La CUT desea a ustedes un feliz fin de año y para el 2016 augura grandes éxitos en la lucha por paz, soberanía, democracia y derechos laborales.

Comité Ejecutivo NacionalSubdirectiva Bogotá Cundinamarca

Nº 135 Bogotá, ColombiaValor $500 Diciembre de 2015

En este númeroEl rito de negociar

otra vez el salario mínimo

Cada año, millones de trabajadoras y traba-jadores colombianos cifran sus esperanzas de vivir un poco menos pobremente en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. / 3

Asintraf en el Hospital Universitario Clínica

San Rafael

Después de 2 años de incumplimiento de parte de las directivas del Hucsr de su obligación de efectuar el aumento salarial correspondiente al año 2013. / 5

¡Un éxito más de nuestra escuela de género!

El pasado 1º de diciembre se llevó a cabo el acto de clausura de la novena promoción de la escuela de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, “Bertina Calderón Arias”. / 7

Colombia, 1928 La masacre

de las bananeras

Con este artículo María Tila Uribe nos refresca la memoria de cómo y porqué se produjo la ma-sacre de las bananeras hace 85 años, a manos del Ejército y de la United Fruit Company (hoy Chiquita Brands). / 12

Detrás de los titulares: la comunidad colombiana

de los Nasa

Feliciano Valencia dice: “Por 54 días estuve en la cárcel de San Isidro con todos los criminales de alto riesgo. Pero aquí vengo a este nuevo espacio en el que me aproximo a la naturaleza, donde me encuentro con mi pueblo, y donde puedo resucitar después de esos 54 días de tortura permanente”. / 13

Tejiendo páramos

A trece años de haberse realizado el primer Congreso Mundial de Páramos en Paipa (Boyacá), muchos de los interrogantes y preo-cupaciones esbozadas en aquella oportunidad cobran total vigencia. / 14

Venezuela: La trampa

Las elecciones parlamentarias en Venezuela arrojan varias enseñanzas que creo necesario subrayar. En primer lugar que, contrariamente a todas las predicciones de los lenguaraces de la derecha, los comicios se realizaron, al igual que todos los anteriores, de una manera impecable. / 18

La huelga es legítima cuando el Estado no garantiza condiciones laborales justas.La huelga (1866). Robert Koehler, Berlín, colección particular.

2 Nº 135, diciembre de 2015laborales

Agencia de Información Laboral

Publicado 3 de diciembre de 2015

Desde 1997, en Colombia exis-te una norma por la cual los empleadores tienen limitantes para despedir a trabajadores en condición de discapacidad,

debido a un fuero especial, o estabilidad laboral reforzada, que los protege.

Se trata de la Ley 361, llamada Ley Clopatofsky, la cual estipula que si un em-pleador quiere despedir a una persona con discapacidad, debe radicar primero una so-licitud ante el Ministerio de Trabajo, incluso si el despido es por justa causa; norma que reforzó un fallo de la Corte Constitucional, que obliga al reintegro inmediato del tra-bajador en caso de que el empleador no haya hecho esa solicitud previa y esperado la autorización del inspector.

El propósito de la Ley Clopatofsky es claro: brindarles protección adicional a los traba-jadores con discapacidad, en razón de que son los más vulnerables y por su condición tardan más tiempo en conseguir un nuevo empleo. Además, porque en Colombia su número es muy alto. Hay 2.630.000 perso-nas con algún tipo de discapacidad, y de ellas, según datos recientes del Ministerio de Trabajo, sólo 133.000 trabajan.

Pero esta prerrogativa puede cambiar en virtud a dos proyectos legislativos que cur-san en la Comisión Séptima del Senado, que buscan modificar la estabilidad laboral reforzada que hoy ampara a los traba-jadores con discapacidad, y que facilita su despido de las empresas. Esto bajo el argumento de que la norma, tal como está, desincentiva a los empleadores para contratar a estas personas.

Un primer proyecto fue radicado desde junio por la bancada del Partido de la U, encabezada por Roy Barreras, José David Name y José Caicedo, entre otros. El artí-culo 4º, el más polémico de este proyecto, señala que ninguna persona con discapa-cidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, sal-vo que medie autorización del Ministerio de Trabajo, pero esta autorización no se requerirá cuando el trabajador con disca-pacidad incurra en alguna de las razones establecidas en la ley como justas causas para dar por terminado el contrato.

El otro proyecto de ley, también modifica-torio de la Ley Clopatofsky, fue presentado por el senador Álvaro Uribe Vélez y su par-tido Centro Democrático, y que al igual que el primero está en fila para primer debate en el Senado.

Reacciones a los proyectosSobre el tema, Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, señaló que en Colombia se quiere imponer la tesis que la generación de empleo tiene que estar sujeta a las exigencias y requerimientos de los empleadores y del capital, que ac-túan pensando en aspectos monetarios y no humanitarios. “Dentro de la central hemos sido testigos de que hay fricciones entre las compañías y sus empleados que cuentan con algún tipo de discapacidad”, señaló.

Para analizar las implicaciones de la inicia-tiva legislativa que cursa en el Congreso, esta agencia también consultó la opinión de profesor Iván Daniel Jaramillo, coordinador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, entidad que ha estado muy pendiente del tema. Además, él mismo es una persona en situación de discapacidad. Al respecto opinó:

Los proponentes del proyecto sostienen que por culpa de la estabilidad laboral reforzada es bajo el nivel de ocupación de las perso-nas con discapacidad. Nosotros no estamos de acuerdo con esa apreciación. Pensamos que el fuero no obliga a la inamovilidad del trabajador. El rol del inspector de trabajo existe solamente para que se garantice que no haya discriminación. Es un control previo dirigido a una población que por su condición merece una especial protección. Pero no les da a los trabajadores con dis-capacidad absoluta libertad para cometer faltas impunemente.

Para este académico, los legisladores deben ir más allá del concepto de esta-bilidad laboral reforzada, porque, en su opinión, el tema de la discapacidad dejó de ser solo del ámbito médico, pasa por el acceso a los bienes y servicios por parte de estas personas. En tal sentido propuso a los ponentes de los proyectos adoptar “ajustes razonables que garan-ticen la remoción de las barreras co-municativas, físicas y actitudinales”, en concordancia con las obligaciones plas-madas en la Ley 1618 y las que aprobó la Convención Mundial sobre personas con discapacidad.

Es decir, se trata de que sea obligación de los empleadores adecuar en las empresas

mecanismos, como rampas de acceso, oficinas y puestos de trabajo para que las personas con discapacidad realicen de una buena forma su labor y no tengan barreras de exclusión y discriminación.

El proyecto de ley no cambia los incenti-vos que hay en Colombia para promover la contratación de personas en condición de discapacidad. Hoy las empresas que tengan dentro de su equipo trabajadores con discapacidades superiores al 25% pueden descontar parte del pago del impuesto de renta equivalente al doble del salario que le paguen. Además, se-gún la Ley 789 de 2002, pueden reducir en un 50% su cuota de aprendices, que es el programa del Sena que obliga que por cada 20 trabajadores debe haber un técnico o tecnólogo haciendo su fase práctica en la empresa.

Trabajadores en condición de discapacidad podrían perder estabilidad laboral reforzada

Alerta por proyectos de ley que cursan en el Congreso

La realidad es que en Colombia conse-guir empleo no es fácil. Hay actualmente 2.170.000 desempleados y más de la mitad de los que consiguen trabajo se encuentran en la informalidad. Y para las personas con discapacidad es más difícil aún tener opciones en el mercado laboral. Así que la pregunta es: ¿es justo y pertinente quitarles su protección laboral?

Así las cosas, el movimiento sindical debe estar muy pendiente de lo que ocurra en el Congreso con la iniciativa legislativa. Ya ha habido algunos plantones y manifestaciones que han puesto en evidencia la amenaza que se cierne sobre la estabilidad reforzada de las personas con discapacidad. Como la protagonizada este miércoles por grupos de trabajadores en Medellín y otras ciudades del país, donde realizaron mítines de protes-ta ante las oficinas del MinTrabajo.

Nº 135, diciembre de 2015 3o p i n i ó n s i n d i c a l

Edwin Palma Egea

VicePresidente nacional uso las2orilllas.co / 8-12-2015

Cada año, millones de tra-bajadoras y trabajadores colombianos cifran sus espe-ranzas de vivir un poco menos pobremente en la Comisión

Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, Cncpls, una de va-rias creaciones de la Constitución de 1991 que han buscado mejorar los espacios de diálogo social del país. La Comisión a pesar de tener un amplio mandato legal le debe su popularidad a que en ella intentan al final de cada año, trabajadores, Estado y empresarios, concertar el aumento del salario mínimo legal.

El 48 % de los 21,5 millones de trabaja-dores del país ganan un salario mínimo o menos. En el campo la tasa es peor, cerca del 90 % de los trabajadores rurales no devengan ni siquiera el salario mínimo. El aumento del salario mínimo no solo im-pacta esos salarios sino otros costos de la economía nacional como el aumento de las mesadas pensionales, los peajes y beneficios económicos o aumentos sala-riales de muchas convenciones colectivas de trabajo que crecen con referencia en dicho porcentaje. De todas formas al final, sea cual sea, la percepción de la sociedad colombiana es que el salario mínimo no alcanza para nada.

Para este año el equipo económico de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, concluyó que el aumento del salario mínimo debe ser del 12 %. Al respecto dijo que:

Esta cifra recoge el aumento de la inflación alrededor del 6,7% para el 2015, el aumen-to de la productividad que es del orden del 1%, y la contribución de los trabajadores al Producto Nacional, de acuerdo con la Ley 278 de 1996. En este último punto ha habido un deterioro y es preciso recuperar lo que se ha perdido en la participación de los salarios en el Producto.

Los empresarios, por su lado, amenazan como siempre, que de darse un “elevado” aumento del salario mínimo para el 2016 se verá afectado el empleo y crecerá la tasa de informalidad, es decir, que se preferirá con-tratar mediante cualquier otra modalidad menos mediante contrato de trabajo. Ponen de ejemplo por ejemplo los parqueaderos de Bogotá donde ya funcionan con un solo trabajador ante lo costoso de la formaliza-

ción. El trabajo para los empresarios no es fuente de ingresos, ni una inversión, es un gasto, una pérdida.

El Banco de la República por su lado señala que la tendencia inflacionaria es producto del fenómeno del Niño, de la devaluación del peso, y que tasar en el 6% la meta de inflación es muy exagerado.

Para organizaciones defensoras a ultranza del neoliberalismo como la Ocde, Colombia tiene uno de los salarios mínimos más altos de la región y con los empresarios han venido pidiéndole al Estado colom-biano la eliminación del salario mínimo o al menos la revocación por el Congreso de la República de la decisión de la Corte Constitucional que obliga a la Cncpls y al gobierno a subir cada año el salario mínimo más allá de la tasa de inflación.

Sin embargo, analistas de lo laboral como Stefano Farne, director del Observatorio del Mercado Laboral en la Universidad Externado, piensan que a la hora de com-parar los salarios mínimos de distintos países se deben tener en cuenta varios factores como, por ejemplo, los costos y niveles de vida de una región, la produc-tividad, la tasa de las divisas, entre otros.

En medio de estas posiciones encontradas, quien desempeña el papel decisivo es el Estado a través del Ministerio del Trabajo, porque ante la falta de acuerdo es quien debe fijar el aumento. La historia cuenta que casi siempre el gobierno termina acep-tando las tesis del empresariado y nunca la de los trabajadores. De ahí que cada trimestre los Gallup Poll sobre el estado de

la opinión colombiana, califiquen regular la imagen del empresariado y mal al gobierno en sus políticas de generación de ingresos o lucha contra el desempleo.

El modelo económico ofrece muchas concesiones a los poderosos

No se puede decir menos. El modelo económico que gobierna el país es el que ofrece muchas concesiones, garantías y reducciones de costos a los poderosos y no se esfuerza por equilibrar la desigual-dad de quienes le aportan a la producción y a la economía nacional: los trabajadores. En el país la desigualdad no ha disminui-do, incluso en Medellín aumentó en el último cuatrienio. Salvo en Bogotá donde la pobreza disminuyó notablemente, en el resto del país se siguen teniendo altos índices de pobreza y miseria. Los salarios y la formalidad laboral son claves en la lu-cha contra los dos peores problemas del país según las encuestas: la desigualdad y la corrupción.

Sea cual sea el aumento del salario mí-nimo los trabajadores quedarán descon-tentos. La sociedad tiene una percepción

generalizada de que nadie vive con un salario mínimo por lo que entonces el debate se reduce a mantener el poder adquisitivo del ingreso de los hogares pero no en establecer para ellos y ellas un ingreso digno.

Diciembre no es la mejor época para esta discusión. Si a la distracción de las velitas y la época navideña y de fin de año se le suma la debilidad y la división del movi-miento sindical colombiano (por diversas razones ya anotadas con anterioridad) para generar inmensas movilizaciones frente a dicha disputa, el tema no dejará de ser titular en las primeras páginas de los medios, en encuestas sobre el descon-tento que genera y los temas del trabajo volverán a hacer noticia de vez en cuando en el año 2016.

La sindicalización y la negociación colec-tiva son la mejor herramienta de los tra-bajadores para mejorar los bajos índices de protección social y laboral. Sindicatos que luchen por romper estas barreras del mínimo, de la informalidad y de la desigual-dad. De los trabajadores y de los sindicatos depende eso.

La percepción de la sociedad colombiana es que el salario mínimo no alcanza para nada

El rito de negociar otra vez el salario mínimo

4 Nº 135, diciembre de 2015s i n d i c a l e s

La Asociación de Empleados de la Secretaría Distrital del Hábitat, Asehábitat, que tiene como obje-tivo principal “El mejoramiento y

defensa de los intereses de los trabajado-res en un conjunto de acciones que hagan posible un mejor nivel de bienestar social cultural y laboral de los empleados de la SDHT y que contribuya al cumplimiento armónico de las metas fijadas por la entidad en pro de la ciudad de Bogotá”, lamenta, deplora y rechaza las declaraciones rea-lizadas por la honorable concejal Lucía Bastidas el día de ayer 2 de diciembre en CM& donde indicó: “No es ético que finali-zando la administración, se esté llamando a los amigos para que traigan hojas de vida por doquier, y se pretenda dejar un ejército petrista en las entidades del Distrito”, lo anterior producto de los procesos que en la actualidad se llevan dentro del Distrito, con el fin de formalizar plantas definitivas y en su defecto prórrogas de plantas temporales hasta los meses de junio y diciembre del próximo año, como es el caso de nuestros cargos en la Secretaría del Hábitat.

Por lo tanto y teniendo en cuenta que en nuestra condición de trabajadores del Distrito, en particular de Hábitat, con alta vulnerabilidad por nuestra situación laboral, por la hostilidad injustificada de ciertos sec-tores de la sociedad a nuestra permanencia y con el fin de contrarrestar el mensaje que busca ambientar un escenario de despidos masivos, soportados en controversias y confrontaciones políticas, de las cuales so-mos ajenos, aclaramos a los trabajadores distritales y la opinión pública lo siguiente:

1. Que en el caso de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat vincu-lados en planta temporal, en su gran mayoría venimos prestando nuestros servicios a la entidad desde su creación en el año 2006 hace más de 9, 8, 6 o 4 años respectivamente o quienes llevan menos tiempo de vinculación, ha sido a través de convocatorias públicas de méritos realizadas por el Servicio Civil Distrital. Hemos transitado laboral-mente, desde órdenes de contrato por prestación de servicios, pasando por nombramientos como supernumerarios y finalmente en este momento como planta temporal; lo anterior evidencia la búsqueda de superar la tercerización y la precarización laboral en las entidades

públicas y distritales, donde en muchos casos se está acostumbrado a vulnerar derechos básicos de trabajadores como es el derecho a un trabajo en condicio-nes dignas.

2. No somos funcionarios que estamos o hemos llegado con nuestras hojas de vida en esta administración para con-formar un “ejército petrista”, que por cierto tiene connotaciones peyorativas, señaladoras y de cuerpo armado bajo las ordenes de un líder; por el contrario somos servidores que hemos venido desempeñando funciones técnicas, mi-sionales, soportadas en la Constitución, leyes nacionales y normas distritales.

3. Irresponsable resultan las declaracio-nes de la honorable concejal Lucía Bastidas, que propone dejar a la ciudad el 2 de enero de 2016 sin funcionarios en algunas entidades como el caso de la Secretaria Distrital del Hábitat, que actualmente cuenta únicamente con 25 funcionarios de carrera y 20 funcio-narios de libre nombramiento y remo-ción, claramente con este número de funcionarios nuestra entidad no puede desempeñar las funciones asignadas en beneficio de la ciudadanía, particu-larmente a aquellos sectores de mayor vulnerabilidad.

4. Cabe recordar que nuestra Secretaría nace y se le asignaron funciones a través del Acuerdo 257 del 2006, pro-puesta realizada y adoptada en la ad-ministración del aquel entonces alcalde Luis Eduardo Garzón, de cuyo gabi-nete hizo parte la hoy concejal Lucía Bastidas como directora del Idpac.

5. ¿Esta es la visión que tiene la nueva ad-ministración de Bogotá sobre nosotros los funcionarios distritales?, que día a día trabajamos por el sustento de nues-tras familias cumpliendo con nuestras funciones y brindando el mejor servicio a la ciudadanía a la que nos debemos.

Finalmente, invitamos a todos los compa-ñeros dentro de Hábitat, independiente-mente de nuestra vinculación laboral para que defendamos el derecho al trabajo digno, en resguardo de la memoria insti-tucional de la entidad y sus trabajadores y no permitamos una masacre laboral, ma-quillada en reestructuración administrativa de las entidades del Distrito Capital.

Unidos lograremos más. Por la defensa del trabajo digno.

Comunicado a la opinión pública

En defensa del derecho al trabajo y del buen nombre de los trabajadores distritales

La Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Ustrial, y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario,

Sinaltrainal, denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital de Cartagena, los organismos de derechos humanos de Colombia y el mundo y la opi-nión pública en general, que luego del cierre de la planta ubicada en Cartagena, sin el debido permiso del Ministerio del Trabajo y luego del inicio de las labores el 17 de noviembre la empresa ha decido dejar por fuera a 120 trabajadores bajo la figura del Art. 140 del Código Sustantivo del Trabajo.Es decir, les está pagando sin prestar el ser-vicio. La gran mayoría son madres cabeza de hogar y en condiciones de debilidad ma-nifiesta pues tienen enfermedades de ori-gen laboral adquiridas en la empresa y esta situación las perjudica económicamenteComo se recordará este grupo de traba-jadores se quedó en las instalaciones de Seatech International, el 30 de octubre al ser despedidos todos los trabajadores, so-licitando dialogar con la administración de la empresa para ver en qué condiciones quedaban, ya que Seatech con el único sin-dicato que dialoga es uno que ellos crearon llamado Sintramar-CTC y al que le imponen toda su política. La única respuesta al pe-dido de diálogo fue la dilación por más de cuatro días y la utilización el Esmad para reprimir a los trabajadores, con gases lacri-mógenos y balas de goma, en un conflicto meramente laboral.Esta política antisindical ahora se agudiza al imponerle al presidente del sindicato Ustrial, el compañero Fredis Marrugo, una

suspensión de dos meses y de inmediato le fue notificada la carta de despido sin el lleno de los requisitos exigidos por la ley como es la autorización de un juez laboral.Demandamos del presidente de la Repú-blica, el doctor Juan Manuel Santos, a que intervenga, ya que si el gobierno dialoga con las organizaciones insurgentes, los empresarios no pueden darnos a los tra-bajadores un tratamiento como si fuéramos delincuentes, ya que lo único que estamos exigiendo es el respeto de nuestros dere-chos consagrados en las leyes colombianas y en los convenios internacionales de la OIT, suscritos por el Estado colombiano.Le exigimos al fiscal General de la Nación, el doctor Luis Eduardo Montealegre, a que cite la audiencia de imputación de cargos a los señores Diego Ramiro Canelo Velasco, gerente de Seatech y Hernán Tadeo Vélez Pareja, gerente de la empresa Atiempo Servicios SAS por el delito de violación al derecho de reunión y libertad sindical, au-diencia que fue aplazada inexplicablemente desde el 29 de mayo del año en curso, ya que continúan con sus políticas represivas contra los trabajadores sindicalizados.Le solicitamos al señor, Ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón, que convoque la reunión entre las empresas y las organiza-ciones sindicales Ustral y Sinaltrainal que desde hace más de cinco meses se com-prometieron a realizar para buscar salidas a este grave conflicto laboralCordialmente,

Fredis Marrugo Velásquez Presidente Ustrial

Edwin Molina Galbang Presidente de Sinaltgrainal-Cartagena

Son múltiples las denuncias que se han hecho sobre malos manejos realizados por la Juntaç Directiva de Saludcoop y son pocos los re-

sultados mostrados en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y por la Superintendencia de Salud; antes que precisar responsables y hacer las sancio-nes correspondientes, el gobierno nacional opta por la vía fácil, liquidar Saludcoop. Los afiliados pasarán a Cafesalud EPS, dice el gobierno, sin sufrir traumatismo en los ya pésimos servicios que se prestaban.

A los trabajadores se les plantea que deben renunciar al contrato actual y ser nombrados como nuevos en Cafesalud, cuando allí lo que hay es una sustitución patronal y, por tal razón, la totalidad de los trabajadores deben ingresar con todos sus derechos y garantías laborales a la planta de personal.

Pareciera que la intención del gobierno nacional es la de liquidar a la organización

sindical, tal como ya sucedió con otras instituciones del Estado en años pasados, y de paso desconocer derechos laborales de los trabajadores de Saludcoop.

La CUT llama al gobierno nacional y en particular a los Ministerios de Trabajo y de Salud a que se garantice el acceso a la salud de los afiliados a Salucoop y los derechos de todos los trabajadores a ser vinculados con todos los derechos a Cafesalud EPS.

Bogotá 25 de noviembre de 2105

Luis Alejandro Pedraza Presidente

Fabio Arias Giraldo Secretario General

María Doris González Directora Dpto. Salud y Seguridad Social

Francisco Maltés Tello Director Dpto. Investigación

Comunicados CUT

La CUT deplora la decisión del gobierno nacional de liquidar Saludcoop

Continúa la represión sindical en Seatech International

Nº 135, diciembre de 2015 5s i n d i c a l e s

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca

Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Presidente), Luis Fernando Abadía (1a. Vicepresidencia), Bernardo Raúl López Martinez (2a. Vicepresidencia, responsable de Relaciones Internacionales), Alfonso Ahumada B. (Secretario General), Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Tesorería y Finanzas), Pedro Isidro Yepes López (Fiscalía), Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Martha Pineda Guío (Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales), Jorge Enrique Laverde Herrera (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos), Esperanza Lozano Atencio (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad), Celmira Herrera Urrea (Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad), Manuel Ángel Téllez González (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva), María Victoria Forero Izquierdo (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial), Carlos Alberto Velásquez (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente), Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos).

Consejo editorialMiguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas,

Publicidad y Propaganda), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Presidente) Nohora Bulla (Tesorera), Jorge E. Charry (asesor editorial).

avenida Caracas nº 44-54 of. 402teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432

Bogotá d.C. Colombiaemail:

cutbogotacun@yahoo.es / cutbogotacun@cut.org.coissn: 1900-0898

diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558.

Caricaturas: internet. Fotografías: jorge Becerra, dreamstime Manuel a. Mora y tomadas de internet.asistencia editorial: Yolanda rodríguez

edición: 20.000 ejemplares. tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.

Las opiniones expresadas en Los artícuLos son de excLusiva responsabiLidad de sus autores.

Sindicato de Trabajadores del Hospital Universitario

Clínica San Rafael, Asintraf

sintraf@gmail.com

Después de 2 años de incum-plimiento de parte de las directivas del Hucsr de su obligación de efectuar el au-mento salarial correspondien-

te al año 2013, de muchas angustias de los trabajadores, de las muchas dilaciones de parte de la empresa para cumplir con esta obligación legal y gracias al Laudo Arbitral obtenido por Asintraf, hoy todos los trabaja-dores de la Clínica hemos obtenido el pago del retroactivo de ese aumento, que alivia un inmenso déficit en los salarios recibidos hasta ahora. Deben tener claro los trabaja-dores sindicalizados y no sindicalizados que este logro es única y exclusivamente fruto del trabajo persistente de Asintraf y muy a pesar de la oposición de las directivas de la Clínica, por lo cual, todos los beneficiados,

deben sentirse comprometidos a reconocer el trabajo realizado por nuestro sindicato y pertenecer a él para continuar cosechando beneficios para los todos los trabajadores.

Dado que el Laudo Arbitral fallado a favor de Asintraf tuvo vigencia hasta el 30 de abril de 2014 y ese punto no fue impugna-do por la clínica ni por el sindicato, Asintraf presentó un nuevo pliego de peticiones en abril de 2014 a fin de negociar los temas pendientes como aumento salarial de los años 2014 y 2015. A pesar de lo anterior, el Dr. Sergio Iván Mejía, en una acción claramente violatoria del derecho funda-mental de negociación colectiva, se negó en repetidas ocasiones a recibir el pliego y a iniciar la negociación como lo indica la ley y en múltiples reuniones hospitalarias afirmó que no negociarían el pliego pre-sentado, que Asintraf estaba errado y que debíamos presentar nuevo pliego.

Considerando lo anterior como una grave violación al derecho de negociación co-lectiva, Asintraf presentó una acción de

Asintraf en el Hospital Universitario Clínica San Rafael

tutela, que en segunda instancia ha deci-dido “amparar el derecho fundamental de negociación colectiva en cabeza de la or-ganización sindical Asintraf, en consecuen-cia se ordena al representante legal del Hospital Universitario Clínica San Rafael que dentro del improrrogable término de 48 horas contadas a partir de la fecha de notificación de este fallo inicie con Asintraf las conversaciones correspondientes a la etapa de arreglo directo”. El fallo advierte al representante legal de la empresa que el incumplimiento del mismo será sancionado con arresto hasta de 6 meses y multa hasta de 20 salarios mínimos.

Pese a lo descrito, el Dr. Sergio Iván Mejía, solicitó al Juez Constitucional de-clarar la nulidad de la tutela por “no estar de acuerdo” con la Sentencia; como si una persona pudiera o no estar de acuerdo con un fallo de tutela, cuando lo único que debe hacer es cumplirlo. El 17 de noviem-bre el Juez de Tutela le respondió la soli-citud en los siguientes términos: “exigirle a este despacho que decrete nulidades o que amplíe o adicione su decisión es un requerimiento que, antes que buscar el entendimiento del fallo, lo que persigue es alterar en forma sustancial el contenido de la providencia, circunstancia que resulta inadmisible”, y rechaza tajantemente la solicitud hecha por el abogado en men-ción. De esta manera el Juez ratifica su Sentencia y ordena al Hucsr proceder a negociar el pliego presentado por los tra-bajadores en 2014.

Hemos acudido entonces a la reunión de instalación de la mesa de negociación, en la cual en una actuación completamente irregular la Comisión Negociadora de la Clínica, lleva a la reunión de al Sr. Jorge Iván Montalvo, funcionario que se pre-senta como delegado por la Procuraduría General de la Nación, sin tener las facul-tades ni delegaciones para ello. Asintraf ha iniciado las acciones legales y penales que al respecto demostrarán la ilegalidad de esta actuación.

No obstante los hechos descritos, la co-misión negociadora de Asintraf está pre-parada para afrontar la negociación que busca mejorar las condiciones de trabajo para todos.

Hemos enviado comunicación a National Clinics, empresa que hoy ya claramente está asumiendo el manejo de la institución, solicitando se hagan presentes en la nego-ciación, oportunidad que ellos pueden apro-vechar para llegar a acuerdos o repetirse una negativa rotunda a negociar nuestras solicitudes y llegar a un punto muerto que deban resolver las autoridades judiciales, como está ocurriendo ahora.

Pedimos a todos los trabajadores, estar alertas sobre el desarrollo de la negocia-ción y apoyar a la comisión negociadora de Asintraf, para así obtener nuevos be-neficios que cobijen los años 2014 y 2015.

Por nuevos beneficios para todos los traba-jadores apoyemos el pliego. Respaldemos nuestro sindicato, afíliese.

6 Nº 135, diciembre de 2015m u j e r y g é n e r o

July González Villadiego.

comité oPeratiVo dePartamento mujer cut

Hablar de ley de cuotas en el movimiento sindical se con-vierte cada día en un asunto un tanto difícil. Si bien es una discusión que se inició

hace varios años, sus resultados no han sido nada provechosos para las mujeres porque, a mi modo de ver, no existe la suficiente claridad respecto del tema, tan-to por parte de algunas mujeres como de los varones, quienes insisten en mantener y fortalecer resistencias, que aplazan un debate que a la fecha debió estar saldado.

Esta medida (las cuotas) establecida en Colombia con la Ley 581 de 2000, obede-ce a las exigencias de las mujeres sobre sus reivindicaciones y a las acciones que debe implementar el gobierno colombiano, en cumplimiento de los compromisos inter-nacionales adquiridos al suscribir algunos instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw); la Convención Americana de Derechos Humanos, e internamente los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política de Colombia, algunas sentencias de la Corte Constitucional y, por la protec-ción constitucional de las mujeres como sujetos de especial atención.

La ley de cuotas, hace parte de las llamadas acciones afirmativas, cuyo objetivo es esta-blecer políticas dirigidas a reducir o eliminar las prácticas discriminatorias en contra de grupos históricamente excluidos, como es el caso de las mujeres; y para mejorar su calidad de vida y compensarlas por los perjuicios o la discriminación de la que han sido víctimas. Pretende además y en térmi-nos de equidad de género, estandarizar las oportunidades que existen para repartirlas de manera justa entre hombres y mujeres.

Es importante recordar que existen instru-mentos internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres, debido a sus luchas contra la exclusión y discrimi-nación impuestas por el patriarcado. Para ejemplarizar, en Colombia, sesenta años después de que las mujeres obtuvieran la ciudadanía con la aprobación del derecho al voto, aún no son elegidas ni participan en las instancias de poder en igualdad de condiciones que los varones; la participa-ción y representación de las mujeres quin-ce años después de la promulgación de la Ley de Cuotas, no ha superado el 18%, lo que da cuenta de los distintos obstáculos y dificultades particulares que viven las mu-jeres, lo que no les permite un real ejercicio democrático.

Estas realidades evidencian que la aplica-ción de una acción afirmativa como la ley de cuotas, solo pretende equiparar o nive-lar las condiciones desiguales existentes, en la búsqueda de la justicia de género. No se trata de falta de capacidad de las mujeres; tampoco, ausencia de interés o de formación; tiene que ver precisamente con la falta de oportunidades y de políticas que permitan superar todos los obstáculos socioculturales que afectan el ejercicio po-lítico de las mujeres.

El sindicalismo colombiano no es ajeno a estas realidades; históricamente ha sido un espacio masculino al que las mujeres no acceden con facilidad, aunque se crea o exprese que “las mujeres no llegan a las direcciones sindicales porque no quieren”; o “el espacio está ahí, tienen que ganárse-lo”, o “si quieren estar allí, deben educarse”; lo anterior además de significar obstáculos para el ejercicio democrático, vulnera la dignidad de las mujeres.

Estas expresiones que se han vuelto muy comunes en los últimos años, solo visibi-lizan una problemática que los sindicatos se resisten a reconocer, a pesar de que aceptan que las mujeres aún vivimos la discriminación que nos excluye de muchos espacios; reconocen también, que además de ser explotadas por el capital, también lo somos por el patriarcado, aunque lo digan de otra manera y se refieran a ello, asu-miendo que la imposición a las mujeres de la responsabilidad del trabajo del cuidado de la familia, no les permite participar de la misma manera.

Las discusiones durante todo el proceso de preparación del Congreso de la Mujer Trabajadora de la CUT y en el congreso mismo, evidencian que quienes hoy están en las instancias de dirección, no tienen interés en que estas realidades se trans-formen y que el sindicalismo salde la deuda

que tiene con las mujeres. Peor aún, se desvirtúan las verdaderas razones por las cuales se resisten a establecer políticas que contribuyan en cambiar las injustas y desiguales condiciones de las mujeres en los sindicatos, utilizando (algunos) el trasnochado argumento de la lucha de clases, cuando está suficientemente demostrado que si esta no se acompaña de acciones que atiendan las verdaderas causas de la opresión contra las mujeres, no se alcanzará la justicia social que tanto reclamamos.

Me atrevo a hacer estas disertaciones, porque el sindicalismo debe asumir la discusión de manera responsable. Las mujeres no estamos reclamando nuestro espacio en los sindicatos y las oportuni-dades en igualdad de condiciones, porque queramos hacer apología a una lucha se-xista; por el contrario, intentamos ubicar la discusión en su dimensión, para visibilizar la jerarquización del poder existente en las estructuras sindicales, y esa es la discu-sión que se quiere evadir. No se trata de que nos den, las mujeres somos sujetos de derechos.

Es cierto que no es fácil ceder o com-partir el poder; un poder que la sociedad

patriarcal asignó a los varones y que los hombres asumieron como propio. En con-secuencia, tanto los hombres como las mujeres sindicalistas estamos en mora de ubicar la discusión donde es, y así mismo, establecer los verdaderos argumentos de la escasa representación y partici-pación de las mujeres en las instancias donde se toman las decisiones, para así mismo hacer los esfuerzos necesarios y unir voluntades que nos permitan un ejercicio real y político de la democracia en los sindicatos.

De manera respetuosa pero vehemente, invito a los hombres y mujeres sindicalistas de la CUT a que asumamos un compromi-so ético y político despojado de pasiones y prevenciones, para que razonablemente discutamos las diferencias que nos alejan de la posibilidad de hacer de la Central una organización que en la práctica, dé cuenta de sus principios y definiciones, y que la lucha de las mujeres por su inclusión social y política sea un compromiso de la organización en su conjunto y no una res-ponsabilidad solo de las mujeres. La CUT no puede ni debe ignorar a más de la mitad de sus afiliados: las mujeres. Bienvenidos y bienvenidas al debate.

Ley de cuotas para las mujeres:

Una discusión aplazada en la CUT

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Esperanza Lozano Atencio

directora dePto. de la mujer cut bogotá cundinamarca

El pasado 1º de diciembre se llevó a cabo el acto de clausura de la novena promoción de la escuela de Género y Derechos Humanos de las Mujeres,

“Bertina Calderón Arias”, acto en el que se graduaron 16 mujeres dirigentas y activistas de diferentes organizaciones sindicales, afi-liadas a la Central Unitaria de Trabajadores.

El acto de clausura estuvo acompañado por familiares, amigas y amigos de las com-pañeras graduadas, así como de algunos presidentes y presidentas de los sindica-tos que tuvieron presencia en la escuela; igualmente, asistieron las compañeras y compañeros formadores quienes durante el proceso compartieron su conocimiento y sus experiencias, poniendo a disposición su tiempo para apoyar esta apuesta política de transformación individual, colectiva, so-cial y cultural, que pretende aportar a una sociedad distinta, igualitaria y más humana.

Esta escuela fue creada hace nueve años en la CUT Bogotá Cundinamarca, por la compañera Yuli González Villadiego, en su momento ejecutiva de la CUT; durante este tiempo hemos contado con la presencia de mujeres que buscamos una trasformación social y cultural del sistema patriarcal que ha situado a las mujeres en un espacio de dis-criminación, opresión y subordinación; pero también de hombres que aunque llegaron

temerosos y con resistencias, se han dado la oportunidad de pensarse y reconocer la carga cultural, que les ha expropiado posibi-lidades y los ha ubicado en orillas donde no han querido voluntariamente estar.

Desde sus comienzos son dos las metas que nos hemos propuesto:

• Fomentar la participación y el empode-ramiento de las mujeres en las organi-zaciones sindicales, sociales y políticas en Bogotá y Cundinamarca.

• Elevar el nivel de cualificación y partici-pación de las mujeres en las organiza-ciones sindicales, sociales y políticas, con el fin de fortalecer sus espacios de participación.

¡Un éxito más de nuestra escuela de género!

Desde este espacio hacemos un recono-cimiento al Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá Cundinamarca por su compromiso con la escuela y por el apoyo para que este proceso continúe.

Resaltamos también a las organizaciones sindicales que por medio de las compañe-ras asistentes hacen presencia en la escue-

la, porque con ello están contribuyendo al fortalecimiento y democratización de sus organizaciones sindicales.

Fraternalmente llamamos a nuestras orga-nizaciones afiliadas para que en el próximo año, con la presencia de hombres y muje-res continúen apropiándose de este valioso espacio, que es de todos y todas ustedes.

"La negociación colectiva en Colombia hoy tiene una crisis de fondo", así lo señaló el viceminis-tro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, Enrique

Borda Villegas, durante la instalación de la segunda Jornada Académica y que en esta ocasión se discute sobre negociación colectiva.

"Por ello, estamos reuniendo a los em-presarios y sus abogados, a los traba-jadores, sindicatos y sus abogados y el Ministerio del Trabajo para recoger las expectativas de todos los actores y con los elementos jurídicos que nos permi-tan tener unos escenarios de regula-ción nuevos en materia de negociación colectiva".

"Pretendemos poner a todas las partes en la posibilidad de desarrollar diálogo social y negociaciones efectivas", destacó el vi-ceministro. El método, estructurado por la Universidad Javeriana, permitirá que du-rante el día se congreguen cerca de 100 personas entre abogados laboralistas, tra-bajadores, sindicatos de empresas, acadé-micos y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Representantes de empresas multinacio-nales hicieron reflexionar cómo en una em-presa nacen más de 12 sindicatos, con un 85 por ciento de sus trabajadores que están afiliados a una o varias organizaciones.

Así mismo, abogados laboralistas tam-bién fueron críticos y entregaron una propuesta a la cartera laboral para que las

convenciones colectivas tengan unidad de pliego, en una sola mesa y con fecha definida. Esto hace que se privilegie el derecho de los trabajadores a que la or-ganización sindical sea eficaz tanto en la negociación colectiva y en la producción de la empresa.

Por otra parte, el viceministro Borda anunció que se expedirá un decreto para mejorar el trámite de los tribunales de arbitramento para solucionar los conflictos colectivos en el menor tiempo. Actualmente se resuelven en un año y con la aprobación de la norma quedarían resueltos en un mes.

Comunicado Ministerio del Trabajo Bogotá

Ministerio del Trabajo busca nueva regulación en materia de negociación colectiva

La clausura de las actividades de la Escuela en la sede de la subdirectiva Bogotá Cundinamarca.

8 Nº 135, diciembre de 2015c s i

Los grupos empresariales y la so-ciedad civil, en representación de más de medio millón de personas y miles de empresas, han respal-dado el llamamiento sindical inter-

nacional para entablar un diálogo entre los trabajadores, las empresas y los Gobiernos que asegure una transición justa hacia un futuro con cero emisiones de carbono.

La declaración conjunta en apoyo de una transición justa fue firmado por la CSI, We Mean Business, The BTeam y siete de las principales ONG internacionales y organi-zaciones de la sociedad civil, incluyendo Cidse (la alianza internacional de agencias católicas de desarrollo), Amigos de la Tierra, Ayuda en Acción, Greenpeace, Christian Aid, WWF y Oxfam Internacional en ocasión de la apertura de las negociaciones climáti-cas de la ONU en París, la COP21.

“Un acuerdo global sobre el cambio cli-mático en París debe comprometerse a llevar a cabo una transición justa. No nos queda tiempo en esta carrera contra reloj. Necesitamos un acuerdo climático con-tundente. Necesitamos un compromiso de todos, gobiernos, empleadores, sindicatos y sociedad civil, para trabajar a favor de una transformación industrial vital para hacer frente al cambio climático”, señaló Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

El llamamiento al diálogo fue firmado en París, donde se han reunido 150 líderes mundiales para dar comienzo a la confe-rencia sobre el cambio climático de la ONU con miras a negociar un nuevo acuerdo que mantenga el aumento de la temperatura en el mundo en dos grados centígrados como máximo.

CSICSICSICSIC o n f e d e r a C i ó n S i n d i C a l i n t e r n a C i o n a l ( C S i ) e n l í n e a

Alianza histórica para un futuro con cero emisiones de carbono

“Podemos planificar la transformación in-dustrial necesaria para conseguir que el aumento de la temperatura en el mundo sea inferior a los dos grados centígrados, o esta transformación puede darse de una manera desordenada, es una cuestión de elección. Sin embargo, una transición justa es un imperativo si queremos que nadie se quede atrás. La acción por el clima requiere una inversión en el empleo y la protección social: el llamamiento al diálogo en pos de una transición justa es en este sentido”, indicó Sharan Burrow.

Los Gobiernos de algunos países están poniendo en práctica respuestas climáticas que son un ejemplo para todos los países que han optado por el diálogo social y la transformación industrial como base para las medidas de acción contra el cambio climático.

• Senegal y Sierra Leona han creado comités nacionales sobre el clima con la participación de los empleadores, los sindicatos y la sociedad civil;

• Alemania y Francia tienen planes para la transición hacia el uso de las energías renovables;

• Francia tiene un marco legislativo para fomentar una economía circular.

“Los ciudadanos necesitan seguridad, y la transición hacia un futuro con cero emisiones de carbono debe ser una transición justa. Deben introducirse las medidas necesarias para dar formación, redistribuirlos en el mercado de trabajo y asegurar las pensiones de los traba-jadores y trabajadoras activos en las industrias de combustibles fósiles y otros sectores vulnerables.

La CSI se solidariza con los trabajadores indonesios en huelga para defender

un salario mínimo vital

Los sindicatos indonesios han sa-lido a la calle para protestar con-tra las decisiones del Gobierno que mantendrían el salario mínimo por debajo de un nivel

que representa el mínimo básico y aboli-rían las negociaciones tripartitas que han venido caracterizando el establecimiento del salario mínimo.

La intimidación de que han sido víctimas dirigentes y miembros de los sindicatos resulta inaceptable, con daños ocasiona-dos a sus vehículos, la ocupación de la delegación de Kpbi (Komite Politik Buruh Indonesia) en Yakarta Norte, la sede cen-tral de la Kspi y todas las oficinas locales de la Fspmi controladas por la policía y otras autoridades y un sindicalista en Java Oriental agredido por la policía. Sin men-cionar las citaciones enviadas a Muhamad

Rusdi, Secretario General de Kspi, como sospechoso en una investigación relativa a la manifestación del 30 de octubre, que vulnera el derecho fundamental de sin-dicalización. Esto viene a sumarse a la detención de 30 trabajadores durante una manifestación pacífica.

Debe ponerse término a estos y muchos otros incidentes provocados por las au-toridades. Instamos al Gobierno a que se ponga fin a la intimidación y la violencia, y a negociar una resolución a la justicia salarial para los trabajadores indonesios. Los salarios mínimos son excesivamente bajos para que las familias indonesias puedan vivir con dignidad y las desigual-dades están en aumento. Un salario mínimo vital es la única solución, tanto para la población como para la demanda económica.

“Es de esencial importancia la reinver-sión en las comunidades afectadas, y los Gobiernos y las empresas deben desarro-llar planes transparentes para la reducción de las emisiones de carbono y la creación de puestos de trabajo conjuntamente con los trabajadores y la sociedad civil.

“No hay trabajo en un planeta muerto, pero sin empleo tampoco hay esperanza ni eco-nomía, una transición justa es vital para la sostenibilidad.

“Las medidas de lucha contra el cambio climático son un imperativo y son urgen-tes; la CSI dedicará toda su energía a no dejar a nadie atrás. El llamamiento al diálogo muestra el compromiso de las empresas, los sindicatos y la sociedad ci-vil para que un futuro con cero emisiones de carbono sea un futuro justo. Ahora los ojos del mundo entero están puestos en los jefes de Estado y de Gobierno para

que contraigan este compromiso en el acuerdo sobre el clima de París”, afirmó Sharan Burrow

La CSI encabeza una delegación de 400 miembros sindicales de 100 países en la COP21 en París.

Las demandas de las organizaciones sin-dicales a los Gobiernos para que la con-ferencia sobre el cambio climático resulte satisfactoria son:

• Mostrar mayor ambición y desarrollar el potencial de creación de empleo de las medidas de lucha contra el cambio climático;

• Financiar la lucha contra el cambio climático y prestar mayor apoyo a los más vulnerables;

• Garantizar la seguridad: una transición justa para los trabajadores, las trabaja-doras y sus comunidades.

Nº 135, diciembre de 2015 9s i n d i c a l e s

Agencia de Información Laboral

Publicado el 27 noViembre de 2015

Ocho días completó hoy la huelga que adelantan 270 trabajadores de las dos empresas que el gru-po empresarial Roos opera en

los municipios de La Estrella y Sabaneta, área metropolitana de Medellín, sin que hasta ahora se vislumbre alguna solución.Estas empresas son Andes Cast Metals Foundry y Moldes Medellín, ambas dedi-cadas a la producción de moldes para los envases de vidrio. La huelga la declaró el sindicato Sintra-vidricol luego de agotar, sin éxito, todas las instancias legales para la negociación del pliego de peticiones, cuyo punto central es la igualdad salarial, toda vez que en ambas empresas subsisten dos regímenes sala-riales: uno para los trabajadores antiguos, provenientes de Cristalería Peldar, a la cual en 1999 el Grupo Roos le compró el área metalmecánica de fabricación de moldes; y otro para los trabajadores que ingresaron posteriormente, que constituyen la mayoría y tienen menores garantías salariales y prestacionales. Como novedad, esta vez la negociación del pliego presentado por el sindicato no la asumió directamente la empresa, sino que contrató a la firma bogotana de abogados Godoy Córdoba, que apeló a la dilatación y la negativa a negociar como estrategia para generar desgaste e incertidumbre entre los trabajadores. Y no solo eso: presentó un contrapliego con el cual pretende desco-nocer derechos adquiridos por los trabaja-dores en su pasada convención. Esto último tiene que ver con limitaciones al campo de aplicabilidad de la convención, disminución de horas de permisos sindicales, trabas a la participación del sindicato en pro-cedimientos disciplinarios y ascensos del per-sonal, entre otros recortes convencionales. “Que no nos den nada, pero que tampoco nos desmejoren”, dijo al respecto Alexander Sánchez Vélez, presidente de Sintravidricol Seccional Sabaneta, sindicato de industria que con 170 trabajadores afiliados es ma-yoritario en Andes Cast Metals Foundry y Moldes Medellín. Argumentó Sánchez Vélez que esta nivelación salarial en ningún momento pone en riesgo la viabilidad financiera de las dos empresas en mención, las cuales en los últimos años han tenido buenas ganancias y cuentan con un amplio mercado. Por cada 100 pesos que vende, 9 son para pago de los trabajadores.El dirigente sindical se refirió igualmente a la pretensión de la empresa en ofrecer beneficios diferentes a los trabajadores no sindicalizados. “Le está pidiendo al

sindicato que le dé vía libre para que a los trabajadores que no están afiliados al sin-dicato no los cobije la convención, sino que tengan ciertas garantías que la empresa les concede. Lo que quiere en la práctica es meter un pacto colectivo, y eso nosotros como sindicato no lo podemos aceptar”, ex-plicó Sánchez Vélez, quien recordó que en la pasada convención colectiva derrotaron los pactos colectivos que había montado el Grupo en sus 4 empresas.

Sintravidricol, antecedentes de lucha

El Grupo Ross apareció en Colombia en 1999 cuando le compró a Cristalería Peldar el área metalmecánica de fabricación de moldes que esta tenía en Sabanera, dejando vigente para los trabajadores la convención colectiva que tenían en Peldar, mediante el mecanismo de sustitución patronal.Pero ocurrió que el Grupo Roos puso en mar-cha un plan para acabar con la convención colectiva y con la organización sindical. Para ello creó 4 nuevas empresas en La Estrella, dedicadas a producir moldes con mano de obra de trabajadores tercerizados, salarial-mente precarizados y sin estabilidad laboral. Ante esa situación Sintravidricol Seccional Sabaneta, en una gesta de supervivencia que ha sido reconocida por el movimien-to sindical nacional e internacional, pudo agremiar a los trabajadores de estas nuevas empresas, cuyo pliego petitorio fue desco-nocido por el Grupo Roos. Ello desató en el año 2007 una huelga que duró 23 días, tras la cual el sindicato logró firmar una conven-ción colectiva para todos los trabajadores del grupo, lo que no solo conjuró el peligro de su extinción, sino que le permitió crecer en membresía y en cobertura de la convención. Esta convención colectiva, aunque mejoró enormemente las condiciones de los traba-jadores en las nuevas empresas, era menos garantista que la antigua convención here-dada de Peldar. Y tampoco pudo impedir que en el proceso la empresa montara 4 pactos colectivos. En el año 2011 hubo una nueva negociación empresa-sindicato, esta vez con criterios del diálogo social y respeto de las partes, lo que implicó el reconocimiento del sindicato y su representatividad, lo mismo que unas rela-ciones laborales basadas en el ejercicio de todos los derechos. Tanto así que se acordó la eliminación de los 4 pactos colectivos y la aplicación de la convención colectiva a los trabajadores de las 5 empresas que para en-tonces constituían el grupo empresarial Ross.Además, como fruto de esta negociación, se acordó que la empresa no utilizaría el sistema de tercerización en sus procesos de producción y que todos los trabajadores quedaran vinculados con contratos a térmi-no indefinido.

Y así se llega a la reciente negociación, en la cual el diálogo social brilló por su ausencia, lo que determinó la huelga que hoy dura 8 días,

para la cual Sintravidricol, sindicato filial de la CUT, reclama la solidaridad del movimiento sindical tanto nacional como internacional.

“Que no nos den nada, pero que tampoco nos desmejoren”

—Exigen trabajadores del Grupo Roos, en huelga desde hace una semana—

A finales de 2011, de las 222 des-apariciones forzadas de sindica-listas registradas en el país entre 1986 y 2011, tan solo tres han

tenido sentencia condenatoria y apenas 223 víctimas de homicidio sobre un total de 2.870 sindicalistas asesinados en los últimos 25 años.

En lo que va del 2015, 17 sindicalistas han sido asesinados y los casos apenas están siendo investigados. Los niveles de impunidad respecto al sector sindical son alarmantes.

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la CUT exige no criminalización de la protesta social y garantías de no repetición en consideración a la violencia antisindical y el proceso de paz que se adelanta en La Habana.

La CUT insiste nuevamente en la ne-cesidad de establecer la exigibilidad de las libertades sindicales más allá de la administración de justicia de instancias nacionales e internacionales. La libertad sindical debe ser reconocida desde un en-foque y conjunto de derechos (derecho al trabajo, derecho a la asociación, derecho a la negociación y derecho a la huelga).

Por tal razón, la CUT en cabeza del di-rector del Departamento de Derechos

Humanos, acompañará el día de hoy la audiencia en el Congreso sobre las garan-tías de no repetición. “En Colombia hay una cultura antisindical. Continúa la estig-matización a la formación de sindicatos en las empresas, se siguen produciendo des-pidos masivos de trabajadores, se sigue avanzando en formas de disgregación en los sindicatos y continúan los obstáculos impuestos por las empresas para una vin-culación laboral con todos los derechos a los trabajadores”, aseguró Édgar Mojica.La CUT propone el reconocimiento por parte del Estado de la protesta social como un derecho legítimo cuyo ejercicio está encaminado a incidir y participar en la definición de asuntos públicos. Así mis-mo, promueve la promoción de medios de comunicación socialmente responsables; la derogación de normas que favorecen la comisión de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores; control efectivo de la Fuerza Pública; el fortale-cimiento de la Fiscalía y el poder judicial para investigar y sancionar graves viola-ciones a los derechos humanos en contra de trabajadores; ampliar la protección de la labor desarrollada por los sindicatos y la creación y perfeccionamiento de me-canismos de intervención preventiva y resolución pacífica de conflictos.

En el Día Internacional de los Derechos Humanos

La CUT exige no criminalización y garantías de no repetición en el movimiento sindical y social

10 Nº 135, diciembre de 2015l abora les

Carlos Arturo Rico Godoy

director dePartamento jurídico cut bogotá cundinamarca

En este número hacemos en-trega de tres sentencias de la Corte Constitucional y un concepto del Ministerio de Trabajo, en temas referentes

a: el derecho que le asiste a cualquier trabajador del sector público o privado de conocer los parámetros de cómo se califi-ca su invalidez. De igual manera, la Corte ha manifestado que al trabajador que no le hayan incluido factores salariales en la liquidación de su pensión, puede reclamar en cualquier momento, pues es un derecho adquirido y este derecho es irrenunciable e imprescriptible. También dice la Corte en otra sentencia que los saldos de pensión de los trabajadores que no cumplan con los lineamientos para su pensión y fallezcan, los deudos no necesitan hacer sucesión, sino que pueden hacer el reclamo directo. Esto conceptos son tomados del periódico Ámbito Jurídico, los ponemos a su dispo-sición para ampliar su conocimiento y los puedan utilizar en el caso que los requieran.

Trabajador podrá conocer cómo se realizó su calificación

de invalidezEl Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, actualizó los formatos para emitir dictamen y evaluar la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional originada por lesiones de riesgos laborales de los trabajadores.

Un comunicado de prensa emitido por la citada cartera informó que esta nueva aplicación permitirá al trabajador conocer en detalle cómo se realizó su calificación y los fundamentos que se tomaron para el resultado final.

Se trata de una herramienta fundamental para la expedición del dictamen que facilita a los médicos realizarlo de manera más ob-jetiva y acorde con los avances normativos y técnicos definidos en el nuevo manual único de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, expedido por el Gobierno, agregó.

Adicionalmente, la entidad indicó que los nuevos formatos comienzan a utilizarse de inmediato y tendrán que ser diligenciados por los trabajadores que se encuentran en proceso de calificación por pérdida de la capacidad laboral y ocupacional de todos los sectores, ya sean público, oficial, semio-ficial y privado, independientemente de su tipo de vinculación laboral, clase de ocupa-ción, edad, tipo y origen de discapacidad o condición. Los mismos están disponibles en el sitio web de la entidad.

Son cuatro formularios, explicó, los cuales cuentan con rutas claras para la clasifica-ción de acuerdo con la etapa de ciclo vital de las personas, es decir, aporta tablas di-ferentes para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, teniendo en cuenta su ocupación y labor, lo que permite un dicta-men más equitativo a juicio del Ministerio.

En la actualidad, la calificación se realiza con base en el manual único de la pérdi-da de la capacidad laboral y ocupacional, expedido el año pasado, y es remitida por las juntas de calificación de invalidez, aportando los criterios técnicos, científicos de evaluación y calificación de pérdida de capacidad porcentual ante una deficiencia, discapacidad y minusvalía ocasionadas como consecuencia de una enfermedad o accidente. (Mintrabajo, comunicado, nov. 5/15).

Corrección de liquidación pensional mal calculada

se puede demandar en cualquier tiempo

Una interpretación que rechace la posibili-dad de reclamar la reliquidación de la pen-sión para la inclusión de nuevos factores salariales contaría la Carta Política, afirmó la Corte Constitucional.

Según el tribunal, si la liquidación que se hace es incorrecta, el titular de este de-recho está facultado para reclamarlo en cualquier tiempo, puesto que los derechos adquiridos, en tanto son irrenunciables e imprescriptibles, no pueden ser descono-cidos por decisiones de las entidades que reconocen y administran las pensiones.

Así, si la entidad viola el derecho a la correcta liquidación de la prestación, el afectado no puede renunciar a reclamar lo debido y, por tanto, no es razonable sancio-narlo con la prescripción de la acción para hacer efectivo su goce. (C. Cons. Sent. SU-567, sep. 3/15, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza).

Devolución de saldos de pensión por fallecimiento

del aportante no requiere sucesión

Si no hay beneficiarios, la ley exige a quie-nes pretendan que se les reconozca dicha prestación acudir a la respectiva partición.

Una entidad encargada del reconocimiento y pago de pensiones o de la devolución de aportes vulnera los derechos al mínimo vital y a la seguridad social, al no entregarles a los beneficiarios (cónyuge, padres de-pendientes, hermanos con invalidez) las cotizaciones efectuadas por el afiliado que fallece y que no cumplió con los requisitos para causar la pensión de sobrevivientes, bajo el argumento de que requieren la pre-sentación de escritura pública o sentencia del juicio de sucesión del causante.

Así lo señaló la Corte Constitucional, en una sentencia reciente. En el fallo, explicó que de conformidad con el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, en aquellos casos en que el afiliado no cumple con los lineamentos para adquirir la pensión de vejez y se le imposibilite conti-nuar cotizando, tiene derecho a la devolución de saldos para cubrir dicha contingencia, según el régimen de ahorro individual.

En ese sentido, el artículo 78 de la Ley 100 dispone que si el afiliado fallece sin reunir los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se les entregará a sus bene-ficiarios, definidos en el artículo 47 de dicha normativa, la totalidad del saldo abonado en una cuenta individual de ahorro pensional.

Igualmente, la circular 96 del 2013 de la Superintendencia Financiera, a través de la cual se determina la inembargabilidad de algunas sumas depositadas en sección de ahorros y depósitos electrónicos, entre otros, no incluye dentro de sus categorías los depósitos efectuados en la mencionada cuenta de ahorro de cada afiliado, agregó el alto tribunal.

Órdenes sucesorales

Según el fallo, los órdenes sucesorales son amplios y en ellos pueden participar, inclusive, los colaterales del grado más próximo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 87 y 88 de la Ley 153 de 1887.

Ahora bien, solo en el evento de no exis-tir beneficiarios, el artículo 76 de la Ley 100 exige a quienes pretendan que se les reconozca dicha prestación acudir a la respectiva partición, por cuanto los dine-ros acumulados harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante.

Además, de no existir causahabientes has-ta el quinto orden hereditario, el monto en la cuenta individual de ahorro pensional se destinará al fondo de solidaridad pensional de que trata la Ley 100.

Finalmente, la Corte recordó que, de mane-ra excepcional, la tutela procede para este tipo de reclamaciones, a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial, cuan-do se logre comprobar que los diferentes medios judiciales o son idóneos ni expe-ditos para proteger de manera inmediata y conjunta los derechos fundamentales comprometidos. (C. Cons., Sent. T-523, ago. 18/15, M.P. Jorge Iván Palacio).

Inexequible prohibición de reconocimiento fiscal

de pagos que no provengan de relación laboral

Asalariados no incurren en los costos y gastos que deben sufragar quienes pres-tan sus servicios personales por cuenta y riesgo propio.

En aplicación del principio de equidad tri-butaria, el legislador no puede prohibir a los empleados cuyos pagos y abonos no provengan de una relación laboral, legal y reglamentaria solicitar el reconocimiento fiscal de costos y gastos distintos de los permitidos a los trabajadores asalariados.

Así lo de termino la Corte Constitucional, al declarar inexequible una expresión del parágrafo 4º del artículo 206 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 26 de la Ley 1739 de 2014. El tribunal señaló que la mencionada prohibición transgredía el prin-cipio de equidad tributaria en su dimensión vertical, en la medida en que desconocía la capacidad de pago de los empleados cuyos pagos y abonos no provengan de una rela-ción laboral, legal y reglamentaria, la cual se ve reducida por los gastos y costos en los que incurre en el ejercicio, por cuenta y riesgo propio, de su actividad profesional, de la que, a su vez, derivan sus ingresos.

Dicho desconocimiento, agregó, generaba una tributación igual entre sujetos con di-versa capacidad económica, es decir, em-pleados cuyos pagos o abonos en cuenta no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria y empleados asalariados involucrados en la prestación de servicios personales o en la realización de activida-des económicas por cuenta y riesgo del contratante.

Por lo tanto, la disposición acusada compor-taba un sacrificio del principio de equidad tributaria, desconociendo la real capacidad económica de un grupo de contribuyentes, y permitía una tributación paritaria con los empleados asalariados, quienes cuentan con una mayor capacidad económica, debido a que, en la forma en que prestan sus servicios personales, no incurren en los costos y gastos que deben sufragar los empleados que prestan sus servicios personales por su propia cuenta y riesgo. (C. Const., comunicado Sent. C-668, oct. 28/15, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).

Breves jurídicas

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12 Nº 135, diciembre de 2015

María Tila Uribe

5 de diciembre de 2013

Con este artículo María Tila Uribe nos refres-ca la memoria de cómo y porqué se produjo la masacre de las bananeras hace 85 años, a manos del Ejército y de la United Fruit Company (hoy Chiquita Brands).

Con cerca de 7 millones de ha-bitantes en esa época, nues-tro país tenía cierto carácter de selva virgen, pululaban las haciendas tradicionales

de costumbres casi feudales, era país de minas de oro, platino, carbón, sal, esmeral-das, inmensas plantaciones de café, bana-no, también tabaco y formas de esclavitud en las zonas caucheras del Amazonas.

25 años habían pasado del “rapto de Panamá” –así lo llamaban– y con la primera cuota de 5 millones de dólares, de 25 que pagaron a plazos por ese territorio los EE. UU., más el alza del precio del café, más la deuda externa contraída entonces y la violenta irrupción de capitales extranjeros, los años 20 se convirtieron en la década de la aceleración de la industria y de la inicia-ción de la infraestructura económica y física necesaria para el desarrollo del incipiente capitalismo colombiano.

Así llegó la modernización a nuestro país, entonces se conocieron las máquinas nuevas para la producción fabril que ace-leraban la industria y el trabajo manual de los artesanos, las trilladoras de café, las máquinas de coser de pedal que usaron las abuelas, los molinos y por supuesto todo lo eléctrico, a más de la mecánica automotriz, pues los carros reemplazaban a los román-ticos coches tirados por caballos.

Fue un decenio clave y sobresaliente en el siglo XX, no solo por la transformación que la tecnología de entonces obró en la vida de las gentes sino por lo que sig-nificaron los 2 más grandes fenómenos sociales de los primeros 50 años de ese siglo: el nacimiento de una clase obrera y la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Lo primero se dio por el cambio de vida de millares de campesinos que deja-ron de estar atados a las haciendas como aparceros o arrendatarios y comenzaron a incorporarse masivamente a las con-centraciones obreras mediante un nuevo sistema de pago: el salario. Legiones de trabajadores se incorporaban a diferentes frentes de trabajo: 20 mil en ferrocarriles, más de 600 mil hombres y mujeres ha-cían posible la exportación de café, otros millares en la construcción de canales, cables aéreos, carreteras, adecuación de puertos, en fin. Por su parte a las mujeres, que en ese tiempo solo podían trabajar como maestras, enfermeras o telegrafis-tas, las necesitaban ahora en los talleres

de confección, las textileras antioqueñas, las fábricas de fósforos, cerveza, tabaco y otras recién abiertas. Además, comenza-ban a conformarse ejércitos de secretarias para las oficinas.

Para esa desproporcionada movilización el gobierno expidió la Ley de Circulación, lo que permitió que masas enteras llegarán a trabajar como obreros en los enclaves norteamericanos: la Tropical Oil Co., en Barrancabermeja, explotaba el petróleo; la Frontino Gold Mines y la Chocó Pacífico, oro y platino, y la famosa United Fruit Company, protagonista de la masacre de los trabajadores al final del decenio, en la Zona Bananera de Santa Marta.

La consecuencia natural de aquellas con-centraciones obreras fue la organización y el descubrimiento del poder de la huelga, y diferencias sociales de riqueza y pobreza y la barbarie de un régimen hegemóni-co con 42 años en el poder, que utilizó el destierro, la muerte y la tortura para sus adversarios, cohesionó los distintos sectores sociales y a mitad de la déca-da se fundaba la primera Confederación Obrera Nacional y el Partido Socialista Revolucionario, ambas instancias como resultado de un proceso de organización y de experiencias de años.

Sus líderes nacionales, entre ellos Tomás Uribe Márquez, Raúl Eduardo Mahecha y María Cano sintieron y enfrentaron su lucha en el fragor de las grandes huelgas, la última de las cuales fue la de la Zona Bananera, dirigida por los más represen-tativos: Sixto Ospino, Adán Ortiz Salas, Aurelio Rodríguez, José G. Russo, Erasmo Coronel, igualmente por mujeres como Josefa Blanco, secretaria del sindicato de Orihueca, quien bajo su responsabilidad tuvo a 100 obreros, con ellos vigilaba que no hubiera corte de racimos de bananos y emboscó y redujo pequeños grupos de uniformados que luego llevaba al comité

de huelga para hacerlos reflexionar si era el caso, o sacarles información o juzgarlos. Otra mujer olvidada fue Petrona Yance, la más destacada de entre 800 mujeres que participaron en la huelga.

El presidente Abadía Méndez y su ministro de guerra nombraron como comandante general a Carlos Cortes Vargas con exce-so de atribuciones. Él fijó el 5 de diciembre como la fecha para negociar el pliego de peticiones que contenía 9 puntos.

Los 25 mil huelguistas tenían a su favor la simpatía de la población y del propio alcal-de, de los indígenas de la Sierra Nevada, de los comerciantes y algunos ganaderos que les enviaban reses para su manuten-ción. Y algo inusitado, contrario a las ideas generalizadas, fue el hecho que muchos trabajadores norteamericanos se solida-rizaron con ellos. Se sabe, también, que hubo deserciones individuales y de grupo en el primer tiempo de la huelga, reclutas que se negaron a disparar y otros que en-tregaron sus armas a los obreros.

Se estimaron en 5.000 los trabajadores que estaban en la plaza cuando fueron rodeados por los 300 hombres armados. Contaban los sobrevivientes que después de un toque de corneta el propio Cortés Vargas dio la orden de fuego por 3 veces, sin embargo, nunca se supo cuántos muer-tos hubo: las narraciones populares orales y escritas difieren: de 800 a 3 mil, y agre-gan que los botaron al mar. Las oficiales admitieron de 15 a 20.

Aquel fue el “bautizo de fuego” de la cla-se trabajadora colombiana. Vinieron los Consejos de Guerra, posteriores asesina-tos selectivos de otros líderes y cárceles para los dirigentes nacionales y locales.

En defensa de los condenados salió el jo-ven abogado Jorge Eliécer Gaitán, quien dejó para la historia colombiana una página inolvidable que terminó con éxito pues ab-solvieron a todas las personas acusadas.

La década de los 20 ha sido llamada con razón, la época de oro revolucionaria de Colombia.

Colombia, 1928

La masacre de las bananeras

h i s t o r i a o b r e r a

Manifestación de los trabajadores de la United en la Plaza de Ciénaga, Magdalena, en 1928.

Jorge Eliécer Gaitán.

Nº 135, diciembre de 2015 13c r ò n i c a

Robin Oisin

tomado de Le Monde dipLoMatique (apartes)

Los Nasa se han declarado en situa-ción de "asamblea permanente" en el que las acciones directas son sus-ceptibles de romperse en cualquier momento.

Los manifestantes indígenas tam-bién han hecho evidente su enojo con los ministros del gobierno, los cuales se han negado a participar en diálogos directos con ellos

para aclarar y garantizar los derechos de los indígenas consignados en la Constitución del país. Muchos indígenas colombianos siguen preocupados debido a que el dere-cho a ejercer su jurisdicción ha sido anu-lada por el encarcelamiento de Valencia, y también dejan en claro su preocupación de que los derechos indígenas culminen en el momento en que se redacte una nueva Constitución a raíz de un probable acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

Esta comunidad ancestral (también cono-cida como Paéz) es uno de los pueblos in-dígenas más grandes de Colombia, que en su mayor parte habita en el departamento del Cauca, una región central de la guerra civil del país.

La región se caracteriza por llanuras domi-nadas por las plantaciones de azúcar, que están flanqueadas a ambos lados por dos de las más grandes cordilleras del país. Las altas montañas son controlados en gran parte por la guerrilla de las Farc, y la estrechez de las llanuras del Cauca hace de la región un corredor estratégico para el tráfico de drogas entre las dos cordilleras y la costa del Pacífico, que atrae la presencia de dos bandos: guerrilleros y paramilitares.

La versión de los Nasa con respecto a la colonización en la zona es que las llanuras les fueron arrebatadas a la fuerza en 1915, y que muchos se vieron obligados a poblar la tierra más pobre de las montañas para dar paso a la industria azucarera. Otros se mantuvieron pero a un precio alto: tuvieron que trabajar lotes individuales y pagar la renta en forma de "terraje" - el suministro de mano de obra gratuita en las grandes haciendas. En los últimos cuarenta años se ha producido una ya que lograron or-ganizarse a través del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), organización que ha venido luchando por la restitución de sus tierras ancestrales. En tiempo re-ciente han ocupado plantaciones de azú-car y bloqueado, en múltiples ocasiones, la carretera Panamericana que atraviesa a través del Cauca.

Sus opositores han respondido a sus ac-ciones con masacres y asesinatos, muchos relacionados con fuerzas estatales de segu-ridad, lo que obligó al gobierno a prometer-les transferir tierras como recompensa por los abusos del pasado.

"El desarrollo de este numeroso movimiento indígena caucano también se ha visto trun-cado por el accionar de las guerrillas de las Farc y del ELN, grupos armados responsa-bles del asesinato prominentes activistas Nasa, entre los que se encuentran Cristóbal Secue en 2002 (Farc) y Mario Betancur en 1996 (ELN)". Hoy los asesinatos continúan, El más re-ciente asesinato fue el del ex gobernador de reservas de 70 años, el viejo Alfredo Bolaños el pasado 19 de octubre (2015) con un disparo en la cabeza, crimen per-petrado por una patrulla del ejército al lado de su casa. El conflicto por la tierra persiste, los indíge-nas continúan reclamando incumplimientos por parte del gobierno a quien acusan de no haber transferido toda la restitución de tierras acordada. Sus oponentes, por el contrario, siguen alegando que los Nasa es-tán bloqueando el desarrollo de la región y del país. El Estado ha defendido las planta-ciones de azúcar con la policía antimotines y del ejército, y su líder Nasa más visible, Feliciano Valencia, ha sido condenado a 16 años de prisión.

Las comunidades Nasa se rigen por los "cabildos" (consejos) encabezado por un gobernador electo cuya coordinación está regida por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), y más ampliamente de nuevo a través del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) que ha estado a la vanguardia del movimiento indígena en Colombia desde su fundación en inmediaciones del municipio de Toribío, en febrero de 1971. Recientemente la congresista del Centro Democrático, con intereses creados en la región, Paloma Valencia ha respondido al conflicto de la tierra mediante la propuesta de dividir el Cauca en dos: "Uno para los indígenas hagan sus huelgas, sus mani-festaciones, y sus invasiones. Y otro en función del desarrollo, donde las carreteras, la inversión y donde los puestos de trabajo dignos para los caucanos abunden".Los hechos por los cuales Valencia afronta un proceso judicial son los siguientes: El soldado, Chaparal Santiago, estaba vestido de civil cuando fue detenido por la Guardia Indígena en una reserva indígena durante manifestaciones. Fue acusado de infiltrarse

en las protestas para el ejército y haberse supuestamente identificado como procedente de la reserva indígena de Quintana. Por di-chos hechos fue juzgado por la comunidad re-unida y condenado a latigazos en sus piernas. El Tribunal de Popayán, capital del depar-tamento del Cauca encontró a Feliciano Valencia culpable de ser el "co-autor" de la detención del soldado, y fue enviado a la prisión de máxima seguridad de San Isidro. La ley indígena Nasa y la constitución fueron relegadas en este proceso por po-derosos intereses que retan al movimiento indígena. También argumentaron que las decisiones políticas y judiciales de los Nasa se hacen en conjunto, por lo que la individualización del caso contra Valencia es artificial y tiene un tinte político."Exigimos al Estado cumplir con nuestros derechos constitucionalmente reconocidos. Durante muchos años nuestros antepasa-dos lucharon contra grandes poderes por la libertad de nuestros territorios, esta pelea continuará hasta que el sol deja de aumen-tar. Nuestra forma de pensar es colectiva: no a esta individualización".En las noches del 13 y 16 de noviembre la Guardia Indígena de Gualanday sorprendió y disuadió a un grupo de hombres armados y encapuchados que se acercaron al Centro de Armonización, la primera vez en cuatro años de funcionamiento el centro experi-menta dicho tipo de amenaza.Él dice que el nuevo entorno es "un cambio absoluto y total al lugar que estaba antes". Luego agrega "Por 54 días estuve en la cárcel de San Isidro con todos los crimina-les de alto riesgo. Pero aquí vengo a este nuevo espacio en el que me aproximo a la naturaleza, donde me encuentro con mi pueblo, y donde puedo resucitar después de esos 54 días de tortura permanente".El poder judicial del Cauca "está impregna-do de la política": "Estábamos empezando a cuestionar muchas cosas que impactan de sobremanera a la oligarquía del Cauca: la industria de la caña de azúcar y la mi-nería ilegal. En consejos indígenas como Tacueyó, Toribío, Jambaló habíamos ini-ciado un programa de erradicación manual de coca".Con respecto a la frase "Hemos solicitado evaluaciones de muchos abogados a nivel nacional, incluyendo los ex jueces, y todos han dicho: "aquí están cometiendo una atrocidad...Es absurdo! ¿Cómo pueden condenar a alguien por secuestro cuan-do nunca hubo un secuestro? Nunca se configuró un delito de secuestro. Todos ellos llegaron a la conclusión de que este se trataba de un juicio de naturaleza polí-tica: ¿Por qué? Por qué, porque antes de condenarme estábamos en el proceso de la liberación de la Madre Tierra en Corinto, en La Emperatriz. Habíamos bloqueado la carretera Panamericana en La Agustina, y hubo un fuerte debate en relación con el uso de la violencia para enfrentar a la propiedad privada, en este caso la propiedad privada de la tierra de la industria de la caña de azúcar en el norte del Cauca".

Detrás de los titulares:

La comunidad colombiana de los Nasa

De izq. a der.: Ruth Massie, Myrna Cunningham, Elsa Cardenas, Tarcila Rivera Zea, Victoria Tauli Corpuz, Fabiana del Popolo, y Agnes Leina en rueda de prensa durante la Conferecia.

Feliciano Valencia.

14 Nº 135, diciembre de 2015

Felipe Pineda Ruiz

Publicista, actiVista social, colabora-dor de la fundación democracia Hoy.

miembro de la Plataforma Política somos ciudadanos

A trece años de haberse rea-lizado el primer Congreso Mundial de Páramos en Paipa (Boyacá), muchos de los inte-rrogantes y preocupaciones

esbozadas en aquella oportunidad cobran total vigencia.

La segunda edición del reciente foro deno-minado “Tejiendo Páramos” que tuvo lugar el pasado sábado en las instalaciones del Centro Memoria, con la presencia de un pu-ñado de organizaciones, colectivos y asocia-ciones bajo el auspicio de diversas ONG y entidades públicas, revivió preocupaciones del pasado agudizadas en tiempo presente.

El encuentro se convirtió en el espacio perfecto para que todos aquellos actores que trabajan en pro de la conservación de estos ecosistemas montanos intertropi-cales construyeran, de manera conjunta, mecanismos para frenar la voracidad ex-tractivista de los artífices del despojo (las multinacionales).

La labor protectora de este conglomerado social difuminado a lo largo y ancho de la nación ha sido, desde la arista que se observe, valerosa: el país alberga el 50% del área total de páramos que sobreviven en el planeta (1,9 hectáreas) y el 98% de las especies vegetales que existen en la actualidad en este tipo de hábitat. Un dato adicional: el 70% del agua que se consume en Colombia nace y se distribuye desde estas reservas naturales.

La pugna de la Red Tejiendo Páramos (http://bit.ly/1NDNlYO), eje articulador de este proceso en curso, en sí es de hondo calado y persigue objetivos concretos: fre-nar aquella sospechosa connivencia del Estado con las compañías minero-energé-ticas que intentan, a como dé lugar, recon-figurar a la fuerza el mapa, la memoria y el territorio nacional amparadas bajo el credo de un inocuo crecimiento económico im-pulsado por una explotación desregulada, voraz y de regalías porcentualmente bajas, que a la vuelta de la esquina amenaza con extinguir lo más preciado de la nación: nuestros abundantes recursos naturales.

La feria de experiencias al aire libre repleta de carpas, souvenires, olores, sabores y conocimientos de cada agrupación, sirvió como antesala al corto pero significativo espacio de discusión.

Los guardianes de los bosques y valles alto andinos de Cruz Verde, Amoladero, Sueva,

El Verjón, Pisba, Sumapaz, Guerrero, Chingaza y Guacheneque-Rabanal, entre otros, se hicieron presentes para oponerse férreamente a los 404 títulos mineros que en la actualidad siguen su curso, opera-dos en su mayoría por transnacionales en zonas de páramo protegidas (Agencia Nacional de Minería, 2015).

Las horas de deliberación y acercamiento, de fragor y lucha esbozada en cada inter-vención, dieron los frutos esperados para vislumbrar canales jurídicos y organizati-vos que se convertirán, seguramente, en el faro que guíe diversas acciones en las múltiples regiones donde la presencia de estas empresas amenaza con agotar los suelos, las cuencas hídricas, los frailejo-nes, la flora y la fauna.

La utilización de casos paradigmáticos en lo jurídico; la constitución de nodos temáti-cos; la obligación de actuar en bloque ante cualquier intento de desalojo o despojo; la necesidad de consolidar los grupos de estudio locales con respecto a los tópicos principales y la instrumentalización del arte como herramienta visible de resistencia en los procesos de movilización fueron algu-nos de los aportes más relevantes entre decenas de intervenciones realizadas por defensores de páramos procedentes ma-yoritariamente de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.

Las redes de indignación y esperanza, pa-rafraseando uno de los axiomas del soció-logo y urbanista catalán Manuel Castells, se hicieron presentes en este colorido en-cuentro de saberes con una generosa can-tidad de jóvenes, si se quiere mayoritaria, de diversa extracción geográfica y social.

El recambio generacional por la defensa del agua, la vida y el territorio, sin duda, está asegurado con este contingente de nóveles activistas pletóricos de conocimientos. Sin duda, se vislumbra en el corto plazo, con esta

nueva camada, una extensión de la lucha ambiental esta vez desde ámbitos versátiles como lo son el arte, la academia y la comuni-cación para contraponerse a la avasallante, excluyente y falaz tecnocracia criolla.

Tejiendo páramos

m e d i o a m b i e n t e

Nº 135, diciembre de 2015 15m e d i o a m b i e n t e

Silvia Ribeiro

inVestigadora del gruPo etc www.etcgrouP.org

Alai Amlatina, 30/11/2015.- Del 30 de noviembre al 11 de di-ciembre se reúne en París la 21 Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones

Unidas sobre Cambio Climático (COP21, Cmnucc), en la que se anuncia un nuevo acuerdo global para combatirlo. En otro artículo explico que esto no es lo que suce-derá en realidad. (Crónica de un desastre climático anunciado). Por el contrario, se consolidará un sistema voluntario y deci-dido a nivel nacional en el que los “com-promisos” que los países dicen asumir, nos aseguran que el calentamiento global llegará a niveles dramáticos desde 2050 y en adelante, posiblemente duplicando al 2100 el máximo de 2º C, que siendo gra-ve, es lo que ONU acordó como máximo aumento tolerable.

Los bombazos con cientos de muertos y heridos el 13 de noviembre en París, cam-biaron violentamente el escenario exterior, pero dentro de la COP21 todo sigue como estaba. El gobierno francés aprovechó este lamentable y grave contexto para cancelar muchas marchas y actos públicos de protesta sobre los negocios del clima, alegando que sólo podría garantizar la asis-tencia oficial a la COP21. Pero no canceló eventos deportivos, mercados navideños y otras concentraciones públicas por el estilo. Sería absurdo pensar que los atentados fueron para impedir las protestas –a las que se esperaban decenas de miles de personas, algunas muy ordenadas, otras más desafiantes–, pero fueron útiles para ilegalizarlas.

A la par de un fuerte recorte de libertades civiles contra la gente común en Francia, el gobierno de ese país, junto a Estados Unidos, bombardea salvajemente y escala la guerra en Siria, con muchas pérdidas civiles, reportadas o no, supuestamente para combatir al Estado Islámico (EI). Curiosamente no atacan las instalaciones petroleras que controla el EI en Siria, lo cual podría cortar una fuente de su sus-tento. Al mismo tiempo, Turquía, tradi-cional aliado de Estados Unidos, derribó en circunstancias más que confusas, un avión de Rusia en la frontera con Siria, pese a ser un país que también comba-te bélicamente al EI. El derribo sucedió “casualmente” cuando Rusia planteó colaborar con Francia contra el EI, acer-camiento incómodo para Estados Unidos por su conflicto geopolítico y económico con Rusia. Para muchos observadores, también porque Estados Unidos está en el origen de lo que ahora se llama Estado

Islámico, apoyando grupos armados en la región y creando las causas para su sur-gimiento. Un factor resbaladizo que entra y sale de la escena internacional en mo-mentos claves para Estados Unidos, como sucedió antes con Osama Bin Laden.

Todo converge en exacerbar la guerra, que va más allá de Siria, y en crear un ambiente tenso y represivo para los ciudadanos, jus-tificando la imposición de “Leyes Patriota” modelo Washington. Podrían parecer datos aislados, pero están conectados, no sólo

en términos represivos y geopolíticos, tam-bién con el cambio climático, sus causas e impactos.

Collin Kelley e investigadores del Lamont-Doherty Earth Institute de la Universidad de Columbia, publicaron en marzo 2015 en Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, un artí-culo que muestra que el cambio climático global fue causante de la intensa sequía que asoló Siria en 2007-2010, los 3 años más secos de los que se tiene registro, situación que precedió los levantamien-tos y conflictos armados desde 2011. La región sufría sequías, pero no tan extre-mas y prolongadas. Murieron todas las cosechas y el 80 por ciento del ganado pastoril, se terminaron las semillas y más de 1,5 millones de campesinos tuvieron que emigrar a las ciudades. No afirman que los levantamientos son consecuencia directa del cambio climático, pero sí un factor que los exacerbó gravemente.

Al mismo tiempo, las fuerzas armadas y las guerras son uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, y por tanto causantes de ese cambio climático. Las sangrientas guerras por petróleo y por con-trol de los territorios que lo tienen –como Siria– son un monstruo que se muerde la cola. Guerras por petróleo que causa el cambio climático, petróleo que sostiene las guerras que se exacerban con el caos climático y demandan más petróleo.

Clima de guerraNick Buxton del Transnational Institute, llama a las fuerzas armadas el “elefante blanco en París”: en el texto de negociación de la COP21, nunca se menciona la pala-bra “militar”. Sin embargo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo y emisor de gases de efecto invernadero de Estados Unidos, país que a su vez es el principal emisor histórico global y consume 25 por ciento de la energía en el mundo. Aun así, sus fuerzas armadas no reportan emisiones. En 1997, durante la negociación del Protocolo de Kyoto, Estados Unidos consiguió que se declare el consumo y emisiones de las fuerzas armadas un tema de “seguridad na-cional”, que no se puede limitar ni reportar. A pesar de que si se compara el consumo de petróleo solo del Departamento de de-fensa con el consumo total por país, solo 35 países superan ese volumen.

Las piezas del juego están más visibles que nunca, pero la COP21 no las discutirá. Por el contrario, los principales causantes del cambio climático –empresas petrole-ras, agronegocios y otras– estarán senta-dos entre las delegaciones oficiales y en nombre de la seguridad (nacional, militar, climática, alimentaria), aprobarán que se siga consumiendo petróleo y emitiendo gases, lo cual afirman será “compensado” con mercados de carbono y riesgosas tecnologías como nuclear y geoingeniería. Claro que necesitan acallar las protestas: apagan el fuego con gasolina.

16 Nº 135, diciembre de 2015b o g o t á

Yezid García

concejal de bogotá

Por amable invitación del direc-tor de Informativo CUT Bogotá Cundinamarca, presento a sus lectores unas reflexiones que he hecho en el cabildo

distrital sobre la importancia de aprobar un presupuesto para el año 2016 que deje asegurada la financiación de pro-gramas sociales claves para los sectores más vulnerables de la capital. Esa es la esencia del presupuesto presentado por la Bogotá Humana.

Sin embargo, la irracionalidad de la opo-sición a Petro, para los que aún tienen dudas de ello, queda nuevamente demos-trada con lo sucedido en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá.

Después de haberse aprobado las ponen-cias positivas del Proyecto de Acuerdo 377 de 2015, correspondiente al Presupuesto Distrital de 2016, con 8 votos a favor y 4 en contra, sorpresivamente, al otro día fueron negados el título y las atribuciones de di-cho proyecto. Los concejales Miguel Uribe, Marco Fidel Ramírez, María Victoria Vargas, Juan Carlos Flórez, Clara Lucía Sandoval y Fernando Vásquez votaron en contra de esta iniciativa, negando la posibilidad de que el Concejo de Bogotá decidiera sobre este tema de vital importancia para el Distrito.

Los miembros de la oposición a la Bogotá Humana en el Concejo Distrital han llevado, sin proponérselo, a que sea el alcalde Petro, que tuvo toda la voluntad política para llegar a un acuerdo en el Concejo, quien expida por decreto el presupuesto para el primer año del gobierno de Peñalosa.

Hay ciertos sectores, enceguecidos por el sectarismo político, que han criticado du-ramente que en Bogotá haya un subsidio a los estratos 1 y 2 en el consumo de agua (6 metros cúbicos mensuales gratuitos), y que exista, además, un subsidio al trans-porte, tanto en el Transmilenio como en el Sitp. Les parece “inconcebible” que fondos públicos se destinen a aliviar necesidades de los más pobres y vulnerables.

Pero, esos mismos sectores, cínicamente, callan cuando se destapan hechos tan gra-ves, como que a través del llamado “cargo por confiabilidad” se le han entregado a los dueños de las empresas generadoras de energía, tanto térmicas como hidráulicas, la mayoría de ellas de capital extranjero, la astronómica suma de 16 billones de pesos como subsidio en nueve años, sin que esos

subsidios hayan frenado las consecuencias del fenómeno del Niño sobre la generación eléctrica y el alza desmedida de tarifas. Y callan también ante el nuevo hecho anun-ciado por el ministro de Minas y Energía, de entregarles a las empresas generadoras la suma de 3,3 billones de pesos adicionales en los próximos tres años vía alza de tarifas a los consumidores, con lo que se totalizan 19,3 billones extraídos de los bolsillos de los colombianos.

¡Los neoliberales se rasgan las vestiduras ante un alivio para los pobres pero justifican billones para subsidiar al capital extranjero!

También rechacé las declaraciones ofen-sivas contra la presencia de la izquierda en la alcaldía de Bogotá por 12 años, pre-sencia que se la ganó electoralmente, no en un concurso de méritos ni en un bingo. El talante democrático es respetar los go-biernos elegidos popularmente hasta que estos gobiernos cumplen el periodo legal y constitucional. Petro y la Bogotá Humana van hasta el 31 de diciembre y antes no puede pretender Peñalosa ni los concejales peñalosistas gobernar a Bogotá.

Se ha dicho de manera imprecisa y por sec-tarismo político que este es un presupuesto “clientelista” porque sube astronómicamen-te la cifra para funcionamiento y reduce la cifra para inversión. Quiero recordar que para el 2015 el presupuesto fue de 17,3 billones de pesos, distribuidos en 83% para inversión, 12,5% para funcionamiento y 4,5% para servicio de la deuda; el presu-puesto de hoy tiene 81% para inversión, 16% para funcionamiento y 3,2% para el pago de la deuda, entonces ¿dónde es-tán las diferencias sustanciales entre este presupuesto y el anterior que le otorgue el calificativo de un presupuesto “clientelista”

para favorecer con contratos y OPS a la gente cercana a la Administración?

No puede pasar desapercibida en este Concejo la deuda de 944.620 millones de pesos que tienen las EPS con la red pública hospitalaria, ni la cifra de 190.000 millones de pesos que son de dudoso recaudo por el hecho de que esas EPS fueron liquidadas, pero tal recaudo debe estar respaldado por el Gobierno, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Aquí hay que fijar una posición sobre eso. ¿De manera que la red pública hospitalaria cumple me-tas y compromisos de racionalización de gastos, de lucha contra la corrupción, pero las EPS no cumplen y están poniendo en riesgo esta la red pública para favorecer, lo que se ve venir en los próximos 4 años, la privatización de algunos sectores de la salud y de la educación?

Vale la pena insistir en algunas cifras sobre la real situación de la red pública hospita-laria de Bogotá. Esa red, compuesta por 22 instituciones (Empresas Sociales del Estado), hoy tiene saneada su situación financiera por el cumplimiento de los com-promisos de gestión, facturación, recaudo, racionalización de gastos y de lucha contra las prácticas corruptas. Sin embargo, el in-cumplimiento de las EPS en el pago de los servicios que a sus afiliados les presta la red pública, constituye una tronera gigan-tesca que amenaza gravemente el futuro de esos hospitales.

A 30 de septiembre, las EPS adeudaban $944.620 millones a los hospitales públi-cos, cifra que representa el 80% de la venta de servicios de la red en 2015 ($1.180.715 millones). A largo plazo, ninguna empresa pública o privada es sostenible financie-ramente con esa magnitud de cartera. Del total de la deuda, $190.000 millones corresponden a cuentas irrecuperables, porque algunas EPS fueron liquidadas y ni los dueños ni el Gobierno Nacional ni la SuperSalud han respondido por las deu-das. Esta realidad debe complementarse con la observación crítica que en la red pública no se ha avanzado en los com-promisos de formalización laboral de los trabajadores distritales de salud.

Los programas que tienen que ver con la gente, con el desarrollo de Bogotá, tras-cienden de una administración a otra pero, evidentemente, la próxima administración quiere cambiar el enfoque de la inversión en el Distrito; aun así, el presupuesto del año entrante tiene que ver con el Plan de Desarrollo de los programas de la Bogotá Humana, debe dejarle recursos necesarios

a la nueva administración para que no se suspenda ningún programa por falta de recursos, y si los van a suspender que sea por decisión política y que se asuman los costos de esa decisión.

En ese sentido, quiero expresar mi pre-ocupación por dos sectores, primero el de Integración Social; me parece que la reducción afecta programas vitales que deben ser vueltos a discutir en el Concejo. Yo formalmente solicité el incremento del presupuesto de Integración Social para los programas 735 y 760 que tienen que ver con infancia y adolescencia, discapacidad, adulto mayor, todos temas recortados. Si el señor Peñalosa quiere cambiar de énfasis que lo cambie, pero hagamos un esfuerzo con voluntad política para incrementar el presupuesto de esos programas sensibles, que requieren un aumento de 100 mil millo-nes aproximadamente para que culminen hasta diciembre de 2016.

Expresé también mi preocupación por el programa Jóvenes en Paz. Estamos ad portas de un acuerdo de paz en marzo del año entrante. En Bogotá hay que cerca de 400 mil jóvenes que ni estudian ni traba-jan, según cifras del concejal Juan Carlos Flórez, yo tengo una cifra más alta, cerca de 600 mil, pero no importa quién tiene la razón, tan grave es una cifra como la otra. ¿Vamos a dejar 400 mil jóvenes entre 14 y 28 años expuestos a que todos los días se jueguen la vida en la línea divisoria entre la legalidad y la ilegalidad? ¿Quién le va a ayudar a esa generación? ¿La em-presa Claro? ¿Sabmiller? ¿Las grandes empresas y multinacionales? No, le toca al Estado en cabeza del Distrito ayudar a que esos jóvenes no se pierdan. Por eso llamo a que ese programa Jóvenes en Paz se fortalezca y se le otorguen los recursos necesarios para que así pueda aportar el Distrito su obligación con los jóvenes vul-nerables en los tiempos posteriores a la firma del acuerdo de paz.

El pueblo de Bogotá, en particular el mo-vimiento sindical, y los demócratas todos, deben declararse en pie de lucha para enfrentar la andanada neoliberal que se viene con la administración Peñalosa. Los neoliberales vienen por todo: privatización de la educación, la salud, las empresas distritales –Acueducto, Teléfonos, Energía, entre otras–; desmonte de la inversión social, múltiples atentados ecológicos, en fin, la administración distrital al servicio del gran capital, de la segregación, de los constructores, y contra la democracia, la inclusión social y la defensa del medio ambiente.

¿Cuál es la trascendencia del debate sobre el presupuesto

para 2016 en el Concejo de Bogotá?

Nº 135, diciembre de 2015 17

Boletín Informativo Idartes

Las ciudades son como organis-mos vivos, crecen, se desarro-llan e incluso con frecuencia se enferman. Las calles son enton-ces un enorme sistema de cir-

culación y los edificios férreas estructuras óseas. Como nosotros, las ciudades tienen un carácter, un espíritu que las transforma y las motiva, que suele estar en debate con el resto del cuerpo y lo reta cada vez que puede. Ese espíritu a veces abstracto, a veces contundente y presente es el arte.

Esta metáfora que se les ha ocurrido a va-rios académicos y filósofos que piensan las ciudades, está presente en un inquietante grafiti de la carrera 30 en Bogotá. Sobre la calle 26 no muy lejos, en un gesto histórico del Idartes que le da espacio a los nuevos muralistas del siglo XXI, un par de jóve-nes del Bronx víctimas y victimarios de la violencia que produce la misma ciudad, se dan un estremecedor beso que alcanza la altura de un edificio de 8 pisos y es réplica de aquella famosa fotografía de Robert Dosneau. No muy lejos, los esqueletos de un par de mamuts en medio de una luju-riosa lluvia de signo pesos protestan por la explotación minera, justo al lado para evitar cualquier otra interpretación se resalta en colores vivos la frase: Tejiendo esperanza.

Pero como toda libertad trae consigo nue-vas responsabilidades, la autorregulación es el mejor camino para que los artistas se-pan dónde y para qué pintar. El patrimonio arquitectónico o artístico, por ejemplo, son espacios sagrados que deben respetarse entendiendo que en ellos está grabada también la mirada de un tiempo y el anhelo colectivo de una sociedad que ha decidido preservar la memoria en ese monumento, de la misma forma los espacios privados pueden habilitarse con una gestión opor-tuna, y el sector público está repleto de lugares que pueden ser intervenidos.

Es importante también hacer la distinción entre el arte urbano y otro tipo de grafiti que llega al espacio público como marca territorial entre grupos de jóvenes, como mensaje de la protesta social o emblema de una barra de fútbol o cultura urbana deter-minada. Todas ellas producto de distintos procesos sociales y urbanos que necesitan otro tipo de acompañamiento, e incluso en algunos casos de regulación.

Tras la aprobación del acuerdo 482 de 2011 la administración distrital asume la difícil ta-rea de regular lo que por sustancia pareciera difícilmente regulable. Aunque ya existe un decreto distrital que debe promover accio-nes transversales e intersectoriales, en el Idartes hemos insistido en el fomento de las buenas prácticas, la apertura de con-

vocatorias para crear en espacios no con-vencionales, la autoregulación afirmativa y responsable, la sanción social y sectorial de quienes no cumplan con los acuerdos, la comunicación alternativa y el desarrollo de intervenciones en corredores principales de la ciudad, que permiten que la ciudad de Bogotá hable a través de sus muros.

El Idartes realizó 48 intervenciones de gran formato y 52 de mediano formato. Arte mural que transformó espacios públicos de una ciudad que decidió hablar a través de sus muros. Quedan, para millones de bogotanos y miles de turistas que desde Europa buscan esta ciudad como la se-gunda capital del arte urbano después de Berlín, “El beso del Bronx” de la calle 26; el rostro de Jaime Garzón en medio de cien-tos de caminantes desprevenidos que tran-sitan los pasos de quienes ya caminaron esta tragedia; los esqueletos de mamuts y dinosaurios que denuncian la explotación minera a gran escala y la frase, en medio de imágenes que recuerdan los cuadros Guayasamín reclamando una paz con pan.

También el rostro conmemorativo de García Márquez dando la bienvenida a Macondo, en plena carrera décima con calle 13; el mural gigantesco en el cual, un niño custodiado por Diego Felipe Becerra, nuestro grafitero asesinado, dice con su camiseta, en medio de una sonrisa, “En Bogotá los feos somos más”; la fotografía gigante donde Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha, aparece en silen-cio llorando en una cama solitaria, vigilada por las fotografías de su hijo pegadas a la pared, uno de los miles de jóvenes asesina-dos en las primeras décadas del siglo XXI. Lo invitamos a que levante la vista y obser-ve en el costado noroccidental de la Plaza de Bolívar el rostro más conmovedor que la dignidad ha fotografiado en este país.

Bogotá, como otras grandes ciudades, es escenario de muchos cambios y transfor-maciones. Lejos de ser uniforme y homogé-nea, nuestra ciudad presenta una enorme pluralidad de mundos, usos, prácticas formas de encuentro y socialización. Esa creciente complejidad nos muestra una Bogotá en las que sobre los sentimientos de miedo o pérdida de valores, emergen nuevos mundos, maneras de ver y hacer, se redefinen sujetos y colectividades y se construyen nuevos sentidos. Las ciuda-des son el lugar del orden y a la vez del deseo de transgredirlo, de lo dado y de la afirmación de lo posible. Allí, entretejidos con una realidad intensa surgen nuevas sensibilidades, se mueven nuevas pasio-nes, se habitan nuevas prácticas culturales que retan con creatividad lo establecido, que reclaman transformaciones sociales.

En Bogotá trabajamos para que te sientas vivo.

Una ciudad que habla a través de

sus murosc u l t u r a l e s

18 Nº 135, diciembre de 2015i n t e r n a c i o n a l

Atilio Boron

inVestigador suPerior del conicet AlAi AmlAtinA, 07/12/2015

Las elecciones parlamentarias en Venezuela arrojan varias enseñanzas que creo necesa-rio subrayar. En primer lugar que, contrariamente a todas las

predicciones de los lenguaraces de la de-recha, los comicios se realizaron, al igual que todos los anteriores, de una manera impecable.

No hubo denuncias de ningún tipo, salvo el exabrupto de tres ex presidentes lati-noamericanos, que a las cuatro de la tarde (dos horas antes de la conclusión del acto electoral) ya anunciaban al ganador de la contienda. Fuera de esto, la “dictadura chavista” volvió a demostrar una transpa-rencia y honestidad del acto electoral que más quisieran tener muchos países dentro y fuera de América Latina, comenzando por Estados Unidos.

El reconocimiento hecho por el presidente Nicolás Maduro ni bien se dieron a conocer los resultados oficiales contrasta favorable-mente con la actitud de la oposición, que en el pasado se empecinó en desconocer el veredicto de las urnas. Lo mismo cabe decir de Washington, que al día de hoy no reconoce el triunfo de Maduro en las pre-sidenciales del 2013.

Unos son demócratas de verdad, los otros grandes simuladores.

Segundo, resaltar lo importante de que lue-go de casi 17 años de gobiernos chavistas y en medio de las durísimas condiciones prevalecientes en Venezuela, el oficialismo siga contando con la adhesión del cuarenta por ciento del electorado en una elección parlamentaria.

Tercero, el resultado desplaza a la oposi-ción de su postura facilista y de su frenético denuncialismo porque ahora, al contar con una holgada mayoría parlamentaria, tendrá corresponsabilidades en la gestión de la cosa pública. Ya no será sólo el gobierno el responsable de las dificultades que ago-bian a la ciudadanía. Esa responsabilidad será de ahora en adelante más compartida.

Cuarto y último, una reflexión más de fon-do. ¿Hasta qué punto se pueden organizar “elecciones libres” en las condiciones exis-tentes en Venezuela? En el Reino Unido debían celebrarse elecciones generales en 1940. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a postergarlas has-

ta 1945. El argumento utilizado fue que el desquicio ocasionado por la guerra impedía que el electorado pudiera ejercer su liber-tad de manera consciente y responsable. Los continuos ataques de los alemanes y las enormes dificultades de la vida coti-diana, entre ellos el de la obtención de los elementos indispensables para la misma, afectaban de tal manera a la ciudadanía que impedían que esta ejerciera sus dere-chos en pleno goce de la libertad.

¿Fueron muy distintas las condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela? No del todo. Hubo impor-tantes similitudes. La Casa Blanca había declarado en marzo que Venezuela era “una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos”, lo que equivalía a una declaración de guerra contra esa nación sudamericana.

Por otra parte, desde hacía muchos años Washington había destinado ingentes recursos financieros para “empoderar la sociedad civil” en Venezuela y ayudar a la formación de nuevos liderazgos políticos, eufemismos que pretendían ocultar los pla-nes injerencistas de la potencia hegemó-nica y sus afanes por derrocar al gobierno del presidente Maduro.

La pertinaz guerra económica lanzada por el imperio así como su incesante campaña diplomática y mediática acabaron por ero-sionar la lealtad de las bases sociales del chavismo, agotada y también enfurecida por años de desabastecimiento planificado, alza incontenible de los precios y auge de la inseguridad ciudadana.

Bajo estas condiciones, a las cuales sin duda hay que agregar los gruesos errores

en la gestión macroeconómica del ofi-cialismo y los estragos producidos por la corrupción, nunca combatida seriamente por el gobierno, era obvio que la elección del domingo pasado tenía que terminar como terminó.

Desgraciadamente, el “orden mundial” heredado de la Segunda Guerra Mundial, que un documento reciente de Washington reconoce que “ha servido muy bien” a los intereses de Estados Unidos, no ha sido igualmente útil para proteger a los países de la periferia de la prepotencia imperial, de su descarado intervencionismo y de sus siniestros proyectos autoritarios.

Venezuela ha sido la última víctima de esa escandalosa inmoralidad del “orden mun-dial” actual que asiste impertérrito a una agresión no convencional sobre un tercer país con el propósito de derrocar a un go-bierno satanizado como enemigo.

Si esto sigue siendo aceptado por la comu-nidad internacional y sus órganos de gober-nanza global, ¿qué país podrá garantizar para sus ciudadanos “elecciones libres”? Por algo en los años setenta del siglo pa-sado los países del capitalismo avanzado

Venezuela:

La trampa

bloquearon una iniciativa planteada en el seno de la ONU que pretendía definir la “agresión internacional” como algo que fuese más allá de la intervención armada.

Leyendo la reciente experiencia del Chile de Allende algunos países intentaron pro-mover una definición que incluyese también la guerra económica y mediática como la que se descargó sobre la Venezuela boli-variana, y fueron derrotados.

Es hora de revisar ese asunto, si queremos que la maltrecha democracia, arrasada hace unas semanas en Grecia y este do-mingo pasado en Venezuela, sobreviva a la contraofensiva del imperio. Si esa práctica no puede ser removida del sistema inter-nacional, si se sigue consintiendo que un país poderoso intervenga desvergonzada e impunemente sobre otro, las elecciones serán una trampa que sólo servirán para legitimar los proyectos reaccionarios de Estados Unidos y sus lugartenientes regio-nales. Y pudiera ocurrir que mucha gente comience a pensar que tal vez otras vías de acceso al –y mantenimiento del– poder puedan ser más efectivas y confiables que las elecciones.

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Rui Tavares

escritor, traductor, Historiador y Político Portugués 20/11/2015

En los últimos cuatro años de austeridad se cantó muchas veces “Grândola, Vila Morena” para conjurar el espíritu de resistencia e invocar la posi-

bilidad de la unión de la izquierda. Ayer, cantar Grândola fue diferente. Nos hablaba ya de un sentimiento de esperanza y orgu-llo. El pueblo de izquierdas tomó posesión de la alternativa política y la reclamó como suya. La izquierda va a necesitar ese sen-timiento. El poder sin pueblo no pasa de cargos inútiles.

Hace mucho que la sociedad portuguesa está madura para un gobierno inclinado a la izquierda. Una parte de la derecha seguirá negándolo. Al tiempo de espera de una decisión del presidente de la República, a la presión por parte del Partido Popular Europeo se le suma la incertidumbre pro-palada por los comentaristas: ¿qué pasará cuando los sindicatos empiecen a pedir au-mentos? ¿Qué pasará cuando los partidos de izquierda tengan opiniones diferentes? Las preguntas son legítimas. Pero parece que los comentaristas sólo admiten un tipo de respuesta, que es la respuesta pe-simista. No admiten que la sociedad civil, los sindicatos y el pueblo de izquierdas no sean una fuerza de bloqueo. No admiten que las diferencias entre los partidos de izquierdas, bien conocidas además, sobre todo por ellos mismos, puedan tener un resultado de suma positiva.

¿Y si la mayoría social, política y parla-mentaria de izquierdas –que se confirmó ayer– tuviera más capacidad de cambio en los próximos años que la mayoría de derechas que la precedió?

La izquierda portuguesa recuperó ayer su función transformadora y solidaria. Esta no puede realizarse sin dos cosas: 1) Capacidad de respetar las diferencias. 2)

Una fuerte base social de apoyo. Hay mu-cho donde aplicar ese potencial.

Un gobierno de izquierda puede acertar en lo que se llamó pomposamente “reforma del Estado”... y en la que la derecha fracasó clamorosamente. Una verdadera reforma del Estado, vista desde la izquierda, puede realizarse mediante una mayor apertura de la administración a los ciudadanos, una mayor transparencia y responsabilización política, y mediante la reintroducción del debate que falta, que es el de la regionali-zación. Esta es una reforma del Estado que el PS, el BE y el PCP pueden pensar en conjunto, y para la cual deben comprometer a todo el Parlamento.

Un gobierno de izquierda debe esforzar-se en la construcción de un modelo de desarrollo para el país con pilares muy sencillos: empleo con derechos y dignidad para todos, incorporación de conocimiento y tecnología, reindustrialización verde, re-fuerzo de la capacidad productiva y coo-perativa. Ahí los sindicatos son aliados y no obstáculos.

Un gobierno de izquierdas va ciertamente a implicarse en el combate contra las des-igualdades y la pobreza. Bastará aplicar los acuerdos ayer firmados para que tengamos un inicio de legislatura más productivo que nunca en este nivel.

Por último, un gobierno de izquierdas debe dar fuerzas a Portugal para los grandes de-safíos del siglo XXI: luchar por una Unión Europea democrática, una globalización justa y un planeta sostenible.

Portugal:A la izquierda

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La nación latinoamericana 22La Independencia de América Latina

REToMAnDo EL hiLo: Hacia 1809 se inició en toda América Latina el movimiento de independencia contra los más de trescientos años de dominación española. Al frente de la gesta estuvo un estado mayor compuesto en su mayoría por criollos, pero también por indígenas y negros. El proceso fue sinuoso, en buena medida por la debilidad de la naciente clase dirigente expresada en los criollos.

Pascual Amézquita Zárate

docente uniVersitario PHd. en economía

Otros campos de batalla de la Independencia de América Latina

Teniendo en cuenta solo la extensión territorial, el proceso independentista adelantado por Bolívar y San Martín no abarcó ni siquiera una cuarta parte del Nuevo Mundo. En efecto, Sur América mide unos 17 millones de kms2, la mitad de los cuales corresponden a Brasil y

la otra mitad a la emancipada por los dos libertadores.

MéxicoAl norte de Panamá (perteneciente al Virreinato de Nueva Granada) se extendía una parte gigantesca del imperio, el Virreinato de Nueva España, cuyos límites tocaban la región noroccidental de la actual Canadá, las islas del Pacífico (Filipinas, Marianas y Hawái) y algo más de dos millones de kilómetros cuadrados en la parte occidental y central del actual Estados Unidos, cuya pérdida se detallará en próxima entrega. El Virreinato además estaba conformado por el resto de América Central, tanto insular como continental (ver mapa). El centro de tan gigantesca colonia era ciudad de México, edificada literalmente sobre y con las ruinas de Tenochtitlan, la capital del imperio azteca.

El movimiento de independencia tuvo su inicio en el alzamiento dirigido por el sacerdote Miguel Hidalgo, llamado el Grito de Dolores (por el nombre del pobla-do en donde ocurrió), el 16 de septiembre de 1810. A lo largo de este recuento se ha llamado la atención sobre la forma sinuosa como resultó la independencia americana, y México no fue una excepción. Hidalgo adujo como argumento que Napoleón había destituido al “amado” Fernando VII y que por eso se declaraba la independencia mientras era restituido el Rey.

Meses después Hidalgo fue detenido y fusilado por los españoles pero otro sacerdote, José María Morelos, ya se había erigido como figura importante en la causa independentista y recogió la bandera. Morelos también fue derrotado y fusilado (1815) pero, en otro de esos giros misteriosos de la historia, su vencedor, Agustín de Iturbide, sería quien llevaría a feliz término la inde-pendencia con el Plan de Iguala.

Iturbide –criollo nacido en México–, al comienzo de la revolución luchó en el bando español. Solo después, en respuesta al giro liberal que ocurrió en España por cuenta de la adopción y juramento de la Constitución de Cádiz por Fernando VII, se enfrentó a los peninsulares y decidió constituir un nuevo imperio en América bajo su dirección.

Se coronó como Emperador Agustín I. Este giro reac-cionario sin embargo sirvió para que el mismo Iturbide

declarara la independencia de España en 1821,

no obstante que su idea era mantener el poder mientras Fernando VII se liberaba de la atadura constitucional. Poco tiempo después Iturbide sería derrocado.

La Capitanía de Guatemala (el resto de América Central continental, menos Panamá) se separaría de México en 1823, conformando las Provincias Unidas del Centro de América, confederación que existió hasta 1839. En bue-na parte de ese lapso el gobierno estuvo a cargo de un dirigente liberal, el general Francisco Morazán.

BrasilComo ha quedado indicado, la invasión de Napoleón a España ocurrió en medio de una traición del rey español a su par portugués: Napoleón pidió permiso para cruzar su tropa por España para invadir a Portugal. Pero se quedó con ambas presas.

Los criollos brasileños al ver derrocado al rey portugués Juan VI en vez de declarar la independencia lo invitaron a que se viniera a América y que desde acá gobernara al Imperio y a Portugal. A diferencia del español, el portugués sí vio conveniente la invitación y se vino. Así la capital imperial pasó de Lisboa a Río de Janeiro.

Este rey absolutista tuvo muchos problemas ocasionados por la ambición extranjera que despertaba la crucial locali-zación de Portugal. Para poder controlar a los díscolos que quisieran aprovechar en su beneficio la invasión napoleóni-ca, se trajo a toda la corte, empezando por su esposa, que era de la familia Borbón, gobernante en España.

La presencia de Juan VI en Brasil, y la continuidad del gobierno en manos de su hijo Pedro I cuando aquél debió devolverse a Portugal, es una de las causas que explica que los intentos de dividir el gigantesco Brasil en varios países por cuenta de las castas criollas no fructificaran, como sí ocurrió en los dominios españo-les. Cuando Pedro I también se devolvió a Portugal en 1831, la era de las revoluciones ya había pasado, los gobiernos absolutistas en Europa volvieron a florecer y Brasil tuvo la posibilidad de seguir existiendo como nación independiente, no obstante los intentos ingleses de fragmentar el país, como sí lo logró en la región de La Plata. Esta historia se abordará en próxima entrega.

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