Cien días vistos por CINEP/PPP - Diciembre de 2009/ No 68

Bandera Cien Días No 68

Consejo Editorial

Mauricio García Durán S.J. Luis Guillermo Guerrero Camilo Borrero Teófilo Vázquez Laura González Mallerly Ulloque Lina María Vargas

Colaboran en este número

Natalia Paredes Alejandro Angulo S.J. Vladimir Caraballo Camilo Sánchez Javier Lautaro Medina Catalina García Laura Gil Mary Luz Avendaño Fernando Sarmiento Laura González Silvia Otero Bahamón Víctor Barrera Lina Vargas

Coordinación Editorial

Camilo Borrero Lina María Vargas

Diseño de portada

Diego Yepes Imagen de Portada: www.es.gov.br

Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP Carrera 5 No 33 A – 08

Editorial

Colombia a la espera: lo que queda para 2010 Por: Mauricio García S.J

Director CINEP - Programa por la Paz

Terminó el año 2009 y sigue en vilo el escenario para las elecciones presidenciales de 2010. Los colombianos esperamos con paciencia que la Corte Constitucional decida la suerte del referendo reeleccionista que, de ser aprobado, permitiría que por primera vez en la historia del país, un Presidente tuviera tres mandatos consecutivos. Quienes respaldan la continuación de Uribe en el poder, pasan por alto flagrantemente los vicios del referendo que van desde los escándalos de la ‘yidispolítica’ y la repartición de notarias entre los congresistas que aprobaron el trámite hace cuatro años, hasta el reciente incidente sobre la violación de los topes en la recolección de firmas.

Mientras tanto, algunos aspirantes a la Presidencia 2010-2014, contrapuestos a la reelección de Álvaro Uribe Vélez, planean posibles alianzas para consolidar un candidato de oposición que, sin descuidar lo avances de la política de “seguridad democrática”, dé importancia a los problemas sociales que afectan a la mayoría de la población colombiana.

Pero la tarea de las alianzas no es fácil. Los ganadores de las consultas internas de los partidos: por el partido Liberal, Rafael Pardo, por el Polo Democrático, Gustavo Petro, y de otra parte candidatos como Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano por Colombia, y los ‘tres tenores’ de Verde Opción Centro: Luis Eduardo Garzón, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, no parecen tener demasiado en común.

Justamente, la tarea en lo que resta para los comicios del próximo año es que la figura que salga de esta colección variopinta de candidatos logre que un gran número de colombianos, que apoyaría una segunda reelección, se percate de que el Gobierno no ha solucionado la pobreza, ni el desempleo, ni la corrupción, ni la inseguridad, ni el narcotráfico, ni ha construido una respuesta digna y efectiva para las familias desplazadas y las víctimas del conflicto armado. Que cada vez le aparecen más escándalos a la actual administración y que ni la guerrilla está acabada, ni los paramilitares totalmente desestructurados ni desmovilizados.

Por eso, los colombianos también están a la espera de que los próximos gobiernos tengan la suficiente decisión política y la capacidad técnica para

Revista Cien días vistos por CINEP No 68 Dic iembre 2009

tramitar leyes como la de víctimas, que vele por sus derechos y priorice las peticiones de verdad, justicia, reparación y no repetición que demandan. Los colombianos esperan que se deje de invertir dinero del erario público y que se sigan haciendo préstamos internacionales para la guerra y se destine parte de esa ‘platica’ para los cientos de afectados por el conflicto social y armado.

De igual manera, los colombianos están aguardando una solución eficaz al ‘tsunami’ que se le vino encima al Gobierno con el tema de la salud. Con los plazos establecidos por la sentencia T-760 de la Corte Constitucional a punto de vencerse –sobre las medidas que las instancias gubernamentales y los operadores del sistema deben tomar para garantizar un acceso digno, oportuno y equitativo de los colombianos a la salud– no se ve hasta el momento una clara iniciativa de política pública que dé salida a esta crisis de la salud en el país.

De otra parte, los pobladores del campo y los pequeños y medianos empresarios rurales, tienen la esperanza de que los funcionarios del Ministerio de Agricultura, implicados en el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro, respondan por haber repartido 25 mil millones de pesos entre familias poderosas y millonarias de la costa Atlántica con el objetivo –por lo menos en el papel– de incentivar la productividad en el campo y acabar con la desigualdad rural. Y más allá que, de una vez por todas, las instancias estatales encargadas del tema agrario, asuman con responsabilidad social y decisión política el nudo gordiano de la situación agraria en Colombia, en primer lugar, reparando a los millones de campesinos que han sido despojados de sus tierras y posibilitando programas integrales que busquen el desarrollo de una vida digna en el campo.

Pero también, otros sectores del la sociedad y el Estado colombiano están expectantes frente a la certificación de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Al respecto, los análisis del Banco de Datos de Derechos Humanos del CINEP observa cambios de estrategias en el comportamiento de la violación de los mismos: en el primer semestre de 2009, las amenazas tuvieron un incremento del 21 por ciento y la violencia sexual del 62,5 por ciento. En este contexto de giros de la violencia política, millones de colombianos esperan que el Gobierno y las Farc aceleren la liberación de los secuestrados - integrantes de la fuerza pública y de civiles-, mediante el anhelado acuerdo humanitario; y, de igual forma, se plantee por parte del Gobierno una solución a las complicadas relaciones con los países vecinos, afrontando con claridad temas tan delicados como el de las bases militares de Estados Unidos en territorio nacional.

De esta forma en su última edición del año 2009, la revista Cien Días vistos por CINEP No. 68, ha querido presentar un recorrido por los temas que quedan pendientes y se deben seguir trabajando por la sociedad y el Estado para 2010. Diciembre es un mes de celebración, pero también de balance y planeación. Por ello, los colombianos y colombianas, esperan que al finalizar el siguiente año, a estos asuntos se les haya encontrado un camino y un horizonte de solución equitativa para todos.

Derechos humanos

¿Cómo van los Derechos Humanos? Por Alejandro Angulo S. J.1

1. NO TAN BIEN COMO DICE EL GOBIERNO

La situación de los derechos humanos en Colombia es debatible. El Gobierno tiene razón en afirmar que la situación ha mejorado, a partir de 2002, en el sentido de que han disminuido los asesinatos y los secuestros. La baja del homicidio muestra que los ‘paracos’2 le han bajado el perfil a su reconquista del poder y la disminución del secuestro revela que las guerrillas han tenido que replegarse frente a la ofensiva de militares y paramilitares.

Ahora bien, el respeto de la dignidad humana conlleva, además del respeto a la vida, el respeto a los bienes públicos y privados de toda la población. Por tanto, el despojo de tierras, que siguen practicando los vencedores de la contienda, además de las injusticias contra la propiedad, produce más homicidios de los que la sociedad humana puede tolerar sin espasmos fatales. Pero estas muertes ahora hay que contabilizarlas en diferido, a mediano plazo, como accidentes o como suicidios.

Lo que se alcanza a ver en los datos que siguen, es cómo entre el año pasado y el corriente han aumentado otros dos tipos de irrespeto grave a la dignidad humana, a saber, la amenaza y la detención arbitraria. Se comienza con una visión panorámica de la situación de los derechos humanos en su doble cara: la guerra sucia de la guerrilla, la cual técnicamente se llama “infracciones al derecho internacional humanitario” y la guerra sucia de la fuerza pública, que técnicamente se denomina “violaciones de los derechos humanos”. Se adopta esta denominación porque es la que ha sido consagrada por la jurisprudencia internacional y la que usa las Naciones Unidas. Sin ignorar que los debates nacionales mezclan una y otra categoría, con el peligro de igualar la violencia legítima y la ilegítima, sin advertir que tal confusión socava cualquier Estado de Derecho y, por lo tanto, vuelve imposible la convivencia humana.

2. PANORAMA DE LA VIOLACIÓN DE LA DIGNIDAD PERSONAL

La tabla 1 da una visión panorámica del estado de los derechos humanos durante el primer semestre del año 2009, comparada con el mismo período del


año anterior. Las conclusiones no son favorables: a) el total de las violaciones a los derechos humanos en todo el país aumenta en 29 por ciento, b) si se mira por divisiones geográficas, dicha violencia tan sólo disminuye en 9 de los 26 departamentos, lo cual indica que, al menos en las dos terceras partes del país, la situación ha empeorado o sigue igual este año en comparación con el año pasado. Y esto lo callan la gran mayoría de los medios de comunicación masiva. Los departamentos en los que esta situación empeoró son, por su orden, Nariño, Atlántico, Santander y Cesar, donde se denunciaron aumentos superiores a los treinta casos de abuso.

Durante el primer semestre del año 2009, los mayores números absolutos de violaciones han sido contabilizados en Santander, Antioquia, Nariño y Atlántico y oscilan entre 79 y 116. En 2008 los mayores violadores fueron Antioquia, Cauca, Santander y Valle, en ese orden, mientras que los delitos oscilaron entre 69 y 95.

Tabla 1: Violaciones a los derechos humanos por pers ecución política, abuso de autoridad e intolerancia social, según departamento y aumento.

Enero a junio 2009 y enero a junio 2008.

Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en general, también aumentan entre 2008 y 2009, con las excepciones de diez departamentos, entre 26, subrayados en la tabla 2. Los mayores incrementos se registran en Nariño, Atlántico, Norte de Santander y Cesar, lo cual coincide con los lugares de mayor aumento de las violaciones a los derechos humanos, como era de esperarse. Y también los departamentos con mayor incidencia del abuso en 2009 son, en su orden, Antioquia (94), Nariño (89) y Atlántico (73). En 2008 habían sido Antioquia, Cauca y Santander.

Tabla 2: Infracciones graves al Derecho Internacion al Humanitario en los primeros semestres de 2009 y 2008 por depart amentos

y comparación entre los dos semestres.

Fuente: Noche y Niebla, Número 37 y 39


3. ¿QUIÉN LE HACE QUÉ A QUIÉN?

Una visión más clara de la situación descrita la dan los siguientes cuadros, donde se

describen a) el tipo de fechorías y b) los autores de las mismas. Para saber quiénes son

las víctimas hay que mirar el apéndice de casos de la revista que se resume más abajo.

Tabla 3: Tipos de violaciones a los derechos humano s por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social en los primeros sem estres de 2009 y 2008

Fuente: Noche y Niebla 37 y 39

La tabla 3 muestra cómo en los dos últimos años el crimen más común es la amenaza y cómo ésta aumenta de forma muy considerable. Le sigue la ejecución extrajudicial, que es el nombre técnico del asesinato fuera de combate y que es el crimen que más crece en proporción, ya que el crecimiento relativo de la violencia sexual deja algunas dudas, porque es un registro nuevo que apenas empieza a realizarse en Noche y Niebla, aunque no sería para nada extraño que la realidad correspondiera con la dinámica del registro.

Ahora bien, el predominio de la amenaza es típico de la estrategia paramilitar que va tras la tierra y que, en esa forma, logra expropiarla en cuestión de horas. También es característica de la estrategia paramilitar y militar la constancia de la tortura. El resultado es el desplazamiento forzado de numerosas poblaciones. Si la amenaza no surte efecto, se llega al asesinato. En el primer caso la tierra robada queda regada con lágrimas, en el segundo caso, con sangre. En ambos el crimen clama al cielo porque, como se ha demostrado en otros lugares, no hay nadie más ante quien clamar, dado que el delito en Colombia es impune y su botín es irrecuperable para las víctimas. La

justicia y la reparación, pese a algunos avances, todavía siguen cojeando de ambas piernas.

Fuente: Noche y Niebla , Número 37 y 39

La tabla 4 muestra cómo hay una disminución considerable en los abusos cometidos por el Ejército, lo cual concuerda con lo que se ha informado sobre investigaciones y sanciones llevadas a cabo por los altos mandos de la institución. No sucede lo mismo con la Policía que ha aumentado las detenciones arbitrarias que, sumadas a las amenazas paramilitares, conforman la nueva estrategia de lo que el Gobierno considera como “su paz” y que los paramilitares llaman, sin camuflarla, la recuperación del poder.

Esta doble denominación pone en evidencia la doble moral que constituye la entraña del conflicto armado colombiano, donde el paramilitarismo vino a colaborar con su granito de arena, estableciendo una sólida alianza con el narcotráfico. Por su parte, la instauración del paramilitarismo por cuenta y riesgo de una buena fracción del establecimiento colombiano y con la colaboración, en muchos casos estrecha, de la fuerza pública con los paramilitares, convirtió la guerra sucia en la estrategia principal, cuyas consecuencias son los actuales retoños violentos y el terrorismo económico y social. Todo ello condujo a la actual proliferación de la amenaza y de las detenciones arbitrarias.

Las tablas numéricas de Noche y Niebla no cuentan quiénes son las víctimas de todos los desmanes enunciados. Pero, en cambio, los casos que denuncia cada número de la revista relatan con lujo de detalles cómo los dolientes de esta ‘reacomodación’ capitaneada por una dirigencia violenta, codiciosa y sin escrúpulos frente a la dignidad humana, son campesinos de grupos étnicos


minoritarios o peones mestizos. Todos pobres que han logrado desbrozar, con enormes dificultades y durante años, un pedacito de tierra.

Las víctimas más torturadas son los dirigentes de esos grupos y los voceros populares que intentan resistir al despojo y a la consiguiente esclavitud. Lo que se observa en el momento actual es pues una base sumamente débil para empeñarse en lograr una certificación de respeto de los derechos humanos.

____________________________________ 1 Coordinador Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. CINEP 2 Paramilitares

Política

¿Dónde está la oposición? Por: Lina Vargas1

Más allá del debate por la reelección de Uribe, cuá les son las propuestas de los demás candidatos en los temas de paz y derec hos humanos.

A cinco meses de las elecciones a la Presidencia, cuya primera vuelta está prevista para el 30 de mayo de 2010, el panorama electoral se mueve con paso lento. El motivo es que el país entero, incluidos los candidatos que aspiran al cargo de primer mandatario de los colombianos, está atento a la suerte del referendo reeleccionista que de ser aprobado, validaría un tercer periodo del presidente Álvaro Uribe.

Haciendo oídos sordos a los escándalos en que se han vistos envueltos miembros del Gobierno –‘yidispolítica’, ‘falsos positivos’, visitas de paramilitares a la Casa de Nariño–, a los riesgos que implicaría para la democracia la concentración del poder en una sola persona y pasando por alto irregularidades en el trámite reeleccionista, los partidarios del referendo cruzan los dedos para que éste sea aprobado por la Corte Constitucional y después por el voto popular.

El triunfalismo uribista se avivó luego de que el 27 de septiembre, las consultas del partido Liberal y del Polo Democrático –que eligieron como candidatos únicos a Rafael Pardo y Gustavo Petro– arrojaron un conteo de votos inferior al que se esperaba: 376.739 para Pardo y 223.627 para Petro. De inmediato, miembros de la bancada del Gobierno señalaron que el gran ganador de la jornada había sido el presidente Uribe e, incluso, el senador Armando


Benedetti fue más allá al afirmar que los partidos de la oposición no existían2. Pocos días después, la encuesta realizada por Semana, RCN y La FM confirmó estas apreciaciones al asegurar que el 63 por ciento de los colombianos encuestados votaría por Uribe si éste fuera candidato, seguido de un escueto 8 por ciento a favor de Gustavo Petro3.

El realismo práctico de otros no se hizo esperar. Fue el caso de Hernando Gómez Buendía, quien escribió en El Nuevo Siglo: “Los resultados no tienen importancia porque el Presidente para el periodo 2010-2014 tiene nombre propio y ese nombre no figura en las consultas”4.

Aun así, también hubo quienes respaldaron las consultas partidistas y miraron el lado bueno de los resultados. El director de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, afirmó que sí hay con qué enfrentar a Uribe. “Se trata de encontrar un candidato que sea capaz de convocar al electorado urbano, que genere confianza en las élites empresariales opuestas a la segunda reelección, que no pueda ser tachado de pusilánime ante la guerrilla o ante Chávez, que pueda fustigar con gran autoridad moral todos los escándalos de corrupción que le están saltando como liebres al Gobierno, que no se amilane ante la popularidad de Uribe y se proponga unir a todas las fuerzas antirreeleccionistas para dar una batalla consistente a lo largo de esta campaña”, dijo Valencia5.

En esa misma línea, María Elvira Samper escribió en su columna de la revista Cambio: “(…) materia para construir una propuesta alternativa viable hay de sobra. El Gobierno tiene pendiente una gran deuda social, los índices de pobreza, inequidad, desempleo, informalidad, violencia urbana y un largo etcétera son motivos suficientes para justificar un cambio”6.

Por eso –una vez pasó el debate sobre los 57 mil millones de pesos que costaron las consultas y sobre si era o no beneficioso hacerlas entre toda la población y no al interior de los partidos– los candidatos elegidos empezaron a planear coaliciones y alianzas con miras a un escrutinio interpartidista en marzo del próximo año.

Con ello, aunque a paso lento, los escenarios electorales alternos a la reelección de Uribe comenzaron a despejarse. “Quien ganó en esta ocasión, más allá de los triunfos individuales, fue la consulta interpartidista”, afirmó El Espectador, y concluyó: “las posibilidades de detener su llegada al poder [de Uribe] dependen de una alianza entre candidatos de la oposición u otras opciones políticas interesadas, como es el caso del candidato de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras”7.

La coalición

El panorama electoral cuenta con dos grandes posibilidades: elecciones con Uribe en las que los candidatos tendrían las de perder y elecciones sin Uribe con un marco más equilibrado para los demás aspirantes. Según la revista Cambio: “(…) si el Primer Mandatario supera los obstáculos y es candidato en la primera vuelta, la oposición se vería obligada a llegar unida bajo un solo nombre si quiere un resultado decoroso”8.

Concientes de esto, tres días después de las consultas, Pardo y Vargas Lleras sellaron un primer acuerdo. Pardo, quien ha tenido que sortear la división del partido Liberal y los ataques de algunos de sus miembros sobre la parcialidad del ex presidente César Gaviria a su favor, coincidió con Vargas en la importancia de una consulta interpartidista para lograr la unidad. Sin embargo, la diferencia entre los dos candidatos corrió por cuenta de la inclusión o no de Petro en la coalición antireeleccionista de la que harían parte. Sobre esto, Vargas fue enfático en su negativa a unirse con el Polo Democrático. “Claro, el partido Liberal me es afín, pero la situación con el Polo es distinta. Yo hago una consulta interpartidista con sectores que son afines y no veo posibilidad que sea con el Polo”9, sostuvo.

Pardo, en cambio, ha estado abierto a alianzas no sólo con Vargas y Petro, sino también con Sergio Fajardo del partido Compromiso Ciudadano por Colombia y, si lo hay, con el candidato que salga de los ‘tres tenores’ del partido Verde Opción Centro, Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón y Enrique Peñalosa. “(…) Con ellos –subrayó Pardo– buscaremos conversar para conformar esa nueva mayoría política en el país con coincidencias en objetivos y propósitos”.10

La senadora Cecilia López descalificó la unión con Vargas Lleras, “un exponente de la derecha –dijo López– alguien con quien sólo nos une el sentimiento antireeleccionista”11.

Fajardo, por su parte, declinó la invitación de una consulta interpartidista y confirmó su decisión de llegar solo a la primera vuelta con la consigna de no ser ni uribista, ni antiuribista. Algo similar ocurrió con los ‘tres tenores’ quienes anunciaron que Lucho Garzón encabezaría las listas del Senado y que por ahora no había candidato presidencial. “A mi no me interesa el tema de las consultas interpartidistas”, señaló Peñalosa y agregó “Este partido [Opción Centro] irá a la Presidencia, si no es en esta ocasión, en la siguiente”12.

Petro, el palo de la jornada del 27 de septiembre y quien como Pardo tiene la difícil tarea de poner orden en la casa y consolidar la unidad del Polo, no esperó ni un solo día para establecer contactos, aunque fue claro al explicar que su campaña no se basa únicamente en la oposición a Uribe. “El acuerdo no se debe construir sobre la base de un pacto antireeleccionista; no debe girar, en negativo, alrededor de Uribe. Lo concibo muy al estilo de la concertación democrática chilena, que no incluye todo el espectro político del país, pero que permitió una transición de la dictadura hacia la democracia”13.


En todo caso, a Petro le espera un camino largo no sólo con los otros candidatos, sino con su mismo partido. “(…) la situación interna del Polo presenta una división profunda que es el primer gran reto que enfrenta el nuevo candidato presidencial. Una división profunda frente a la concepción de lo que debe ser y hacer la izquierda: el ala de Petro es moderada, hasta el punto de que es tachada por la otra como de “derecha uribista”14, explica Cambio.

Las propuestas

Este ‘revoltillo’ electoral como lo califica la columnista Cecilia Orozco, ha recibido varias críticas. “¿Serán ellos –pregunta Orozco refiriéndose a los liberales y polistas– coherentes con la ideología que han pregonado o las ganas de llegar a la Presidencia los hará entregar los principios de una y otra colectividad?”15.

Analistas políticos coinciden en que, ante este panorama, la opción más viable es encontrar un candidato que compita con Uribe por la franja de centro y que sin descuidar el tema de la seguridad –bandera uribista– logre captar la atención del polarizado electorado nacional por asuntos como el desempleo, la pobreza, el conflicto armado, la paz y los derechos humanos.

Por ello, la revista Cien Días elaboró un seguimiento a las propuestas que los candidatos han hecho en los distintos medios de comunicación y en los recorridos de su campaña electoral sobre estas materias. Es allí –más que en las alianzas– donde reside la fuerza de una figura opositora que logre cambiar aquella concepción de que sin Uribe, la hecatombe.

Negociación con las Farc

En entrevista publicada en la edición 67 de la revista Cien Días, Rafael Pardo expresó que no descarta el diálogo, pero que espera que la iniciativa sea de parte de los grupos armados y que cumpla con el Derecho Internacional Humanitario. Además, hizo énfasis en que el acuerdo humanitario es para salvar vidas y que es distinto de un proceso de paz o un diálogo.

Por su parte, Gustavo Petro, quien durante su campaña electoral ha sido un duro crítico de las Farc, declaró: “Estaría dispuesto a dialogar en el momento en que las Farc digan que las negociaciones son para acabar la guerra en forma definitiva que creo que llegaría si se mantiene la ofensiva militar, sin ‘falsos positivos’ y se hace un modelo de desarrollo social que transmita la tierra fértil de la mafia a producción de alimentos y que incluya a toda la población rural”16.

En su propuesta de Seguridad, en la que combina principios de la Seguridad Democrática de Uribe con un marco de respeto a los derechos humanos y al DIH, Sergio Fajardo afirma: “ (…) A las Farc se les han reducido los espacios tanto territoriales como políticos y ellas están intentando transformarse para sobrevivir a la intensa presión estatal, pero el contexto político y social es hoy muy distinto de aquel en el que éstas imponían condiciones. Ya no tienen oxígeno para volver a ser lo que fueron. Tenemos la conciencia clara de que el

Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía y la presencia estatal llegaron para quedarse en las zonas de conflicto. No puede haber ni un milímetro del territorio nacional sin dicha presencia17”.

Paramilitarismo y nuevas bandas

Para Pardo, quien ha expresado que su política de paz tiene un fuerte componente de atención a las víctimas del conflicto armado, en el desmonte de las AUC no hubo verdad, justicia, ni reparación. “Yo creo –comentó a Cien Días– que ese camino ya no se puede recorrer como un camino de negociación y de diálogo, sino esencialmente, como un camino de aplicación y sometimiento a la ley”.

En su periódico virtual, Petro aseguró: “La legitimidad del Estado reside en el pleno derecho a los derechos de las y los ciudadanos. Por tanto, condenamos el paramilitarismo, el desplazamiento forzado, el terrorismo y los crímenes de Estado como los ‘falsos positivos’”18.

En el documento mencionado Fajardo apunta sobre el proceso de paz con las AUC: “(…) la negociación con los paramilitares no tuvo una hoja de ruta consistente desde sus inicios, estuvo caracterizada por una falta considerable de claridad e improvisaciones sobre la marcha”. También menciona la existencia de 84 nuevos grupos criminales y llama la atención del Gobierno en materia de reinserción.

Víctimas

Una de los objetivos del programa de gobierno de Pardo es la creación de un Programa Nacional de Víctimas de la Violencia y una Comisión de la Verdad de Tierras que defina los parámetros de reparación de los afectados.

En entrevista a El Tiempo, Petro aseguró que, además de buscar acuerdos con otros candidatos, “haremos un diálogo y quiero empezar por los movimientos sociales, las víctimas, las centrales obreras y los indígenas que me parecen los más cercanos a la tesis del acuerdo democrático”19. En su propuesta de seguridad Fajardo incluye un espacio a las víctimas: “(…) aún no logramos construir en el país y una política auténtica de Verdad, Justicia y Reparación. Como sociedad, seguimos en deuda con la mayoría de las víctimas de la barbarie paramilitar, guerrillera o de las acciones ilegales de agentes del Estado”. Y concluye: “La Corte Constitucional, en reiterados fallos, ha conminado al Estado colombiano a cumplir sus deberes frente al desplazamiento interno. Es un compromiso de nuestro gobierno dar cumplimiento a esos mandatos”.


‘Falsos positivos’

Pardo considera que un protocolo para la Fuerza Pública de cumplimiento de los derechos humanos autónomo e independiente. En esa misma línea, Fajardo propone una formación profesional de oficiales, suboficiales y soldados en el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, con severas sanciones a los violadores. “La motivación del combate –se lee en el documento de Fajardo– debe ser la defensa de la soberanía nacional de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

Interceptaciones ilegales

Para Pardo, el tema es de actitudes por el respeto a las opiniones contrarias y a los derechos civiles y políticos de las personas. Por su parte, Petro declaró a El Nuevo Siglo: “Primero que todo, el problema central del DAS está en las decisiones políticas del Presidente de la República, al asignarle como dirección de ese organismo personal vinculado al paramilitarismo. Eran dos grupos de presión: el de Noguera y el de Pedro Juan Moreno y Rito Alejo del Río, sobre los cuales había suficientes indicios como para que un Presidente pudiera tomar distancias y no entregar una institución tan delicada por capacidad de información a unas personas que perfectamente podían entregarlo a la organización criminal”20.

Por último, Fajardo anota que revisará en profundidad la formación y el funcionamiento de los servicios de inteligencia, en especial del DAS.

________________________________________ 1 Periodista CINEP 2 Cita tomada de Valencia, León. ¿Sí hay con qué? El Tiempo, octubre 4, 2009. 3 Muerto de la risa, en revista Semana, octubre 5, 2009. 4 Gómez Buendía, Hernando, La consulta, un no-suceso, en El Nuevo Siglo, septiembre 27, 2009. 5 Valencia León, ¿Sí hay con qué?, El Tiempo, octubre 4, 2009. 6 Samper María Elvira, Velas blancas, muchas velas blancas, en revista Cambio, octubre 8, 2009. 7 Y ahora la consulta interpartidista, El Espectador, septiembre 29, 2009. 8 Las cartas de la oposición, en revista Cambio, septiembre 24, 2009. 9 Cita tomada de González Armando, Pasos iniciales para una consulta interpartidista, El Nuevo Siglo, septiembre 29, 2009. 10 Ibíd. 11 Cita tomada de Meléndez Jorge Enrique y Forero Luis Guillermo, Las apuestas de Petro, Pardo y Vargas, El Tiempo, octubre 4, 2009. 12 Cita tomada de Posada Carbó, Eduardo, ¿Ganó la abstención? El Tiempo, octubre 2, 2009. 13 Cita tomada de Gómez Gustavo, “El derrotado es Samuel Moreno y los clientelistas”, entrevista a Gustavo Petro en revista Semana, octubre 5, 2009. 14 Revolcón en el Polo, en revista Cambio, octubre 1, 2009. 15 Orozco Cecilia, Oposición sin coherencia, El Tiempo, octubre 3, 2009. 16 Cita tomada de ¿Bajo qué condiciones negociaría con las Farc? , El Nuevo Siglo, septiembre 26, 2009. 17 Cita tomada de Propuesta de seguridad y convivencia. Compromiso ciudadano por Colombia, enhttp://www.sergiofajardo.com/pdf/propuesta-

seguridad-convivencia-sergio-... 18 Cita tomada de http://gustavopetro.org/gustavopetro/periodico_v2/ 19 Cita tomada de Posada Carbó, Eduardo, ¿Ganó la abstención? El Tiempo, octubre 2, 2009 20 Cita tomada de La liquidación del DAS no convence a los precandidatos, El nuevo Siglo, septiembre 22, 2009.


Política

Entrevista a Germán Vargas Lleras Por: Lina Vargas1

Como parte de su seguimiento a los candidatos a la Presidencia 2010-2014, Cien Días entrevistó al candidato del partido Cambio Radical sobre sus propuestas en materia de derechos humanos y paz y conflicto armado.

¿Cuál es su propuesta para solucionar el conflicto con las Farc y el Eln?

Continuar con los programas de seguridad democrática. Soy pesimista en lograr una salida negociada al conflicto. Con la entrada en vigencia del tratado de Roma y de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, se dificultará aún más que esa salida se abra paso. Los integrantes de las cúpulas de las organizaciones armadas ilegales están sindicados de delitos atroces o de lesa humanidad, lo que no hace viable que puedan cursarse amnistías o indultos. Eso me lleva a creer que las organizaciones no están dispuestas a pagar unos mínimos estándares de pena. La responsabilidad del Gobierno y del Estado es darle continuidad al esfuerzo que ha hecho el actual Gobierno para desarticular a esas organizaciones.


¿Intentaría un proceso de paz?

Serían ellos quienes tendrían que tomar la iniciativa. Siempre que se habla del tema pero nunca se define ni una agenda, ni tiempos, ni objetivos y lo que no aceptaría es avanzar o restablecer un proceso de paz del cual sólo se esperaría que ellos derivaran ventajas internacionales o militares.

¿Cuál es su posición frente al proceso de paz que s e adelantó con los paramilitares?

Con relación a los grupos emergentes el Estado tiene la obligación de combatirlos sin vacilación alguna. Con algo de escepticismo advierto que en la Ley de Verdad, Justicia y Reparación aún no se han proferido sentencias definitivas. Me preocupa también que habiéndose abierto la posibilidad de que el Fiscal General de la Nación pueda resolver la situación subyudis de los miles de integrantes de esas organizaciones, el proceso no se haya iniciado. En la medida en que esas personas no puedan reintegrarse a la vida civil estarán tentadas a reagruparse.

¿Cómo dar justicia y reparación a las víctimas?

A través de una ley de reparación que lamenté mucho que se hubiera hundido en el Congreso. Yo esperaría que esta legislatura incorporara, más allá de la reparación, un procedimiento o mecanismo automático para que las personas a quienes se les despojo de sus tierras volvieran a ellas sin esperar larguísimos procesos judiciales.

¿Una política concreta para terminar con las ejecuc iones extrajudiciales?

Erradicar de las fuerzas militares esa mal llamada doctrina del conteo de cuerpos, que en un momento se estableció en la institución y que no puede ser tolerada. Los desadaptados que estuvieron en esa política tienen que ser sancionados ejemplarmente. Eso no fue el resultado de una improvisación, sino de haber acogido dentro de las Fuerzas Militares la doctrina del conteo de cuerpos, que contraría el honor militar y que tienta a muchos miembros a incurrir en conductas delictivas que nunca debieron haber tenido lugar. La institución y las Fuerzas Militares no son cuerpos de mercenarios para que tengan que actuar motivados por ese tipo de principios.

¿Cómo dar garantías a la oposición frente a los esc ándalos de las interceptaciones ilegales del DAS?

Las primeras garantías que esperamos tener son unas reglas de juego claras para el proceso electoral que viene. En este momento se discute una reglamentación de la reforma política que es incierta, no sabemos cuándo se va a iniciar la campaña ni en qué momento podremos acceder a la publicidad política. Esta es la hora que desconocemos si vamos a tener cofinanciación del Estado. Yo no recuerdo una situación similar y la única garantía que teníamos que era la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, tampoco parece que vaya a tener aplicación.

_____________________________ 1 Periodista CINEP

Conflicto

Pruebas de vida y Condiciones para una negociación política

Por: Vladimir Caraballo Acuña 1

Análisis de los hechos acontecidos en torno al enví o o incautación de pruebas de vida de parte de las Farc y consecuencia s que estas dinámicas han tenido para la posibilidad de un post erior proceso de negociación.

En el marco del seminario Condiciones para un proceso de diálogo y negociación en Colombia, realizado por el CINEP el pasado octubre, Vera Grabe, desmovilizada de la guerrilla M-19 en la década de los noventa, concluía su presentación diciendo que las negociaciones políticas eran más un asunto de literatura que de ciencia política. Con ello buscaba hacer referencia a los temores, los orgullos, las desconfianzas, los prejuicios, las esperanzas y los deseos que pueden llegar a tener la misma (si no más) importancia que los


aspectos procedimentales y de agenda tradicionalmente considerados por los análisis políticos.

La captura que el Ejército de Colombia hizo de un supuesto correo de las Farc, Ramiro Valbuena Ospina, con pruebas de supervivencia que al parecer tenían a la mediadora y senadora Piedad Córdoba como destino, han puesto sobre la mesa este tipo de aspectos. A continuación se quiere hacer explícito cómo la interrupción de la entrega de las pruebas a Piedad Córdoba, las irregularidades en la captura de Valbuena y los argumentos dados por la población civil para deslegitimar su posterior puesta en libertad, alimentan los problemas que, según el teórico norteamericano Cristopher Moore, minan directamente la posibilidad de procesos de negociación: las percepciones erróneas o los estereotipos esgrimidos por una o más partes, los problemas relacionados con la legitimidad, la falta de confianza y la mala comunicación.

Hechos y reacciones

Dos llamadas realizadas por un informante a las autoridades, les alertaron sobre un hombre en moto que se dirigía de Villavicencio a Bogotá con información sobre las Farc. En un retén militar del pasado sábado 5 de septiembre, Ramiro Valbuena fue detenido y con él, las pruebas incautadas. La reacción de los familiares que pudieron tener nuevas noticias de los secuestrados se movía entre la alegría, la tristeza y la preocupación porque la interrupción del curso de entrega de las pruebas, implicara una reacción negativa de parte de las Farc hacia un posible intercambio humanitario.

Valb uena fue interrogado durante todo el domingo, tras lo cual se le puso en libertad para que recogiera sus pertenencias en los juzgados de Paloquemao, donde entonces se le notificó de la orden de captura en su contra. A disposición de la justicia, la jueza 55 de control de garantías encontró méritos suficientes para dejar en libertad al sospechoso, quien había asegurado no conocer la información que se encontraba en la USB incautada. Los

argumentos de la jueza fueron básicamente los siguientes: permaneció más de 24 horas sin saber el motivo de la captura, no se le leyeron sus derechos ni se le informó de la posibilidad de contar con una defensa pública, se le impidió realizar la llamada telefónica reglamentaria, el Ejército tardó más de las 36 horas legales para colocarlo a disposición de la justicia. Además de la puesta en libertad, la jueza consideraba que, según lo establecido por la ley, el Estado debía devolver a Valbuena las pruebas de vida interceptadas. Ante ello, el director (e) del CTI de la Fiscalía, Fernando Márquez, afirmó que el ente acusador apelaría la decisión de la jueza. Las gran mayoría de comentarios de los usuarios en la prensa ante la liberación de Valbuena, fueron reiterativos en calificar de “injusta, miope y alcahueta [sic] y a favor del terrorismo”2 , la decisión de la jueza, básicamente por despreciar los esfuerzos de la fuerza pública y por victimizar a los asesinos.3

Sin condiciones para negociar

Estos sucesos –la interrupción de la entrega de las pruebas, la detención irregular de Valbuena, su posterior liberación y la reacción de la población civil en la prensa– leídos en clave de condiciones para una posible negociación, hacen explícita la idea ampliamente difundida sobre la consolidación de una cultura más guerrerista que negociadora, tanto de parte del Gobierno como de una amplio sector de la ciudadanía.

De un lado, frente al problema de la legitimidad y los estereotipos, el Gobierno ha sido claro al negar cualquier posibilidad de pensar en las guerrillas como agentes sociales y mucho menos políticos. El psicólogo Daniel Bar-Tal ha dado cuenta de las creencias deslegitimadoras entre actores sociales: deshumanización, proscripción, caracterización negativa de rasgos, comparación con grupos valorados negativamente y uso de estigmas4. Todas estas caracterizaciones, interiorizadas ya por amplios sectores sociales que no ven en los guerrilleros algo más que animales peligrosos, legítima que los capturados deban ser entonces objeto de dolorosa venganza, y no de leyes o de derechos humanos.

De otro lado, el asunto de la confianza fue expresado claramente por Carlos Lozano, director de semanario Voz, quien mencionó que se trató de un "golpe de mano a la confianza entre las partes" y les hizo un llamado a las Farc para que no tomen decisiones que afecten a los secuestrados, a la vez que pidió


"urgentemente" que "el Gobierno no asuma las pruebas de supervivencia como un botín de guerra5. Si la negociación depende en gran medida de la elaboración conjunta de aspectos como los mencionados por Vera Grabe, el entorpecimiento de los pactos realizados entre sociedad civil y grupos armados de parte del Gobierno no hace más que prolongar la crisis humanitaria en el país, como afirmó Marleny Orjuela, directora de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública, Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros –Asfamipaz-.

Todo lo anterior, unido con los múltiples errores cometidos también por la guerrilla, contradice las recurrentes declaraciones oficiales acerca de tener las puertas abiertas para un intercambio humanitario. Las interrupciones de las entregas y de los pactos realizados entre las Farc y Piedad Córdoba –autorizada oficialmente– violan los códigos más básicos para continuar con las liberaciones y con un posterior canje humanitario. Como indica el investigador Gonzalo Serrano: “La negociación es un proceso que avanza a medida que en el mismo se genera respeto y confianza, y se abren expectativas positivas entre las partes. Aunque un tercero puede alentar ambas cosas, son las mismas partes las que deberán hacer el esfuerzo para transmitirse mensajes positivos, clarificar aspectos dudosos y mal entendidos, disminuir las malas percepciones y sacar a la luz diferencias latentes que podrían entorpecer el proceso”.

Esto da pie para afirmar que la estructura de las actitudes es fundamental, ya que da cuenta de las actividades recíprocas de quienes negocian y de su forma de relacionarse. No hay nada peor que provocar la desesperación del contrincante, atemorizarlo u ofenderlo innecesariamente, porque su reacción puede llevarle a la ruptura de las negociaciones y a adoptar posteriormente una actitud agresiva, concluye Serrano.

Así las cosas, ni las Farc ni el Gobierno parecen estar mostrando verdaderas intenciones al respecto. A pesar del que el Presidente Uribe ha insistido en tener las puertas abiertas para ello, las acciones descritas aquí lo contradicen permanentemente. Como suele ocurrir en estos casos, son las iniciativas de la sociedad civil dirigidas no sólo al asunto de las liberaciones sino a la transformación de condiciones estructurales del conflicto, las únicas que parecen querer apostarle a una salida negociada a los conflictos del país.

Bibliografía

SERRANO, Gonzalo, "La eficacia en los medios de negociación", en Presupuestos teóricos y éticos sobre la paz, Universidad de Granada, 1993, p. 54.

MOORE, Christopher, “El proceso de mediación”, Granica, Buenos Aires, 1995, p.

BAR-TAL, Daniel, “Societal beliefs in times of intractable conflict: The Israeli case”, en International Journal of Conflict Management, 9, pp. 22-50.

El Espectador.com: “Supuesto correo humano de las Farc fue maltratado”http://www.elespectador.com/articulo160606-supuesto-correo-humano-de-FAR...

_____________________________________ 1 Investigador del CINEP 2 Comentarios de los lectores. Supuesto correo humano fue maltratado, Elespectador.com 3 En 2007, el ejército había detenido a Humberto Montaño, Cindy Tumay y Brigitte Adriana Vega, quienes fueron acusados de pertenecer al Frente Primero de las FARC y se les incautaron las pruebas de vida que transportaban, entre las que se encontraban las de Ingrid Betancourt y tres ciuda¬danos estadounidenses liberados posteriormente en la operación Jaque. En la entrega de otras pruebas en agosto de 2009, la congresista Piedad Córdoba había también advertido que no podía entregarlas todas porque la inteligencia del Estado estaba realizando seguimientos que impedían el curso normal de las negociaciones. A pesar de estas interceptaciones, el pasado 24 de septiembre las FARC enviaron nuevas pruebas de vida de Pablo Emilio Moncayo a la casa de la congresista. 4 Deshumanización para rotular grupos como inhumanos haciendo referencia a categorías subhumanas (raza inferior y animales) o refiriéndose negativamente a criaturas valoradas como superhumanas (demonios, monstruos y diabólicos); proscripción para categorizar los grupos como violadores de normas sociales (asesinos, ladrones, terroristas, etc.); caracterización de rasgos para atribuir rasgos de personalidad evaluados como extremadamente negativos e inaceptables para una sociedad dada (agresores o idiotas); grupos de comparación para categorizar al grupo deslegitimado con grupos valorados negativamente (vándalos) y, por último, uso de rótulos políticos o religiosos para categorizar con nombres o características políticas o religiosas grupos considerados inaceptables por los miembros de la sociedad deslegitimadora (nazi, fascistas, imperialistas, comunistas, extremista, etc.) 5Tortura con cadenas en el cuello a los secuestrados despierta indignación y repudio en Colombia, Eltiempo.com


Paz

El largo y aparatoso camino de hacer justicia a favor de las víctimas

Por: Fernando Sarmiento Santander1

Tras haberse desvanecido de la agenda pública el tema de las víctimas, las organizaciones sociales buscan por distintos medios avanzar en el alcance de sus derechos. Lo acontecido a lo largo de este año indica que el camino por recorrer en este sentido no será ni breve ni fácil. Una Ley de víctimas en veremos, un aparataje judicial enmarañado y la continuidad de procesos de victimización a través del desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y amenazas.

Tras el proceso de debate, aún por terminarse, de la llamada Ley de víctimas en el Congreso durante su anterior legislación, el tema de las víctimas desapareció curiosamente casi por completo de los medios de comunicación. Si bien el tema de las víctimas había estado en debate durante lo transcurrido del año, surgen preguntas por el silencio al respecto en los medios, más allá de


que el Congreso haya centrado su agenda en la reforma política justo a la puerta del próximo período electoral.

No obstante la suspensión del debate público, las organizaciones de víctimas buscan darle continuidad al proceso, a pesar de que la discusión como tal ya había arrojado resultados contundentes; desafortunadamente más a favor del gobierno y los victimarios, que de las propias víctimas. Limitada responsabilidad por parte del Estado frente a los hechos de victimización, ausencia de recursos fiscales para el proceso de reparación –salvo lo establecido en el decreto 1290 que ya venía con cortapisas presupuestales–, lánguidas menciones a los agentes del Estado como parte del conjunto reconocido de victimarios, ausencia de instrumentos concretos para resolver temas fundamentales como la reparación integral y la restitución de las tierras usurpadas, desconocimiento de las víctimas de forma diferencial, ningún mecanismo de seguimiento o control y menos de participación de las víctimas en los procesos. Estos apenas unos cuantos de los asuntos duros del debate.

En el transcurso del debate, el Gobierno poco o nada tuvo presentes las reiteradas insistencias de los organismos internacionales apelando a la legislación universal a favor de los derechos humanos y de las víctimas.

Más difícil cuando en esta democracia lo público no existe

En el escenario vivido durante el año, el Gobierno ha preferido actuar por otras vías menos “públicas” y más de orden administrativo, poniendo en fila de decreto de ley algunos de los temas para de este modo llevar a la práctica su doctrina respecto a las víctimas. Es el caso del decreto 1290 para la reparación administrativa, que al ser emitido directamente por el ejecutivo, desconoce el parecer de las víctimas, las ONG y la comunidad internacional, quienes lo han criticado permanentemente. O el caso del ya avanzado y a punto de ser emitido como decreto de memoria histórica, que reglamenta sobre el tema sin ningún tipo de discusión lo ya determinado en la igualmente criticada Ley 975 sobre

reincorporación de actores armados, reglamentación que, hasta lo que ahora se conoce, deja de lado la participación de organizaciones de víctimas. O el decreto que el Gobierno está preparando sobre reparación colectiva y que busca reformar el decreto 1290, sin ninguna consulta a las organizaciones de víctimas. Son apenas ejemplos de los casos conocidos, ventilados en los espacios de articulación de las víctimas y objeto de preocupación, en tanto son ellas las directamente afectadas.

La preferencia gubernamental sobre este mecanismo de verticalidad en la emisión de normas, representa a su conveniencia un menor costo fiscal, a la vez que un menor costo político. En otras palabras, se trata de minimizar al máximo el gasto fiscal, esquivar por todos los medios la responsabilidad política en uno de los problemas más profundos de la historia del país y evitar entrar en discusiones con las víctimas y sus aliados.

Con tal proceder del Gobierno, se creó una especie de doble juego frente a las organizaciones sociales y la comunidad internacional que hacen seguimiento al proceso. Por una parte, los medios desaparecen el tema de la agenda creando una sensación de espera para resolver el asunto, pero por otra, los decretos van siendo emitidos por la vía administrativa, lo que puede ser legal pero no legítimamente democrático, ni socialmente creíble ni éticamente apropiado, pues excluye y pone fuera de juego la opinión, las propuestas y los proyectos vitales de las víctimas. Parece un absurdo en la democracia clásica que los asuntos públicos sean resueltos en la instancia pública por excelencia, de espalda a los ciudadanos interesados, y arguyendo problemas fiscales, cuando el gasto fiscal se concentra en la guerra y no en la resolución de los problemas de fondo. En la democracia clásica seguramente será absurdo, pero no suena absurdo en lo que es y será la clásica democracia uribista.

Es ampliamente conocido, incluso por las entidades internacionales, que esgrimir la falta de dinero no es más que un pretexto para arropar la falta de voluntad política y de compromiso ético. Pero el dinero no es el punto. Es un argumento simple para zafarse sin tener que dar mayores explicaciones a un problema tan complejo que toca las raíces profundas del conflicto social y armado del país y más en lo que representa el tema de las víctimas: la propiedad y uso de la tierra, los modelos de desarrollo y la distribución de la riqueza. Por otra parte, también está en juego el costo político que representaría el hecho de reconocer que en este país hubo y hay víctimas de un conflicto armado y que buena parte de los perpetradores –aunque no todos– están en el trono, los estrados y las sillas del Gobierno, del Congreso y de los más significativos puestos del Estado.

También esto es claro: ¿qué gobierno semejante al que tenemos en este país quiso en otros países del hemisferio que se fortaleciera un sistema autónomo de justicia? Ninguno. Tal cual el argot popular: “sería como clavarse el cuchillo”. Además, a los ojos del Gobierno la justicia está funcionando perfectamente para sus propósitos, al igual que la educación, la salud y los tratados internacionales.


Una agenda de más largo plazo para las víctimas

No obstante los limitados logros, es necesario sostener un proceso de construcción de una agenda de largo plazo por parte de las víctimas y sus organizaciones; una agenda nacional que recoja y articule las agendas regionales. La perspectiva de este proceso no es inmediata, por el contrario, dada la experiencia en otros países que vivieron profundos procesos de violencia, el horizonte es de veinte o treinta años. En esto se han concentrado los esfuerzos de los movimientos y organizaciones de víctimas en todo el país.

El encuentro nacional de víctimas a mediados de 2007 marcó un capítulo fundamental para su proceso de articulación. A partir de allí, se ha venido trabajando en un conjunto de acciones que es importante mencionar, pues resultan ser estratégicas en el actual contexto sociopolítico. En primer lugar, la creación de escenarios para el debate y la consolidación de puntos de vista sobre temas esenciales de la agenda. Estos escenarios se han propiciado tanto en el ámbito nacional como en el regional. La realización de talleres, las discusiones multiactores y la producción de documentos hacen parte de este trabajo. No es un asunto banal en tanto permite que las víctimas y sus organizaciones conozcan y discutan los puntos críticos relativos a sus derechos. Ello resultó sustancial en el debate de la Ley de víctimas al sostener sus intereses en medio de los propósitos gubernamentales por evadir responsabilidades fundamentales en muchos de esos temas. En este mismo sentido, el pasado 11 y 12 de noviembre se realizó el seminario Fortalecimiento de la Justicia a Favor de las Víctimas, espacio propiciado por la comunidad internacional y en el que, aún con la severidad del tema, los representantes del Gobierno siguieron insistiendo en adoptar medidas para profundizar el conflicto, como fue la propuesta del viceministro de Justicia de decretar “estado de conmoción social”, con lo cual el Gobierno tendría la potestad de crear medidas de facto para la atención a las víctimas. ¿Qué

garantías podrían existir para ello dada la trayectoria de este Gobierno en el tratamiento a las víctimas?

En segundo lugar, la creación y fortalecimiento de organizaciones y la articulación de las víctimas. No obstante el amplio trabajo de las organizaciones por avanzar en este sentido, aún son miles las víctimas que no cuentan con procesos y respaldo organizativo y de las redes. En muchos casos, el temor o el desconocimiento de sus derechos no les han permitido crear organización o acercarse a las existentes.En tercer lugar, el fortalecimiento de las alianzas con otros actores. En este sentido, existen fuertes nexos con las ONG, sus aliados naturales, se han consolidado alianzas con representaciones diplomáticas de países europeos y organismos multilaterales, particularmente la ONU. Se ha sostenido la relación con congresistas de oposición, especialmente del partido Liberal. No ha sido igual con quien debería ser un partido comprometido con la causa de las víctimas, el Polo Democrático. Algunos medios de comunicación y periodistas hacen parte de esta amplia gama de aliados. Ello ha representado y representa preciados recursos a la hora de los grandes debates y el respaldo a la exigencia de los derechos.

Se trata de una agenda exigente en sus acciones y en sus contenidos temáticos, orientados a dar a conocer los derechos en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición: dignificar a las víctimas y mantener la memoria de lo ocurrido para que nunca más vuelva a suceder, conocer la cadena de victimarios y las razones de sus crímenes, llevarlos a juicio y condenarlos, que restituyan los bienes y las tierras que usurparon, que reparen el daño causado, que se realicen los cambios estructurales, políticos, sociales, jurídicos y económicos, necesarios para que no se repitan tales hechos y se mejoren las condiciones de vida de las comunidades.

Una agenda semejante no es fácil de lograr, menos en las actuales condiciones del país. Pero los procesos sociales son de largo plazo. Más de cuatro décadas de violencia y de victimización en muchas formas han exigido una cuota de valor por parte de las organizaciones sociales. Hace diez años las víctimas en Colombia “no existían” hoy son la piedra en el zapato del actual Gobierno. Eso lo demuestran, por ejemplo, las objeciones de Estados Unidos al TLC o los informes de Naciones Unidas o las sentencias emitidas por la Corte Penal Internacional. El camino será largo, pero se avista.

_____________________________________ 1Investigador del CINEP


Paz

Gramática de la Guerra. Una aproximación al lenguaje que genera y valida las violencias

Por: Laura González Pérez 1

“En una guerra uno se dice tantas cosas que ya no se puede perdonar” Karl Von Klausevich, teórico militar alemán.

A propósito de los acontecimientos que han acompañado la agenda mediática de las últimas semanas, en la que expresiones y palabras han profundizado distancias entre gobiernos e incluso dificultades en la frontera con Venezuela, y teniendo en cuenta el marco de discusión que en la academia, la ciudadanía y los medios ha tenido el tema, vale la pena ampliar la reflexión sobre la dimensión del lenguaje y sobre los alcances de las palabras como posibilitadoras de paz y de violencias.

“¿Si no estás conmigo estás contra mí?” “¿Sálvese quien pueda?” “¿Una golondrina no hace verano?” Rastreando expresiones populares, que nos ayudarán a comprender la manera de construir y validar culturalmente nuestros imaginarios y a partir de ellos, la relación con los otros y lo otro, nos encontramos con las maneras de nombrar las convicciones, creencias y esperanzas en nuestra relación cotidiana con el mundo.

Y también el lugar del lenguaje comprendido como constructor de referentes de paz y violencias –desde la semiótica (los signos, su estructura y la relación entre significado y significante), hasta su más profundo carácter epistemológico


(el lenguaje como conocimiento mismo)-. De ahí la pregunta ¿Cuál es el papel de las palabras y del lenguaje en la construcción de la paz y en la continuidad de las violencias?

Encontramos varias respuestas a estas preguntas. Por un lado, reconocer la relación directa entre la incapacidad de interlocución –vocabulario precario, bajo acceso a narrativas y lenguajes mediadores de ideas, pensamientos y sentimientos- y las violencias. “Como me decía y me decía cosas y yo no sabía qué decirle, cómo contestarle, entonces le pegué un puño con toda la ira que tenía encima2 , una acción práctica del conocido dicho: “le pegué para que aprenda”, a su vez, evolución del poderoso mediador educativo de los sesenta y setenta “la letra con sangre entra”.

Por otro lado, reconocer la idea de relación como objetivo de la comunicación. La comunicación sucede en la búsqueda de interacción con el entorno y con los otros. Para cualquier relación se necesitan dos como mínimo: uno que diga y otro que responda, que deje de decir, que contraproponga o que se someta.

Toda relación está mediada por palabras y lenguajes: lo que me dices, lo que te digo, como me miras, como te miro, como me nombras, como te nombro y como nos reconocemos. Esta dimensión determina nuestra postura frente a la vida, la paz, la violencia y frente a lo que sucede. En consecuencia, la posibilidad de repetición, puede tomar nuevas formas, dramáticas e imperceptibles, dada la aprobación que desde el lenguaje damos a lo que sucede, mediante palabras, discursos, músicas, artes, silencio o frases prefabricadas que apropiamos sin trascender. “Por algo será, algo debía”, “algunos tienen que morir en las guerras, es la ley de la vida”, “lo que no sirve que no estorbe”. Así se define la forma en que construimos cada una de las relaciones que rodean nuestras vidas, a las que se suman los gestos, las poses, miradas y disposición para encontrarnos y desencontrarnos.

Es el campo relacional el que nos lleva a que algunas veces ocupemos el lugar de la víctima y otras el de victimario en nuestras relaciones cotidianas y que cambiemos de rol de un minuto a otro casi sin notarlo.

Un lugar en el que se tiene la tentación de perpetuar las relaciones de poder y de repetir y reproducir el modelo de desigualdad en la cotidianidad, como sucede en la decisión de quedarse con las vueltas o de sacar injusto provecho de un negocio. Aunque de fondo comprendemos lo nocivo que esto resulta, lo reproducimos igual, dado que la posibilidad de subsistencia y validez de nuestros imaginarios radica en que algunas cosas y relacionas sucedan como siempre. Por ello, nos esforzamos en radicalizarlas, polarizarlas y perpetuarlas para luego decir “¿por qué será que todo siegue igual después de 40 años? Es que los unos, es que los gobiernos, es que la oposición, es que los jóvenes”. Desconocemos el papel real que juegan nuestras maneras de relación y nuestra cotidianidad en esta perpetuidad.

Y ¿qué es la vida histórica, de largo plazo, sino la suma de decisiones cotidianas? Es en la cotidianidad donde se juega la vida y el cambio de la historia.

La tradición oral acuña expresiones que logran insertarse ‘sin filtro’ en los lenguajes cotidianos: dichos y expresiones que hacen parte del repertorio de los padres, la escuela y los vecinos como “no sea bobo, no se deje”,

“aproveche ahora que puede” y “lo malo de la rosca es no estar en ella”. El siguiente ejemplo escolar evidencia el terreno tan miope en el que solemos caer: “Hijo, métase a la fila, aproveche que usted es chiquito y no le dicen nada”, para a la vuelta de 10 años decirle: “este mundo es muy injusto, vea esos políticos, vea esos empresarios, vea esos policías ¿la gente por qué se aprovecha?”

Así que nos enfrentamos a un desafío que supera toda negociación de paz, todo acuerdo político y todo debate de izquierda y derecha. Nos enfrentamos al más profundo sentido de nuestra manera de relacionarnos desde la cuna hasta la tumba. Se trata de un desafío para construir relaciones basadas en lenguajes y palabras con nuevos sentidos que se conviertan en comprensiones diferentes de las cosas, de lo que sucede, lo que nos sucede y de lo que permitimos que nos suceda.

Un lugar para la gramática

Según el diccionario Larousse, la gramática3 es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas. Se define como la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Así las cosas, la comprensión de la gramática de la guerra tiene un particular énfasis en los accidentes que se han ganado un lugar en los imaginarios, en las maneras de nombrar y a partir de allí en la validación, exclusión, polarización y minimización del sentido profundo que representan. ¿’Falsos positivos’?, ¿’bandas emergentes’?, ¿’dados de baja’?

Los lenguajes nos constituyen como seres políticos. Lo político, que dispone de varias definiciones relacionadas con el ejercicio del poder, nos permite encontrar un lugar que comprende la política4 como la comunicación dotada de


un poder, relación de fuerzas, orientación o manera de actuar de una persona en un asunto determinado. Así que podemos afirmar que el lenguaje tiene siempre una carga política en los discursos, en las palabras que repetimos y apropiamos y en el silencio.

En esta construcción de nociones, de ideas y de acciones, el vocabulario juega un papel fundamental. ¿Cómo armamos nuestro vocabulario? ¿Cómo lo ampliamos? Más allá de considerar que leer mucho es la condición para disponer de un amplio portafolio de palabras, la tradición oral, lo que escuchamos decir, es quizá tanto o más significativo en este proceso de construcción. De no ser así, ¿cómo las palabras ‘parce’, ‘pillo’ y ‘pirobo’5, tienen tanto lugar social y son repetidas y ampliamente conocidas con sus múltiples significados, sino a través de la oralidad y del voz a voz? En este proceso de ampliación del repertorio de palabras, los medios de comunicación han jugado un papel fundamental y junto con las palabras, las nociones y cargas que cada una de ellas implica. La teoría de la Aguja Hipodérmica planteada por el teórico de la comunicación Harold Lasswell, sostiene que “los medios de comunicación ‘inyectan’ una información con un contenido que se da por cierto y verídico. Lo que un medio de comunicación dice es cierto y de ninguna manera requiere ser verificado. Esta teoría jamás pone en entredicho la veracidad de la información que suministran los medios y, por el contrario, legitima la capacidad de éstos de moldear conductas y de estimular a las masas para que respondan, reconociéndolas como un grupo sin criterio que puede ser manipulado por los medios, los cuales, a su vez, son instrumentos de los poderes públicos y privados”. Y aplica, probablemente con el mismo éxito, la reproducción de los lenguajes, del repertorio de palabras y de gestos que representan o movilizan violencias.

Expresiones de desprecio como “y ese quien se cree”, o las ampliamente divulgadas ‘comunidad vulnerable’, ‘joven vulnerable’ y ‘extranjero ilegal’, hasta ciertas señales con las manos – como el lenguaje propio que han desarrollado los jóvenes salvadoreños miembros de las Maras- son un claro ejemplo de esto.

Si se reconoce el papel que en esta construcción han jugado los medios de comunicación y los voceros oficiales de cada bando y de cada institucionalidad, se observa que la guerra ha logrado ampliar su repertorio de palabras de manera tan dramática que merecerían diccionario propio. Sin embargo, comprender cómo hemos cedido a la guerra la apropiación de nuestras maneras de nombrar, quizá nos ayude a entender las formas en que ésta se adueña de una cultura, trascendiendo el armamentismo, para camuflarse en su vida cotidiana hecha palabras, gestos y voz.

La guerra en nuestras palabras cotidianas

La decisión muchas veces no calculada de nombrar, determina nuestra intención de reconocer o no al otro como sujeto, de darle un lugar social y político y finalmente de establecer el punto de encuentro y desencuentro.

Es así como validamos la minusvalía de los ‘pobrecitos’ y el poder de los ‘duros’. A los ‘falsos positivos’ como si fueran algo más inofensivo y pintoresco

de lo que realmente son: un crimen de estado. A la ‘limpieza social’ como un tema de asepsia y no un asunto de asesinato selectivo de personas que implica reconocer que como sociedad hemos fracasado en el intento de acompañar a los ciudadanos en el ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades de vida común. Como indica el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus: “La ‘limpieza social’ es reconocer que fracasamos todos: fracasó la escuela, la familia, los vecinos, el barrio, las instituciones, al aprobar que no hay otra salida que asesinar a quienes aparentemente no tienen remedio, desconociendo que todos tenemos remedio y que enderezar nuestros actos es una oportunidad innegable cuya única condición es estar vivos”.

Las palabras de la guerra se reubican para ganarse un lugar en la cotidianidad y camuflarse para ser aceptadas como prácticas cotidianas vistas con ‘normalidad’. Esta aprobación abre paso a violencias cada vez más extremas y dramáticas que, una vez apropiadas por el lenguaje de la normalidad, tienden a parecer poco graves y menos profundas.

En el marco de la Semana de la Convivencia, un grupo de estudiantes universitarios de Medellín expresaba: “¿Corrupto yo por pedir una comisión en cada contrato? No. Corruptos los que repartieron y se repartieron el Agro Ingreso Seguro6 … esa si es una cosa grande y grave de verdad.” Esto desdibuja y fragmenta la posibilidad de comprender las implicaciones de lo que hacemos y decimos. ¿Qué es matar a una persona por celos cuando hay quienes han matado con motosierra? Con ello se abre camino la justificación de nuevas violencias.

La lista de ejemplos es larga y va en aumento. Desde expresiones cotidianas, hasta consideraciones políticas como cuando el presidente George W. Bush se refirió a la guerra de Irak como una “coma en la historia”7 o cuando en Colombia, el presidente Álvaro Uribe expresó: “Algunos tienen que morir para que los buenos vivan” en declaraciones relacionadas con los hechos sucedidos en el marco de la marcha campesina en Tarazá, Antioquia, en abril de 2008.

Justo ahora, cuando las relaciones con Venezuela ponen en vilo la historia de intercambio social, cultural, económico y de hermandad entre las dos naciones, vale la pena comprender el lugar que en la resolución de estas tensiones tienen las palabras como posibilidad, más que como campo de batalla.


La guerra entre líneas

A modo de glosario y con la intensión de que cada vez sean menos las palabras/frases que pronunciemos sin filtro, sin re-leer y para re-nombrar, compartimos algunas con el ánimo de ampliar nuestra comprensión que sólo sucede cuando volvemos la mirada sobre lo que ya se ha visto para verlo de nuevo o con la posibilidad de no nombrarlo nunca más.

Resignificar palabras para la guerra, sólo nos seguirá trayendo la ‘incursión’ de la guerra en el lenguaje, haciéndolo su cómplice, convirtiendo nuestras palabras en partícipes no silenciosas de una guerra que se repite ante la limitada comprensión del poder de nuestras palabras.

Dar de baja: matar.

Canjeables: vidas a cambio de vidas.

Falsos positivos: crimen de Estado. Ciudadanos, civiles, asesinados extrajudicialmente por miembros de las Fuerzas Armadas constitucionales, para hacerlos pasar por bajas del ‘enemigo’. Porque nunca ha habido un positivo tan negativo, la expresión ‘falsos positivos’ no puede, de ninguna manera, reemplazar su significado.

Bandas emergentes: según el diccionario Larousse, una banda es un conjunto de personas que interpretan una obra. Cuando dos o más personas se unen para que algo nuevo emerja como una nueva idea o un nuevo proyecto, entonces son una ‘banda emergente’. Emerger es surgir. Otro juego de palabras que se ha apropiado la guerra y tenemos que arrebatársela de vuelta.

Informante: en la literatura clásica, es el que lleva la buena noticia.

Y otras tantas: Filtrar, acuerdo, control, auxiliador, mediador, frente, muñeco, ajusticiar, hacer justicia y retenidos. Otra larga lista la aporta la figura literaria oxímoron : Armas inteligentes, inteligencia militar, ataque defensivo, tensa calma, cortina de humo, guerra humanitaria y reglas de la guerra.

Usted puede ayudarnos a ampliar nuestro repertorio de palabras acuñadas por la guerra, escribiendo [email protected]. También puede usarlas de forma diferente y resignificarlas. Ese ya sería un aporte a la construcción de paz.

________________________________________ 1Investigadora de CINEP - Programa Por la Paz

2Expresión de un joven de 14 años en Usme, Bogotá, narrando sus motivaciones para ejercer violencia sobre sus compañeros de salón en el colegio. 3Diccionario Larousse, 2009 4La política, del griego politikós, «ciudadano», «civil», «relativo al ordenamiento de la ciudad».

5El ‘parlache’ colombiano es un conjunto de modismos utilizados por los jóvenes, originado en las comunas populares de Medellín y suburbios de Bogotá y Cali. Originalmente era una especie de germanía, que se ha extendido sin embargo no sólo a los jóvenes de clase media y alta de la ciudad, sino que también ha tenido una influencia en el habla popular de otras regiones de Colombia a través de los medios de comunicación que le han dado espacio. La palabra ‘parce’, por ejemplo, se utiliza prácticamente en toda Colombia y ya es considerada un colombianismo. Universidad de Antioquia. Periódico De La Urbe. Octubre, 2007. 6http://www.ais.gov.co/sitio/ 7http://www.elpais.com/articulo/internacional/gramatica/guerra/Bush/elpporint/20061006elpepiint_12/Tes


Agro

Agro Ingreso Seguro. Una nueva versión del conflicto entre el hacha y el papel sellado Por: Silvia Otero Bahamón1

Victor Barrera2

Muchas personas se preguntan por qué razón el escándalo suscitado por los subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS) ha sido el único, de una larga lista de escándalos contra el actual Gobierno, que ha causado una generalizada y sostenida indignación. Sobre todo cuando los miembros del Gobierno, incluyendo el ex ministro Andrés Felipe Arias, han tratado de mostrarlo como un caso donde lo único que salió mal sucedió por unos cuantos ‘avivatos’ que se ‘aprovecharon’ del programa, esto es, producto del comportamiento de unas


resonadas, refritas y marchitas ‘manzanas podridas’. Todo indica que en la percepción de los colombianos y colombianas la corrupción no es el único problema: eso de quitarle a los pobres para repartirlo a los ricos y la imagen del ‘Robin Hood al revés’, lógica detrás de AIS, resulta, cuando menos, indignante.

Y es cierto. Pero, lo realmente escandaloso del programa AIS es que revela la continuidad histórica del despojo de la tierra al campesinado colombiano, que ha sido sacrificado infinidad de veces para proteger la economía del modelo agroempresarial y de las elites terratenientes del país en las diversas regiones. En otras palabras, AIS constituye un round más del conflicto entre el hacha y el papel sellado, una vergonzosa y tradicional pelea donde los dueños del hacha no pueden competir con los que saben llenar los papeles.

Así, detrás de los supuestamente apolíticos y técnicos requisitos de las convocatorias y leyes, tanto en esta oportunidad como en muchas anteriores, se agazapa lo que los estudiosos del agro colombiano han llamado el conflicto entre dos modelos de desarrollo en el campo: uno, donde predomina la economía campesina, con una sociedad rural de pequeños propietarios que utilizan su mano de obra para producir alimentos al mercado local. Y otro, en el que predomina la agricultura comercial, marcado por grandes extensiones de tierras altamente tecnificadas y productivas, que pocas veces genera empleo y, cuando lo hace, éste resulta, además de precario temporal, y cuyos productos e insumos (agrocombustibles o alimentos para animales de engorde, sobre todo) se dirigen al mercado nacional e internacional.

Para el caso de AIS, el sesgo que las políticas gubernamentales tienen por el segundo modelo agroindustrial y hacia la pauperización del campesinado colombiano quedó en evidencia en varias declaraciones. Por ejemplo, cuando el ex ministro y actual candidato a la Presidencia, Andrés Felipe Arias, afirmó, contra toda lógica, que “los subsidios a los ricos sí ayudan a reducir la desigualdad”3 , y complementó con la pregunta “¿Qué querían, que hiciéramos obras de ingeniería en diseños de servilleta de cafetería?”4 , o cuando el actual Ministro de esta cartera, comparando entre qué era mejor, si subsidiar a cien campesinos o a un empresario que los empleara, dijo que consideraba que la segunda opción era la más conveniente, pues los subsidios a los campesinos se les volvía ‘plata de bolsillo’5 .

Así lo demuestra el hecho de que a la convocatoria para la compra de tierras a población campesina y desplazada se le destinaran 60 mil millones, mientras que sólo a los aportantes a la campaña de Álvaro Uribe se le adjudicaron en subsidios la mitad de ese dinero: 34 mil millones.

Lo más preocupante es que después de siglos de enfrentamiento entre ambos modelos de desarrollo agrícola, los campesinos se han quedado con las peores tierras –cuando han corrido con esta suerte, ya que su destino la mayoría de las veces ha sido la privación de ella–. Tierras caracterizadas por su baja fertilidad, situadas por fuera o alejadas del sistema vial más integrado, ambientalmente no sostenibles y ubicadas en las zonas de ladera, los páramos, la Amazonía, la Orinoquía y el Andén Pacífico, casi todas zonas donde la frontera agrícola permanece abierta y, por lo tanto, constituyen ‘espacios vacíos’ idóneos para el mantenimiento del proceso de colonización persistente del campesino colombiano. En oposición, los agroindustriales y ganaderos han concentrado las tierras más fértiles e hidratadas, cercanas a las

vías de comunicación y a los mercados regionales, ubicadas en los valles interandinos y las planicies de las costas6.

Es difícil rastrear con claridad cuándo comenzaron los rounds de esa pelea, pero la historiadora Catherine Legrand nos recuerda cómo, hacia 1880, los colombianos que se atrevían a colonizar nuevas tierras, a pesar de contar con leyes que les permitían titularlas, veían cómo los terratenientes terminaban volteándolas a su favor. El problema radicaba en que los costos ocultos de las titulaciones previstos en la ley eran muchos. El colono debía contratar un agrimensor para la medición del territorio, pagar abogado, papel sellado, estampillas de correo, registro de la propiedad y los viáticos de los testigos. Para los campesinos pobres estos costos eran imposibles de pagar, pues incluso excedían el valor de la tierra en el mercado. Por el contrario, los terratenientes, que ayer como hoy estaban muy bien conectados, tenían los conocimientos del derecho y contaban con los recursos para pagar los funcionarios y abogados que se requirieran, lograban titular con facilidad los baldíos que arrebataban a los campesinos 7.

En los más de cien años que separan ese momento de hoy, los campesinos han conocido y sufrido decenas de leyes, resoluciones y políticas que en el papel dicen pretender legalizar su situación o mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, en la realidad les resulta muy difícil cumplir con los requisitos para acceder a estos beneficios. Pobreza, marginalidad, analfabetismo y desconocimiento juegan una y otra vez en su contra.

En lo que sigue, se retrata la forma en que el conflicto entre el hacha y el papel sellado se resolvió en favor de este último en iniciativas ‘pro campesinas’, como la ley de tierras de 1936 y la reforma agraria de 1968, contribuyendo con ello a la consolidación de las grandes propiedades y de la hegemonía de las elites rurales, proceso que se sellaría con el Pacto de Chicoral. Luego, se concluye con una interpretación que da cuenta del mantenimiento y reproducción de los patrones recurrentes de desigualdad en el campo colombiano.

Ley 200 de 1936: la Ley de Tierras de Alfonso López

También conocida como Ley de Tierras, el presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938) buscó con ella una mayor participación del Estado en la resolución del problema de la tenencia de la tierra y en la promoción del desarrollo rural concebido como la conversión del latifundio ocioso en empresa capitalista. Sin embargo, esta ley estuvo lejos de ser tan progresista como muchos creyeron en su momento e incluso después, precisamente por el contexto político bajo el cual se concibió. En la medida que el movimiento campesino mostraba signos de debilitamiento, mientras que las elites rurales y urbanas, al contrario, repuntaban en la política nacional, esta ley se propuso lograr, según Legrand, “un compromiso entre los intereses de los colonos y de los terratenientes favorable en última instancia a estos últimos”8 .

Por ello, no sorprende su carácter ambiguo y contradictorio. Confusiones inherentes de la ley que redundaron en la principal desventaja de los campesinos frente a las elites rurales: la imposibilidad de comprenderla a cabalidad. Incluso, muchos de los campesinos, como indica Legrand, solían


confundirla con el proyecto que había presentado Enrique Olaya Herrera en su gobierno en 1933, éste sí mucho más proclive a beneficiarlos9 .

Pero más grave aún resultó la forma en que excluyó a una gran cantidad de campesinos de la posibilidad de que le fueran tituladas sus tierras. Al establecer que sólo serían objeto de titulación predios cuya propiedad hubiera sido controvertida antes de 1935, sólo tuvo en cuenta a los

pocos campesinos que por contar con una organización y un asentamiento en la tierra lo suficientemente fuerte pudieron reclamar sus derechos en un contexto bastante adverso. Además, esta medida llevó a que los terratenientes implicados en disputas por tierra ocupada después de 1935 pudieran demostrar con mayor facilidad la legitimidad de sus propiedades: bastaba con presentar una cadena de títulos (ventas, testamentos, documentos judiciales, etc.) que indicara posesión durante treinta años al menos.

Por otra parte, los campesinos encontraron otra dificultad en los requisitos que se les exigía para acceder a la titulación de su tierra. Para el caso del artículo sobre posesión por prescripción10 , el colono debía demostrar que al momento de la ocupación había actuado de “buena fe”, esto es, sin conocimiento previo de que era propiedad privada, y para ello debía presentar testigos que avalaran su testimonio e incurrir en trámites burocráticos que incrementaban los costos del reclamo. A lo que se sumaba que muchas veces las autoridades competentes, los jueces de tierras, encargadas de dirimir el conflicto de tierras, rara vez coincidía con la interpretación de la ley del campesino, favoreciendo con ello a la contraparte quien no pocas veces habían incidido en el nombramiento del juez.

Inclusive, los campesinos que salieron beneficiados pudieron hacer poco con las tierras tituladas. Los altos costos de la producción, sus bajos ingresos y la imposibilidad de acceder a créditos que les permitieran realizar algunas mejoras, hizo que les fuera imposible competir con terratenientes y empresarios territoriales muy bien adaptados al modelo agrícola comercial que empezó a florecer en el país sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.

En suma, el desconocimiento de la ley, de por si confusa e incoherente, la focalización de los posibles beneficiarios en un reducido grupo de campesinos, las dificultades prácticas que éstos encontraron para lograr que las autoridades dirimieran el conflicto a su favor y el poder que los terratenientes tenían sobre los encargados de su aplicación, fueron las factores principales para que esta ley no resolviera la tensión entre colonos y grandes propietarios, sino más bien legitimara la estructura de la tenencia de la tierra establecida y fortaleciera el modelo laboral del campo que se venía configurando tiempo atrás, donde el campesino sin tierra y, por lo tanto, sin independencia económica, termina convirtiéndose en jornalero.

La reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo

La presión por la tierra derivada de la no resolución del problema agrario siguió aumentando en los años subsiguientes. Ya en el gobierno de Carlos Lleras (1966-1970), el éxito de la Revolución Cubana generalizó el temor de que los problemas del campesino se agravaran por la evolución de la agricultura comercial. Se consideraba que la migración de los campesinos a las ciudades podría “desembocar en una peligrosa situación social y política en un país que acababan de ser azotado por la Violencia”11 . Con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y la promulgación de la ley 1 de 1968 se pretendió incentivar la toma de tierras por parte los campesinos para después repartirla por el Incora. Según el sociólogo Leon Zamocs, la estimación global indica que hubo unas 66 mil familias que ganaron acceso a unas 14.200.000 hectáreas como resultado de las luchas por la tierra en los años setenta12.

Pero el apoyo a la economía campesina no duró por mucho tiempo. Poco tiempo después de posesionarse el presidente Misael Pastrana (1970) se realizó un encuentro en Chicoral, Tolima donde se adoptaron cambios en la política agraria. Ya no se consideraba prioritario repartir tierras, pues las entregas de los años anteriores habían menguado la presión del campesinado. Adicionalmente, se dio un giro para apoyar a la industria, por lo cual no se veía razón para detener la migración de campesinos del campo a la ciudad, quienes constituirían mano de obra barata.

Si bien la Ley 1 de 1968 ha sido el intento más cercano de reforma agraria, las evaluaciones de sus resultados demostraron que la dificultad de los nuevos parceleros para asumir su nuevo rol de propietarios limitó su impacto. La asistencia técnica de los funcionarios del Incora fue patronal y autoritaria, dificultando la transferencia de capacidades para que los nuevos parceleros se insertaran exitosamente en el mercado. Se trató a los campesinos como menores de edad, incapaces de tomar buenas decisiones sobre la producción de sus tierras.

En un análisis de la reforma agraria en Córdoba, el investigador Víctor Negrete


establece que los funcionarios del Incora impusieron sus conocimientos frente a cultivos y técnicas sin reconocer el saber empírico de los campesinos, consecuente con el tipo de suelo y clima. Además, manejaban las cuentas de las empresas en la Caja Agraria, “planificaban inversiones, costos, préstamos, obras, servicios, presupuestos, compras, en fin, ellos decidiendo todo y los campesinos acatando las órdenes. La capacitación que recibieron los campesinos, generalmente técnica y contable, no los libró de la dependencia de los funcionarios ni de la mentalidad de subordinados”13 .

Muchos de los nuevos campesinos empezaron a empobrecerse paulatinamente, terminaron cuidando el ganado de sus vecinos hacendados o sirviendo como mano de obra para las cosechas temporales de las plantaciones de arroz y algodón. Según Zamosc, en vez de apuntalar la economía campesina, la reforma fue un paliativo que terminó por fijar campesinos a sus parcelas y resolver el problema de disponibilidad de mano de obra de las haciendas circundantes. El problema es que a los campesinos no sólo les faltaba tierra. También les faltaba infraestructura para hacer sus parcelas viables y capacidades y destrezas para insertarse en el mercado. La reforma se encargo de lo primero pero no de lo segundo.

Preocupa que hoy, treinta años después de la frustrada reforma agraria, los impedimentos que tenían los campesinos para hacer “modelos exitosos de desarrollo” en los años setenta continúen vigentes. En la mentalidad de los que dirigen la cartera agraria en este momento, los campesinos siguen sin las habilidades ni destrezas necesarias para administrar bien un subsidio. Son tratados como menores de edad incapaces de ser patrones, que deben ser empleados y no pueden generar desarrollo en el campo.

Este panorama demuestra que el país lleva muchos años reproduciendo las condiciones que mantienen la desigualdad entre campesinos y empresarios. Sólo que hoy al Gobierno no le parece que valga la pena capacitar a los campesinos para que compitan con los empresarios del campo. Pero tampoco le interesa que vivan y desarrollen su vida en el campo, las comunidades son obstáculo para el modelo de desarrollo imperante. Como afirma el economista Eduardo Sarmiento, “no cabía esperar que una normatividad plagada de criterios de productividad, alta rentabilidad y compensaciones al TLC pudiera favorecer en una mayor proporción a los grupos pobres de la población”14 .

La permanente desigualdad

El mantenimiento y la reproducción de estos patrones recurrentes de desigualdad entre élites rurales y campesinos, se explica en gran parte por el carácter de estas élites, siempre atentas a frenar cualquier avance redistributivo que las afecte y a aprovechar las medidas que las favorezca.

Familias como la Vives Lacouture, beneficiaria de los subsidios de AIS, ilustra muy bien lo que han sido las élites rurales en Colombia: personas bien establecidas por vínculos de parentesco, que cuentan con el poder político y económico suficiente y las conexiones necesarias para hacerse escuchar.

Siguiendo al economista Salomón Kalmanovitz, la configuración de estos rasgos tiene que ver, primero, con lo que significa la propiedad de la tierra en Colombia, donde confluye poder político y económico, y, segundo, con las oportunidades que estas élites encontraron en la organización política del país para gozar de una sobrerepresentación en las instancias políticas locales y nacionales. Lo anterior abonó el terreno para que las élites rurales gestionaran las políticas a su favor15 .

Bajo este panorama, es claro cómo las élites rurales colombianas, aunque en distintos grados, han aprovechado su situación de privilegio y puesto en marcha los dos mecanismos que, según el historiador y sociólogo Charles Tilly, son los principios causales de cualquier sistema de desigualdad: la explotación y el acaparamiento de oportunidades16 . La implementación del primer mecanismo queda en evidencia en el impulso decidido de las élites rurales por el mantenimiento de un modelo agrícola comercial que ve en el campesino


mano de obra barata y, por lo tanto, apela a su proletarización, o personas que al no reportarles beneficio alguno resultan ser sujetos prescindibles al despojo de tierra y al desplazamiento. Al mismo tiempo, estas élites rurales son álgidos acaparadores de oportunidades, personajes ávidos de capturar rentas y hacerse con los recursos estatales excluyendo a otros de su beneficio.

En este sentido, los argumentos del gobierno Uribe y de otros tantos, sobre la incapacidad de los campesinos para satisfacer los estándares de productividad y competitividad además de perversos resultan perfectamente falseables. La incapacidad de los campesinos, más que deberse a una rasgo inherente de su naturaleza, debe considerarse como el producto de los procesos organizacionales del campo colombiano que han encontrado en los mecanismos de explotación y acaparamiento de oportunidades implementados por las élites rurales, la reproducción de las precarias condiciones del campesinado colombiano. Detrás del imaginario dominante que resuena en las declaraciones gubernamentales hay más construcción social e histórica que una verdad absoluta.

Cabe recordar que, como demostró en su momento el sociólogo Barrington Moore, la forma en que una sociedad resuelve el problema campesino tendrá consecuencias en las instituciones políticas que esta sociedad adopte. Así, aunque AIS es sólo una expresión más de una larga lista de soluciones erradas, ha aportado lo suyo. La declaración del ex ministro Arias según la cual dar “subsidios a los ricos contribuye a reducir la desigualdad”, ilustra perfectamente la lógica bajo la cual el gobierno Uribe, en línea de continuidad con otros gobiernos, está solucionando el problema campesino, y ya se está viendo qué tono están tomando las instituciones políticas.

____________________________________ 1Politóloga de la Universidad de los Andes y joven investigadora del Cinep –ODECOF 2Politólogo de la Universidad Javeriana y joven investigador del Cinep-ODECOFI 3 En declaraciones para la FM http://www.semana.com/multimedia-politica/subsidios-gente-adinerada-ayud... 4 La República, 08/10/2009 p2b 5 http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_escandalo_de_ais_lo_d..., 25 de octubre de 2009 6 Ver artículo de Teofilo Vásquez “El problema agrario, la economía cocalera y el conflicto armado” en Revista Controversia, No 192, junio de 2009, Cinep:Bogotá. 7 Catherine Legrand (1988) Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 8 Catherine Legrand, Ibíd., pp 203 9 Ibíd: 216 10 Este artículo, concebido como uno de los que más beneficiaba a los campesinos, establecía que todo campesino que hubiere cultivado durante un período no menor a cinco años tierra de propiedad ajena tenía derecho a acceder a ella. 11 Leon Zamocs (1985), La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia, Cinep-UNRISD: Colombia, pp 32 12 Ibíd, pp 267

13 Victor Negrete Barrera (2007), Lucha por la tierra y reforma agraria en Córdoba, Centro de Estudios Sociales y Políticos, Universidad del Sinu, Montería, pp 113 14 Eduardo Sarmiento “Privilegios del Agro”, en http://www.elespectador.com/columna165898-privilegios-del-agro, 10 de octubre de 2009 15 Kalmanovitz, Salomón (2006), La agricultura colombiana en el siglo XX. Fondo de Cultura Económica. Bogotá. Pp. 317 y ss. 16 Tilly, Charles (2000) La desigualdad persistente. Ediciones Manantial. Buenos Aires


Salud

La encrucijada del sector salud: ¿se garantiza el derecho o se sostiene el negocio?

Por: Natalia Paredes 1

La declaratoria de emergencia social para salvar de la crisis financiera al sector salud, anunciada por el Presidente de la República en días pasados, se suma a las voces de alarma reiteradas desde distintos sectores frente a la sostenibilidad del modelo vigente. Si bien éstas voces tienen interpretaciones distintas que van desde subsanar con inyección de recursos el sistema sanitario hasta realizarle una transformación de fondo, lo cierto es que a medida que pasan los años, los “retoques” realizados mediante decretos, reglamentaciones, resoluciones y demás mecanismos para precisar su funcionamiento y el incremento sucesivo de los recursos destinados para su financiación, no han dado resultado, y la crisis cada vez es más profunda e irreversible.

El gobierno ha optado por priorizar el salvamento financiero del sistema y


privilegiar la rentabilidad de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y la Corte Constitucional, por proteger la garantía del derecho a la salud en su papel de salvaguarda de la Constitución Nacional y de la dignidad de los colombianos y colombianas.

Desde que se expidió la Ley 100 de 1993, las tutelas por el derecho a la salud han ocupado un lugar central dentro de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y la sentencia T-760 del año 2008 marcó una posición contundente al reafirmar que la salud es un derecho humano fundamental. Esta jurisprudencia brinda grandes posibilidades para avanzar en la garantía del acceso a la salud para todos los ciudadanos y ciudadanas, en la medida en que reafirma que se debe garantizar el núcleo esencial de éste derecho y que dependiendo de cada caso concreto la respuesta institucional debe tener en cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Es decir, se debe garantizar todo aquello que si no se brinda, afecta la vida o deteriora en alguna medida la integridad de la persona, sin caer en la obligación de responder por todas las demandas que se salen de las necesidades en salud y que solicitan exigencias exageradas, tales como las operaciones estéticas por asuntos de vanidad y no de salud.

Los plazos establecidos por la Corte para tomar medidas por parte de las instancias gubernamentales y los operadores del sistema de salud se están venciendo. Entre otros, está previsto que para enero de 2010 se asegure la cobertura universal y sostenible del sistema y ya se cumplió el plazo para la unificación de los planes de beneficios del régimen contributivo y subsidiado para niños y niñas . A este respecto, el Ministerio de Protección Social expidió el Acuerdo 005 del 30 de septiembre de 2009, como una medida transitoria frente a lo ordenado por el alto tribunal. La mencionada sentencia se orienta a corregir algunas fallas centrales y reiteradas de los servicios de salud recogidas en un grupo de 22 tutelas. Las más graves tienen que ver con la existencia de un Plan Obligatorio de Salud (POS) distinto para los usuarios del régimen contributivo y subsidiado. Al ser una muestra de desigualdad flagrante, la Corte ordenó unificar progresivamente ambos POS, pues en su criterio, es injustificable que los ciudadanos más pobres o usuarios del régimen subsidiado, tengan un acceso diferencial a este derecho.

Otras fallas se refieren a la negación sistemática por parte de las EPS de servicios necesarios, tanto incluidos como no incluidos en el POS, y la ‘obligación’ impuesta a los usuarios de interponer tutelas para acceder a dichos servicios. Como lo muestra un análisis de la Defensoría del Pueblo sobre los informes presentados por las entidades responsables del sistema, las negaciones por parte de las EPS se han convertido en una práctica sistemática que le cuesta al país millonarias sumas.

“Para identificar las EPS que practican acciones atentatorias contra el derecho a la salud mediante la negación de servicios, el Ministerio ha buscado obtener evidencias a través de los recobros que presentan por servicios POS (los cuales están obligados a cubrir). La mayoría son del régimen contributivo: Saludcoop, con un 20.4%; Cafesalud, con un 10.5%, así como Sanitas, Susalud y Colmédica, que en total abarcan el 57% de los recobros. Estas, unidas a Coomeva y Famisanar, han pretendido obtener del sistema más de

cien mil millones en recobros. Respecto de las EPS del régimen subsidiado, Emssanar ocupa el primer lugar, seguida de Ecoopsos y Emdisalud. Entre las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) se encuentran Previsanar y La Misericordia. Se puede destacar que más de 90% de las negaciones las practican las EPS del Régimen Contributivo. Se registra que Saludcoop, sumada a las EPS Cruz Blanca y Cafesalud, que pertenecen al mismo nombre, concentran el 36% de los recobros”.

En la T-760, la Corte llama a las EPS a prestarlos de forma eficaz sin necesidad de acudir a la sentencia judicial, para lo cual amplía las funciones del Comité Técnico Científico (CTC) , que tiene cada EPS y sanciona el recurso a la tutela. De este modo, si un servicio médico no incluido en el POS es aprobado por el CTC de la EPS, ésta podrá recobrar el 100 por ciento al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) . Pero si el servicio es ordenado por tutela, la EPS sólo podrá recobrar un pago parcial. Al mismo tiempo, la sentencia es clara en reafirmar que la garantía del derecho a la salud no puede obstaculizarse por atrasos en el pago de la cotización o por falta de pago de las cuotas moderadoras o copagos. Se refuerza la atención de niños y niñas, pacientes con VIH, enfermedades catastróficas, discapacitados, entre otros sujetos de especial protección.

En concordancia con lo señalado por la Procuraduría General de la Nación, el texto de la T-760 describe claramente las deficiencias en los organismos de dirección y vigilancia del sistema, lo que confirma el papel meramente funcional a los intereses de las EPS privadas que han venido jugando tanto el Ministerio de Protección Social como la Superintendencia de Salud. En este sentido, ordena recopilar una serie de información sobre negaciones o demoras de servicios, presentar informes periódicos, establecer mecanismos de seguimiento, entregar información sobre derechos de los pacientes y nivel de desempeño de cada EPS, entre otras medidas de rectoría, regulación y control. Pero si bien las intenciones de la Corte son coherentes con la importancia de avanzar en la garantía de los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991, los actores poderosos del sistema, principalmente el gremio de las empresas de salud (EPS), han interpretado a su manera la sentencia, produciendo efectos perversos bajo el argumento de la escasez de recursos. En primer lugar, existe una fuerte presión para delimitar el POS unificado hacia una fórmula promedio que reduzca los beneficios actuales del régimen contributivo y mejore un poco los del subsidiado. En este caso, como en otras políticas públicas del gobierno actual, la búsqueda de la equidad se concibe de una forma bastante particular, pues se buscaría igualar las prestaciones por debajo del promedio actual del POS contributivo.

Según el Ministerio de Protección Social , los criterios que se necesitan para tener éxito en la construcción del nuevo POS deberían estar orientados a la contención del gasto, tales como:


- La autorregulación de la profesión médica, es decir, que los médicos se autoimpongan restricciones en formulación de exámenes, medicamentos, remisión a especialistas, etc. - Un organismo técnico-científico con mayor capacidad. - Buscar la ‘contención del caso’¸ es decir, que se evite remitir a los pacientes a niveles de atención más complejos o especializados y que la mayoría de las necesidades se resuelvan en instituciones de primer nivel (atención básica). - Centralizar las negociaciones de insumos y medicamentos.

Todas estas recomendaciones se enmarcan en la lógica de disminución de costos y aumento de la rentabilidad del ‘negocio de la salud’. Contrario a las pretensiones de la Corte Constitucional de formular un POS universal más completo, integral, equitativo y por ende más garantista de derechos, la interpretación del Gobierno, que coincide con la de las EPS, es en el sentido opuesto y tiende a elaborar un nuevo POS más limitado.

Por otra parte, la ‘consulta’ realizada por el Ministerio de Protección Social para este fin no se puede calificar como tal, pues para ser una decisión que va afectar a la totalidad de la población colombiana, su representatividad es ínfima y se redujo a un par de reuniones con algunas asociaciones de enfermos y a una encuesta realizada por Internet, que obtuvo solamente 3471 respuestas sobre criterios para la actualización del POS .

Los empresarios de la salud plantean que no solo es necesario definir un nuevo POS, sino delimitar la ‘zona gris’ , compuesta por aquellas intervenciones que pueden ser interpretadas con una mayor cobertura o frente a las cuales existen dudas, y que, según ellos, requieren precisión para excluir por ésta vía muchas más prestaciones del POS. Es decir –contrario a la pretensión de la Corte de que el Sistema de Salud responda a las demandas de los pacientes donde prime el criterio médico, como lo ilustran varios casos de las tutelas que conforman la sentencia T-760– el gremio de las EPS pretende definir de antemano de qué se pueden enfermar los colombianos y de qué no. Aquello que quedara por fuera del POS no sería cubierto, lo cual negaría de entrada uno de los principios básicos del derecho humano a la salud: la atención debe estar basada en una respuesta integral a las necesidades de cada caso particular.

Otro efecto perverso de la sentencia fue ordenar que los recobros por parte de las EPS al Fosyga se paguen prontamente sin obstaculizar dicho pago. Si bien la intención de la Corte en este caso fue la de mejorar el flujo de recursos para una adecuada prestación de servicios, esto puede afectar negativamente la disponibilidad de fondos para el sector, en la medida en que se paguen muchas intervenciones que deben ser asumidas por las EPS o que no están debidamente sustentadas. De hecho, buena parte de las tutelas en salud corresponden a servicios incluidos en el POS que las EPS niegan dentro de su política de contención de costos como método para aumentar la rentabilidad.

En resumen, no hay decisión en el sector salud que no genere consecuencias en otros puntos del sistema. Situación que se repetirá infinitamente pues refleja la existencia de dos concepciones distintas y contradictorias sobre la salud. La de la Corte que como custodia de la Constitución del 91, tiene una concepción garantista de este derecho. Y la de los empresarios, que conciben la salud como mercancía y actúan en función de las ganancias que puedan obtener.

Por eso el debate abierto por la Corte Constitucional debe ser el telón de fondo para hacer transformaciones profundas que rompan la dinámica de hacer cirugías y crear más enfermedades. Transformaciones que deben tratar, de una vez por todas, de garantizar el acceso a la atención en salud de los ciudadanos y ciudadanas por encima del negocio de los operadores privados, en un diseño institucional en el que primen los principios del derecho humano fundamental a la salud: universalidad, integralidad, equidad y participación social.

____________________________________ 1 Investigadora CINEP


Región

Buena Ventura o Mala (según como le vaya)

Por Camilo Sánchez 1 Javier Lautaro Medina Bernal 2

Reflexiones sobre el desarrollo de las acciones de la modernización y la competitividad en las comunidades de Bajamar de Bue naventura.

Modernizando, modernizando

Bajo la idea de hacer de Buenaventura el puerto más importante del subcontinente en el Pacífico y mejorar su comunicación con el interior del país se han puesto en marcha diversos proyectos de infraestructura como dragado del puerto, construcción de la doble calzada hacía Bogotá y del Malecón Perimetral del Mar y constitución en territorio digital para promover el uso de las


tecnologías de la información. En 2001, Buenaventura fue definida como Zona Especial Económica de Exportación3 , lo que implica la existencia de un régimen especial impositivo, aduanero y laboral para favorecer grandes inversiones dedicadas a los mercados externos.

El cálculo parece simple y fácil de entender: mejorar las condiciones para la producción. Seguridad, infraestructura, estímulos tributarios y financieros, cuando no apoyos directos, para alcanzar la mentada “confianza inversionista” que proveerá de empleos a los colombianos. Si a esto se suma el amor a la patria se tendrá “una patria cohesionada en el camino de la paz y el bienestar”. Lo ha dicho el presidente Álvaro Uribe hasta la saciedad: “Nosotros queremos hacer una contribución para este principio de siglo: un país con más confianza a partir de la seguridad, de la promoción de la inversión y de la política social”4 .

Y sin embargo, aunque sea una política general y anterior al actual Gobierno, con líneas más o menos repetidas, genera distintos impactos sobre dónde y de qué manera se desarrolla. Por eso, vale la pena preguntar ¿cuál es el papel de las personas afectadas por las grandes obras?

Buenaventura

Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, cuenta con una población aproximada de 400.000 habitantes, de los cuales casi el 90 por ciento son afrodescendientes. Los índices de desarrollo humano son paupérrimos: de sus pobladores 80.6 por ciento vive en condiciones de pobreza, 43.5 por ciento en la indigencia, existe una alta tasa de desempleo de 29 por ciento y 35 por ciento de subempleo5.

Otros datos para resaltar en relación a la garantía de los derechos son: un 38 por ciento de las personas no está asegurada en salud, la mitad de los hogares urbanos viven en condiciones de déficit habitacional y, de acuerdo a una encuesta realizada por la Universidad del Valle entre estudiantes de primer año, el 75 por ciento de los niños de la zona rural presentan bajos niveles de calcio, el 80 por ciento de hierro, el 41 por ciento de zinc y el 62 por ciento bajos niveles de vitamina A.6

Estos datos son, como mínimo, incomprensibles frente a una población que produce grandes riquezas por su actividad portuaria 7, y aún más, si se agrega que la mayor causa de mortalidad son las muertes violentas por arma de fuego8 y el número de desplazados llega a los 35.000. 9 Otro de los factores a tener en cuenta es el impacto del narcotráfico, impacto que no es fácilmente medible. Cabe anotar que de acuerdo al CONPES 3476 los Macroproyectos de Vivienda de Interés Social para Buenaventura y Cali serán financiados en parte por el Gobierno nacional “con los recursos provenientes de los escondrijos encontrados en la ciudad de Cali en enero de 2007”.

¡Ah! El desarrollo

De los proyectos mencionados, el Malecón Perimetral del Mar planea ser construido en las zonas de Bajamar con el objetivo de evitar reasentamientos y reocupación del espacio en zonas de alto riesgo, posterior a la reubicación de 3.400 hogares que habitan estos territorios, reubicación financiada casi en su totalidad por el Gobierno Nacional10.

Se constituye en una gran propuesta de renovación urbana con justificaciones urbanísticas, ambientales, de mejores condiciones de vivienda y de dominio del territorio para controlar el tráfico de narcóticos y de armas, que no está alejada de todo lo que implica una Buenaventura abierta a los capitales internos y externos. Los antecedentes se encuentran en el Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura de 2001 en el que se afirma que las personas que habitan en la isla de Cascajal, las zonas de Bajamar, con viviendas de palafito se encuentran en riesgo no mitigable11 ante la amenaza de un tsunami. Luego, en el marco de las ciudades amables y de los macroproyectos de interés social nacional, los documentos CONPES sobre la mejora de las condiciones sociales y la reubicación. En todo caso, aunque esta política tiene un gran empuje nacional ha sido coordinada con la Alcaldía de Buenaventura, la Gobernación del Valle y la Sociedad Portuaria Regional, como anuncian los mismos documentos oficiales. Esta última ha tomado un fuerte papel como promotora del malecón a través de la financiación de los estudios técnicos y urbanísticos y

afirma haber entregado al municipio los diseños12

Las personas que están en zona de riesgo no mitigable son aproximadamente 23.000 en las Comunas 2, 3, 4, y 5, que en su mayoría habitan este territorio por procesos de ocupación histórica sin titulación de sus predios. Día a día enfrentan los graves problemas en el marco del conflicto armado: disputas de los actores armados, asesinatos selectivos, desapariciones y destierros, además de ser una de las mayores zonas receptoras del desplazamiento en la subregión13 .

Hoy, aunque cuentan con sus casas y con una concepción de la vida en medio de la dificultad, el ofrecimiento que se les hace es la reubicación en una vivienda de interés social, cuyo valor está en los 22

millones de pesos, a más de seis kilómetros de Bajamar.

Este proceso, desde su planteamiento hasta su materialización todavía no ocurrida, trae una profunda transformación de las costumbres y un quiebre de las identidades y diferencias construidas a lo largo de muchos años. De todo lo que conlleva la fabricación de un barrio por sus propios pobladores, en un país poco dado a la planificación urbana, y, en este caso, rellenando el estero y los manglares cerca del mar que provee alimentos.

Frente a este hecho, el conflicto que se genera tiene diversas facetas, por un lado, la pujanza de una economía cuyo fin es el crecimiento de los capitales rentistas, pero sin desarrollo humano como factor determinante en esta región


del Pacífico. Por otro, comunidades organizadas y desorganizadas resistiendo y buscando defender el territorio o, por lo menos, una mejor negociación en la reubicación.

Además, disputas entre organizaciones por poco dinero puesto en la mesa para la caracterización social del desalojo, más pobreza, panfletos, conflicto y control paramilitar. El caso no es tan simple como para hablar de una disputa entre los que están a favor del desarrollo y los que no, mucho menos en una población que a la par que produce grandes riquezas por su actividad portuaria mantiene los más altos índices de pobreza del país.

Una pregunta posible, de cara a esta reflexión, aunque quizá no tenga efectos prácticos, es cuál fue el orden de los factores. ¿Primero la reubicación por considerarse zona de alto riesgo y luego el malecón o confluyen los dos en un mismo propósito? En definitiva, ¿se esgrimen argumentos de necesidades sentidas de las comunidades para justificar grandes proyectos? Algo que de ninguna manera niega su existencia y el deber del Estado de actuar para solucionarlas.

Y si es así, ¿se tiene en cuenta la voz de las personas involucradas en el desarrollo de la política pública? Líderes y lideresas de las comunidades han manifestado que se trata de un reasentamiento involuntario14 y, en ese sentido, arbitrario. Por ello han reclamado su derecho a la participación, exigiendo ser consultados sobre todos los aspectos, en el marco de su autorreconocimiento como comunidades negras, lo que implica una relación tradicional de la comunidad con el territorio y el goce de derechos específicos en función de grupo. Por diferentes medios han tratado de comunicarse con los gobiernos del orden nacional y local, pero la respuesta es siempre la negociación sobre la base de su salida de los barrios, hecho que no consideran necesario.

Es común escuchar que en Buenaventura hay mucho papel, mucho plan y mucho tecnicismo, pero poco interés en la gente15 . Al final, así uno que otro gane algo trabajando en el puerto o en la construcción de las obras, estas comunidades ya perdieron frente al tipo de desarrollo que plantea la

construcción del Malecón Perimetral. Se puede o no estar de acuerdo con estas obras, como han manifestado los y las habitantes, pero preocupa la repetición del libreto que no reconoce ni da importancia a la voz de las comunidades y grupos afectados.

Quizás lo primero que les debieron preguntar era si querían reubicarse y las condiciones para ello. Nuevos habitantes temporales y definitivos del malecón existirán. Las comunidades harán cultura, mar y pesca en los nuevos lugares y recordarán, levantarán lazos de identidad, emprenderán proyectos de vida individuales y colectivos. Y así y todo, teniendo en cuenta que en este caso reditúan los grandes capitales, medianos capitales regionales, comerciantes y prestadores de servicios, quizá hasta alguno de ellos, pues el capitalismo satisface algunas necesidades de sus obreros, como colectivo, como grupo que se reconoce así y se diferencia de otros, la situación no parece demasiado venturosa.

______________________________________ 1Politólogo de la Universidad Javeriana 2Investigador CINEP 3 Ley 677 de 2001. Junto a Cúcuta, Ipiales y Valledupar. 4 Palabras del Presidente Álvaro Uribe Vélez en el ‘Encuentro internacional con nuestra historia’. Octubre 23 de 2009. Disponible enhttp://web.presidencia.gov.co/discursos/discursos2009/octubre/historia_2..., recuperado en 29-10-09. 5 Documento CONPES 3410 de 2006. 6 IBID. 7 El 42% de la carga marítima del país se mueve por el puerto según información de la Alcaldía de Buenaventura. 8 IBID. 9 Núñez, Jairo y Carvajal Panesso, Alberto. ¿Cómo romper las trampas de la pobreza en Buenaventura? Serie Cuadernos PNUD. 10 Documento CONPES 3476 de de 2007. 11 Capítulo 3 del POT de 2001 Buenaventura. 12 Disponible en http://www.fundacionsprbun.org/index.php?tipo=noticias&ver=30&full=0 13 De acuerdo a la Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como consecuencia del Conflicto Armado: “Los sucesos violatorios del derecho a la vida y a la integridad personal que se evidencian actualmente en el Distrito y de manera especial en los barrios de bajamar, ocasionan temor masivo, desplazamiento forzoso y afectación emocional y mental de familiares de las víctimas, de vecinos cercanos, de líderes y liderezas; a si como también suspensión y reducción de actividades comunitarias y grupales, y conflictos entre líderes comunitarios y sus familiares frente a la validez o no de continuar desarrollando acciones de tipo social –


organizativo y de reivindicación de derechos fundamentales y de igualdad social: económicos, sociales y culturales”. Informe de riesgo N° 032-08. 14 Los instrumentos internacionales (PIDESC y Observaciones Generales N° 4 y 7 del Comité DESC de Naciones Unidas) que hablan del derecho a la vivienda y los desalojos forzososconsideran que cualquiera de ellos es prima facie violatorio de los derechos, y que, aunque algunos puedan ser justificables deben tener un proceso de consulta sobre las condiciones de salida y reasentamiento, así como indemnizaciones sobre los bienes que se pierden. 15 Es una de las sugerencias y recomendaciones hechas por el Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca para el municipio de Buenaventura. Realizado en Febrero de 2008 por PNUD Colombia.

Región

Prohibido enterrar la verdad Por: Mary Luz Avendaño

Reporteros de Colombia1

La Comuna 13 de Medellín está ubicada en el occidente de la ciudad. Allí se vivió la confrontación armada más fuerte ocasionada por el conflicto urbano en el país. Durante años los Comandos Armados del Pueblo CAP, pertenecientes al ELN, y las FARC dominaron los 23 barrios que conforman la Comuna, la mayoría de ellos de invasión, llenos de necesidades y pobreza. La situación para los habitantes de la zona se complicó con la llegada de los paramilitares. Allí se asentó en un principio el Frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y posteriormente el Bloque Cacique Nutibara.

Los enfrentamientos a cualquier hora del día y en cualquier calle eran constantes. Ante esta situación, el Gobierno Nacional ordenó el ingreso de la fuerza pública para retomar el control. Fue así como en el 2002 se adelantaron varias operaciones conjuntas, la más sonada de ellas la Operación Orión, realizada el 16 de octubre por la Policía, la Fiscalía y el Ejército. El pasado 23 de junio ante el fiscal 45 de la Unidad de Justicia y Paz, el ex comandante paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, ratificó las declaraciones entregadas en una carta enviada el 25 de febrero de este año al juez Richard M. Berman de la Corte de Distrito Sur de New York. El ex jefe paramilitar comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Autodefensas, confirmó lo que muchas organizaciones


de derechos humanos habían denunciado: la complicidad de la fuerza pública y los paramilitares en esta operación.

Según alias ‘Don Berna’, "las fuerzas de las AUC se tomaron el área de la Comuna 13 como parte de una alianza con cuatro Brigadas, incluyendo las que estaban al mando del general Mario Montoya y la del Comandante de la Policía de Medellín, Leonardo Gallego”. Alias ‘Don Berna’ mencionó además detalles de cómo “el Gaula y el Bloque trabajaron "en conjunto" en todo el desarrollo de la operación que recuperó la Comuna 13. Elkin Loaiza, alias ‘el Negro’, fue el líder de las AUC que se encargó de la cohesión entre el Ejército y el bloque paramilitar".

Alias ‘el Negro’ se reunió con los miembros de la fuerza pública para planear las acciones meses antes del operativo.

"Un día me llamó y me dijo que todo estaba listo para la operación con los hombres del Cacique y que, después de que se recuperara el área, ellos se iban a replegar para evitar problemas con la población civil", aseguró alias Don Berna ante el fiscal, quien además agregó que los miembros del Cacique Nutibara “entraron encapuchados a la zona porque la población civil los conocía y que ellos habían hecho inteligencia en la Comuna y sabían las casas de los guerrilleros”. Ante diferentes medios de comunicación, el ex comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, general retirado Leonardo Gallego, aseguró que la Operación Orión fue transparente y que ni él ni sus subalternos hicieron ningún trato con los paramilitares. También afirmó que no conoce a alias ‘Don Berna’ ni a ninguno de sus subalternos. “Nunca tuve ningún contacto con él ni con segundos, terceros o cuartos…. Nunca permití ningún acercamiento de mis unidades con personas de ninguna estructura criminal”

Producto de aquellos días de guerra, muchos civiles, algunos inmersos por diferentes razones en el conflicto y otros ajenos al mismo, fueron víctimas de las acciones de unos y otros. Una de las consecuencias más dolorosas fue la

desaparición de cientos de personas, las cuales no se mencionaron en aquel momento, sino que se conocerían después.

Según la Corporación Jurídica Libertad y el Movimiento Nacional de Víctimas y Crímenes de Estado hay documentados 128 casos. “Hemos corroborado que de éstos, 67 desaparecieron después de la Operación Orión en octubre de 2002 y hasta diciembre de 2003. La mayoría eran hombres entre los 16 y los 30 años. Algunos habían sido llevados a estaciones de policía durante los operativos, otros se negaron a integrar el Cacique Nutibara y dos de ellos eran milicianos de las FARC”, dijo Adriana Arboleda de la Corporación Jurídica Libertad.

“Mi hijo salió el tres de enero de 2003 a comprar la carne al 20 de Julio, nunca volvió. Él tenía 22 años y estaba desempleado. Yo lo busqué mucho pero nadie me supo dar razón de él. Mucho tiempo después la gente decía que vio que unos hombres pasaron con él amarrado hacia el sector de la arenera”. Cuenta una de las madres que durante seis años ha buscado a su hijo sin obtener respuestas.

“Mi hijo vendía arepas y reciclaba. Él no estaba metido en nada raro y en enero de 2002 se desapareció. La gente me decía que unos hombres se lo llevaron amarrado por los lados de la Escombrera, pero yo no sé quiénes eran, si guerrilla, paramilitares o ejército. La verdad es que no sé nada de mi hijo, yo creo que está muerto”, relata la madre de un desaparecido.

“Yo vivo en San Javier Nuevos Conquistadores, y como el mío conozco por lo menos unos 50 casos de gente que desaparecieron. Lo que pasa es que a uno le da miedo porque esa gente sigue por ahí y uno no sabe. Ya hicieron lo que quisieron con mi hijo, ya uno espera es que le entreguen los huesitos para poderlos enterrar”, dice otra de las madres.

“El 30 de noviembre de 2002, dos hombres de civil que antes había visto con brazaletes de las autodefensas y me habían quitado mis documentos para investigarme, se me acercaron y me montaron en un taxi y me llevaron donde otros cuatro hombres, uno de ellos con brazalete del CTI… Llegaron con otros dos muchachos y nos llevaron a San Javier la Loma…Pasamos cerca a una patrulla de la policía y no hicieron nada después de ver una camioneta llena de hombres armados con brazaletes de AUC y chalecos del CTI….. Arriba nos mostraron fosas y nos decían que ahí estaban nuestros amigos. A uno de los muchachos lo acribillaron, al otro y a mí nos dispararon, me hirieron en el cuello y salí corriendo. Me pegaron un disparo en la cadera pero me pude escapar”, relata un sobreviviente que hoy vive fuera del país.

Esos señalamientos de la Arenera como sitio de ejecuciones, al igual que la Escombrera y el Lago, –sumados al reconocimiento de alias ‘Don Berna’ de que sus hombres desaparecieron y sepultaron varios cuerpos en la zona, en un proceso por el cual ya fue condenado–, llevan a pensar que principalmente en la Escombrera hay muchos cadáveres bajo cientos de toneladas de cascajo. “Se hicieron más de 14 operaciones militares en la zona. La gente tiene miedo y estamos tratando de que denuncien. Queremos devolverles la dignidad a las


víctimas porque muchos fueron estigmatizados”, asegura Alejandro Sierra, del Movimiento Nacional de Víctimas y Crímenes de Estado.

Sin embargo, las autoridades de la época no recibieron denuncias de desapariciones en la Comuna 13. “En el tiempo que estuve recibí denuncias por homicidios o enfrentamientos, pero no de desapariciones. Uno escuchaba decir que los paramilitares y los Comandos Armados del Pueblo desaparecieron gente, pero nada oficial, ni una sola denuncia”, informó Jorge Vélez, Secretario de Gobierno de Medellín en aquella época.

“Yo llegué a la personería en el 2004 y no había reporte de desaparecidos en la Comuna 13. En el año 2005 comenzamos a escuchar las denuncias de la gente. En el 2006 empecé a saber lo de la Escombrera, pero ningún caso concreto, nadie que me diga que su familiar fue asesinado allí”, dijo Jorge Ceballos, Personero delegado de la Unidad Permanente de Derechos Humanos.

La alcaldía de Medellín firmó el año pasado un convenio por mil millones de pesos con la Fiscalía para iniciar la búsqueda de fosas en la ciudad y proceder a la exhumación de los cuerpos, pero para la Comuna 13 las cosas no son fáciles. La Fiscalía ya realizó algunas exhumaciones en el sector de la Arenera y la Escombrera en el 2004 y fueron hallados 13 cuerpos, seis de ellos ya fueron entregados a sus familias. “Hay mucha referencia a la Escombrera pero no hay datos concretos. Hicimos una visita y desde junio de 2008 está cerrada una zona de 15 hectáreas. El problema es que el sector en general son 100 hectáreas y sin datos específicos es muy difícil. Estamos tratando de buscar ayuda internacional, pero en ninguna parte del mundo hay algo parecido a esto para tomar esa experiencia. No es tan fácil como empezar a excavar, podríamos poner en riesgo las comunidades aledañas”, dijo el director del programa Víctimas del Conflicto Armado, de la alcaldía de Medellín, Gabriel Bustamante.

Por su parte, las víctimas se niegan a esta posibilidad. Ellas quieren que se encuentren los restos de las personas desaparecidas y se pueda establecer mediante un estudio la época de su muerte para determinar los responsables.

“Hemos venido trabajando con los familiares de los desaparecidos durante mucho tiempo. Este año hemos hecho tres talleres y la intención es hacer un proceso para tener claridad sobre el contexto en el cual se dieron las desapariciones. También estamos elaborando unas fichas pre mortem, que nos permitan ayudar a identificar los NN. Hicimos además un evento con antropólogos de Perú y Guatemala, para que nos ayuden en este caso desde sus realidades, ya que ellos han aplicado métodos que les permitieron encontrar sus desparecidos”, afirmó Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad.

Los familiares de los desaparecidos que posiblemente están sepultados allí en la Comuna 13, en compañía de algunas ONG y la Personería, realizaron una manifestación en la Escombrera Terrígenos el 11 de diciembre de 2008 para exigir su cierre definitivo y que se inicien las excavaciones en busca de más cuerpos, pues diariamente ingresan allí cerca de mil volquetas, lo cual complica aún más las posibilidades de encontrar restos. ¡Prohibido enterrar la verdad! Era el grito unánime de los participantes en la marcha, quienes portando fotografías, mostraron también su desacuerdo con que se declare el sitio campo santo, pues ante todo quieren encontrar los cuerpos de sus familiares y saber la verdad de quién los asesinó.

“El problema es que hay una política clara para exhumar cadáveres, pero no para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas sin saber dónde están sus fosas. Creemos que tiene que ser un proceso para garantizar que sí se encuentren los cuerpos, porque no es sólo el caso de la Comuna 13; también están las Comunas 1, 3 y 8, y el corregimiento de Belén Alta Vista y Belén Aguas Frías. Entre 1999 y el 2002 durante la consolidación del Cacique Nutibara fueron muchos los desaparecidos. Hemos contabilizado más de 200. Medellín es un caso único en el mundo de desaparición urbana y lo que nos preocupa es que sólo se ha interrogado a ‘Don Berna’ por estos hechos, pero qué pasa con personas como Fabio Acevedo, alias ‘Don Fabio’, o Geovanny Marín, quienes se desmovilizaron y nunca han sido llamados a declarar a pesar de que ellos eran los comandantes del Cacique en esa época y sabemos que tienen información del paradero de muchos de estos desaparecidos. Ahora que se conoce la participación de la fuerza pública, ellos también tienen que ser llamados por las autoridades a responder, no es sólo ‘Don Berna’”, asegura Adriana Arboleda.

“Estamos tratando de consolidar la información de cuántos son los desaparecidos en la ciudad porque todos manejamos cifras distintas; las organizaciones sociales, la Fiscalía, la Policía y la A lcaldía, y así es muy difícil, pero sí creemos que son más de 200”, dice Gabriel Bustamante, director del programa Víctimas del Conflicto Armado, de la alcaldía de Medellín.

A 23 de junio de 2009, la Fiscalía General de la Nación ha encontrado en todo el país 1.906 fosas gracias a informaciones entregadas por los desmovilizados. Con ello, se han podido hallar los cuerpos de 2.329 personas. 532 ya fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares. Antioquia es el


departamento donde se ha encontrado un mayor número de cuerpos: 390 de los cuales 85 ya fueron sepultados.

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1Reporteros de Colombia es un proyecto de Medios para la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y el Programa por la Paz – CINEP. Agrupa periodistas de varias regiones del país comprometidos con el cubrimiento responsable del conflicto armado y los esfuerzos de construcción de paz en Colombia.

www.reporterosdecolombia.net

Región

Un Estado entregado a la privatización. El caso del mercado del suelo y la vivienda social en Bogotá Por Catalina García Barón1

En Bogotá, como en otras ciudades colombianas, se ha venido manifestando con mayor acento, una menor intervención del Estado en los asuntos públicos, de manera que el alcance del Estado en la regulación de la vida urbana se restringe cada vez más por decisiones políticas que dejan en manos del mercado y el sector privado lo público y lo común.

Las contradicciones que generan la crisis social y económica en el contexto urbano están asociadas al acelerado proceso de privatización de los diferentes


sectores, produciendo efectos económicos que afectan el costo de vida y van acumulando inconformidades sociales.

La informalidad urbana, la segregación socio espacial y la vivienda van erosionando la noción y puesta en práctica del ejercicio de los derechos y el bienestar común. Todos son elementos que lesionan la legitimidad de la gobernabilidad, cuestionan las lógicas recortadas de la participación social en las decisiones y tensionan las relaciones de poder y los intereses en disputa que se expresan en los territorios urbanos y regionales.

La fragilidad de las políticas del suelo, la diversidad de las formas de tenencia, la concentración privada de la tierra y la propiedad y la precariedad de las políticas públicas de vivienda en una ciudad en donde tan solo el 6 por ciento de la vivienda producida es de interés prioritario2 -cuando existe un déficit que supera las 400.000 viviendas- potencian los desarrollos informales como alternativa posible para los sectores populares que no tienen opción de entrar en el mercado formal y que encuentran en la oferta de los urbanizadores piratas y los procesos de autoproducción popular de vivienda y hábitat una alternativa para acceder al suelo urbano. Esto último a pesar de que los costos que implica la informalidad son mayores, tanto para las familias que habitan zonas informales, como para la ciudad.

Esta situación se intensifica y tiene una relación directa con las políticas de orden nacional que siguen privilegiando la política de seguridad democrática como bandera y la política económica que se desenvuelve bajo el presupuesto de favorecer a las clases privilegiadas con prácticas de especulación del suelo. A partir de un cambio de norma sobre su uso, como ocurre al cambiar el uso del suelo rural al de expansión o de área protegida a suelo urbano –caso de la reserva forestal protectora de los cerros orientales de Bogotá- generan millonarias plusvalías que son apropiadas por las familias que concentran la tierra y el poder político y económico.

El desafío de nuestras ciudades consiste en robustecer la intervención del Estado y del Gobierno en favor de lo público, a partir de un ejercicio efectivo de regulación estatal que no deje en manos del libre mercado y del sector privado el desarrollo de la ciudad.

Por eso, cada vez se hace más necesario generar mecanismos efectivos de democratización, no solo de la participación social y política en los asuntos de toma de decisiones sobre el hacer ciudad, la planificación regional y el bienestar colectivo, sino también en la democratización del acceso y gestión

del suelo que no solo equilibre la relación entre los intereses de los propietarios privados y los intereses públicos, sino que garantice las condiciones de acceso al suelo, la vivienda y el hábitat digno. Actualmente solo el 33 por ciento de las viviendas de interés social son producidas por el Estado y el 67 por ciento por el sector privado.

Se hace urgente apropiar una política orientada a reducir los costos del suelo y desarrollar acciones de decisión política que conduzcan a la redistribución de la riqueza a partir de

instrumentos que existen pero que no se aplican de manera rigurosa. Por ejemplo, la participación en plusvalías y la acción decidida por captar impuestos relevantes a los grandes propietarios del suelo a través de un esquema de tributación que permita regular o por lo menos captar una parte significativa de la riqueza concentrada en lotes de engorde.

Las cifras hablan de un 60 por ciento de informalidad laboral, dados los altos índices de desempleo y flexibilización laboral, pero también existe una informalidad en el acceso al suelo y a la vivienda urbana que no es reciente sino que se explica en las formas históricas de poblamiento y ocupación de la ciudad que van tejiendo territorios, lazos de solidaridad y lógicas económicas ajenas a las del sistema capitalista.

El 54 por ciento de las viviendas en Bogotá son de origen informal3 , esto demuestra la incapacidad de las políticas de Estado para resolver una demanda que cada día crece más. El alquiler, como forma de complementar el ingreso familiar, se constituye en un asunto relevante en contextos de barrios informales. Sin embargo, no existe una política de vivienda de alquiler ni se han consolidado procesos de regularización de barrios informales que atiendan, no solamente el tema de la tenencia de la tierra, sino del mejoramiento integral de barrios. Hasta hoy eso ha sido más una tarea asumida por los pobladores, pues han sido los sectores populares los abanderados en los procesos de mejoramiento que paulatinamente se han traducido en la consolidación de los desarrollos informales.

La relación entre mercado formal y lógicas de informalidad –mas allá de la vivienda y los elementos físicos del espacio, como sistemas de relaciones culturales y económicas que no se rigen por las lógicas del mercado- deben ser consideradas con mayor profundidad, dado que los procesos de regularización y mejoramiento barrial implican la incorporación al mercado y, por lo tanto, a otras formas de exclusión, lo que genera inclusiones y rupturas simultáneas.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y algunos instrumentos de la planificación urbana han concebido mecanismos para la intervención del suelo como la recuperación de la plusvalías -que permite que la renta del suelo no sea apropiada por el propietario o el operador inmobiliario sino por el Estado para ser reinvertida en beneficio colectivo- y otras formas de intervención como la repartición de cargas y beneficios, la función social y ecológica de la propiedad para favorecer los intereses de la colectividad, la regulación de la acción de los propietarios y la redistribución de la inversión. Sin embargo, su aplicación no ha sido puesta en marcha ya que no es suficiente que exista el instrumento y los mecanismos, sino que es necesario que haga parte de la agenda, de la acción directa de los gobiernos y de un proyecto político de sociedad basado en el compromiso ético frente a lo público.

Hoy las agendas sociales y los procesos territoriales y sectoriales avanzan con pasos de gigante en la reflexión y la acción colectiva sobre el deber ser del ordenamiento del territorio urbano-regional, la construcción de lo público desde lo popular y las relaciones y ejercicios de poder a favor de lo común. Avances que se quedan cortos por la magnitud de la ciudad y sus conflictos, pero que generan convergencias desde lo social, para la construcción de un proyecto de


país donde sea la diversidad de los pueblos y sus vitalidades sean los motores que orienten y decidan la vida del territorio nacional, reinventando la realidad actual a partir de la historia. Frente a ello la Minga Social y Comunitaria expresa: “tenemos un país de dueños sin pueblos y queremos un país de pueblos sin dueños”.

Desde los Cerros Orientales, las organizaciones y procesos sociales han construido el mandato social frente al ordenamiento del territorio regional y las políticas públicas tocando asuntos relevantes para la ciudad como la expansión urbana, el manejo de áreas protegidas, las políticas del suelo, de reasentamiento y la planificación en la perspectiva de construir consensos frente el desafío de edificar un hábitat digno.

Desde la ruralidad del distrito, se ha avanzado socialmente en la construcción de posturas frente a la política de soberanía alimentaria, la expansión urbana, la producción agroecológica y los efectos de la extracción minera en los territorios. En el centro, se plantea que los procesos de renovación urbana, derivados de acciones jurídicas que declaran la zona como motivo de utilidad pública deben generar renovación y garantizar la permanencia de los pobladores históricos de la zona.

Lo anterior con el objetivo de evitar nuevos desplazamientos intraurbanos. Si bien las acciones en lo social y en lo político son fragmentadas, existen agendas desde los sectores populares organizados, así como también existe el reto de que desde la institucionalidad y el Estado se generen escenarios para construir un proyecto donde se privilegie lo público a favor del derecho de todos y todas a la ciudad.

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1Investigadora CINEP 2 Maldonado, Maria Mercedes. Instituto de Estudios Urbanos. Universidad Nacional. En: Bogotá Cómo Vamos. 3 Maldonado, María Mercedes. “Crisis en la Vivienda Social: Retos y Alternativas”. Foro Bogotá Cómo Vamos. Bogotá, Agosto 19 de 2009.


Internacional

Las inconveniencias de un acuerdo militar en tiempos difíciles

Por: Laura Gil1

Las Américas viven tiempos difíciles. Las relaciones hemisféricas están supeditadas, no al pragmatismo político que la geografía le debería imponer a países condenados a compartir un mismo continente, sino al alineamiento ideológico. Las alianzas de seguridad y los convenios económicos, que cada uno de los gobiernos emprende en ejercicio de la soberanía estatal, son considerados por los demás jugadas de ajedrez en el marco del enfrentamiento de dos bloques con pretensiones hegemónicas.

Hasta que no exista un acuerdo explícito de respeto mutuo entre gobiernos de izquierda y derecha, un gesto político del uno se prestará para el malentendido con el otro. En este escenario, es cuanto más necesario para Colombia actuar con transparencia, mantener canales de comunicación abiertos y evitar la confrontación superflua.

De ahí deriva la importancia de la publicación del texto del acuerdo de


cooperación militar con Estados Unidos. Aun así, el Gobierno colombiano no logró acabar con las suspicacias. En gran medida, el acuerdo constituye un marco general del cual se derivarán varios convenios más que, estos sí, serán secretos.

Pero esta oscuridad que rodea al acuerdo no constituye la única razón de peso para oponerse a él. Son muchas sus inconveniencias.

El acuerdo es inconveniente porque no ofrece suficientes garantías a los países vecinos. No basta repetir hasta el cansancio que la ayuda estadounidense no será utilizada para atacar a los vecinos, mucho menos cuando el pronunciamiento proviene de un gobierno que autorizó una incursión en territorio ajeno. Es más, la manipulación desvergonzada que el presidente Chávez ha hecho del acuerdo para escalar su hostilidad hacia Álvaro Uribe, amenazando hasta con guerra, no puede opacar algunas realidades.

Para empezar, de las siete bases a las cuales las tropas de Estados Unidos tendrán acceso para las actividades antinarcóticas y antiterroristas de las que trata el documento, solo una se encuentra en el Pacífico, la ruta más favorecida por la mafia cocalera. Tres de ellas están cercanas a la frontera con Venezuela, cuyo gobierno los Estados Unidos acusa de cooperar con los narcotraficantes colombianos y las Farc. Y, para complicar las cosas, existe la posibilidad de acordar el acceso de Estados Unidos a más y más instalaciones militares colombianas.

Más importante aún, un documento del Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos, presentado en abril de 2009, sostuvo que: “El Comando Sur ha identificado a Palanquero, Colombia (aeropuerto Germán Olano), como un lugar para una base de seguridad cooperativa. Desde aquí, se puede cubrir casi la mitad del continente con un C-17 sin necesidad de reabastecimiento. Si el combustible apropiado estuviera disponible en el destino, un avión C-17 podría cubrir todo el continente, con la excepción de Tierra de Fuego en Chile y Argentina. Hasta tanto el Comando Sur establezca un plan más robusto de teatro de operaciones, la estrategia de ubicar una base de seguridad cooperativa será suficiente para que la movilidad aérea alcance todo el continente de América del Sur.”

Como un C-17 puede cargar 40 toneladas de carga, que podrían ser utilizadas para actividades tan pacíficas como la distribución de asistencia humanitaria o tan ofensivas como el despliegue de material de combate, ¿por qué deberían estar tranquilos los gobiernos de America del Sur?

Peor aún, la Fuerza Aérea de Estados Unidos argumentó ante el Congreso de su país que la inversión en el mejoramiento de Palanquero era necesaria para contrarrestar a los “gobiernos anti-estadounidenses de la región”, una cláusula que fue eliminada pocos días después de que fuera publicitada en los medios.

¿Es exagerado, entonces, entender la presencia de las tropas de Estados Unidos como una fuerza de proyección sobre el continente para la contención del chavismo? El presidente Chávez podrá ser paranoico pero la Casa Blanca y la Casa de Nariño parecen decididas a convertirle su profecía de persecución en realidad.

Le corresponde a Estados Unidos contribuir a la calma en la región. Hasta el momento, ha ignorado las preocupaciones de UNASUR y solo ha entablado el diálogo directo sobre el tema con la administración brasilera. Así, la Casa Blanca de Obama perdió una oportunidad de establecer una relación renovada con América Latina y, con la firma del acuerdo, nosotros matamos toda posibilidad de salir del aislamiento regional.

La Secretaria de Estado, Hillary Clinton, ni siquiera intentó poner en práctica eso de lo que tanto habla – el poder inteligente-. En sus palabras, éste mezcla elementos de garrote y de zanahoria para persuadir mediante la palabra y no solo ejercer coerción mediante la fuerza. Pero, por estas latitudes, nos hemos quedado esperando el cambio.

Además, el acuerdo es inconveniente porque nos ata a una política antinarcóticos fracasada en un momento propicio para su reevaluación. Un informe del General Accounting Office, un centro de investigación del Congreso de Estados Unidos, reveló, en noviembre de 2008, que el Plan Colombia había dado frutos como programa contra las Farc, mas no contra la droga. El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2009 reafirmó esta conclusión al anotar que el área de cultivo de coca permanece hoy comparable al de 2001.

Y, más que nada, el acuerdo es inconveniente porque, al otorgar la inmunidad total a los soldados de Estados Unidos, hemos renunciado a la dignidad que requiere la protección de los derechos de los colombianos y las colombianas.

__________________________________________ 1Analista Internacional


Cien días vistos por CINEP/PPP - Diciembre de 2009/ No 68

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