es de Japón, con un 91% de cobertura en FTTH y un 95% en ADSL.

6 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/telecoms-research/infrastructure-report/IRU_2013.pdf


Otro tanto sucede con el mercado de la telefonía móvil: si bien es cierto que nuestros índices de

cobertura en las tecnologías básicas (2G y 3G) son análogos al de resto de potencias europeas e

internacionales –e incluso mejor en cuanto a ratio de móviles por cada 100 personas (ver figura

11)-, cuando hablamos de tecnologías de vanguardia (4G/LTE), nos situamos muy por debajo de

la media de la UE (figura 127)

Desde un punto de vista de crecimiento sostenido, España presenta unos datos pésimos, con

un 2% de incremento desde 2007, el peor registro de todos los casos analizados, mientras que

Reino Unido, Francia, Alemania, EEUU, Japón Canadá o Irlanda presentan dobles dígitos:

7 Agenda Digital Scoreboard (http://ec.europa.eu/digital-agenda/ ).


Tampoco las comparativas sobre infraestructuras de Redes de Nueva Generación son positivas

para nuestro país. Desde un punto de vista de accesos instalados, ya sea fibra hasta el hogar

(FTTH) o hasta un nodo intermedio (FTTB), España vuelve a situarse a la zaga, detrás del Reino

Unido, Francia y Alemania, y a años luz de Japón u Holanda.


Estos datos se refrendan con los que muestra el progreso de la Agenda Digital para Europa8,

que relegan a nuestro país al final de la Unión Europea. Así, en cobertura de redes NGN nos

encontramos lejos de países como Portugal, Reino Unido o Alemania:

8 http://ec.europa.eu/digital-agenda/


Si nos detenemos en el apartado de alta velocidad de conexión a Internet, las cifras no pueden

ser más desesperanzadoras: entre los cinco peores países de Europa en penetración de líneas

con velocidades de hasta 30 Mbps y con poco más de un mísero 1% en el caso de conexiones de

hasta 100 Mbps:


La evidencia nos lleva a concluir que España sufre un sustancial retraso en infraestructuras de

comunicaciones con el resto de países desarrollados y las principales economías de mundo, tal

y como se puede apreciar en la siguiente página, determinando así, de nuevo, que las sucesivas

leyes de telecomunicaciones aplicadas hasta la fecha no han sido provechosas para nuestra

huella de red ni para nuestro inventario digital.


Si en el ámbito social o en el de infraestructuras la situación es lamentable, en el laboral, con

respecto a nuestro Sector, el escenario es dramático: desde la promulgación de la primera Ley de

Telecomunicaciones en 19989, 35.000 puestos de trabajo han desaparecido en nuestro Sector:

El principal motivo que explica esta masiva destrucción de empleo es el Modelo de Sector

que propician las leyes reguladoras, principalmente la Ley General de Telecomunicaciones y el

Paquete Telecom. Ambas normas consolidan un modelo de competencia sectorial basado en la

guerra de precios, un modelo de especial interés para los diferentes gobiernos nacionales.

Efectivamente, poseer un sector altamente deflacionista ha sido un ideal comodín para los

políticos españoles. Desde 1998, los precios, salvo mínimas excepciones, han evolucionado

sucesivamente al alza, muchas veces sin freno, empujados por la vivienda en su momento, por

los combustibles siempre y por el resto de sectores en general. De este modo, nuestro sector

se ha convertido en un contrapeso perfecto que frenase el caballo desbocado del aumento de

precios.

Hasta tal punto ha llegado esta situación que, desde la liberación de las comunicaciones en 1998,

el diferencial entre el IPC global y de las comunicaciones ha alcanzado el -63%:

9 Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.


Figura 20. Evolución del IPC, 1998 a julio de 2014. INE.

Este gráfico muestra a la perfección como se usa a nuestro Sector como elemento equilibrador

de la inflación. Mientras que el índice general de precios mantiene una línea ascendente, que

alcanza el 41,5% de incremento desde 1998, los precios de las comunicaciones no hacen más

que descender hasta un -21,6%.

Y si la anterior ilustración no ha sido suficientemente descriptiva, veamos las siguientes:


Como cabe esperar, esta guerra de precios repercute negativamente en la facturación de los operadores:

Que deriva, antes o después, en una afección negativa en el empleo. No es una afirmación gratuita

la que hacemos. Es lo que prueban los datos, ya que, tal y como se observa en la siguiente gráfica,

existe una clara relación entre descenso del volumen de empleo y la disminución de ingresos:


La sangría de ingresos y trabajadores empleados conforma una pérdida evidente del peso de

nuestro Sector en la economía, con todo lo que ello significa:


En cualquier otro sector, ante tal descenso de ingresos, lo lógico es recortar de raíz la inversión

para ajustar los balances. Pero nuestro Sector es sumamente especial en este sentido, puesto que

el empuje de la demanda es tan fuerte que, recortar en inversiones es, simplemente, condenarse

a la desaparición. Así, para la próxima década, se espera un crecimiento del 54% en la demanda

de volumen de datos y 15% en el número de accesos10, lo cual obliga a los operadores a seguir

desplegando nuevas redes para atender los requerimientos de sus actuales clientes, y para poder

captar nuevos.

De hecho, en nuestro país, los operadores de infraestructuras se afanan en crear nuevas redes

de última generación, ya sean FTTH o LTE:

Hasta el punto que, sólo en fibra óptica, se prevé que la inversión aumente hasta el 1.586% en

2019:

10 Datos de la Asociación GSMA.


Pero, esta inversión, ¿quién la realiza? La respuesta es clara: los operadores con red propia. Así,

según datos de la Unión Europea11, los operadores entrantes en España no han construido

redes propias. Tampoco vale la excusa de que no es rentable, o que no es posible: si se quiere se

puede; Polonia alcanza un 33% de redes propias de los alternativos sobre red ADSL. Los entrantes

españoles NADA.

Además, esta coyuntura no solo no tiene visos de repararse, sino que el futuro apunta a

perpetuarse: ningún operador alternativo invierte de forma solvente en fibra óptica:

11 Broadband access in the EU: situation at 1 July 2013.


Por tanto, toca preguntarse si son justas unas normas que favorecen a aquellos actores que no

sólo no crean empleo, sino que no invierten. Toca preguntarse si es sostenible un Sector en el

cual sólo algunos realizan un esfuerzo económico para que luego otros se aprovechen de él: los

parásitos.

Este contexto sectorial repercute muy negativamente en el progreso de la Sociedad de la

Información. Relega a la Economía Digital a la segunda división de nuestra actividad empresarial

e industrial. Impide el crecimiento productivo del resto de sectores en base a actividades de alto

valor añadido. Acrecienta la Brecha Digital entre personas y regiones. Fragmenta la cohesión

social y territorial. Nos coloca por detrás del resto de economías mundiales, con muy poco

margen para competir. Presiona sobre nuestros empleos hasta el punto de influir en la viabilidad

de los mismos.

Las razones por las que se mantiene esta situación son las mismas de siempre: un modelo de

sector basado en la guerra de precios, en actores que no invierten ni arriesgan ni innovan;

revendedores, arrendadores, especuladores, “alternativos”; en definitiva: oportunistas que no

generan beneficio alguno ni a la Economía ni la Sociedad.

Es evidente que el actual modelo sectorial está agotado. Ha consumido ya su recorrido.

Un modelo sectorial que incentiva la infidelidad de los clientes como única estrategia competitiva


es únicamente factible durante un corto periodo de tiempo. Es imposible prolongar durante más

tiempo la reducción de precios como único eje competitivo.

No es sostenible que aquellos que invierten no puedan explotar sus activos de forma soberana y

autónoma. No es admisible seguir dando tantas facilidades a operadores que en nada contribuyen

y solo parasitan por los recursos de los demás.

El actual Modelo no aporta crecimiento, ni empleo ni rentabilidad a largo plazo. Es un modelo

fallido y es imperativo cambiarlo.


Posicionamiento de 3. UGT: Nuestro Modelo de Sector.

En respuesta al caótico modelo actual, UGT ha propuesto a los reguladores nacionales y europeos,

así como a los legisladores españoles y comunitarios, un nuevo Modelo de Sector para la gestión

y armonización de las telecomunicaciones en España y Europa.

El modelo de UGT se basa en los siguientes pilares:

•La instauración de una competencia efectiva en infraestructuras que estimule la inversión

en redes ultrarrápidas y la Calidad de las Comunicaciones.

•El fomento y la consolidación del empleo, junto con la mejora constante de las condiciones

laborales en los puestos de trabajo.

•La expansión del Servicio Universal y el cierre de la Brecha Digital.

Para ello, creemos necesario acometer las siguientes medidas:

• Que el Mercado Regulatorio sea uniforme para todo el ámbito europeo, evitando el

aumento o el repunte de las desigualdades entre regiones y alentando así la cohesión

territorial. En todo caso, sería admisible una segmentación en mercados geográficos si

redundase, de forma nítida y predecible, en una mejoría en la prestación del Servicio

Universal, y siempre y cuando la citada subdivisión fortalezca los requisitos mínimos de

calidad del servicio, así como el acceso universal a los elementos, permitiendo, en todo

caso, una rápida, coherente e igualitaria expansión del Banda Ancha en toda Europa.

•Que la actual regulación sobre las redes de cobre obligue a los operadores entrantes

a compromisos de inversión a medio y largo plazo. Para ello, debe aplicarse una

normativa en base a una igualdad de trato transitoria, reversible, acotada y vinculada

a compromisos futuros de despliegue de nuevas infraestructuras. Concretando, sus

características deberían ser las siguientes:

• Transitoria: La igualdad de trato (EOI, equivalence of input) se aplicaría durante

un determinado plazo temporal. Por ejemplo: estaría vigente durante los 5

primeros años de actividad del operador entrante, de forma obligatoria; a partir

de esa fecha, cesaría la EOI.


• Reversible: Pasado dicho plazo, el operador perdería sus derechos de EOI y

decidiría si sube por la escalera de inversión y construye su propia red.

• Acotamiento: Se limita únicamente a la red de cobre y el número de bucles

accesibles para el operador entrante se daría en función de la competencia real

en la zona o central telefónica. Igualmente, no se contempla la posibilidad de

bitstream.

• Que la regulación sobre redes de alta velocidad bajo fibra óptica se base en una

caracterización fundamentada en tres tipos de zonas competitivas:

• Zonas Blancas: Aquellas en donde los operadores no invertirán (áreas rurales,

poco rentables o de difícil acceso geográfico), en donde se distribuirán ayudas

de carácter gubernamental para la construcción de redes de alta velocidad,

de carácter abierto y neutro. Asimismo, se empleará el primer y el segundo

Dividendo Digital para proporcionar un Servicio Universal de Banda Ancha

Móvil y de telefonía móvil vocal para terminar con la brecha digital en dichas

zonas.

• Zonas Grises: Aquellas zonas en donde la inversión privada está en duda por la

difícil anticipación del retorno de la inversión. Promulgamos una regulación ex

ante temporal y reversible, con acceso mayorista restringido a compromisos

de inversión futuros. Asimismo, contemplamos la cooperación y los acuerdos

voluntarios entre operadores para el uso compartido de las redes. Finalmente,

se darían ayudas públicas parciales para casos debidamente justificados.

• Zonas Negras: Aquellas zonas de alto potencial comercial y rentables a la

inversión, en donde se suprimiría la regulación ex ante por una estrecha

regulación ex post donde se vigilasen y tutelasen los derechos de los

usuarios y el cumplimiento de las obligaciones de Servicio Universal. Se

proporcionarían estímulos, por parte de los gobiernos nacionales, para el

fomento de la competencia total en infraestructuras, eliminando obligaciones

de acceso desagregado (LLU, local-loop unbundling) e indirecto (bitstream).

Como corolario, exhibimos un gráfico que resume visualmente el modelo

propuesto.


MODELO PROPUESTO POR UGT PARA EL DESPLIEGUE DE LAS NGN: EMPLEO, FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y COMPETENCIA

EN INFRAESTRUCTURAMercado Regulatorio o único de ámbito o europeo


La Acción Sindical de 4. UGT durante la tramitación de la LGT.

En enero de 2013, el Gobierno presenta ante el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para

la Sociedad de la Información su Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones12, como

paso obligado de consulta pública y previo a su remisión a otros órganos consultivos, como las

extintas CMT y CNC, el Consejo Económico y Social (CES) o la Comisión Europea.

Las principales características de este Anteproyecto eran las siguientes:

Simplificación administrativa: El texto presentaba una marcada intencionalidad simplificar las

cargas administrativas para la gestión de licencias, concesiones, ocupación del dominio público,

permisos o autorizaciones. Por ejemplo, se prohibía solicitar información cuando ésta ya se

encuentre en poder de una AAPP. También se sustituían distintos tipos de permisos de obra o

licencias de ocupación por declaraciones responsables por parte del operador, el cual previamente

ha informado de sus planes de despliegue a una autoridad competente, aligerándose así, por

ejemplo, la burocracia para instalar un Estación Base de telefonía móvil.

Competencia en infraestructuras: La propuesta incidía, levemente, en apoyar la competencia

en infraestructuras como modelo de Sector, al tener en cuenta los riesgos en que incurren las

empresas inversoras.

Delimitación y coordinación de las Administraciones Públicas: Unidad de Mercado: Se

estipulaban los límites administrativos entre los diferentes entes públicos y se hace imperativa

su coordinación para facilitar el despliegue de nuevas redes. El fin perseguido es consolidar

la Unidad de Mercado entre ayuntamientos, diputaciones, CC.AA. y administración central,

evitándose actuaciones redundantes o contradictorias que entorpezcan dichos despliegues.

Para ello se creará una Comisión Bilateral que tendrá como función resolver los conflictos entre

las diferentes administraciones y unificar las diferentes metodologías administrativas.

Obligatoriedad de reserva de infraestructuras en nuevas obras. Compartición de infraestructuras

con operadores lineales y de propiedad pública: La ley marca la necesidad de prever la reserva

de infraestructuras de telecomunicaciones en zonas de nueva urbanización, no pudiéndose

imputar a los operadores los gastos de dichas obras. Igualmente, el literal garantiza el derecho

de acceso a las infraestructuras de otros operadores no vinculados a nuestro Sector, como la

red de transporte del Metro, redes de saneamiento o de operadores de gas, agua y electricidad.

12 Recordemos que la ley general de telecomunicaciones es la normativa básica omnicomprensiva que regula, de forma transversal y estratégica, todo el Sector de las Telecomunicaciones en España.


De igual forma, se legisla el acceso a las infraestructuras propiedad de las AAPP con garantías

de igualdad y no discriminación. Finalmente, se estipulan normas para la compartición de los

verticales de acceso a los edificios y sus ICT.

Derechos de los usuarios: Se refuerzan los derechos de los usuarios gracias a la prevalencia de

las normas sectoriales sobre las autonómicas o municipales en lo concerniente a la defensa de

los consumidores.

Espectro radioeléctrico: La nueva norma declaraba medidas para evitar el uso del espectro por

aquellos que no disponen de autorización. Del mismo modo, aclaraba la administración del

espectro, glosando, de manera muy exhaustiva, el control sobre el uso del espectro radioeléctrico,

el mercado secundario de transferencia y cesión de derechos de uso y refuerza la autoridad del

Gobierno en esta materia. Proclama que todas las bandas podrán ser usadas por cualquier tipo

de tecnología (neutralidad tecnológica), aunque bajo plazos se atrasan hasta el 2016. Además,

se constituirá una comisión interministerial sobre el impacto de la radiofrecuencia en la salud.

Tasas: Se observaba un generalizado aumento de las tasas, además de seguir avalando la

polémica Tasa RTVE. Así, aunque se reducía el límite máximo de la Tasa General de Operadores,

se incrementa la Tasa por numeración y el resto de gravámenes.

Regulador Sectorial: CNMC en vez de CMT: La sustitución de la CMT por la nueva CNMC recorría

casi todo el articulado del anteproyecto.

En fecha 4 de marzo de 2013, UGT presentó13 ante los órganos competentes alegaciones al

Anteproyecto, convirtiéndose en el único sindicato que realizaba este ejercicio de compromiso

con los trabajadores y trabajadoras del Sector de las Comunicaciones.

13 El documento original y sus anexos están disponibles en la dirección: http://www.smcugt.org/archivos/elemen-tos/2014/alegaciones_de_ugt_anteproyecto_ley_general_telecomunicaciones.rar y http://www.smcugt.org/archi-vos/elementos/2014/memoria_anteproyecto_ley_telecomunicaciones.pdf


Las alegaciones presentadas por UGT fueron, en síntesis, las siguientes:

• Falta una mayor concreción en el texto que proporcione a los inversores una plena

seguridad jurídica sobre sus planes de despliegue de nuevas redes y el retorno justo de su

inversión. Así, consideramos que la norma debería plantear literales más contundentes

y explícitos al objeto de proteger la inversión inicial, de tal forma que aquellos agentes

inversores se vean incentivados a crear nuevas infraestructuras de alto valor sin perjuicios

inesperados de futuro.

• Al respecto del Servicio Universal, desde UGT seguimos insistiendo en que si queremos

seguir avanzando en igualdad social y en cohesión territorial es imprescindible que

los Estados miembros de la Unión Europea, con el Consejo a la cabeza, se impliquen

decididamente en la financiación del Servicio Universal. El Servicio Universal es una

herramienta de equilibrio social, lo cual es competencia exclusiva de los Estados y los

Gobiernos. Dilatar artificialmente la problemática de quién y cómo se debe financiar el

Servicio Universal no ayuda a avanzar hacia una Sociedad Digital Inclusiva, por lo que

proponemos que se abra un debate público en el que se trate la posibilidad de habilitar

una partida en los Presupuestos Generales de los Estados dedicada a tal efecto.

• En línea con lo expresado por UGT en anteriores consultas públicas sobre el alcance

del Servicio Universal a la Banda Ancha, queremos compartir con el Consejo el estudio

Broadband Availability and Affordability (Anexo 214), confeccionado por la española SVP

Advisors y la belga Van Dijk Management. En él, se cuantifica el coste que tendría ampliar

el Servicio Universal de Banda Ancha a 2 Mbps, que oscilaría entre 132 y 126 millones

de euros. Consideramos que adoptar esta medida es coherente con la evolución de los

servicios, es pertinente para cerrar la brecha digital, es asumible desde un punto de

vista presupuestario y perfectamente posible gracias a la madurez tecnológica de los

portadores inalámbricos. Proponemos ofrecer a la ciudadanía este singular progreso,

que tal y como se explicita en la motivación de la Ley, proporcionaría relevantes avances

para la economía y para los ciudadanos.

• Sobre la Calidad del Servicio, desde el Sector de las Comunicaciones de UGT proponemos

14 Disponible en: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KK3013199


varias medidas a incluir como cuerpo de la Ley, todas ellas adoptadas por otros

reguladores que consideramos debían añadirse a nuestra normativa:

• Solicitamos una mayor transparencia en la información proporcionada a los usuarios,

proponiendo un servicio Web en donde se pueda consultar la velocidad estimada

que puede alcanzar una conexión a Internet, previa introducción de la dirección del

usuario, un número telefónico fijo o el código postal. Con este sistema, cualquier

ciudadano puede consultar, con antelación, qué velocidad estimada ofrece cada

proveedor dependiendo de su localización geográfica15 y 16.

• Complementariamente a esta consulta, se debería poner a disposición de los usuarios

un medidor de velocidad, de probada eficacia y solvencia, en donde se pueda medir

la velocidad real que cursa una determinada conexión en el mismo momento de la

medida, con el fin de que cada usuario pueda comprobar, de primera mano y en

cualquier momento, el rendimiento de su línea. Existen ya muchos ejemplos donde

esta iniciativa ya está disponible, como Italia17, Polonia, Dinamarca18, Eslovenia19,

Croacia20, Brasil21, Portugal22, Ecuador23, Hong Kong24 o EE.UU25.

• Ahondando en esta línea de transparencia, y con el fin de acabar definitivamente con

ofertas generadoras de confusión, como las archiconocidas “hasta X Megas”, opinamos

que sería recomendable un ejercicio de redondeo sobre la velocidad en Mbps que la

velocidad estimada que se espera de la línea en proceso de contratación. De esta forma,

15 En este sentido, cabe destacar el interesante documento confeccionado por el regulador francés ARCEP, “Trente propositions afin d’améliorer les offres faites aux consommateurs de services de communications électroniques”, entre las cuales se encuentra “avant toute souscription d’un abonnement, sur le débit esti-mé de sa ligne et son éligibilité aux différents services proposés par le FAI” (“antes del alta de un cliente, se le debe informar de la velocidad estimada de su línea y la posibilidad de elección de los diferentes servicios ofertados por su proveedor de servicios”).16 Un claro ejemplo de cómo llevar a buen término esta iniciativa podemos verlo en el “Código de Buenas Prácticas” auspiciado por Ofcom, el regulador inglés, disponible en: http://stakeholders.ofcom.org.uk/telecoms/codes-of-prac-tice/broadband-speeds-cop/voluntary-codes-of-practice/ 17 www.misurainternet.it 18 http://bredbaandsmaaleren.dk/maaler.html 19 http://www.komuniciraj.eu/ 20 http://www.hakom.hr/default.aspx?id=1144 21 http://www.brasilbandalarga.com.br/ 22 http://www.netmede.pt/ 23 http://speedtest.supertel.gob.ec/ 24 http://speedtest.ofca.gov.hk/25 http://www.fcc.gov/measuring-broadband-america


la velocidad publicitada se ajustaría al máximo a la velocidad que el consumidor obtiene

realmente durante la explotación de la línea. El contrato, asimismo, deberá contemplar,

de forma clara y concisa, las consecuencias derivadas de una posterior comprobación en

donde se detecte un rendimiento de la línea inferior al estimado, así como los métodos

para realizar tal comprobación26, 27, 28.

• Siguiendo con los derechos de los ciudadanos, proponemos alguna referencia explícita

a la Neutralidad de la Red. Así, nos reiteramos en lo apuntado en nuestra respuesta

a la Consulta Pública sobre Neutralidad de la Red emitida la Comisión Europea, en la

cual manifestábamos (sic): “Creemos y apostamos firmemente por un Internet abierto,

neutro, libre, plural y de acceso igualitario, independientemente de la plataforma

empleada, y en definitiva que verse en que ningún nodo puede tener prioridad, y por lo

tanto se pueda censurar o privilegiar las conexiones”. Por ello, consideramos pertinente

y oportuno consolidar en el texto de la Ley una definición como la propuesta por UGT

como garantía futura de la integridad de la Red y un refrendo perenne a los derechos de

los ciudadanos.

• UGT rechaza de plano la posibilidad de ejercer una Separación Funcional del Operador

Incumbente puesto que no representa una mejora sobre el actual marco de regulación y

puede tener consecuencias perniciosas para el conjunto del Sector de las Comunicaciones,

por lo que no debe ser considerada, y mucho menos, impuesta como remedio obligatorio.

A este respecto, formulamos pormenorizadamente nuestras razones en el Anexo 3.

• Al respecto de la creación del nuevo órgano supervisor, la CNMC, deseamos hacer las

siguientes apreciaciones:

26 El mejor ejemplo de aplicación de esta medida proviene de Brasil, donde su regulador (Anatel) exije a los operado-res con más de 50.000 usuarios ofrecer una velocidad de conexión con un promedio del 60% sobre la velocidad anun-ciada. Este porcentaje se incrementará cada año hasta que en 2014 el promedio mensual será del 80% de la velocidad contratada. La velocidad mínima no puede ser menor del 20% de la velocidad contratada durante 95 por ciento de las mediciones. Este porcentaje crecerá a 30% después de un año y al 40 al año siguiente (http://www.telecompaper.com/news/broadband-quality-rules-enter-into-force-in-brazil--905567).27 Croacia aprovecha el medidor aludido en notas anteriores como prueba en los casos de denuncias ante el opera-dor. Para paquetes de hasta 10 Mbps, en las horas punta de tráfico de Internet (de 19:00 hrs a 23:00 hrs), la velocidad no debe caer por debajo del 50% del máximo anunciado, mientras que para los paquetes de más de 10 Mbps, la velo-cidad no debe caer por debajo del 70% de la velocidad contratada.28 Dinamarca también ha promulgado una ley restrictiva sobre publicidad transparente en lo referente a la velocidad en las conexiones a Internet, la cual entrará en servicio el próximo 1 de marzo de 2013. http://www.dba.erhver-vsstyrelsen.dk/telecom-and-spectrum.


• La unificación de los diferentes reguladores en un único organismo, aun pareciendo

a primera vista un paso lógico en la búsqueda de austeridad y unificación normativa,

entraña una serie de dudas que pueden conllevar problemáticas añadidas a las ya

existentes. Así, y desde un punto de vista estrictamente normativo, fusionar dos

organismos como la CMT y el CNC, que observan los mercados de forma tan disímil (el

primero, lo hace desde una visión sectorial, teniendo en cuenta un posicionamiento

empresarial de partida con uno incumbente y nuevos entrantes, creando una

regulación preventiva, a priori o ex ante, con el fin de fomentar la igualdad de trato

desde el propio inicio de la competencia; el segundo, con una metodología destinada

a la pura competencia de mercados y que siempre actúa de supervisor, es decir, a

posteriori o ex post) puede conllevar lo contrario de lo pretendido: una balumba

jurídica en vez de una seguridad normativa. La disolución de la CMT dentro del

novedoso CMNC podría poner fin a la sensibilidad que acompaña a las complejidades

de nuestro sector, hasta el punto de perpetuar la dinámica, ya turbulenta y perniciosa

de por sí, de competencia sobre precios, desechando la tan necesaria competencia

en infraestructuras. Todo ello, sin perder de vista las posibles consecuencias sobre el

desarrollo y mantenimiento de los términos del Servicio Universal.

• Asimismo, el propio argumento de la austeridad queda en entredicho desde el punto

de vista de financiación de la CMT, ya que ésta, desde siempre, sufraga sus gastos

mediante tasas a los operadores y nunca desde el erario público

• Igualmente, se observa una marcada intencionalidad de politizar estos organismos:

por una parte, el nuevo ente dependerá directamente del Ministerio de Economía,

cuestión que pone en solfa la independencia regulatoria, y por otra, la elección

neutral de los Consejeros.

• De la misma manera, la idea perseguida de agrupar funciones para concentrar los

reguladores se contradice con el contenido del informe: “Los órganos competentes de

los distintos Ministerios asumirán las tareas de registro de los operadores, inspección

de éstos y otras tareas administrativas”. Ello va en dirección contraria a lo pretendido:

la reforma no solo no aglutina las tareas de regulación actualmente depositadas en

la SETSI (Ministerio de Industria), sino que las refuerza y amplía, lo que vuelve a

redundar en las ya denunciadas dicotomías regulatorias, de segmentación normativa

y de dispersión de reguladores.


Por todo ello, UGT solicita que la fundación del CNMC se realice conservando las

peculiaridades sectoriales inherentes al Sector de las Comunicaciones y la independencia

del órgano regulador y supervisor.

• En referencia a la Gestión del Espectro, a la vista del considerable retraso que arrastra

la liberación del espectro resultante del Dividendo Digital, que nos coloca a la cola de

Europa y dificulta sobremanera la salida de la crisis y la rentabilidad de nuestras empresas,

desde UGT proponemos que la Ley sea previsora y se adelante a la futura liberación de

la banda de 700 MHz, que sin lugar a dudas, conllevará el Segundo Dividendo Digital.

España no puede permitirse el lujo de seguir demorando la cuarta generación de

telefonía móvil. La promulgación de una nueva Ley de Telecomunicaciones representa

una magnífica oportunidad de paliar esta deficiencia. Debemos adelantarnos al siguiente

paso y colocar a nuestro país como líder europeo en telefonía móvil. No podemos dejar

pasar esta oportunidad de proporcionar a la ciudadanía esta facilidad, tan importante

para nuestra economía como para cerrar la Brecha Digital en zonas rurales o de difícil

acceso.

• En referencia a la simplificación administrativa sobre licencias, permisos o autorizaciones,

queremos compartir con el resto de actores las norma vigente en EE.UU., Broadband

Conduit Deployment Act of 2009 y 201129, conocida comúnmente como “Dig One” (cavar

una sola vez). Se trata de una legislación que permite ahorrar coste en infraestructuras

obligando a “acomodar a varios proveedores de banda ancha”. Invitamos al legislador

y al resto de actores a consultarla y extraer aquellas características esenciales que nos

permitan mejorar el despliegue de nuevas infraestructuras con el menor dispendio

posible.

• En cuanto al tema de las tasas e impuestos, desde UGT insistimos en la incompatibilidad

de la denominada Tasa RTVE con la actividad de las empresas de Telecomunicaciones.

La conflictividad sobre esta tasa ha devenido en amargos conflictos judiciales entre

autoridades nacionales y europeas, algo muy negativo para la confianza de los inversores

y que lamina la credibilidad de nuestro Sector y merma la seguridad jurídica necesario

para acometer nuevos retos. Por ello, UGT considera que se deberían modificar los

gravámenes fiscales que soportan las empresas de telecomunicaciones. La Unión

General de Trabajadores insiste en su rechazo a la multitud de recargos fiscales que

29 http://www.govtrack.us/congress/bills/112/s1939


lesionan los balances empresariales, y por tanto, repercute en las trabajadoras y

trabajadores del Sector.

Como se puede comprobar, las alegaciones de UGT fueron variadas, profundas, razonadas y de

alto calado, en consonancia con el compromiso sindical adoptado en defensa de los derechos de

los trabajadores/as y de la ciudadanía y la Sociedad en general.

Tal y como se apuntó anteriormente, el trámite de aprobación de la ley llevó el anteproyecto a

otros órganos, como ante el Consejo Económico y Social (en adelante, CES).

Efectivamente, el CES tuvo que posicionarse sobre la nueva LGT, y la representación que ostenta

UGT en dicho órgano realizó una serie de propuestas, las cuales fueron incluidas en el dictamen

final30, de 26 de Marzo de 2013, aprobado por una amplísima mayoría del Pleno del CES (44

votos a favor y 1 abstención).

En la simple lectura de la nota de prensa emitida por el CES al efecto, pueden identificarse

perfectamente los planteamientos propuestos por UGT, en línea con las alegaciones anteriores:

“el anteproyecto debería resultar más garantista y explícito a la hora de proteger el volumen de

inversiones que exige el despliegue de redes”

“Respecto al nuevo sistema de regulación, que reparte las competencias de la CMT entre la

futura CNMC y el Ministerio de Industria, el CES considera que no garantiza una regulación

independiente del sector de las telecomunicaciones y solicita pasar la competencia de Industria

al nuevo organismo regulador”

“la futura ley debe permitir que, llegado el caso y como último recurso, la administración pública

pueda actuar directamente para garantizar la accesibilidad en determinados ámbitos geográficos

o sectores sociales”

“El dictamen entiende necesario dotar de fondos suficientes los instrumentos del Anteproyecto

que tienen que contribuir al logro de los fines que persigue. Así lo aconseja la trascendencia

y amplitud de tales objetivos y la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo

30 http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic032013.pdf


económico y social del país”

El periodo preceptivo de consultas con el Ces y resto de entes (CNC, CMT, etc.), junto con la

segunda lectura del anteproyecto por parte del Gobierno, prolongó la tramitación hasta el

viernes 13 de septiembre, cuando el Consejo de Ministros elevó el documento a Proyecto de Ley

y lo remitió a las Cortes.

Sin embargo, este paso no modificó sustancialmente el contenido de la propuesta, lo que revertía

en una nueva dilatación, que ya acumulaba en estas fechas más de un año de retraso desde su

anuncio. Con todo, la propuesta contenía las siguientes novedades:

Objetivos generales de la ley.

1. Facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando

su cobertura.

2. Mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a unos

precios más asequibles, impulsando unas condiciones más efectivas de competencia.

A través de estos dos ejes, el Gobierno pretende impulsar la competencia en infraestructuras,

aumentando los ratios actuales de inversión, lo que permitiría crear nuevo empleo y consolidar

el actual. Con esta ley se facilitará que las telecomunicaciones aumenten su impacto en el PIB.

Simplificación administrativa.

En línea con lo ya indicado anteriormente para la concesión de licencias para la instalación

de Estaciones Base, ya no será necesaria la autorización de una Comunidad de Vecinos para

desplegar fibra óptica por sus fachadas: se garantiza el derecho de cualquier usuario a poder

acceder a NGN, lo que implica que, si un residente desea contratar servicios sobre estas nuevas

redes, la comunidad de vecinos deberá permitir su despliegue.

Como complemento, la normativa eleva las multas: las infracciones muy graves suben de 2 a

20 millones de euros de máximo y las graves, de 0,5 a 2, entendemos que para disuadir a los

operadores de hacer declaraciones responsables que luego no cumplan con su contenido.


Delimitación y coordinación de las Administraciones Públicas: Unidad de Mercado.Ahondado

en el fin de consolidar la Unidad de Mercado entre AAPP, se establecen los límites máximos

únicos de emisión y exposición a campos electromagnéticos en todo el territorio nacional.

Derechos de los usuarios.

Se refuerzan los derechos de los usuarios relacionados con la protección de datos personales

y la privacidad, estableciendo un régimen sancionador y facilitando el cumplimento de las

obligaciones de los operadores.

Entre las primeras reacciones al Proyecto nos encontramos con la de la patronal de los operadores

con red propia, la desaparecida Redtel, quien lo valora como positivo, ya que agiliza los trámites

de despliegue y busca una mejor eficiencia reguladora para facilitar la inversión privada.

Sin embargo, desde UGT no pudimos hacer una valoración tan positiva al proyecto31. Si bien las

intenciones generales que describía el proyecto eran adecuadas y estaban en línea con el Modelo

de Sector que defendía UGT, no podíamos abstraernos de que estábamos ante un proyecto de

ley que tenía que pasar por el trámite parlamentario, el cual podía modificar sustancialmente

muchos de los articulados y dejar las buenas intenciones en cantos de sirena. Por tanto, llamamos

a la cautela: era necesario esperar a que todas las buenas intenciones se concretasen antes de

regalarle parabienes.

De igual forma, desde UGT no podíamos entender cómo una ley de esta importancia y necesidad

acumulase ya tanto retraso, ante las consecuencias que derivaban de tal incertidumbre, tales

como inseguridad jurídica o la perpetuación de una situación sectorial que no creaba empleo.

Por tanto, impelíamos al Gobierno y a los partidos presentes en el Congreso a acelerar esta

norma, a actualizarla según nuestras reivindicaciones y a poner el foco en el empleo. Y con este

objetivo, UGT hizo hecho llegar a todos los partidos políticos en el Congreso y al Ministro de

Industria alegaciones al Proyecto de Ley.

Efectivamente, UGT concretó todas sus propuestas en un Manifiesto sobre la Ley de

Telecomunicaciones32 conjuntamente con CCOO, el cual reproducimos textualmente y en donde

se puede apreciar la influencia de nuestra Organización Sindical:

31 http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2014/informe_el_gobierno_remite_al_congreso_el_proyecto_de_ley_general_de_telecomunicaciones_.pdf32 http://www.ugt.es/actualidad/2014/febrero/b13022014.html http://www.smcugt.org/archivos/elemen-tos/2014/manifiesto_sobre_la_ley_de_telecomunicaciones.pdf


MANIFIESTO DE CCOO Y UGT SOBRE EL PROYECTO LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

El sector de las telecomunicaciones es un pilar básico e imprescindible para avanzar en un

cambio del tejido productivo y para caminar hacia una sociedad más igualitaria e integradora,

más propia de la Sociedad de la Información. Por ello, CCOO y UGT, no pueden desaprovechar el

paso por el Parlamento de la futura Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que modificará

la vigente Ley 32/2003, de 3 de noviembre, para actualizar y adelantarse a los cambios que

viene experimentando el sector de las telecomunicaciones, y para favorecer el desarrollo de

la economía digital.

Es necesario fomentar la industria del sector de las telecomunicaciones, tal como se manifiesta

en la exposición de motivos de la ley: “las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más

dinámicos de la economía y uno de los que pueden contribuir al crecimiento, la productividad, el

empleo y por tanto el desarrollo económico y al bienestar social”. Porque como señala la Comisión

Europea: “el despliegue de redes ultrarrápidas puede tener un importante impacto en la creación

de empleo, estimándose que la innovación podría generar dos millones de empleos para 2020,

incluidos trabajos en sectores relacionados, como la provisión de contenidos o la fabricación de

equipos”.

Es un hecho conocido los beneficios que aportan las redes de nueva generación y la banda ancha

para el mercado del trabajo, la sociedad y la economía en general. Por señalar solo algunos

aspectos:

• La banda ancha es la responsable del 21% del crecimiento del PIB en países desarrollados en

los últimos cinco años.

• Por cada millón que se invierte en banda ancha se generan 18 empleos.

• Una línea de banda ancha por cada 100 personas agrega 0,3 puntos porcentuales al

crecimiento del empleo anual en el sector privado.

• Cada 10% de aumento en la tasa de penetración móvil conduce a un aumento del 1,2% en el

PIB.

• Diez puntos porcentuales adicionales en el nivel de penetración de banda ancha incrementan

en 1.21 puntos porcentuales el crecimiento del producto interior bruto en los países


desarrollados.

• Las empresas que adoptan la banda ancha mejoran su productividad laboral en un 5% en el

sector manufacturero y en un 10% en el sector servicios.

Para CCOO y UGT el carácter estratégico de la Ley es evidente, no sólo en lo económico, sino

porque contribuirá a una mayor cohesión social, y facilitará el ejercicio de derechos ciudadanos

(como el de información). Además de asegurar funciones esenciales del Estado (defensa

nacional, protección civil…), supondrá mejoras para la cohesión territorial, el fomento de la

igualdad de oportunidades, así como la accesibilidad universal de las personas a estos servicios,

en especial para las personas con discapacidad.

Por ello, la LGT debe tener como objetivo la configuración de un modelo sostenible, basado en

la competencia efectiva en infraestructuras y la inversión en nuevas redes de última generación

con un elevado nivel de seguridad jurídica, la generación continua de empleo, la prestación de

servicios de alta calidad, y la garantía de una expansión progresiva del servicio universal.

Hay que tener presente que la situación en nuestro país no puede desligarse del reto digital

europeo, que exige una mayor competencia y un mayor control sobre las concesiones del dominio

público. Obligando, además, a una constante adaptación normativa a los avances tecnológicos.

Por otra parte las telecomunicaciones forman parte del servicio universal cuya prestación se

garantiza a todos los usuarios que lo soliciten, independientemente de su localización geográfica,

con una calidad especificada y a un precio asequible.

Respecto al servicio universal, consideramos que, para avanzar más en igualdad social y en

cohesión territorial, es imprescindible que no solo nuestro país, sino los estados de la Unión

Europea, con su Consejo a la cabeza, se impliquen decididamente en la financiación del Servicio

Universal. Éste es un factor de equilibrio social, y es competencia exclusiva de los estados y sus

gobiernos. Dilatar la decisión de quién y cómo se debe financiar el Servicio Universal, frena el

avance hacia una Sociedad Digital Inclusiva. A tal efecto proponemos abrir un debate público

sobre la posibilidad de habilitar una partida específica en los Presupuestos Generales de los

Estados.

Sobre la necesaria calidad del servicio, proponemos varias medidas a incluir en la Ley, todas

ellas adoptadas por otros reguladores que consideramos debían añadirse al texto legal:

• Una mayor transparencia en la información proporcionada a los usuarios, proponiendo


un servicio web donde consultar la velocidad estimada que ofrece cada proveedor

dependiendo de su localización geográfica.

• Medidor de velocidad. Se debería poner a disposición de los usuarios un medidor

de velocidad, donde se pueda medir la velocidad real que cursa una determinada

conexión en el mismo momento de la medida, pudiendo comprobar el rendimiento

de su línea.

• Redondeo. En esta misma línea de transparencia, y para acabar definitivamente con

ofertas confusas, sería recomendable un redondeo sobre la velocidad que oferta cada

operador. Así, las ofertas deben ir redondeadas al Mbps más próximo a la velocidad

estimada que se espera de la línea a contratar, ajustando la velocidad ofertada a la

real.

En relación a los derechos de la ciudadanía, hay que incluir referencias explícitas a la

neutralidad de la Red, entendiendo esta como: “Internet debe tener un carácter abierto,

neutro, libre, plural y de acceso igualitario, independientemente de la plataforma empleada.

Ningún nodo puede tener prioridad, y por lo tanto no se pueda censurar ni privilegiar las

conexiones”. Por ello la Ley debe incluir una definición que garantice la integridad de la red y

los derechos de usuarios.

Igualmente, rechazamos la posibilidad de una separación funcional del operador incumbente

ya que no supone una mejora alguna sobre lo regulado y puede perjudicar al Sector de

las Comunicaciones. Sobre la inclusión en la ley del nuevo órgano supervisor, la CNMC,

consideramos lo siguiente:

• La unificación de los diferentes reguladores en un único organismo, aun pareciendo

algo lógico en la búsqueda de austeridad y unificación normativa, plantea dudas

que pueden sumar problemas añadidos a los ya existentes. Así, y desde un punto de

vista estrictamente normativo, fusionar dos organismos como la CMT y el CNC, que

observan los mercados de forma tan disímil (el primero, lo hace desde una visión

sectorial, creando regulación preventiva, a fin de fomentar la igualdad de trato desde

el propio inicio de la competencia; el segundo, con una metodología destinada a la

pura competencia de mercados y que siempre actúa de supervisor) puede conllevar

lo contrario de lo pretendido: una seguridad normativa. La disolución de la CMT en

favor de la CMNC puede contribuir no sólo a perpetuar una dinámica turbulenta y


perniciosa de competencia sobre precios, desechando la deseada competencia en

infraestructuras, sino que también puede tener consecuencias sobre el desarrollo y

mantenimiento de los términos del Servicio Universal.

• El argumento de la austeridad no se sustenta en el caso de la financiación de la CMT,

ya que ésta, sufraga sus gastos mediante tasas a los operadores y nunca desde el

erario público.

• Igualmente, se observa una marcada intencionalidad de politizar estos organismos:

por una parte, el nuevo ente dependerá directamente del Ministerio de Economía,

cuestión que pone en solfa la inherente independencia regulatoria, algo extensivo a

la elección de los consejeros y consejeras.

• De la misma manera, la agrupación de funciones a fin de concentrar los reguladores

se contradice con el propio contenido del informe: “Los órganos competentes de los

distintos Ministerios asumirán las tareas de registro de los operadores, inspección

de éstos y otras tareas administrativas”, lo cual va contra lo pretendido: la reforma

no sólo no aglutina las tareas de regulación actualmente depositadas en la SETSI

(Ministerio de Industria), sino que las refuerza y amplía, lo que vuelve a redundar

en las ya denunciadas dicotomías regulatorias, de segmentación normativa y de

dispersión de reguladores.

En referencia a la gestión del espectro, a la vista del considerable retraso que arrastra la

liberación del espectro resultante del dividendo digital, que nos coloca a la cola de Europa y

dificulta sobremanera la salida de la crisis y la rentabilidad de nuestras empresas, proponemos

que la Ley sea previsora y se adelante a la futura liberación de la banda de 700 MHz, que sin

lugar a dudas, conllevará el Segundo Dividendo Digital.

España no puede permitirse el lujo de seguir demorando la cuarta generación de telefonía móvil.

La promulgación de una nueva Ley de Telecomunicaciones representa una magnífica oportunidad

de paliar esta deficiencia. Debemos adelantarnos al siguiente paso y colocar a nuestro país como

líder europeo en telefonía móvil. No podemos dejar pasar esta oportunidad de proporcionar a

la ciudadanía esta facilidad, tan importante para nuestra economía como para cerrar la brecha

digital en zonas rurales o de difícil orografía.

Respecto a la simplificación administrativa sobre licencias, permisos o autorizaciones, convendría


fijarse en experiencia reales que permitan que las nuevas infraestructuras se hagan con eficacia

y eficiencia. Un ejemplo es la norma vigente en EE.UU., Broadband Conduit Deployment Act of

2009 y 2011, conocida comúnmente como “DigOne” (cavar una sola vez), que permite ahorrar

coste en infraestructuras obligando a “acomodar a varios proveedores de banda ancha”.

En cuanto al tema de las tasas e impuestos, insistimos en la incompatibilidad de la denominada

Tasa RTVE con la actividad de las empresas de Telecomunicaciones. La conflictividad sobre

esta tasa es muy negativa para la confianza de los inversores y que lamina la credibilidad de

nuestro sector y merma la seguridad jurídica necesaria para acometer nuevos retos. Por ello,

consideramos que se debería modificar los gravámenes fiscales que soportan las empresas de

telecomunicaciones. Insistiremos en el rechazo a la multitud de cargas fiscales que lesionan los

balances empresariales, y perjudican a las trabajadoras y trabajadores del sector.

El argumento de que abaratar los precios redunda en más inversiones no se sostiene. De hecho,

la propia CE asegura, cada vez con más fuerza, lo contrario, y relajará la normativa para incentivar

más inversiones (En inversión Europa sigue muy por detrás de EEUU y Asia, y el motivo es la

desmedida competencia sobre precios).

En este sentido, es positivo que la LGT contemple que las empresas puedan utilizar infraestructuras

públicas ya existentes para extender sus servicios, y adaptar la Recomendación europea sobre

el derecho de acceso de los operadores de telecomunicaciones a infraestructuras lineales

(electricidad, agua, saneamiento y transporte), que reduce los costes del despliegue de redes de

telecomunicaciones de muy alta velocidad.

ASPECTOS DESFAVORABLES DE LA LEY GENERAL DE MUNICACIONES

La Ley adolece de numerosos aspectos que pueden neutralizar otras posibles bondades,

impidiendo una competencia real entre los proveedores o las operadoras, o sin regular unos

precios más baratos. Por el contrario, la Ley puede favorecer la concentración empresarial,

manteniendo o incluso potenciando el oligopolio de grandes compañías que dominan el

mercado. Algo que imposibilitaría tener unos precios más baratos pese a que España es uno

de los países europeos con peor relación calidad/precio en los servicios de telecomunicaciones.

Para UGT y CCOO hay otros aspectos generales desfavorables de la futura LGT. Entre ellos,

destacamos los siguientes:

1. Insuficientes garantías para preservar datos personales, y sobre los derechos de libertad

de contenidos y de acceso a la información.


2. Inseguridad jurídica. Hay demasiadas cuestiones esenciales que no desarrolla. El

texto no aclara los criterios generales a seguir sobre esos desarrollos, ni sus plazos

ni, en ocasiones, la obligación de acometerlos. Es por tanto, escasamente garantista,

demasiado incompleta, y poco transparente. Muchos temas importantes quedan sin

regular. Está aún por ver que se incluyan en el desarrollo reglamentario de la Ley.

3. Falta de participación. El desarrollo de la Ley debe atender la opinión de los operadores,

de los usuarios, de las asociaciones y organizaciones del sector de las telecomunicaciones,

y de los agentes sociales más representativos.

4. Debería extremar la preservación de garantías y la sistemática respecto a la libertad de

contenidos en las comunicaciones y a la privacidad de estas. Fuera de las intervenciones

judiciales su interceptación puede darse por problemas técnicos de interferencias y éstas

no son tratadas con las cautelas necesarias para garantizar la protección de los datos.

5. La Ley debe contar con suficientes recursos para su desarrollo y el logro de sus fines.

6. Falta de independencia del organismo regulador, factor esencial para otorgar estabilidad

al sistema. El debilitamiento de la futura autoridad nacional de reglamentación

independiente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),

con menos competencias, afectará a esa independencia. Además, las competencias

regulatorias que otorga al Ministerio de Industria y Energía, restarán independencia al

mecanismo regulador. Asimismo, la posibilidad de desestimación de la reclamación en

caso de silencio administrativo negativo abunda en la intromisión innecesaria del poder

político. Finalmente, la CNMC debe seguir conservando las peculiaridades sectoriales

inherentes al Sector de las Comunicaciones y la independencia del órgano regulador y

supervisor.

7. Retrocede en el régimen sancionador sobre la prestación de servicios. Irregularidades

consideradas graves ahora pasarán a ser leves. Tal es el caso del incumplimiento de las

obligaciones de servicio público y algunos supuestos de vulneración de los derechos

de consumidores y usuarios (como los relativos a la preservación de su identidad en

comunicaciones electrónicas).

8. Se mantiene una excesiva limitación de la capacidad de actuación de las


Administraciones Públicas en la provisión de los servicios de interés general en materia

de telecomunicaciones.

9. Puede generar conflictos competenciales en numerosas cuestiones donde las

Administraciones Territoriales tienen capacidad de obrar (por ejemplo en el planeamiento

urbanístico).

10. En el caso de la administración pública local, limita en exceso su actuación en los

términos previstos en la propia Agenda Digital aprobada por el Gobierno.

11. Competencia desleal. Esto va justamente en contra de las operadoras: no es justo que

con capital público se compita con capital privado. Esta competencia desleal revierte en

ajustes salariales y laborales.

PROPUESTAS SINDICALES PARA MEJORAR LA LEY GENERAL DE LAS TELECOMUNICACIONES

La Ley potencialmente supondrá una fuente mayor de ingresos para las arcas públicas y, además,

de ser muy beneficiosa para la economía, favorecer la innovación, productividad, unidad de

mercado, costes y simplificación burocrática, para lo cual tienen que modificar aspectos y

conseguir que las distintas administraciones se impliquen y cooperen y, además, se logre una

competencia mayor entre los distintos operadores del sector. Por otra parte la consideración

que la propia Agenda Digital para España hace respecto a la necesidad de impulsar la industria

del sector, considerado en estos momentos como un hipersector, hace necesario que la LGT

recoja algunos aspectos que favorezcan su desarrollo. Son tres los grandes ejes sobre los que

conviene intensificar el trabajo:

1. Competencia efectiva en infraestructuras que estimule la inversión en redes

ultrarrápidas.

2. El fomento y la consolidación del empleo con derechos, de calidad.

3. La expansión del Servicio Universal y el cierre de la brecha digital.

Para ello, sugerimos las siguientes medidas:

1. Que el Mercado Regulatorio sea uniforme para todo el ámbito europeo, evitando

el aumento de las desigualdades entre regiones. En todo caso, sería admisible una


segmentación en mercados geográficos si redundase, de forma nítida y predecible,

en una mejoría en la prestación del servicio universal, y siempre y cuando la citada

subdivisión fortalezca los requisitos mínimos de calidad del servicio, así como el acceso

universal a los elementos, permitiendo, en todo caso, una rápida, coherente e igualitaria

expansión de la banda ancha en toda Europa.

2. Que la actual regulación sobre las redes de cobre obligue a los operadores entrantes

a compromisos de inversión a medio y largo plazo. Para ello, debe aplicarse una

normativa en base a una igualdad de trato transitoria, reversible, acotada y vinculada

a compromisos futuros de despliegue de nuevas infraestructuras. Concretando, sus

características serían las siguientes:

a. Transitoria: La igualdad de trato (EOI, equivalence of input) se aplicaría durante

un determinado plazo temporal. Por ejemplo: durante los 5 primeros años de

actividad del operador entrante, de forma obligatoria; a partir de esa fecha,

cesaría la EOI.

b. Reversible: Pasado dicho plazo, el operador perdería sus derechos de EOI y

decidiría si sube por la escalera de inversión y construye su propia red.

c. Acotamiento: Se limita únicamente a la red de cobre y el número de bucles

accesibles para el operador entrante sería en función de la competencia real

en la zona o central telefónica. Igualmente, no se contempla la posibilidad de

bitstream.

3. Que la regulación sobre redes de alta velocidad bajo fibra óptica se haga conforme

a tres tipos de zonas competitivas:

a. Zonas Blancas: Aquellas en donde los operadores no invertirán (áreas rurales,

poco rentables o de difícil acceso geográfico), en donde se distribuirán ayudas

públicas para la construcción de redes de alta velocidad, de carácter abierto

y neutro. Asimismo, se empleará el dividendo digital para proporcionar

un servicio universal de banda ancha móvil y de telefonía móvil vocal que

termine con la brecha digital en estas zonas.


b. Zonas Grises: Aquellas zonas donde la inversión privada está en duda por la

difícil anticipación del retorno de la inversión. Promulgamos una regulación ex

ante temporal y reversible, con acceso mayorista restringido a compromisos

de inversión futuros. Asimismo, contemplamos la cooperación y los acuerdos

voluntarios entre operadores para el uso compartido de las redes. Finalmente,

se darían ayudas públicas parciales para casos debidamente justificados.

c. Zonas Negras: Aquellas zonas de alto potencial comercial y rentables a la

inversión, que se regularían con una normativa que vigile y tutele los derechos

de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal.

Se proporcionarían estímulos, por parte de los gobiernos nacionales, para el

fomento de la competencia total en infraestructuras, eliminando obligaciones

de acceso desagregado (LLU, local-loop unbundling) e indirecto (bitstream).

4. Sobre los Operadores Móviles Virtuales (OMV), el texto debe acotar y limitar los

modelos de negocio que únicamente viven de parasitar sobre los recursos de aquellos

que generan empleo y riqueza para la sociedad. Los OMV podrían tener cabida de forma

temporal, para facilitar la entrada en el mercado de operadores alternativos de telefonía

móvil, siempre y cuando se hagan bajo la premisa de comprometerse a la inversión

y convertirse, definitivamente, en operadores con red propia para, posteriormente,

pugnar en igualdad de condiciones con el resto de operadores con red propia dentro de

un entorno de competencia en infraestructuras.

5. Respecto al desarrollo y la implantación de empresas del sector en nuestro país,

la LGT no puede dejar de abordar criterios para proteger nuestra industria de

telecomunicaciones, siendo conscientes del peso que en el sector tienen las empresas

multinacionales, grandes empresas nacionales y muchas PYMES. Para ello la Ley debe:

a. Establecer marcos de actuación y controles para que las empresas que operen

en nuestro país, independientemente de su nacionalidad, cumplan las directivas

europeas y nacionales, llevando a cabo un seguimiento de su actividad mercantil,

comprobando además que el pago de impuestos y tasas se ajusta a la normativa

vigente.

b. Velar por el cumplimiento de la legislación laboral. A tal efecto, debe restringir


prácticas de contratación laboral ilegales, estableciendo, junto a las operadoras

que desarrollan su actividad en España, criterios para la adjudicación de contratos

con empresas que no cumplan con las leyes laborales.

c. Establecer formulas anti-dumping. Para ello, debe crear procedimientos en

soluciones o servicios que comercializan en nuestro país fomentando códigos

de buenas prácticas y conductas éticas.

d. El fomento de la I+D debe ser una exigencia para las multinacionales que quieran

operar en nuestro país. Al respecto, la Ley debe plantear plazos concretos y su

posterior verificación.

e. Establecer criterios para promover el acceso de banda ancha ultrarrápida a

las PYME y a los centros de actividad económica como polígonos industriales o

centros turísticos, estableciendo plazos para su ejecución.

f. Fijar plazos para adaptar a las necesidades de sectores productivos las tecnologías

TIC con fórmulas de inversión público-privadas.

g. En el marco del grupo de trabajo interministerial, con presencia de los agentes

sociales, deberían crearse foros sectoriales para facilitar el avance de la industria

española hacia mayores niveles de madurez empresarial y fomentar el desarrollo

de la industria con contenidos digitales.

h. Crear el marco de colaboración para la internacionalización de la industria

española de contenidos digitales, estableciendo programas para las empresas,

especialmente para las PYME, con el respaldo del ministerio correspondiente.

i. Potenciar las oportunidades para la industria electrónica, estableciendo foros de

colaboración publico-privadas y promoviendo espacios que permitan o faciliten

el acercamiento de la oferta de productos y servicios de la industria electrónica

a otros sectores.

j. Impulsar la formación y la capacitación de profesionales, a través de una

comisión interministerial que incluya los ministerios correspondientes, con la


participación de los agentes sociales empresas y sindicatos, la universidad y

los colegios profesionales, para abordar la revisión de las actuales categorías

profesionales y adaptar los sistemas de formación continua y formación para

el empleo.

k. Establecer planes para adaptar los sistemas formativos a la demanda creciente

de nuevos perfiles profesionales TIC.


Con estas premisas, UGT inició una intensa agenda de reuniones con los diferentes Grupos

Parlamentarios. Así, una delegación institucional de UGT, compuesta por miembros del

Confederal, la Federación SMC y del Sector de las Comunicaciones, se reunió con diputados del

PSOE e Izquierda Plural.

Reunión con el Grupo parlamentario Socialista

En la reunión con el Grupo Socialista estuvieron presentes los diputados Félix Lavilla y María

González Veracruz, y por parte del Grupo de la Izquierda Plural, el diputado Chesus Yuste, que se

comprometieron a recoger las propuestas sindicales, las cuales subrayan la importancia de que

esta Ley sea un factor de impulso a la economía, e introduzca medidas capaces de favorecer la

innovación, el empleo, la inversión y la productividad.

Reunión con el Grupo parlamentario de Izquierda Plural


Así, UGT le hizo llegar a sus señorías que la nueva Ley debe impulsar tres grandes ejes de trabajo:

la primera, que se produzca una competencia efectiva en infraestructuras que estimule la

inversión en redes ultrarrápidas. En segundo lugar, que el empleo que se cree sea con derechos

laborales firmes y garantizados y de la máxima calidad. Y por último, que contribuya a cerrar la

brecha digital entre regiones y ciudadanos y que garantice la expansión de un servicio universal,

como es el derecho a las telecomunicaciones y la conectividad en todos los puntos del Estado.

El calendario de reuniones finalizó con un encuentro con Javier Puente, diputado del PP por

Cantabria y ponente de la Ley General de Telecomunicaciones.

La delegación de UGT expuso al representante del PP su visión sobre el redactado de la ley, el

cual recogía algunas de nuestras reivindicaciones, como la puesta en valor de la inversión y su

legítimo retorno, o la agilización burocrática para despliegues de redes de nueva generación.

No obstante, UGT le transmitió que existían áreas de mejora en el redactado, especialmente en

aspectos sociales, como la ampliación del servicio universal a nuevos alcances, la implantación

de tarifas sociales para colectivos en riesgo de exclusión, la puesta en marcha de un Plan Nacional

de Inclusión Tecnológica, así como una generalizada mejora del redactado que promueva una

verdadera y eficaz competencia en infraestructuras o sobre la participación de las fuerzas

sindicales en la toma de decisiones en asuntos de especial relevancia para los intereses de los

trabajadores y trabajadoras del Sector.

De este modo, los Grupos Parlamentarios acudieron al debate de aprobación del Proyecto de Ley

con nuestras propuestas bajo el brazo33, el cual se sustanció el jueves 13 de febrero, cuando la

Comisión de Industria del Congreso aprobó el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones

para su remisión al Senado34, con los votos a favor de los grupos parlamentarios del PP, PSOE y

CiU, con el voto en contra de Izquierda Plural y UPyD y con la abstención del resto de formaciones.

Cabe destacar que el consenso alcanzado en este punto de tramitación fue de los más elevados

de la legislatura.

33 De esta afirmación da buena cuenta el diario de sesiones, en donde consta la intervención de Félix Lavilla: “En cuanto a la importancia que tienen las tecnologías de la información y de la comunicación, las infraestructuras de tele-comunicaciones permiten el desarrollo de la nueva sociedad del conocimiento de la que depende el futuro de cualquier país. En nuestra reunión con los agentes económicos y sociales, y especialmente con los sindicatos, nos manifestaron lo siguiente: La banda ancha es la responsable del 21 % del crecimiento del PIB en países desarrollados en los últimos cinco años. Por cada millón que se invierte en banda ancha, se generan 18 puestos de trabajo”.

34 http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2014/informe_el_proyecto_de_lgt_va_al_senado_con_consenso.pdf


Gracias a nuestra influencia, el proyecto se modificó en varios aspectos, entre los que destacan:

• Se prioriza la cohesión social y territorial como eje fundamental de la norma. Así, se

extenderá el alcance del Servicio Universal de banda ancha a una velocidad de 10 Mbps

a todos hogares en 2017 y de 30 Mbps en escuelas públicas, bibliotecas, centros de salud

y universidades, en este caso, para el año 2015. La ley también recoge las prerrogativas

europeas de la Agenda Digital, sobre la obligación de que la banda ancha llegue a un mínimo

de 30 Mbps en 2020, y a que al menos la mitad de los hogares puedan disponer de acceso

a servicios de velocidades superiores a 100Mbps, en dicho 2020. Igualmente, se amplían

las necesidades de las personas con discapacidad y se determina el papel que tendrán

las AAPP para proporcionar servicios allá donde no llegue el mercado. Así, en las obras

civiles financiadas con fondos públicos y en los proyectos de urbanización se preverá la

instalación de los recursos pertinentes para facilitar el despliegue de las redes, y se pondrán

a disposición de los operadores aunque formen parte del dominio público municipal.

• Se clarifican los roles y la coordinación entre administraciones para la extensión de la banda

ancha y se confirma la necesidad de redactar una Estrategia Nacional de Despliegue de

Redes Ultrarrápidas. Del mismo modo, las administraciones públicas deberán fomentar los

acuerdos voluntarios entre operadores para compartir infraestructuras y facilitar espacios

públicos para instalar los equipos necesarios, de modo que se agilice la implantación de

redes ultrarrápidas.

• Se refuerzan los derechos de los usuarios y consumidores, en asuntos como la defensa

de la intimidad, al secreto de las comunicaciones, el derecho al olvido, la protección de

datos, las limitaciones al spam telefónico (acoso comercial), la celebración y el contenido de

contratos.

• Se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la

confianza en la seguridad medioambiental.

• Se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de


Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, así como aumentan las cuantías de las

multas que podrá incoar la CNMC en el caso de faltas graves o muy graves.

Sin embargo, y aun a pesar de estos avances, UGT consideraba que aún existían áreas de mejora

en la ley, por lo que nos pusimos a trabajar con los grupos políticos con representación en el

Senado, al objeto de conformar una LGT mucho más social, representativa y acorde con las

necesidades y las reivindicaciones de los trabajadores/as y los ciudadanos/as españoles.

Como consecuencia, UGT tomó de nuevo la iniciativa y confeccionó35 una nueva batería de

iniciativas para la mejora del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, la cual reproducimos

a continuación:

35 http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2014/propuestas_ccoo_ugt_proy.ley_telecomunicaciones_senado.pdf


PROPUESTAS SINDICALES DE MEJORA AL PROYECTO DE LEY GENERAL DE LAS TELECOMUNCIACIONES EN SU TRAMITACION

EN EL SENADO

1º.- UGT y CCOO consideramos un avance los intentos que la ley realiza para la Universalización

de la banda ancha ultrarrápida (Disposición adicional decimoctava), en concreto, los estipulados

para el año 2017 y los correspondientes al año 2020, estos últimos en línea con las obligaciones

inherentes a la Agenda Digital para Europa. No obstante, reclamamos actualizar la actual

velocidad de acceso en sentido descendente a un ratio mucho más cercano a las necesidades

operacionales de los ciudadanos y que les permita un acceso funcional mucho más completo.

Por ello, CCOO y UGT proponemos una actualización de esta velocidad a 2 Mbps, que debería

entrar en vigor al principio del 2015. Consideramos que el coste de esta revisión es perfectamente

asumible por la rentabilidad social y de vertebración territorial que proporcionaría, en base al

estudio Broadband Availability and Affordability, realizado por las consultoras SVP Advisors

y la belga Van Dijk Management, que estiman un gasto del 2,78% per cápita. Reivindicamos

que el coste de aumentar a 2 Mbps la velocidad no supone un desembolso ni desmesurado ni

inalcanzable. Apostamos por ir mejorando paulatinamente la velocidad del Servicio Universal

como un beneficio social imprescindible y que ayudaría a conformar una Sociedad de la

Información justa, igualitaria e integradora.

2º.- En línea con el punto anterior, UGT y CCOO proponen un plan presupuestario para cubrir

parte de los gastos de conexión a banda ancha a personas con pocos recursos, mediante el

establecimiento de tarifas sociales, tal y como han propuesto ya países como Francia y Lituania.

Opina que el acceso a Internet es tan esencial como el acceso a la electricidad, en el mismo

sentido ya expresado por la ONU, que describe el acceso libre a Internet como un Derecho

Humano. Cabe recordar que la exclusión digital no es más que otra fuente de exclusión social,

y por ello, la constitución de tarifas sociales a precios razonables son naturales en una sociedad

equitativa e integradora.

CCOO y UGT creemos que todos los ciudadanos deben poder acceder a una tarifa abordable

como un derecho de justicia social. Concretando nuestra propuesta, en base a la aplicada en

Francia, deberían ser las siguientes:

Conexión a Internet de hasta 20 Mbps.•

Llamadas ilimitadas a números fijos nacionales.•


• Disponible en todas las regiones consideradas metropolitanas dentro del territorio

español.

• Tarifa mensual menor a 20€.

• En caso de impago de las facturas, la línea debe mantenerse durante al menos tres meses

para llamadas entrantes y de emergencias.

3º.- UGT y CCOO proponemos extender el alcance del Servicio Universal a la telefonía móvil.

Desde nuestro punto de vista, la telefonía móvil debe encontrarse dentro de un amparo

universal, mediante la concreción de un abono mensual para personas sin empleo, parados de

larga duración o ciudadanos con escasos recursos. De nuevo, basándonos en el ejemplo francés,

proponemos un plan de ayudas sociales de 15€ mensuales para uso mediante telefonía móvil,

que permitan la disponibilidad de 40 minutos de llamadas, 40 SMS y una capacidad de 400 Mbits

de conexión de banda ancha móvil.

4º.- Complementando lo ya expuesto en el Manifiesto sobre el Proyecto de Ley General de

Telecomunicaciones, ambos sindicatos proponemos poner a disposición de los usuarios un

medidor de velocidad, de probada eficacia y solvencia, en donde se pueda medir la velocidad

real que cursa una determinada conexión en el mismo momento de la medida, con el fin de que

cada usuario pueda comprobar, de primera mano y en cualquier momento, el rendimiento de su

línea. Este medidor ya ha sido reclamado ante el CATSI y la Comisión de Calidad dependiente de

la SETSI, ante el éxito que está obteniendo esta iniciativa en multitud de países (Italia, Polonia,

Dinamarca, Eslovenia Croacia, Brasil, Ecuador, Hong Kong o EE.UU).

5º.- Reiteramos la necesidad de abordar una definición de la neutralidad de la red concreta y

que proporcione seguridad jurídica a los internautas, a los operadores y a los reguladores, en

línea con las enmiendas al Paquete Telecom que se han presentado el pasado 24 de febrero en

la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo.

CCOO y UGT reclaman que la nueva Ley General de Telecomunicaciones sea pionera en este

sentido e insiste en que el concepto de neutralidad de la red debe definirse como: “Internet debe

tener un carácter abierto, neutro, libre, plural y de acceso igualitario, independientemente de la

plataforma empleada. Ningún nodo puede tener prioridad, y por lo tanto no se pueda censurar

ni privilegiar las conexiones”.

6º.- UGT y CCOO consideramos imprescindible la elaboración de un Plan Nacional de Inclusión

Tecnológica como remedio ideal para acabar, de forma definitiva, con la brecha digital por


analfabetismo tecnológico.

España adolece de una concienciación social que consolide la idea de que Internet y las TIC

mejoran la calidad de vida de las ciudadanas/os. Por ello, es imprescindible la implicación de

todas las organizaciones, con los gobiernos a la cabeza, para concienciar e implicar a todos los

sectores de la sociedad en el uso las TIC: debemos educar y educarnos en las nuevas tecnologías.

Reclamamos a las Administraciones Públicas una mayor implicación en la educación y la formación

de la ciudadanía, al objeto de superar los obstáculos de entrada a las nuevas tecnologías y poder

así acelerar el crecimiento económico del país y el nivel de empleabilidad de los trabajadores/

as.

Para ello proponemos un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica que impele la puesta en

marcha de un plan de comunicación y concienciación social sobre los beneficios de las nuevas

tecnologías. Debemos diseñar planes educativos transversales de habilidades digitales en centros

de enseñanza, en línea con el proyecto de la UE “Apertura de la educación”, mientras que en el

ámbito laboral se deben generar ayudas de capacitación en TIC para trabajadores/as, tanto activos

como parados, tal y como propone la Comisión Europea con su Gran Coalición para la creación

de empleos en la economía digital. Por último, pero no por ello menos importante, debemos

confeccionar un proyecto de inclusión en nuevas tecnologías para discapacitados y personas

mayores, que les permita, mediante cursos específicos, imbuirse en el universo digital.

7º.- CCOO y UGT somos partidarios de una competencia efectiva en el Sector de las

Comunicaciones, pero siempre basada en una competencia real en infraestructuras. Por ello,

tanto en la declaración de motivos como en el propio objeto de la ley, demandamos una

declaración más explícita y contundente que priorice la competencia real en infraestructuras

sobre una únicamente basada en precios.

8º.- Con estas propuestas, UGT y CCOO reclamamos a los legisladores una mayor participación

sindical en los órganos de gobierno de las telecomunicaciones, en pro de una gobernanza

social, justa y que tenga en cuenta los legítimos intereses de los trabajadores y trabajadoras del

Sector de las Comunicaciones en particular, y de todo el tejido productivo español en general.

Por ello, demandamos una mayor participación en el CATSI, que dé cabida a los sindicatos más

representativos del Sector, así como un lugar en la Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias

y salud, en donde podamos aportar nuestro conocimiento práctico y expresar las problemáticas

de los trabajadores y trabajadoras implicados directamente en la creación de infraestructuras

radiantes.


Los contactos se concretaron el 26 de marzo de 2014, cuando una delegación de UGT y CCOO

se reunió con representantes del Grupo Socialista en el Senado, al objeto de explicar con mayor

detalle a los senadores socialistas nuestras iniciativas para dotar a la nueva LGT de un aspecto

mucho más social y representativo del que posee el actual redactado, dentro del compromiso y

la dimensión social que siempre defiende nuestra Organización.

Reunión con el Grupo parlamentario Socialista en el Senado

Así, explicamos cómo la nueva norma debería amparar una extensión de los alcances del

actual Servicio Universal, la necesidad de adoptar medidas para la inclusión digital de los más

desfavorecidos mediante bonos sociales, considerar la puesta en marcha de una campaña

de sensibilización transversal con un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica o incrementar la

participación de los representantes sociales en los órganos de decisión sectoriales.

El proceso para la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones siguió su curso hasta la

celebración del pleno del Senado el 23 de abril de 2014, en donde los Grupos Parlamentarios

Popular, Socialista, Entesa y CiU apoyaron una serie de enmiendas que conformaban el nuevo

redactado de la Ley, que se devolvía al Congreso para su aprobación definitiva. Previamente, se

habían rechazado dos propuestas de veto presentadas por Izquierda Plural y el Grupo Mixto.

El debate celebrado en el Senado tuvo la presencia de una delegación de UGT. Así, durante su

transcurso hemos echado de menos referencias a la creación y protección del empleo en el

Sector, así como la incorporación de nuevas medidas de contenido social, como ampliaciones

del alcance del Servicio Universal, aumento de los Derechos de los Usuarios o sobre la mejora

de la Calidad del Servicio.


No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista hizo constar en el diario de sesiones36 varias

intervenciones37 acerca de las iniciativas impulsadas por UGT, sobre las cuales se prevé trabajar

conjuntamente en el futuro mediante interpelaciones al Ministro de Industria o a través de

Iniciativas Parlamentarias.

Principalmente, las enmiendas aprobadas iban dirigidas a las nuevas competencias de la CNMC,

que después de muchas idas y venidas, copian prácticamente las que ostentaba la extinta CMT,

y que coincide con unas de las reivindicaciones que UGT le hizo llegar al Gobierno en este

sentido.

El proceso culmina finalmente el 29 de abril, con la aprobación del texto definitivo de la Ley

General de Telecomunicaciones en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PP, PSOE y CiU,

el cual se publicará en el BOE del 9 de mayo, bajo el epígrafe “Ley 9/2014, de 9 de mayo, General

de Telecomunicaciones”38

36 http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_P_10_108.PDF#page=82 37 Por ejemplo, página 10.32438 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4950


5. Redactado final: Resumen y valoración.

Recordemos, de forma sucinta, las principales características de la Ley 9/2104, General de

Telecomunicaciones:

• Se extenderá el alcance del Servicio Universal39 de banda ancha a una velocidad de 10 Mbps

a todos hogares en 2017 y de 30 Mbps en escuelas públicas, bibliotecas, centros de salud

y universidades, en este caso, para el año 2015. La ley también recoge las prerrogativas

europeas de la Agenda Digital, sobre la obligación de que la banda ancha llegue a un mínimo

de 30 Mbps en 2020, y a que al menos la mitad de los hogares puedan disponer de acceso a

servicios de velocidades superiores a 100Mbps, en dicho 2020.

• Se confirma la necesidad de redactar una Estrategia Nacional de Despliegue de Redes

Ultrarrápidas.

• Competencia en infraestructuras: La propuesta incide, si bien desde nuestro punto de vista,

sólo levemente, en apoyar la competencia en infraestructuras como modelo de Sector, al

tener en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras.

• Se refuerzan los derechos de los usuarios y consumidores, en asuntos como la defensa

de la intimidad, al secreto de las comunicaciones, el derecho al olvido, la protección de

datos, las limitaciones al spam telefónico (acoso comercial), la celebración y el contenido de

contratos. Igualmente, se refuerzan los derechos de los usuarios gracias a la prevalencia de

las normas sectoriales sobre las autonómicas o municipales en lo concerniente a la defensa

de los consumidores. El texto final también recoge nuevas prerrogativas para satisfacer las

necesidades de las personas con discapacidad

• Simplificación administrativa: El texto presenta una marcada intencionalidad simplificar

las cargas administrativas para la gestión de licencias, concesiones, ocupación del dominio

público, permisos o autorizaciones. Por ejemplo, se prohíbe solicitar información cuando ésta

ya se encuentre en poder de una AAPP. También se sustituyen distintos tipos de permisos

de obra o licencias de ocupación por declaraciones responsables por parte del operador, el

cual previamente ha informado de sus planes de despliegue a una autoridad competente,

aligerándose así, por ejemplo, la burocracia para instalar o actualizar un Estación Base de

39 Por el cual se garantiza este derecho a todos los usuarios, independientemente de su localización, con una calidad determinada y a un precio asequible.


telefonía móvil.

• Delimitación y coordinación de las Administraciones Públicas (Unidad de Mercado): Se

estipulan los límites administrativos entre los diferentes entes públicos y se hace imperativa

su coordinación para facilitar el despliegue de nuevas redes. El fin perseguido es consolidar

la Unidad de Mercado entre ayuntamientos, diputaciones, CC.AA. y administración central,

evitándose actuaciones redundantes o contradictorias que entorpezcan dichos despliegues.

Para ello se creará una Comisión Bilateral que tendrá como función resolver los conflictos

entre las diferentes administraciones y unificar las diferentes metodologías administrativas.

Igualmente, se determina el papel que tendrán las AAPP para proporcionar servicios allá

donde no llegue el mercado. Así, en las obras civiles financiadas con fondos públicos y en

los proyectos de urbanización se preverá la instalación de los recursos pertinentes para

facilitar el despliegue de las redes, y se pondrán a disposición de los operadores aunque

formen parte del dominio público municipal. Del mismo modo, las administraciones públicas

deberán fomentar los acuerdos voluntarios entre operadores para compartir infraestructuras

y facilitar espacios públicos para instalar los equipos necesarios, de modo que se agilice la

implantación de redes ultrarrápidas.

• Obligatoriedad de reserva de infraestructuras en nuevas obras. Compartición de

infraestructuras con operadores lineales y de propiedad pública: La ley marca la necesidad de

prever la reserva de infraestructuras de telecomunicaciones en zonas de nueva urbanización,

no pudiéndose imputar a los operadores los gastos de dichas obras. Igualmente, el literal

garantiza el derecho de acceso a las infraestructuras de otros operadores no vinculados a

nuestro Sector, como la red de transporte del Metro, redes de saneamiento o de operadores

de gas, agua y electricidad. De igual forma, se legisla el acceso a las infraestructuras propiedad

de las AAPP con garantías de igualdad y no discriminación. Finalmente, se ponen normas

para la compartición de los verticales de acceso a los edificios y sus ICT.

• Espectro radioeléctrico: La nueva norma declara medidas para evitar el uso del espectro

por aquellos que no disponen de autorización. Del mismo modo, aclara la administración

del espectro, glosando, de manera muy exhaustiva, el control sobre el uso del espectro

radioeléctrico, el mercado secundario de transferencia y cesión de derechos de uso y refuerza

la autoridad del Gobierno en esta materia. Proclama que todas las bandas podrán ser usadas

por cualquier tipo de tecnología (neutralidad tecnológica), aunque bajo plazos se atrasan

hasta el 2016.


• Tasas: Se observa un generalizado aumento de las tasas, además de seguir avalando la

polémica Tasa RTVE. Así, aunque se reduce el límite máximo de la Tasa General de Operadores,

se incrementa la Tasa por numeración y el resto de gravámenes.

• Regulador Sectorial: CNMC en vez de CMT. La sustitución de la CMT por la nueva CNMC,

que recorre casi todo el articulado, queda prácticamente lineal desde un punto de vista

competencial. Es decir, finalmente la CNMC asume las antiguas competencias de la CMT,

eliminando el riesgo de posible parcialidad en el caso de que hubiesen aparcado en la

SETSI.

• Se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la

confianza en la seguridad medioambiental.

Como ya hemos comentado abundantemente en capítulos anteriores, UGT realizó una intensa

acción sindical con todos los grupos parlamentarios al objeto de mejorar esta ley, haciéndola

más social y que pusiese un mayor foco en la creación de nuevos puestos de trabajo y en la

mejora de la calidad del empleo en el Sector.

Por ello, UGT no puede hacer una valoración positiva de la Ley. Si bien contiene avances

sustanciales e importantes, que están en línea con el Modelo de Sector que UGT defiende,

la Ley vuelve a olvidar las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras que

conformamos el Sector de las Comunicaciones.

Así, observamos que no se han tipificado auténticas normas que embriden un modelo de Sector

basado únicamente en la competencia en infraestructuras, cuestión capital para la creación de

nuevo empleo. Del mismo modo, el texto adolece de referencias específicas a la protección y

garantía del empleo actual, y a su mejora paulatina en el futuro.

UGT siempre ha defendido la necesidad de tener en cuenta la situación laboral del sector a

la hora de legislar y regular. El futuro de las Telecos no sólo pasa por invertir en redes, sino

también en personas, y las leyes que vertebran nuestro Sector deben servir como instrumento

que garantice el empleo y que posibiliten un crecimiento económico sostenible basado en

empleos de calidad y alto valor añadido.

También echamos de menos acciones sociales más audaces, como la ampliación del Servicio

Universal a nuevos segmentos y velocidades, como la puesta en marcha de bonos sociales de

conectividad para personas con pocos recursos o como la elaboración de un Plan Nacional de


Inclusión Tecnológica.

Igualmente, la Calidad del Servicio sigue situándose en el furgón de cola de las prioridades de la

ley, ignorando asuntos tales como la necesidad de un medidor de velocidad o una definición más

concluyente sobre la Neutralidad de la Red.

En definitiva, UGT considera que esta ley debe mejorarse mediante los procesos de desarrollos

reglamentarios que se inician a continuación.

Así, esta Organización Sindical persistirá en su labor de interlocución con los legisladores y

reguladores al objeto de conformar una LGT más justa, más social y que cree más y mejor

empleo.


6. Futuro de la Ley: Plan de Acción.

UGT continuará pugnando por mejorar la nueva Ley General de Telecomunicaciones, con el fin

de hacerla más social y beneficiosa para el conjunto de trabajadores y trabajadoras del Sector

de las Comunicaciones.

Así, a la hora de redactar estas líneas, ya estamos trabajando en iniciativas para incluir en la futura

Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas40, la cual debe aspirar a “fomentar su adopción por

ciudadanos, empresas y administraciones, para garantizar la cohesión social y territorial”. Así,

UGT propondrá:

•La Universalización de la Banda Ancha de Alta Velocidad, en concordancia con los objetivos

de la Agenda Digital y desde el punto de vista del acceso a infraestructuras de nueva

generación, apoyándose en la inyección de ayudas públicas destinadas a tal efecto. En este

sentido, cabe recordar el estudio de la Comisión Europea41, que afirma que España, con una

inversión pública de solo 685 millones de euros generaría 707.000 nuevos empleos, con el

mejor coeficiente coste-beneficio de toda Europa: un 6,02. En resumen: no hay ningún país

en la Unión Europea en donde la inversión en fibra óptica reporte más beneficios que en

España.

•Un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica, con el objetivo de conseguir una mayor

implicación de las AAPP en la educación y la formación de la ciudadanía en TIC, al objeto de

superar los obstáculos de entrada a las nuevas tecnologías y poder así acelerar el crecimiento

económico del país y el nivel de empleabilidad de los trabajadores/as.

•Un Plan de Ayudas a Microempresas y PYMES, con el fin de subvencionar conexiones

de alta velocidad para pequeñas y medianas empresas, inspirado en el programa Super

Connected Cities del Reino Unido.

•Un Plan de Formación Digital para la Búsqueda de Empleo, habilitando salas en los

centros del INEM para parados, con asesores que puedan aconsejar tanto en el manejo

de los dispositivos como en la confección de currículos y en la búsqueda de empleo en el

ciberespacio.

40 Disposición adicional decimoctava. Universalización de la banda ancha ultrarrápida de la Ley de Telecomunica-ciones41 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/study-socio-economic-impact-bandwidth-smart-20100033


•La mejora en la Calidad del Servicio, poniéndonos a la altura de los países más punteros

del mundo implantando un Medidor de Velocidad para que la velocidad proporcionada se

aproxime a la contratada42.

•El adelanto del Segundo Dividendo Digital43, conforme a la propuesta de UGT remitida al

CATSI el pasado 28 de julio de 2014.

42 http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2014/informe_ugt_reclama_un_medidor_de_velocidad_de_la_red.pdf43 http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2014/propuesta_de_ugt_para_la_reforma_del_espectro_radio-electrico_en_espana.pdf

LA ACCIÓN SINDICAL DE UGT EN LA TRAMITACIÓN DE LA LGT

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