EL DIARIO

C on la visita de la ministra de Cultura, Mariana Garcés (de ruana negra), la Basílica de Monguí tiene una nueva esperanza para su restauracuión. Luego de casi tres años de malas intervenciones que causaron el deterioro de las instalaciones de la iglesia y del convento, el Ministerio anunció que tanto la Alcaldía de Monguí, como la Unión Temporal Arcos, liquidarán el

convenio, para dar viabilidad a la licitación por $5 mil millones para la restauración del bien inmueble, que es patrimonio de la Nación. Los pliegos del nuevo proyecto, serán publicados el viernes 11 de abril, para que puedan aplicar aquellas empresas exper-tas en el tema, que cuenten con el personal idóneo. Los monguiseños aplauden la decisión. Ver página 7

El remedio de $5 mil millones para Monguí

Año 17 Edición semanal 702 • 4 de abril al 10 de abril de 2014 • $1000www.periodicoeldiario.com • [email protected]

Cesar Pachón dio a conocer que el movi-miento campesino que lideró el paro agra-rio en 2013, ahora toma una nueva for-ma: desde el 1 de abril, su nombre pasó a ser Asociación de Productores de Dignidad Agropecuaria Boyacense

La figura de liquidación es la amenaza de varias E.S.E del departamento, que no son las únicas perjudicadas con el método utili-zado por el Ministerio de Hacienda, para ce-rrar aquellos centros de salud que no están representando un peso financiero

Los habitantes de esta provincia que han visto el deterioro de su región con el paso de la minería, se suman al resto de boyacen-ses que rechazan la llegada de empresas de exploración y explotación, en búsqueda de recursos naturales, que con sus actividades perjudican el equilibrio de la naturealeza

Pg. 3 Pg. 6 Pg. 16Nueva figura de Dignidad En apuros la salud de Boyacá Tampoco en el Norte

/ Foto: Hisrael Garzonroa-ELDIARIO

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Centro Democrático de Boyacá en manos del Consejo de Estado

El caso de Nelly Sol

Una decisión del Consejo podría cambiar la representatividad del partido en el Congreso

L a controvertida ex rectora del Cole-gio de Boyacá, Nelly Sol Gómez de Ocampo, debió dejar la institución

tras ser declarada insubsistente según el Decreto 0203 del 30 de mayo de 2012. La exrectora acusó al alcalde de Tunja, Fer-nando Flórez, de acoso laboral, de haberla despedido a pesar de que le faltaba muy poco tiempo para lograr su pensión y de actuar en contra de lo establecido por la ley, ya que el presidente de la República era el único que estaba facultado para ade-lantar dicha acción. El abogado de Gómez, Ciro Güechá, interpuso en su momento la demanda ante la instancia administrativa.

Para diciembre de 2013 se supo que ha-bría un fallo, en el que se revocaría la deci-sión ya tomada y se obligaría a restituir a Gómez de Ocampo, el cual fue emitido por

el Juzgado 12 Administrativo de Tunja. Al respecto el magistrado Arciniegas indicó que “las normas de competencia que es-tán establecidas en el Código Administra-tivo de lo contencioso administrativo son claras al señalar, que cuando se trata de funcionarios del orden nacional, no tene-mos competencia para pronunciarnos. El competente es el Consejo de Estado”.

Si se está cuestionando el acto de elec-ción o como en este caso, de un retiro, de un rector de una institución educativa de carácter público nacional, el Tribunal no tiene competencia y le corresponde, por factor subjetivo de ésta, al Consejo cono-cer de esta acción. En este caso, como la decisión es de única instancia, el fallo se emitiría en un plazo de cuatro a seis meses.

SEGUROS COLPATR IA S .AInforma

“A todo el público que se perdieron formularios de papelería Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), los cuales se relacionan a continuación.

Números de Soat

5304702-5568734-5568735-5568736-5568737-5568738-5568739-5569615-5608908-5608944-5608772-5608773-5608774-5608775-5608538-5609116-5609117-5609118-5608583-5569291-5569292-5569293-5569294-5569295-5569236-5609085-5608576-5608577-5608578-5608579-5609192-5609193-5609194-5609195-5609196-5569501-5569502-5569503-5569504-5569505-5608800-5569522-5569523-5569524-5569525-5608659-5568728-5568729-5608968-5608969-5608970-5609158-5609185-5609186-5609187-5609188-5609189-5609190-5609191-5608508-5608509-5608510-5608511-5608512-5608513-5608514-5609140-5789859-5789860-5789861-5893047-5893048-5893049-5893050-5893051-5893052-5893053-5893054-5893096-5893097-5893098-5893099-5893100-5609050-5609051-5609052-5609053-5609054-5609055-5893166-5893167-5893168-5893169-5893170-5893241-5893242-5893243-5893244-5893245-5893246-5893247-5893248-5893249-5893250-5893286-5893287-5893288-5893289-

5893290-5893291-5893292-5893293-5893294-5893295-5893354-5893355-5893356-5893357-5893358-5893359-5893360-5609181

Por lo tanto se solicita NO realizar ninguna transacción económica con estos documentos, pues carecen de validez”

A ntes de que se adelantaran las elecciones del 9 de marzo, los miembros de Centro Democráti-

co en el departamento, presentaron ante el Tribunal Administrativo una acción de tutela, con el fin de que se le ampararan sus derechos fundamentales. Ellos aduje-ron que los delegados de la Registraduría ante Boyacá habían violado sus derechos, al negarle la inscripción de la modifica-ción de su lista.

“El Tribunal se pronunció a favor de esa solicitud de amparo y ordenó a estos de-legados del registrador, que inscribieran la lista modificada de Centro Democrático y así pudieran participar en los comicios que pasaron recientemente. Esa tutela ya fue impugnada por los delegados y se en-cuentra en el Consejo de Estado, para fallo de segunda instancia”, explicó a EL DIARIO,

el presidente del Tribunal Administrativo de Boyacá, Luis Ernesto Arciniegas.

Como ya las elecciones se llevaron a cabo, “como es sabido una de las perso-nas de esa lista, salió electa, entonces qué pasa si el Consejo de Estado revoca la decisión del Tribunal, ¿queda sin efec-to la elección de este ciudadano? Es una pregunta interesante, porque por un lado ya hubo un pronunciamiento del pueblo en las urnas en relación con esa lista y si el Consejo considera que los delegados ac-tuaron bien, al negar en sede administra-tiva la inscripción, la pregunta repito, es la de saber si automáticamente perdería su curul en el Congreso (Ciro Alejandro Ra-mírez)”, infiere el magistrado Arciniegas.

En caso tal de que esto suceda, en concepto del presidente del Tri-bunal, habría lugar a promover una

demanda electoral ante la jurisdicción conten-ciosa, impugnando esa elección. En este caso como se trata del Congreso de la República, corres-pondería al Consejo de Estado pronun-ciarse sobre ello.

/ Foto: Archivo EL DIARIO

Exrectora del Colegio de Boyacá, Nelly Sol Gómez de Ocampo

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del 4 por mil y finalmente se logró el 2 por mil y en estos momentos está en manos del Gobierno, pero no lo ha querido girar para lo que se desea destinar, que es la condonación de las deudas en las bancas pública y privada del sector agro-pecuario. Se sabe que lo tiene el Ministerio de Hacienda quien finalmente le quitó esa labor al Ministerio de Agricultura, tal como lo habían so-licitado los campesinos, que fuera la cartera en-cargada de administrar dichos recursos. “No se ha reglamentado, hace poco emitieron un decreto que daban $200 mil millones, pero se requieren más de $1.2 billones, para poder ayudar y condo-nar al campesinado. Este dinero fue por 12 años para los bancos y nadie, ni el Gobierno, nunca les dijo nada por ganar más de $6 billones que sale del bolsillo de los colombianos y ahora que lo pe-dimos para el sector agropecuario, ahora sí nos ponen complicaciones”, denunció el líder.

En cuanto a los TLC y los acuerdos comerciales, en palabras de Pachón, el Gobierno les ha incum-plido porque el 10 de febrero ratificó la Alianza del Pacífico, lo que automáticamente tumbó todo lo que se había hablado en las mesas de concer-tación, en todo lo relacionado a salvaguardias y contingentes, “de reducir o frenar esa importa-ción que nos está perjudicando nuestros merca-dos; entonces eso deja las puertas abiertas y no se conciben que hayan medidas de protección como aranceles, contingentes o salvaguardias, y también le da una prioridad ahí en ese accionar, al TLC con Estados Unidos”, expuso Pachón. Como se sabe, en una cláusula de dicho tratado, que si Colombia en algún momento llega a dar mejores condiciones a cualquier otro acuerdo comercial o TLC, tendría que transferírselas a ese país, lo que conlleva al impedimento de proteger cual-quier producto nacional y va a ser “una pelea de

La reorganización de Dignidad AgropecuariaA bril inició para el movimiento agrope-

cuario, con la constitución de la junta departamental que toma el nombre

de Asociación de Productores de Dignidad Agropecuaria Boyacense. El líder Cesar Pachón indicó que “el objetivo era formar una asocia-ción departamental con sus directrices respec-tivas, para poder reorganizar al departamento y que todos los municipios podamos llegar allá y lograr hacer una asociación por cada uno de ellos. Se nombró una Junta Directiva que nos dará apoyo en Boyacá”.

Quienes conforman esta Junta son Plinio Hernández como presidente, el vicepresidente es Román Silva que a su vez es líder de Belén; secretaria, Yolanda Rivera, líder de Soracá; te-sorero, Francisco Alvarado, líder de Paipa y el fiscal es Ángel Camargo, líder de Tuta. “Con los diversos líderes del departamento se ha forma-do esta asociación. Los que estamos de voceros, siempre quedaremos con este rol y en éste caso, seremos los encargados de llevar la vocería de la organización y así darle la oportunidad a nues-tros compañeros que también han trabajado por el departamento, para que sean ellos quie-nes conformen esta Junta Directivo”, apuntó Pa-chón. Aparte de los cargos anteriormente men-cionados, también fueron designados vocales, que también podrán intervenir en la dinámica de la Asociación. La idea es integrar también a las juntas de acción comunal, para hacer un tra-bajo más social.Los proyectos con Venezuela

Con la crisis que está viviendo el país vecino, EL DIARIO indagó con Pachón cómo han avanzado las conversaciones, para los posibles acuerdos comer-ciales con los que se podrían vender alimentos a la nación bolivariana. Al respecto, precisó: “nosotros tenemos una cita pactada con la Embajada de Ve-nezuela, el Ministerio de Alimentos de allá y el Mi-nisterio de Agricultura, igualmente con el Insai que es una institución similar al ICA de Colombia, la Cor-poración de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (Casa) y estamos a la espera para poder reunirnos. El embajador ya presentó el proyecto que nosotros planteamos y sabemos que ya está en Venezuela, y es a partir de eso que nos dan la cita. Esperamos que podamos viajar pronto, ya que los acuerdos que po-damos lograr, ayudarán a que aumente el precio de nuestros productos”

A propósito del posible paro que se organi-zaría para el 28 de abril, Cesar Pachón precisó que el Gobierno sí ha incumplido con los acuer-dos que se habían fijado para el levantamiento de los bloqueos en agosto del año pasado. “Era cuatro temas fundamentales. Sobre esos, no se han dado cumplimiento. Los que asegura el mi-nistro del Interior, Aurelio Iragorri, son los que él mismo propuso y colocó en el pliego, pero cosas que cambien el desarrollo agropecuario del país, no se han cumplido”. Los ítems que cita el líder campesino son el de comercio exterior – mercadeo (TLC), crédito y financiamiento, insu-mos y combustibles, reactivación del cultivo de cereales, medio ambiente, minería y páramos.

Con respecto a los cereales, informó que has-ta el momento no les han concedido la cita con Bavaria SABMiller, a pesar de que ya han trans-currido más de seis meses después de haberse puesto el tema sobre la mesa. En este caso, la idea es que se concerté una iniciativa entre el Estado y la empresa privada, para que los agri-cultores puedan venderle la cebada a la multi-nacional y así ésta la utilice para la elaboración de la cerveza, teniendo en cuenta que Boyacá es uno de los departamentos que más la con-sume. “Es una manera de arreglar y moderar el precio de la papa”, indicó Cesar Pachón.

Por otro lado está el crédito y financiamien-to, donde los negociadores solicitaron el dinero

La lucha continúa

Los proyectos con Venezuela

tigre con burro amarrado, porque no vamos a tener cómo defendernos”, adujo el líder del paro agrario.

Por último, con los páramos, minería y medio ambiente, la clara muestra de las catástrofes ecoló-gicas en el país como la del Casanare, comenta Pa-chón que una de las solicitudes precisamente fue que se hiciera una consulta previa a cada localidad o sector, antes de permitir la entrada de los proyec-tos mineros, “en el caso de Boyacá, ahorita tenemos un caso grave en Jenesano, igualmente en Toca, ya que quieren traer la minería al páramo que está arriba del municipio, de ahí se surte a la Represa La Copa y además al distrito de riego AsoChicamocha y por eso nuestra petición es que no se den las lici-taciones, hasta que no se concierte con la comuni-dad”, finalizó el cundinamarqués.


Dignidad Agropecuaria legitimó como sus líderes departamentales y voceros en las mesas a Cesar Pachón, Florentino Borda, Rosa Elvira Rivera, Walter Benavides y Yoani Vela


PRODUCTO Chiquinquirá Duitama Sogamoso TunjaAcelga $1.583 $1.000 $1.000 $1.000Ahuyama $464 $446 $452Ajo $4.900 $2.450 $2.900 $3.867Apio $1.000 $1.013Arveja verde en vaina $2.350 $2.325 $2.900 $2.267Brócoli $1.400 $1.275 $1.150 $1.480Cebolla cabezona $988 $900 $1.000 $869Cebolla junca $1.130 Cebolla junca Aquitania $667 $500 $913Cilantro $2.125 $2.167 $3.667 $1.575Habichuela $1.528 $1.350 $1.625 $1.520Lechuga Batavia $1.400 $1.150 $1.050 $1.227Tomate Ríogrande $1.020 $1.318 Tomate chonto $810 $867Tomate largavida $970 $1.700 $1.085Zanahoria $500 $700 $608 $500

FRUTASAguacate común $2.530Aguacate papelillo $3.800 $3.900 $4.000Banano Urabá $813 $800 $775 $818Banano bocadillo $1.631Banano criollo $1.008 $1.178

PRODUCTO Chiquinquirá Duitama Sogamoso TunjaGuayaba común $760 Guayaba pera $1.250 $1.200 $1.250 $1.460Mandarina arrayana $1.195 $1.680 $1.860 $2.167Mandarina común $2.100Mango Tommy $1.292 $1.375 $1.125 $1.500Mango común $870Manzana nacional $1.473Manzana roja importada $3.158 $4.000 $3.500Mora de Castilla $1.663 $1.850 $2.450 $2.060Naranja Valencia $879 $924Naranja común $450 $432Papaya Maradol $1.040 $1.000 $1.050 $1.237Papaya hawaiana $1.200 $1.225 $1.425 $1.208

El clima para los productores

T al como lo anunció el se-cretario de Fo-

mento Agropecuario, Luis Alejandro Perea, en el Consea adelantado el 5 de marzo en Tunja, los productores se re-unieron el miércoles 2 de abril para conocer el arranque del progra-ma en los nuevos mu-nicipios, que aplicaron a la convocatoria. La directora de Desarro-llo Agropecuario de la Secretaría de Fomento Agropecuario de la Go-bernación de Boyacá, Soraya Sánchez, explicó que “llevamos dos años trabajando en las con-

E l verano ha afectado la canasta fami-

liar de los boyacenses, puesto que la arveja, la papa, el plátano, yuca, papa criolla, frutas y hortalizas han subido de precio, incluyendo producción de carne y demás, debido a la ausencia de lluvias que ocasiona que no haya demanda de produc-tos, que no permite que haya una oferta constante y perma-nente. Por ejemplo, el bulto de papa pastusa está a $40 mil, el de arveja a $110 mil, fríjol en $100 mil, mazorca y zanahoria a $25 mil el bulto; entre las frutas la más cara es la pera importada, que está en $60 mil, tomate de árbol $45mil. Por otra parte la cebolla a $22 mil el atado de 30 Kg, tomate chonto a $18 mil; en hortalizas, lo más caro son el coliflor, la espinaca y la lechu-ga, a $12 mil los 10 Kg.

Según el boletín semanal de precios ma-

Inició nuevo ciclo de Asistencia Técnica Directa Rural en Boyacá

El verano y los precios de los alimentos

vocatorias de asistencia técnica; en la primera, que se terminó de ejecutar el año pasado, entraron beneficiados 25 municipios de los 123 del depar-tamento, para el incentivo económico de Asistencia Técnica Directa Rural, en donde el Ministerio les da el 80 % y los municipios colocan el otro 20 % de los recursos, y de éste, la Gobernación aporta el 10 %, con el cual ha cumplido a cabalidad en 2013 y en esta nueva convocatoria”.

En la nueva etapa, entraron 84 municipios del departamento. Se tiene una cobertura del 87 % de los municipios; con el servicio que se está presentando, iniciaron los nuevos municipios que ya están en ejecución y habrá una prolongación de los 25 municipios, que será a partir del 1° de mayo. “Para acceder al recurso se presenta un concurso nacional en donde cada municipio presenta un Plan General de Asistencia Técnica, priorizado por cada uno de estos; por ejemplo, unas líneas que son de preferencia a la atención de asistencia técnica a los agricultores de cada municipio: si es productor de café, se beneficiará el café y de acuerdo a esto, en este momento están ejecutándose todos los recursos”, informó la directora Sánchez.

“El acompañamiento se da en la finca con unos criterios de asociativi-dad, ambiental, de valor agregado y de mercadeo; sin embargo, la parte de productividad es el fuerte de las Epsagro en este momento”, explico la funcionaria de la Gobernación.

yoristas del Dane, el aumento de los precios de la cebolla junca obedeció a la reducción de la recolección en Aquitania. El fríjol verde en vaina, tam-bién subió, por la menor producción recibida desde Tota y Sogamoso; en esta ciudad, el kilo de arveja verde se vendió en $2.900 (15 % más que la semana anterior), por menor volumen de ingreso desde Samacá, Ramiriquí y Tibaná.

Así se comportaron los precios para esta semana, de los productos básicos de la canasta familiar, en las principales ciudades de Boyacá:

Todo el país se en-cuentra en período seco y eso es repetiti-vo, la ola invernal 2010 – 2011 va a darse nue-vamente, así como el Fenómeno de la Niña, del Pacífico y otros, que son cíclicos, y las personas más vulnera-

bles son los productores y campesinos, que sufren el flagelo del cambio climático no sólo en Boyacá, sino todo el mundo. “Dentro de esa estrate-gia tenemos proyectos para mitigar esto, que se están tramitando ante el Gobierno nacional, con los que se piensa implementar 30 unidades productivas, para apoyar productores afectados por el cambio climático. También se está apoyando la Gestión del Riesgo de los municipios, se en-tra a hacer un trabajo con Corpoboyacá, para impulsar dentro de estos, la mitigación de los riesgos”, explicó la directora de la Secretaría de Fomento Agropecuario.

La queja es que los cultivos no tienen el apoyo adecuado del Esta-do, en temas de infraestructura de riego, que son una herramienta in-dispensable para esta época de sequía. “Acaparamos agua en invierno y la regamos en verano, somos más equitativos. Pero también tene-mos un proyecto para que el uso del agua sea más racional, mediante una iniciativa para hacer un uso adecuado del recurso, en el cultivo de papa”, indicó Sánchez.

El incremento de los precios se presenta desde ya, debido a la escasez de los alimentos, que automáticamente jalona la subida de dichos valores.



La Asistencia Técnica Directa Rural busca prestar un servicio integral, permanente, pertinente y de calidad a los productores rurales, facilitando el acceso, de manera especial, para los pequeños y medianos productores

La fuerte ola de calor ya ha impactado en los precios de los productos


E n un oficio remi-tido al goberna-dor de Boyacá,

Juan Carlos Granados, el 2 de abril, el Concejo Muni-cipal denuncia el incumpli-miento de las obras que se contrataron para la rehabil-

tación y pavimentación de la vía Cordoncillo – Güicán, las cuales deberían haber concluido y entregado el 31 de diciembre de 2012. “Hoy cuando han transcu-rrido más de dos años sin que haya sido ejecutada ni

D e acuerdo a las investigaciones que se adelan-

tan por el caso de Andrea Marcela García, quien desa-pareció el 1° de octubre de 2012 y fue encontrada pos-teriormente el 6 de octubre del mismo año, la Fiscalía informó que ha dispuesto un equipo interdisciplina-rio conformado por investi-gadores del CTI, Dijin, Sijin y Medicina Legal, para desa-rrollar la investigación.

“Actualmente se están desarrollando activida-des para determinar bajo prueba científica, el aná-lisis de los perfiles genéti-cos del presunto responsa-ble, esto con el fin de darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía, para que sepan que la Fiscalía no ha descansado un solo día para encontrar a los culpables del repudiable

hecho”, informó el director de Fiscalías de Tunja, Jose Antonio Tirado.

Hasta el momento la hipótesis que maneja le entidad es el de la “conexi-dad con una posible agre-sión sexual en la modali-dad de actos abusivos con menor de catorce años, en búsqueda de los responsa-bles, direccionados proba-blemente conocidas por la víctima y habitantes del sector donde ella residía”.

Andrea Marcela García fue enviada por su madre, el 1° de octubre a realizar una llamada, para que informara a sus patronos que no podía ir a trabajar ese día. Después de que la niña de 12 años llamara en la tienda cerca a su casa, desapareció del barrio El Milagro donde residía, hasta que el 6 de octubre fue hallado su cuerpo sin

Güican exige rehabilitación de sus vías

Avances en caso de Andrea García

vida, “incinerado partes de su anatomía, en un paraje boscoso aledaño al barrio La Calleja (lo lla-man la Curva del Muerto, ubicado en la salida hacia Villa de Leyva)”, según los datos de la Fiscalía.

La familia García Buitrago espera que se esclarezca lo más pronto posible, quién atacó a su hija.


El 1° de octubre de 2013 se adelantó una marcha para honrar la memoria de la menor y exigir la identificación de su agresor

siquiera un 50 % de la obra, los güicanes seguimos esperando al menos el pro-nunciamiento y la explicación de auto-ridad competente del por qué las obras se abandonan, el dinero se pierde, la co-rrupción triunfa y sencillamente no pasa nada”, es uno de los apartes de la misiva.

El Convenio 1555 de 2011por $4 mil 738 millones 784 mil 168 fue ad-judicado al Consorcio de Ingenieros Asociados, por parte de la Gobernación de Boyacá; los concejales firmantes del documentos, esperan que el goberna-dor Granados “pueda cuantificar y va-lorar el daño causado al municipio por el abandono de las obras de rehabilita-ción y pavimentación de la vía de acce-so y la terminación de la construcción de nuestra Escuela Normal Superior”. Incluso se han señalado posibles fe-chas para reinicio de obras, creando así falsas expectativas en la comunidad, ya que las fechas han pasado y no se ha visto nada; el riesgo que se corre es que los recursos se puedan perder, ya que son de vigencia 2014.

Argumentan los concejales, que por ser este municipio uno de los que con-forma el proyecto de las Siete Maravillas de Boyacá, sería apropiado articular estas obras, para que así se logren culminar con éxito y no continuar con los problemas que están denunciando.

/ Foto: Concejo de Güicán

/ Foto: Panoramio.comEstos son los concejales que solicitan se concluyan satisfactoriamente las obras viales pendientes


Las fórmulas con las que se busca mitigar la insol-vencia económica de las empresas prestadoras de sa-lud en el departamento, están incluidas en la política institucional de la Gobernación de Boyacá, que busca fortalecer a los hospitales del departamento. “Los re-cursos administrados por los gerentes, deben orientar-se a mejorar la calidad en la atención de los pacientes”, aseguró el secretario Orjuela.

En éste orden, la Secretaría ha hecho el acompaña-miento necesario en la formulación de los programas de saneamiento fiscal y financiero, como se ha ade-lantado desde 2012, a raíz de que en la vigencia 2011, cerca de 27 hospitales fueron clasificados en riesgo financiero y fiscal alto.

Para 2012, otros 27 hospitales no cargaron infor-mación al Sistema de Gestión de Hospitales (SIHO), plataforma que le permite al Ministerio de Salud hacer seguimiento a la eficiencia administrativa de las enti-dades públicas de salud, lo que conllevó a declararlas en riesgo fiscal alto.

“Una vez presentados los programas de saneamiento a consideración del Ministerio de Hacienda, éste formuló las observaciones y solicitó ajustes a los mismos, por lo que la Secretaría de Salud requirió a los gerentes acoger las directrices de esa cartera, dentro de los términos de-finidos por la Ley”, explicó el secretario. La Secretaría de Salud está a la espera de la respuesta del Ministerio, que daría luz verde para que el ajuste a la red de hospitales del departamento, comience a regir el 1° de junio de éste año y finalizaría el 31de diciembre de 2015.

El diputado del Partido Verde, Jaime Raúl Salaman-ca, desmintió que realmente esa fuera la situación real del sector de la salud en Boyacá y argumentó que exis-ten varias inconsistencias dentro de la información que pidió el Ministerio, lo que se pasó y lo que aprobó: “el 12 de septiembre de 2013 el Ministerio de Salud soli-citó la propuesta de red, el 12 de octubre se presentó y el 30 de ese mismo mes la aprobó. Pero ahí viene el problema: sólo hasta el 1° de noviembre la Secretaría de Salud presentó los soportes y aún así el Ministerio ya había aprobado la propuesta, ¿cómo es posible que hayan procedido de esa manera, si la información no estaba completa?”.

Aprovechó para exponer que la propuesta no es viable ni legal, por lo que propone que se concerté con la comunidad. “Exijo la renuncia del secretario de Sa-lud, dé un paso al costado para que esta situación se maneje de otra manera”, indicó el diputado Salamanca.

El representante a la Cámara, Pablo Sierra, habló con EL DIARIO, sobre el por qué hoy en día se está pre-sentando una situación de riesgo para varias E.S.E de Boyacá. “En 2001 fui elegido secretario de Salud del de-partamento. En aquella época la crisis hospitalaria era similar a la de hoy pero un poco más grave: el sistema laboral, los trabajadores de la salud no tenían salario, les

E n el debate adelantado en la Asamblea depar-tamental, en el que intervino el secretario de Salud, Guillermo Orjuela, para dar a conocer

el balance actual de las E.S.E que están en riesgo y el motivo por el que esto sucede, no visibilizó una pronta solución a dicha intervención, a pesar de que como se ha dicho en reiteradas ocasiones, no se liquidarán.

Continúa discusión de crisis de la salud en Boyacá

¿Qué hacer?

Del otro lado...

Sindicalismo también se opone

Los antecedentes

adeudaban primas y prestaciones. Recibí la Ley 349 de enero de ese mismo año, que transformó el precio de la oferta del sistema; eso quería decir que los recursos que eran para fun-cionamiento, pasaron para la parte asistencial y eso cambió mucho la administración de la red, pero eso no era lo grave”.

Según comentó el representante Sierra, lo grave vino con la Ley 715 en la que se propuso la descentralización del sis-tema, porque se venía con una gran crisis por la cantidad de municipios que hay y lo distantes que están de los principales centros de salud. “Era muy difícil que se creara una E.S.E en cada municipio, pero nos dimos la pelea por esa situación y junto con Antioquia, logramos que todos los municipios bo-yacenses, de manera descentralizada tuvieran su propia em-presa, autónoma, con servicios propios, pero con un propósi-to: que el tema de salud fuera el básico general, un médico, un odontólogo, una enfermera, un auxiliar de enfermería y un conductor de ambulancia. Los alcaldes se comprometie-ron en su época a cubrir los gastos de aseo y servicios ge-nerales, para ahorrar recursos”. Con ese modelo se arrancó y desde ese entonces se cuenta con un médico de ochos horas, otros tienen uno de 24 horas o también los rurales y le fueron adicionando servicios, hasta que se empezaron a contratar funcionarios para la parte administrativa y eso “hizo que se nos fuera la mano en el presupuesto de las regiones”.

En 2004, el departamento estaba en una crisis más am-plia del sector hospitalario de segundo nivel, el Gobierno nacional le propuso al departamental, firmar un convenio de desempeño, para reestructurar el sistema asistencial de salud de Boyacá. “En esa época el presidente Álvaro Uribe y el gobernador Jorge Londoño, lo firman y como ejemplo y hacen un experimento, fusionando el hospital de Garagoa y Guateque y eliminar los hospitales de Guayatá y Tenza por ejmplo, para dejar a los demás dependiendo de los hospita-les de cabecera”. Hace 10 años el Hospital de Guateque era el mejor calificado a nivel nacional y hoy en día el Hospital del Valle de Tenza, no tiene la mejor evaluación.

El convenio estipulaba que el Gobierno apor-taba un poco más de $120 mil millones y $20 mil colocaba el departamento, con el compromiso de reestructurar toda la red en un plazo no mayor de diez años, que obviamente se están venciendo este año. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda le está pidiendo al Gobierno que cumpla y aquellas empresas que no sean financieramente viables hay que cerrarlas, “y por eso estamos en la crisis de hoy, donde hay que supuestamente cerrar unas que no lo son. Ni siquiera les advirtieron que si no cumplían el plazo, las iban a cerrar, sino simplemente les dijeron que procederían”.

El gremio sindicalista de la salud expuso que con todas estas exigencias del Gobierno nacio-nal, ninguna Eps publica subsistirá, porque no le interesa nada de lo público y se está demostran-do con todo esto, que es crítica la situación de la salud y que el sistema colapsó. “El gobierno de-partamental, responsable de la salud en Boyacá, busca soluciones afanosamente; esperamos que sean soluciones que no agraven más la situación por las que pasamos en este momento. En este análisis se demostró y hay que decirlo, que hay centros de salud que definitivamente claman por su liquidación, porque no pueden con su presu-puesto, ni con la ayuda de sus alcaldías, sacar adelante las situaciones, así como están. Hay otras que aunque pequeñas y con poca población, son viables, que sus gerentes y alcaldes lo han dado todo por sostenerse, pero como las exigencias del Gobierno nacional son muchas, es muy difícil que se sigan sosteniendo como hasta ahora. A la red privada no se le exige igual que la pública, tiene mejores garantías, no cumplen con los mismos requisitos, vulneran los derechos de los pacientes, les entregan resultados que no corresponden a los que son ordenados por el médico”.

Este debate seguirá acrecentándose y nutrién-dose de más posiciones contrarias y favorables, ya que la crisis de la salud se ha desencadenado por las medidas adoptadas a nivel nacional desde hace varios años, pero que evidentemente reper-cuten en el funcionamiento y prestación del ser-vicio de salud en Boyacá.

/ Foto: EL DIARIO

La sesión en la Asamblea de Boyacá se caracterizó por los fuertes cuestionamientos, tanto a la Gobernación, como a la Secretaría de Salud, por no haber socializado la propuesta de red, que fue presentada al Ministerio de Salud

/ Foto: EL DIARIO

Muchos de los municipios que tienen en riesgo sus E.S.E, acudieron al debate en la Asamblea


E l Ministerio de Cultura tomará las riendas de la res-tauración de la Basílica, tal como se concluyó en la mesa de trabajo que presidió la ministra de Cultura,

junto con el gobernador de Boyacá y el alcalde de Monguí, sobre los pasos a seguir para terminar el dolor de cabeza en el que se ha convertido la restauración de la Basílica, que es patrimonio nacional.

Después de una hora en la que se reunieron también los arquitectos y expertos del Ministerio en restauración y bienes muebles, la Procuraduría y el párroco del municipio, la concertación y el compromiso pactado fue el de la liqui-dación del actual convenio entre la Alcaldía de Monguí y la Unión Temporal Arcos, para que así el Ministerio de Cultura pueda entrar a realizar la licitación pública con la que esco-gerá al contratista idóneo, para que adelante la restauración de la Basílica, que tendrá nuevos componentes, teniendo en cuenta el estado actual en el que se encuentra.

Por eso, en pro de que no se pierdan los $5 mil millones destinados para esto, las partes se presentarán ante la Pro-curaduría, para terminar el contrato que más que una obra beneficiosa para el municipio, causó indignación en la co-munidad local, pero también en los boyacenses y en mu-chos colombianos, que han visto las malas intervenciones que tuvo que soportar la iglesia.

La ley prevé que los bienes patrimoniales con máxima declaración como la Basílica de Monguí, la responsabilidad de mantenerlos y protegerlos, es del dueño, “no importa si es el Estado, la iglesia católica, como en el caso del municipio o si es un particular. Lo que hace el Ministerio de Cultura a través de la declaratoria, es evitar que los tumben o vendan, pero la ley también prevé que es a sus dueños a quienes compete su restablecimiento en el caso que lo necesite, su conservación y sobre todo las obras de mantenimiento”, aclaró la ministra de Cultura, Mariana Garcés, en su visita por el municipio boyacense.

Según dijo la jefe de la cartera de la cultura nacional, para el Ministerio no es nuevo el tema de Monguí, ya que se ha hecho el acompañamiento desde hace más de un año. Como se sabe, a partir de la declaratoria, a Monguí se le han he-cho unas intervenciones: la primera la realizó el Ministerio, la segunda fue a través de los recursos de la telefonía móvil celular que se le trasladaron a la Gobernación y esta a su vez, los traspuso a la Alcaldía del municipio y es bajo el régimen de centralización que las obras se licitaron, adjudicaron y contrataron. “Dado lo que ha venido pasando, que es más que todo la inconformidad de la comunidad con el proceso de restauración, hemos invitado en un contrato en el que el Ministerio no tiene nada que ver, a que quienes tienen esas

La nueva esperanza para recuperación total de la Basílica de Monguí

Responsabilidades en el convenio

Lo que viene...¿Cómo llegan los recursos?

objeciones, acudan a los organismos de control y que pongan las quejas en las instancias pertinentes”, fue la iniciativa de la ministra Garcés a la comunidad monguiseña, de la cual dijo sentirse orgullosa por ser defensores de su patrimonio, algo que no pasa en muchas partes de Colombia, donde a diario se arrasa con él e incluso se pasa por encima de éste.

Tanto el gobernador, como el alcalde de Mon-guí, le manifestaron en su momento al presidente Santos la necesidad de una restauración integral del bien patrimonial. Desde ese momento el Ministerio comenzó a buscar el presupuesto, ya que las obras tienen altos costos. En octubre de 2013 se aprobaron $2 mil millones en el presupuesto del Ministerio de Cultura, pero era necesario gestionar ante el Minis-terio de Hacienda unas vigencias futuras; también se empezaron a tramitar $3 mil millones más. “Lo que nosotros queremos es actualizar los estudios de la restauración y recuperación de la Basílica de Monguí, dado que se trata de un proyecto anterior al 2010 que no cumple con las condiciones de sismo resistencia que hoy exige la ley y se hará a través de una licitación pública, con la concurrencia de los me-jores y sobre todo, los expertos en ejercicio, arqui-tectos restauradores”, enfatizó la ministra de Cultura.

A partir de dicha licitación, teniendo ya el proyec-to actualizado, la idea es que se pueda cometer la obra por $5 mil millones, incluidos los estudios. Lo cierto es que con la declaratoria del municipio, el Ministerio no tuvo la obligación de concurrir a recu-perar la Basílica, pero con los inconvenientes que se

presentaron en la ejecución de la actual res-tauración y a las constantes mesas de trabajo con la Gobernación y la Alcaldía, el Ministerio dispondrá de dicha suma y será quien inter-venga directamente el Bien de Interés Cultu-ral, que tanto le ha dolido a los monguiseños, por las fallas que tuvo la Unión Temporal Ar-cos en las obras de intervención.

Según la reunión que sostuvieron en priva-do, la ministra Garcés anunció que la Alcaldía de Monguí y Arcos, liquidarán el actual conve-nio ante la Procuraduría, para hacer la respec-tiva conciliación y evitar así cualquier incon-veniente judicial, que impida la licitación del contrato por $5 mil millones. EL DIARIO le pre-guntó a la ministra si dicho contratista podría aplicar a esta convocatoria, a lo que respondió: “nosotros tenemos unas especificaciones, yo no conozco las de la Alcaldía y por lo tanto no sé qué tan estrictas fueron las que dio en su momento. Las del Ministerio de Cultura son sumamente rigurosas, queremos contar con los mejores expertos en este proceso y espe-ramos que se presenten muchos más”.

Adicional a esto, se trabajará para tapar donde está entrando agua en la cúpula y se pondrá un plástico en la parte superior y late-ral donde están las infiltraciones. Esa obra se terminará en un mes y ocho días. La comuni-dad aplaude que tanto la Gobernación de Bo-yacá como la Alcaldía Municipal, no interven-gan en el proceso que iniciará el viernes 11 de abril, con la publicación de la licitación para la intervención de la Basílica de Monguí.

La ministra de Cultura se reunió en privado con los actores implicados en el desarrollo y supervisión del convenio de la Basílica de Monguí. Los compromisos que salieron de ello, se cumplirán en corto plazo

/ Foto: Hisrael Garzonroa-ELDIARIO


C on el desastre ecológico que todos los colombianos eviden-ciaron hace unas semanas, es

inevitable tapar el sol con un dedo, a pesar de que varias autoridades del or-den nacional, traten de hacerlo y digan públicamente que no es un fenómeno, sino una situación normal. La cuestión está a la luz de todos: la locomotora minero-energética que cada día arra-sa con más territorio de Colombia, que amenaza cada vez más a los páramos y ante todo es un peligro para la fauna y flora de uno de los países más biodiver-sos del mundo, está siendo auspiciada por un Estado que al parecer no ha vi-sibilizado los daños colaterales que trae consigo la explotación poco responsa-ble con el ambiente.

Con todas estas disyuntivas y ante una llegada inminente al departamento,

varios municipios han decidido rechazar de tajo que se adelanta ya sea la explora-ción y/o explotación mineral y de hidro-carburos, de una manera poco amigable con el entorno y que comienza a acabar con montañas, quebradas, ríos y páramos boyacenses. No sólo la comunidad está en pie de defender su patrimonio natural, sino también los colectivos ambientales que hace una semana se reunieron en Paipa para dar un diagnóstico de la ver-dadera situación de la minería en Boyacá, contra la que piensan luchar y esperan conseguir resultados que favorezcan los recursos naturales de la región.

Estos son sólo dos, de muchas inicia-tivas, que a diario se están adelantando en municipios de Boyacá, que velan por preservar que las empresas no dejen un pasivo ambiental que lamentar.

En la vereda Supaneca del munici-pio de Tibaná, se adelantó el sábado 5 de abril, una reunión para exponer ar-gumentos en contra de la minería que se quiere llevar a cabo en la región. A esta asistieron los alcaldes Ramiriquí, Nuevo Colón, Tibaná y un delegado de la Alcaldía de Jenesano, además de líde-res agrarios, delegados de Corpochivor, concejales y campesinos de la región, entre otros.

El eje de la reunión fue el exponer como ha venido siendo afectado el municipio de Tibaná y sus alrededores por pretensiones mineras, lo que ha dejado ya tres heridos de bala, aseguró el alcalde de Tibaná, Luis Alberto Cas-teblanco: “fueron tres heridos en una manifestación que hizo la comunidad, en una resistencia civil, oponiéndose a la minería y defendiendo sus dere-chos”, esto se dio cuando al parecer, la comunidad trato de impedir el paso de maquinaria que se llevaba a una de las minas del municipio, para favorecer la explotación del carbón.

Otra de las quejas de los presentes en esta reunión, es que ninguna de las personas naturales o jurídicas que han solicitado y accedido a los títulos mineros, han socializado los proyectos con la comunidad y cada vez son más los interesados en llegar a la zona para sacar estos recursos no renovables, como lo dijo el alcalde Casteblanco: “se expidieron títulos mineros desde 2005, pero se acrecentó en 2009, 2010 y 2011;

es una irresponsabilidad de la Agencia Nacional de Minería (ANM), el hecho de expedir estos títulos mineros sin haber concertado con la comunidad y sin ha-ber medido las consecuencias nefastas que trae esta explotación, ya que es una región netamente agropecuaria, el campesino deriva su sustento de la pe-queña parcela”.

Y ese es uno de los puntos esenciales al decir no a la minería, pues la Provin-cia de Márquez se caracteriza por ser una región agrícola, tanto los alimentos como el agua, son el sustento de los propios como de quienes habitan las ciudades, y la llegada de la ‘Locomo-tora Minera’ que tanto promociona el Gobierno nacional, sólo favorece a las multinacionales y extraños que quieren sacar provecho económico, sin impor-tarles la conservación de un medio am-biente sano. En el caso de Tibaná, son cuatro las veredas las que se han venido visibilizando como potencia carbonera: Supaneca, Piedras de Candela, San José y Pie de Peña, por lo que su alcalde pide que las autoridades mineras y ambien-tales, asuman con responsabilidad y criterio este tema, para defender a los campesinos que son quienes realmente generan el desarrollo del país.

Por eso mismo, Cesar Pachón hizo presencia en el lugar para hablar de uno de los puntos fuertes por los que se ha venido trabajando a raíz del paro agrario y del cual, depende en gran pro-porción la labor agrícola de los campe-

Crisis del Casanare refuerza rechazo de minería en BoyacáNo sólo el verano tiene en nivel bajo a las cuencas hídricas del departamento

Provincia de Márquez en firme contra la minería

sino: minería, páramos y medio ambiente, la propuesta de este líder es “escucharnos, analizar la problemática, y definir cómo nos movi-lizamos y qué acciones o medidas vamos a tomar”, lo que respaldan los campesinos que hicieron presencia en el debate, pues dicen estar cansados de esperar que otros hagan algo por ellos, y mientras tan-to, se acabe con los recursos naturales como sucede actualmente en el Casanare; así que se comprometieron a respaldarse y protestar en cualquier lugar o municipio a donde lleguen las propuestas mineras, para evitar que se den, sea legal o ilegal, porque manifiestan no estar dispuestos a salir de sus tierras, cuando el Estado decida otorgar una licencia, puesto que es éste quien tiene el poder sobre el subsuelo.

Finalmente, una de las tareas a las que se comprometieron en realizar es “emprender acciones concretas con los demás alcaldes de la Provincia de Márquez y el director de Corpochivor, buscar lo antes posible un acercamiento con la presidenta de la ANM y con el mi-nistro de Minas y Energía, para que nos escuchen; agotando todas las vías legales, buscaremos hablar con algunos senadores y repre-sentantes a la Cámara, para que se presente un proyecto de reforma de ley del Código Nacional de Minería lo antes posible, en el que se defina un procedimiento diferente y donde se tenga en cuenta a la comunidad, donde se exija por lo menos una certificación de las veedurías municipales sobre viabilidad de dicha actividad”, concretó el alcalde de Tibaná.

Además se recolectaron firmas en contra de la minería, las cuales se pretenden hacer llegar a como soporte de la manifestación de in-conformismo, ante la ANM, la Cámara de Representantes y el Senado, y como pruebas en la Acción Popular y diferentes instancias judiciales, que tanto dirigentes como líderes y campesinos, se comprometieron interponer.

El rechazo a la minería en varios municipios del departamento, se da desde los sectores campesinos que se sienten vulnerados por el paso de la “Locomotora Minera“, puesto que estos son tierra agrícola, y de ella derivan su sutento. Además esta práctica afecta las fuentes hídricas que surten a los habitantes de las veredas, donde se realiza la explotación de minerales


Más de seiscientos asistentes de todas las veredas del munici-pio de Toca y representaciones de los vecinos Siachoque y Tuta, se congregaron en la mañana del 6 de abril, en el salón de actos del colegio de la localidad con el propósito de rechazar de plano la pre-sencia de empresas mineras en esa jurisdicción, apoyar la decisión de Corpoboyacá de suspender la licencia ambiental para la empresa Carboandes, responsable del proyecto de explotación a cielo abierto que se viene montando en la parte alta de Rondón y pedir la inter-vención inmediata del Gobierno nacional, para la delimitación de las zonas de páramo en las regiones altas de Cortadera y Vijagual, los páramos que regulan el recurso hídrico sobre las provincias de Centro, Márquez, Lengupá y Neira.

No se permitirá que destruyan estas zonas de páramo con la pre-tendida minería, ni se dará permiso para que empiecen a circular las pesadas máquinas que sacarán el carbón del proyecto de Rondón por las vías del municipio, por donde ahora los titulares de Carboan-des están proponiendo que circulen sus sistemas de transporte; la comunidad ve que si esto sucede, los niveles de contaminación del aire, la destrucción de las carreteras y la contaminación por ruido, serán de muy alto impacto. Una certidumbre inicial es que si se per-mite el paso de las máquinas cargadas de carbón por Toca, será la inmediata destrucción de la carretera a Tunja, cuyo pavimento no está diseñado para un transporte de este tipo.

La reunión de Toca fue citada por dirigentes cívicos de las nuevas generaciones, que hoy están convencidos de la necesidad irrenun-ciable de proteger las fuentes hídricas y los demás factores ambien-

Crisis del Casanare refuerza rechazo de minería en Boyacá

Toca preserva sus páramos

tales favorables que caracterizan al municipio; Celestino Correal, ingeniero agrónomo, el principal promotor de la reunión, afirma que no sólo es la protesta contra los proble-mas del campo, sino también los del medio ambiente y la defensa del agua.

Uno de los elementos que ha activado la alarma entre la población, han sido las imágenes de los estragos del verano en el vecino departamento del Casanare; las gen-tes entienden que lo que está pasando allá, es consecuencia directa de la forma como se ha manejado en las dos últimas décadas, las explotaciones petroleras y que esto también tiene relación con la crisis de manejo de las zonas de páramo de todo el cintu-rón andino que corresponde a Boyacá, de donde nacen los principales ríos que bajan a la llanura y que con el presente verano, se agotaron por completo.

Y del lado local, el verano ha mostrado la crisis del embalse de La Copa en el mismo municipio de Toca, que está en uno de sus niveles más bajos, a la vez que se registra la crisis del embalse La Esmeralda o de la represa de Chivor, cuyo nivel está en mínimos históricos, por debajo del 20 %, debido al agotamiento de las fuentes que lo alimen-tan, entre otros los ríos Garagoa y Tunjita, que nacen en territorio boyacense y depen-den de los sistemas de páramo descritos y de los cercanos de Rabanal y Santuario. En la reunión, la decisión de la comunidad es la de oponerse frontalmente a todo tipo de explotación minera, reclamar la protección de los páramos y cancelar la licencia ambiental de la mina de carbón del municipio de Rondón. En esto está de acuerdo el alcalde de Toca, Segundo Crisanto Ochoa Díaz, quien piensa que lo que está suce-diendo con la pretendida minería, es un asesinato a la naturaleza y a las comunidades.

Sed en... Por: TIER

/ Foto: Carlo Fidel Gómez - EL DIARIO

El rechazo a la minería en varios municipios del departamento, se da desde los sectores campesinos que se sienten vulnerados por el paso de la “Locomotora Minera“, puesto que estos son tierra agrícola, y de ella derivan su sutento. Además esta práctica afecta las fuentes hídricas que surten a los habitantes de las veredas, donde se realiza la explotación de minerales

/ Foto: Carlo Fidel Gómez - EL DIARIO

Varios alcaldes de la provincia de Márquez, líderes campesinos y entidades de control ambiental hicieron presencia, para buscar acciones en contra de varias licencias otorgadas para la minería en la región


D esde el tres de marzo se pactó la realización de una reunión inmediata entre el

gobernador y el alcalde, para buscar salidas a la ejecución de esta obra, en caso de ser archivado el proyecto del POT por parte del Concejo. Inexplica-blemente tal reunión no ha sido facili-tada por la administración Flórez.

“A pesar de haber sido archivada la revisión excepcional del POT de Tunja, por parte del Concejo Municipal, la obra del Terminal de Transportes, financiada en su totalidad por la Gobernación de Boyacá, sí se puede ejecutar”, es lo que afirma el concejal del Polo, Pedro Pablo Salas Hernández, una persona neutral en este tema. Los planteamientos de Salas Hernández merecen credibilidad por tres razones fundamentales: ha permanecido imparcial frente a la ad-ministración Flórez, apoyándole lo que considera positivo y negando lo que no; ha sido miembro de la coalición mayoritaria del Concejo, de la que se alejó por estar en desacuerdo con el ar-chivo del proyecto del POT y tampoco tiene cercanías con el gobierno de Juan Carlos Granados, la otra parte intere-sada en la construcción del Terminal, como quiera que es la que aporta la plata para ejecutar la obra.

EL DIARIO habló con Salas Hernán-dez para evaluar esta situación.

EL DIARIO: ¿Con el archivo del POT, nos olvidamos del Terminal?

Pedro Pablo Salas Hernández: Por supuesto que no. El Terminal se convir-tió en una de las obras de mayor tras-cendencia para la ciudad y para el de-partamento; hoy todas las miradas de la opinión pública en Tunja, se centran en cuál va a ser el futuro de esa obra y hay una preocupación en el común de la gente que piensa que al no haber-se aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), tampoco se estaría haciendo el Terminal de Tunja. Hay que aclarar que la revisión del POT no era solamente para dar paso a éste, sino que suplía otra serie de necesidades que tiene la capital en materia de nor-mas del ordenamiento urbano para ser una ciudad moderna, ambientalmente sostenible y socialmente incluyente; dentro de esta ciudad está el proyec-

Construir el Terminal de Tunja está en manos del alcalde Fernando Flórez

to de terminal que le permite a Tunja proyectarse como una ciudad impor-tante a nivel regional, por eso la apro-bación del POT, comprende diferentes responsabilidades y oportunidades de corto, mediano y largo plazo.

Debo reconocer que la obra del termi-nal es de los proyectos más avanzados, que tienen una mayor madurez en los estudios; la Gobernación, en res-puesta a un derecho de petición que presenté, afirma que efectivamente ya cuenta con los estudios de detalle de la obra que estaría costando $33 mil millones, una de las inversiones más importantes en los últimos tiempos para la ciudad.

E.D: Entonces, ¿esta plata se perdería si fracasa definitivamente la aproba-ción del POT?

P.P.S.H: La aprobación o no del POT, es algo que no impide la realización de la construcción del Terminal de Tunja por parte de la Gobernación, esto debe quedar claro; hay mecanis-mos que están planteados desde los estudios ambientales y de riesgo, en los estudios de movilidad aportados por la Universidad Nacional y la Uptc, en el Acuerdo 014 del 2001, los que en conjunto, señalan que el sitio don-de se propone construir el Terminal es el adecuado. Se tienen que resolver unos temas puntuales relacionados con el tipo de suelo, donde al pare-cer existen afectaciones por cárca-vas, pero que desde los estudios en detalle que van a ser entregados a la Gobernación, a través de obras de in-geniería, se resolverían sin dificultad.

E.D: El alcalde afirma que usted dice mentiras, que él no puede avanzar en la via-bilidad del Terminal, porque estaría infringiendo la ley y que no quiere ir a la cárcel. De modo que sin la aprobación del POT, ¿en su modificación excepcional, la obra en realidad está en manos del alcalde o es imposible su ejecución?

P.P.S.H: Sí. La ciudad tiene que saberlo, hoy todo está en manos del alcalde. La Gobernación compró el predio por $2.952 millones, contrató los estudios de deta-lle y tiene la disponibilidad presupuestal para construir la totalidad de la obra, de modo que aquí claramente depende de la voluntad del alcalde Flórez de facilitar los instrumentos de orden local, para que inicien la obra o si quiere colocar los obstáculos para enterrar el proyecto. Así mismo, hay que dejar constancia de que el hundimiento del POT no se justifica bajo ningún punto de vista, ya que todas las instancias que tuvieron que ver con el mismo, antes de llegar al Concejo, dieron conceptos favorables: el de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo-boyacá, que concertó con la Administración la dimensión ambiental, el mapa de riesgos, y la cartografía necesaria para darle trámite al POT; el pronunciamiento del Consejo Territorial de Planeación, la circular de la Procuraduría, donde traza las di-rectrices dadas para la modificación a los POT, el pronunciamiento de la Personería Municipal, donde encuentra que la mayor parte de exigencias de la Procuraduría fueron cumplidas en la revisión del POT.

A pesar de todo, el Concejo decide archivar esta iniciativa, lo cual significa para el pro-yecto del Terminal y otra serie de decisiones convenientes para la ciudad, un camino con mayores dificultades; no obstante lo anterior, para el caso del Terminal de Tunja, existen todas las condiciones para que se adelante el proyecto y esta iniciativa deje de ser objeto de disputas políticas y se convierta en una obra producto de la coope-ración del Municipio y la Gobernación, dándole a la ciudad capital, la posibilidad de tener una infraestructura que la colocaría con la mejor imagen a nivel nacional.

E. D: ¿Cómo salir de este impase?

P.P.S.H: Archivado el proyecto en el Concejo, está pendiente una reunión entre el alcalde y la Gobernación, para ponerse de acuerdo en los criterios dentro de los que se tendría que adelantar la obra y en las eventuales restricciones legales que deberán ser subsanadas, todas, en mi criterio, solucionables por parte del alcalde.

No me explico por qué si desde el tres de marzo la Alcaldía Municipal de Tunja manifestó su voluntad, de programar una reunión con el comité operativo crea-do en el marco del convenio interadministrativo para la construcción del Terminal, luego del archivo de la modificación del POT, a la fecha, siete de abril, dicha reunión no se ha efectuado. Esto deja ver claramente la falta de voluntad y una actitud irresponsable de la administración del alcalde Fernando Flórez, para resolver las dificultades que se puedan presentar, todas subsanables, repito.

Pedro Pablo Salas, concejal de Tunja

/ Foto: Archivo DIARIO Según el concejal del Polo Democrático, a pesar del hundimiento del POT, la responsabilidad de la ejecución de la Terminal de Tunja, está en poder del alcalde Flórez

/ Foto: Archivo DIARIO


Cartas del LectorUna tragedia ambiental sin dolientes

L os devastadores efectos de la invernal de los años 2009 a 2011 le dejaron una gran enseñanza a nuestro país, cual fue

que estábamos pobremente preparados para atender emergencias de este tipo, y aunque bi-llones de pesos fueron invertidos por el Fondo Nacional de Calamidades en las regiones más afectadas, hoy aún no aprendemos de las expe-riencias, y si bien es cierto enormes esfuerzos han realizado las administraciones, la conclusión es que estamos apenas atendiendo con calmantes una enfermedad de visibles proporciones. Es así, que no es suficiente con construir muros, jarillo-nes, ampliar embalses y realizar mantenimiento a las riveras de los ríos y dar cumplimiento a las normas sobre funcionamiento en inversión en planes de emergencia, contingencia y atención de desastres. La catástrofe ambiental y ecológica sin precedentes en el Casanare, acompañada de los incendios forestales en diversas regiones del país, son una clara muestra de lo débil de las po-líticas ambientales adelantadas desde años atrás por parte del gobierno nacional. Culpa de esta lamentable crisis en su mayor parte es la entrega indiscriminada de licencias ambientales para la explotación de los recursos naturales, y aunado a éstas, la falta de control sobre las acciones que deben adelantar las empresas como parte de la

política de responsabilidad social y ambiental. Si hoy, las normas se aplicaran con rigurosidad, se duplicaría el presupuesto nacional por cobro de comparendos ambientales y multas.

Aquel principio universal de la economía sostenible, según el cual debemos satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro, parece que sólo existe en la práctica de países hoy a la vanguardia en el aprovechamiento de sus re-cursos naturales. En Boyacá, pese a los desastres ambientales que incluso han cobrado la vida de trabajadores en las minas, aún no hemos desper-tado para evaluar que en ciertas regiones hemos sobrepasado el umbral del deterioro, en busca de las altas utilidades que han ofrecido las minas de carbón y otros minerales, las que en su mayoría van para el extranjero. Así las cosas, es lamentable que en estos días empiece a faltar el recursos hí-drico a causa del ocasionado desorden de su ciclo natural, y lo peor de todo es que no hayamos asu-mido políticas para contrarrestar los efectos de la minería que tiene al borde del colapso a munici-pios como Paz de Río, Socha, Socotá y Jericó.

Miguel Antonio Acosta Rodríguez / Esp. Gerencia en Gobierno y Gestión Pública

Opinión

Se quedó esperando (2014). Por: Juanfe

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Ofertas de Empleo

No a la sísmica

E l comité promotor de Soatá dice no a la exploración sísmica, se permite informar a la comunidad del municipio, a los mu-

nicipios vecinos y en general a la región del norte de Boyacá, que la multinacional Pacific Rubiales y su contratista Vector Geophysical, continúan ejerciendo de manera indebida chantajes y pre-siones a la comunidad campesina del municipio y la provincia.

El desprecio e irrespeto que siente Pacific Rubiales y su contratista por las comunidades, los han llevado a desconocer la decisión que la comunidad de manera autónoma tomó y que ya les fue notificada, y es el no permitir que en

el municipio y en la provincia, se realice explora-ción sísmica, por tal razón los estamos invitando para el 12 de abril a las 10:00 a.m frente a la plaza de mercado del municipio, para que marchemos “por el rechazo y desalojo de Pacific Rubiales en nuestra Soatá y la región del norte, Soatá dice no a la exploración sísmica”.

Invitamos a todos aquellos que consideren que el presente y futuro de Soatá y la región del norte se debe preservar, a que se hagan presentes y que mediante este acto pacífico de protesta, le manifestemos que la provincia Norte, dice no a la exploración sísmica.

Fabian Vargas Aponte / Soatá

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A nte la mediocridad del Gobierno, que está sobrepasado de lejos por la capaci-dad de los grandes intereses del capital

nacional y transnacional, le corresponde a la sociedad tratar de definir y encontrar mecanismos idóneos para afrontar las crisis que surgen todos los días; pero, en especial la ambiental, de la que hoy es testigo el país con los estragos de la sequía que padece la altillanura, donde el más perjudicado ha sido el departamento del Casanare que, de paso, ha sido el gran protagonista pe-trolero de los últimos 25 años.

Presenciar la actitud chabacana de la ministra de Am-biente, Luz Helena Sarmiento, en su visita al Lago de Tota hace menos de dos meses, ver cómo las corporaciones ambientales que rigen en el territorio del departamen-to se van perdiendo en medio de la precariedad de los presupuestos, los enredos burocráticos y las presiones de todo orden; saber que el trabajo hecho por el Institu-to Alexander Von Humboldt sobre la delimitación de las zonas de páramo no se ha podido aplicar, dejan al des-cubierto la gran crisis institucional que completa la ame-naza sobre el equilibrio ambiental en el departamento.

Cada porción del territorio queda en alto grado de amenaza, donde los pobladores difícilmente son capa-ces de resistir la arremetida de los múltiples intereses que van apareciendo, todos con el ojo puesto en las di-versas fuentes de enriquecimiento individual o corpo-rativo, que no social, en que hoy están convertidos los recursos naturales del suelo y el subsuelo; su aprove-chamiento es coto de caza cuyo beneficiario exprime sin contemplación ni regla, a ojos, vistas de un Estado impotente y corrupto.

De este panorama ha sido víctima el inmenso te-rritorio del Casanare en los últimos veinte años; en

Boyacá se avanza peligrosamente hacia consecuencias similares o peores, de aquí la urgencia de actuar.

Por eso hay que cuidar cada parte del territorio de las amenazas particulares y lo deben afrontar las co-munidades locales, con todo su capacidad y pasión, tal como lo han hecho los habitantes de Tasco que se han opuesto frontalmente a la explotación de carbón en los territorios del Páramo de Pisba, donde Parques Nacionales y el Von Humboldt se han convertido en cómplices pasivos de los abusos, por su incapacidad para ponerse del lado de la gente.

También, la comunidad de la provincia de Ricaurte Alto va ganando dos batallas: una, ya coronada, con el rechazo definitivo a las pretensiones de Ecopetrol de montar un complejo de almacenamiento, de elemen-tos peligrosos en cercanías de Villa de Leyva, y ahora la lucha de los habitantes de los municipios de Tinjacá y Sutamarchán, por evitar la presencia de la minería y de las perforaciones sísmicas para identificar fuentes de hidrocarburos. El rechazo de la población se ha hecho sentir de tal manera, que la plataforma instalada en jurisdicción de Tinjacá para hacer la sísmica, para iden-tificar hidrocarburos, ha tenido que ser desmontada.

Con el antecedente del Casanare, donde lo más probable es que la intensidad de la sequía y sus con-secuencias están directamente asociadas a la explota-ción petrolera, hecha de modo tan irresponsable en las últimas dos décadas, Boyacá deberá rechazar toda ten-tativa de extracción de hidrocarburos. La experiencia de Corrales, donde se extraen unos pocos cientos de barriles de petróleo al día, nada positivo ha traído para el departamento y, en cambio, ha agudizado los pro-blemas sociales y ambientales de la región; entonces, la presencia de equipos de exploración en la zona de

Soatá, en la hoya media del Chicamocha y todas las ac-ciones que en el mismo sentido se están proyectando, para un buen número de otros municipios en el depar-tamento, deben ser aplazadas, cuando no suspendidas definitivamente.

Proyectos como la puesta en marcha de la explo-tación carbonera a cielo abierto en el municipio de Rondón, también deben ser cancelados. De la misma manera, las formaciones carboneras que no han sido ingresadas en los proceso de explotación, deben que-dar aplazadas o también canceladas, por lo que es muy importante apoyar lo que hacen las comunidades de la provincia de Márquez y del Valle de Tenza, que se han opuesto frontal y exitosamente a la entrada de las compañías mineras que pretenden la minería en esas tierras, que jamás han tenido tal vocación.

El departamento, como causa común, debe cerrar filas para evitar mayores catástrofes ambientales por cuenta de más proyectos mineros y de posibles fuen-tes de hidrocarburos, debe concentrarse en el cuidado del territorio para su mejor aprovechamiento y con-servación: el Occidente del departamento será mejor como un gran corredor ecológico, cultural y turístico, cuyas rentas resultarán iguales o superiores a los de la minería. El Valle de Tenza, con el aporte de la Represa de Chivor, da suficiente, a cambio de nada, adicionar la minería, no se puede permitir; la región de Lengupá debe estar libre de minería, al contrario, convertirse en otro gran territorio de producción de servicios ambien-tales y qué decir de los páramos que en Boyacá, están los principales del país y que son las fábricas del agua para las cuencas del Chicamocha y de la altillanura, allí la veda de la minería debe ser definitiva, sin ninguna otra consideración.

Editorial

D e algún modo se teme a que el Evangelio sirva de plataforma para quienes

a nombre de la fe, viven interpelan-do a estructuras y poderes, a instituciones de iglesia, a la sociedad de nuestro tiempo, por no salir en defensa de los pobres, por no comprometerse de lleno con lo que ahora tanto se vigila, tanto se cuida: el precepto de cumplir con los derecho humanos.

Pues ha de saberse que el Evangelio resulta de tal fuerza y claridad en sus tesis sociales, que no es fácil de resistir. Tanto, que se han dado los casos de segui-dores del Cristo, que luego de retomar los contenidos de caridad o de justicia trazados por el Evangelio, han terminado viéndose acallados, silenciados, repri-midos, aún en países donde se exponen libremente las tesis del profeta de los profetas, Jesús de Nazaret; países inclusive de tradición católica y de amplios es-pacios logrados por los grupos evangélicos.

Ahora recordamos la experiencia de fe de grupos de católicos, de comunidades de base, que por allá en la década del 70, hasta llegaron a contar con pu-blicaciones periodísticas que más eran de denuncia, que tomando el lenguaje de los profetas y agarrados lógicamente del Evangelio, cuestionaban desde la Pa-labra Bíblica, las más serias injusticias sociales de su tiempo, no sin señalar la necesidad absoluta de que la iglesia católica en Colombia y toda organización o institución que se considera cristiana, retomara la experiencia de Jesús de Nazaret y con base en ello, saliera en defensa de los desprotegidos, de los margi-

nados, de los “siervos sin tierra” y de los destechados en las grandes urbes.

No tardaron en ser cerradas por un jerarca de iglesia, las publicaciones periodísticas en mención y acallados los sacerdotes, religiosos y laicos, que ve-nían tornándose fuertes e incómodos con sus des-cripciones de la realidad, con sus denuncias, con sus interpelaciones, con sus atrevimientos a nombre de los profetas y aún a nombre del Evangelio.

Nunca más se volvieron a dar en Colombia, publi-caciones periodísticas, con manejo de trasfondo de alguna institución religiosa.

Sin embargo, algunos grupos de laicos, muy dados a la teología latinoamericana, resistieron por algún tiempo con dos revistas que hasta eran tomadas por sectores humanos ajenos a concepciones religiosas, para acercarse más al compromiso de trabajar por el hombre latinoamericano, por colocarse en su ansie-dad de justicia.

Después de estas consideraciones, más para re-cordar una situación de cruz o de calvario sufrida por cristianos que pretendían hacer prosperar tesis socia-les del Evangelio, no faltará quien se pregunte y hasta con cierta curiosidad: ¿qué textos sobre todo, pueden dar tanto piso para lo social?

Nada menos que aquel texto del Evangelio que dice: hombres, pueblos y naciones serán juzgados, por el Rey universal, por el supremo juez, Jesucristo, confor-me a la actitud asumida frente al pobre, que cualquiera haya sido su rostro, de desvalido, enfermo o prisionero, había que abordarlo, tomarlo en su dura realidad y con base en su clamor o exigencia, dar cabal cumplimiento al sentido de misericordia, de solidaridad.

El Evangelio habla no de naciones que comparece-rán ante el Juez Supremo. No. Todas las naciones del mundo, las que serán medidas a partir de la actitud asumida frente al pobre.

No vemos que el tema del juicio abarque tópicos distintos al sentido de la humanidad.

Nada sacará la cara por los hombres y los pueblos, más que las buenas obras en favor de los necesitados.

Así no se haya tenido noticia de lo ideal de la vida del Evangelio, se responderá por el sentido de la His-toria, que no es asunto de progresos materiales con obras o proyectos espectaculares, deslumbrantes. De nada pueden servir si el corazón del hombre y las civi-lizaciones mismas han estado congelados.

Es la frialdad o insensibilidad la que nos puede hundir ante la mirada de Dios.

Frialdad que nos puede hundir ante la mirada de Dios

A cuidar el territorio

ReflexionesTeófilo de la RocaEl escribano del desierto

Hay quienes piensan que el Evangelio no tiene por qué ser utilizado para el montaje de un discurso de contenido social

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Casanare: las sequías que ahogan

L os desastres na-turales son fenó-menos predomi-

nantemente humanos y sociales, es decir, ni son tan naturales, ni sobre-naturales, como algunos lo afirman. Es la actividad

humana la que ha construido y potencializado esta histórica vulnerabilidad ante los desastres naturales, sembrada sobre la prédica de una concepción economicista que nos ha llevado a la destrucción de los ecosistemas, bajo la lógica de la producción. En Colombia buena parte de las decisiones públicas, han estado marcadas por la expansión de la frontera agrícola, la prioriza-ción de la explotación de los recursos naturales y la urbanización desorganizada que se asentó sobre suelos de protección, como humedales, rondas de los ríos y otros.

Por ejemplo, los siglos XIX y XX se caracteri-zaron por las políticas de desecación de los hu-medales, lagos y lagunas con la idea de insertar estos suelos a actividades agropecuarias. Basta recordar el caso de la laguna de Fúquene, la cual fue sometida desde 1822, a un proceso de de-secación orientado por el propio Estado. Todos los esfuerzos se concentraron en optimizar los sistemas de drenaje y de esta manera ampliar

la frontera agrícola. Igual suerte corrieron otros sistemas lagunares y ecosistemas, que hoy nos ubican como el segundo país en el mundo con mayor número de conflictos ambientales y el primero en el continente americano, tal como lo señala un informe de una importante ONG, a nivel mundial http://www.ejatlas.org/country/colombia

Las imágenes de un Casanare en sequía, sólo puede ser el vaticinio de la suerte que co-rreremos si no variamos el rumbo. Los cambios climáticos, caracterizados por la ocurrencia de sequías y lluvias extremas, golpean con mayor rigor los ambientes naturales frágiles que edifi-camos. La convergencia de riesgo y vulnerabili-dad agudizan el impacto, es decir, confluyen en un sitio determinado fenómenos forjados por la actividad humana que generan un cambio en el medio ambiente y la imposibilidad de una po-blación (humana y/o animal y/o vegetal), para “absorber” los efectos de estos cambios. Por ello el desastre ecológico del Casanare, donde se calcula la muerte de 20 mil chigüiros y otras especies de la fauna.

Para Boyacá el panorama es sombrío, como ya lo advirtió el Programa de las Naciones Uni-dades para el Desarrollo (PNUD), en reciente es-tudio acerca del cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM), los cambios climáticos ten-

drán un mayor efecto negativo sobre el sector agropecuario, una de las actividades principales para el departamento. La población rural por su vulnerabilidad, está en el mayor riesgo de verse afectado social y económicamente a raíz de las sequías y/o inundaciones.

Hay que prepararnos para lo irremediable, las evidencias científicas así lo demuestran, pues el incremento de la temperatura, desencadenará una disminución ostensible del agua superficial, pérdida de bosques y erosión de los suelos; esto ocasionará que la agricultura y la ganadería no logren buenos niveles de productividad y que durante las temporadas invernales, las crecidas e inundaciones sean muy severas, afirma el PNUD.

Lo anterior recrudecido por la indebida ex-plotación minera y prácticas que afectan los sis-temas ambientales, como el cultivo de papa en zonas de páramo. El espejo del Casanare debe llamar a la conciencia colectiva, sobre los efectos negativos de políticas públicas y prácticas par-ticulares caracterizadas por un afán desaforado por lo económico. Pueblos mineros inmersos en oleadas pasajeras de riqueza, que dejan en nuestras gentes violencia, pobreza, daños eco-lógicos irreparables y una economía ficticia que al final, no logra insertar los municipios al desa-rrollo regional y nacional. Esta es la suerte que corremos si no cambiamos el rumbo.

Jacinto Pineda JiménezCoordinador Académico ESAPBoyacá- Casanare

E n el período com-prendido entre 1938-1945 lo social

emerge y se convierte en problema. La represión libe-

ral a los sindicatos en el gobierno de Lleras Camar-go es significativa. La oposición entre socialismo y la tradición se expresa en: “sólo mediante este contraterror -lo ha expresado y demostrado Hit-ler- enmudecería la eterna amenaza de los puños del proletariado en las calles. Sólo con sus propias armas, puede ser derrotada la dictadura proletaria”, sostenía Silvio Villegas. En la atmósfera del liberalis-mo retórico, emerge el populismo y el catastrofis-mo. Jorge Eliecer Gaitán, con bastante astucia, poco a poco llega a ser el director del Partido Liberal. Laureano Gómez, en El cuadrilátero, consideró la táctica insurreccional “como la única opera contra el régimen existente”. La supuesta democracia se entendió como la “tiranía de las mayorías”.

El populismo crece en los años de 1945-1948, lue-go de 16 años de liberalismo retórico. Nadie está en contra de la civilización: el avión, el tren, el automó-vil, pero crece el rencor, pues las costumbres y las tradiciones se quiebran. Los gaitanistas elevan la

consigna “pueblo” y “oligarquía”. El liberalismo se di-vide entre “santistas” y “lopistas”, el laureanismo es-grime la oposición entre “conservadores católicos” y “liberales destructores de valores”. Pero Gaitán, que tenía claro que “ponerse de pie exalta el desprecio de los amos” es asesinado, después de que ha con-seguido que el Partido Liberal pase a sus manos. El Bogotazo o Nueve de Abril es la punta del iceberg, que deja ver la quiebra de los valores tradicionales en el incendio de los periódicos porque mienten, la Constitución porque oprime, los templos saquea-dos porque en ellos no habita lo sagrado. La Confe-rencia Panamericana reunida en Bogotá, el mismo día del asesinato de Gaitán, se declara en lucha con-tra el comunismo.

La violencia, muestra como la élite no ha llevado a un orden estable, ya que establece como estrategia de terror, al mismo tiempo que crece el desplaza-miento, hecho que da lugar al crecimiento de las ciudades. El estado de sitio suplanta la democracia y la libertad, se torna un mito. Las organizaciones privadas de las élites, ante la incapacidad para lo-grar el orden estable, intentan resolver el problema a tiros. El laureanismo considera: “una observación elemental demuestra que la inteligencia no está

repartida en proporciones iguales, entre la especie humana. Por este aspecto la sociedad semeja una pirámide, cuyo vórtice ocupa el genio, si existe un país dado, individuo de capacidad destacadísima por sus condiciones intelectuales. Por debajo, en-cuéntranse quienes con menores capacidades, son más numerosos. Continúa así una especie de estratificación de capas sociales, más adelante en proporción inversa al brillo de la inteligencia, hasta llegar a la base más amplia y nutrida, que soporta toda la pirámide y está integrada por el oscuro e inepto vulgo, donde la racionalidad apenas parece diferenciarse los seres humanos de los brutos”. En la cúspide de la pirámide se halla la inteligencia, en otras palabras el caudillo. La base está llamada a obedecer a la autoridad, dado que no posee la luz de la inteligencia. Ideología presente desde la Colo-nia, según la cual la sociedad se caracteriza porque en el vértice se encontraban, en los altos cargos políticos, los españoles, luego los criollos y descen-diendo los ariscos mestizos, los indios y los esclavos. El santo, el héroe, el genio, ocupan la cúspide la pi-rámide. Los otros están llamados a la pasividad: el sacrificio, la renuncia y la humildad.

La ilusión del orden social estable (V)Silvio AvendañoLa táctica insurreccional

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EL DIARIO


Ahora, los campesinos que intenten sembrar sus propias semillas son perseguidos, atropella-dos, despojados de sus semillas y judicializados como si fueran delincuentes, porque están obli-gados a sembrar sólo las semillas del enemigo, que deben comprar junto con otros insumos, a los precios que imponga el mercado internacional.

En acatamiento a ese contubernio, llamado Convenio UPOV, el gobierno nacional expidió la funesta Resolución 970 de 2010 del ICA, arbitra-ria y dañina para el sector agrario, un verdadero atentado terrorista contra la libertad, el derecho al trabajo, la economía, la cultura y la vida de nuestros campesinos. Aunque el Gobierno de Santos tuvo un instante de cordura y congeló di-cha resolución, la situación sigue sin resolverse y en el horizonte se cierne la amenaza de extinción del campesinado colombiano.

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H ay gente que nun-ca cambia, en el sentido de sos-

tener la vida con existencia política aferrada a principios, convicciones y utopías, pero también elementos teóri-co-prácticos que no pueden ser separados de sus raíces. En democracia quizá el más

importante es la legitimidad, que no puede ser de-rogada ni por virtud democrática, en el sentido de estar sujeta a los resultados de consensos y disensos que lleven a su abolición, ni por condiciones de po-deres absolutos. La legitimidad es el reconocimiento material que hacen voces múltiples y plurales, para aceptar algo que a la vez tiene unas características de validez, justicia y eficacia, todas ellas protegidas por un cascaron de ética.

Sin embargo, ocurre que a partir de la reimplan-tación de la reelección presidencial, luego del asalto definitivo a la estructura política de la Constitución de 1991 que le permitió al gobernante convertir-se en timonel absoluto de los destinos del país, las actuaciones del poder se realizan con base en fór-mulas de interpretación asociadas a una legalidad que desconoce toda legitimidad. De esta manera, se ha creado un limbo de actuaciones por fuera de los límites de la misma democracia y el gobierno anuló los límites éticos y políticos, que imponen los derechos humanos y las reglas internas del orden democrático, como son las protecciones que se pue-dan obtener cuando prevalece el imperio de la ley y la separación de poderes. Actuar en este filo puede indicar que el gobierno permanece al margen de la legitimidad e inclusive de la misma legalidad.

El control absoluto del poder por parte del presi-dente, da paso tanto a su desborde como a la revita-lización de la tradicional justificación del despojo, se-gún la cual lo que no está prohibido está permitido. Con cuya lógica han florecido desde la usurpación de garantías ganadas legítimamente por grupos sociales y opositores políticos, hasta la destrucción

del patrimonio público y de la biodiversidad, el es-pionaje de Estado y la comisión de masacres que no violan la ley o se hacen en nombre de la ley, como ocurre con la aplicación de la pena de muerte contra insurgentes y líderes sociales, los bombardeos indis-criminados en territorios que luego pasan a explo-tación de trasnacionales o el desacato a las reglas ratificadas del derecho internacional.

La legalidad que ampara al poder desbordado, opera con desigualdad y a la medida del gobernante. Funciona a partir de la aplicación de un modelo de re-presentación intervenido por los directorios políticos tradicionales, encargados de propiciar de todo tipo de elecciones, con la astuta idea de fijar el imaginario de que donde haya elecciones habrá democracia, inclu-so en párvulos que votan por representantes prees-colares. Las altas cortes, los organismos de control y las bancadas de los grupos tradicionales del biparti-dismo en el Congreso, actúan en armonía no con la democracia como sistema de inclusión, sino con el consenso del gobierno como garantía de exclusión y fomento del poder absoluto. El resultado es un modo de gobierno con injusticia absoluta, que impide tan-to la participación de las mayorías en los debates como la formación de comunidades deliberantes y plenamente informadas y el irrespeto total contra las minorías, como ha ocurrido con la elección recien-te de representantes afro al Congreso, a quienes las comunidades afro no reconocen legítimos o con los elegidos representantes del paramilitarismo a quie-nes víctimas y sectores populares, sí reconocen con vínculos al paramilitarismo, pero el Estado los acepta por legalidad electoral.

A la sombra de este tipo de legalidad probada so-lamente en la coherencia interna de las normas de la pirámide de Kelsen, pero no en la legitimidad que re-sulta justa cuando la población considera mayorita-riamente que se atiene a los objetivos colectivos de esa misma sociedad. El marco de autoridad de esta legalidad es creado por unos pocos representantes carentes de legitimidad, quienes invocan principios democráticos que ellos no suelen adoptar como sus propias normas de conducta, lo que los pone afuera

de los marcos éticos y al margen político de las mis-mas, cuando se trata de preservar lo suyo o apoyar la voluntad del gobernante. Lo que ocurre, sin embar-go, tampoco convoca a abolir la legalidad, pero sí a intervenirla cuando esta contribuya a la destrucción de la propia convivencia humana y de las conquistas ganadas en las luchas sociales.

Esta legalidad en su lógica de obstáculo practi-cada por el gobierno, es incompatible con la vigen-cia de los derechos humanos que reclaman por la legitimidad, por la ética, por autonomía y respeto. La legitimidad no se puede derogar, en tanto son los pueblos en la escala mayor y las comunidades concretas, en escalas menores, sus depositarios y los llamados a calificar su existencia. Un orden político basado en una constitución para estar adentro de los marcos de la ley justa y de la ética, como virtud de la rectitud, acatar los resultados provisionales de las luchas sociales y políticas y atender las necesida-des y deseos colectivos.

La legalidad de las decisiones mientras sea usada sobre interpretaciones a favor del consenso de go-bierno, estará propensa a eliminar derechos y garan-tías ya ganadas e imponer programas de beneficio privado, incluida la justicia. Las reglas para tener va-lidez y legitimidad no pueden ser aprobadas por mi-norías de elegidos, que hacen parte del diseño, for-mulación, aprobación y aplicación de las reglas en su favor, cuando eso ocurre la legitimidad es la primera víctima y los pueblos y colectivos entran en su res-cate. Las prácticas políticas para mantenerse adentro de la legalidad, al menos formal, exigen cumplir si-quiera los imperativos básicos de tener pesos y con-trapesos entre poderes y contar con la participación de mayorías y minorías en las decisiones. Imponer prefabricados consensos entre elegidos que deciden según sus intereses, sin contar con la efectiva parti-cipación y en igualdad de condiciones entre voces múltiples, diversas y plurales que son las que le dan sentido a la democracia con legitimidad, no es cosa distinta que la existencia real de una tiranía y sobre ella cabe el justo derecho a rebelarse.

Opinión

Hay cosas inderogables como la legitimidadII. Legitimidad Vs. legalidad

Por: Manuel H. Restrepo Dir. Maestría y Observatorio de DDHH

L os campesinos colombianos han sido traicionados,

despojados de sus dere-chos, su cultura y tradicio-nes, y entregados al ene-migo depredador voraz e insaciable, gracias a las

gestiones de los gobiernos de derecha traidores y vendepatria de Uribe y Santos que, al “negociar” y firmar el TLC con Estados Unidos y la Unión Euro-pea, entregaron la soberanía nacional y pusieron a los agricultores en poder del imperio, para ser es-quilmados como indefensos corderos.

Pero esta violación de la dignidad nacional co-metida por estos gobernantes, no consiste sólo en prostituir el país, en subastarlo al peor postor, en aliarse con sanguijuelas y negreros para meter mercenarios y ladrones extranjeros en nuestro te-rritorio, sino en algo mucho más infame, en enaje-nar la tierra productiva y convertir a los trabajado-res del campo en esclavos del nuevo señor feudal.

Esa presunta negociación fue una negación de nuestra autonomía, una acción rastrera, retrógrada y funesta de estos títeres del poder perverso.

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre un país subdesarrollado y una potencia mundial, es siem-pre un contrato leonino o, como dice un dicho po-pular, una pelea de tigre y burro amarrado. Se trata de amarrar a la víctima para que la fiera se la trague viva, sin tener que hacer ni siquiera el esfuerzo de cazarla. Y eso fue lo que hicieron los verdugos: atar a los campesinos al bramadero, para ser desangrados y sacrificados por los nuevos amos de la tierra y ex-plotadores del trabajo agrícola.

Aunque no sólo los agricultores fueron víctimas de ese tratado, pues sobran evidencias de que se logró quebrar miles de empresas, dejar sin traba-jo a multitudes y arruinar la economía nacional, para seguir enriqueciendo a las multinacionales. El Gobierno concedió irrisorias indemnizaciones a los empresarios arruinados, pero ese intento de resarcir con pañitos de babas a los damnificados, no impide el desastre.

El Púlpito del Diablo Las semillas del enemigoGuillermo Velásquez F.

P 15 Edición 702 EL DIARIOOpinión

Desde el Pasaje de VargasM ás de uno se va a tragar la

lengua. La hermana María Lui-sa contó en estos días, en un ser-

món poselectoral que, algunos de los que habían hablado mal de ella durante el escándalo que le armaron por decir que los lisiados no podían su-birse al púlpito a predicar, se habían ahorcado tragándose su propia lengua. En la Academia de Altos Estudios del Pasaje Vargas se citó de inme-diato a sesión extraordinaria por las consecuen-cias que en tan benemérita institución pudieran tener las revelaciones de la hermana María Luisa. La mañana, con más sol que de costumbre, in-vitaba a interpretaciones de alta temperatura. Después de varios tintos recargados y las prime-ras botellas de agua para mitigar la sed, el temor entre los asistentes casi que resultó general. Todos pensaron y lo expresaron: si la hermana María Luisa tiene razón, en la Academia casi el 99 % de sus miembros terminaría tragándose la lengua, o por lo menos con un atorón de babas, por andar hablando mal del prójimo. Los Acadé-micos hicieron los cálculos: porque nos pase una de estas deben estar rezando, entre muchos el Moncho Luis Augusto, el sobrino de la tía Hermi-nia, Plinio que era el bueno, el buen Sanchito y algunos colegas de locademias vecinas. Según uno de nuestros académicos “líquidos”, uno que no está, pero que si se entera, rezará, es el cura Froylán que anda de Obispo en tierras opitas. A estas alturas, medio día, con tanto calor, mucha sed y con la barriga vacía, nuestros Académicos ya estaban en trance de delirio, pareciéndoles que el mismísimo diablo desde su púlpito ya los tenía reseñados a todos.

Q ué desperdicio de papel . Son como 25 folios, todos inútiles, en los que la Procuraduría 2ª. Delegada para la Vigi-

lancia Administrativa, trata de argumentar una justificación imposible: que en Tunja, el concejal Pedro Pablo Salas sí cometió una falta leve que

justifica un llamado de atención, por decirle la-garto a su colega Anderson Mendivelso. Lo que esperaban los Académicos era que a Salas lo san-cionaran, eso sí, drásticamente por atreverse a comparar un noble, inofensivo y bello animalito con especímenes de la política de estos páramos, que ahora son tierra caliente por cuenta del cam-bio climático. Al ver el mamotreto de sentencia de segunda instancia del caso Salas, queda de bulto el punto de atolondramiento y tontería de unos funcionarios que son capaces de desperdi-ciar el tiempo, inventándose semejante cháchara que ocupa 25 páginas de babosadas, para tratar de salir de una torpeza mayor, que fue la senten-cia de primera instancia, promulgada por la pro-curadora Regional (de cuyo nombre nadie quiere acordarse), donde calificó la conducta de Salas como falta grave, sentenciando una suspensión de tres meses. Los Académicos resumen: la ba-bosada de la procuradora Regional, funcionaria con unos 15 millones de pesos de salario men-sual, que son los impuestos que pagamos todos, (aquí Ordóñez pasa de agache), es revisada por la Procuraduría Delegada de Bogotá, cuyo titular debe ser de 20 millones mensuales, quien en vez de “vaciar” a la procuradora de Tunja por torpe y atorrante, produce un texto igual o peor de in-sensato e insulso. Pocas veces en esta Academia se había sentido un rechazo tan unánime por al-guna chambonada, de las tantas que todos los días cometen los funcionarios de los más diver-sos pelambres. No hay derecho a que la suma de todos estos cercados muiscas, tenga que tributar para pagar tales cantidades por tanta estupidez. Después de toda esta diatriba, uno de los Aca-démicos más sensatos dejó también su voz de protesta: “lo que acaban de decir es una “insulta-dera”, tan de mal gusto, como las sentencias que critican”; y, con un profundo suspiro, salió de la sesión, convencido de que por allá volverá des-pués de Semana Santa.

L as atribulaciones de María Isabel. Resumen Académico: La muy noble y leal María Isabel defiende, desde el pe-

riódico que es del señor con más billete en este mundo mestizo, como debe ser, los intereses de quienes le dan o le pueden dar de comer: de-fiende la pauta, además, para los que se la me-recen, los que por mandato divino deben ser sus usufructuadores. La plata es sagrada y la de la pauta aún más; que el advenedizo Petro se atre-va a montar circo aparte con la plata que es de la gente decente, clama al cielo. La plata de la pauta de las empresas del Distrito Capital está presupuestada, cada año, desde la uve doble de Julito, hasta los godazos del Nuevo Siglo. La muy noble y leal María Isabel tiene razón: si esos centavos se usan en otra cosa que no sea en los contratos “constituye una desviación descarada de fondos públicos para hacer campaña política (en favor de Petro), la peor forma de corrupción”. Así es María Isabel, organizar un canal de TV, con una programación que defienda un plan de de-sarrollo, cuyo propósito es tratar de favorecer al ignaro populacho y hacerlo con el dinero que ese mismo populacho paga en impuestos, es la peor de las corrupciones; ¡qué tal que toda esta chusma entienda que le puede tocar algo más de las migajas, que de vez en cuando dejan caer! Sin duda, María Isabel, Morris y Petro no son nada distinto que corrompidos corruptores. En cambio, qué elegancia, qué donaire, qué perio-dismo hacer entrevistas en un vuelo desde las Europas pagado por la petrolera que ahora dice ser la segunda después de Ecopetrol. “El trabajo y la vida así, sólo te lo mereces tú María Isabel”, fueron las palabras concluyentes del Académico ponente de esta sesión algo aburrida.

P ara no olvidar. “Si hubiera venido… hubiéramos votado por él”; esto es lo que dicen los habitantes del Norte del

departamento, refiriéndose al sobrino de la tía Herminia, quien pensó que todo era como en el principio, “hágase la luz”. Luz se la hizo y no voto por él.

ContrapuntoEdilberto Rodríguez AraújoDirector del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC Tunja: pobreza en alzaL a pobreza monetaria es

una medición imperfec-ta de las carencias ma-

teriales. Recientemente se divul-garon los resultados para 2013,

evidenciándose que la brecha urbano-rural persiste irremediablemente. Durante los últimos dos años la pobreza se redujo en 2,1 p.p. al caer, en el agregado nacional, de 32,7 por ciento a 30,6 por ciento. Este nivel sobrepasa el promedio latinoamericano, que se sitúa en 28,2 por ciento. Simultáneamente, la pobreza extrema descendió de 10,4 a 9,1 por ciento, mejoría atribuible al repunte de la economía el año pasado y su concomitante efecto en el mercado laboral.

Lo anterior significa que una persona se catalo-ga como pobre, si el costo de su canasta de bienes y servicio fue en 2013 de $206.091 y pobre extrema si tan sólo dispone de $91.698 para adquirir su canas-ta de alimentos. Tomando como referencia las pro-yecciones demográficas, se encuentra que 813.206

colombianos abandonaron su condición de pobre-za, no los 820.000 que reportó el Dane.

Colombia muestra unas abultadas disparidades territoriales, que se evidencian en que Quibdó re-gistro el mayor nivel de pobreza (49,9 por ciento), que contrasta con Bogotá la ciudad que entre las 23 capitales departamentales muestra el menor gua-rismo: 10,2 por ciento.

En el intervalo 2012-2013 sólo en cuatro ciudades se produjo un rebrote de la pobreza: Sincelejo, Perei-ra, Neiva y Tunja. En esta última ciudad, la pobreza monetaria saltó de 18,4 a 19,5 por ciento, en tanto que la pobreza extrema se recrudeció al pasar de 2,3 a 2,8 por ciento. Ello quiere decir que en los últimos dos años, el número de pobres en la ciudad pudo haber aumentado entre 2.477 y 2.630, dependiendo de la información base que se utilice, ya sea la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) o las proyec-ciones de población, con base en el censo de 2005. Los pobres tunjanos bordean las 35 mil personas.

La persistencia de las privaciones, segregación y exclusión derivadas de la pobreza, parece revelar el fracaso de programas asistencialistas, tales como Familias en Acción y la Red Unidos, cuyo ritmo y co-bertura han descendido.

Posdata: El restablecimiento de la actividad académica en la Uptc, sin haberse solucionado el problema que originó la anormalidad (la reforma al Estatuto General y consiguiente reelección recto-ral), dejó una sensación de frustración y decepción dentro del estudiantado y el profesorado de la Uni-versidad. Mientras los espacios deliberativos sigan taponados, los brotes de inconformidad seguirán latentes. Más temprano que tarde, las directivas de la Universidad tendrán que acceder al diálogo uni-versitario, única forma de preservar la gobernabili-dad perdida.

E-mail: [email protected]: @zaperongo


E l sentimiento generalizado de los habitantes de las provincias de Norte y Gutiérrez, es el rechazo casi unánime a la minería y la negativa rotunda,

a las posibles perforaciones que se anuncian para llevar a cabo análisis sísmicos, que puedan llevar a descubri-mientos significativos de yacimientos de hidrocarburos, gas o petróleo.

Consultados campesinos, líderes comunitarios y algu-nas autoridades, se muestran contrarios a la presencia de las compañías que ahora están anunciando los trabajos de exploración, para la identificación de yacimientos pe-troleros; sobre el particular, la decisión de la comunidad es la de rechazar, sin ninguna otra consideración cual-quier acción en tal sentido, convicción que se ha refor-zado en las últimas semanas. Uno de ellos es habitante de la vereda de San Mateo, en la carretera a Guacamayas, el señor Cayo Manrique, quien le expresó a EL DIARIO su preocupación por la explotación en su provincia

EL DIARIO: ¿Cuál es el papel del Gobierno?

Cayo Manrique: Todo muy bonito en esta región que era, para que el Gobierno nos hubiera ayudado a conser-var como era antiguamente; hoy día se ve secadías, ham-bre, de todo. El culpable es el Gobierno que da las licencias para las minas; el agua se ha ido, se ha profundizado, yo tengo 80 años y en todos estos potreros eran nacimien-tos de agua lindos. Vaya y vea ahora, descularon todo y ya no hay agua. Yo conocí la región cuando estaba joven y vi cuánta agua salía de estos montes y de estas peñas.

Ni minería, ni hidrocarburos en el Norte

Un café con...

Cayo Manrique, campesino de la zona

Piensa también don Cayo que “la’güita viene de la Sierra Madre, que ya no es sino las lomas

peladas”, pero que de todos modos permite

que las venas de agua salgan en la

región, pero que si sigue la minería, se acabarán como ya pasó en los llanos.

/ Foto: Hisrael Garzonroa - EL DIARIO

Cayo Manrique

E. D: Cuéntenos cómo era el recur-so hídrico de la zona

C.M: Mi esposa hace muchos años, sólo con sus manos, en mitad de la montaña, descubrió la mana del agua que se convirtió en la fuente de suministro para nuestra casa que está a unos 500 metros más abajo. De esto hace 40 años. El agua ha permanecido porque la patrona decidió que había que comprar el monte y no tocarlo para que el agua siguiera allí.

E. D: ¿Por qué hay exploración en esta región?

C. M: Me dicen que hay una mina de petróleo que sube por la quebrada, desde Capitanejo y que van a sacar el petróleo, ¡cómo vamos a dejar explotar esa vaina! ¿Qué está pasando en los llanos?, ahí está el espejo, se mueren los animalitos y ni agua pa’ la gente. ¿Por qué? por estas explotaciones, allá las de petróleo y aquí las de carbón.

E. D: ¿Qué dice el alcalde?

C. M: Ese no dice nada porque dicen que le está llegando. Ese no ha hecho nada; desde hace más de siete años (las dos últimas admi-nistraciones) se hacen minas de carbón que ahí van acabando el agua. ¿Por qué el gobier-no da esas garantías para esos explotadores que vienen y sacan el carbón y acaban la’güi-ta y se llevan la plata, y el pobre queda con sus desiertos y sin nada?

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