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Portada-ESTAFA INMOBILIARIA.indd 1 06/03/12 03:57 p.m.
De choros, maquiavelos y estafaos

Estafas inmobiliarias en Venezuela

Gernimo Prez Rescaniere

Estafas inmobiliarias en Venezuela


3

presentacin

La clase media venezolana, al igual que el resto de la poblacin, ha sido vulnerable a las acciones es-peculativas del capitalismo. La endmica problemti-ca de la vivienda, heredada de la aplicacin de medidas neoliberales y el supuesto libre mercado, nos llev a una crisis que el Gobierno Bolivariano asumi con una contundente respuesta para proteger a los com-pradores y resguardar sus bienes inmuebles que haban sido secuestrados por maquiladores de oficio, los em-prendedores del vampirismo econmico. a diferencia de las prcticas estafadoras del sector empresarial pri-vado, el pueblo venezolano se est beneficiando de la Gran Misin Vivienda Venezuela, compromiso solidario y socialista, humanismo de verdad.

De choros, maquiavelos y estafaosEstafas inmobiliarias en Venezuela


CORREO DEL ORINOCOAlcabala a Urapal, Edificio Dimase, La Candelaria, Caracas-Venezuela www.correodelorinoco.gob.ve - Rif: G-20009059-6

Directorio

Hugo rafael chvez FrasPresidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela

andrs izarraMinistro del Poder Popular para la Comunicacin y la Informacin

alejandro Boscn Viceministro de Estrategia Comunicacional

Ldice altuveViceministra de Gestin Comunicacional

Edicin y correccin: ricardo romeroDiagramacin: saira arias

Depsito legal: Lf2692012320758Impreso en la Repblica Bolivariana de Venezuela en la Imprenta Nacional y Gaceta OficialFebrero, 2012

Descargue nuestras publicaciones en: www.minci.gob.ve

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presentacin

La clase media venezolana, al igual que el resto de la poblacin, ha sido vulnerable a las acciones es-peculativas del capitalismo. La endmica problemti-ca de la vivienda, heredada de la aplicacin de medidas neoliberales y el supuesto libre mercado, nos llev a una crisis que el Gobierno Bolivariano asumi con una contundente respuesta para proteger a los com-pradores y resguardar sus bienes inmuebles que haban sido secuestrados por maquiladores de oficio, los em-prendedores del vampirismo econmico. a diferencia de las prcticas estafadoras del sector empresarial pri-vado, el pueblo venezolano se est beneficiando de la Gran Misin Vivienda Venezuela, compromiso solidario y socialista, humanismo de verdad.

De choros, maquiavelos y estafaosEstafas inmobiliarias en Venezuela


CORREO DEL ORINOCOAlcabala a Urapal, Edificio Dimase, La Candelaria, Caracas-Venezuela www.correodelorinoco.gob.ve - Rif: G-20009059-6

Directorio

Hugo rafael chvez FrasPresidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela

andrs izarraMinistro del Poder Popular para la Comunicacin y la Informacin

alejandro Boscn Viceministro de Estrategia Comunicacional

Ldice altuveViceministra de Gestin Comunicacional

Edicin y correccin: ricardo romeroDiagramacin: saira arias

Depsito legal: Lf2692012320758Impreso en la Repblica Bolivariana de Venezuela en la Imprenta Nacional y Gaceta OficialFebrero, 2012

Descargue nuestras publicaciones en: www.minci.gob.ve

5

Este es uno de los problemas ms graves que tenemos nosotros, el de la vivienda. Y cranme que yo el problema de la vivien-da lo he tomado ya como algo personal, es un problema mo, de Chvez pues, y no descansar pero nada, en la bsque-da de soluciones al drama heredado pro-ducto de la maldicin del capitalismo.

Hugo Chvez Fras

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Este es uno de los problemas ms graves que tenemos nosotros, el de la vivienda. Y cranme que yo el problema de la vivien-da lo he tomado ya como algo personal, es un problema mo, de Chvez pues, y no descansar pero nada, en la bsque-da de soluciones al drama heredado pro-ducto de la maldicin del capitalismo.

Hugo Chvez Fras

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2010El mircoles 15 de septiembre de 2010, el departa-

mento de prensa de YVKE Mundial / RNV cuelga en Internet una noticia que dice: Ejecutivo Nacional convocar bancos involucrados en estafas. Hasta el momento han sido identificadas 31 empresas en todo el pas, en ms de 50 urbanismos investigados. Todos los bancos relacionados con estas empresas inmo-biliarias sern llamados para que rindan sus declara-ciones en el procedimiento administrativo que se ha abierto en el Indepabis. As lo anunci este martes el ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Cann, quien fue entrevistado en el programa Con-tragolpe, transmitido por Venezolana de Televisin. Continuaba la noticia:

El Gobierno Nacional instal este lunes una mesa de alto nivel para investigar a fondo las denuncias de cobro ilegal del ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y estafas sis-temticas practicadas por diversas empresas in-mobiliarias, que ha afectado a ms de 167.000 familias en el pas. Hasta el momento han sido identificadas 31 empresas incursas en esto, en ms de 50 urbanismos investigados.

El INPC fue regulado en abril de 2008 para fijar un indicador aplicable a los costos de las viviendas de acuerdo a la inflacin nacional de bienes y servicios. En 2009 se decret la prohibicin de aplicar el INPC para la adquisicin de vivienda en manera de alcuota

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2010El mircoles 15 de septiembre de 2010, el departa-

mento de prensa de YVKE Mundial / RNV cuelga en Internet una noticia que dice: Ejecutivo Nacional convocar bancos involucrados en estafas. Hasta el momento han sido identificadas 31 empresas en todo el pas, en ms de 50 urbanismos investigados. Todos los bancos relacionados con estas empresas inmo-biliarias sern llamados para que rindan sus declara-ciones en el procedimiento administrativo que se ha abierto en el Indepabis. As lo anunci este martes el ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Cann, quien fue entrevistado en el programa Con-tragolpe, transmitido por Venezolana de Televisin. Continuaba la noticia:

El Gobierno Nacional instal este lunes una mesa de alto nivel para investigar a fondo las denuncias de cobro ilegal del ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y estafas sis-temticas practicadas por diversas empresas in-mobiliarias, que ha afectado a ms de 167.000 familias en el pas. Hasta el momento han sido identificadas 31 empresas incursas en esto, en ms de 50 urbanismos investigados.

El INPC fue regulado en abril de 2008 para fijar un indicador aplicable a los costos de las viviendas de acuerdo a la inflacin nacional de bienes y servicios. En 2009 se decret la prohibicin de aplicar el INPC para la adquisicin de vivienda en manera de alcuota
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o porcentajes. No se detall si ste tendra carcter re-troactivo, aspecto que planteara una discordia en la in-terpretacin. El sector de la construccin solicit ante el Tribunal Supremo de Justicia una interpretacin, la cual corrobor el dictamen estatal, pero el cobro del INPC por las empresas continu de manera ilegal.

Durante la entrevista, Cann coment que tambin existe la coaccin de las empresas constructoras hacia las entidades bancarias. Explic que, al principio, los bancos aprueban un crdito habitacional al comprador, porque algunas inmobiliarias trabajan directamente con algunos bancos privados. Luego, por coaccin de la misma empresa constructora, las instituciones ban-carias cancelan el crdito al comprador, que posterior-mente no tiene cmo responder al pago acordado. Eso lo estamos estudiando, porque no puede haber ningn tipo de coaccin por parte de la empresa constructora y tampoco por el banco, asegur el ministro.

Nuevas noticias hablan de la estafa inmobiliaria: Dejaron de entregar 150 mil viviendas. Un total de 150 mil viviendas no fueron entregadas a sus propieta-rios. Alrededor de 100 mil fueron culminadas, pero no se entregaron a las personas que pagaron por ellas, con la intencin de que cancelaran cuotas adicionales cal-culadas de manera ilegal. A esta cifra se suman los ca-sos de las viviendas que no han sido construidas. Total, 150 mil es la cifra de vctimas por estafas inmobiliarias.

Con la notificacin ministerial, si no antes, co-menzaba la investigacin de una de las estafas ms agresivas cometidas en Venezuela. Se inau-

guraba adems un trato diametralmente distin-to al que se le daba a estos casos en los gobiernos de la Cuarta Repblica. Comprese lo que se va a leer a continuacin con el manejo aplicado a la bancarrota bancaria de los 90 en la que desapa-recieron 10.000 millones de dlares. El gobier-no de Rafael Caldera enviaba las patrullas a ro-dear los aeropuertos privados de los inculpados, pero los policas slo entraban a estos cuando las avionetas de los ladrones estaban en el aire.

Informa un cable de la Agencia Venezolana de No-ticias del 19 de noviembre de 2010 los trucos terribles que usan los tracaleros:

Proyectos habitacionales paralizados, cobro ilegal del ndice Nacional de Precios al Consu-midor (INPC), conformacin de asociaciones civiles para evadir responsabilidades, resolucin unilateral de contratos, transferencias a nuevos desarrollos y entrega de apartamentos en condi-ciones inferiores a las acordadas, son algunos de los mecanismos de estafa que la Sala Situacional Inmobiliaria ha detectado en la compra y venta dolosa de viviendas en proceso de construccin.

Hay, pues, que recurrir al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) para tratar con estas fieras, que siempre se presentan de lo ms ejecutivos, gerenciales y computa-rizados, nunca con un antifaz y un pauelo de gitano amarrado en la parte de atrs de la cabeza, como repre-

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o porcentajes. No se detall si ste tendra carcter re-troactivo, aspecto que planteara una discordia en la in-terpretacin. El sector de la construccin solicit ante el Tribunal Supremo de Justicia una interpretacin, la cual corrobor el dictamen estatal, pero el cobro del INPC por las empresas continu de manera ilegal.

Durante la entrevista, Cann coment que tambin existe la coaccin de las empresas constructoras hacia las entidades bancarias. Explic que, al principio, los bancos aprueban un crdito habitacional al comprador, porque algunas inmobiliarias trabajan directamente con algunos bancos privados. Luego, por coaccin de la misma empresa constructora, las instituciones ban-carias cancelan el crdito al comprador, que posterior-mente no tiene cmo responder al pago acordado. Eso lo estamos estudiando, porque no puede haber ningn tipo de coaccin por parte de la empresa constructora y tampoco por el banco, asegur el ministro.

Nuevas noticias hablan de la estafa inmobiliaria: Dejaron de entregar 150 mil viviendas. Un total de 150 mil viviendas no fueron entregadas a sus propieta-rios. Alrededor de 100 mil fueron culminadas, pero no se entregaron a las personas que pagaron por ellas, con la intencin de que cancelaran cuotas adicionales cal-culadas de manera ilegal. A esta cifra se suman los ca-sos de las viviendas que no han sido construidas. Total, 150 mil es la cifra de vctimas por estafas inmobiliarias.

Con la notificacin ministerial, si no antes, co-menzaba la investigacin de una de las estafas ms agresivas cometidas en Venezuela. Se inau-

guraba adems un trato diametralmente distin-to al que se le daba a estos casos en los gobiernos de la Cuarta Repblica. Comprese lo que se va a leer a continuacin con el manejo aplicado a la bancarrota bancaria de los 90 en la que desapa-recieron 10.000 millones de dlares. El gobier-no de Rafael Caldera enviaba las patrullas a ro-dear los aeropuertos privados de los inculpados, pero los policas slo entraban a estos cuando las avionetas de los ladrones estaban en el aire.

Informa un cable de la Agencia Venezolana de No-ticias del 19 de noviembre de 2010 los trucos terribles que usan los tracaleros:

Proyectos habitacionales paralizados, cobro ilegal del ndice Nacional de Precios al Consu-midor (INPC), conformacin de asociaciones civiles para evadir responsabilidades, resolucin unilateral de contratos, transferencias a nuevos desarrollos y entrega de apartamentos en condi-ciones inferiores a las acordadas, son algunos de los mecanismos de estafa que la Sala Situacional Inmobiliaria ha detectado en la compra y venta dolosa de viviendas en proceso de construccin.

Hay, pues, que recurrir al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) para tratar con estas fieras, que siempre se presentan de lo ms ejecutivos, gerenciales y computa-rizados, nunca con un antifaz y un pauelo de gitano amarrado en la parte de atrs de la cabeza, como repre-

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sentan a los bandidos en las comiquitas. Ofrecen, en la primera etapa, que es la de pre-venta, igual que el comerciante decente, que tambin lo hay, excelentes planes de pago, cautivan con propuestas de reservar hasta con slo 4.000 bolvares.

Despus de la preventa se inicia la fase crucial del negocio, la opcin de compra, en la cual el clien-te amarra la negociacin mediante la entrega de un porcentaje de la inicial del inmueble, que puede oscilar entre 30% y 40%. Para pagar el resto, las inmobiliarias establecan un plazo de 18 a 24 meses. A esos pagos se sumaban, adems, cuotas especiales, por lo general tres pagos extras de entre 20 mil y 50 mil bolvares cada uno. Y decan a sus clientes que hay que hacer el nego-cio porque despus el apartamento valdr ms.

Pero, qu problema, de pronto la cuota inicial creca en alrededor de 150%, excusndose el vendedor en una supuesta escasez o aumento de los precios de los mate-riales para la construccin.

Disfrazando la estafaEl incremento de las ganancias por retraso de las

obras agarraba aspecto de seriedad al referenciarse con el ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El Estado prohibi cobrar el INPC, pero las inmobilia-rias les exigieron a los compradores firmar un segundo contrato para camuflar este pago bajo otros conceptos.

Si te retrasabas en el pago de mensualidades y cuotas especiales, debas cancelar una multa. El monto os-cilaba entre 20 mil y 50 mil bolvares, lo que generaba que el precio de la vivienda subiera al menos 15%. Pero

no todo era dureza. Se ofrecan transferencias a nuevos desarrollos habitacionales que supuesta o realmente estaban ms avanzados. Eso s, debas firmar otro con-trato con un nuevo precio.

Mata Linda, atropello a los empresarios que hacen grande a una sociedadPara el 3 noviembre de 2010, Mata Linda era uno de

los seis urbanismos intervenidos por el Ejecutivo Na-cional en un procedimiento del tipo que la periodista Marta Colomina presentaba como una muestra de atro-pello a los empresarios que hacen grande a una socie-dad. Eran esto? Adelantado por la empresa CostrucTuy en el municipio Cristbal Rojas del estado Miranda, el proyecto Mata Linda tena ms de cinco aos con la obra paralizada. Al mismo tiempo, los compradores del Complejo Habitacional Los Pinos II, ubicado en los Al-tos Mirandinos, eran extorsionados con el cobro ilegal del INPC. Si no se bajaban podan esperar, de hecho, los renuentes tenan entre dos y cuatro aos esperan-do los apartamentos.

El da 4 inform Aurora Hernndez, la titular del Inde-pabis, la entrega de 62 apartamentos a sus propietarios:

Desde el da de hoy pueden tomar posesin de las viviendas y hacer las modificaciones que a bien tengan.

La entrega era realizada con un acta temporal y en consecuencia los propietarios podan solicitar los servi-cios de agua, energa elctrica y gas, entre otros.

El acta es temporal y no es de protocolizacin, pero est blindada desde el punto de vista legal con las atri-buciones que tenemos desde el Indepabis, asegur Au-

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sentan a los bandidos en las comiquitas. Ofrecen, en la primera etapa, que es la de pre-venta, igual que el comerciante decente, que tambin lo hay, excelentes planes de pago, cautivan con propuestas de reservar hasta con slo 4.000 bolvares.

Despus de la preventa se inicia la fase crucial del negocio, la opcin de compra, en la cual el clien-te amarra la negociacin mediante la entrega de un porcentaje de la inicial del inmueble, que puede oscilar entre 30% y 40%. Para pagar el resto, las inmobiliarias establecan un plazo de 18 a 24 meses. A esos pagos se sumaban, adems, cuotas especiales, por lo general tres pagos extras de entre 20 mil y 50 mil bolvares cada uno. Y decan a sus clientes que hay que hacer el nego-cio porque despus el apartamento valdr ms.

Pero, qu problema, de pronto la cuota inicial creca en alrededor de 150%, excusndose el vendedor en una supuesta escasez o aumento de los precios de los mate-riales para la construccin.

Disfrazando la estafaEl incremento de las ganancias por retraso de las

obras agarraba aspecto de seriedad al referenciarse con el ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El Estado prohibi cobrar el INPC, pero las inmobilia-rias les exigieron a los compradores firmar un segundo contrato para camuflar este pago bajo otros conceptos.

Si te retrasabas en el pago de mensualidades y cuotas especiales, debas cancelar una multa. El monto os-cilaba entre 20 mil y 50 mil bolvares, lo que generaba que el precio de la vivienda subiera al menos 15%. Pero

no todo era dureza. Se ofrecan transferencias a nuevos desarrollos habitacionales que supuesta o realmente estaban ms avanzados. Eso s, debas firmar otro con-trato con un nuevo precio.

Mata Linda, atropello a los empresarios que hacen grande a una sociedadPara el 3 noviembre de 2010, Mata Linda era uno de

los seis urbanismos intervenidos por el Ejecutivo Na-cional en un procedimiento del tipo que la periodista Marta Colomina presentaba como una muestra de atro-pello a los empresarios que hacen grande a una socie-dad. Eran esto? Adelantado por la empresa CostrucTuy en el municipio Cristbal Rojas del estado Miranda, el proyecto Mata Linda tena ms de cinco aos con la obra paralizada. Al mismo tiempo, los compradores del Complejo Habitacional Los Pinos II, ubicado en los Al-tos Mirandinos, eran extorsionados con el cobro ilegal del INPC. Si no se bajaban podan esperar, de hecho, los renuentes tenan entre dos y cuatro aos esperan-do los apartamentos.

El da 4 inform Aurora Hernndez, la titular del Inde-pabis, la entrega de 62 apartamentos a sus propietarios:

Desde el da de hoy pueden tomar posesin de las viviendas y hacer las modificaciones que a bien tengan.

La entrega era realizada con un acta temporal y en consecuencia los propietarios podan solicitar los servi-cios de agua, energa elctrica y gas, entre otros.

El acta es temporal y no es de protocolizacin, pero est blindada desde el punto de vista legal con las atri-buciones que tenemos desde el Indepabis, asegur Au-

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rora Hernndez y explic que similar acto de entrega de residencias se haba ejecutado en el complejo habi-tacional San Jos del vila e inst a los ciudadanos que hubieran sido estafados con situaciones similares a que acudieran al Indepabis en todo el pas, para hacer valer su derecho legtimo a la propiedad.

Unidos por nuestra vivienda En la Sala Situacional contra la estafa inmobiliaria

instalada en el Consejo Legislativo del estado Yaracuy (CLEY), se haban recogido ms de 120 denuncias por estafas inmobiliarias, ofertas engaosas, cobros ilegales e incumplimiento de los lapsos de entrega. Los recla-mos involucraban principalmente a seis urbanismos. Como siempre, otra de las acusaciones contra las em-presas constructoras es por cobro ilegal del INPC.

Los urbanismos en los que se han presentado las irre-gularidades son hasta ahora Yukarai, Prados del Norte, Iracoy, El Valle, la Organizacin Comunitaria de Vivien-das (OCV) Unidos por Nuestra Vivienda y la OCV Urachi-che. Cunta astucia hay en el diseo del nombre Unidos por Nuestra Vivienda! Cunta estafadora comprensin de las muy humanas aspiraciones de la gente! Unidos por Nuestra Vivienda es un proyecto habitacional de la empresa Provaferca que, luego de estafar a 131 familias, se fue del Yaracuy y dej el terreno hipotecado, aunque fuera de la comunidad. Deba entregar 131 casas, pero slo construy 40, que se encontraban en mal estado.

Esto de las Organizaciones Comunitarias de Vi-viendas se parece demasiado, pero lo que se dice de-masiado, a las Organizaciones no gubernamentales

(ONGs). De las ONGs se termin sabiendo que son inventos de la CIA, parte de los paquetes de desdemo-cratizacin legal que vinieron anexos a los paquetes econmicos. Cuatro gatos se renen en un bufete y constituyen una asociacin t eres el presidente, t eres el vocal de la comunidad, t el abogado, le ponen un nombre (Alerta popular, Observatorio de prisiones, Ojo electoral, Democracia de Venezue-la, Alerta democrtico) y a representar a la comuni-dad se ha dicho Una comunidad que no los eligi ni sabe quines son, que se entera de que est represen-tada cuando ve a los flamantes miembros de la ONG declarando por Globovisin. Eso es estafa de un tipo; esto de las OCV result lo mismo.

El vicepresidente del CLEY, ngel Gamarra, tambin coment el caso del urbanismo Iracoy, ubicado en el municipio San Felipe: en 1991 deba concretarse la en-trega de estas propiedades familiares y en 2010 eso no haba ocurrido. Diecinueve aos tena la gente esperan-do, tiempo de que un hijo crezca y, de repente, hasta te haga abuelo.

En la actualidad precis Gamarra el conjunto est ocupado por familias que no son las que las paga-ron originalmente. La compaa vendi dos veces?

Otra de las estafas es la de la empresa Milenium 3.000, la cual cobr 23.000 bolvares para la reserva de la parcela en el ao 2008 y hasta la fecha no se haba visto la primera casa.

Yaracuy era terreno minado, pues poco despus se descubre el caso de los Townhouse San Antonio. Hay siete casos de doble venta en la primera etapa del ur-

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rora Hernndez y explic que similar acto de entrega de residencias se haba ejecutado en el complejo habi-tacional San Jos del vila e inst a los ciudadanos que hubieran sido estafados con situaciones similares a que acudieran al Indepabis en todo el pas, para hacer valer su derecho legtimo a la propiedad.

Unidos por nuestra vivienda En la Sala Situacional contra la estafa inmobiliaria

instalada en el Consejo Legislativo del estado Yaracuy (CLEY), se haban recogido ms de 120 denuncias por estafas inmobiliarias, ofertas engaosas, cobros ilegales e incumplimiento de los lapsos de entrega. Los recla-mos involucraban principalmente a seis urbanismos. Como siempre, otra de las acusaciones contra las em-presas constructoras es por cobro ilegal del INPC.

Los urbanismos en los que se han presentado las irre-gularidades son hasta ahora Yukarai, Prados del Norte, Iracoy, El Valle, la Organizacin Comunitaria de Vivien-das (OCV) Unidos por Nuestra Vivienda y la OCV Urachi-che. Cunta astucia hay en el diseo del nombre Unidos por Nuestra Vivienda! Cunta estafadora comprensin de las muy humanas aspiraciones de la gente! Unidos por Nuestra Vivienda es un proyecto habitacional de la empresa Provaferca que, luego de estafar a 131 familias, se fue del Yaracuy y dej el terreno hipotecado, aunque fuera de la comunidad. Deba entregar 131 casas, pero slo construy 40, que se encontraban en mal estado.

Esto de las Organizaciones Comunitarias de Vi-viendas se parece demasiado, pero lo que se dice de-masiado, a las Organizaciones no gubernamentales

(ONGs). De las ONGs se termin sabiendo que son inventos de la CIA, parte de los paquetes de desdemo-cratizacin legal que vinieron anexos a los paquetes econmicos. Cuatro gatos se renen en un bufete y constituyen una asociacin t eres el presidente, t eres el vocal de la comunidad, t el abogado, le ponen un nombre (Alerta popular, Observatorio de prisiones, Ojo electoral, Democracia de Venezue-la, Alerta democrtico) y a representar a la comuni-dad se ha dicho Una comunidad que no los eligi ni sabe quines son, que se entera de que est represen-tada cuando ve a los flamantes miembros de la ONG declarando por Globovisin. Eso es estafa de un tipo; esto de las OCV result lo mismo.

El vicepresidente del CLEY, ngel Gamarra, tambin coment el caso del urbanismo Iracoy, ubicado en el municipio San Felipe: en 1991 deba concretarse la en-trega de estas propiedades familiares y en 2010 eso no haba ocurrido. Diecinueve aos tena la gente esperan-do, tiempo de que un hijo crezca y, de repente, hasta te haga abuelo.

En la actualidad precis Gamarra el conjunto est ocupado por familias que no son las que las paga-ron originalmente. La compaa vendi dos veces?

Otra de las estafas es la de la empresa Milenium 3.000, la cual cobr 23.000 bolvares para la reserva de la parcela en el ao 2008 y hasta la fecha no se haba visto la primera casa.

Yaracuy era terreno minado, pues poco despus se descubre el caso de los Townhouse San Antonio. Hay siete casos de doble venta en la primera etapa del ur-

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banismo y dos en la segunda. La constructora Siete 13, responsable de la obra, estaba vendiendo propiedades familiares de una tercera etapa que no existe.

Las cosas rentables se repiten, es natural, como en el caso de los procedimientos de estas empresas: primero fijaban un precio a las propiedades y luego iban incre-mentando el costo inicial a pesar de que, entre otras cosas, muchos de los terrenos donde construan fueron donados por los municipios.

La Tahona te mataLa noticia, del 10 de noviembre de 2010, bajo la firma

de Yahana Morales est adornada con la fotografa de cuatro grandes edificios de color rosado (ladrillo) con bonitas escaleras exteriores y unas terrazas de cemento cuyo gris afean manchones de agua sucia. El pie de foto reza: Las obras del Complejo Urbanstico Terrazas de La Tahona estn listas en un 70%. El artculo narra:

Las 17 familias que iniciaron la lucha para re-cuperar los inmuebles por los que llevan cuatro aos de sacrificios, y que fueron estafadas por la constructora responsable del Complejo Urbans-tico Terrazas de La Tahona, aseguran que ade-ms de los perjuicios econmicos, han sufrido daos morales, emocionales y de salud.

Yo inici los trmites para adquirir aparta-mento en este complejo habitacional en el ao 2006, cuando supe de su construccin. A mis 35 aos de edad me senta emocionado por la opcin de tener vivienda propia y despus de valorar los riesgos de inversin y sacar cuentas

decid iniciar las gestiones, explic Jos Luis Gutirrez, un contador pblico vctima de estafa inmobiliaria por parte de la constructora Edivial Compaa Annima.

A mediados del ao 2007, Gutirrez entreg la inicial del precio de venta del apartamento de 70 metros cuadrados, el cual estaba valorado en 218 mil bolvares. Nos dijeron que se trataba de una Asociacin Civil y que al pagar nos con-vertamos en asociados, por lo que ellos iban a trabajar con nuestro dinero para adquirir mate-riales y pagar a los obreros.

Haba evaluado mal los riesgos Jos Luis Gu-tirrez a pesar de ser contador, pues confiesa que Con el tiempo supimos que la empresa realiz transferencias de fondos de nuestra asociacin a otras en las que tambin tienen participacin y que el terreno donde se edifica la obra an no est registrado.

Este es un caso de estatismo. El simple ciuda-dano, el simple ser humano, no est capacitado para luchar con monstruos profesionales de la estafa. A la hora de dar los reales actu de acuer-do a sus posibilidades individuales, pero a la hora que sali el diablo, slo el Estado lo poda salvar, mediante leyes, cuando las hay, y ahora por inter-venciones ejecutivas fue reivindicado y salvado.

Hasta la fecha haba cancelado 305 mil bolva-res, es decir, 87 mil bolvares ms que el costo es-tablecido como precio de venta del apartamento.

Lo ms inslito no es lo que he pagado de ms, sino que pretenden que pague hasta llegar a 605 mil bolvares. La obra an est en fase gris (obra limpia) y justo una semana antes de que el

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banismo y dos en la segunda. La constructora Siete 13, responsable de la obra, estaba vendiendo propiedades familiares de una tercera etapa que no existe.

Las cosas rentables se repiten, es natural, como en el caso de los procedimientos de estas empresas: primero fijaban un precio a las propiedades y luego iban incre-mentando el costo inicial a pesar de que, entre otras cosas, muchos de los terrenos donde construan fueron donados por los municipios.

La Tahona te mataLa noticia, del 10 de noviembre de 2010, bajo la firma

de Yahana Morales est adornada con la fotografa de cuatro grandes edificios de color rosado (ladrillo) con bonitas escaleras exteriores y unas terrazas de cemento cuyo gris afean manchones de agua sucia. El pie de foto reza: Las obras del Complejo Urbanstico Terrazas de La Tahona estn listas en un 70%. El artculo narra:

Las 17 familias que iniciaron la lucha para re-cuperar los inmuebles por los que llevan cuatro aos de sacrificios, y que fueron estafadas por la constructora responsable del Complejo Urbans-tico Terrazas de La Tahona, aseguran que ade-ms de los perjuicios econmicos, han sufrido daos morales, emocionales y de salud.

Yo inici los trmites para adquirir aparta-mento en este complejo habitacional en el ao 2006, cuando supe de su construccin. A mis 35 aos de edad me senta emocionado por la opcin de tener vivienda propia y despus de valorar los riesgos de inversin y sacar cuentas

decid iniciar las gestiones, explic Jos Luis Gutirrez, un contador pblico vctima de estafa inmobiliaria por parte de la constructora Edivial Compaa Annima.

A mediados del ao 2007, Gutirrez entreg la inicial del precio de venta del apartamento de 70 metros cuadrados, el cual estaba valorado en 218 mil bolvares. Nos dijeron que se trataba de una Asociacin Civil y que al pagar nos con-vertamos en asociados, por lo que ellos iban a trabajar con nuestro dinero para adquirir mate-riales y pagar a los obreros.

Haba evaluado mal los riesgos Jos Luis Gu-tirrez a pesar de ser contador, pues confiesa que Con el tiempo supimos que la empresa realiz transferencias de fondos de nuestra asociacin a otras en las que tambin tienen participacin y que el terreno donde se edifica la obra an no est registrado.

Este es un caso de estatismo. El simple ciuda-dano, el simple ser humano, no est capacitado para luchar con monstruos profesionales de la estafa. A la hora de dar los reales actu de acuer-do a sus posibilidades individuales, pero a la hora que sali el diablo, slo el Estado lo poda salvar, mediante leyes, cuando las hay, y ahora por inter-venciones ejecutivas fue reivindicado y salvado.

Hasta la fecha haba cancelado 305 mil bolva-res, es decir, 87 mil bolvares ms que el costo es-tablecido como precio de venta del apartamento.

Lo ms inslito no es lo que he pagado de ms, sino que pretenden que pague hasta llegar a 605 mil bolvares. La obra an est en fase gris (obra limpia) y justo una semana antes de que el

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presidente Chvez anunciara las medidas de ex-propiacin y ocupacin inmediata, notificaron que faltaba un ajuste por aumento de precio del material, escasez y mora de varios asociados.

Si un dramaturgo escribiera un parlamen-to con las palabras de la confesin de Jos Luis Gutirrez, sera acusado de presentar pasquines polticos, de militante del realismo socialista. Sigamos oyndolo:

Yo soy casado y con un hijo y necesito mi apartamento, por el que pago puntualmente. Antes de meterme en esta inversin, que result ser una gran trampa, viva alquilado. Ahora estoy arrimado en casa de familiares. En este inmue-ble tengo colocado todo mi dinero y el sacrificio de muchos aos de trabajo. Pagu cuotas de 21 mil bolvares por mes.

En una reunin de asociados les hablaron de un incremento en el precio, que result ser el INPC con otro nombre, y como dijeron que no estaban dispuestos a pagar esa diferencia, los amenazaron con dejarlos en la calle. Gutirrez confes que ante la amenaza, lleg a valorar la posibilidad de pagar.

Por miedo a perder todo lo que haba apor-tado. Mi temor creca cada da ms, al ver a mi familia. A m me ofrecieron el apartamento para diciembre de 2009, hace casi un ao. Slo 17 familias afectadas iniciamos la cruzada, pero ya otras se estn sumando, concluy.

Con la tensin en 180Tambin ese fue el caso de Carmen Camacho y Ju-

lio Csar Uzctegui. Son ingenieros qumicos y esposos desde hace casi tres dcadas, tiempo durante el cual han vivido pagando alquileres, echando dinero en saco roto. En 2006 decidieron adquirir vivienda propia, pen-sando en el futuro de sus tres hijas y sus futuros nietos.

Nos enamoramos del proyecto, que atraa con una publicidad vistosa y promesas de pronta entrega. Nego-ciamos la adquisicin de un apartamento de 95 metros cuadrados por un monto de 321.100 bolvares pagade-ros en 44 cuotas y con una promesa de entrega para diciembre de 2009.

Cada fin de semana, el matrimonio Uzctegui Cama-cho visitaba el lugar esperando encontrar movimiento en los terrenos, mquinas o materiales, pero no fue as, vieron pasar dos aos en los que la obra no avanz.

Cuando empez la construccin, nos convocaron a una primera reunin. All nos informaron de un au-mento en el precio de 3 mil a 5.500 bolvares por metro cuadrado de construccin, alegando que los precios de los materiales haban subido. No haban pasado dos o tres meses cuando nos dijeron que de 5.500 bolvares el aumento haba pasado a 7 mil por metro cuadrado, lo que elev el precio del apartamento a 794 mil bolvares, es decir, 168% ms, concret.

El retrato de un frente redondo y gris adorna tam-bin el artculo. Es la terraza del edificio. Abajo un tanque azul, de plstico, y muchas cabillas al aire ha-blan de trabajos de construccin, pero no de obra ter-minada.

1716

presidente Chvez anunciara las medidas de ex-propiacin y ocupacin inmediata, notificaron que faltaba un ajuste por aumento de precio del material, escasez y mora de varios asociados.

Si un dramaturgo escribiera un parlamen-to con las palabras de la confesin de Jos Luis Gutirrez, sera acusado de presentar pasquines polticos, de militante del realismo socialista. Sigamos oyndolo:

Yo soy casado y con un hijo y necesito mi apartamento, por el que pago puntualmente. Antes de meterme en esta inversin, que result ser una gran trampa, viva alquilado. Ahora estoy arrimado en casa de familiares. En este inmue-ble tengo colocado todo mi dinero y el sacrificio de muchos aos de trabajo. Pagu cuotas de 21 mil bolvares por mes.

En una reunin de asociados les hablaron de un incremento en el precio, que result ser el INPC con otro nombre, y como dijeron que no estaban dispuestos a pagar esa diferencia, los amenazaron con dejarlos en la calle. Gutirrez confes que ante la amenaza, lleg a valorar la posibilidad de pagar.

Por miedo a perder todo lo que haba apor-tado. Mi temor creca cada da ms, al ver a mi familia. A m me ofrecieron el apartamento para diciembre de 2009, hace casi un ao. Slo 17 familias afectadas iniciamos la cruzada, pero ya otras se estn sumando, concluy.

Con la tensin en 180Tambin ese fue el caso de Carmen Camacho y Ju-

lio Csar Uzctegui. Son ingenieros qumicos y esposos desde hace casi tres dcadas, tiempo durante el cual han vivido pagando alquileres, echando dinero en saco roto. En 2006 decidieron adquirir vivienda propia, pen-sando en el futuro de sus tres hijas y sus futuros nietos.

Nos enamoramos del proyecto, que atraa con una publicidad vistosa y promesas de pronta entrega. Nego-ciamos la adquisicin de un apartamento de 95 metros cuadrados por un monto de 321.100 bolvares pagade-ros en 44 cuotas y con una promesa de entrega para diciembre de 2009.

Cada fin de semana, el matrimonio Uzctegui Cama-cho visitaba el lugar esperando encontrar movimiento en los terrenos, mquinas o materiales, pero no fue as, vieron pasar dos aos en los que la obra no avanz.

Cuando empez la construccin, nos convocaron a una primera reunin. All nos informaron de un au-mento en el precio de 3 mil a 5.500 bolvares por metro cuadrado de construccin, alegando que los precios de los materiales haban subido. No haban pasado dos o tres meses cuando nos dijeron que de 5.500 bolvares el aumento haba pasado a 7 mil por metro cuadrado, lo que elev el precio del apartamento a 794 mil bolvares, es decir, 168% ms, concret.

El retrato de un frente redondo y gris adorna tam-bin el artculo. Es la terraza del edificio. Abajo un tanque azul, de plstico, y muchas cabillas al aire ha-blan de trabajos de construccin, pero no de obra ter-minada.

1918

Ante esta situacin, Uzctegui y otros afectados acu-dieron a la sede del Ministerio del Poder Popular para las Obras Pblicas y Vivienda, el 6 de agosto de 2009, y a la sede del Indepabis, el 3 de septiembre, para denun-ciar oficialmente lo que ya consideraban una estafa.

El ministerio nos inst a no realizar los pagos adi-cionales, tal y como consta en el expediente nmero 0877, y as lo hicimos, puntualiz Carmen Camacho.

El ncleo familiar de estos ingenieros est integrado por seis personas, entre otras la madre de uno de los es-posos. No son pobres, viven alquilados en un anexo en la urbanizacin Prados del Este, por el que pagan 2.500 bolvares al mes, pero estaban asustadsimos.

Para completar, donde vivimos nos solicitaron la desocupacin para enero del ao que viene y ya no sa-bemos adnde ir. Mi esposo ha sufrido dos infartos, uno de ellos producto de este proceso angustioso, por lo que yo me he visto en la necesidad de seguir la lucha, acot Carmen Camacho.

Cuando les comunicaron el aumento del precio del inmueble, el seor convers con el dueo de la cons-tructora para ofrecerle, en pago, un apartamento en Mrida, pero nos dijeron que aceptaban el apartamen-to para saldar parte de la deuda, pero no nos asegura-ban fecha de entrega del inmueble ni nos decan si po-dan mantener el precio. Esa situacin casi nos volvi locos. Cada vez que vean el calendario y el saldo en sus cuentas bancarias queran llorar.

La defensa de Marta ColominaEdivial es otro caso que hubiera ameritado la defen-

sa de Marta Colomina. La abogada Andrena Marchn y su esposo pagaron la inicial del monto de venta de un apartamento en Terrazas de La Tahona en 2006.

Negociamos por un inmueble de 140 metros cuadra-dos por un precio de 354.900 bolvares, que con el pasar de los aos lleg a 908.975 bolvares. Yo fui una de las que empez a pelear con los dueos de la constructora, quiz por ser conocedora de las leyes y saber que estaba en pre-sencia de un timo. El desgaste emocional es impresionan-te, sin hablar de la salud y de los problemas familiares.

Cuando ella y su pareja negociaron la compra, te-nan un hijo; a estas alturas ya tienen dos. Viven en la casa de su suegra. Los muebles los tengo en un local alquilado por el que pagamos 4.500 bolvares al mes. Vivo arrimada y mi esposo trabaja de lunes a lunes, casi las 24 horas del da. Por culpa de esta estafa he teni-do problemas con mi familia, pues me decan que era nuestra culpa por tomar una mala decisin y que segu-ro perderamos todo.

La joven profesional dice que ha perdido su vida so-cial y que en los ltimos aos ella y su pareja han en-tregado todo el fruto de su trabajo y sacrificio a esta gente, que no sabe valorar a las personas y las engaa impunemente. En un momento, llegu a pensar que de verdad la tena perdida y que iban a poder ms que nosotros. La emocin no me dejaba pensar bien cuan-do escuch la medida presidencial por cadena nacional, llor de la emocin. Nos tomaron en cuenta, era lo nico que pensaba, porque es muy difcil volver a creer cuando la esperanza se ha perdido.

1918

Ante esta situacin, Uzctegui y otros afectados acu-dieron a la sede del Ministerio del Poder Popular para las Obras Pblicas y Vivienda, el 6 de agosto de 2009, y a la sede del Indepabis, el 3 de septiembre, para denun-ciar oficialmente lo que ya consideraban una estafa.

El ministerio nos inst a no realizar los pagos adi-cionales, tal y como consta en el expediente nmero 0877, y as lo hicimos, puntualiz Carmen Camacho.

El ncleo familiar de estos ingenieros est integrado por seis personas, entre otras la madre de uno de los es-posos. No son pobres, viven alquilados en un anexo en la urbanizacin Prados del Este, por el que pagan 2.500 bolvares al mes, pero estaban asustadsimos.

Para completar, donde vivimos nos solicitaron la desocupacin para enero del ao que viene y ya no sa-bemos adnde ir. Mi esposo ha sufrido dos infartos, uno de ellos producto de este proceso angustioso, por lo que yo me he visto en la necesidad de seguir la lucha, acot Carmen Camacho.

Cuando les comunicaron el aumento del precio del inmueble, el seor convers con el dueo de la cons-tructora para ofrecerle, en pago, un apartamento en Mrida, pero nos dijeron que aceptaban el apartamen-to para saldar parte de la deuda, pero no nos asegura-ban fecha de entrega del inmueble ni nos decan si po-dan mantener el precio. Esa situacin casi nos volvi locos. Cada vez que vean el calendario y el saldo en sus cuentas bancarias queran llorar.

La defensa de Marta ColominaEdivial es otro caso que hubiera ameritado la defen-

sa de Marta Colomina. La abogada Andrena Marchn y su esposo pagaron la inicial del monto de venta de un apartamento en Terrazas de La Tahona en 2006.

Negociamos por un inmueble de 140 metros cuadra-dos por un precio de 354.900 bolvares, que con el pasar de los aos lleg a 908.975 bolvares. Yo fui una de las que empez a pelear con los dueos de la constructora, quiz por ser conocedora de las leyes y saber que estaba en pre-sencia de un timo. El desgaste emocional es impresionan-te, sin hablar de la salud y de los problemas familiares.

Cuando ella y su pareja negociaron la compra, te-nan un hijo; a estas alturas ya tienen dos. Viven en la casa de su suegra. Los muebles los tengo en un local alquilado por el que pagamos 4.500 bolvares al mes. Vivo arrimada y mi esposo trabaja de lunes a lunes, casi las 24 horas del da. Por culpa de esta estafa he teni-do problemas con mi familia, pues me decan que era nuestra culpa por tomar una mala decisin y que segu-ro perderamos todo.

La joven profesional dice que ha perdido su vida so-cial y que en los ltimos aos ella y su pareja han en-tregado todo el fruto de su trabajo y sacrificio a esta gente, que no sabe valorar a las personas y las engaa impunemente. En un momento, llegu a pensar que de verdad la tena perdida y que iban a poder ms que nosotros. La emocin no me dejaba pensar bien cuan-do escuch la medida presidencial por cadena nacional, llor de la emocin. Nos tomaron en cuenta, era lo nico que pensaba, porque es muy difcil volver a creer cuando la esperanza se ha perdido.

2120

Una parlisis del lado izquierdo del cuerpoPara Reyna Gonzlez de Real, los estafadores inmo-

biliarios deben pagar con crcel su delito, porque no slo causan perjuicios econmicos, sino morales y psi-colgicos.

Yo hice un convenio de asociada por 476 mil bol-vares para adquirir un apartamento de 128 metros cua-drados ms 80 metros cuadrados de terraza, eso fue en 2006. Cuatro aos despus pretendieron que cancelara 1 milln 20 mil bolvares por el mismo inmueble. Para dar la inicial de compra en el conjunto residencial, ven-d un terreno, un carro. Varios de mis familiares ayu-daron, como mi mam y mi suegra. En la actualidad vivo alquilada, pagando 10.500 bolvares por mes, ya que tuve que buscar un apartamento grande donde cu-piesen todas mis cosas.

Los ahorros de 12 aos de matrimonio estn aqu, entre cabillas y bloques. A consecuencia de este proble-ma, mi esposo sufri una parlisis del lado izquierdo del cuerpo, y, a pesar de haber ido a decenas de mdi-cos, no dan con una cura efectiva. Para nosotros eso es resultado del estrs vivido, de las angustias y miedos de quedarnos sin apartamento, sin dinero, con tres hijos y sin techo propio. A m me salieron dos ndulos en la garganta por las mismas razones.

reyna pide que esto sirva de ejemplo y que los res-ponsables tengan una sancin administrativa y penal: No se puede ir por la vida haciendo dao a familias inocentes, esperanzadas y con sueos.

Es lgico, es casi seguro, que muchas de estas per-sonas de clase media sean adversas a Chvez. O que lo

fueran hasta que sintieron el cido. Con el duro len-guaje del concreto, estos ciudadanos aprendan que a la hora de los millones nadie va a decirles: T te salvas porque eres esculido. Y desde luego, debieron sentir un alivio inmenso al or al presidente Chvez procla-mar en cadena: Y no descansar pero nada, en la bs-queda de soluciones a este drama heredado, producto de la maldicin del capitalismo.

13 noviembre de 2010 El ao que viene la pesadilla ya debe haber culmina-

do y cada uno de los copropietarios tendr su vivienda, seal el ministro del Poder Popular para la Vivienda, Ricardo Molina al da siguiente. Aadi:

El Gobierno est haciendo entrega de inmuebles que los urbanizadores no haban otorgado a sus respec-tivos propietarios, al parecer debido a que pretendan utilizarlos como herramienta de coaccin para el co-bro ilegal del INPC y cuotas excesivas. El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hbitat continuar la construccin de 5.042 apartamentos que forman parte de los seis urbanismos que fueron objeto de expropia-cin, con la finalidad de que los legtimos propietarios reciban sus inmuebles.

Aquel noviembre de 2010 estaba encendido con el parao a las estafas inmobiliarias. El diputado Augusto Montiel asever que aunque no todos los empresarios son estafadores, muchos se han amparado en la Cmara Inmobiliaria de Venezuela para cometer delitos contra las familias.

2120

Una parlisis del lado izquierdo del cuerpoPara Reyna Gonzlez de Real, los estafadores inmo-

biliarios deben pagar con crcel su delito, porque no slo causan perjuicios econmicos, sino morales y psi-colgicos.

Yo hice un convenio de asociada por 476 mil bol-vares para adquirir un apartamento de 128 metros cua-drados ms 80 metros cuadrados de terraza, eso fue en 2006. Cuatro aos despus pretendieron que cancelara 1 milln 20 mil bolvares por el mismo inmueble. Para dar la inicial de compra en el conjunto residencial, ven-d un terreno, un carro. Varios de mis familiares ayu-daron, como mi mam y mi suegra. En la actualidad vivo alquilada, pagando 10.500 bolvares por mes, ya que tuve que buscar un apartamento grande donde cu-piesen todas mis cosas.

Los ahorros de 12 aos de matrimonio estn aqu, entre cabillas y bloques. A consecuencia de este proble-ma, mi esposo sufri una parlisis del lado izquierdo del cuerpo, y, a pesar de haber ido a decenas de mdi-cos, no dan con una cura efectiva. Para nosotros eso es resultado del estrs vivido, de las angustias y miedos de quedarnos sin apartamento, sin dinero, con tres hijos y sin techo propio. A m me salieron dos ndulos en la garganta por las mismas razones.

reyna pide que esto sirva de ejemplo y que los res-ponsables tengan una sancin administrativa y penal: No se puede ir por la vida haciendo dao a familias inocentes, esperanzadas y con sueos.

Es lgico, es casi seguro, que muchas de estas per-sonas de clase media sean adversas a Chvez. O que lo

fueran hasta que sintieron el cido. Con el duro len-guaje del concreto, estos ciudadanos aprendan que a la hora de los millones nadie va a decirles: T te salvas porque eres esculido. Y desde luego, debieron sentir un alivio inmenso al or al presidente Chvez procla-mar en cadena: Y no descansar pero nada, en la bs-queda de soluciones a este drama heredado, producto de la maldicin del capitalismo.

13 noviembre de 2010 El ao que viene la pesadilla ya debe haber culmina-

do y cada uno de los copropietarios tendr su vivienda, seal el ministro del Poder Popular para la Vivienda, Ricardo Molina al da siguiente. Aadi:

El Gobierno est haciendo entrega de inmuebles que los urbanizadores no haban otorgado a sus respec-tivos propietarios, al parecer debido a que pretendan utilizarlos como herramienta de coaccin para el co-bro ilegal del INPC y cuotas excesivas. El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hbitat continuar la construccin de 5.042 apartamentos que forman parte de los seis urbanismos que fueron objeto de expropia-cin, con la finalidad de que los legtimos propietarios reciban sus inmuebles.

Aquel noviembre de 2010 estaba encendido con el parao a las estafas inmobiliarias. El diputado Augusto Montiel asever que aunque no todos los empresarios son estafadores, muchos se han amparado en la Cmara Inmobiliaria de Venezuela para cometer delitos contra las familias.

2322

Expropiacin El que vamos a narrar a continuacin es un caso que

debera ser defendido por una de las periodistas bonitas de Globovisin, los delincuentes que aqu se nombran deberan ser entrevistados por el Matacuras, saludados con el tono exultante (insultante tambin, pero es otra cosa) que el Mata ha impuesto. Matar a los comprado-res de apartamentos es aplicacin del mismo sistema de capitalismo desregulado que pari a Globovisin y a sus hijos. El caso es que el 31 de octubre de 2010, el presidente Chvez firm el decreto de expropiacin de seis desarrollos urbansticos y dict medida de ocupa-cin temporal sobre otros ocho. Y adems existe un ter-cer grupo compuesto por 19 conjuntos habitacionales sobre los que pesa una medida de enajenamiento que le permite al Estado supervisar las obras.

En reportaje fechado en Caracas, el 16 noviembre de 2010 (texto: Roy Salas), se especifica:

Desde el ao 1996 hasta enero de 2002 miles de familias venezolanas perdieron sus viviendas al ejecutarse las hipotecas por los crditos in-dexados y las llamadas cuotas baln (mucho las combati Daro Vivas, acotamos nosotros, aco-rral a varios de esos sinvergenzas). Por esta situacin, en el ao 2005, el Ministerio Pblico imput a siete directivos de entidades bancarias por la presunta comisin de delito de estafa y usura, y se les dict medida de prohibicin de salida del pas. Entre los empresarios sealados por la Fiscala General de la Repblica se en-contraba quien para la fecha era presidente del

Banco Provivienda (Banpro, liquidado en el ao 2009 por falta de fondos).

Cinco aos despus de aquel sealamiento, el mismo nombre vuelve a relacionarse con los ca-sos de estafas en Venezuela. En esta oportunidad por los cobros ilegales que la constructora Gru-po Eiffel realiz del INPC y el incumplimiento de contrato en los seis conjuntos residenciales que est ejecutando esta empresa.

Algn tiempo antes, el diputado Braulio lvarez ha-ba planteado que se realizara un arqueo financiero con el objeto de determinar cmo empresas inmobiliarias tracaleras obtenan dinero de los bancos mostrando como proyecto fotos de urbanismos en marcha distin-tos a los que se supona que iban a desarrollar. Not-ciese, los funcionarios de los bancos son ingenuos. O ciegos. Pngales un dedo entre los dientes, ver que no muerden.

En 2010 volvi el cntaro al agua. El Grupo Eiffel est a cargo de la edificacin de Terrazas de Guaicoco, Nueva Casarapa, Terrazas de Mampote, Valle de Cha-ra, Camino Real y Las Haciendas. En conjunto con la empresa Inversiones Urbania, se encargaron de estafar a miles de familias con la construccin del complejo habitacional El Encantado, en Macaracuay.

Por una vivienda de 70 metros cuadrados pedan 300 millones de bolvares viejos. Pero a partir de la ratifica-cin del Estado de prohibir el cobro del INPC, la edifi-cacin fue paralizada y a los compradores les exigieron firmar un nuevo contrato con un precio que triplicaba el monto inicial de la vivienda.

2322

Expropiacin El que vamos a narrar a continuacin es un caso que

debera ser defendido por una de las periodistas bonitas de Globovisin, los delincuentes que aqu se nombran deberan ser entrevistados por el Matacuras, saludados con el tono exultante (insultante tambin, pero es otra cosa) que el Mata ha impuesto. Matar a los comprado-res de apartamentos es aplicacin del mismo sistema de capitalismo desregulado que pari a Globovisin y a sus hijos. El caso es que el 31 de octubre de 2010, el presidente Chvez firm el decreto de expropiacin de seis desarrollos urbansticos y dict medida de ocupa-cin temporal sobre otros ocho. Y adems existe un ter-cer grupo compuesto por 19 conjuntos habitacionales sobre los que pesa una medida de enajenamiento que le permite al Estado supervisar las obras.

En reportaje fechado en Caracas, el 16 noviembre de 2010 (texto: Roy Salas), se especifica:

Desde el ao 1996 hasta enero de 2002 miles de familias venezolanas perdieron sus viviendas al ejecutarse las hipotecas por los crditos in-dexados y las llamadas cuotas baln (mucho las combati Daro Vivas, acotamos nosotros, aco-rral a varios de esos sinvergenzas). Por esta situacin, en el ao 2005, el Ministerio Pblico imput a siete directivos de entidades bancarias por la presunta comisin de delito de estafa y usura, y se les dict medida de prohibicin de salida del pas. Entre los empresarios sealados por la Fiscala General de la Repblica se en-contraba quien para la fecha era presidente del

Banco Provivienda (Banpro, liquidado en el ao 2009 por falta de fondos).

Cinco aos despus de aquel sealamiento, el mismo nombre vuelve a relacionarse con los ca-sos de estafas en Venezuela. En esta oportunidad por los cobros ilegales que la constructora Gru-po Eiffel realiz del INPC y el incumplimiento de contrato en los seis conjuntos residenciales que est ejecutando esta empresa.

Algn tiempo antes, el diputado Braulio lvarez ha-ba planteado que se realizara un arqueo financiero con el objeto de determinar cmo empresas inmobiliarias tracaleras obtenan dinero de los bancos mostrando como proyecto fotos de urbanismos en marcha distin-tos a los que se supona que iban a desarrollar. Not-ciese, los funcionarios de los bancos son ingenuos. O ciegos. Pngales un dedo entre los dientes, ver que no muerden.

En 2010 volvi el cntaro al agua. El Grupo Eiffel est a cargo de la edificacin de Terrazas de Guaicoco, Nueva Casarapa, Terrazas de Mampote, Valle de Cha-ra, Camino Real y Las Haciendas. En conjunto con la empresa Inversiones Urbania, se encargaron de estafar a miles de familias con la construccin del complejo habitacional El Encantado, en Macaracuay.

Por una vivienda de 70 metros cuadrados pedan 300 millones de bolvares viejos. Pero a partir de la ratifica-cin del Estado de prohibir el cobro del INPC, la edifi-cacin fue paralizada y a los compradores les exigieron firmar un nuevo contrato con un precio que triplicaba el monto inicial de la vivienda.

2524

Hay matices: a la gente pobre le quitan todo: hos-pital, casa, todo. A la clase media se la aplican con el apartamento.

Los responsables de El Encantado son los mismos del Grupo Eiffel. No es raro que polticos de derecha es-tn en negocios macro, tampoco que negocios y cons-piracin anden juntos, aunque pueden caminar sepa-rados. En fin, cabe reparar en que socios de Mezerhane venden apartamentos por un precio y al final cobran el triple, que socios de la inmensa estafa del Banco La-tino, en vez de caminar obsesivamente detrs de una reja de barrotes, estn en trabajos de cuello blanco y financiando parapetos abocados a cuidar la limpieza de las elecciones.

La filosofa del Grupo Eiffel es desarrollar urbaniza-ciones y conjuntos residenciales que apunten a mejorar sus habitantes, resea la pgina web de la compaa. Sin embargo, la calidad de vida de los ciudadanos que firmaron contratos para ser los propietarios de Terrazas de Guaicoco y Nueva Casarapa no mejor. Se estable-ca la construccin de una red de suministro de aguas blancas y de drenaje de aguas negras y ello nunca se cumpli a cabalidad. Raro es que Radar de los barrios, el programa que a gritos, como suponen sus creadores que se debe hablar en los barrios, muestra desniveles y filtraciones en edificios y casas hechas por el gobierno, no se haya dado un paseto por Nueva Casarapa para comentar, altisonantemente o en voz bajona si es ms conveniente, filtraciones, ascensores que no funcionan, ausencia de intercomunicadores que estaban estipula-dos en el contrato y se pagaron.

Dreamakers Dreamakers es un trmino que puede traducirse

como hacedores de sueos, noble labor desde luego pero, segn noticia fechada en Caracas el 19 de no-viembre de 2010, fueron privados de libertad cuatro directivos de la empresa Consorcio de Ventas Progra-madas Dreamakers, imputados por el delito de esta-fa continua, as como de oferta engaosa y asociacin para delinquir. Tambin se remiti a Canad a otros dreamakers que trabajaban a travs del Conjunto Re-sidencial Villa del Sol, ubicado en el estado Miranda.

En el estado Bolvar fueron apresadas tres represen-tantes de Inversiones Stiboker, C.A.; Promotora Foncrea, C.A.; Asociacin Civil Provivienda Alta Florida y Proyecto Villa Lourdes. Estafa agravada en grado de continuidad fue la acusacin formulada contra las ciudadanas y se les aplic prohibicin de enajenar y gravar inmuebles, ade-ms de bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas.

El representante de la empresa Teconca Conjunto Residencial El Remanso fue detenido en el estado Ba-rinas, imputado por los delitos de estafa calificada en grado de continuidad y defraudacin. Por este caso, el tribunal acord la prohibicin de enajenar y gravar so-bre el inmueble, as como el bloqueo e inmovilizacin de cuentas bancarias personales.

Finalmente, en Miranda fue privado de libertad el representante de la Promotora Mata Linda, arriba men-cionada, por estafa, asociacin para delinquir y oferta engaosa. El imputado tiene prohibicin de enajenar y gravar y bloqueo de cuentas bancarias, tanto de la em-presa como personales.

2524

Hay matices: a la gente pobre le quitan todo: hos-pital, casa, todo. A la clase media se la aplican con el apartamento.

Los responsables de El Encantado son los mismos del Grupo Eiffel. No es raro que polticos de derecha es-tn en negocios macro, tampoco que negocios y cons-piracin anden juntos, aunque pueden caminar sepa-rados. En fin, cabe reparar en que socios de Mezerhane venden apartamentos por un precio y al final cobran el triple, que socios de la inmensa estafa del Banco La-tino, en vez de caminar obsesivamente detrs de una reja de barrotes, estn en trabajos de cuello blanco y financiando parapetos abocados a cuidar la limpieza de las elecciones.

La filosofa del Grupo Eiffel es desarrollar urbaniza-ciones y conjuntos residenciales que apunten a mejorar sus habitantes, resea la pgina web de la compaa. Sin embargo, la calidad de vida de los ciudadanos que firmaron contratos para ser los propietarios de Terrazas de Guaicoco y Nueva Casarapa no mejor. Se estable-ca la construccin de una red de suministro de aguas blancas y de drenaje de aguas negras y ello nunca se cumpli a cabalidad. Raro es que Radar de los barrios, el programa que a gritos, como suponen sus creadores que se debe hablar en los barrios, muestra desniveles y filtraciones en edificios y casas hechas por el gobierno, no se haya dado un paseto por Nueva Casarapa para comentar, altisonantemente o en voz bajona si es ms conveniente, filtraciones, ascensores que no funcionan, ausencia de intercomunicadores que estaban estipula-dos en el contrato y se pagaron.

Dreamakers Dreamakers es un trmino que puede traducirse

como hacedores de sueos, noble labor desde luego pero, segn noticia fechada en Caracas el 19 de no-viembre de 2010, fueron privados de libertad cuatro directivos de la empresa Consorcio de Ventas Progra-madas Dreamakers, imputados por el delito de esta-fa continua, as como de oferta engaosa y asociacin para delinquir. Tambin se remiti a Canad a otros dreamakers que trabajaban a travs del Conjunto Re-sidencial Villa del Sol, ubicado en el estado Miranda.

En el estado Bolvar fueron apresadas tres represen-tantes de Inversiones Stiboker, C.A.; Promotora Foncrea, C.A.; Asociacin Civil Provivienda Alta Florida y Proyecto Villa Lourdes. Estafa agravada en grado de continuidad fue la acusacin formulada contra las ciudadanas y se les aplic prohibicin de enajenar y gravar inmuebles, ade-ms de bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas.

El representante de la empresa Teconca Conjunto Residencial El Remanso fue detenido en el estado Ba-rinas, imputado por los delitos de estafa calificada en grado de continuidad y defraudacin. Por este caso, el tribunal acord la prohibicin de enajenar y gravar so-bre el inmueble, as como el bloqueo e inmovilizacin de cuentas bancarias personales.

Finalmente, en Miranda fue privado de libertad el representante de la Promotora Mata Linda, arriba men-cionada, por estafa, asociacin para delinquir y oferta engaosa. El imputado tiene prohibicin de enajenar y gravar y bloqueo de cuentas bancarias, tanto de la em-presa como personales.

2726

Chvez lo tom en sus manos El caso de las estafas inmobiliarias cobraba una di-

nmica endiablada. La gente llevaba su desesperacin a Indepabis, la Fiscala, tribunales, policas y a los me-dios. El presidente Chvez lo tom en sus manos. Poco despus declaraba:

Si el apartamento est listo, que lo ocupen ya. Yo respondo por esto. Que me metan preso a m, que me-tan preso a Chvez. Pero no podemos dejarnos enre-dar.

Es que haban surgido a la superficie entramados ju-diciales creados por algunos bancos privados y no se le permita a los propietarios ocupar sus apartamentos. Tal cosa denunciaba Nohelia Arocha, titular de apar-tamento en el conjunto residencial Valparaso, en San Diego de Carabobo. Nohelia se haba integrado a la co-ordinacin nacional de la Sala Situacional en represen-tacin de los afectados. Sealaba:

Cuando nosotros dimos la inicial para ese aparta-mento, ya estaba listo. Pero estamos esperando, porque el caso de nosotros es que hay un entramado jurdico por parte de la banca privada. Y por eso hacemos un llamado. La banca tiene mucha relacin con todas estas etapas.

Chvez gir instrucciones al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Direccin de Inteli-gencia Militar (DIM) para investigar los nombres de los bancos privados involucrados en estos casos y adems detectar los procedimientos legales que estn dificul-tando la entrega de los apartamentos a sus propietarios.

Yo les ruego que denuncien todo, nosotros los pro-tegeremos. Hay que sacar todo del basurero. Si hay al-

gn funcionario protegiendo los intereses de la banca privada, habr que tratarlo como estafador. Hay que de-nunciarlo, indic.

Y uno se pregunta: cundo se hubieran atrevido a esto los gobiernos de la Cuarta Repblica? En los das en que Teodoro Petkoff pactaba con los delegados del Fondo Monetario Internacional la entrada de un prs-tamo de 16.000 millones de dlares que ni hacan falta, ni trajeron los empleos que ofrecan, ni se vieron por ningn lado, Caldera ofreci un aumento de 10% en los sueldos para suavizar el impacto del paquete econmico que entrara en vigencia. Pasaban los das y no se vea la cosa. Cuando un periodista le pregunt al Presiden-te sobre el aumento, respondi: Estamos en eso. No hubo tal aumento, no le dieron permiso al petulante presidente jesuita. Respecto a Ral Leoni, recuerdo que una vez Fedecmaras, no es que le barajust el caballo, es que hizo un amaguito con las riendas: mejor no, el hombre se asust, le entr la tembladera y se abstuvo de un aumento de sueldos que le haba ofrecido a sus sin-dicalistas. Carlos Andrs Prez usaba un procedimiento distinto, se rascaba en los matrimonios de los magnates reyezuelos, los mismos que robaban ahora a la gente.

Contina el caso de Nohelia Arocha: el conjunto resi-dencial Valparaso, ubicado en el municipio San Diego, estado Carabobo, es parte de los 19 urbanismos a los cuales se les dictaron medidas especiales para proteger a sus propietarios. Se establece prohibicin de la venta de las viviendas a otras personas, ocupacin temporal de las sedes administrativas de las empresas y multas a las mismas.

2726

Chvez lo tom en sus manos El caso de las estafas inmobiliarias cobraba una di-

nmica endiablada. La gente llevaba su desesperacin a Indepabis, la Fiscala, tribunales, policas y a los me-dios. El presidente Chvez lo tom en sus manos. Poco despus declaraba:

Si el apartamento est listo, que lo ocupen ya. Yo respondo por esto. Que me metan preso a m, que me-tan preso a Chvez. Pero no podemos dejarnos enre-dar.

Es que haban surgido a la superficie entramados ju-diciales creados por algunos bancos privados y no se le permita a los propietarios ocupar sus apartamentos. Tal cosa denunciaba Nohelia Arocha, titular de apar-tamento en el conjunto residencial Valparaso, en San Diego de Carabobo. Nohelia se haba integrado a la co-ordinacin nacional de la Sala Situacional en represen-tacin de los afectados. Sealaba:

Cuando nosotros dimos la inicial para ese aparta-mento, ya estaba listo. Pero estamos esperando, porque el caso de nosotros es que hay un entramado jurdico por parte de la banca privada. Y por eso hacemos un llamado. La banca tiene mucha relacin con todas estas etapas.

Chvez gir instrucciones al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Direccin de Inteli-gencia Militar (DIM) para investigar los nombres de los bancos privados involucrados en estos casos y adems detectar los procedimientos legales que estn dificul-tando la entrega de los apartamentos a sus propietarios.

Yo les ruego que denuncien todo, nosotros los pro-tegeremos. Hay que sacar todo del basurero. Si hay al-

gn funcionario protegiendo los intereses de la banca privada, habr que tratarlo como estafador. Hay que de-nunciarlo, indic.

Y uno se pregunta: cundo se hubieran atrevido a esto los gobiernos de la Cuarta Repblica? En los das en que Teodoro Petkoff pactaba con los delegados del Fondo Monetario Internacional la entrada de un prs-tamo de 16.000 millones de dlares que ni hacan falta, ni trajeron los empleos que ofrecan, ni se vieron por ningn lado, Caldera ofreci un aumento de 10% en los sueldos para suavizar el impacto del paquete econmico que entrara en vigencia. Pasaban los das y no se vea la cosa. Cuando un periodista le pregunt al Presiden-te sobre el aumento, respondi: Estamos en eso. No hubo tal aumento, no le dieron permiso al petulante presidente jesuita. Respecto a Ral Leoni, recuerdo que una vez Fedecmaras, no es que le barajust el caballo, es que hizo un amaguito con las riendas: mejor no, el hombre se asust, le entr la tembladera y se abstuvo de un aumento de sueldos que le haba ofrecido a sus sin-dicalistas. Carlos Andrs Prez usaba un procedimiento distinto, se rascaba en los matrimonios de los magnates reyezuelos, los mismos que robaban ahora a la gente.

Contina el caso de Nohelia Arocha: el conjunto resi-dencial Valparaso, ubicado en el municipio San Diego, estado Carabobo, es parte de los 19 urbanismos a los cuales se les dictaron medidas especiales para proteger a sus propietarios. Se establece prohibicin de la venta de las viviendas a otras personas, ocupacin temporal de las sedes administrativas de las empresas y multas a las mismas.

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Si esos apartamentos estn listos, son de ustedes, no podemos estar enredados en leguleyismos. Todas las familias que estn estafadas, cuyas viviendas y aparta-mentos ya firmaron y ya fueron concluidos, que vayan a ocuparlos a partir de hoy, manifest el presidente Chvez otra vez. La oposicin no deca ni po.

Otro conjunto residencial intervenido fue El Fortn, ubicado en la avenida Intercomunal de Guarenas, esta-do Miranda. Fue objeto de la medida de expropiacin por parte del Estado venezolano publicada en la Gaceta Oficial nmero 39.553 con fecha 16 de noviembre de 2010, dirigida a los conjuntos residenciales cuya cons-truccin fue paralizada por las empresas inmobiliarias, afectando de forma directa a los compradores.

Estamos haciendo un trabajo articulado para que las familias tengan la seguridad de que, an vulnerados sus derechos por la constructora, el Estado venezolano est garantizando la propiedad y la entrega inmedia-ta de las viviendas, seal el director de Promocin y Educacin del Indepabis, Nstor Velasco, durante una inspeccin al referido complejo, donde verific el grado de avance de las obras en estas torres.

El conjunto residencial fue emprendido por la cons-tructora Nueva Casarapa, perteneciente al Grupo Eiffel, y est conformado por 20 torres de ocho pisos, cada una de las cuales tiene 32 apartamentos. La construccin de las torres 15-16 presenta 50% de avance, mientras que las 17 y 18 estn adelantadas en 30% y los edificios 19-20 tienen un avance de 10%.

El domingo 14 de noviembre, 46 familias afectadas recibieron sus apartamentos ubicados en las torres 13 y 14 del Conjunto Residencial El Fortn.

Grave era la cosa, muy grave. El 31 de octubre, el Presidente firm el decreto de expropiacin de seis desarrollos urbansticos y dict medida de ocupacin temporal sobre otros ocho para acelerar la conclusin de las obras y la entrega a sus propietarios.

Adems, existe un tercer grupo compuesto por 19 conjuntos habitacionales sobre los que pesa una medi-da de enajenamiento que permite al Estado supervisar las obras.

El Jefe de Estado coment: Estos son los zamuros urbansticos, constructores que estn explotando a la clase media. Ellos hacen viviendas para la clase media y la exprimen. Nos hemos dejado de cmicas y estamos obligados a proteger a la clase media tambin, no per-mitiremos que los sigan explotando.

Detuvieron al ciudadanoEl 19 noviembre de 2010, inform el comisario Luis

Roberto Carabn, del CICPC del estado Barinas, que en procedimiento coordinado con la fiscal cuarta del Mi-nisterio Pblico se detuvo a quien hace siete aos co-menz la construccin de un conjunto residencial de-nominado El Romanzo, el cual hasta la fecha no se ha concluido y mantiene en zozobra a 118 personas perju-dicadas. Era la primera detencin bajo la presuncin de estafa inmobiliaria en la entidad.

Todas las otras denuncias fueron declaradas por nuestro despacho, se han recabado evidencias, las cua-les se estn colocando a la orden del Ministerio Pbli-co, indic Carabn al sealar que el caso El Romanzo no es el nico que se est trabajando, pues se estudian

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Si esos apartamentos estn listos, son de ustedes, no podemos estar enredados en leguleyismos. Todas las familias que estn estafadas, cuyas viviendas y aparta-mentos ya firmaron y ya fueron concluidos, que vayan a ocuparlos a partir de hoy, manifest el presidente Chvez otra vez. La oposicin no deca ni po.

Otro conjunto residencial intervenido fue El Fortn, ubicado en la avenida Intercomunal de Guarenas, esta-do Miranda. Fue objeto de la medida de expropiacin por parte del Estado venezolano publicada en la Gaceta Oficial nmero 39.553 con fecha 16 de noviembre de 2010, dirigida a los conjuntos residenciales cuya cons-truccin fue paralizada por las empresas inmobiliarias, afectando de forma directa a los compradores.

Estamos haciendo un trabajo articulado para que las familias tengan la seguridad de que, an vulnerados sus derechos por la constructora, el Estado venezolano est garantizando la propiedad y la entrega inmedia-ta de las viviendas, seal el director de Promocin y Educacin del Indepabis, Nstor Velasco, durante una inspeccin al referido complejo, donde verific el grado de avance de las obras en estas torres.

El conjunto residencial fue emprendido por la cons-tructora Nueva Casarapa, perteneciente al Grupo Eiffel, y est conformado por 20 torres de ocho pisos, cada una de las cuales tiene 32 apartamentos. La construccin de las torres 15-16 presenta 50% de avance, mientras que las 17 y 18 estn adelantadas en 30% y los edificios 19-20 tienen un avance de 10%.

El domingo 14 de noviembre, 46 familias afectadas recibieron sus apartamentos ubicados en las torres 13 y 14 del Conjunto Residencial El Fortn.

Grave era la cosa, muy grave. El 31 de octubre, el Presidente firm el decreto de expropiacin de seis desarrollos urbansticos y dict medida de ocupacin temporal sobre otros ocho para acelerar la conclusin de las obras y la entrega a sus propietarios.

Adems, existe un tercer grupo compuesto por 19 conjuntos habitacionales sobre los que pesa una medi-da de enajenamiento que permite al Estado supervisar las obras.

El Jefe de Estado coment: Estos son los zamuros urbansticos, constructores que estn explotando a la clase media. Ellos hacen viviendas para la clase media y la exprimen. Nos hemos dejado de cmicas y estamos obligados a proteger a la clase media tambin, no per-mitiremos que los sigan explotando.

Detuvieron al ciudadanoEl 19 noviembre de 2010, inform el comisario Luis

Roberto Carabn, del CICPC del estado Barinas, que en procedimiento coordinado con la fiscal cuarta del Mi-nisterio Pblico se detuvo a quien hace siete aos co-menz la construccin de un conjunto residencial de-nominado El Romanzo, el cual hasta la fecha no se ha concluido y mantiene en zozobra a 118 personas perju-dicadas. Era la primera detencin bajo la presuncin de estafa inmobiliaria en la entidad.

Todas las otras denuncias fueron declaradas por nuestro despacho, se han recabado evidencias, las cua-les se estn colocando a la orden del Ministerio Pbli-co, indic Carabn al sealar que el caso El Romanzo no es el nico que se est trabajando, pues se estudian

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otros nuevos y no se descartan prximas detenciones por presuntas estafas inmobiliarias.

El 7 de diciembre, el Mandatario nacional entrega 212 crditos a familias vctimas de fraude inmobiliario para que puedan adquirir bienes y remodelar sus vi-viendas. Fue en un acto realizado en el Batalln Simn Bolvar, en Fuerte Tiuna. Cada familia recibir hasta 30 mil bolvares fuertes para el equipamiento de la casa que ser entregada en obra limpia. Explic Chvez que los beneficiarios podrn adquirir electrodomsticos en la Red de Abastos Bicentenario.

Se enferm apenas a tiempoNueve das despus, un reportaje firmado por Sandra

Izarra informa que segn el diputado Augusto Montiel durante las ltimas semanas los agraviados del Estado Carabobo se han abocado a organizarse y a mantener la presin para que los constructores no sigan ejerciendo extorsin y todo tipo de acciones irregulares e ilegales contra las familias. Por su parte, Mara Rivero, una de las personas perjudicadas por la Constructora Coyserca en la entidad carabobea, manifest que esa empresa prometi la entrega de las viviendas para el ao 2008 y estamos terminado el 2010 y hay muchas que ni siquie-ra las han construido.

Coyserca es la constructora de los urbanismos Mon-te Mayor, Terrazas de San Diego, Paso Real, Tejados de San Isidro y Portal de San Luis, y ha afectado a ms de 3 mil familias desde 2005. El caso del urbanismo Te-rrazas de San Diego es tremendo, son ms de 40 torres y hasta ahora van construidas slo 20, es decir, el 50%

del urbanismo. Tienen el descaro de decirnos que si acaso en tres aos las van a entregar o las terminaran, asegur Rivero. Destac que hasta el momento no han obtenido respuestas por parte de los representantes o accionistas de Coyserca, a pesar de las medidas aplica-das en el caso del urbanismo Monte Mayor, introducido ante el Ministerio Pblico. Acot que la constructora est edificando urbanismos en Panam, y que adems el representante legal de Coyserca quien es el mayor de cinco hermanos, todos accionistas de la empresa ya se fue del pas con la excusa de que est enfermo y debe cumplir un tratamiento.

Invertir ms que los Estados UnidosLa salud est por delante, por supuesto, pero las in-

versiones en Panam no se abandonaban. De ellas haba escrito detalles Eleazar Daz Rangel en enero o febrero de ese 2010 as:

Venezuela es el pas de ms crecimiento de visitan-tes a Panam en los ltimos cinco aos: de 19.494 en el ao 2005 pasaron a 197.785 en el 2009.

Diez veces ms. Raro en verdad. Lo que sigue ya no es raro sino alucinante.

Pero lo ms importante es la migracin de capi-tales para ser invertidos en ese pas, en este rengln Venezuela es el nmero 1. Solamente el ao pasado aprobaron 134 visas de inversionistas y les rechazaron 51; le siguen los estadounidenses con 73 aprobadas y 25 negadas y los colombianos con 45 aprobadas y 43 nega-das, seguramente porque sospechaban que eran dlares lavaditos.

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otros nuevos y no se descartan prximas detenciones por presuntas estafas inmobiliarias.

El 7 de diciembre, el Mandatario nacional entrega 212 crditos a familias vctimas de fraude inmobiliario para que puedan adquirir bienes y remodelar sus vi-viendas. Fue en un acto realizado en el Batalln Simn Bolvar, en Fuerte Tiuna. Cada familia recibir hasta 30 mil bolvares fuertes para el equipamiento de la casa que ser entregada en obra limpia. Explic Chvez que los beneficiarios podrn adquirir electrodomsticos en la Red de Abastos Bicentenario.

Se enferm apenas a tiempoNueve das despus, un reportaje firmado por Sandra

Izarra informa que segn el diputado Augusto Montiel durante las ltimas semanas los agraviados del Estado Carabobo se han abocado a organizarse y a mantener la presin para que los constructores no sigan ejerciendo extorsin y todo tipo de acciones irregulares e ilegales contra las familias. Por su parte, Mara Rivero, una de las personas perjudicadas por la Constructora Coyserca en la entidad carabobea, manifest que esa empresa prometi la entrega de las viviendas para el ao 2008 y estamos terminado el 2010 y hay muchas que ni siquie-ra las han construido.

Coyserca es la constructora de los urbanismos Mon-te Mayor, Terrazas de San Diego, Paso Real, Tejados de San Isidro y Portal de San Luis, y ha afectado a ms de 3 mil familias desde 2005. El caso del urbanismo Te-rrazas de San Diego es tremendo, son ms de 40 torres y hasta ahora van construidas slo 20, es decir, el 50%

del urbanismo. Tienen el descaro de decirnos que si acaso en tres aos las van a entregar o las terminaran, asegur Rivero. Destac que hasta el momento no han obtenido respuestas por parte de los representantes o accionistas de Coyserca, a pesar de las medidas aplica-das en el caso del urbanismo Monte Mayor, introducido ante el Ministerio Pblico. Acot que la constructora est edificando urbanismos en Panam, y que adems el representante legal de Coyserca quien es el mayor de cinco hermanos, todos accionistas de la empresa ya se fue del pas con la excusa de que est enfermo y debe cumplir un tratamiento.

Invertir ms que los Estados UnidosLa salud est por delante, por supuesto, pero las in-

versiones en Panam no se abandonaban. De ellas haba escrito detalles Eleazar Daz Rangel en enero o febrero de ese 2010 as:

Venezuela es el pas de ms crecimiento de visitan-tes a Panam en los ltimos cinco aos: de 19.494 en el ao 2005 pasaron a 197.785 en el 2009.

Diez veces ms. Raro en verdad. Lo que sigue ya no es raro sino alucinante.

Pero lo ms importante es la migracin de capi-tales para ser invertidos en ese pas, en este rengln Venezuela es el nmero 1. Solamente el ao pasado aprobaron 134 visas de inversionistas y les rechazaron 51; le siguen los estadounidenses con 73 aprobadas y 25 negadas y los colombianos con 45 aprobadas y 43 nega-das, seguramente porque sospechaban que eran dlares lavaditos.

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De esas 134 visas aprobadas a venezolanos, 48 fue-ron de inversionistas para macroempresas, 72 de pe-queas empresas y 14 en el rea forestal. Un funciona-rio panameo aclar al diario Capital que no aceptan ni capitales golondrinas ni los que sean producto de hechos ilcitos. De todas maneras, estos ltimos dla-res, procedentes casi todos de Colombia, son difciles de controlar. Millardos se han invertido en la construc-cin, y la cantidad de apartamentos vacos que existen nos explicaron que era por sospechas de su origen, vin-culado al narcotrfico.

Las estadsticas no revelan las respectivas cantida-des de dlares invertidos y, seguramente por su mag-nitud, no ser fcil ni imaginarlas. Cuntos habrn salido de Venezuela el ao pasado, llevados por esos 134 inversionistas? Fjense en la enorme diferencia entre los inversionistas venezolanos (134) y de quie-nes les siguen, los estadounidenses, con apenas 73. Se supone que son millones de dlares adquiridos en el mercado negro y recibidos de Cadivi. Y ahora uno debe preguntarse, cuntos de esos millones de dlares los invirtieron en construccin? Y cuntos eran pro-ducto de lo que ahora se revela con la gran estafa?.

El ltigo de la contrarrevolucinAlguna vez, en su programa Al Presidente, el presi-

dente Chvez ha citado una frase de Len Trostki: Para avanzar, la revolucin necesita el ltigo de la contra-rrevolucin. El manejo del problema de la vivienda en Venezuela parece ser una ilustracin triunfante de la mecnica as descrita. Endmico e injusto, el asun-

to estaba entre los listados programticamente por la Revolucin Bolivariana, pero tal vez hubiera esperado solucin por varios aos si no se hubiese producido la agresin que signific, para los ciudadanos pero tam-bin para el gobierno, la estafa inmobiliaria. No es di-fcil pensar que aceler la creacin de la Gran Misin Vivienda.

El diario El Universal del domingo 5 de diciembre de 2010 trae un artculo expresivo de nobles preocupacio-nes antiestatistas, se titula Construccin de viviendas bajo el control del Estado / Se imponen ms requisitos para las contrataciones pblicas, y hace una recapi-tulacin de las modificaciones de leyes que han incre-mentado el poder del Estado para enfrentar el reto de la vivienda y tambin de los incentivos creados para la inversin privada en el sector:

En 2008, el Estado decidi aumentar su partici-pacin en el proceso de construccin de solucio-nes habitacionales, y ese control ahora se ampla con la Ley de Emergencia para Terrenos Urba-nos y Vivienda. Aunque la propuesta, que est en revisin en la Asamblea, establece incentivos para fabricar casas al otorgar exoneraciones de tributos, tambin contempla mecanismos para acelerar las expropiaciones de terrenos as como de los medios que se usan en la construccin. Hace dos aos, el Ejecutivo realiz una reforma de la Ley del Rgimen Prestacional de Vivienda, en la cual declara de utilidad pblica los bienes y servicios que se utilizan en la planificacin del sector. Ese mismo ao asumi la produccin de

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De esas 134 visas aprobadas a venezolanos, 48 fue-ron de inversionistas para macroempresas, 72 de pe-queas empresas y 14 en el rea forestal. Un funciona-rio panameo aclar al diario Capital que no aceptan ni capitales golondrinas ni los que sean producto de hechos ilcitos. De todas maneras, estos ltimos dla-res, procedentes casi todos de Colombia, son difciles de controlar. Millardos se han invertido en la construc-cin, y la cantidad de apartamentos vacos que existen nos explicaron que era por sospechas de su origen, vin-culado al narcotrfico.

Las estadsticas no revelan las respectivas cantida-des de dlares invertidos y, seguramente por su mag-nitud, no ser fcil ni imaginarlas. Cuntos habrn salido de Venezuela el ao pasado, llevados por esos 134 inversionistas? Fjense en la enorme diferencia entre los inversionistas venezolanos (134) y de quie-nes les siguen, los estadounidenses, con apenas 73. Se supone que son millones de dlares adquiridos en el mercado negro y recibidos de Cadivi. Y ahora uno debe preguntarse, cuntos de esos millones de dlares los invirtieron en construccin? Y cuntos eran pro-ducto de lo que ahora se revela con la gran estafa?.

El ltigo de la contrarrevolucinAlguna vez, en su programa Al Presidente, el presi-

dente Chvez ha citado una frase de Len Trostki: Para avanzar, la revolucin necesita el ltigo de la contra-rrevolucin. El manejo del problema de la vivienda en Venezuela parece ser una ilustracin triunfante de la mecnica as descrita. Endmico e injusto, el asun-

to estaba entre los listados programticamente por la Revolucin Bolivariana, pero tal vez hubiera esperado solucin por varios aos si no se hubiese producido la agresin que signific, para los ciudadanos pero tam-bin para el gobierno, la estafa inmobiliaria. No es di-fcil pensar que aceler la creacin de la Gran Misin Vivienda.

El diario El Universal del domingo 5 de diciembre de 2010 trae un artculo expresivo de nobles preocupacio-nes antiestatistas, se titula Construccin de viviendas bajo el control del Estado / Se imponen ms requisitos para las contrataciones pblicas, y hace una recapi-tulacin de las modificaciones de leyes que han incre-mentado el poder del Estado para enfrentar el reto de la vivienda y tambin de los incentivos creados para la inversin privada en el sector:

En 2008, el Estado decidi aumentar su partici-pacin en el proceso de construccin de solucio-nes habitacionales, y ese control ahora se ampla con la Ley de Emergencia para Terrenos Urba-nos y Vivienda. Aunque la propuesta, que est en revisin en la Asamblea, establece incentivos para fabricar casas al otorgar exoneraciones de tributos, tambin contempla mecanismos para acelerar las expropiaciones de terrenos as como de los medios que se usan en la construccin. Hace dos aos, el Ejecutivo realiz una reforma de la Ley del Rgimen Prestacional de Vivienda, en la cual declara de utilidad pblica los bienes y servicios que se utilizan en la planificacin del sector. Ese mismo ao asumi la produccin de

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los insumos esenciales que se utilizan en la fabri-cacin de unidades habitacionales.

Pero ello no fue suficiente y bajo el argumento de acelerar la construccin de casas, en 2009 re-dact la Ley de Tierras Urbanas, que declara de uti-lidad pblica los terrenos urbanos ociosos y con-sidera que las tierras tienen funcin social. Este marco legal no solo regula las tierras en abandono por sus propietarios y aquellas que estn sin edifi-car, tambin permite al Ejecutivo Nacional ocupar cualquier espacio que considere conveniente.

Si bien esos dos marcos legales establecen re-gulaciones, el Gobierno va ms all y los construc-tores se enfrentan ahora a un cerco ms estrecho. En este ltimo trimestre, el primer mandatario ha insistido en sus discursos en que la produccin de casas la asume como un reto personal y por ello plante la creacin de un marco legal para el estmulo de la construccin de viviendas, pero ante la emergencia que se gener por las lluvias este mes, decidi cambiar el nombre de la ley.

As, la propuesta de Ley Emergencia incluye la creacin de zonas especiales para situacio-nes de emergencia y contempla procedimientos para la ocupacin de inmuebles y adquisicin de unidades por la va de la adjudicacin directa.

Sin embargo, esa emergencia se emplea para un mayor control en el proceso de produccin. El proyecto indica que el Estado puede declarar de utilidad pblica los terrenos ociosos y subu-tilizados as como los factores y medios para la

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