AGSP/SC-01-620-2014

07 de mayo de 2014

LicenciadoMario Zamora CorderoMinistro de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía

Estimado señor:

Nos permitimos remitir el informe de control interno N° 01-42-2014 CI/SC sobre los resultados obtenidos del estudio denominado Auditoría Operativa en Instancias Policiales realizado en atención al Plan Anual de Labores 2013. Dicho estudio evaluó la operatividad policial en una la Dirección General de la Fuerza Pública. Se estudiaron 24 delegaciones policiales distribuidas aleatoriamente entre cinco Direcciones Regionales a saber: Primera-San José, Segunda-Alajuela, Tercera-Cartago, Cuarta-Heredia y Quinta- Guanacaste.

En el presente informe se exponen los resultados obtenidos sobre el análisis de la operatividad policial, los cuales reflejan algunas deficiencias de control interno que deben ser subsanadas y que exigen la toma de decisiones por parte de la Administración.

Los resultados fueron comunicados el día 05 de mayo, 2014, a los señores: Paula Solano Aguilar, Asesora del Despacho del señor Ministro Lic. Mario Zamora; Lic. Mario Calvo Pizarro, Asesor Legal del despacho del Comisario Walter Navarro Romero, Viceministro de Unidades Regulares de la Fuerza Pública; Comandante Freddy Guillén Varela, Jefe del Depto. de Planes y Operaciones; Comisionado Randall Picado Jiménez, Director Regional Sexto - Limón (por invitación de la DGFP); Comisionado Raúl Rivera Bonilla, Director Regional Segundo – Alajuela; Comisionada Kattia Chavarría Valverde, Directora Regional Tercera – Cartago; Comisionado Marlon Cubillo Hernández, Director Regional Primero – San José.

Es preciso informar que las actividades de la auditoría fueron realizadas de acuerdo con la normativa aplicable al ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, emitida por la Contraloría General de la República.

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I- RESULTADOS OBTENIDOS

1.1. Edificaciones deficientes y en mal estado:

En la fiscalización realizada a las Direcciones Regionales de San José, Alajuela y Heredia, se observó la existencia de edificios alquilados y propios que muestran deficiencias como: inadecuada distribución interna de oficinas, problemas en el suministro de agua potable, aseguramiento perimetral de los edificios, problemas de accesibilidad y parqueo (Ver Anexos Nº. 1 y 2).

Las deficiencias encontradas denotan que las edificaciones obvian las condiciones mínimas aceptables para preservar la salud ocupacional de los funcionarios y/o brindar un adecuado servicio a los ciudadanos, lo cual se traduce en la eventual materialización de riesgos de salud ocupacional y operativos en menoscabo del cumplimiento de las competencias de la Fuerza Pública claramente establecidas en la “Ley General de Policía” Nº. 7410 en su artículo Nº. 8, así como la adecuada salvaguarda de los activos institucionales.

Al respecto también es importante señalar que la problemática expuesta se aparta de lo establecido en la “Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad” N°. 7600, que refiere que todas las personas sin distingo de sus capacidades físicas deben tener la posibilidad de acceder los servicios públicos sin ninguna limitación.

1.2 Gestión Policial

a) En las Delegaciones Policiales de Alajuela y Nandayure se identificó que la cantidad de recursos humanos y vehiculares asignados son insuficientes, lugares donde tampoco se cuenta con capacidad policial preventiva, asimismo áreas de jurisdicción que sobrepasan la capacidad de administración.

A modo de referencia, el área de jurisdicción de la Delegación Policial de Alajuela tiene 275 kilómetros cuadrados, y en ella habitan 254 510 habitantes aproximadamente, tiene una densidad poblacional territorial de 5 715 habitantes por kilómetros cuadrado, mientras que en el resto de los distritos de Alajuela desciende el promedio a 1 178 habitantes por kilómetros cuadrado. Analizando los recursos con que cuenta dicha delegación se denota que la misma no cuenta con la capacidad para dar atención a las necesidades de seguridad preventiva, la demanda a del Servicio de Emergencias 9-1-1, las notificaciones y las aprehensiones.

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En la Delegación Policial de Nandayure los recursos humanos son insuficientes, al punto que varias subdelegaciones sólo pueden ser abiertas en turnos de 12 horas, tal caso de la de San Pablo y Bejuco, y en otros casos como en la Delegación de Los Ángeles sólo tiene asignado un único policía. En general hay escases de personal en esta Delegación Policial, no hay encargado operacional, sino que la labor es asumida entre el Jefe y otro funcionario, el patrullaje es inexistente y los controles documentales de la gestión son mínimos, según manifestó el Jefe de la Unidad y verificación realizada por esta Auditoría General.

Las situaciones comentadas que afectan tanto a la Delegación Policial de Alajuela como a la de Nandayure, crean una imposibilidad operativa, situación que limita la atención de las demandas de los habitantes, y la realización de actividades preventivas en materia de seguridad y vigilancia.

Lo anterior se aparta de lo establecido en el “Código de Trabajo” en el artículo N° 69, y en Objetivo Estratégico 1.1 Objetivo Táctico 1.1.1 y 1.1.2 del Plan Estratégico Institucional 2010-2014.

b) Se determinó que en las Direcciones Regionales Primera, Segunda y Cuarta (exceptuando la Dirección Regional Tercera) hay ausencia de una estructura orgánica oficializada, situación que les ha permitido “diseñar” las estructuras, obviando o relegando a un segundo plano a los “Programas Preventivos Policiales, pese a que son las puntas de lanza del modelo preventivo policial.

Esta situación podría materializar riesgos sobre la eficiencia de los programas preventivos policiales, con sus eventuales efectos sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos en materia de seguridad ciudadana.

La condición descrita se aparta de lo establecido en el “Reglamento de Distritalización de la Fuerza Pública” Decreto N°. 35844, art. Nº 5, que indica que la gestión operativa de la Fuerza Pública debe girar alrededor de los Programas Preventivos Policiales las “Normas de control interno para el Sector Público” N-2-2009-CO-DFOE, norma 2.5 – Estructura organizativa y de Objetivo Estratégico 1.3 Objetivo Táctico 1.3.2 del Plan Estratégico Institucional 2010-2044, la cartilla “Plan Cuadrante Costa Rica” componente del Sistema Integral de Mejoramiento Estratégico Policial, 2012, pág. 37, fundamentado en la Política de seguridad, denominada “La Política Nacional Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz –POLSEPAZ.

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c) En el “Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública” Decreto Ejecutivo N°. 36366-SP se contempló la creación de la Sección de Operaciones de Inteligencia, perteneciente al Departamento de Inteligencia Policial de la Dirección de Operaciones, la cual fue conceptualizada para desarrollar un papel protagónico dentro de la estructura policial; sin embargo y a criterio del Jefe de esta unidad Comandante Eduardo Guzmán López, la participación de su representada se ha limitado a la atención de investigaciones y seguimientos de grupos delincuenciales en el área de San José por motivo de recursos humanos y materiales.

De conformidad con el “Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública” Decreto Ejecutivo N° 36366-SP, artículo N°159 inciso 1, a la Sección de Operaciones de Inteligencia dentro de sus funciones le corresponde:

“1) Recopilar y verificar información estratégica y táctica de interés policial que colabore con el mejoramiento de acciones policiales”.

Sobre el aporte realizado por la citada Sección en cumplimiento de dicha función, únicamente se ubicaron dos documentos, uno denominado “Plan de Contención Delincuencial de Delitos Contra la Propiedad”, que a la fecha se desconoce si efectivamente fluyo en la estructura ministerial de las Direcciones Regionales, otro documento llamado “Resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción del Delito en el Distrito Hospital” dirigido a una jurisdicción específica.

Lo anterior denota que no se ha explotado a cabalidad la referida función reglamentaria asignada a la Sección de Inteligencia Policial, generando una eventual carencia de insumos que son necesarios para potencializar la planificación del accionar policial, con lo cual se puede propiciar la generación de riesgos operativos y por ende efectos negativos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales en materia de seguridad de los habitantes.

d) En las Delegaciones Policiales de Alajuela, Atenas, Orotina y San Ramón de la Región Segunda y en la Delegación Policial de Heredia, San Rafael y San Joaquín de la Región Cuarta, se identificaron las siguientes debilidades en la documentación de la gestión operativa policial:

- Formularios de trabajo que no indican el origen a que responden, no refieren el espa-cio y tiempo de las actividades desarrolladas, no permiten establecer el origen docu-mental, producto de la escasa supervisión de la Jefatura respecto de las actividades de documentación de la actividad policial.

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-La elaboración de los planes de trabajo, diagnósticos, entre otros, son delegados a funcionarios carentes de competencia, siendo que la elaboración de estos documentos es responsabilidad de las jefaturas de las unidades. Lo anterior ha generado que los productos elaborados no atienden los requerimientos mínimos en materia de seguri -dad y vigilancia.

-Ausencia de manuales de trabajo, lo cual ha generado la elaboración de propuestas de actividades operativas policiales, conocidas como “órdenes operativas – alerta – ejecución – servicio”; sin estandarización, provocando que estos documentos no facili-ten la identificación con la operación que se realizó, ni permitan la medición de activi -dades realizadas, por ejemplo una boleta con nombres y placas no se puede atribuir, a un dispositivo de control de carretera realizado el 15 de junio de 2013 a las 6:30 pm en Coris de Cartago.

Las referidas debilidades referentes a la documentación operativa policial se originan por la carencia de una adecuada planificación y supervisión, lo cual podría generar la materialización de riesgos relacionados con la toma de decisiones al no disponerse de documentación estandarizada que permita la tabulación de datos y posterior obten-ción de información relevante, lo cual puede traer serios perjuicios al accionar policial.

Al respecto las “Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE) establecen en el numeral - 4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional, lo siguiente:

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según corresponda”.

e)En las Direcciones Regionales visitadas (Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta) se identificó que se emplean dúos policiales para el desarrollo de puestos de control de carretera, como por ejemplo un caso identificado en la Delegación Policial de Acosta el día 15 de mayo del 2013, donde inclusive se obvió la asignación de vehículo y radio de comunicación portátil (Ver Anexo N°.3).

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Este tipo de operativos por motivo de seguridad requieren de mayor dotación de perso-nal y recursos, según las sanas prácticas operativas tal y como lo refleja el Comisionado José Francisco Cordero Jiménez actual Director Regional Quinta Región en su Oficio No.102-2013-DR5-A del 14 de agosto de 2013 en el cual se detalla la complejidad de un puesto de esta naturaleza.

La situación comentada podría materializar riesgos sobre la integridad física de los fun-cionarios que participan en estos operativos y el cumplimiento de las competencias en materia de seguridad de los habitantes.

II. CONCLUSIONES

De conformidad con la fiscalización realizada se establecen las siguientes conclusiones que se enuncian a continuación:

En la fiscalización realizada en la Dirección Regional Primera, Segunda y Cuarta, se identifi-caron edificios alquilados y propios que muestran deficiencias que afectan la operatividad policial y el servicio a la comunidad.

2.1. En las Delegaciones Policiales de Alajuela y Nandayure se constató que la cantidad de re-cursos humanos y vehiculares asignados son insuficientes para atender las necesidades de vigilancia y seguridad de los habitantes, asimismo no cuentan con capacidad policial preven-tiva y las áreas de jurisdicción asignadas sobrepasan la capacidad de administración; situa-ciones que se apartan de lo establecido en el “Código de Trabajo” en el artículo N° 69, y en Objetivo Estratégico 1.1 Objetivo Táctico 1.1.1 y 1.1.2 del Plan Estratégico Institucional 2010-204.

2.2. En las Direcciones Regionales Primera, Segunda y Cuarta hay ausencia de una estructura orgánica oficializada por parte de la Dirección General, situación que les ha permitido “dise-ñar” a discreción los aparatos administrativos, en los que se relega el papel de los “Progra-mas Preventivos Policiales” a un segundo plano, pese a que la doctrina policial establecida y el Objetivo Estratégico 1.3 incluyen el acercamiento a las comunidades como parte vital del modelo preventivo policial.

2.3. La Sección de Inteligencia Policial, unidad adscrita al Departamento de Inteligencia Policial no cuenta con los recursos humanos suficientes para extender sus operaciones más allá de la Dirección Regional Primera.

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2.4. En las Delegaciones Policiales de Alajuela, Atenas, Orotina, San Ramón, todas de la Región Segunda y en la Delegación Policial de Heredia, San Rafael, San Joaquín de la Región Cuar-ta, se identificaron debilidades en la documentación de la gestión operativa policial, como consecuencia de la deficiente planificación y supervisión, con lo cual se pueden materializar riesgos relacionados con la toma de decisiones y afectar el desempeño de los objetivos de seguridad de los habitantes.

2.5. En la Dirección Regional Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta se identificó que es co-mún que se planifiquen puestos de control de carretera (cc. Retenes) conformados por dúos policiales, pese a que un dispositivo de este tipo requiere por su connotación y riesgos del involucramiento de mayores recursos.

III. RECOMENDACIONES

3.1 Al Comisario Walter Navarro Romero, Viceministro de Unidades Regulares:

Girar instrucciones para el cumplimiento de las siguientes acciones:

3.1.1 Al Comisario Juan José Andrade Morales, Director General de la Fuerza Pública.

3.1.1.1) Gestionar en conjunto con las instancias competentes las mejoras que requie-ren las edificaciones señaladas en el Anexo Nº. 1, para el mejoramiento de la seguri -dad ocupacional de los funcionarios y la salvaguarda de los activos. En el caso de edificios arrendados considerar las condiciones de los contratos de arrendamiento y valorar si es factible que el arrendatario realice las mejoras requeridas.

Para la implementación de la anterior recomendación se considera un plazo de 60 días, una vez recibida la instrucción superior ante lo cual le solicitamos informar al Despacho con copia a esta Auditoría General sobre las acciones que se implementen al respecto.

3.1.1.2) Identificar las necesidades de mobiliario y equipo de las direcciones regiona-les y sus delegaciones actualmente, y establecer un plan de acción para la adquisi -ción de los mismos mediante su inclusión en el proyecto de presupuesto para el año 2015 y posteriores períodos.

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La anterior recomendación debe ser implementada en un plazo de 30 días, una vez recibida la instrucción superior ante lo cual le solicitamos informar al Despacho con co-pia a esta Auditoría General sobre las acciones que se implementen al respecto.

3.1.1.3) Girar instrucciones a los directores regionales, para que dentro de la estructu-ra orgánica regional y en las actividades ordinarias de las Direcciones Regionales, se vincule a los encargados de los Programas Preventivos Policiales con los Encargados de Operaciones, para que mediante un trabajo conjunto se establezcan acciones para el fortalecer el acercamiento a las comunidades, la generación de acciones ope-rativas preventivas y seguridad de los habitantes en general.

La anterior recomendación debe ser implementada en un plazo de 15 días, una vez recibida la instrucción superior ante lo cual le solicitamos informar al Despacho con co-pia a esta Auditoría General sobre las acciones que se implementen al respecto.

3.1.1.4) Ordenar a los directores regionales que realicen las acciones requeridas para que en toda orden de servicio, alerta, ejecución u operativa y en todo documento se genere como producto de estas actividades, se indiquen los detalles que permitan ubicar la actividad (trazabilidad), entre ellos a saber: número de orden, fecha, hora, ubicación, personal, objetivo, responsable; asimismo se alimente el sistema “R2 Poli-ce” (en las unidades que esté operando) de las informaciones que corresponda y en los términos requeridos por éste.

La anterior recomendación debe ser implementada en un plazo de 15 días, y perma-nente en el tiempo, una vez recibida la instrucción superior ante lo cual le solicitamos informar al Despacho con copia a esta Auditoría General sobre las acciones que se implementen al respecto.

3.1.1.5) Crear una directriz y comunicar a todas las Direcciones Regionales, los reque-rimientos mínimos que deben observarse para el establecimiento de puestos de con-trol de carretera (cc. retenes) para que se salvaguarde la seguridad de los funcionarios y los objetivos institucionales.

La anterior recomendación debe ser implementada en un plazo de 30 días, una vez recibida la instrucción superior ante lo cual le solicitamos informar al Despacho con co-pia a esta Auditoría General sobre las acciones que se implementen al respecto.

3.1.1.6) Ordenar el cumplimiento de las siguientes acciones:

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Al Comisionado Marlon Cubillo Hernández, Director Regional de San José.

a) Gestionar ante las instancias externas e internas pertinentes el suministro de agua potable, para la Delegación Policial de Aserrí.

Esta recomendación debe implementarse en un plazo inmediato una vez recibida la instrucción superior ante lo cual se requiere que informe al Despacho del Sr. Ministro con copia a esta Auditoría General sobre las acciones realizadas al respecto.

Al Comisionado Raúl Rivera Bonilla, Director Regional de Alajuela.

b) Evaluar en coordinación con el Comisionado Pablo Bertozzi Calvo, Director de Operaciones, la posibilidad de fragmentar el área de jurisdicción de la Delegación Policial de Alajuela, de manera tal que, proporcionalmente se distribuya en cada uno de los fragmentos, las responsabilidades y los recur-sos para una mejor atención de las necesidades de seguridad y vigilancia.

La anterior recomendación debe ser implementada en un plazo de 30 días, una vez recibida la instrucción superior ante lo cual le solicitamos informar al Despacho con co-pia a esta Auditoría General sobre las acciones que se implementen al respecto.

Al Comandante Francisco Jiménez Cordero, Director Regional de Guanacaste.

c) Realizar en coordinación con el Comisionado Pablo Bertozzi Calvo, Direc-tor de Operaciones, un análisis estratégico considerando los requerimientos de recursos, para lograr una mejor atención y funcionamiento del servicio policial en el área de jurisdicción asignada a la Delegación Policial de Nan-dayure.

La anterior recomendación debe ser implementada en un plazo de 45 días, una vez recibida la instrucción superior ante lo cual le solicitamos informar al Despacho con co-pia a esta Auditoría General sobre las acciones que se implementen al respecto.

Al Comisionado Pablo Bertozzi Calvo, Director de Operaciones.

d) Diseñar un instructivo que detalle el procedimiento de elaboración de las Órdenes de Operación, Servicio, Alerta y Ejecución, oficializarlo y divulgarlo a toda la estructura policial.

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La anterior recomendación debe ser implementada en un plazo de 30 días, una vez re-cibida la instrucción superior ante lo cual le solicitamos informar al Despacho con co-pia a esta Auditoría General sobre las acciones que se implementen al respecto.

No omitimos recordarle que, su Despacho, según el artículo Nº. 37 de la “Ley General de Control Interno”, dispone de un lapso de 30 días hábiles, para ordenar el cumplimiento de las recomendaciones de este informe, o en su defecto, proponer a esta Auditoría General, opciones alternativas para solucionar las debilidades que se mencionan.

Dejándolo informado, para la toma de decisiones, suscribe,

Atentamente,

Lcda. Karol Cascante RamírezSUBAUDITORA INTERNA

Pacdv/VSEc:

Comisario Walter Navarro Romero, VICEMINISTRO DE UNIDADES REGULARES DE LA FUERZA PUBLICA

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Anexos

Anexo N°. 1Deficiencias en las Infraestructuras de

Algunas Delegaciones PolicialesDeficiencia Encontrada

Edificio Propiedad

Esp

acio

físi

co

Ley

7600

Par

queo

Coc

ina

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Cel

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San

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DR1- Aserrí Propia x x x

DR2- AlajuelaDe

terceros x x x x x x

DR2- Orotina Propia x x x x xDR2- Regional Propia

DR2- San RamónDe

terceros x x x

DR4- HerediaDe

terceros x x x

DR4- San JoaquínDe

terceros x x x x x x x

DR4- Barva/Parque Propia x x x x x

DR4- Barva/Sta. Lucía

De terceros x x x x

DR4- BelénDe

terceros x x x x

DR4- San Rafael Propia x xFuente: Observaciones de campo realizadas por los auditores

asignados al estudio. Año 2013.

Anexo N°. 2 –

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Fotografías de edificaciones con deficiencias

que limitan el actuar operativo

Delegación Policial de Alajuela Centro

Las fotografías muestran las limitaciones de acceso existentes en la Delegación Policial de Alajuela, entre ellas gradas, ausencia de parqueo (motivo por el cual hay una moto de un usuario en la acera)

Delegación Policial de Orotina

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En esta fotografía se puede observar la ausencia de un cierre perimetral, lo que permite accesos no autorizados a estas instalaciones ministeriales.

Delegación Policial de San Ramón

Esta fotografía muestra el problema ocasionado por la ausencia de una zona para parqueo, situación que hace que los vehículos policiales deban estacionarse contiguo a la acera.

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Anexo N°. 3Puesto de control de carretera

Delegación Policial de Aserrí

En esta fotografía se muestra que un duplo policial se encarga de un puesto de control de carretera sin mayor apoyo (encargado de seguridad, chofer y móvil, entre otros.

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