¿FRACASOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN AMÉRICA LATINA?

NARCOTRÁFICO Y POLÍTICAS DE DROGAS. WORLDPRESS 2012

EL NARCOTRAFICO y las políticas de drogas ocuparán un lugar privilegiado en la agenda latinoamericana este 2012. La OEA y UNASUR lo han puesto en el centro del debate. Seis presidentes de países centroamericanos ya se comprometieron a desarrollar estrategias conjuntas para combatir el narcotráfico, y jefes de Estado de países como México y Guatemala finalmente están hablando de legalización. Es que estamos frente al fracaso más grande de una política pública en la historia moderna de nuestro continente, una tragedia vergonzosa que merece atención inmediata.

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• La absurda guerra contra las drogas ha cobrado, sólo en México, la vida de más de 50 mil personas, y ha dejado alrededor de 40 mil niños huérfanos. Las cárceles latinoamericanas están hacinadas con infractores a leyes de drogas, y en países como Ecuador hay centros penitenciarios para mujeres, donde entre el 60% y el 80% está ahí por infracciones a estas leyes. A pesar de ciertos avances y planes millonarios, Colombia sigue controlando gran parte del tráfico de cocaína mundial.

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• La presión en estos países ha causado que la guerra se mueva hacia Centroamérica, transformándose en uno de los lugares más violentos del mundo y desde donde hoy se controla el tráfico hacia América del Norte.

• La violencia y la corrupción asociadas hacen que el desarrollo sea prácticamente imposible en gran parte de nuestra región.

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• A pesar del prohibicionismo y de los billones de dólares invertidos en la destrucción de cultivos y drogas, el consumo no muestra disminución.

• El último Informe Mundial de Drogas de la ONU sitúa a Argentina como el segundo país consumidor de cocaína del continente tras Estados Unidos, mientras que América del Sur está sobre la media de consumo mundial.

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• La producción también crece: en Perú hay alrededor de 1.500 laboratorios para procesar pasta de coca son desmantelados al año; Paraguay sigue como productor fuerte, y la innovación para elaborar nuevas drogas pareciera estar en su mejor momento, todo gracias a las políticas prohibicionistas.

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• El prohibicionismo es, además, responsable de la represión hacia consumidores, al tratarlos como delincuentes. El consumo debe ser visto como un problema sanitario y enfrentado con políticas de salud.

• Chile es un buen ejemplo de cómo las cosas no se deben hacer. Mientras el Estado invita con una mano a la prevención y rehabilitación, con la otra castiga y trata a consumidores como delincuentes. Mientras que más de 30 mil chilenos son detenidos por consumo y porte y que estrategias, el Plan Verano 2012 es un fiasco mediático que anula un debate que requiere centrarse en la salud y en los derechos humanos.

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• La obsesión por mantener ilegales ciertas drogas es la gran responsable de esta catástrofe. Hemos entregado al crimen organizado un cheque en blanco para que financie el terror: un mercado criminal de 300 billones de dólares al año a nivel global.

• El camino es lograr la regulación de ciertas drogas, tal como se hace con el alcohol y el tabaco: el primer paso es la marihuana. América Latina no puede seguir poniendo en riesgo su base social, la paz y el desarrollo, a costa de continuar con esta destructiva incoherencia.

NARCOTRÁFICO Y POLÍTICAS DE DROGAS. EL ESPECTADOR 2012

• El presidente de Colombia Juan Manuel Santos cree que podría ser más efectivo imponer gravámenes a la compra y el tráfico de alucinógenos, y destinar esos recursos a prevenir el consumo.

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• En su entrevista para el programa El Gran Reportaje, el martes pasado, el presidente Juan Manuel Santos fue por primera vez más allá en su propuesta de abrir el debate en torno a la legalización de las drogas y el fracaso de la política del prohibicionismo. Entre los muchos temas que puso sobre la mesa, el primer mandatario se refirió a “la plata” que se podría conseguir al imponer impuestos, es decir, gravar el consumo o el tráfico de drogas y dedicar esos recursos exclusivamente a la prevención. “De pronto es mucho más barato y más eficiente”, enfatizó.

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• Aunque Santos aclaró que Colombia no va a tomar ninguna acción unilateral y que el asunto de la lucha contra el narcotráfico es un tema de seguridad nacional, se trata ya de una idea concreta que, según cree, se debería analizar. Un tema que causa roncha y que claramente se tendría que estructurar, pues hay quienes consideran que sólo es posible con las llamadas drogas “blandas” (marihuana o hachís), pero no con las “duras” (cocaína, morfina o heroína, entre otras).

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• La idea del jefe de Estado se encuadra en la teoría del ex presidente César Gaviria, quien cree que, si bien el mensaje no apunta a negar que las drogas hacen daño o necesitan controles y tampoco está hablando de no perseguir a las organizaciones criminales, el punto de partida debería ser que se examine de manera colectiva cómo llegar a una política en la cual se disminuyan la corrupción, la violencia y los inmensos costos económicos y sociales.

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• “Es lo que la mayoría de los europeos llaman reducción del daño. No hay políticas ideales. Sólo hay las que ponderen varios aspectos y no nos aten a políticas que supuestamente están basadas sólo en principios éticos, sin pensar en las consecuencias sobre la sociedad”, dijo el ex mandatario el domingo, en El Tiempo.

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• Otro ex presidente, Ernesto Samper, respalda la incipiente propuesta de Santos: “Es absolutamente lógica. De lo que se trata es que las utilidades que están recibiendo los narcotraficantes las reciba el Estado, a través de la imposición de impuestos. El negocio de la droga es: sustancia alucinógena más riesgo. La sustancia la ponemos los productores y el riesgo, el narcotráfico. Entonces, si usted elimina el riesgo puede llevar a una caída de los precios y a un aumento del consumo, pero eso se evita gravando con impuestos el producto”, explicó.

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• La representante a la Cámara Alba Luz Pinilla, del Polo Democrático, autora de un proyecto que busca la despenalización de la dosis mínima, considera que hoy más que nunca se hace perentorio tomar decisiones como la que podría implicar que los dineros que van para la guerra y la corrupción empiecen a ser manejados por empresas legales, con un sentido social y educativo.

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• “En Colombia hay una oferta de droga para países como Estados Unidos que, pese a tener leyes muy fuertes, sigue siendo un gran consumidor. Eso sería que el Gobierno tenga un control sobre ese mercado, como ocurre con los cigarrillos y el alcohol. La política antidrogas para lo único que ha servido es para fomentar el negocio y la ilegitimidad”.

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• Pero también hay quienes riñen con lo dicho por el primer mandatario. El senador Juan Carlos Vélez, de la U, es de los que advierten que la legalización aumenta el consumo y el número de adictos y lo que se debe hacer es insistir en las campañas de prevención y educación frente a los riesgos de consumo.

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• “El camino más fácil es el de la prevención, no el de la estimulación. Eso no lo podemos permitir. Cito como ejemplo Holanda, donde se legalizó el consumo y se disparó el número de adictos. Así ha sucedido en los países donde han tomado esa decisión. Ahora no nos pueden salir con que las drogas son un buen negocio y que debemos llegar a un acuerdo para cobrar impuestos”, manifestó.

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• Una mirada desde la academia la da César Torres, internacionalista de la Javeriana. Se puede legalizar el consumo de drogas a partir de la política de la dosis personal: “En países europeos el tema se maneja como un asunto de salud pública y no de criminalización, por lo que se atiende a los adictos y se educa para la prevención. Lo de los impuestos se puede discutir, pero tratando la problemática desde la perspectiva de la soberanía y la dignidad de los pueblos (...) un gravamen al consumo o la producción no va a funcionar en frío. Hay que dar el debate sobre el trasfondo de la política antidrogas”.

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• Lo claro, por ahora, es que el jefe de Estado puso el dedo en la llaga de un tema sensible. El espectro es demasiado amplio y las preguntas y respuestas son varias cuando se trata de llegar a una conclusión. La expresión “reducción de daño” no deja de causar debates y posiciones encontradas. Pero también es cierto que la política de la lucha antidroga se encuentra en un punto de cambio, muy a pesar de los Estados Unidos, en el que Colombia apunta a jugar un papel determinante o, por lo menos, influyente.

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• El caso holandés. En 1976, ante el alto consumo de drogas, el gobierno de Holanda decidió despenalizar el uso de la marihuana (5 gramos por persona, que luego subieron a 30. Posteriormente se llegó a la legalización, buscando reducir la demanda y la oferta y minimizar los riesgos para los consumidores y la sociedad. Según las cifras oficiales, el resultado inmediato que se logró con dicha determinación fue que disminuyó el nivel de consumo, se separó el mercado de las drogas ‘duras’ de las ‘blandas’ y se evitó la venta clandestina.

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• Las autoridades holandesas consideran que el consumidor ilegal tiene más posibilidades de ir a las drogas ‘duras’ y que cuando se legalizan las ‘blandas’ se disminuye ese riesgo. Holanda ha creado alrededor del tema el llamado ‘turismo de drogas’. En un principio se crearon los llamados ‘coffee shops’ legales, que vendían marihuana. Desde el pasado 1° de enero, dichos negocios operan como clubes, con no más de 2.000 miembros, y allí sólo se vende la droga a los holandeses y residentes extranjeros que sean sus socios.

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• Los resultados en Portugal tras la descriminalización. En julio de 2001 el gobierno de Portugal implementó un cambio en su política de drogas: los usuarios de cualquier droga ilegal aprehendidos por la policía no eran llevados ante los tribunales judiciales o a las cárceles, sino ante comisiones especiales compuestas por profesionales de la salud, el derecho y el trabajo social. La intención era darles a los consumidores la oportunidad de acceder a tratamientos a su adicción y minimizar los costos sociales del uso de drogas.

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• Los resultados en Portugal tras la descriminalización

Un estudio realizado cinco años después por el Cato Institute (organización no gubernamental con sede en Washington) determinó que, tras la medida, el uso de drogas ilegales por parte de los jóvenes portugueses decreció, las tasas de infecciones de sida cayeron y las muertes por consumo de heroína y sustancias similares se redujeron a la mitad, duplicándose el número de personas que buscaron tratamiento por adicción.