Cien días vistos por CINEP/PPP - Diciembre de 2012/ No 77

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Director Alejandro Angulo Novoa, S.J.

Comit EditorialLuis Guillermo Guerrero Guevara

Fernn Gonzlez Gonzlez, S.J.Martha Cecilia GarcaLaura Gonzlez Prez

Sergio Andrs CoronadoFernando SarmientoAna Mara Restrepo

Tefilo VsquezWilliam Rozo

Margareth Figueroa G.

Colaboran en este nmeroLuis Guillermo Guerrero Guevara

Fernn Gonzlez Gonzlez, S.J.Camilo Andrs Hernndez Barreto

Fernando Sarmiento SantanderJuan Pablo Guerrero Home

Sergio Andrs CoronadoAna Mara Restrepo

Martha Cecilia GarcaMara del Carmen Muoz

Andrs Yepes

Equipo EditorialLaura Gonzlez Prez

Margareth Figueroa G.

Diseo y edicin fotogrficaMargareth Figueroa Garzn

Impresol Ediciones Ltda.

PortadaConcepto creativo y copy:

Gonzalo WohlmeyerDiseo e ilustracin: Mario Urazan

Diagramacin Impresol Ediciones Ltda.

Centro de Investigacin y Educacin Popular/ Programa por la Paz(CINEP/PPP)Carrera 5 No. 33B-02Tel: [email protected] D.C., ColombiaDiciembre 2012 Febrero 2013ISSN: 0121-3385

EditorialDe La Habana viene un barco cargado de ........................................ 4Por Luis Guillermo Guerrero Guevara

PazHorizontes de paz? ........................................................................... 6 Por Fernn Gonzlez Gonzlez, S.J.

Proceso de paz Gobierno-Farc en perspectiva histrica ..................... 11 Por Camilo Andrs Hernndez Barreto

Cambio de posiciones: los actores incidentes en el proceso de paz ......................................................... 17Por Fernando Sarmiento Santander

Mirar al Cagun para pensar en Cuba ................................................ 23Entrevista al historiador Herbert Tico Braun

Del rumor a la instalacin de la mesa: una mirada a las editoriales y los espacios de comentarios en la bsqueda de la paz .......................................... 26Por Andrs Yepes

TierrasLa tierra y el desarrollo rural: ms all de la encrucijada de la paz ................................................... 31Por Sergio Coronado Delgado

Declaracin de Cartagena:Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra ................................... 36Declaracin del Foro de la Tierra Amrica Latina y el Caribe 2012

Las pavas de los campesinos .............................................................. 39Por Equipo Incidencia y Comunicacin CINEP/PPP

Regiones

Obstculos que impiden el fin del conflicto en el Choc .................... 42Por Juan Pablo Guerrero Home

Colombianizar a toda costa o ser raizal allende los mares ............................................................. 48Por Martha Cecilia Garca

Con la reeleccin de Chvez, ganamos o perdimos en la frontera colombo-venezolana? ............................... 56Por Mara del Carmen Muoz

Movimientos socialesPaz y la agenda social? ...................................................................... 58Por Ana Mara Restrepo y Martha Cecilia Garca

Contenido

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No. 77 | Diciembre - Febrero 2013

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Alfredo Vargas Mucia, Mara Anglica Sandoval, Claudia Enith Quintero y Diane Oviedo Estudiantes, Investigadores y Ambientalistas

Venessa Cern, Juan Manuel Garca y

Johanna Daz

Piezas ganadoras en Publicidad DeVida 2012

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De La Habana viene un barco cargado de

necesita recorrer la sociedad colom-biana para construir la paz.

En segundo lugar, la delimitacin del proceso de La Habana la marca la agenda que establecieron las partes en el Acuerdo general para la termi-nacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera, firma-do el mircoles 29 de agosto de 2012. Son cinco temas para discutir: Polti-ca de desarrollo agrario integral. Pa r t i c i p a c i n poltica. Fin del conflicto. Solu-cin al problema de las drogas il-citas. Situacin de las Vctimas del conflicto ar-mado.

Es una agen-da, que, compa-rada con la del Cagun hace 14 aos, aparece mucho ms acotada, ms realista y responde tanto a las ne-cesidades de los actores que dialogan en esta primera fase del proceso, como a otros actores que en su momento de-bern entrar en el camino de la cons-truccin de la paz.

En tercer lugar, se debe tener en cuenta que, si bien el Gobierno y las

Farc-EP han mostrado tener voluntad poltica para llegar a acuerdos, eso no basta para acunar esa paz, sino que se necesitan, adems, condiciones so-ciales, econmicas y polticas que no

dependen de ellos y para las cuales existe un alto d-ficit, que puede llegar a ser uno de los mayores obstculos.

En cuarto lu-gar, como dice el profesor Alejo Vargas, necesita-mos desmitificar algunas ideas que existen alrededor de las negocia-

ciones. No se puede suponer que las guerrillas, debido a su debilitamiento militar y aislamiento poltico, estaran dispuestas a negociar su rpida des-movilizacin. Nada ms lejos de la realidad. En eso las palabras de Ivn Mrquez fueron claras en su discurso de Oslo: tanto el Gobierno como las Farc-Ep tienen posiciones fuertes y

Editorial

Despus de 50 aos de conflicto arma-do, tres generacio-nes de colombia-nos y colombianas desearan decir a todo pulmn: De

La Habana viene un barco cargado de PAZ

Sin embargo, en esta coyuntura, los resultados del dilogo son inciertos. Nadie se arriesga a expresar cules po-drn ser sus efectos y consecuencias finales. Existen posiciones diversas frente al proceso. Algunos plantean un moderado optimismo, otros sectores estn esperando el fracaso para arre-meter con nuevos llamados guerreris-tas, mientras que algunos hablan de ir midiendo cada paso en medio de las incertidumbres para dejar que el mis-mo proceso se vaya autoconstruyendo.

Pero, cul es el contenido de la paz que se est conversando entre el Go-bierno y las Farc-EP? Y, de otra parte, qu estamos entendiendo en el pas por la paz sobre la que se est dialo-gando en La Habana? Plantearse estas preguntas permitira comprender los alcances y darle una dimensin razo-nable a la paz que se perfila en la isla caribe.

Una primera consideracin es que, sin duda alguna, el dilogo entre el Gobierno y las FARC-EP es un factor necesario y determinante para la solu-cin del conflicto, pero esto no quiere decir que agote todo el proceso que

Cul es el contenido de la paz que se est conversando entre el Gobierno y las Farc-EP? Y, de otra parte, qu estamos entendiendo en el pas por la paz sobre la que se est dialogando en la Habana? Plantearse estas preguntas permitira comprender los alcances y darle una dimensin razonable a la paz que se perfila en la isla caribe.

Por Luis Guillermo Guerrero Guevara*


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conocen sus l-mites. La Paz no es un discurso ni una mercanca que se compra y se vende; es, sobre todo, un proceso que re-quiere imagina-cin, paciencia, reconocimiento mutuo y renun-cia a posiciones polarizadas para llegar a consen-sos donde ambas partes cedan algo por el mayor bien de toda la colectividad.De otra mane-ra, no sera un dilogo para construir acuerdos de paz, sino, por el contrario, una capitulacin de las Farc-EP, o del Gobierno. Y ambas son una quimera, porque la guerrilla no se siente derro-tada y el Gobierno se siente vencedor.

La paz tampoco ser producto de una negociacin corta, o como dicen las Farc-EP, de una paz exprs. Si bien el proceso no puede ser indefi-nido, ni se pueden establecer tiempos judiciales, las conversaciones deben tener resultados en un perodo razona-ble. Si no se van dando esos resultados substanciales paso a paso y si la opi-nin pblica no los va reconociendo en su imaginario de paz, el proceso va a caer en el agujero negro de la ilegi-timidad y la incredulidad, lo que sera nefasto para el dilogo.

Se especula con las posiciones du-ras, militaristas, y otras blandas, de tinte ms poltico, en los negociadores de la guerrilla. Esta apreciacin tiene rasgos de ficcin. Las Farc-EP es una organizacin jerrquica, con lnea de mando clara y cohesionada en sus po-siciones de cpula en lo sustancial; por lo tanto, sus negociadores van a actuar en consecuencia con este es-quema organizacional. Esto mismo suceder, guardadas las debidas pro-porciones, con los representantes del gobierno, de los empresarios y, ms an, con los dos generales del Ejrci-to y de la Polica que estn sentados en la mesa. Existe entonces, en las

partes, unidad de pensamiento alrededor de las tesis que cada lado va a defen-der. La cohesin al interior de los equipos est ase-gurada, lo que poltica y meto-do lg i camen te puede facilitar el dilogo.

En quinto y ltimo lugar, la paz necesita ser

construida entre todos, pero cada uno de los actores debe prestar su cola-boracin y su servicio pertinente en el momento oportuno. Es irreal creer que la paz se pueda construir sin participacin social, pero tambin es improcedente postular que todos los actores llenen la mesa en esta prime-ra fase de la construccin de acuerdos polticos, donde el gobierno y las Farc-Ep deben abrir la puerta del dilogo de paz, construir acuerdos y crear las condiciones para honrarlos. A la sociedad civil en toda su amplitud, as como al Congre-so de la Repbli-ca, les espera ms temprano que tar-de, si se firma algn acuerdo, un gran trabajo en el diseo y la realizacin de procesos, mecanismos y condicio-nes para la construccin de la paz.

En esta perspectiva, la incidencia de la sociedad civil en la primera fase del dilogo debe ser activa, pero limitada a los escenarios de consulta entre diferen-tes sectores sociales y con anlisis pro-fundos; de igual manera se les debe dar reconocida importancia a los canales ins-titucionales a travs de los cuales estos sectores se pronuncien. De esta forma, en la mesa de La Habana, es pertinente que el Gobierno y las Farc-EP sean los prota-

gonistas para construir lo que les corres-ponde y con la responsabilidad histrica que esto implica. Ahora, como el proceso de conversaciones no es a espaldas ni a escondidas del pas, los colombianos nos debemos enterar sobre los resultados de esta fase del proceso por los canales ofi-ciales definidos por las partes, y no por el show meditico nacional e internacional en lo cual los medios de comunicacin tendrn que actuar con responsabilidad y cautela.

Este nmero de la revista Cien das Vistos por CINEP/PPP, presenta una se-rie de artculos que se ocupan de esta coyuntura inicial de los dilogos desde diferentes percepciones. Algunas de ellas privilegian la mirada histrica es-tructural, haciendo un recorrido por los procesos de paz, las lecciones en ellos aprendidas y las posibilidades actuales. Otras se acercan a temticas particulares de la misma agenda de dilogo como el desarrollo rural y agrario, mientras que algunos artculos presentan cmo se

percibe el proce-so desde los terri-torios regionales como el Choc o la frontera colombo-venezolana. Igual-mente se trae a co-lacin cmo desde el espectro de alianzas de organi-zaciones sociales se est desplegan-do un abanico de reivindicaciones y

propuestas que se conjugan en el actual contexto de dilogo de paz.

Coincidimos con aquellos que bus-can, en medio de esta oportunidad histrica, que de La Habana venga un barco cargado de una paz con acuer-dos sustanciales, en el horizonte de la justicia y la equidad social, con com-promisos claros y profundos valores ticos. No creemos en la guerra como mediacin de la poltica, pero tampo-co creemos en que solo acallar los fu-siles sea la verdadera paz.

Si bien el proceso no puede ser inde-finido, ni se pueden establecer tiempos judiciales, las conversaciones deben tener resultados en un perodo razo-nable. Si no se van dando esos resul-tados substanciales paso a paso y si la opinin pblica no los va reconociendo en su imaginario de paz, el proceso va a caer en el agujero negro de la ilegi-timidad y la incredulidad, lo que sera nefasto para el dilogo.

La paz tampoco ser producto de una negociacin corta, o como dicen las Farc-EP, de una paz exprs. Si bien el proceso no puede ser indefinido, ni se pueden establecer tiempos judicia-les, las conversaciones deben tener re-sultados en un perodo razonable.

* Luis Guillermo Guerrero Guevara: Director General del CINEP/ Programa por la Paz.

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Horizontes de Paz?

resolucin de los conflictos estructurales del pas. Distinguir estos dos niveles, in-dicara la importancia de abordar tambin los conflictos sociales que podran quedar ocultos por la negociacin centrada en el fin de la guerra.

En el fondo, estos dos momentos co-rresponden a dos maneras de concebir la paz: una, negativa, el mero fin de los enfrentamientos armados; otra, positiva, que implicara transformaciones estruc-turales encaminadas a la solucin de los conflictos sociales, econmicos y polti-cos vinculados al conflicto. O sea, que es necesa-rio distinguir los retos de la cons-truccin de paz en la negociacin (Peacemaking) de los desafos de la construccin de paz en el postcon-flicto (Peacebuil-ding). Los prime-ros tienen que ver con la negociacin horizontal con las partes enfrentadas pero tambin con las negociaciones indirectas con la opinin pblica en general, espe-cialmente con las facciones internas que pueden oponerse a las negociaciones ho-rizontales tanto dentro de los grupos ar-mados como en la sociedad en general. Y los segundos se refieren a temas ms am-plios como las reformas polticas necesa-rias para la ampliacin de la democracia, los mecanismos de desarme, desmovili-zacin, reinsercin o reintegracin de los actores armados, las reformas necesarias

de la seguridad ciudadana, los mecanis-mos de justicia transicional para vctimas y victimarios, la recuperacin psicosocial de los afectados y el desarrollo econmico y social de las regiones afectadas por el conflicto.

Por eso, hay que partir del hecho de que, si bien la actual negociacin de paz no puede solucionar todos los proble-mas pendientes del pas, como parecen creer las Farc-EP y otros grupos, si puede centrarse en la terminacin del conflicto y en la creacin de condiciones que per-

mitan abordar los problemas estruc-turales que sub-yacen al mismo. En ese sentido, y teniendo en cuen-ta las experiencias de negociaciones anteriores, es pre-ciso evitar asig-narle a este nuevo proceso, las de-mandas de todos los actores socia-les, reconociendo

el alcance limitado pero igualmente ur-gente y legtimo del mismo. Tambin es necesario mantener abiertos mltiples canales y espacios de encuentro, reco-nociendo las diversas agendas en juego.

Caractersticas relevantes del actual proceso de negociacin

Hay que empezar por sealar los rasgos del actual proceso, que lo diferencian de otros intentos anteriores, como el cambio de los contextos nacional e internacional y

Presentacin de Fernn Gonzlez en el encuentro con las copartes de CAFOD1, a partir de los dilogos previos internos del CINEP/PPP2.

Anotaciones previas

En primer lugar, quiero empezar por sealar que el actual proceso de dilogos entre las FARC y el gobierno nacional constitu-ye una excelente estructura de opor-

tunidades para las iniciativas regionales de paz y desarrollo porque, como hemos sealado en repetidas ocasiones, el con-flicto armado colombiano registra impor-tantes diferencias segn las regiones y los diferentes perodos. Esto hace necesario que la paz se construya DESDE LAS RE-GIONES, ya que el conflicto tiene esen-cialmente caractersticas regionales.

En segundo lugar, conviene recordar que el actual proceso de negociacin de la paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc-EP es una parte del proceso comple-jo y estructural que implica la construc-cin de una paz sostenible y duradera en Colombia, que tiene que ver con la manera como se ha venido construyendo el Estado y la Sociedad de Colombia a lo largo del tiempo. Por eso, el pas tiene que aprender a moverse en un proceso lento, gradual y conflictivo, con avances y retrocesos, sin esperar una solucin defi-nitiva de los problemas, lograda de la no-che a la maana. En este sentido, se de-ben reconocer al menos, dos momentos: uno es el actual proceso de negociacin, encaminado a poner fin al enfrentamiento armado con las Farc; y otro el proceso ms profundo de reconstruccin del pas, que va ms all de la agenda definida entre la Farc-EP y el gobierno, lo que implica el desarrollo de las agendas sociales para la

Si bien, la actual negociacin de paz no puede solucionar todos los proble-mas pendientes del pas, como parecen creer las Farc-EP y otros grupos, si pue-de centrarse en la terminacin del con-flicto y en la creacin de condiciones que permitan abordar los problemas estructurales que subyacen al mismo.

Por Fernan Gonzalez, S.J.

Por Sergio Coronado Delgado*


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la situacin militar de las FARC, que pue-den significar una coyuntura ms favora-ble para las negociaciones. Pero tambin las continuidades con los momentos an-teriores, que pueden obstaculizar el xito del proceso. De todos modos, se observa que la actual propuesta refleja algunos aprendizajes de los fracasos de procesos anteriores.

En primer lugar, habra que sealar el cambio de la coyuntura poltica nacio-nal, representada en la distincin entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, caracterizada por el reconocimiento de Santos de la existencia de un conflicto interno, con races sociales vinculadas al problema agrario nunca resuelto, frente a la reduccin que Uribe haca del problema a un ataque de la narcoguerrilla contra un gobierno plenamente legtimo, centrado en motivaciones meramente econmicas, totalmente desvinculado de ideologas po-lticas y sociales. Este contraste represen-ta, adems, una concepcin distinta de la Poltica, concebida por Uribe como el combate entre el Mal y el Bien absolutos, sin posibilidad de dilogo, frente a una idea de la Poltica como la construccin colectiva del orden social mediante el di-logo entre adversarios, que son enemigos relativos y no absolutos.

A esta diferente concepcin del con-flicto y de la Poltica, hay que aadir el contexto internacional ms favorable: la mirada desde la perspectiva de la Guerra fra, que caracterizaba a los enfrentamien-tos de los presidentes Bush y Uribe con los presidentes Chvez, Evo Morales y Fi-del Castro, ha sido reemplazada por un enfoque ms pragmtico de los presiden-tes Obama y Santos, que ha significado un manejo distinto de las relaciones con las naciones fronterizas de Colombia y un acercamiento de Colombia a las otras naciones latinoamericanas. A esto habra que aadir la renuncia de ETA a la lucha armada en Espaa y al apoyo irrestricto de Fidel Castro a la distensin entre Co-lombia y Venezuela, que tambin signifi-ca la solucin de los problemas internos que representa el conflicto colombiano para los pases fronterizos como Ecuador, Venezuela y Panam.

Otra de las ventajas del actual momento es la agenda acordada para los temas de

las conversaciones, pues su carcter aco-tado y realista, junto con el enfoque de cor-te ms reformista, cercano a las propuestas de los sectores progresistas de los partidos, y el tono discreto con que se manejaron las negociaciones previas, permiten un cierto optimismo. Algunos autores como Jorge Ivn Gonzlez sealaban que las propues-tas de las Farc no eran ya comunistas sino propias del refor-mismo de un libe-ralismo radical, de corte social dem-crata.

Obviamente, las negociaciones se ven fortalecidas por el evidente debilitamiento poltico y militar de las Farc, cau-sado por la ofen-siva de las fuerzas gubernamentales de seguridad, que las ha obligado a replegarse hacia sus zonas tradicionales de refugio y hacia las zonas de frontera con otras naciones. A pesar de que este grupo no reconoce este debilitamiento en sus discursos, es claro que no llegue hoy a la mesa con la ventaja que tuvieron en el proceso del Cagun. Esta condicin ten-

dr un lugar muy relevante para el dilogo pues, aunque las Farc-EP no estn derro-tadas, es evidente que antecedentes como la persecucin emprendida por el gobier-no de Alvaro Uribe, pusieron el conflicto armado en otros trminos y representaron un cambio en la correlacin de fuerzas, circunstancia que lleva a que las Farc lle-guen a la mesa de negociacin tambin en

otros trminos. Sin embargo,

no se encuentra correspondencia entre esta con-dicin actual y cambios signi-ficativos en sus concepciones po-lticas y sus pro-nunciamientos pblicos. No pare-ce que las Farc ha-yan abandonado su consideracin de las negocia-ciones como una

estrategia para compensar su dficit de legitimidad y su falta de proyeccin po-ltica. Los discursos y presentaciones p-blicas tanto en Oslo como en ocasiones posteriores no han mostrado cambios significativos de su lenguaje poltico y su tono triunfalista.

Otra de las ventajas del actual mo-mento es la agenda acordada para los temas de las conversaciones, pues su carcter acotado y realista, junto con el enfoque de corte ms reformista, cer-cano a las propuestas de los sectores progresistas de los partidos, y el tono discreto con que se manejaron las ne-gociaciones previas, permiten un cierto optimismo.

La distincin entre el presidente Santos y el expresidente Uribe respecto del reconocimiento de la exis-tencia de un conflicto interno, con races sociales vinculadas al problema agrario, representa el cambio de la coyuntura poltica nacional.

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Pero tampoco aparece ninguna trans-formacin de las subjetividades por parte de los funcionarios del gobierno, que si-guen adoptando el mismo lenguaje gue-rrerista y descalificador de la guerrilla del gobierno anterior. Por otra parte, el mismo presidente Santos parece perma-

necer amarrado a las vicisitudes de la co-yuntura poltica de su eventual reeleccin. En la negociacin ha dado muestras de estar jugando simultneamente las cartas del xito y del fracaso: si tiene xito, se justificara su reeleccin para consolidar la consiguiente reconstruccin del pas; pero si fracasa, su reeleccin tambin se justificara por la necesidad de darle el golpe definitivo a la guerrilla recogiendo su acumulado como ministro de defensa.

O sea, que, en este sentido se hace cla-ro que el proceso, como se encuentra en estos momentos, est ligado a los vaive-

nes de la poltica, caracterstica que puede hacerlo frgil si no se avanza, tras el cese del enfrentamiento blico, en temas socia-les, polticos, culturales, econmicos que atiendan demandas de distintos sectores sociales y reconozcan sus diferencias de clase, etnia, gnero, edad, orientacin se-xual, creencia religiosa y otras diferencias que sean determinantes para los grupos sociales.

Otra caracterstica relevante del proce-so, es la participacin de nuevos actores, como los militares y los empresarios, en la mesa de negociacin. Esta situacin es una oportunidad que requiere ser com-prendida por la sociedad civil, los diver-sos estamentos e instituciones de la socie-dad y los actores en conflicto, de manera amplia y despolarizada. En ese sentido, el proceso puede ser una ocasin para que, en una segunda etapa despus de la ne-gociacin, los movimientos sociales (el sindicalismo, los movimientos feministas y de mujeres, organizaciones campesinas y tnicas, asociaciones de vctimas, entre otros) sean tenidos en cuenta como acto-res relevantes, as como organizaciones socio-polticas de reciente constitucin. Ellas pueden ofrecer un espacio para lle-var los acuerdos entre las cpulas a los escenarios sociales, nacionales y regiona-les, para que puedan ser apropiados y lle-nados de contenido por la gente.

Esta movilizacin social podra llevar el proceso ms all de los lmites de las pro-puestas oficiales, pues permitira incluir sus demandas y propuestas aplazadas histricamente por el conflicto social y ar-

mado. As mismo, podran aprovecharse los cambios de nfasis de las Farc, ms centradas hoy en el influjo sobre la movi-lizacin social de las poblaciones y menos sobre el control del territorio, indicaran algn cambio de actitud en este sentido.

De esta manera, promover que nuevos actores hagan parte de la reflexin y dis-cusin, posibilita ganancias en trminos de legitimidad y sostenibilidad, y tambin, evidencia tanto las complejidades en la construccin de paz como la condicin de que para llegar a ella se requiere del con-curso de la sociedad en su conjunto. Espe-cialmente, por la resistencia que encuen-tran, en amplios sectores de la sociedad civil, algunas propuestas concretas que se desprenderan de un eventual acuerdo de paz con las Farc. Se observa as un evi-dente contraste entre el apoyo casi general al proceso de paz entre la poblacin con el desacuerdo con mecanismos concretos que garantizaran la participacin poltica de guerrilleros y la aplicacin selectiva de mecanismos de justicia transicional. Es obvio que el lenguaje de la mayor parte de los medios de comunicacin, los l-deres polticos y gremiales, e incluso de miembros de la jerarqua catlica se sigue moviendo dentro de la polarizacin ami-go/enemigo y la descalificacin de los ac-tores armados. En este sentido, una labor importante de las organizaciones sociales e iniciativas de paz sera contribuir a des-armar los espritus con una lectura des-polarizante del conflicto que procurara ir creando una cultura de paz.

Sin embargo, las posibilidades de una eventual desmovilizacin de las Farc-EP presentaran una perspectiva algo optimis-ta, en contraste con otros procesos como el de la negociacin con los grupos paramili-tares, cuya descomposicin y reestructura-cin se ha hecho evidente en las llamadas BAcrim. Se cree que difcilmente producir fenmenos semejantes a la descomposi-cin de las AUC, pues el origen rural de la mayora de los miembros de las Farc-EP, muy diferentes de los jvenes semiurbanos y de poblaciones medianas de la AUC, los hacen menos susceptibles a la fragmenta-cin. Esto reforzado por una mayor iden-tidad y cohesin interna de los guerrille-ros, as como una mayor disciplina en su estructura militar y poltica. Sin embargo,

Otra caracterstica relevante del proceso, es la participacin de nuevos actores, como los militares y los em-presarios, en la mesa de negociacin. Esta situacin es una oportunidad que requiere ser comprendida por la so-ciedad civil, los diversos estamentos e instituciones de la sociedad y los acto-res en conflicto, de manera amplia y despolarizada.

Delegados del Gobierno y las Farc durante la instalacin de la mesa de conversaciones para la terminacin del conflicto en Oslo, Noruega, el pasado 18 de ocubre.

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es necesario trabajar y estar atentos para prevenir los eventuales efectos de frag-mentacin y descomposicin de algunos frentes, especialmente los ms vinculados al circuito cocalero en su integridad, y que se diferencian de los campesinos colonos de las zonas tradicionalmente controlados por las Farc-EP, quienes podran aceptar las medidas disciplinarias de sus coman-dantes, sobre todo, si van acompaadas de programas estatales de desarrollo rural integral.

Problemas, limitaciones y retos del actual proceso

Ms all de este balance de pros y con-tras del actual proceso, hay que ser cons-cientes de que la promocin de las loco-motoras de los planes de desarrollo de Santos tendrn que ser repensadas frente a los temas de la agenda de negociacin. La locomotora minero-energtica y sus ya denunciadas distancias con la loco-motora agrcola que pone en el centro el desarrollo rural, requerirn revisiones y replanteamientos.

Tambin se considera central el abor-daje del tema de las vctimas pero no slo de las vctimas de las Farc-EP, sino igualmente a las dems vctimas de otros actores y conflictos sociales, quienes tambin son protagonistas en la construccin de condiciones para la paz. Al respecto se sealan como ne-gativos algunos procesos legales y li-derazgos de organizaciones sociales que tratan el tema de las vctimas con

cierta despolitiza-cin del dolor y la esencializacin u ontologizacin de la categora de vctimas y cuyo resultado puede ser la revictimi-zacin, pues son llevadas a adoptar una actitud men-dicante y a mini-mizar su capaci-dad de agencia. En las actuales circunstancias, el abordaje dife-renciado de las vctimas concepto inexplorado en las prcticas pese a tener marcos claros en las teoras ha respondido ms a los vaivenes de intereses polticos que a la perspectiva de derechos para la repara-cin. En Colombia hoy, existen vctimas de primera y segunda categora. Ese abordaje, segn las agendas prioritarias de las instituciones polticas para aco-gerse a la negociacin, debe ser definido y manejado con la mayor equidad, ri-gurosidad y transparencia, Se esperara que la actual coyuntura produjera un gran auge de la movilizacin y reconoci-miento social de las vctimas, lo que im-plica un abordaje institucional integral para evitar que se frustren las expectati-vas exageradas que puede generar, para algunas interpretaciones, la propuesta de negociacin.

Obviamente, los temas del narcotr-fico y narcocultivo requerirn tambin aproximaciones ms rigurosas tanto desde las polticas del Estado como desde las actuacio-nes de la sociedad civil y la comuni-dad internacional. Este negocio de alta demanda para las llamadas Ban-das Criminales y los narcos, podr significar el esco-

llo ms dramtico para la superacin del conflicto armado, pues, aunque las Farc-EP abandonen sus prcticas asociadas a este negocio, dichos espacios sern ocupados por otros actores insertos en la economa de las drogas. El problema puede estar en las nuevas zonas del narcotrfico; algunas de stas se integrarn al proceso, otras no. Incluso la violencia se puede aumentar. Al parecer, el gobierno est alentando desde arriba, la legalizacin o polticas regulato-rias ms asociadas a la reduccin del dao, pero no es una discusin fcil de cara a la comunidad internacional y las posturas de sectores sociales radicales en este tema.

Se seala como otro elemento crtico la relacin de la cpula de las FARC con los diferentes frentes de sus filas, que no parece ser del todo uniforme, por-que se han detectado algunas posiciones cercanas o lejanas de los frentes hacia la cpula, sobre los temas de la agenda de negociacin. Asuntos como las diferen-cias de incentivos, entre mandos altos, medios y las bases de los militantes ra-sos parecen de suma importancia, pues, entre ellos, hay algunos ms polticos que se sumarn a la paz, pero hay otros ms relacionados con la economa de la coca, que querrn permanecer en el ne-gocio si lo que reciben a cambio en la negociacin est centrado en subsidios y oportunidades entregadas mediante una estructura burocrtica casi imposible de sortear y en una lgica desconectada del origen semirrural de casi todos los miem-bros de las Farc-EP.

Es necesario trabajar y estar atentos para prevenir los eventuales efectos de fragmentacin y descomposicin de al-gunos frentes, especialmente, los ms vinculados al circuito cocalero en su integridad, y que se diferencian de los campesinos colonos de las zonas tradi-cionalmente controlados por las Farc-EP, quienes podran aceptar las medi-das disciplinarias de sus comandantes, sobre todo, si van acompaadas de programas estatales de desarrollo rural integral.

Es fundamental el abordaje del tema de las vctimas pero no slo de las vctimas de las Farc-EP, sino igualmente a las dems vctimas de otros actores y conflictos sociales, quienes tambin son protago-nistas en la construccin de condiciones para la paz.

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Adems, los eventuales acuerdos a que llegue la cpula de las Farc-EP con el gobierno se enfrentan con el reto de co-nectar estas decisiones con los poderes locales y regionales para afrontar temas como la propiedad, uso y produccin de la tierra, la participacin poltica, los nar-cocultivos, los poderes armados, la inser-cin social. Esto implicar identificar las maneras en que los acuerdos de la nego-ciacin nacional pueden abrirse paso para el dilogo con las diversas agendas y rea-lidades de los actores regionales.

Lo anterior tambin pone en evidencia la diversidad de las actuaciones y prio-ridades de la guerrilla en las distintas regiones donde opera. As, por ejemplo, en las regiones perifricas de colonizacin campesina y de frontera agraria an en expansin, las Farc-EP jugaron un papel determinante en su organizacin social y el respaldo a los colonos cocaleros, lo que les hizo lograr cierta base social im-portante, por tanto, es probable que esas regiones un intento de desmovilizacin de las FARC-EP, con un plan de desarrollo integral, sea exitoso. Muy distinta ser la situacin para las regiones donde las Farc-EP han tenido una insercin reciente y vinculada de manera ms integral a todo el circuito de la economa cocalera y de relaciones con los grandes narcotrafican-tes y otros grupos armados ilegales. All se corre el riesgo de una fragmentacin y bandolerizacin de algunos sectores. Tambin ser distinta la situacin de al-gunos frentes, ubicados en zonas vecinas a haciendas latifundistas, cultivos agroin-dustriales o grandes explotaciones mine-ras o energticas, donde la vida poltica sigue bajo el control de gamonales tradi-cionales, polticos de vieja data, empresas con alta influencia en la vida de los terri-torios y nuevos poderes locales surgidos en el actual conflicto.

Por tanto, uno de los retos determinan-te y condicionante de la paz es compren-der la necesidad de buscar salidas al conflicto y a las propuestas de construc-cin de paz desde un enfoque regional y socialmente diferenciado. Sin lugar a dudas, el actual proceso de negociacin exige una mirada diferenciada del con-flicto que reconozca las particularidades regionales, sociales, culturales, las din-

micas econmicas y polticas que en cada una de ellas tienen lugar, los liderazgos presentes, los intereses en conflicto. Todo esto, implica acciones igualmente diferen-ciales en procura de una paz sostenible y duradera.

En ese sentido, la experiencia de las iniciativas regionales que ya estn sien-do realizadas por diversos actores de las regiones, como el caso de los Programas de Desarrollo y Paz, entre otros, permite tener referentes regionales en marcha y aprender que, para construir la paz, se re-quiere tanto la voluntad decidida de los diversos actores como la generacin de nuevas condiciones polticas y sociales en los territorios. El actual proceso de paz parece disponer ms de voluntad que de condiciones. Este es un claro reto para las regiones y para el pas.

Para ir creando esas condiciones ser fundamental trabajar y avanzar en la despolarizacin de las miradas mu-tuas de los actores implicados. Aqu las sociedades regionales y la nacin en su conjunto se enfrentan al llamado de abrir sus posturas frente a la idea fija que se tiene del otro como enemigo. Imaginarios polarizados que obstaculi-zan la resolucin de los conflictos y di-ficultan la creacin de alternativas para la construccin de la paz. De otra parte, algunos sectores sociales quieren la paz en abstracto, sin cambios, sin que im-

plique transformaciones fiscales y eco-nmicas, sin grandes modificaciones en la propiedad, uso y explotacin de los recursos, sin polticas sociales educati-vas y sociales que impliquen inversio-nes estructurales.

Un cambio en las subjetividades y mi-radas nuevas del otro permitir avanzar. Nos enfrentamos al reto de favorecer el dilogo social que ayude a la despolariza-cin, especialmente en las regiones donde hay conflicto entre frentes guerrilleros, bandas criminales y los poderes de he-cho existentes en regiones y localidades. Si no se crean mecanismos de despolari-zacin y de superacin de los estereotipos mutuamente excluyentes, un acuerdo ex-clusivamente entre las cpulas nacionales de ambos lados, llevara a una redicin del genocidio como el que se vivi con la Unin Patritica. Sin embargo, se opina que la coyuntura internacional y nacional son hoy muy diferentes de lo que fueron entonces: tal vez la opinin pblica no permitira HOY que un proceso de esos alcances se llevara a cabo.

Notas

1 CAFOD, por sus siglas en ingls (Catholic Agency For Overseas Development).2 Publicado el 30 de octubre de 2012.

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Proceso de paz Gobierno-Farc en perspectiva histrica

L os actuales dilo-gos que se adelan-tan entre las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos repre-sentan una oportuni-dad innegable para avanzar hacia la fi-

nalizacin del conflicto armado. Aunque hay optimismo moderado tambin son muchos los escpticos frente a un final exitoso del proceso: recuerdan los fra-casos del pasado. Sin embargo, cuando se miran los anteriores intentos de nego-ciacin con esta guerrilla tambin varios aprendizajes, que ayudan a superar el simplismo de que con las Farc no se pue-de negociar porque no tienen voluntad poltica, o porque son narcotraficantes sin ideales polticos.

Desde 1982 las negociaciones se han adelantado en un contexto en el que la confrontacin armada aument rpida-mente no solo por la incursin del nar-cotrfico en todos los niveles de la so-ciedad, o por la expansin militar de las guerrillas, sino tambin por la frrea opo-sicin que distintos sectores de las lites nacionales y regionales (tradicionales y narcotraficantes), sectores de las Fuerzas Militares y de los partidos polticos hicie-ron a las negociaciones en particular y, en general, al proceso de apertura demo-crtica que se intent en los aos 80.

Mediante la promocin de grupos de autodefensas y paramilitares se extermin a sectores de la oposicin de izquierda, y an hoy no se ha logrado la incorpo-

racin poltica de varios sectores sociales entre los que se incluyen las guerrillas. Igualmente, ningn Gobierno ha logrado consolidar el apoyo de los sectores ms reaccionarios a las negociaciones permi-tiendo que se convirtieran en parte de la estrategia para el debilitamiento militar y poltico del grupo insurgente, con la es-peranza de llevarlo a la desmovilizacin.

Entre 1982 y 2010 las Farc realizaron tres conferencias; VII (1982), VIII (1993) y IX (2007) en donde replantearon pun-tos importantes de su estrategia de gue-rra y reorganizaron su propuesta de paz. Pero a lo largo de los aos noventa las negociaciones paulatinamente se volvie-

ron funcionales a su estrategia poltico-militar y a la correlacin de fuerzas con el Estado, esto en particular se hizo evi-dente durante el despeje del Cagun a donde llegaron con fortaleza militar olvi-dando fortalecerse polticamente. Ante la arremetida de las AUC y quiz el silencio por parte del Estado esta guerrilla perdi su aparente ventaja militar supliendo tal asimetra mediante actos de terrorismo y una convergencia cada vez mayor de varios de sus frentes con el narcotrfico.

Durante el gobierno de Belisario Be-tancur (1982-1986), la propuesta de negociacin coincide con la realizacin de la VII Conferencia en la que las Farc

Por Camilo Andrs Hernndez Barreto*

Durante el despeje del Cagun se hizo evidente la estrategia militar de las Farc y la correlacin de fuerzas con el Estado.

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Recorrido histrico y aprendizajes de anteriores intentos de negociacin entre el gobierno colombiano y las Farc.

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formulan su Plan Estratgico Poltico Mi-litar que define la lnea de crecimiento y acumulado de la organizacin en una perspectiva de toma del poder () me-diante la creacin definitiva de un ejrcito revolucionario () y el desarrollo de una diplomacia internacional de apoyo a la lucha revolucionaria (Medina, 2009, p. 157-158). En la conferencia se establecen los criterios para la Salida Poltica al Con-flicto Social y Armado, que fueron pasan-do a un segundo plano debido a la des-confianza que gener en la organizacin el genocidio de la Unin Patritica.

El Gobierno adopta una poltica de paz que incluy la amnista (Ley 35 de 1982), la reforma constitucional que permiti la eleccin de alcaldes mediante el voto po-pular y la creacin del Plan Nacional de Rehabilitacin para las zonas ms afecta-das por el conflicto armado. Tambin se firm el acuerdo cese al fuego, tregua y paz pero la verificacin del mismo fue impo-sible ya que, ni las Farc, ni los militares,en especial los segundos respetaron el acuerdo y la comisin de verificacin no tuvo los elementos suficientes para con-cluir que el cese al fuego realmente se estaba cumpliendo (Garca-Durn, 2010, p.265). En este contexto el siguiente go-bierno de Virgilio Barco (1986-1990) no logr dar garantas polticas a la Unin Patritica convirtindose en la principal

vctima de la gue-rra sucia. Con el aumento de vcti-mas civiles a causa de esta estrategia contrainsurgente del Estado, tam-bin aumentaron los operativos en contra de las Farc, en especial en Ca-quet por donde se comenz a agrietar la tregua debido a que el grupo in-surgente tambin respondi con ac-ciones ofensivas, haciendo que para 1987 esta finalmente se rompiera (Garca-Durn, 1992, p.176-177).

Luego de esta ruptura el Gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) adopt con las Farc y el Eln una ofensiva militar cuan-do ambos grupos exigieron participar en la Asamblea Nacional Constituyente sin ninguna exigencia previa por parte del gobierno. La respuesta de ambos grupos insurgentes no se hizo esperar y median-te fuertes golpes a las Fuerzas Armadas lograron presionar una serie de conversa-ciones en el exterior. As, llego el ao 1992 y por medio de la Coordinadora Guerrille-ra Simn Bolvar, CGSB, dieron a conocer

sus doce propues-tas para construir una propuesta de paz, en Tlaxcala, Mxico. Con ellas la CGSB busca-ba negociar una agenda amplia y no la restringida agenda propuesta por el gobierno que se centraba en la desmoviliza-cin y entrega de armas, sin incluir la discusin en torno al modelo

econmico del pas. El fracaso de estas conversaciones se

dio por dos razones: la desconfianza en-tre las partes para llegar a un acuerdo, y el hecho de que con la nueva Consti-tucin el Estado estrenaba una legiti-midad que redujo ostensiblemente los mrgenes para acordar las reformas a que aspiraban las Farc (Arias, Prieto y Peralta, 2010, p. 22). Esto hizo replantear su estrategia y enfocarse en asumir la guerra integral promovida por el Gobier-no la cual, en su percepcin, no afectaba en gran medida a la insurgencia (Medi-na, 2009, p.157-158). De esta manera du-rante la Octava Conferencia realizada en 1993 las Farc reorganizaron su propuesta de paz en la Plataforma de un gobierno de reconstruccin y reconciliacin nacio-nal, de la que surgieron diez puntos para la solucin de la crisis del pas, entre los que se incluye la salida poltica al con-flicto armado. Los otros nueve puntos se centran en reformas que reorganicen el Estado, el modelo econmico que permi-ta la redistribucin de la riqueza, el bien-estar social y una poltica agraria. Tam-bin plantean reestructurar la poltica exterior del Estado colombiano (Medina, 2009, pp. 212-214).

La agudizacin de la guerra por la expansin paramilitar y la crisis pol-tica generada por el proceso 8000 de-jaron al gobierno de Ernesto Samper (1994- 1998) sin muchas posibilidades de negociacin. A pesar de esto las Farc manifestaron la necesidad de iniciar un proceso de paz y por medio de una

La agudizacin de la guerra por la expansin paramilitar y la crisis pol-tica generada por el proceso 8000 de-jaron al gobierno de Ernesto Samper (1994- 1998) sin muchas posibilidades de negociacin, a pesar de esto las Farc manifestaron la necesidad de iniciar un proceso de paz y por medio de una carta dirigida a Carlos Holmes en 1995 plantearon como condicin para una negociacin el despeje de un territorio.

En los aos 90 el gobierno de Cesar Gaviria adopt una ofensiva militar con las Farc y el Eln cuando ambos grupos exigieron participar en la Asamblea Nacional Constituyente.

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carta dirigida a Carlos Holmes Trujillo, Alto Comisionado para la poca (1995), plantearon como condicin para una negociacin el despeje de un territorio1. Pero la crisis de legitimidad del gobier-no fue aprovechada por las Farc para fortalecerse militarmente aunque no politicamente2 llevando a que su posi-cin poltica frente a la opinin pblica se debilitara, por lo que solamente se lleg a firmar el Acuerdo humani-tario de Remolinos del Cagun (junio de 1997), median-te el cual las Farc entregaron a 60 soldados y 10 in-fantes de marina en Cartagena del Chair (Villarraga, 2009, p.264).

La creciente movilizacin ciu-dadana a favor de la paz se tradujo en un masivo apo-yo en las urnas al Mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad en 1997. Esto llev a la presidencia a Andrs Pas-trana (1998 - 2002) quien asegur su victoria al reunirse en persona con el mximo jefe de las Farc. Pastrana esta-bleci una zona de despeje (La Macare-na, Mesetas, Uribe, Vistahermosa y es San Vicente del Cagun) para adelantar negociaciones con el grupo insurgente y esta zona termin por convertirse en el principal obstculo para las mismas, ya que por su extensin y al no haber esta-blecido el Gobierno mecanismos de ve-rificacin, termin siendo utilizada para fines distintos a la negociacin3.

A pesar de esto, se estableci una Agenda comn (mayo 1999) la cual con-tena una variedad de temas para discutir y que haca referencia de manera muy general a las causas estructurales de la violencia, sin tener claridad sobre qu era lo que realmente se poda negociar en ese momento. An as, se lleg a varios acuerdos4 con los que se logr la libertad de ms de 400 miembros de la fuerza pblica. Tambin se cre la Comisin de

Personalidades la cual hizo una serie de recomendaciones para poder avanzar con los dilogos (Arias, Prieto y Peralta, 2010, p.23). Estas recomendaciones se centra-ron en aclarar los trminos para una po-sible tregua en la cual se analizaran los doce puntos de las Agenda comn.

Catapultado rpidamente por los fracasos de dilogos en el Cagun, l-

varo Uribe Vlez (2002-2010) gana las elecciones en 2002 y es reele-gido en 2006, promueve la Po-ltica de Seguri-dad Democrtica para afrontar el conflicto armado. En esta perspec-tiva la democra-cia colombiana era la vctima de una amenaza terrorista repre-sentada por las guerrillas. De esta forma se desco-

noci todo el contenido poltico y social que se atribua a la confrontacin arma-da en el pas.

La ofensiva militar contra las guerri-llas, en especial las Farc, fue el princi-

pal objetivo durante este Gobierno. Al mismo tiempo se llevaron a cabo unas negociaciones con los paramilitares para que se sometieran a la justicia y respondieran por sus crmenes. Estas fueron ampliamente criticadas desde el comienzo y, aunque se lograron conocer muchos de los crmenes de las AUC, es poco lo que se ha logrado en torno a la reparacin de las vctimas, objetivo prin-cipal de la Ley de Justicia y Paz5.

El gobierno de Uribe Vlez tambin promovi ampliamente la poltica de desmovilizacin individual, la cual tuvo resultados importantes en la disminucin de efectivos de las Farc y sirvi como complemento de la presin militar. Du-rante este periodo se hicieron muy evi-dentes los fuertes golpes hacia las Farc que incluso llevaron a la desarticulacin de varios de sus frentes. Sin embargo, en 2007, las Farc adelantaron la IX con-ferencia en la cual manifiestan no estar tan debilitados como muchos crean y no realizan mayores modificaciones a su estrategia de guerra. A pesar de esto, en 2008, varios de sus mximos jefes caye-ron en combate: Ral Reyes, Ivn Ros y el Negro Acacio, entre otros; situacin que gener que gener triunfalismo en algunos sectores de las Fuerzas Milita-res. La actitud optimista rpidamente se desvaneci por el escndalo de los llama-

Catapultado rpidamente por los fra-casos de dilogos en el Cagun, lvaro Uribe Vlez gana las elecciones en 2002 y es reelegido en 2006, promueve la Poltica de Seguridad Democrtica para afrontar el conflicto armado. En esta perspectiva la democracia colombiana era la vctima de una amenaza terro-rista representada por las guerrillas. En esta forma se desconoci todo el conte-nido poltico y social que se atribua a la confrontacin armada en el pas.

El gobierno de lvaro Uribe promovi la ofensiva militar contra las guerrillas, las negociaciones con los paramilitares y una poltica de desmovilizacin individual.

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dos falsos positivos y porque para 2009 la guerrilla estaba volviendo a golpear al Ejrcito en varias regiones del pas.

Aprendizajes del pasado y perspectivas para la negociacin actual entre el gobierno Santos y las Farc

Hasta 2010 son varias las continuida-des en los intentos de negociacin con las Farc. Si bien estos no han resultado traducidos en acuerdos, s han dado ven-tajas polticas al Estado pero no las sufi-cientes para lograr un aislamiento total de las Farc. Por lo cual los aprendizajes de los procesos anteriores son claves para la terminacin del conflicto armado.

En primer lugar, es importante la con-solidacin del proceso tanto a nivel ex-terno como interno. A nivel externo, la comunidad internacional se ha compro-metido ms desde los aos 90, e incluso durante el despeje del Cagun el apoyo internacional se hizo ms fuerte. Sin em-bargo, nunca pudo llegar a ser un actor que por lo menos ayudara a despolarizar las posiciones de los negociadores por-que el Estado y la guerrilla no lo permi-tieron.

A nivel interno, desde 1982, diferen-tes sectores reaccionarios no han apoya-do los procesos que se han adelantado.

Por eso el actual Gobierno ha desplegado estrategias para ir consolidando el apoyo al proceso; una de ellas fue realizar los dilogos en el exterior para disminuir la presin de una opinin pblica tan pola-rizada como la colombiana. Igualmente teniendo como garantes a pases como Cuba, Noruega, y de acompaantes a Venezuela y Chile, se logra un apoyo de terceros que ningn proceso anterior tuvo. Adicionalmente la mesa de nego-ciacin de los equipos de negociadores tendr hasta 20 asesores temticos espe-cializados en cada uno de los puntos de la agenda y un grupo de apoyo tcnico para cada delegacin conformado por cinco miembros. Tambin se estable-cieron unas reglas bsicas en las que el principio rector es: nada est acordado hasta que todo est acordado (Semana, 2012, p.36-37).

En segundo lugar, el gobierno ha bus-cado reducir la desconfianza de los oposi-tores a las negociaciones. Aunque no son los nicos, los Militares y las lites (tradi-cionales y narcotraficantes) han sido los principales opositores y saboteadores6 de los procesos con las Farc. Por esta razn el Gobierno ha sido cuidadoso en asegu-rar el apoyo de ambos al proceso, mante-niendo la ofensiva militar contra las Farc e incorporando a la mesa de negociacin a una figura de confianza dentro del Ejr-

cito como el General (r) Jorge Mora Ran-gel. En cuanto las lites y el sector priva-do hasta el momento han dado apoyo al proceso. Eso s, luego del discurso de alias Ivn Mrquez en Oslo, el Consejo Gre-mial Nacional dej en claro que la preten-

sin de las FARC de llevar a la mesa temas que son del resorte exclusivo del Estado co-lombiano [como el modelo econmico], no responde a las reglas de juego establecidas previamente por las partes (Andi, 2012). El Presidente Santos ha reiterado esta po-sicin resaltando que las negociaciones son para terminar el conflicto armado y que si las Farc dejan las armas podrn

buscar cambiar el modelo econmico y poltico si lo ha-cen en la contienda electoral (Semana, 2012).

Finalmente, en lo que se refiere a la agenda de nego-ciacin, evidente-mente hay cambios importantes con respecto a las ante-riores. Por ejemplo, ya no se habla de los doce puntos de la agenda del Ca-gun en la que se buscaba solucionar todos los proble-mas del pas. La agenda actual es

La agenda actual es ms realista porque se redujo a seis puntos, dos de los cuales son fundamentales para las Farc: la solucin de la problemti-ca agraria y la participacin poltica. Sobre el primero, las Farc no solo han insistido en el acceso a la tierra sino en la reorientacin del modelo econ-mico, el cual, a su vez, se relaciona con la erradicacin del narcotrfico del campo.

Primera sesin de la mesa con el acompaamiento de los paises garantes Noruega y Cuba.

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ms realista en ese aspecto, porque se re-dujo a seis puntos, dos de los cuales son fundamentales para las Farc: la solucin de la problemtica agraria y la participa-

cin poltica. Sobre el primero, las Farc no solo han insistido en el acceso a la tierra sino en la reorientacin del modelo econmico, el cual, a su vez, se relaciona con la erradicacin del narcotrfico del campo.

En cuanto a la participacin poltica, desde que en 1984 las Farc intentaron su incorporacin poltica a travs de la

Unin Patritica, una de las razones por las que este proceso fracas fue la debi-lidad de los mecanismos de verificacin del cese al fuego, as como de las garan-tas para ejercer la oposicin. Si bien el cese al fuego para las Farc contina sien-do central, a diferencia de los procesos anteriores que solo hablaban de la par-ticipacin poltica del grupo insurgente, en el acuerdo general para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera, se acord incluir la dejacin de armas, algo que no haba incluido en las agendas anteriores y que por primera vez las Farc aceptan incluir.

Aunque esto es un avance por parte de las Farc, no ser un tema que se resuelva fcilmente, en especial, porque otro de los puntos de la agenda se relaciona con la reparacin a las vctimas, lo cual genera obstculos a la participacin poltica de la organizacin. Ya que en los procesos que se adelantaron en Colombia con grupos insurgentes hasta mediados de los 90, este tema no fue central, porque en los acuerdos finales a los que se lleg, no se incluy la ratificacin de los protocolos de Ginebra para humanizar la guerra y solo despus de 1995, estos fueron fir-mados por el Estado colombiano, en una coyuntura en la que, el tema de las vcti-mas comenz a tomar fuerza en el nivel

internacional. En la actualidad este tema es central no solo por las vctimas de las Farc, sino por el hecho de que el grupo insurgente insista en considerarse vctima del Estado colombiano. Esto implica un reto para la justicia colombiana que inevi-tablemente tendr que buscar soluciones ms efectivas que las que el Marco para la paz ofrece. Se tendr que utilizar de nuevo la amnista o el indulto para lograr formalizar un acuerdo de paz? De ser as, cules serian los lmites del mismo?

Si bien no se puede asegurar un fi-nal exitoso del proceso en curso, s se puede ver que ste ha sido pensado de manera ms calculada por ambos acto-res. Mientras que Santos busca acomo-dar sus fichas para la reeleccin, las Farc buscan recuperarse polticamente. Esto eventualmente podra jugar a favor del proceso, porque el fracaso de las nego-ciaciones conllevara consecuencias po-lticas negativas para el pas, cerrara las puertas a una salida negociada y proba-blemente el conflicto se agravara an ms. As, negociar o no en medio del conflicto obedece a un clculo poltico; el Gobierno se mantiene firme en con-tinuar con las acciones militares para mostrar fortaleza en el tema de seguri-dad y las Farc declaran un cese al fuego unilateral hasta el 20 de enero de 2013 para mostrar su voluntad poltica y pre-sionar a Santos ante la opinin pblica.

Sin embargo, el xito de la negocia-cin no depende solamente del juego poltico entre los negociadores, sino tambin de la consolidacin del proce-so a nivel internacional, nacional y re-gional. El papel de la comunidad inter-nacional va ms all de ser garantes y acompaar el proceso, para convertirse en una instancia que comprometa a las partes en el cumplimiento de los acuer-dos. La consolidacin del proceso a ni-vel nacional necesita de la legitimidad y respaldo de las distintas fuerzas pol-ticas y sociales, particularmente de las que se han opuesto al proceso mismo. Finalmente, el proceso de negociacin requiere ganar mayor legitimidad a ni-vel regional, atendiendo las particulari-dades de los conflictos y articulando los procesos sociales existentes.

La agenda actual es ms realista en ese aspecto, porque se redujo a seis puntos, dos de los cuales son funda-mentales para las Farc: la solucin de la problemtica agraria y la partici-pacin poltica. Sobre el primero, las Farc no solo han insistido en el acceso a la tierra sino en la reorientacin del modelo econmico, el cual, a su vez, se relaciona con la erradicacin del narcotrfico del campo.

Este video se puede visualizar tambin en: http://www.youtube.com/watch?v=00OgPhs_XB4Video

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Notas

1 Mediante esta carta las Farc propusieron el despeje de La Uribe, Meta, durante sesenta das de los cuales treinta serviran al grupo para verificar y luego desplazar una parte de su delegacin al municipio, en donde se realizara una primera reunin con la delegacin del gobierno durante cinco das y el gobierno otorgara diez das para evacuar la zona. Villarraga, A (comp.), 2009, Biblioteca de las Paz 1994-1998, tomo IV: En ausencia de un proceso de paz: Acuerdos Parciales y Mandato Ciudadano por la Paz, Bogot, Fundacin Cultura Democrtica, p.169.

2 Segn Diana Moreno, Aunque inicialmente esta decisin en apariencia sirve para su fortalecimiento y auge, el crecimiento desmesurado de las Farc en lo militar no se ve acompaado en igual medida en la cualificacin de sus hombres en lo poltico. Esto en el largo plazo se constituye en su mayor debi-lidad, una especie de crecimiento sin desarrollo, un amplio cuerpo militar precariamente formado en lo poltico que no logra fortalecer sus relaciones con la comunidad y, que tampoco logra protegerla totalmente de las incursiones militares y paramilitares, lo que hace que su adherencia poltica sea bastante frgil. Moreno, D., 2009 Fase de la lucha social y poltica en Medina, C (ed.), 2009 FARC-EP. Temas y problemas nacionales 1958 2008, Bogot, Universidad Nacional, pp. 155.

3 sta termin convirtindose en un rea estratgica desde la cual las Farc podan continuar la guerra, llevando all a soldados que retienen como resul-tado de ofensivas en otras regiones, con el objetivo de presionar al gobierno para lograr una Ley de Canje permanente y recuperarse ante el avance de

grupos paramilitares que se consolidaban en varias regiones del pas.4 Acuerdo de los Pozos (febrero, 2001); el acuerdo de intercambio humanitario (junio 2001); el acuerdo de San Francisco de la Sombra (octubre, 2001)

y el Acuerdo de cronograma para el futuro del proceso de paz (enero, 2002). Garca-Durn, Mauricio, 2010, Colombia: Conflicto Armado, Procesos de negociacin y retos para la paz, en Vargas, A., 2010, Colombia: Escenarios Posibles de Guerra o Paz, Bogot, Universidad Nacional de Colombia, p.p. 266-267.5 Acuerdo de los Pozos, febrero, 2001; el acuerdo de intercambio humanitario, junio 2001; el acuerdo de San Francisco de la Sombra, octubre, 2001 y el Acuerdo de cronograma para el futuro del proceso de paz, enero, 2002. Garca-Durn, Mauricio, 2010, Colombia: Conflicto Armado, Procesos de negociacin y retos para la paz, en Vargas, A, 2010, Colombia: Escenarios Posibles de Guerra o Paz, Bogot, Universidad Nacional de Colombia, p.p. 266-267.

5 Sobre el debate en torno a los resultados de las Ley de Justicia y Paz que surgi durante la negociacin entre el Gobierno y las AUC, consultar: Pizarro, Eduardo y Len Valencia (2009) Ley de Justicia y Paz, Coleccin Cara y Sello, Bogot, Norma-Semana. 6 Por ejemplo, Carlo Nasi menciona que en cada proceso han variado los saboteadores, entre los que reconoce tambin a los paramilitares, sectores de ambos partidos e incluso a los propios negociadores. Nasi, Carlo, 2010, Saboteadores de los procesos de paz en Colombia (reimpresin traducida captulo de libro). En Angelika Rettberg (comp.), Conflicto armado, seguridad y construccin de paz en Colombia, Bogot: Universidad de los Andes, pp. 97-128. Por otra parte, Mauricio Romero plantea que el fracaso de las negociaciones con las Farc se ha debe tambin al hecho de que el Partido Liberal vio amenazado su hegemona electoral ante la posible incorporacin de esta guerrilla la cual tenia influencia poltica y militar en varias regiones donde el liberalismo era mayoritario. Romero, M., 2003, Paramilitares y Autodefensas 1982-2003, Bogot, Universidad Nacional de Colombia, pp. 272-273.

Referencias

Medina Gallego, Carlos, 2009, FARC-EP. Notas para una historia poltica 1958-2008, Bogot, Universidad Nacional de Colombia, p. 157-158. Garca-Durn, Mauricio, 2010, Colombia: Conflicto Armado, Procesos de negociacin y retos para la paz, en Vargas, A., 2010, Colombia: Escenarios

Posibles de Guerra o Paz, Bogot, Universidad Nacional de Colombia, p. 265. Garca-Durn, Mauricio, 1992, De la Uribe a Tlaxcala. Procesos de paz, Bogot, Cinep, pp. 176-177. Arias, Gerson, Prieto, Carlos y Peralta, Milena, 2010, Qu quieren las Farc? Agendas de negociacin en los procesos de paz, Fundacin Ideas para la Paz, FIP, p22. Villarraga, Alvaro (comp.), 2009, Biblioteca de las Paz 1994-1998, tomo IV: En ausencia de un proceso de paz: Acuerdos Parciales y Mandato Ciudadano por la Paz, Bogot, Fundacin Cultura Democrtica, p.264. Arias, Gerson, Prieto, Carlos y Peralta, Milena, 2010, Qu quieren las Farc? Agendas de negociacin en los procesos de paz, Fundacin Ideas para la Paz, FIP, p23; Villarraga, A (septiembre, 2012) El camino de la paz: Valorar las experiencias pasadas, Razn Pblica. Disponible en: http://www. razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3269-el-camino-de-la-paz-valorar-las-experiencias-pasadas.html Semana, (2012, 10 al 17 de septiembre), Anatoma de la mesa, nm. 1584, pp. 36-37. Asociacin Nacional de Industriales, Andi, 2012 Sector privado apoya al equipo negociador del Gobierno agosto 18. Disponible en: http://www.andi.com.co/pages/prensa/comunicados_prensa_detalle.aspx?Id=432 Semana (2012, 16 de noviembre), Santos: El modelo econmico y poltico no est en discusin con las Farc. Disponible en: http://www.semana.com/ nacion/santos-modelo-economico-politico-no-esta-discusion-farc/188172-3.aspx La Silla Vaca (19 de noviembre, 2012) El cese al fuego de las Farc: presiona al gobierno y, a la vez, fortalece el proceso. Disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/el-cese-al-fuego-de-las-farc-presiona-al-gobierno-y-la-vez-fortalece-el-proceso-37335 recuperado: 22 de noviem-

bre de 2012.

* Camilo Andrs Hernndez Barreto: Colaborador del equipo Iniciativas de Paz del CINEP/PPP.

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Cambio de posiciones: los actores incidentes en el proceso de paz

Por Fernando Sarmiento Santander*

Santos se lanz a esta aventura incierta de la paz; lo hace a sabiendas de que tanto el xito como el fracaso son posibles (50 a 50), pero intenta establecer algunos puntos de referencia para no perderse en el curso y asegurar

salir ganando en cualquier caso. Aun as son muchos los factores en juego que se salen de sus manos.

Si bien los aspectos formales en la mesa de dilogo juegan un papel central en el desarrollo del proce-so, otro tipo de facto-res no formales, que pueden ser de orden econmico, social,

poltico, e incluso factores culturales, ac-tan como catalizadores que conduciran al xito o fracaso del mismo1. Tales fac-tores se encarnan en actores concretos, favorables o no a la paz y a la guerra. Cmo se conjugan estos factores? Qu tipo de comprensiones operan? Cmo podran incidir en el actual proceso?

Gobierno Nacional y Fuerza Pblica

El Gobierno siempre ha llegado a las negociaciones con ms conviccin que las guerrillas, pero tambin es quien primero ha roto los procesos. Eso ya est canta-do por Santos; el Presidente enumer las condiciones para empezar conversaciones de paz, pero a la vez advirti las condicio-nes que lo obligaran a terminarlas (Sema-na, 2012, 4)2. La mayor parte de los nego-ciadores oficiales creen en el proceso y en que hay condiciones para lograr la paz, pero a la vez estn adoctrinados por el pragmatismo de Santos de que hay tiem-pos y resultados establecidos; o sea, que en cualquier momento pueden retirarse.

Por tal razn, que es un cambio evi-dente del actual Gobierno, hay una am-plia disposicin a recoger la experiencia de procesos anteriores y aprender de los errores3. Este no fue el caso del proceso en el Cagun, que quiso partir de cero, sin retomar las lecciones de experiencias anteriores. Los negociadores de Santos conocen mejor a las Farc, saben frente a que personajes se sientan; los han estudiado, y a la vez han abierto su per-cepcin al considerarlos posibles conten-dientes polticos en el marco de la demo-cracia. Tambin ha cambiado el lenguaje para referirse a la guerrilla.

En la misma medida en que ha cam-biado la percepcin y conocimiento de la guerrilla, ha cambiado la compren-sin del conflicto. Fue determinante, por ejemplo, el hecho de reconocer en la aprobacin de la Ley de vctimas la exis-

tencia del conflicto armado interno (El Pas, 2012)4, como condicin para buscar los medios para terminarlo; diez aos transcurrieron en los que el Gobierno nacional negaba su existencia y se empe-aba en exterminar militarmente a gru-pos que consideraba narco-terroristas y que pretendan desestabilizar el pas. Hoy se acepta, con un poco ms de rea-lismo, que existen causas estructurales generadoras de la violencia y la guerra, relacionadas con temas como la partici-pacin poltica, el problema de tierras, la situacin de las vctimas, la pobreza y la falta de oportunidades para amplios sectores sociales en materia de empleo, salud y educacin.

Aunque el Gobierno no est dispuesto an a revisar sus estructuras de poder y el modelo econmico, a fin de abrirle paso a lo que la guerrilla denomina paz con

Hoy se acepta, con ms realismo, que existen causas estructurales generadoras de la violencia y la guerra, relacionadas con temas como la participacin poltica, el problema de tierras, la situacin de las vctimas, la pobreza y la falta de oportunidades.

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justicia social, ha estado, con todo, impulsando en los dos ltimos aos proyectos legislati-vos y polticas p-blicas que apuntan a esas causas es-tructurales: Ley de vctimas y Restitucin de tierras, reforma a la Ley de justicia y paz, programas de vivienda, reforma a la justicia, atencin a la poblacin vulnerable, disminucin del desempleo, etc. Ello, con la pretensin de quitarle argumentos a la insurgencia para continuar la lucha armada (Eltiem-po.com, 2012, 27). El asunto de fondo est en la concepcin de tales causas es-tructurales y en el modo cmo se debe cambiar el manejo del pas. Esa ser la materia de las conversaciones en la Ha-bana y del amplio dilogo social en la tercera fase.

Por lo pronto, las condiciones propi-cias para atraer inversin extranjera y reorientar la inversin pblica, a la vez que las motivaciones de orden poltico de Santos hacia un segundo perodo pre-sidencial, ha hecho que ahora ms que nunca el gobierno tenga alineado a sus Ministros, al Congreso y a los partidos polticos en torno a la Unidad Nacional y a favor del proceso de paz. Esto sin con-tabilizar el respaldo que le han dado los

gremios econ-micos y, aunque con otras motiva-ciones, amplios sectores sociales. En todos los ca-sos se excluye de tal respaldo a Uri-be y al Uribismo

purasangre, principal detractor de la paz por la va negociada (Eltiempo.com, 2012, 4).

A diferencia de gobiernos anteriores, en esta ocasin existen acuerdos entre la Presidencia y las Fuerzas Militares. Nun-ca antes stas ltimas haban estado tan dispuestas a respaldar un proceso de paz (Elespectador.com, 2012); esto se refleja en el hecho de incorporar en el equipo negociador a uno de los oficiales de ma-yor trayectoria militarista y claro detrac-tor de las negociaciones de paz, como el General (r) Mora, y al polica con mayor prestigio internacional, el General (r) Na-ranjo.

La determinacin de negociar en me-dio del conflicto ha favorecido la posicin de respaldo de la Fuerza Pblica, pues a diferencia de las anteriores, en esta oca-sin el procesos de paz no crea una espe-cie de neutralizacin de las operaciones militares, ni causa desazn entre los ofi-ciales. Se advierte, pues, la labor previa hecha por el Presidente de negociar con

los sectores de poder, entre esos los mili-tares. Si bien no se puede considerar ab-soluto el respaldo de los militares activos y retirados, en esta ocasin el Presidente se la jug sentando en el equipo de nego-ciadores a un sector normalmente ausen-te y que ha sido el palo en la rueda de la paz. Esta es una jugada fundamental de Santos: contar con la Fuerza Pblica para la guerra, a la vez que para la paz.

Con la suma de estos elementos y tras la campaa militar contra la insurgencia, hoy ms que nunca el Gobierno llega fuerte a la mesa; considera que va ga-nando la guerra, tanto en el plano militar como en el poltico.

La insurgencia poltica y armada de las Farc-EP

Sentado al otro lado de la mesa est otro actor, la guerrilla de las Farc-EP. Existe un largo historial de esta guerrilla en procesos de paz4, pero es importante analizar las coincidencias que hay entre los momentos histricos de las Farc-EP, marcados por sus conferencias, con sus momentos en las negociaciones de paz. As se aprecia que hay diferencias del ac-tual proceso con los anteriores y tambin qu estn pensando los comandantes respecto a los asuntos fundamentales de la lucha insurgente.

Hoy ms que nunca el Gobierno lle-ga fuerte a la mesa; considera que va ganando la guerra, tanto en el plano militar como en el poltico.

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seguridad democrtica no poda ser otra cosa que la consolidacin de la clase po-ltica y de las lites econmicas a nivel nacional y regional, con la asistencia del paramilitarismo y el respaldo de los Esta-dos Unidos.

La Novena Conferencia se reune en un momento de con-vulsin interna de las Farc-EP y en un panorama incierto para una solucin negociada del con-flicto, prevista en la Conferencia de 1993. La reeleccin de Uribe era un escenario adverso; prcticamente los obligaba a mante-

ner su repliegue estratgico durante los aos anteriores, y a realizar muy clan-destinamente sus labores polticas con las bases sociales. Pero tras la manifestacin de paz de Santos el da de su posesin como presidente, las declaraciones de la guerrilla a favor de dilogos de paz no se hicieron esperar. Cambi el contexto, pero no cambiaron los discursos ni los prop-sitos de la lucha insurgente; de hecho la novena Conferencia reafirma las visiones sobre la situacin del pas y de las cla-ses dirigentes y reconfirma la necesidad de una solucin poltica y la reforma de

El paralelo es el siguiente5: la Spti-ma Conferencia, realizada en mayo de 1982 en Guayabero, Meta, precede dos momentos de dilogo con las Farc-EP: uno, los acuerdos de La Uribe, firmados en marzo de 1984, bajo la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) y dos, los dilogos iniciados en Cravo Norte, Arauca, y posteriormente trasladados a Caracas y Tlaxcala, entre mayo de 1991 y octubre de 1992, bajo la presidencia de Csar Gaviria (1990-1994), en los que tambin participaron el ELN y el EPL, como Coordinadora Guerrillera Simn Bolvar CGSB. La Octava Conferencia, realizada en abril de 1993, tras el rompi-miento de los dilogos en Mxico, prece-de el proceso de paz en San Vicente del Cagun, Caquet, entre enero de 1999 y febrero de 2002, bajo la presidencia de Andrs Pastrana (1998-2002). El actual proceso en la Habana, promovido por Juan Manuel Santos (2010-2014), est precedido por la Novena Conferencia, realizada entre finales de 2006 y comien-zos de 2007, cuando dan a conocer la Declaracin poltica del 31 de enero6.

La Sptima Conferencia determina a las Farc-EP a una estrategia ms ofensi-va, que contempla la duplicacin de su pie de fuerza y el desdoblamiento de los frentes existentes. All mismo se reafirma la estrategia de combinacin de todas las formas de lucha, con el propsito de preparar el terreno para la toma del poder en los siguientes diez aos. Tales decisiones estaban en contrava de cual-quier pretensin de paz del gobierno Be-tancur y lejos de sumarse a la propuesta de paz de Virgilio Barco (1986-1990), o dejarse tentar por las propuestas de una paz integral por parte de Gaviria.

Despus de casi diez aos, se realiza la Octava Conferencia, donde se hace el balance del proceso de expansin y reorganizacin y se da un giro al dis-curso de las Farc-EP, incorporando el tema de la paz. Expresan su inters por una solucin poltica del conflic-to armado y declaran la urgencia de construir un nuevo gobierno de recon-ciliacin y reconstruccin nacional; un gobierno que garantice la justicia so-cial, la democracia y la defensa de los intereses del pas. Era claro que ni el

gobierno Gaviria ni el posterior go-bierno de Ernes-to Samper (1994-1998) daban la posibilidad para una transforma-cin de fondo. La profundizacin neoliberal de la poltica econmi-ca, la rapia por el poder nacional y regional, con la participacin de los grupos de au tode f en sa s , sumado a la pro-fesionalizacin contrainsurgente de la Fuerza P-blica, iban en contrava de los declara-dos ideales democrticos de las Farc-EP y traicionaban, segn ellos, los ideales patriticos del libertador Simn Bol-var. Consideraron, as, que las lites en el poder eran el primer impedimento para el logro de la paz.

Al momento del Cagun, las Farc-EP corrobo-raban su idea de una clase poltica incrustada en el poder, que actua-ba en contra de los intereses del pueblo y utilizaba la guerra como es-trategia para sos-tenerse. El Plan Colombia de Pastrana lo confirmaba. El contrapeso deba ser la formacin de una nueva clase poltica y el sostenimiento de la guerra como expresin de resistencia popular. As se reafirmaba la necesidad de combinar todas las formas de lucha. En ningn momento las Farc-EP contem-plaron la posibilidad de una desmovili-zacin o entrega de armas, como lo hi-cieron otros grupos guerrilleros en aos anteriores. El dilogo en el Cagun no tena ningn futuro.

Los aos siguientes confirmaron a las Farc-EP sus argumentos. La poltica de

Al momento del Cagun, las Farc-EP corroboraban su idea de una clase pol-tica incrustada en el poder, que actuaba en contra de los intereses del pueblo y utilizaba la guerra como estrategia para sostenerse.

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Al momento del Cagun, las Farc-EP corroboraban su idea de una clase polti-ca incrustada en el poder, que actuaba en contra de los intereses del pueblo y utilizaba la guerra como estrategia para sostenerse.

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las instituciones, para hacer de Colombia una nacin democrtica, soberana y con justicia social.

Al proceso en La Habana llegan unas Farc-EP reconfirmadas en sus propsitos polticos de transformacin del Estado. No se ha hablado ni de rendicin ni de entrega de armas; la guerrilla est con-vencida del crecimiento de sus bases polticas y de la legitimidad de su lucha armada. Lo que el gobierno intenta es convencer a las Farc-EP de agenciar la transformacin del Estado, de sus insti-tuciones y del modelo econmico, a tra-vs de la confrontacin poltica. En eso consistira la actual negociacin: en ver si es posible crear las condiciones para desarmarse.

En todo caso, las Farc-EP de hoy lle-gan a la mesa con ciertas desventajas; disminuidos militarmente, desprestigia-dos polticamente y con la imposibilidad de alcanzar el poder a balazos. Farc-EP y Gobierno reconocen mutuamente un empate tctico en el plano militar, en el sentido de que no es posible vencer al enemigo en el escenario de la confronta-cin militar.

Sectores polticos y sociales

El pas ha vivido desde mediados del siglo pasado un proceso de reconfigura-cin de las fuerzas polticas y sociales. La lucha armada surgi en un contexto de guerra fra7, en el que la ofensiva contra el comunismo alcanz a los pases lati-noamericanos, conduciendo el ejercicio de la poltica al plano de la violencia. Los discursos nacionalistas y el rechazo a pretensiones hegemnicas de los Estados Unidos de Amrica configuraron en Co-lombia la lucha insurgente; en este fragor, se ampliaron los terrenos de polarizacin de las expresiones polticas y sociales. El Frente Nacional, en el que alternaron en el poder liberales y conservadores, repri-mi y excluy a otros movimientos pol-ticos, generando protestas de insatisfac-cin, que en algunos casos derivaron en guerrillas, como el M-19.

Si bien hubo replanteamientos para la participacin poltica, como la eleccin popular de alcaldes a finales de los 80s y la posterior Constitucin del 91, las

lites tradiciona-les mantuvieron el poder y restringie-ron por las vas de hecho la insercin de la izquierda en el gobierno central y regional. De ello da cuenta el exter-minio de la UP y el asesinato y perse-cucin a lderes del M-19 y de otros gru-pos de oposicin.

La ltima edicin de este proceso polarizador lo vivi el pas despus del fracaso de los dilogos en el Cagun. La sociedad nacional gir 180 grados a favor de la guerra, para la que eligi y reeligi a lvaro Uribe Vlez (2002-2006, 2006-2010). La lucha internacional contra el terrorismo, liderada por los Estados Uni-

dos, aport los argumentos para arreme-ter con mayor fervor contra las guerrillas, lderes y organizaciones polticas y socia-les consideradas afines, quienes fueron vctimas de las fuerzas oficiales y del pa-ramilitarismo. Fue una nueva edicin de la guerra fra y del Estatuto de Seguridad del Gobierno de Julio Csar Turbay Ayala (1978-1982).

El balance a 2012, y tras el cierre del gobierno de Uribe, es el de una socie-dad polarizada que se reacomoda pol-ticamente. Tanto las izquierdas como las

derechas se mue-ven, ampliando los flancos radica-les y dando lugar a sectores inter-medios en la lnea de tensin.

Aunque no es un escenario f-cil, aproxima un par de grados a

las dos partes negociadoras. El Gobierno de Santos se mueve un poco hacia el cen-tro y las Farc-EP estn menos atrinchera-das en sus fundamentos ideolgicos; ya no son comunistas, anota el economista Jorge Ivn Gonzlez (Gonzlez, 2012). A la vez, se crea una plataforma favorable para el juego de la poltica. Pero quedan, sin duda, rezagos polarizados proclives a la violencia.

Los sectores empresariales, que ejer-cen poder real en la opinin pblica y deciden sobre el devenir de la nacin, han sealado sus posiciones frente al actual proceso de paz. Cada vez ms el sector empresarial se ha acercado a los procesos de paz de forma directa. En el Cagun, algunos de ellos fueron delega-dos gubernamentales y participaron en las audiencias. Para los actuales dilo-gos en La Habana, Santos design como miembro del equipo negociador a uno de los empresarios ms representativos

Farc-EP y Gobierno reconocen mu-tuamente un empate tctico en el plano militar, en el sentido de que no es posi-ble vencer al enemigo en el escenario de la confrontacin militar.

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del sector, Luis Carlos Villegas, experi-mentado en dilogos con las Farc-EP.

Estos empresarios se mueven a los vai-venes del debate poltico nacional y sus os-cilaciones se detectan como lo muestra la encuesta realizada por la Fundacin Ideas para la Paz FIP8. Han privilegiado unos la va poltica y otros la combinacin entre lo poltico y lo militar. Han depositado con-fianza en el presidente Santos, no obstante la desconfianza du-rante el proceso en el Cagun; en este sentido, afirma el estudio, exigiran que el gobierno de-muestre que tal ca-mino es la mejor estrategia posible y que el curso es-cogido est blinda-do contra posibles engaos. En este sentido las coinci-dencias son amplias con Santos respecto a un proceso serio, digno, realista y eficaz

( Semana.com, 2012, 4). Hay coincidencias favorables tam-

bin con los medios de comunicacin. Este sector ha concluido la prudencia, la mesura y la responsabilidad en el mane-jo de la informacin en torno al tema de paz son tiles para evitar hacerle dao (Elcolombiano.com, 2012). Estas posi-ciones, mesuradas y favorables al proce-so coinciden con las solicitudes de San-tos de manejar el proceso con discrecin y no negociar en los micrfonos, como sucedi en oportunidades anteriores.

Pero no todos los medios poseen estas virtudes, pues como herramientas de la poltica son otros los que usan el altavoz para lanzar las ms severas crticas al pro-ceso. Los ms obstinados en torpedear los dilogos lo han hecho desde la extrema derecha. Para ellos es inconcebible dialo-gar con la guerrilla; y acusan a Santos de haber traicionado la poltica de Seguridad Democrtica del expresidente Uribe.

En sntesis

Es importante considerar el proce-so de paz en curso como un momento especfico de la vida poltica, econmi-

ca y social del pas; momento en el que confluyen las tensiones que han surgido por dcadas y que aun no han sido re-sueltas. No es la primera vez que se in-tentan acuerdos de paz con las Farc-EP; qu podra hacer pensar que este es un momento favorable para lograrlo? La his-toria que recordamos y las condiciones actuales ofrecen argumentos tanto para los optimistas como para los pesimistas.

Existen alinea-mientos favora-bles al proceso en la mayor parte de los sectores so-ciales, polticos y econmicos; an entre sectores divergentes pol-ticamente, pues la mayora de los partidos de iz-quierda y derecha han expresado

su apoyo, los gremios econmicos no se oponen, aunque miren con reserva el proceso y los movimientos y sectores sociales populares reclaman prontos re-sultados positivos y respaldan el proceso. Los militares rodean al Presidente en esta decisin. El Gobierno ve con optimismo

el proceso gracias a los logros obteni-dos. Las Farc-EP reiteran su voluntad de buscar la paz, aunque eso no representa renunciar a sus ideales. En fin, parece, en este sentido, que los astros estn en lnea.

Pero la otra cara de la moneda tam-bin tiene su apuesta. Los actores que encarnan posiciones en el extremo de-recho utilizan tambin todos los medios para desprestigiar cualquier intencin de paz y buscan remachar en la opinin p-blica la idea de que el pas, por esa va, est retrocediendo en lo ganado con la poltica de seguridad democrtica; para evitar la catstrofe, intentarn retomar la presidencia en las prximas elecciones, arrebatndole el poder a los que conside-ran traidores. Con esta forma de la polti-ca, se combina y suman agentes de vio-lencia, como son las Bandas criminales Bacrim, que representan la mayor amenaza para la insurgencia que entrar al juego de la poltica sin armas.

Hay que tener presente que otros fac-tores desestabilizadores, como el narco-trfico y las economas ilegales ponen en riesgo el proceso de insercin de la insurgencia a la vida poltica tanto en las regiones como a nivel nacional. Factores como estos pueden desestimular la des-

Los ms obstinados en torpedear los dilogos lo han hecho desde la ex-trema derecha. Para ellos es inconce-bible dialogar con la guerrilla; y acu-san a Santos de haber traicionado la poltica de Seguridad Democrtica del expresidente Uribe.

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movilizacin de frentes estrechamente relacionados con este tipo de economas en muchas regiones del pas.

Pero hay que resaltar que la dificultad no proviene tanto de las condiciones pues-tas por el gobierno, sino de la disposicin de las Farc-EP a entrar al proceso la cual se deriva de la orientacin de sus Confe-rencias. Para ellos el logro de la paz con justicia social requiere cambios estructu-rales que la lite poltica en el poder no va a realizar, por lo cual debe ser sustituida.

Santos ya les respondi recientemente: Nosotros hemos sido muy claros: even-tualmente cuando ustedes (la guerrilla) dejen las armas y se incorporen a la vida democrtica, si quieren proponer cambios en el modelo econmico, ganen las elec-ciones o disctanlo en el Congreso si sa-len elegidos(Semana.com, 2012, 16).

Eso requiere un clculo poltico adicio-nal para la guerrilla: Se podrn sostener en los escenarios de toma de decisiones? En cunto tiempo lograrn los cambios que proponen y a qu costo? Con cin-cuenta aos de lucha armada no lo han logrado lo lograrn ahora sin las armas?

No basta, pues, un diseo tcnico de los mecanismos para el actual proceso de

Notas

1 Ver Gmez Alzate, Camilo, 2011, Apuntes de un proceso de paz: aspectos no formales e incidencias en la negociacin en Sarmiento Santander, Fernando (Editor), Lecciones para la paz negociada. Cinep, Usip, Trocaire. Bogot, pgs. 43-68.

2 Ver discurso de Santos en el que afirma que aprender de los errrores del pasado para no repetirlos. Disponible en: http://www.semana.com/politica/estamos-ante-oportunidad-real-terminar-conflicto-santos/184011-3.aspx

3 Santos afirma que hace rato que hay conflicto armado en Colombia. Ver http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/presidente-santos-reconoce-en-colombia-hay-conflicto-armado

4 Ver artculo Procesos de paz Gobierno-Farc en perspectiva histrica en esta misma edicin, pgina 11.5 Ver al respecto los anlisis hechos por Carlos Medina Gallego (2009) en su publicacin Farc-Ep 1968-

2008. Universidad Nacional, Bogot.6 Ver declaracin disponible en: http://www.cedema.org/ver.php?id=19457 Ver en torno a este tema la reciente publicacin de Marco Palacios (2012), Violencia pblica en

Colombia 1958-2010, Fondo de Cultura Econmica, Colombia, pgs. 678 Ver Fundacin Ideas para la Paz, 2012, Lderes empresariales hablan de la paz con las FARC. In-

formes FIP v. 17. Bogot, agosto, p. 27.

* Fernando Sarmiento Santander: Coordinador del equipo Iniciativas de Paz del CINEP/PPP.

Referencias

El Pas, 2012, Tormenta poltica ante posible declatoria de conflicto armado en El Pas, Cali, mayo 4. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/presidente-santos-reconoce-en-colombia-hay-conflicto-armado

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Eltiempo.com, 2012, Expresidente Uribe crtic inicio de los dilogos de paz en El tiempo.com, Bo-got, septiembre 4. Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12193814.html. Recurperado el 16/11/2012

Eltiempo.com, 2012, Bajo tres principios, Gobierno Santos realiza acercamientos con Farc en El-tiempo.com, Bogot, agosto 27. Dispomible en: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12170077.html. Recuperado el 16/11/2012

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Gonzlez, Jorge Ivn, 2012, Buenas noticias: las FARC ya no son comunistas, en Razn Pblica, Bogot, octubre 29. Disponible en: http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3375-buena-noticia-las-farc-ya-no-son-comunistas.html

Elcolombiano.com, 2012,Exclusivas no aportan a proceso de paz en Elcolombiano.com, agosto 30. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/exclusivas_no_aportan_a_pro-cesos_de_paz/exclusivas_no_aportan_a_procesos_de_paz.asp

Semana.com, 2012, Santos y Timochenko anuncian proceso de paz serio, digno, realista y eficaz en Semana.com, Bogot, septiembre 4. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/santos-timochenko-anuncian-proceso-paz-serio-digno-realista-eficaz/184025-3.aspx

Semana.com, 2012, 2012, Santos: El modelo econmico y poltico no est en discusin con las FARC en Semana.com, noviembre 16. Disponible

Cien días vistos por CINEP/PPP - Diciembre de 2012/ No 77

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