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CASO DE MORALES FELICIANO Y EL HACINAMIENTO CARCELARIO
EL CASO MORALES FELICIANO Y EL ATAQUE DELIBERADO DE
CAUSAR SUFRIMIENTO
Carlos E. Ramos González*
A Harvey B. Nachman (q.e.p.d.), por su compasión.
I. INTRODUCCIÓN
Pocos litigios, bien en la jurisdicción federal o en Puerto Rico, han impactado la
sociedad puertorriqueña como el llamado caso Morales Feliciano.1 Hoy, año 2003,
luego de veintitrés (23) años de radicado, continúa litigándose en la jurisdicción federal.
Desde una perspectiva jurídica e incluso académica, es muy escaso, si alguno, el análisis
serio y riguroso que se ha hecho de este proceso judicial. El presente escrito tiene como
propósito cumplir con la encomienda de la Junta Editora de nuestra Revista Jurídica de
hacer una breve reflexión matizada por las anécdotas y conocimiento personal que el
autor tiene del caso. Por su propósito limitado, nos concentramos en sus etapas iniciales.
El estudio formal del fenómeno Morales Feliciano queda sobre el tapete como agenda y
reto para los juristas y otros científicos sociales. Ojalá que la narración que prosigue les
sirva de estímulo a tan necesaria investigación.
II. ORIGEN DEL CASO
La década de los 70, produjo en Estados Unidos una explosión de litigios relacionados
con las condiciones de confinamiento de los sistemas carcelarios estatales y
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federales. Las causas fueron múltiples, pero todas apuntan a una realidad ineludible: por
demasiado tiempo los norteamericanos pensaron de forma consciente que la función de
la cárcel era una exclusivamente punitiva y represiva. La Constitución de Estados
Unidos y de muchos estados no acompañaba al confinado dentro del penal. Por tanto, y
revelando una indiferencia brutal hacia la condición humana del reo, los tribunales
adoptaron una actitud de “manos afuera” cuando el confinado tocaba sus puertas con
demandas de reivindicación de derechos civiles. Un evento desgraciado motivó un
cambio en esta visión: la revuelta de la prisión más grande del Estado de Nueva York,
Áttica, la cual dejó perplejos a muchos. Por primera vez, la opinión pública
norteamericana veía una institución penal “por dentro”.2
Puerto Rico no pudo escaparse de ese movimiento. En 1974, ocurrió un motín de
proporciones humanas dantescas en la institución penal más antigua del país, La
Princesa, construida en 1837.3 Evocando lo sucedido en Estados Unidos, a través de la
llamada “Ley de Derechos Civiles” (Civil Rights Act),4 en el Tribunal de Distrito de
Estados Unidos en Puerto Rico, se sometió una acción de clase cuestionando las
condiciones de confinamiento en dicho penal. El tribunal (Hon. J. Torruellas) ordenó el
cierre de la institución.5 La noticia produjo una reacción inmediata de los confinados en
el resto de las instituciones penales del país. Decenas de cartas y acciones por derecho
propio comenzaron a recibirse en dicho foro. Es evidente que, tanto en Puerto Rico
como en Estados Unidos, un confinado estatal no tenía muchas esperanzas de que el
sistema judicial que lo sentenció le abriera las puertas para litigar las condiciones de su
confinamiento. Si bien es cierto que algunos jueces y juezas, por su cuenta, daban
seguimiento a las decenas de cartas que recibían a menudo, no existía ningún plan
sistemático para encauzar esas quejas. En la jurisdicción federal, sin embargo, estaba en
pleno apogeo la doctrina que establecía que las cartas-querellas y/o demandas por
derecho propio de los confinados debían ser interpretadas liberalmente, a los fines de
determinar si había jurisdicción federal y si planteaban una causa de acción válida.6 Más
aún, los magistrados federales ayudaban a dirigir esos reclamos. En 1975, el tribunal
acogió una acción de clase cuestionando la constitucionalidad de los procedimientos en
la Junta de
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Libertad Bajo Palabra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El caos que reinaba en
esta agencia era de tal magnitud que el Gobierno de Puerto Rico tuvo que firmar unas
estipulaciones reglamentando un proceso adecuado a seguirse.7 Estas estipulaciones
aumentaron aún más las cartas/querellas de los confinados en la jurisdicción federal.
Desde el punto de vista de la administración de la justicia, el Tribunal Federal encaraba
un gran reto: dar una respuesta adecuada a estos reclamos. ¿A quién referir los asuntos?
¿Cuántos abogados estarían disponibles para representar a los confinados?
Harvey B. Nachman, un abogado norteamericano residente en Puerto Rico desde hacía
muchos años, especialista en casos de daños y perjuicios en la jurisdicción federal,
considerado por muchos el mejor abogado litigante de ese foro y uno de los más
respetados, decidió insertarse pro bono público en este tipo de litigio. A él se le unió
José Fernández Seín, prestigioso abogado puertorriqueño, quién venía de una intensa
experiencia trabajando como asesor del gobernador Rafael Hernández Colón y, luego,
como abogado litigante de Servicios Legales de Puerto Rico (en adelante, SLPR). Por
su participación en el caso Montero Torres, ambos recibían muchas cartas de confinados
expresándoles sus angustiosos problemas de confinamiento.8 También, eran requeridos
por la jurisdicción federal, mediante asignaciones de oficio, para investigar querellas de
confinados. Posteriormente, se unieron al litigio otros dos abogados reconocidos de
derechos civiles en Puerto Rico: Carlos V. García Gutiérrez y Harry Anduze Montano.
Ante la gran cantidad de cartas y quejas recibidas, llegaron a la conclusión de que
resultaba casi imposible responder individualmente a cada reclamo. La estrategia a
seguirse sólo podía ser una: presentar una acción de clase. Escogieron como
representante de la clase a un confinado, cuyos reclamos los habían conmovido: Carlos
Morales Feliciano, entonces recluido en la Cárcel de Arecibo construida casi para la
época de La Princesa en San Juan. Estábamos a fines del año 1978.9
Poco tiempo antes de presentarse la demanda, SLPR decidió crear una unidad de litigio
especializada en los derechos del confinado. Ésta inició operaciones bajo la dirección de
la licenciada Nora Rodríguez Matías, quien había sido abogada y profesora del
Programa de Educación Clínica de la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. A ella se unió otra abogada de experiencia, proveniente
de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico, Vilma Santiago Irizarry y un
abogado recién graduado con mucho interés en litigios de derechos civiles y en la
jurisdicción federal, Carlos E. Ramos González, autor de la presente reflexión. Los
licenciados Nachman, Fernández Seín y García Gutiérrez invitaron a SLPR a unirse al
caso. Con ello, perseguían ampliar los recursos humanos y financieros necesarios para
un litigio de esta magnitud. Hasta ese momento, el pleito había sido financiado por la
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oficina de Nachman.10 Tanto para SLPR como para los abogados de la práctica privada,
el litigio tenía un objetivo dual: mejorar a la brevedad posible las condiciones de
confinamiento de la población penal, atendiendo de forma sistemática las evidentes
violaciones a sus derechos constitucionales y provocar en el Estado el uso intenso de
medidas alternativas a la reclusión. 11
III. LAS CAUSAS DE ACCIÓN INVOCADAS Y REMEDIOS SOLICITADOS
La demanda incoada incluía, prácticamente, todos los problemas, con implicaciones de
índole constitucional, que padecían los confinados.12 A modo de resumen, digamos que,
prácticamente, la totalidad de las condiciones de confinamiento estaban mencionadas:
hacinamiento; condiciones de salud alarmantes; ausencias de sistemas adecuados de
clasificación; alimentación paupérrima, particularmente para aquéllos en necesidad de
dietas especiales; y la situación de los confinados enfermos mentales. Como remedios
en equidad, se solicitaban un injunction y daños. Se trataba, en esencia, de invocar la
jurisdicción del tribunal para lo que el reconocido jurista y procesalista norteamericano
Owen Fiss llamaba el “injunction estructural”.13 Ya para 1979, se debatía intensamente
en Estados Unidos la conveniencia de forzar la reforma de las gigantescas burocracias
gubernamentales a través de los tribunales y el uso del injunction. Las experiencias en
esta dirección habían sido muy exitosas en litigios relacionados con discrimen racial en
los sistemas de instrucción pública de los estados.14 Al momento de radicarse el caso, ya
existían instituciones penales e incluso algunos sistemas correccionales “gobernados”
por remedios extraordinarios de este tipo, emitidos por tribunales de la jurisdicción
federal. Es importante resaltar que la demanda incoada también solicitaba la concesión
de remedios por daños. Al cabo de veintitrés (23) años de litigio, la celebración de una
vista dirigida a establecer los daños aún no se ha materializado.
La presentación de la demanda el 7 de febrero de 1979 causó que, eventualmente, casi
la totalidad de los jueces que tenían casos pendientes de confinados, particularmente
demandas por derecho propio o interpeladas por abogados de SLPR, quedaran
consolidadas con Morales Feliciano. Desde un punto de vista administrativo, el tribunal
resolvió una gran congestión de casos.
Desde temprano en el litigio (2 de abril de 1979), los demandantes solicitaron y
obtuvieron la certificación de la clase, que incluía tanto convictos como confinados en
espera de juicio (sumariados) de todo el sistema correccional. Es decir, el litigio
abarcaba las instituciones cerradas, abiertas (campamentos) y los Hogares de
Adaptación Social,
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para un total de diecinueve (19) instituciones penales.
IV. EL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA
La primera reacción de los funcionarios públicos demandados, comenzando con el
gobernador Romero Barceló y la Administradora de Corrección, Irba Cruz de Batista,
fue negar los hechos esenciales alegados.15 Lo anterior, marcó la tónica adversativa que
caracterizaría el litigio por los próximos años. A juicio del autor, si algo influyó el
ánimo del juez a cargo del caso, honorable Juan Pérez Giménez, fue esta actitud
contumaz. El juez Pérez Giménez estaba muy sensitivo a los reclamos de la población
penal, pues previo a su nombramiento como juez, se había desempeñado como
magistrado federal. En tal capacidad, había recibido centenas de cartas de confinados
quejándose de las condiciones de su confinamiento.
Los demandantes optaron por un descubrimiento de prueba costoso, pero efectivo: toma
de deposiciones, fotografías, películas y visitas de peritos. El financiamiento de SLPR
hizo posible ejecutar esta estrategia con éxito. Gradualmente, todos los superintendentes
de las diecinueve (19) instituciones penales tenían que acudir a la oficina del licenciado
Nachman para prestar testimonio y producir documentos. Simultáneamente, se obtuvo
una orden del tribunal para entrar a todas las instituciones penales, con autorización
irrestricta para tomar fotografías y películas de las mismas. Para ello, los demandantes
contaron con uno de los fotógrafos de mayor prestigio del país, José Charrón, y un
equipo de filmación de primer orden, Sandino Films. Estos últimos, contaban con
figuras de gran relieve en el cine nacional puertorriqueño como: Roberto Gándara,
Marcos Zurinaga y Milton Graña. Demás está decir que el expediente del caso refleja
cómo los demandados presentaron sin éxito todos los obstáculos posibles para evitar
que el descubrimiento se diera de esta manera.16
Los peritos contratados por los demandantes fueron, particularmente, notorios: se optó
por identificar lo mejor disponible en materia correccional, tanto en Puerto Rico como
en Estados Unidos. De este último país, se contrató al Dr. David Rundel (psiquiatra),
Dr. Lambert King (médico) y David Fogel (criminólogo). Estos tres eran considerados
las figuras más prestigiosas en el campo correccional. De Puerto Rico, se contrató al Dr.
Antonio Díaz-Royo, psicólogo de gran prestigio procedente de la Universidad de Puerto
Rico.
De inmediato y casi por espacio de un año, los demandantes se dedicaron a tomar
deposiciones. Simultáneamente, SLPR administró un cuestionario a toda la población
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penal, que en ese momento ascendía a 4,000.17 Las estadísticas compiladas por la
Administración de Corrección forzaron esta estrategia, pues no tenían la capacidad de
establecer con certeza, incluso, la cantidad de confinados bajo su custodia.
Subsiguientemente, comenzaron las visitas a los penales.
Las visitas mostraban a los abogados y abogadas de los demandantes, un mundo
particularmente dantesco. El hacinamiento, las condiciones de salud, el aislamiento de
los confinados con enfermedades mentales y la pésima alimentación de los reclusos,
ocuparon los primeros lugares de la inhumanidad que se revelaba a peritos, abogados y
abogadas, y que quedaba perpetuada a todo color en fotos y películas. Varios incidentes
marcaron la estrategia próxima a seguirse por los demandantes: la llamada “Máxima de
Locos” en la Institución Regional de Bayamón y varios confinados que estaban en
estado de salud muy precaria, fueron salvados justamente por la visita casual de los
peritos médicos. Lo encontrado en la “Máxima de Locos” resulta difícil de plasmar en
palabras: enfermos mentales agudos, desnudos, en celdas sin ventilación, bañados en su
propio excremento, sin facilidad alguna para hacer sus necesidades, que nunca salían de
su celda y cuyo espacio o sección jamás era visitado por las autoridades carcelarias. La
atención de éstos estaba a cargo de uno de los mismos reclusos, quien de paso los
“bañaba” con manguera ocasionalmente.
Lo anterior marcó a la representación legal de los demandantes para el resto del litigio:
la realidad carcelaria de nuestro país es una emergencia constante en materia de salud y
hacinamiento. Por recomendación de los peritos y previo a concluir el itinerario de
visitas a las instituciones, se solicitó con carácter de emergencia una vista para dilucidar
el “injunction preliminar”.
V. LA PRIMERA VISTA DEL CASO
A través de los últimos veintitrés (23) años, se han celebrado decenas de vistas en el
caso. Algunas, han producido sentencias recogidas en decisiones y órdenes que han sido
publicadas (diecinueve en total)18 y otras no. A tenor con el propósito de este escrito,
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comentamos a continuación la primera vista del caso, cuyos pormenores se recogen en
la primera decisión publicada.19 La misma se prolongó durante varias semanas (17 días
laborables) y en ella testificaron cuarenta y cinco (45) testigos, se presentaron miles de
documentos, 400 fotografías y películas de todas las instituciones cerradas y de un
campamento penal.
Los demandantes presentaron su caso llamando como testigos adversos a todos los
superintendentes que habían sido depuestos. Con este mismo testimonio, se autenticaron
y admitieron en evidencia la prueba fílmica y de fotográfica. La contundencia de la
prueba demostrativa hizo que este testimonio fuese, en su mayoría, prueba de
corroboración o de impugnación a lo dicho en las deposiciones. En su afán adversativo,
fue realmente patético el intento de los demandados de rehabilitar a sus testigos durante
el “contra interrogatorio” de sus propios empleados. A su vez, se probó la mala fe del
Estado y poco deseo de resolver los problemas fuera del modelo litigioso. La prueba de
los demandantes finalizó con el testimonio de varios confinados. El dramatismo y
sinceridad de sus testimonios contrastó con los intentos fracasados por parte de los
demandados para impugnarlos. En más de una ocasión, produjo incredulidad en el Juez
y en los abogados la pretensión de impugnar los testimonios por medio del historial
penal de éstos, a pesar de que, obviamente, el mismo estaba estipulado. El gobierno fue
incapaz de entender que, con independencia de sus sentencias, los confinados tenían
derechos constitucionales que debían respetarse. Hubo una ocasión en que un confinado
testificó que había sufrido una intervención quirúrgica en el área intestinal conocida por
“colostomía”. La ausencia de tratamiento adecuado lo llevaban a utilizar bolsas plásticas
de pan en sustitución de las bolsas higiénicas que requería esta operación. La
impugnación fue dirigida a establecer que ya estaba curado gracias a la pronta
intervención de las autoridades carcelarias. Su torpeza y contumacia quedó evidenciada
cuando el testigo se viró hacia el Juez y quitándose su camisa le mostró las bolsas
plásticas caseras que todavía tenía que utilizar para proteger sus intestinos. Luego de
cada día de vista, se emitía una orden protectora prohibiendo a los demandados tomar
represalias contra los confinados que habían testificado.20
Los demandados presentaron prueba para establecer que la realidad no era la que
mostraban las películas, fotos y testimonios. Incluso, hubo intentos fallidos de utilizar a
confinados para impugnar lo dicho por sus propios compañeros. Era obvio que
perdieron toda credibilidad ante el tribunal. Debe añadirse que, diariamente, hubo
amplia cobertura de las vistas por todos los periódicos y noticieros televisivos del país.
Fue interesante que la prensa no ocultó su alarma ante lo que revelaba la prueba.
Morales Feliciano se había
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convertido en una de las noticias más importantes de la década de los ochenta, que
entonces comenzaba.21
VI. EL INJUNCTION PRELIMINAR EMITIDO
A comienzos del año de 1980, el 3 de enero, el juez Pérez Giménez emitió su histórica
opinión. 22 El sistema correccional de Puerto Rico se unía al reducido y desprestigiado
grupo de estados de la nación norteamericana, cuyos sistemas correccionales habían
sido encontrados en violación de la Octava Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos, según ésta se aplica Puerto Rico a través de la Quinta o Decimocuarta
Enmienda de la misma Constitución. El tribunal dio credibilidad absoluta al testimonio
de los peritos de los demandantes, particularmente a los de los doctores Rundle, King y
Díaz-Royo.
Las determinaciones de hecho y conclusiones de Derecho de la opinión, en efecto,
corroboran la barbarie del mundo carcelario de Puerto Rico. De forma detallada, a
través de 81 incisos de determinaciones de hecho, se describen cada una de las diez (10)
instituciones cerradas, entonces existentes. El lector debe examinarlas por sí mismo para
apreciar la magnitud de la emergencia e inmundicia encontradas. Debe destacarse uno
de lo principales problemas: el hacinamiento. Muchos confinados dormían en el piso
con o sin colchones, en celdas o dormitorios con problemas de servicios sanitarios, sin
agua, donde en ocasiones hacían turno para dormir dado lo limitado del espacio. La
Institución Regional de Bayamón, construida como prisión modelo una vez se cerró la
Cárcel de La Princesa e inaugurada hacía sólo cuatro (4) años, era una de las más
hacinadas y en peores condiciones. La descripción de una de las celdas merece
reproducirse:
The inmates in “Máxima de Locos” are kept in cells naked, without beds, without
mattresses, without any private possessions, and most of them without toilets that work
and without drinking water. They are being cared for by an inmate who washes them
daily. There are feces all over their cells and the stench is overpowering. Only two of
the 18 are receiving medication ...23
Las conclusiones de Derecho fueron igualmente dramáticas. El sistema correccional del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue declarado en su conjunto como uno que
violaba la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, es decir, que
castigaba de forma particularmente bárbara. Aunque reconoció que la Constitución no
ordenaba un espacio o tamaño particular de celdas, el tribunal concluyó que el espacio
vital ofrecido a los confinados puertorriqueños ni siquiera se acercaba a los estándares
sugeridos por respetadas entidades privadas en Estados Unidos como la American
Correctional Association.
Ante este cuadro, el tribunal ordenó una serie de remedios que serían objeto de litigio
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por las próximas dos (2) décadas. Como preámbulo a la orden, concluyó lo siguiente:
The Court also will not appoint a Master to operate the facilities at the time. The failure
of the officials of the Commonwealth of Puerto Rico to perform the duties imposed
upon them by statute and the Constitution is more than casual deliberate indifference. It
approaches a deliberate attempt to inflict pain and suffering. Nevertheless, without
foreclosing the possibility of such an appointment in the future, or any other remedy
that maybe necessary, the Court is of the opinion that the Commonwealth officials must
learn to run their own prisons.”24
A renglón seguido, detalló dieciocho (18) órdenes o remedios específicos que debían
cumplirse en unos plazos estipulados. Uno de ellos, requería proveer un espacio mínimo
de setenta (70) pies cuadrados para confinados en celdas individuales y cincuenta y
cinco (55) pies cuadrados a aquéllos en dormitorios o galeras. Un remedio,
particularmente novel, fue ordenar que se permitiera la entrada irrestricta al interior de
las instituciones penales a los abogados y abogadas que habían participado en el juicio.
Así, por ejemplo, tendrían autorización para entrevistar a sus clientes en sus celdas o
dormitorios (“calabozos”), inspeccionar o visitar las áreas médicas, cocinas, baños,
etc.25 De esta forma, convertía a los abogados y abogadas de los demandantes en una
especie de “inspectores” o “monitores” de sus órdenes.
El injunction emitido fue ampliamente divulgado por la prensa. Diez meses después,
Carlos Romero Barceló fue reelecto como gobernador de Puerto Rico.26 Ciertamente, el
litigio no tuvo impacto directo en los resultados electorales. Desde sus inicios, la causa
de los demandantes fue contra sus custodios a través del Estado con independencia de
criterios políticos partidistas. Para desgracia del país, la próxima década se tornaría
particularmente litigiosa. Por razones que otros tendrán que analizar, los gobiernos de
turno nunca captaron o quisieron captar la magnitud del problema carcelario. La dejadez
e indiferencia era la señal del tiempo. El progreso que lograban los demandantes se
debía a la presión ejercida a través del tribunal.
VII. EL LITIGIO DURANTE LA DÉCADA DE 1980
Durante los próximos cinco (5) años, los abogados y abogadas de los demandantes
optaron por visitar contínuamente las cárceles para verificar el cumplimiento con las
órdenes del tribunal.27 Los hallazgos reflejaban lo poco que hacían los demandados por
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cumplir. El hacinamiento, lejos de disminuir, empeoraba. En 1980, el gobierno aprobó
una legislación para establecer el régimen de sentencias determinadas. Los críticos a la
legislación hicimos claro que ello agravaría el problema de hacinamiento. El legislador
fue particularmente indiferente. La criminalidad en el país continuaba su espiral
ascendente. Los derechos constitucionales de los confinados y cumplir con las órdenes
dictadas no era prioritario. ¿Qué hacer para obligar al Estado a cumplir con las
constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico? Durante los primeros seis años (1980-
1986), los demandantes trataron sin éxito de iniciar dos (2) procesos de desacato contra
los demandados.28 La posición del tribunal fue ofrecer al gobierno tiempo para cumplir
con sus obligaciones.
En 1985, ocurrió un cambio de gobierno en Puerto Rico.29 Como suele suceder, también
cambió el equipo de abogados que representaría a los funcionarios públicos
demandados. Para los confinados, el cambio de gobierno era indiferente. No tenían
razón alguna para detener o aminorar el paso de sus reclamos. Los demandantes
solicitaron al tribunal que interviniera para obligar a los demandados a cumplir con las
órdenes dictadas hacía cinco (5) años. Para éstos, era obvio el incumplimiento. Los
abogados de los demandantes habían corroborado, personalmente, en visitas continuas a
las instituciones penales, que las órdenes no se estaban cumpliendo. Entre mayo y junio
de 1984, el propio juez Pérez Giménez había realizado más de quince (15) inspecciones
oculares en diez (10) instituciones penales. Los demandantes llegaron a la conclusión de
que el Gobierno de Puerto Rico era incapaz de resolver por sí mismo la tragedia
carcelaria. Luego de mucho meditar, y como producto de intensas reflexiones entre el
grupo de abogados, concluimos que era indispensable solicitar un monitor que en
representación del tribunal diese seguimiento a las órdenes dictadas. Aún más, era
necesario expandir las mismas para cubrir áreas que no habían sido objeto de litigio en
la primera parte del caso, pero que estaban alegadas en la demanda. La reacción del
gobierno de turno fue muy desgraciada. Aunque a su inicio planteaban la posibilidad de
sacar el caso del ámbito litigioso-adversativo, con sus actos fueron confirmando lo
contrario. En esa ocasión decidieron, incluso, contratar sus propios peritos para probar
que estaban en cumplimiento de las órdenes o al menos en camino de hacerlo. Se inició
una nueva ronda de vistas. El 21 de marzo de 1986, se dictó una nueva orden, esta vez
ampliando las anteriores y designando dos (2) monitores.30
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La presencia de los monitores cambió, cualitativamente, el caso. Los abogados tendrían
un rol más pasivo. En los próximos años, la oficina del Monitor se encargaría de
inspeccionar las instituciones y presentar informes sobre sus hallazgos. De hecho, el
Monitor logró que, en enero de 1987, las partes estipularan un acuerdo para proveer el
espacio carcelario mínimo necesario en celdas y dormitorios, siguiendo los parámetros
de la orden emitida seis (6) años antes. Durante los próximos meses, el Estado intentaría
sin éxito una modificación a lo estipulado.31 Los informes del Monitor, claramente,
reflejaban un incumplimiento reiterado y, nuevamente, en manifiesta indiferencia a las
órdenes dictadas. Aunque en dos (2) años, el Estado había aumentado el número de
espacios carcelarios de 5,400 a 7,000, el hacinamiento empeoraba. Es decir, el número
de espacios disponibles no iba a la par con las personas que ingresaban a las
instituciones penales. Toda solicitud de tiempo adicional para cumplir era seguida por
incumplimiento reiterado.
La frustración en los demandantes no podía ser mayor. El caso de Morales Feliciano no
lograba forzar al Estado a buscar alternativas a la reclusión y/o en mantener
instituciones penales que cumplieran con los derechos constitucionales del confinado.
Peor aún, el efecto parecía ser el contrario. Se planificaba construir más cárceles. Los
demandados se obstinaban en no asumir sus obligaciones constitucionales. Los
demandantes optaron por solicitar al tribunal que encontrara en desacato a los
demandados e impusiera como remedio multas por cada día que pasara sin cumplir con
lo estipulado en lo concerniente al espacio que, por orden emitida, tenían derecho a
disfrutar los confinados.32 Así lo hizo el tribunal mediante orden de 23 de julio de
1987.33 En una detallada orden, el Juez encontró incursos en desacato a los demandados
y les impuso una multa de $50,000 más una multa diaria de $10.00 por cada confinado
encarcelado en exceso del espacio estipulado entre las partes, seis (6) meses atrás. El
Monitor se encargaría de verificar el cumplimiento presentando al tribunal un informe
semanal en el cual se calcularía lo anterior. Los demandantes estaban confiados en que
las multas sacudirían la burocracia e indiferencia de las ramas políticas del gobierno. Si
no aparecían los recursos en emergencia para resolver el problema de hacinamiento, el
Gobierno de Puerto Rico se enfrentaría a multas millonarias. Cualquier estructura
gubernamental, mínimamente, sensitiva y eficiente hubiese asumido la multa impuesta
como señal de emergencia. El Estado tenía que cambiar su política pública: el
encarcelamiento tenía que ser una sanción penal a usarse sólo cuando no hubiese
alternativas. Se trataba de una
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magnífica oportunidad de convocar al país para discutir lo anterior. Para sorpresa de la
Corte y de los demandantes la reacción fue irresponsable, los demandados optaron por
denunciar al tribunal, iniciar un programa masivo de construcción de cárceles e ignorar
las multas que a diario se imponían. Optaron, además, por apelar la orden imponiendo
multas. De hecho, para ese entonces las multas ya ascendían a $3,500,000. A través de
una opinión suscrita por el hoy juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Stephen
Breyer, el Primer Circuito de Apelaciones confirmó el desacato y las multas
impuestas.34 El mecanismo de pago de multas fue, posteriormente, modificado con la
esperanza de que el gobierno reaccionaría al encarecerlo. Sin embargo, nada era capaz
de modificar la conducta del Estado delincuente. Durante los próximos dos (2) años, las
multas llegarían a proporciones insospechadas: para 1991 ya el gobierno había pagado
sobre $68,000,000.35 Para fines de ese mismo año, esa cantidad ascendía a cerca de
$105,000,00.36 El gobierno fue incapaz o no quiso resolver el problema constitucional
que provocaba su sistema carcelario.37
Así concluiría la década de 1980.38 El litigio continuaba tan adversativo como había
comenzado. Aunque hubo momentos de esperanza,39 el pronóstico de la próxima década
no era alentador.
VIII. EL LITIGIO EN LOS ÚLTIMOS TRECE AÑOS
Durante los siguientes diez (10) años, el litigio continuó un patrón similar. La Oficina
del Monitor continuó operando varios años, costando a los demandados millones de
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dólares. Los intentos por resolver extrajudicialmente el litigio fracasaban.40
Con un plan millonario de construcción y remodelación masiva de instituciones penales,
incluyendo acuerdos para privatizar algunas de ellas, el Estado se libró de mayores
multas por problemas de hacinamiento. Sin embargo, la década de 1990 fue una muy
litigiosa en las áreas de servicios médicos, ausencia de sistemas adecuados de
clasificación, violencia y seguridad carcelaria, comidas y dietas adecuadas, y salud
ambiental. Entre enero y marzo de 1999, se celebraron veintitrés (23) sesiones de vista
donde el Monitor “presentó”41 pruebas sobre lo antes mencionado. Más de veintiún (21)
testigos fueron escuchados. El 25 de enero de 2000, el juez caracterizó así la conducta
observada por los demandados, entre 1990 y 2000:
The failure of defendants to act despite their knowledge of the serious harm and the
substantial risk of serious harm to plaintiff class cannot come as a surprise to any person
familiar with the conditions at AOC facilities, even to those minimally familiar with
them. The record in this case is replete with examples of defendants see-sawing cyclical
behavior. Their conduct has followed a cyclical pattern that generally can be described
as follows: A particular problem or deficiency is identified. Defendants and plaintiffs
execute a stipulation in which defendants agree to remedy the deficiency. Almost
invariably, defendants would fail to comply with the stipulation. Defendants and
plaintiffs would execute yet another stipulation to resolve noncompliance, but thew later
stipulation would be even more detailed and prescriptive than the earlier ones. Yet,
defendants would also fail to comply with what they agreed to do so.”42
Al momento de redactarse esta reflexión, los confinados continúan su litigio en el
Tribunal de Distrito Federal. Dos eventos importantes han afectado la naturaleza del
litigio. Los demandantes son representados por una corporación financiada con los
fondos de las multas (Corporación de Acción Civil)43 y ésta, a su vez, es una ingeniosa
estructura que permite sufragar los gastos del litigio mientras atiende reclamos de
servicios legales individuales de la población penal. La ley federal, conocida como
Prison Litigation Reform Act,44 provocó esta respuesta creativa. Un análisis de la ley,
sin duda, rebasa los propósitos de esta breve reflexión. Basta señalar que la misma
refleja el ambiente sombrío prevaleciente en el Congreso de Estados Unidos hacia los
litigios sobre derechos de
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confinados en la jurisdicción federal.
IX. COMENTARIOS FINALES
El caso Morales Feliciano merece ser analizado con detenimiento. En un sentido, el que
en sus inicios fue una representativa acción de clase de confinados en la jurisdicción
federal, eventualmente, se convirtió en una atípica. El caso ha ofrecido casi el mismo
número de respuestas que de interrogantes. Su unicidad y, a su vez, pertinencia fue
citada recientemente y de forma extensa por el juez asociado del Tribunal Supremo de
Estados Unidos, honorable Stephen Breyer, en una opinión disidente relacionada con
los derechos de los confinados.45
Han quedado plasmadas importantes lecciones sobre la eficacia y eficiencia del uso del
injunction para vindicar los derechos civiles frente a las grandes burocracias
gubernamentales y frente a los funcionarios públicos que las operan. Su desarrollo en
los últimos veintitrés (23) años, casi los mismos que el autor lleva en el ejercicio de la
profesión, conduce a la irremediable conclusión de que no importa los “colores” del
Gobierno de Puerto Rico,46 la reclusión como principal sanción penal es un fiasco a los
contribuyentes, una inversión en la criminalidad y un monumento a nuestra propia
inhumanidad.
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_______________________________________________________
*Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto
Rico. 1 Morales Feliciano v. Romero Barceló, 497 F. Supp. 14 (D.C.P.R. 1980). La orden
publicada señala de forma incorrecta la fecha del 3 de enero de 1979 cuando debió decir
1980. 2 Este proceso ha sido ampliamente documentado y analizado. Véase IRA P. ROBBINS
CLARK BOARDMAN, LTD., PRISONERS AND THE LAW (1985); Alvin Bronstein,
Offenders Rights Litigation en REPRESENTING PRISONERS 17 (1981). Más
reciente, J. Brooks, How Can We Sleep While the Beds are Burning? The Tumultuous
Prison Culture of Áttica Flourishes in American Prisons Twenty-Five Years Later, 47
SYRACUSE L. REV. 158 (1996). 3 Este motín daría inicio a una nueva realidad en la subcultura de nuestro sistema
correccional. El surgimiento de Carlos Iriarte Torres, alias “Carlos La Sombra”, como
líder de los confinados y su posterior asesinato en el Presidio Estatal, marcaba una
etapa, aún sin terminar, de nuevas formas de asociación entre los confinados. De hecho,
fueron decenas las muertes escabrosas ocurridas dentro del penal durante esos años. 4 42 U.S.C. § 1983. 5 Martínez Rodríguez v. Jiménez, 409 F. Supp. 582 (D.C.P.R.1976), aff.537 F.2d 1 (1st
Cir., 1976). 6 Bounds v. Smith, 430 U.S. 817 (1977); Ex parte Hull, 312 U.S. 546 (1941). 7 Efraín Montero Torres v. Rafael Hernández Colón, Civil No. 75-828, United States
District Court for the District of Puerto Rico. 8 Id. 9 Carlos Morales Feliciano escribió al tribunal el 9 de noviembre de 1978. La carta fue
referida al Lcdo. Nachman el 3 de enero de 1979 y el 7 de febrero se radicó la demanda.
Varios años después fue excarcelado al extinguir su sentencia. Posteriormente, murió en
la Florida. 10 Más adelante, se integrarían al pleito los licenciados Ivonne Díaz de SLPR, Jeffrey
Williams y Pía Gallego. 11 Carlos E. Ramos González, La Industria del Dolor, 36 REV. JUR. U.I.P.R. 323, 326
(2002). 12 Puede verse copia de la misma como ANEJO I de esta reflexión. 13 O. FISS, THE CIVIL RIGHTS INJUNCTION (1978). 14 R. Easton, The Dual Role of the Structural Injunction, 99 YALE L.J. 1983 (1983). 15 Los demandados fueron, inicialmente, representados por el Departamento de Justicia
y una abogada del la Oficina de Puerto Rico de Asuntos Federales en Washington. Con
ello, comenzó el desfile de un gran número de abogados puertorriqueños y
norteamericanos que representarían al gobierno durante las próximas dos décadas. Los
demandantes siempre mantuvieron su mismo grupo de abogados. 16 Las películas (no videos) y fotografías aún permanecen en la bóveda del tribunal.
Permanece como un proyecto inconcluso, solicitar su desglose para preparar un
documental que quizás llevaría por nombre el título del presente escrito. 17 Al momento de escribirse este artículo, febrero de 2003, la población penal es de unos
15,000 confinados. 18 Morales Feliciano, 497 F. Supp. 14; Morales Feliciano v. Romero Barceló, 605 F.
Supp. 967 (D.C.P.R. 1985); Morales Feliciano v. Romero Barceló, 672 F. Supp. 591
(D.C.P.R. 1986); Morales Feliciano v. Hernández Colón, 697 F. Supp. 26 (D.C.P.R.
1987); Morales Feliciano v. Hernández Colón, 672 F. Supp. 627 (D.C.P.R. 1987);
Morales Feliciano v. Hernández Colón, 697 F. Supp. 25 (D.C.P.R. 1987); Morales
Feliciano v. Hernández Colón, 697 F. Supp. 37 (D.C.P.R. 1988); Morales Feliciano v.
Hernández Colón, 697 F. Supp. 51 (D.C.P.R. 1988); Morales Feliciano v. Hernández
Colón, 704 F. Supp. 16 (D.C.P.R. 1988); Morales Feliciano v. Parole Bd. Of Puerto
Rico, 887 F. 2d 1 (D.C.P.R. 1989), cert. den., 494 U.S. 1046 (1990); Morales Feliciano
v. Hernández Colón, 754 F. Supp. 942 (D.C.P.R. 1991); Morales Feliciano v.
Hernández Colón, 757 F. Supp. 139 (D.C.P.R. 1991); Morales Feliciano V. Hernández
Colón, 775 F. Supp. 477 (D.C.P.R. 1991); Morales Feliciano v. Hernández Colón, 771
F. Supp. 11(D.C.P.R. 1991); Morales Feliciano v. Hernández Colón, 775 F. Supp. 487
(D.C.P.R. 1991); Morales Feliciano V. Rosselló, 13 F. Supp. 2d 151 (D.C.P.R. 1998);
Morales Feliciano v. Rosselló, 124 F. Supp. 2d 774 (D.C.P.R. 2000); Morales Feliciano
v. Rullán, 303 F.3d 1 (1st Cir. 2002). 19 Supra nota 1. 20 Un incidente de represalia en violación a este tipo de órdenes se recoge en Morales
Feliciano, 704 F. Supp. 16. El licenciado Nachman y el autor de esta reflexión
entrevistaron a un confinado que se había quejado mediante carta sobre las condiciones
de confinamiento de la Institucional Regional de Guayama. Al día siguiente de dicha
visita, el confinado fue atacado por varios guardias penales en clara represalia por la
reunión sostenida con sus abogados. 21 Veáse por ejemplo EL NUEVO DÍA, 13 de noviembre de 1979. 22 Morales Feliciano, supra nota 1. 23 Id., en la pág. 29. 24 Id., en la pág. 38 (énfasis suplido). 25 Id., en la pág. 41. 26 Al tiempo de radicarse la demanda se unió al pleito un bufete de Washington, D.C.,
Bernon, Macpherson & Lipsitt, como abogados del gobernador Romero Barceló. Este
mismo bufete representaría al mismo gobernador en una acción civil ante el foro federal
instada por los familiares de los jóvenes asesinados en el Cerro Maravilla. 27 En 1980, el autor fue invitado a integrarse al claustro de la Facultad de Derecho de la
Universidad lnteramericana de Puerto Rico para organizar una clínica de derechos de
confinados, la cual estuvo funcionando durante un año con fondos federales. 28 El primero, estaba relacionado con las condiciones de la llamada “Unidad de
Tratamiento Intensivo” (en adelante, UTI), la cual forma parte de la Penitenciaría
Estatal de Río Piedras, y el otro, buscaba mover la burocracia excesiva e indiferente a
las necesidades de los confinados en la Junta de Libertad Bajo Palabra. 29 Con este cambio, también se alteraban, automáticamente, los nombres de los
demandados en el caso. Conforme las Reglas de Procedimiento Civil Federal, 28
U.S.C.A. Rule 25 (d)(1), el caso se llamaría Morales Feliciano v. Hernández Colón. La
representación legal de los demandados seguía privatizada: el bufete de Marcos
Ramírez estaría a cargo del caso. Otra vez, el caso Maravilla tendría tangencia con
Morales Feliciano, pues ese mismo bufete había colaborado en la investigación que
hizo el Senado de Puerto Rico sobre estos incidentes. 30 Véase Morales Feliciano, 672 F. Supp. 591. Uno de los monitores designados era
Vincent Nathan, considerado el especialista número uno en esta materia en Estados
Unidos. Mientras era profesor de Derecho de la Universidad de Toledo, Nathan había
escrito un artículo de revista que se convertiría en un clásico dentro del campo. Véase
V. Nathan, The Use of Masters in lnstitutional Reform Litigation, 10 TOL. L. REV. 419
(1979). 31 Morales Feliciano, 672 F. Supp. 627. 32 Se incluye como ANEJO II la moción solicitando el desacato e imposición de multas.
(Motion for an Order to Show Cause Why Defendants should not be found in Contempt
of Court and Appropriate Fine Sanctions). 33 Morales Feliciano, 697 F. Supp. 26. 34 Morales Feliciano, 887 F.2d 1. 35 Morales Feliciano, 775 F. Supp. 477. 36 Puede consultarse el informe del Monitor titulado Summary of the Morales Feliciano
Litigation de 11 de enero de 1995, radicado el 7 de febrero de 1995. 37 En más de una ocasión, el autor ha pensado que el Gobierno de Puerto Rico tenía
esperanzas de algún día recuperar estos fondos. De ahí que algunos, equivocadamente,
han pensado que se trataba de una “cuenta de ahorro forzada.” Este error de cálculo, una
vez más, prueba que el caso nunca ha sido bien entendido por el desfile de abogados
que ha asumido la representación legal de los demandados. Las multas impuestas
forman parte de un fondo especial creado por el tribunal, que establece,
específicamente, que este dinero sólo podrá utilizarse para crear programas de ayuda a
los confinados que sean de naturaleza extraconstitucional. Dicho de otro modo, no
podrá ser utilizado para que el Estado sufrague las obligaciones impuestas por el
tribunal que, a su vez, están basadas en lo dispuesto, tanto por la Constitución de Puerto
Rico como la de Estados Unidos. Veáse la Orden del tribunal de 24 de octubre de 1989. 38 En 1988, los abogados de los demandantes solicitaron, por primera vez en los ocho
(8) años del litigio, que se les pagaran los attorney's fees a que tenían derecho, conforme
establece el 42 U.S.C. § 1988. Hasta ese momento, los costos del litigio los había
sufragado Servicios Legales de Puerto Rico y la oficina del licenciado Harvey
Nachman. El tribunal estableció un esquema de compensación que, eventualmente, hizo
que el Estado pagase cifras millonarias en honorarios de abogados. Véase Morales
Feliciano, 697 F. Supp. 51. 39 En 1989, se aprobó una ley para aumentar la llamada “bonificación” por buen
comportamiento de los confinados. Para esa fecha, también se creó el proyecto que hoy
se conoce como “Fianza Acelerada”, el cual facilita la prestación de fianzas en
determinados casos criminales. Véase Morales Feliciano, 775 F Supp. en la pág. 480. 40 Los demandantes siempre se han sostenido en que cualquier intento de negociación
tenía que ser con el propio Gobernador o un representante del más alto nivel autorizado
por éste. En 1993, el gobernador Rosselló González nombró como su representante
personal al, entonces Secretario de Estado y hoy juez asociado del Tribunal Supremo,
honorable Baltasar Corrada del Río. En 1991, el gobernador Hernández Colón había
nombrado a su Secretario de Hacienda, honorable Ramón García Santiago. 41 Obsérvese una interesante modalidad de adjudicación. La prueba era presentada por
el monitor designado por el tribunal. Teóricamente, las partes se convertían en partes
“adversas” al monitor si no estaban de acuerdo con sus hallazgos. 42 Morales Feliciano, 124 F. Supp. 2d 774 (énfasis suplido). 43 La Corporación es dirigida por uno de los abogados que inició el pleito en 1979, el
licenciado Carlos V. García Gutiérrez. 44 18 U.S.C. § 3626. 45 Miller v. French, 530 U.S. 327 (2000). 46 Véase supra nota 18. Obsérvese que aparecen como demandados en las diferentes
etapas del litigio los gobernadores Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández Colón y
Pedro Rosselló González. En la publicación más reciente aparece como demandado el
actual Secretario de Salud, Dr. Johnny Rullán.
ANEJO I
IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO
CARLOS MORALES FELICIANO,
individually, and a representative of the entire class of
convicted felons in the custody of the CORRECTIONS
ADMINISTRATION OF THE COMMONWEALTH
OF PUERTO RICO,
Plantiff,
v.
CARLOS ROMERO BARCELO,
in his personal capacity, and in his representative capacity
as GOVERNOR OF THE COMMON-WEALTH OF
PUERTO RICO; IRBA CRUZ DE BATISTA in her
personal capacity, and in her representative capacity as
ADMINISTRATOR OF THE DEPARTMENT OF
CORRECTIONS OF THE COMMOWEALTH OF
PUERTO RICO; JUAN DEL VALLE LÓPEZ, in his
personal capacity, and in his representative capacity as the
presiding member of the PAROLE BOARD OF THE
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO FÉLIX
RODRÍGUEZ PIÑERO, in his individual capacity, and in
his representative capacity as a member of the PAROLE
BOARD OF THE COMMONWEALTH OF PUERTO
RICO ZULMA MARTÍNEZ DE CONE, in her;
individual capacity, and in her representative capacity as a
member of the PAROLE BOARD OF THE COMMON-
WEALTH OF PUERTO RICO,
Defendants.
Civil No. 79-4
ACTION FOR INJUCTIVE,
EQUITABLE AND LEGAL
RELIEF UNDER 42 USC §1983
JURY TRIAL IS DEMANDED
ON ALL LEGAL CLAIMS FOR
DAMAGES
COMPLAINT
TO THE HONORABLE JUAN R. TORRUELLA, United States District Judge.
COMES NOW the plaintiff, by his undersigned attorneys, and complaining of the
defendants, does respectfully allege and pray:
Página 261
ALLEGATIONS COMMON TO ALL COUNTS:
1. Plaintiff is a citizen of the Commonwealth of Puerto Rico and of the United States of
America.
2. Plaintiff is a convicted felon under the custody of the Corrections Administration of
the Commonwealth of Puerto Rico. * [1] *
3. Carlos Romero Barceló is the Governor and Chief Executive Officer of the
Commonwealth of Puerto Rico.
4. Carlos Romero Barceló is responsible for his governments adherence to the
Constitution of the United States and to the lawful orders of this Court directed to him,
his cabinet members and his agency heads, and other executive personnel.
5. Irba Cruz de Batista is the Administrator of the Commonwealth of Puerto Rico.
6. The Corrections Administrator is a creation of the Commonwealth of Puerto Rico,
formed by Law No. 116 of July 22,1974 (4 L.P.R.A. § §11011282, inclusive.)
7. The purpose of the Corrections Administration is to administer an integrated
correctional system and to set standards to structure more effective ways of
individualized treatment including rehabilitation programs in the community (4
L.P.R.A. §1111).
8. Irba Cruz de Batista, as a administrator of the Corrections Administration is charged
with the duties, inter alia:
To establish the internal organization of the Administration and to designate the
necessary auxiliary officers.
To plan, direct and supervise the function of the Corrections Administration.
To formulate correctional policy to prescribe program guidelines and standard for the
institutional regime.
To approve, amend and repeal regulations to implement the law, which, in turn, have
the face of law.
To advise the Governor and other governmental officers on the operation of the
Administration. (4 L.P.R.A. §1113).
9. Irba Cruz de Batista, in her personal and representative capacity, was a party
defendant in the case of EFRAIN MONTERO TORRES, et al, Plaintiff v. RAFAEL
HERNANDEZ COLON [sic], et al, Defendants and ROBERTO MORALES
ESCUDERO, et al, *[2]* Intervenors, in the United States District Court for the District
of Puerto Rico, bearing Civil Number 75828.
10. The Parole Board of the Commonwealth of Puerto Rico is established by law (Law
No. 118 of July 22, 1974) (4 L.P.R.A. §§15011516, inclusive).
11. Juan A. Del Valle López and Zulma I. Martínez de Cone, are members of the Parole
Board of the Commonwealth of Puerto Rico.
12. Juan A. Del Valle Lopez [sic], Felix [sic] Rodriguez [sic] Rivera and Zulma I.
Martinez [sic] de Cone, were parties defendant in the lawsuit hereinabove mentioned in
paragraph 9.
13. Irba Cruz de Batista and Juan Del Valle Lopez [sic] were signatories of a stipulation
for Entry of Judgment dated September 29, 1977 in the aforesaid lawsuit.
14. Judgment was entered in the aforesaid lawsuit on October 1, 1977 by the Honorable
Jose [sic] V. Toledo, Chief United States District Judge for the District of Puerto Rico.
Página 262
15. The Judgment entered on said Stipulation on October 1, 1977 bound all the
defendants, herein. A certified copy of said Judgment and Stipulation for Entry of
Judgment is annexed hereto as Exhibit I, and made an integral part of this Complaint.
16. The defendants herein continued to violate the federally guaranteed rights of
prisoners after October 1, 1977 and actions were filed as interventions in the aforesaid
lawsuit, and continue to be filed up to and including the date hereof.
17. Among the interventions filed was that of Juan Serrano Martinez, [sic] which
resulted in a further stipulation and a further and supplementary judgment which was
entered on the 28th day of April, 1978. A certified copy of said Judgment is annexed
hereto as Exhibit II and is made an integral part of this complaint. * [3] *
18. Among the interventions filed was that of Pedro Jimenez [sic] Alvarado, which was
given a separate civil number, as well, Civil No. 78-247, and this case was tried before
the Honorable Jose [sic] V. Toledo, Chief United States District Judge for the District of
Puerto Rico and a Judgment was entered therein on the 5th day of February, 1979. A
certified copy of said Judgment is annexed hereto as Exhibit III and is made an integral
part of this Complaint.
19. In all their deeds hereinabove and hereinafter set forth, the defendants herein acted
under color and authority of the laws, regulations, customs and usage of the
Commonwealth of Puerto Rico.
20. In all cases where orders of this Honorable Court were violated, the defendants did
so, as individuals, as well as in their representative capacities as elected and appointed
officials of the Commonwealth of Puerto Rico.
JURISDICTION:
21. This Honorable Court has jurisdiction over the parties and the subject matter of this
litigation by virtue of:
a) 28 U.S.C. §1343 (3)
b) Under the outstanding orders in Civil No.75-828.
22. This action arises under the Constitution and laws of the United States and more
particularly:
a) The Fifth Amendment to the Constitution
b) The Sixth Amendment to the Constitution
c) The Eighth Amendment to the Constitution
d) The Fourteenth Amendment to the Constitution
e) 42 U.S.C. §1983
CLASS ACTION:
23. The plaintiff seeks to represent all other prisoners of the Corrections Administration
of the Commonwealth of Puerto Rico, because:
a) 1. the class is so numerous that joinder of all members is impracticable.
2. there are questions of law or fact common the class.
3. the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or
defenses of the class; and
4. the plaintiff will fairly and adequately protect [sic] the interests of the class.
Página 263
b) In addition to the foregoing, the action should be maintained as a class action
because:
1. The prosecution of separate actions by the individual member of the class would
create a risk of inconsistent or varying adjudications with respect to individual members
of the class which would establish incompatible standards of conduct for the defendants
herein; and
2. The adjudications with respect to the individual member of the class would, with the
exception of individual damages, as a practical matter; be dispositive of the interests of
other members not parties. It will also be more economical and more expeditious.
24. This Court should, as soon as practicable, determine that this action should be
maintained as a class action, and should determine the course of proceedings and
prescribe such measures for intervention by other members of the class that will prevent
undue repetition or complication in the presentation of evidence or argument.
25. This Court, once it determines that a class action exists, should grant but one notice
of pendency of action to other members of the class to prevent any unnecessary
interruption in the orderly conduct of the penal institutions. Due notice of all decisions,
however, should be made available to all members of the class. (Rule 23, Federal Rule
*[4]* of Civil Procedure).
RELIEF SOUGHT
26. Plaintiff seeks, on behalf of himself and on behalf of all other persons similarly
situated, a preliminary land permanent injunction as will be more particularly delineated
in the several claims for relief.
27. Because the plaintiff is indigent and because almost all members of the class are
indigent, the provisions of Rule 65 (c) of the Federal Rules of Civil procedure should be
waive and no security required.
28. Plaintiff also seeks declaratory relief as to the extent of plaintiffs rights and the
rights of all members of the class in respect to their right to be free from cruel and
inhuman treatment, to the right of due process toward being considered eligible for
parole, to the right of representation by counsel, to the right of statutory and
constitutional due process at their parole hearings and parole revocation hearings, and to
all other areas where they claim violations, including the condition of their confinement.
(28 U.S.C. §2201 and §2202.)
29. Plaintiff may be entitled to further relief, including damages for all violations of his
rights under the laws or under the decisions heretofore entered by this Honorable Court.
30. Plaintiff, for himself and for all other members of the class, seek the award of
attorneys fees to his undersigned attorneys for all work performed according to the
provisions of 42 U.S.C. §1988.
FOR A FIRST CLAIM FOR RELIEF:
31. The Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico provides that the public
policy of the Commonwealth is to use the penal law and penal institutions to provide for
the moral and social rehabilitation Art. VI, Section 19. *[5]*
32. The Penal Code of Puerto Rico, in Article 58, provides that the Courts of Puerto
Rico shall in case of a sentence for a felony pronounce an indeterminate sentence so that
a prisoner might be able to be rehabilitated. 34 L.P.R.A. App. Rules of Criminal
Procedure of Puerto Rico, Rule 178, 33 L.P.R.A. 3282.
33. The purpose of the Corrections Administration is, inter alia to set standards to
structure more
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effective ways of individualized treatment including rehabilitation programs in the
community. 4 L.P.RA. §1111.
34. The Parole Board and the parole system is part of the rehabilitative system for
prisoners in Puerto Rico. 4 L. P. RA. §1503 (a).
35. In order to be considered eligible for parole, a prisoner in the Corrections
Administration of Puerto Rico, must have been evaluated by the Corrections
Administrator and must have completed his minimum sentence.
36. The plaintiff, and many of the prisoners in the custody of the Corrections
Administration of Puerto Rico must for their own protection,/ [sic] seek asylum from
physical harm within the prison system.
37. The internal rules, regulations, customs and usages of the Corrections
Administration require that persons seeking asylum and protection be placed in
maximum custody.
38. The internal rules, regulations, customs and usages of the Corrections
Administration automatically classifies all persons in maximum custody as maximum or
median risk prisoners.
39. The internar rules, regulations, customs and usages of the Parole Board of the
Commonwealth of Puerto Rico rejects prisoners from consideration for parole unless
they are classified by the Corrections Administration as minimum risk prisoners. * [7] *
40. The plaintiff, and all other prisoners who are maximum or median custody for their
own protection or for reasons of health, and any prisoner may at some time be in such a
situation, are deprived of their right to parole by the failure to classify inmates as
minimum risks, who but for their health or safety have no disciplinary actions against
them.
41. The denial of being considered for parole under situations hereinabove described,
deprives the plaintiff, and all prisoners who now are or who hereafter may be, in similar
situations of the equal protection of the laws, of the due process of the laws and subjects
all of them to prolonged cruel and inhuman treatment.
42. The plaintiff and all other persons who for heir own protection or for reasons of
health are classified as maximum custody are not allowed to work and obtain additional
work credits against their sentence as they are entitled to, under 4 L.P.RA. §1162.
43. Plaintiff and all other persons classified as medium custody are not transferred to
agricultural camps where they can obtain higher additional work credits for agricultural
work, under 4 L.P.RA. §1162.
FOR A SECOND CLAIM FOR RELIEF:
44. Plaintiff repeats, reiterates and realleges each and every allegation contained in
paragraphs 1 through 35 of the complaint with the same force and effect, as if set forth
at length herein.
45. In addition to the necessity of being evaluated by Corrections Administration and
having completed ones minimum sentence, a prisoner must have a plan for reintegration
into the general community before he will receive favorable consideration for parole by
the Parole Board of Puerto Rico. *[8]*
46. The plaintiff, although originally sentenced to a term of two to four years was not,
according to his social file, seen by a sociopenal worker for nearly the first fifteen
months of his correctional life.
47. The plaintiff was in the custody of the Corrections Administration nearly five years
before he procured a friend and advisor which is the basic step in developing a plan for
reintegration into the
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general community.
48. The plaintiffs plan for reintegration into the general community is still not complete
according to his social file, although plaintiff has a trade, a place to live and physical
and mental resources to be reintegrated into the general community.
49. The plaintiff was not provided with the aid of a SocioPenal Worker in developing a
plan for his reintegration into the general community.
50. The case of the plaintiff is not a typical of the prisoners who are in the custody of
the Corrections Administration.
51. The plaintif, and all other prisoners similarly situated, are, by the actions of the
defendants and those acting under their orders, being deprived of their opportunity to be
paroled, because of the failure to provide meaningful sociopenal assistance in plans for
reintegration into the community.
52. The acts of the defendants are violating the rights of plaintiff, and all other prisoners
similarly situated, to the due pracess of laws, to the equal protection of the laws, and are
causing them to suffer prolonged cruel and inhuman treatment.
FOR A THIRD CLAIM FOR RELIEF:
53. Plaintiff repeats, reiterates and realleges each and every allegation contained in
paragraphs 1 through 52 of the complaint with the same force and effect as if set * [9] *
forth at length herein.
54. The plaintiff and all other persons in the custody of the Corrections Administration
are not provided by the Administration with adequate law libraries nor with assistance
from persons trained in the law in violation of the inmates’ rights to the due process of
law and the equal protection of the laws guaranteed; to plaintiff and all other similarly
situated by the Constitution of the United States.
FOURTH CLAIM FOR RELIEF:
55. Plaintiff repeats, reiterates and realleges each and every allegation in paragraphs 1
35, and 45-51 and 54, with the same force and effect as if set forth at length here in.
56. Plaintiff, as a prisoner in the custody of the corrections Administration of the
Commonwealth of Puerto Rico had to be classified by the Treatment Committee every
time he was transferred from one institution to another.
57. Classification by the Treatment Committee of an institution is indispensalbe [sic] for
determining the nature of custodial care and ability to work or study and thus to obtain
additional bonus credits to shorten the period of rehabilitation, confinement and to be
considered eligible for parole.
58. According to the usages and customs of the Parole Board, no one who has been
classified by the Treatment Committee in any classification other than minimum will be
considered favorably for parole.
59. The plaintiff, and all other prisoners in Puerto Rico, are entitled to know who sits on
their classification committees and the reasons for their classification so that the
inmates, or their representatives, can make a meaningful presentation before the Parole
Board of Puerto Rico.
60. Pursuant to the Order entered by this Honorable Court on the 1st of October, 1977,
in Civil No. 75-828, the *[10]* President of the Treatment Committee is obligated to
transmit said Committees recommendations to the Parole Board of Puerto Rico at least
nineth [sic] (90) days prior to the completion of the minimum sentence.
61. Pursuant to the Order entered by this Honorable court on April 28, 1978, in Civil
No. 75-828, the Corrections Administration was obligated to (1) prepare a Manual of
Criteria for the Treatment
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Committees of each penal institution of Puerto Rico in determining custodial
classification of prisoners, and the rights of prisoners to passes and other privilege or to
disciplinary action; (2) provide for publication and distribution of the aforesaid Manual
of Criteria; (3) the minutes and actions, including dissenting votes of Treatment
Committee members was to be reduced to writing; (4) a copy of said report of the
Treatment Committee was to be placed in the file of each prisoner.
62. The defendants, Carlos Romero Barcelo, [sic] individually an in his representative
capacity as Governor an Chief Executive Officer of the Commonwealth of Puerto Rico
and the defendant, Irba Cruz de Batista, individually and as Administrator of the
Corrections Administration of the Commonwealth of Puerto Rico failed to obey the
hereinabove mentioned order of this Honorable Court.
63. On the 5th day of February, 1979, this Honorable Court entered an Order in Civil
75-828 and Civil 78-247; (Pedro Jimenez Alvarado, Petitioner), finding Irba Cruz de
Batista guilty of contempt and ordering the publication of the aforesaid Manual.
64. The Administrator failed to properly classify, or even to have standards of
classification for inmates of the Corrections Administration of the Commonwealth of
Puerto Rico and thus deprives the plaintiff and all other prisoners similarly situate of
due process of law, the equal treatment of the laws, of the right to effective assistance of
counsel, and subjects them *[11]* to cruel, prolonged and inhuman punishment.
FOR A FIFTH CLAIM FOR RELIEF:
65. Plaintiff repeats, reiterates and realleges each and every allegation contained in
paragraphs 1-35, 45-51, 54 and in paragraphs 56-64 of the complaint with the same
force and effect as if set forth at length herein.
66. The plaintiff, in accordance with the Order of October 1, 1977 (paragraph 9 of said
Order), was granted a hearing before the Parole Board of the Commonwealth, of Puerto
Rico, in June, 1978.
67. The aforesaid hearing was in violation of paragraph 9 of the Order of October 1,
1977, because it was not within six (6) months of the effective date of said order.
68. The Parole Board of Puerto Rico took no decision on June 9, 1978, but instead
requested a review of court sentences, liquidation of sentences by the Corrections
Administration, a report of adjustment and behavior in the Corrections Administration,
and a report from the Parole Program of the Corrections Administration. The Parole
Board adjourned the hearing for 150 days.
69. The Parole Board of Puerto Rico never sent the prisoner any copy of any report
received by them in connection with the plaintiffs parole hearing.
70. The Parole Program of Corrections sent a report wherein it was alleged that plaintiff
had no offer of employment or study program (and no mention that he had a trade); that
he had no friend and advisor (he had ever since January 4, 1978, a friend and advisor - a
second one was named on September 26, 1978 and no corrected advice was forwarded
to the Parole Board); and that plaintiff had no home awaiting him (he had two; his
fathers and the friend and advisor).
71. The Center for Diagnosis, Classification and Treatment has ceased to function.
However, a 1977 report was *[12]* forwarded to the Parole Board which stated that
confinement is hurting the plaintiff’s adjustment and rehabilitation; that he needed
invidivualized [sic] treatment and psychiatric evaluation. All these recommendations
were contrary to the classifications. No psychiatric evaluation has ever been given to the
plaintiff.
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72. The Corrections Administration reported that plaintiff had completed his minimum
sentence in 1976 and that he would finish his maximum sentence in July, 1980.
Inexplicably, this was later recomputed to end April, 1981.
73. Despite the fact that these reports were contradictory of other reports in his file, the
Parole Board never notified the plaintiff of these reports and gave him no notice of what
reports they sought or what reports they were considering and gave him no opportunity
to refute any statement or opinion.
74. The Parole Board, afforded no further hearing in accordance with its decision of
June 9, 1978, but instead denied parole on the ground that plaintiff had no plan arrange
for rehabilitation into the community.
75. The foregoing procedure utilized in plaintiff’s case by the Parole Board and the
Corrections Administration in violation of the Orders of this Honorable Court of
October 1, 1977, April 28, 1978 and February 5, 1979 and of the regulations
promulgated by the Parole Board.
76. The plaintiffs case is typical of many cases being handled by the Parole Board of
Puerto Rico and the Corrections Administration of the Commonwealth of Puerto Rico
factually and in relation to the procedure employed.
77. The procedures of the Parole Board and the Corrections Administration violate
plaintiff’s and all other prisoners similarly situated, rights to due process of law, to the
effective assistance of counsel, to the equal treatment of the laws and subject them to
cruel prolonged and inhuman treatment. *[13]*
FOR A SIXTH CLAIM FOR RELIEF:
78. Plaintiff repeats, reiterates and realleges each and every allegation contained in
paragraphs 1-35, 45-51, 54, 56-64 and 66-76 of this complaint with the same force and
effect as if set forth at length herein.
79. Plaintiff and other convicts who are entitled a hearing by the Parole Board have not
been notified in advance of the criteria that will be used for determining whether parole
may be granted and the types of rights that will be available at the hearing in violation
of the Paragraph 8 the Stipulation and Judgment entered by this Court in MONTERO
TORRES v. HERNANDEZ COLON, [sic] Civil No. 75-828 on October 1, 1977 and
April 26, 1978; and of plaintiffs right to the due process of the law and equal protection
of the laws guaranteed to him and all others similarly situated, by the Constitution of the
United States.
80. Hearings held by the Parole Board are not conducted under the rules and regulations
promulgated by the Board in violation of the plaintiff’s right to the due process of law
and the equal protection of the laws guaranteed to plaintiff and all others similarly
situated, by the Constitution of the United States.
FOR A SEVENTH CLAIM FOR RELIEF:
81. Plaintiff repeats, reiterates and realleges each and every allegation contained in
paragraphs 1-35, 45-51, 54, 56, 66-76 and 79-80 of this complaint with the same force
and effect as if set forth at length herein.
82. Plaintiff has been and still is confined in an institution which is overcrowded, he has
not been provide with a bed and must sleep on the floor on blankets which he has had to
procure for himself, is exposed to unsanitary conditions and is not adequately fed, given
necessary medical treatment or allowed to take exercise. On information and belief, the
plaintiff alleges that the same unsanitary and *[14]* inhuman conditions prevail at other
institutions in which he has not been confined.
83. The conditions in which plaintiff and other convicts are confined constitute cruel
and unusual
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punishment in violation of the Eighth and Fourteenth Amendments to the Constitution
of the United States.
FOR AN EIGHTH CLAIM FOR RELIEF:
84. Plaintiff repeats, realleges and reiterates each and every allegation contained in
paragraphs 1-35, 45-51, 54, 56-64, 66-76, 79-80 and 82-83 of the complaint with the
same force and effect as if set forth at length herein.
85. Plaintiff has been found to be in need of individualized psychiatric treatment by
personnel examining him on behalf of the Corrections Administration.
86. Plaintiffs situation is typical. Many prisoners are in need of medical attention or
psychiatric attention and do not receive any treatment except maximum confinement.
87. The Corrections Administration is under an obligation to provide medical treatment.
88. The failure to provide medical treatment to plaintiff and to all other prisoners
similarly situated is a denial of the due process of the laws and subjects them to cruel
and inhuman treatment.
FOR A NINTH CLAIM FOR RELIEF:
89. Plaintiff repeats, reiterates and realleges each and every allegation contained in
paragraphs 1-35 and in paragraphs 45-51, 54, 56-64, 66-76, 79-80, 82-83, and 85-87 of
the complaint with the same force and effect as if set forth at length herein.
90. Plaintiff and many other prisoners, have been subjected to disciplinary praceedings
without notice and without hearing in violation of regulations of the Corrections
Administration dated December 26, 1973, March 8, 1974 and July 24, 1975 and in
violations of various Orders of this Honorable * (15] * Court in cases involving the
rights of prisoners.
91. These disciplinary proceedings in violation of its own regulations, and without
notices and without hearings are violations of the inmates rights to due process of law,
the equal treatment of the laws, the effective assistance of counsel and subject them to
cruel and inhuman treatment.
FOR A TENTH CLAIM FOR RELIEF:
92. Plaintiff repeats, reiterates and realleges each and every allegation contained in
paragraphs 1-35 and paragraphs 45-51, 54, 56-64, 66-76, 79-80, 82-83, 85-87 and 90-91
of this complaint with the same force and effect as if set forth at length herein.
93. Plaintiff has complained by letter directly to the defendant, Carlos Romera Barcelo
[sic], who has knowledge of all the facts herein alleged.
94. Plaintiff has complained by letter directly to the defendant, lrba Cruz de Batista,
who has knowledge of all the facts herein alleged.
95. Plaintiff has been summoned to the Parole Board at the behest of the defendant,
Juan A. Del Valle Lopez [sic], who has knowledge of all of the facts herein alleged, as
do the other defendant members of the Parole Board.
96. On January 8, 1979, plaintiff was summoned before the Parole Board and was
notified that an immediate new parole hearing could be had if he would sign a “release”
waving notification as required in the Orders of this Honorable Court dated October 1,
1977 and April 6, 1978.
97. On information and belief, the Parole Board ha offered many prisoners the
opportunity of “speedy hearings” if the prisoners would waive their rights to notice of
hearings.
98. The actions of the Parole Board and the individual defendants, members of said
Board, in requesting these “releases” or “waivers” is a subterfuge to avoid notifying the
*[16]* inmates with the
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issues and facts to be considered in the parole hearing, and to deny the prisoner the
opportunity to prepare a case to establish his right to freedom on parole, and to deny
him the effective right of counsel.
99. Waivers by prisoners under the circumstances alleged herein are not meaningful
waivers of rights.
100. The “waivers” and “releases” signed by the prisoners should be declared null and
void and the Parole Board should issue no more because they are sought and procured
solely for the purpose of denying due process of law, the effective assistance of counsel,
and subjecting the inmates to cruel, prolonged and inhuman punishment.
WHEREFORE, plaintiff, in accordance with paragraphs 26-30 hereof, respectfully
prays this Honorable Court:
(1) To declare this a class action on behalf of all the prisoners in custody of the
Corrections Administration of the Commonwealth of Puerto Rico.
(2) To declare this a class action on behalf of all prisoners pending parole hearings or
decisions before the Parole Board of Puerto Rico.
(3) To declare plaintiff’s and all members of the classes he represents [sic] rights under
the Fifth, Sixth, Eighth and Fourteenth Amendments to the Constitution of the United
States and that these rights include:
(a) that no prisoner seeking asylum for physical or medical protection be classified as a
maximum security risk for parole purposes solely because he sought such asylum;
(b) that the Corrections Administration is under an affirmative duty to assist the
prisoners and particularly the felons in devision a plan for reintegration into the
community as part of their rehabilitation;
(c) that proper access to law books or attorneys be made available to the prisoners so
that they may not *[17]* be deprived of access to the courts and so that they may have
effective assistance of counsel;
(d) that standardized and published criteria be adopted for the classification of prisoners
and that the prisoners be notified of these classifications and reasons therefor [sic];
(e) that the prisoners be sent copies of all reports and decisions concerning their
behavior and adjustment (except for certain medical reports determined by professional
to be against their interests), that will be taken into consideration in parole
determinations;
(f) that the prisoners be notified by the Parole Board of the criteria that will be used by
the Parole Board in making parole determinations;
(g) that the plaintiff and all other prisoners be given beds to sleep on; wholesome and
adequate food; sanitary conditions and proper hygiene;
(h) that the plaintiff and all other prisoners be given medical and psychiatric attention
when necessary;
(i) that plaintiff and all other prisoners be given notification and a hearing with the right
of confrontation of witnesses who may testify against them; and,
j) that plaintiff and all other prisoners be given plenary parole hearings with complete
and
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due notice, with the right to seek counsel, and that there be no waivers of these rights
for the convenience of the Parole Board.
(4) To issue a preliminary and permanent injunction directing the defendants, in their
individual capacity and all persons working under their direction or in consort with
them in their representative capacity, or any agent, employee, contractor, servant,
representative, attorney or successor of them, in their representative capacity, do every
act consonant with the securing of the rights plaintiffs have been granted, *[20]* and
enjoining said persons from performing any act to deprive said prisoners of these rights.
(5) To grant damages to plaintiff and to each individual class member for each day any
right secured by a prior order of this Honorable Court or any right ordered to be
enforced herein is denied by any person acting by, for or on behalf of or as successor in
interest, to any of the defendant.
(6) To grant reasonable attorneys fees to plaintiffs attorneys for all services performed
on his behalf or on behalf of the class he is held to represent.
(7) To grant such other and further legal and equitable relief that this Honorable Court
may seem just and proper in the premises.
Santurce, Puerto Rico, February 6, 1979.
JOSÉ E. FERNÁNDEZ SEIN
CARLOS GARCÍA GUTIÉRREZ
HARVEY B. NACHMAN
Attorneys for Plaintiff
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ANEJO II
IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO
CARLOS MORALES FELICIANO, et al.
Plaintiffs,
v.
RAFAEL HERNÁNDEZ COLÓN, et al,
Defendants.
CIVIL No. 79-001 (PG)
MOTION FOR AN ORDER TO
SHOW CAUSE WHY DEFENDANTS
SHOULD NOT BE FOUND IN CONTEMPT
OF COURT AND APPROPRIATE FINES IMPOSED
TO THE HONORABLE COURT:
COME NOW the plaintiff, by their undersigned attorneys and respectfully allege:
1. On September 5, 1980, after a hearing on plaintiffs’ motion for emergency relief, this
Honorable Court entered an Order directing the defendants and their successors in office
to provide each confined person in the custody of the Administration of Correction with
at least thirty-five square feet of personal living space and to provide a plan within six
(6) months of that date (or by March 5, 1981) that would ensure each inmate in the
system at least fifty-five square feet of personal living space.
2. After numerous notices of alleged “compliance” by the defendants (to which a cross-
motion for affirmative relief was filed-by the undersigned), this Honorable Court held
hearings in 1984 and 1985 both in the closed institutions and in open Court. As a result
of those hearings a decision was rendered on March 1986, reaffirming the [1] and Fritz
Byers, Esq. as Court Monitors of the Orders entered in this action.
3. After the appointment of the Court Monitors, discussions were begun to see if a
Stipulation concerning prison population could be negotiated for submission to the
Court. The undersigned attorneys filed a motion seeking a contempt order against the
Administrator of Correction. This motion was contested and prior to any resolution
thereof a Stipulation concerning prison population was reached on 26th day of
September, 1986.
This Court provisionally approved this Stipulation and directed defendants to adhere to
its provisions according to the time schedule set forth therein. On January 26, 1987,
after a hearing pursuant to Rule 23(e) of the Federal Rules of Civil Procedure, the Court
gave its final approval to the
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Stipulation. Relying on the representations made by the defendants throughout the
numerous sessions of negotiations held, and on the terms and conditions of the
stipulation, plaintiffs withdrew their motion to hold defendants in contempt and the
Court once again admonished defendants to comply with the terms of the Stipulation.
4. The Stipulation, a copy of which is annexed hereto as Exhibit I, has three deadlines.
As of November 30, 1986, the State Penitentiary including the area known as the
Intensive Treatment Unit (UTI) was to house no more than 1147 inmates all of whom
would be confined in cells. The inmates in UTI were to be convicted inmates and no
more than one person could be confined to a cell, at UTI. The rest of the State
Penitentiary could be converted into “open-celling” with double cell [2] occupancy
provided that the inmates who were doble-celled were pretrial detainees, and also
provided that certain enumerated conditions were maintained as to their care and
custody. At State Penitentiary there are twenty-three large cells in Sections B-1 and C-1
where emergency closed celling can occur.
5. As of December 31, 1986, the Administration of Correction was to provide thirty-five
square feet of personal living space while observing certain minimum hygienic
standards, and each institution was given a maximum number of inmates. As renovated
or new living quarters became available, the square feet of personal living space to each
confined prisoner or pretrial detainee was to be raised to fifty feet.
6. As of December 31, 1987, the Administration of Correction was compelled to
provide fifty-five square feet of living space to each person entrusted to its custody.
Other conditions and prohibitions are set out in the Stipulation relating to certain
specific areas.
7. Since the date that the Stipulation first went into effect at the State Penitentiary, the
Administration of Correction has failed to comply with it.1 Initially, the daily population
reports (which are [3] not daily, at all; they are not prepared on weekends or holidays)
reported the Federal prisoners at the State Penitentiary as if the were in a separate
prison. Realizing full well that the daily reports of population are inaccurate, we can,
nevertheless, rely upon them for the sole purpose of showing that since compliance with
the accepted stipulation was ordered, the Administration has failed to adhere to its
bargain, by its own admissions.
8. On February 3, 1987, the Monitors, Messrs. Vincent Nathan and Fritz Byers, issued a
“Second Report Of The Court Monitors” which was the first report relating to the terms
of the September 28, 1986 Stipulation (EXHIBIT l). That Report covered the
corrections system institutions and found numerous cases of violations at each closed
institution. At some of the institutions, the Monitors found that there were errors in
computations as to either the number of cells, or the actual square footage of the space,
or of the dormit