Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad lztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Sociología
Política Social en México de 1940 a 1994
Tesina:
Para obtener el grado de licenciatura en: Sociología
Presenta:
Enrique Lara Elizalde
93220876
Asesora:
: ! !'
México, D.F. Septiembre de
. . . . ,
I
“La educación; es la fuente del progreso en todos los sentidos.”
- Ilustración -
2
Agradecimiento:
A Dios, por permitirme lograr uno de los propósitos de mi vida.
3
Notas iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Capítulo 1 Política social (educación. salud. empleo y vivienda) .............................. 8
Capítulo 2 Política Social en el Estado Benefactor (1940-1982) ............................ 31
Capítulo 3 Política Social en el Estado Neoliberal (1 982-1 994) ............................. 52
Capítulo 4 Comparativos de la Política Social ....................................................... 85
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
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NOTAS INICIALES
El presente trabajo constituye un esfuerzo en la realización del trabajo de tesina titulada
“Política social en México de 1940 a 1994” y está basado en información bibliográfica y
hemerográfica.
AI plantearme la idea principal de este trabajo surgió la necesidad de enlazarla con otros
temas como el de política económica, política financiera, política fiscal, democracia, entre
otros, ya que fue necesario conocer esto para entender el desarrollo que ha tenido la política
social durante los años del llamado Estado benefactor y los del Estado neoliberal.
Evidentemente para entender lo que nos ocurre necesitamos revisar nuestro pasado
inmediato por esa razón decidí iniciar con la política social desarrollada por Ávila Camacho
(1 940) e ir presentando la evolución de la misma durante los años de crecimiento económico y
los años de crisis económica. Para ello, seguí la práctica de dividir la vida nacional en sexenios
para tener un mejor panorama de Io que ha hecho cada presidente en materia de política social
- sin olvidar la situación económica - desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1 940-1 946)
hasta Carlos Salinas de Gortari (1 988- 1994)
El trabajo implica revisar la tarea de las instituciones de la sociedad y el Estado con el fin de
evaluar Io que han realizado y hacia dónde se dirigen, bajo la pretensión de obtener una visión
más precisa y aportar soluciones más adecuadas a los asuntos públicos.
Se trata, entre otras cosas, de repensar Io público al mismo tiempo reflexionar lo que es y
realiza el Estado así como los ciudadanos en materia de política social. Asimismo se trata de
comprender el trabajo gubernamental considerando muchos factores como la economía y la
participación política en el actuar del gobierno.
Finalmente, el trabajo está abierto a la crítica constructiva así como a su posible rectificación.
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El trabajo comprende la evolución de la política social nacional desde 1940 hasta 1994.
y está dividido en cuatro capítulos.
El primero de ellos, trata de la definición y justificación de la política social así como sus
componentes que para fines de éste trabajo será: educación, salud, empleo y vivienda.
También se tratará la situación económica como un condicionante en la ejecución de la política
social. Se pretende explicar la política social, principalmente como una función gubernamental
que permite distribuir el ingreso nacional por medio de servicios sociales, siendo esto un
requisito indispensable de justicia social.
El segundo, trata de las características de la política social en el Estado benefactor que
comprende desde Ávila Camacho (1 940-1 946) hasta López Portillo (1 976-1 982), asimismo se
revisará conjuntamente la situación financiera del Estado mexicano durante éste periodo, que
permitió en buena medida, la formulación y aplicación de la política social. En este periodo, el
Estado, a través de sus instituciones, planes y programas proporcionaron los bienes y servicios
sociales de manera directa sin la corresponsabilidad ciudadana, es decir, el Estado se convirtió
en el principal agente para promotor de la política social así como de la economía nacional.
El tercero, tratan las características de la política social en el Estado neoliberal que
comprende los sexenios de Miguel de la Madrid (1 982-1 988) y de Carlos Salinas (1 988-1 994),
al igual que en los gobiernos anteriores se analizará la política económica como factor
determinante en el destino de recursos a servicios públicos. Se pretende demostrar que el
principal obstáculo que impidió, en ésta época, la formulación y ejecución de programas
sociales fueron los continuos recortes al gasto social producto de una fractura de las finanzas
públicas ocasionada por la crisis nacional. Es importante destacar el Programa Nacional de
Solidaridad (Pronasol), como el instrumento disfrazado de la política social. Asimismo se hará
referencia a la participación ciudadana como fundamento en la ejecución de la política social.
En el cuarto, se realiza una serie de comparaciones en cuanto a los logros y deficiencias
alcanzadas por los sexenios estudiados en los ámbitos de educación, salud empleo y vivienda
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así como una evaluación de los mismos. Se trata de conocer los alcances y limitaciones,
basados en datos estadísticos de lo acontecido durante éste tiempo. Se dará a conocer que
las décadas donde mayor importancia se le dio a la apertura de servicios sociales fueron la de
los cincuenta y sesenta y las de menor auge, en los ochenta y noventa.
Por último, ofrezco una serie de conclusiones en cuanto a la política social ejercida durante el
Estado benefactor y la ejecutada durante el Estado neoliberal dando cabida a la reflexión libre
y a la crítica sana.
Se trata de tener una referencia histórica de la política social en el México contemporáneo
para que posteriormente pueda establecer una serie de diferencias entre la política social del
Estado benefactor con la del Estado neoliberal.
Es importante mencionar que he agrupado el periodo de 1940 a 1982 porque se caracteriza
por la presencia fuerte por parte del Estado como promotor de la política social y rector de la
economía nacional, desencadenando un crecimiento económico pero sin desarrollo o bien,
crecimiento sin distribución del ingreso. Abarca los sexenios de Manuel Ávila Camacho (1940-
1946), Miguel Alemán Valdés ( 1 946-1 9529, Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), Adolfo López
Mateos (1958-1964), Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1 970-1 976) y
José López Portillo ( 1 976-1 982).
La segunda agrupación comprende los gobiernos neoliberales que tiene, entre otras
características, la apertura comercial y las privatizaciones así como la ejecución de la política
social por medio de una alianza entre el Estado y la ciudadanía. Comprende los sexenios de
Miguel de la Madrid Hurtado ( 1 982-1 988) y Carlos Salinas de Gortari (1 988-1 994).
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CAPíTULO 1
1 .I POLíTICA SOCIAL
La acción del gobierno es múltiple y compleja en una sociedad donde se manifiestan
numerosos intereses de distintas fuerzas sociales. Los instrumentos que utiliza el gobierno
para conciliar los intereses son numerosos, por mencionar algunos de ellos: la política
económica; política fiscal, política salarial, entre otras, no obstante, es necesaria la utilización
de un instrumento que provoque justicia social y ofrezca oportunidades para todos los grupos
sociales de carácter uniforme y universal, ignorando las diferencias que existen entre los
posibles beneficiarios; ese es justamente el acento de la política social.
Hablar de política social del Estado mexicano implica rescatar el contenido de las
transformaciones sociales que provocan que la dinámica social responda a una pluralidad de
situaciones, de patrones culturales, de estilos de vida que se han forjado a 190 años de
iniciada la Independencia y a 90 años del comienzo de la Revolución. Los cambios
demográficos, económicos, tecnológicos ,..., han transformado las características más
generales de México. En este sentido, la aplicación de la política social por parte del Estado
mexicano corresponde a una tradición y reto de su historia. Es compromiso de toda la sociedad
crear las condiciones para que se produzcan nuevas transformaciones sociales: la educación,
salud, empleo y vivienda constituyen tantos ejemplos en los cuales se ha reflejado el intenso
dinamismo de nuestra sociedad.
Las políticas sociales son construcciones sociales, son un tipo de acciones que se conciben
como resultado de una interacción en la cual participan múltiples agentes gubernamentales y
no gubernamentales, debe a su vez contribuir al desarrollo socioeconómico del país; es decir,
debe coadyuvar a lograr mejores condiciones de vida para mayor número de mexicanos.
Constituye el acceso de los individuos a lo que es de su interés común.
Los servicios sociales son una serie de actividades muy diversas, cuya característica principal
es la realización de un trabajo que no produce bienes tangibles, pero que sí satisface
necesidades sociales, es decir, es la prestación institucional para que las
personas obtengan algún satisfactor.
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La política social es un espacio de interacción ya que el espacio público es sitio de
convivencia intensa y relaciones interdependientes. (Vargas ,1999:65) Es un lugar de
cooperación e interdependencia en el cual el Estado desempeña un papel crucial. Involucra a
distintas organizaciones públicas; en aspectos de autorizaciones, definición de prioridades,
financiamientos, delimitación de responsabilidades. Es Io público, en cuyo seno puede flotar
literalmente una constelación específica de intereses pertenecientes a toda la sociedad o a una
colectividad.
Ahora bien, la política social se origina en la constelación de demandas sociales. La
educación, la salud, la vivienda, el empleo son algunos ejemplos. La política social apunta a
intereses, demandas o requerimientos, se trata de un conjunto de decisiones y acciones que
tienen su origen en demandas que surgen en algún sector público . Así pues, los gobiernos
enfrentan una diversidad de necesidades y demandas sociales.
Para explicar el sentido que pueden adquirir las políticas sociales, es conveniente tomar en
cuenta: a) el nuevo contexto económico y político y b) la posibilidad de una institucionalidad
construida por los actores en forma gradual.
La política social, es un proyecto de sociedad fundamentada en valores y principios que han
consagrado la historia del país, es una función gubernamental, posiblemente la más importante
y complicada. Importante, puesto que es un factor de desarrollo al mismo tiempo que se busca
responder al problema de las desigualdades visibles bajo la forma de carencias
fundamentalmente desde la perspectiva de la distribución de bienes y servicios básicos, por
tanto, las políticas sociales pueden ubicarse como una determinada respuesta a las
desigualdades sociales y a la pobreza. También es importante ya que por medio de ella, la
población tiene acceso a las condiciones mínimas aceptables de bienestar social, es decir, a la
satisfacción de los requerimientos colectivos, hacia las prestaciones de tipo universal,
accesibles a toda la población, en materia de salud, educación, empleo, vivienda, etcétera.
Es complicada, puesto que puede ser permanente o cambiante dependiendo de las
circunstancias sociales, económicas y políticas por las que atraviesa el país para llevarse a
cabo.
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La Secretaría de la Contraloría le corresponde vigilar que se lleva en forma adecuada el
Presupuesto de Egresos de las diferentes dependencias del sector público, realizando
auditorias y evaluaciones mediante los cuales inspecciona y controla el cumplimiento de los
objetivos de los programas del gasto público. (Méndez, 1998:197)
Los principales objetivos que persigue la política financiera a través del gasto público son:
- Promover el crecimiento y desarrollo económico y social mediante el gasto en infraestructura;
educación, salud y servicios en general.
- Financiar las actividades del sector público, ejecutando los programas gubernamentales.
- Contribuir a la distribución del ingreso.
- Aumentar y mejorar los servicios públicos.
- Apoyar las actividades sociales que se consideren prioritarias para el desarrollo del país y
que el sector privado no atiende por su baja rentabilidad.
- Aumentar el nivel de empleo o contribuir a que no disminuya, mediante la creación de fuentes
de empleo en el sector público.
- Disminuir la deuda pública, tanto externa como interna y, en síntesis, promover el bienestar
general de la población.
Otro componente de la política económica que es importante destacar es la política fiscal.
Ésta es el “Conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar
los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la
política económica general. (Méndez,1998:203) Es parte de la política económica general e
incluso es la parte de la política financiera que se encarga del acopio de recursos físicos y
financieros que van a determinar el volumen de; gasto público.
La contribución fiscal, se realiza principalmente por conducto de los agentes particulares y
tiene como destino la hacienda pública. Ésta es el sitio en el cual el dinero de los agentes
privados se suma para financiar el gasto y los presupuestos públicos.
La política fiscal está en manos de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, que es la
encargada de aplicar los diferentes instrumentos y mecanismos que conforman el sistema
impositivo. Sus objetivos son: Cumplir con las funciones de promoción económica y social,
seguridad nacional, paz pública y bienestar colectivo, que le hayan sido asignadas por la
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sociedad. Así la política fiscal se presenta como una función derivada del conjunto de
obligaciones impuestas al sector público por la comunidad.
Este proceso distribuidor del ingreso implica más y mejor educación, salud, salario,
alimentación, vivienda y satisfactores para un mayor número de mexicanos, es decir, mejorar
los niveles de vida. Son los recursos fiscales, los medios que permiten la prestación de
servicios públicos como: luz, agua, drenaje, salud, educación, etcétera, brindando atención y
seguridad social.
En este sentido, para comprender a la política social es necesario tener presente la política
económica así como sus componentes. En un documento, preparado por la Oficina de
Estudios Estratégicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se insiste en que la
política social es un componente integral de la estrategia económica. Se señala que en el
marco de una economía abierta, que apuesta a fortalecer la competitividad en los mercados
internacionales, "la inversión en capital humano se asocia a la modernización tecnológica y la
equidad social a la creación de condiciones que retienen y atraen el capital". (Pareja,l994:65)
Vale decir, el mejoramiento de la competitividad, como eje de modelo económico, no se logra
sin políticas de calificación de recursos y de un ambiente de equidad razonable. El BID indica
una serie de objetivos para la política social, que derivan de entenderlas como un componente
ineludible y necesario de cualquier modelo de desarrollo, estas son:
- Tender a la reducción de las situaciones de pobreza originadas en aspectos estructurales así
como la insuficiencia de ingresos .
- Promover una definición y un consenso amplio del Estado, partidos políticos y de la sociedad
en su conjunto, en torno a la jerarquización de los compromisos sociales básicos de tipo
universal, con el doble cometido de asegurar niveles mínimos de cobertura y estándares de
calidad del servicio.
- Promover la reforma institucional de las prestaciones sociales, con énfasis en lograr
flexibilizar el marco normativo, mejorar la capacidad de organización, capacitar a los recursos
humanos y tener una comunicación más fluida con el sector privado.
- Promover una efectiva igualación de oportunidades, medidos en términos de las condiciones
de acceso, utilización y de los resultados obtenidos, en programas de familia, educación, salud,
alimentación, vivienda y trabajo.
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- Regular, definir orientaciones y asumir responsabilidades para áreas y poblaciones que se
marquen como prioritarias, a través de procesos de focalización social en calidad de
prestaciones complementarias de las de tipo universal.
- Aumentar el gasto público social en áreas en que se constate insuficiencia de
recursos, y reasignar el existente en función de los compromisos y prioridades sociales
establecidos.
Así pues, las políticas sociales suelen venir detrás de las políticas económicas. Lo social está
condicionado por lo económico, no se trata de procesos separados, el desarrollo económico y
la distribución de la riqueza, después de todo la dotación de servicios proviene de fondos
recaudados del conjunto de la población. En este sentido, es conveniente situar
conceptualmente el campo de las políticas sociales, teniendo en cuenta su relación con la
política económica y remarcar la necesidad de una mayor interrelación entre ellas. En definitiva
es la política económica la causa última de la que depende la política social, y, por ende, de las
desigualdades. Así por ejemplo, una recesión económica implica una disminución en los
niveles de vida de la población, sus repercusiones serán considerables ya que provocará una
disminución en el gasto social por parte de los gobiernos federales, estatales y municipales,
obstruirá, sin duda, el rumbo de las políticas sociales. El reto es mayor en la medida que se
requiere amortiguar el deterioro del nivel de vida de la población que la crisis ha ocasionado,
desembocando en una inconformidad de la población.
El Estado es la institución más importante de la vida pública, por tanto, es el responsable de
cuidarla y salvaguardarla, para esta tarea se apoya en el gobierno. Es una institución cuya
misión es conservar y desarrollar la sociedad. A través de sus instituciones adquiere
contenido público porque su responsabilidad es garantizar condiciones de vida para la
sociedad, es un productor, un promotor y un preservador de la misma.
En el Estado, lo público es un espacio de convivencia y realización que lo relaciona con las
organizaciones civiles y los ciudadanos. Su diseño responde a valores, principios y proyectos
de vida, consiste en una trama de instituciones, reglas actores e intereses
Repensar al Estado a partir de lo público conlleva a reflexionar lo que realiza y cómo puede
mejorar sus capacidades institucionales, comprometiendo su acción y esfuerzo con las
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mismas. En este sentido es conveniente organizarlo como un sistema de instituciones.
(Vargas,1999: 55)
El Estado es el constructor del futuro, el que promueve en el presente y prevé para el
porvenir generando soluciones a la problemática social de cada época, su instrumento para
combatir las desigualdades y los desequilibrios que una sociedad presenta es mediante una
política social coherente dirigida a toda la población en la búsqueda de más y mejores
oportunidades, se trata de una justicia social que asegure que todas las personas tengan las
mismas libertades y oportunidades, y que las ventajas socio-económicas estén distribuidas de
manera que aquellos que tienen menos, tengan más.
De esta manera, la función fundamental del gobierno es la promoción de justicia social
entendida no como bienestar, sino como oportunidades de bienestar para todos, esto se logra
por medio de la acción decisiva de sus planes y programas con un contenido ponderablemente
social, donde el eje central sea el bienestar de la persona.
Así pues, la cobertura de los servicios mínimos de seguridad y bienestar social constituyen el
fundamento esencial de los programas de gobierno de la República respondiendo a las
necesidades colectivas y de la Nación. Una vez que el Estado recauda parte sustancial del
ingreso nacional, se espera que el gobierno elabore una política del gasto dirigida a los
sectores más necesitados de la población. Las políticas sociales nacen, se formulan y se
aplican en el marco de las acciones orientadas al desarrollo de la comunidad.
El aspecto más importante del gasto público es el gasto social. Éste es el esfuerzo de
redistribución del ingreso más importante que realiza el gobierno. Normalmente se incluye aquí
el gasto en educación, salud, infraestructura mínima, etcétera. (Schettino,l996:221)
Por otro lado, el gasto social constituye un detonador para el desarrollo de una Nación en
muchos sentidos, Así es, en la medida que este mejor preparada la población, mantenga una
salud física adecuada, tenga un lugar digno para vivir, y una remuneración justa por su trabajo,
en esa misma medida contribuirá al desarrollo de su comunidad. No obstante, hoy asistimos,
en la mayoría de los países a importantes reducciones de los presupuestos destinados a
financiar las políticas sociales. Frente a la difícil coyuntura que vive la humanidad, el aumento
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de la pobreza en el mundo, frente a la creciente marginación de sectores cada vez más
importantes de la población, no hay recursos suficientes para implementar políticas sociales
que respondan a las exigencias de los nuevos tiempos, por ello, es necesario cuidar la eficacia
del gasto social, evitando tratamientos especiales que inciden en injusticias.
Es innegable que la desigualdad social es uno de los más graves problemas que enfrentan
las naciones subdesarrolladas, producto de su propia historia y de las circunstancias
internacionales, esta desigualdad social y económica obstaculiza el logro de una sociedad. Las
políticas sociales programadas institucionalmente para corregir discriminaciones, tienen
efectos contrarios, esto significa que la política social no ha ejercido su función de procurar
justicia social y si el de perpetuar desigualdades, reproduciendo las diferencias que querian
combatir. Todo ello, es producto de la debilidad de la sociedad y sus organizaciones,
desembocando en dificultades para la dotación de servicios básicos y las deficiencias en la
calidad y cantidad de los mismos.
Con respecto a la iniciativa de la sociedad, vale la pena destacar que su participación es
importante para desarrollar la política social , el diálogo entre el Estado y la sociedad sobre
estrategias de desarrollo permite diseñar un plan y programa de desarrollo, evidentemente así
como lo establece el artículo 26 constitucional, que define explícitamente.las facultades del
Estado para planear el desarrollo nacional: "El Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y
cultural de la Nación ... Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de
desarrollo ... La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los
criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de
desarrollo ..."( Constitución Política,l994:) Esto quiere decir que hay una vinculación de la
política social con la democracia, lo cual presupone trabajar unidos en la superación de
carencias. La corresponsabilidad de las fuerzas populares y la acción institucional se traduce
en no restringir el ejercicio de la política social solamente al gobierno, constitucionalmente se
acepta que la sociedad trabajará en conjunto con ¡as instituciones sociales del Estado. En este
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sentido, la participación de la sociedad, a través de sus organizaciones, planteamientos e
iniciativas es lo que constituye una de las principales fuerzas de la política social, al demandar
un conjunto de servicios básicos en las comunidades. Actualmente, la participación de la
sociedad civil como componente esencial de las políticas sociales es mínima, más allá de los
matices que unos y otros actores puedan poner en su concepción y en las modalidades de
estímulo a la misma. Repensar este enfoque implica identificar no solo las carencias sino
también las potencialidades, las capacidades y los recursos con que la población cuenta, los
cuales, debidamente activados pueden ser puntos de apoyo vital para una resolución
adecuada de las necesidades. Así pues, la apertura democrática en lo político y la estabilidad
en lo económico, aunado a una paz social son condicionantes para desarrollar la política
social.
La renovación constante de los servicios sociales; la desconcentración de los mismos, el
mantenimiento de un desarrollo regional equilibrado y la disminución de las notorias
desigualdades regionales y sociales que todavía se observan es tarea permanente de la
política social; pero, ¿cómo garantizar las oportunidades y justicia social para las zonas donde
hay poco presupuesto?, ¿cómo se distribuyen los recursos en la nación?. Las respuestas
únicas y uniformes para situaciones de este tipo no resultan eficaces. Es necesario reconocer y
respetar las diferencias y definir programas flexibles, esto no es viable en el marco de
programas muy centralizados.
La descentralización involucra reducir el Estado nacional en favor del gobierno local y ampliar
los espacios de participación social, supone que el gobierno federal ponga en manos de los
gobiernos estatales y municipales mayores recursos y autonomía, dando prioridad a las formas
del desarrollo regional y local.
Es importante indicar que cuando se ha dado la descentralización, ha sido tan tenue, limitada
y viciada que en poco ha coadyuvado su impacto en la definición de los proyectos de inversión
para el desarrollo nacional. Es apropiado avanzar hacia una efectiva descentralización de los
servicios, así como hacia una mayor articulación entre los programas nacionales y municipales.
Se requiere acortar la distancia entre los beneficiarios.
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Aún falta mucho por hacer en México para lograr la consolidación de la justicia social; acabar
con los privilegios, con las ventajas e intereses creados, falta brindar oportunidades para
facilitar y mejorar las condiciones de acceso y utilización de los servicios sociales por parte de
los sectores carentes y ofrecer asistencia social a poblaciones en desventaja social o
económica. lnstrumentar políticas sociales en cualquiera de las áreas de necesidad definidas,
implica producir cambios en los hábitos, en el modo de vida de las personas, en su cultura,
tienen sin duda un rol educador.
Referente a la formulación de las políticas sociales, muchos profesionistas como los
sociólogos, etnólogos, trabajadores sociales, entre otros, por ocupar un lugar de protagonismo
en la acción social, tienen una comprensión elaborada desde la práctica de campo, tanto de los
niveles de deterioro que son producto de la insatisfacción de necesidades básicas, como de las
potencialidades desde las cuales es posible desencadenar los procesos de recuperación
humana. Puede entonces ocupar un lugar a la hora del diseño de las políticas sociales que
luego debería instrumentar, pero son generalmente los políticos los que ejecutan su
formulación.
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1.2 Componentes de la Política Social
1.2.1 Educación
Indudablemente uno de los componentes más importantes de la política social lo constituye
la educación, no solamente porque mediante ella, se adquieren una serie de patrones
culturales heredados por nuestros antecesores, sino que también permite descubrir y ejercitar
una serie de aptitudes que hacen que la persona se enfrente a medios sociales determinantes
con relativo éxito. Su importancia radica justamente en eso, en el desarrollo de capacidades
con el fin de aplicarlas para un beneficio propio y social.
La educación, es un proceso que inicia desde el comienzo de la vida, donde la persona
descubre tanto sus habilidades físicas como intelectuales así como sus propias limitaciones, lo
cual lo hace capaz de enfrentarse a la sociedad con el aporte de su personalidad, comprende
un conjunto de conocimientos, valores, principios, costumbres inculcados por sus
ascendientes, es decir, es la transmisión de la cultura, principalmente a los miembros jóvenes
de la sociedad. Asimismo,.la educación es una institución por la cual se transfieren o imponen
ideas acumuladas, y las normas de la sociedad.
La función más general de la educación ha consistido en actuar como guardiana y
transmisora de ciertos bienes culturales de la sociedad. Ella, provoca la formación de una
conciencia nacional y promueve el cambio social. Asimismo, es un medio de transmitir el
conocimiento y de formar a las personas en los valores de la sociedad, inculcando un cuerpo
aceptado de conocimientos y de creencias, también permite conservar y transmitir un estilo de
vida. La educación es una forma institucionalizada de socialización, las personas adquieren un
gran número de cosas en común, pero también van formando sus propios mundos de ideas y
de actividades.
En la medida que una sociedad se industrializa y se moderniza, la educación se hace más
necesaria para la economía, esta exige reunir en una sociedad una gran cantidad de gente
preparada para producir bienes y servicios. Aparte de los demás intereses que pueda tener en
una sociedad industrializada moderna, la educación se interesa sobre todo en la igualdad de
dignidad y de oportunidades.
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La educación es una institución importante que influye en las vidas de las personas,
mediante ella, la persona construye su porvenir, asume patrones de conducta, interioriza una
serie de creencias y le da la pauta para formar su personalidad. Es ella, la que determina la
manera de pensar y de actuar en sociedad por parte de los individuos asumiendo valores y
ejercitando hábitos, en suma, es un elemento que conduce a establecer estilos de vida.
Paradójicamente, la educación acentúa e intensifica su papel en la distribución de estatus
entre los individuos. A medida que la educación constituye el antecedente necesario para
formar el estatus de una persona, se intensifican las presiones por parte de los integrantes de
la sociedad para que todos tengan iguales oportunidades educativas. Conforme la educación
alcanza sectores cada vez más amplios de la población, ocupa más años de la vida de los
individuos y desempeña un papel más importante en la distribución de profesiones y movilidad
social. Un sistema educativo formal, por tanto, no es un adorno para una clase de privilegiados,
sino que sirve también para determinar qué individuos habrán de ocupar determinados puestos
en la sociedad.
El proceso educativo resulta decisivo para avanzar en el bienestar económico y social. Es
uno de los ejes centrales de la política social. Así es, la transformación de la sociedad no se
puede lograr plenamente sin esta función social, en buena parte la democracia, el desarrollo
económico, la justicia social depende de tener gente bien preparada. La evolución misma de
un pueblo está ligada a la marcha de su educación, ella, reúne el perfil y la sustancia del pais,
sintetiza la aspiración de una sociedad que ve en la educación el camino de su realización. La
educación induce al desarrollo, lo promueve y a la vez participa en éI, a través de la
participación de cada una de las personas formadas. No hay ningún pueblo, en el que no
exista cierto número de ideas, de sentimientos y de prácticas que la educación debe inculcar a
todos indistintamente, de la categoria social o económica que pertenezcan.
A continuación, Transcribo el articulo 3” constitucional porque representa la base jurídica de
la educación.
“Artículo 3”. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado - federación, estados y
municipios - impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la
secundaria son obligatorias.”
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“La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano y fomentar en éI, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.”
“ 1 . - Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por
tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.”
“2.- El criterio que orientará la educación se basará en los resultados del progreso científico,
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.”
“Además:”
“a) Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.”
“b) Será nacional, en cuanto - sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de
nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra
independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y”
“c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de
robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad
de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga
en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos lo hombres, evitando
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.”
“3.- Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 2, el
Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria,
secundaria y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará
la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores involucrados
en la educación, en los términos que la ley señale.”
“4.- Toda la educación que el Estado imparta será gratuita.”
“5.- Además de impartir la educación, preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el
primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas -
incluyendo la educación superior - necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.”
“6.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los
términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial
20
a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria,
secundaria y normal, los particulares deberán:”
“a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo
párrafo y la fracción 2 , así como cumplir los planes y programas que se refiere a la fracción 2,
Y” “b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los
términos que establezca la ley.”
“7.- Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus
fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo,
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas;
determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y
permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones
laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado
A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca
la ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de
manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de
las instituciones a que esta fracción se refiere, y”
“8.- El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la
república, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa
entre la Federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas
correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios
que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos
que las infrinjan.” ( Constitución,2000:7-9)
A partir de 1920, es cuando el Estado toma un papel más activo en la educación de los
mexicanos y, de acuerdo con lo señalado en la Constitución mexicana, destaca el carácter
laico, democrático, nacionalista y social de la educación.
La política social implica ofrecer servicios de educación y éstos servicios son prestados en
las instituciones públicas y privadas de educación. Las funciones de estas instituciones así
como los servicios que prestan deben ajustarse a lo señalado en el artículo 3” constitucional.
21
Los servicios educativos abarcan los niveles de: preescolar, primaria, secundaria, educación
media superior, superior, educación especial, educación tecnológica y normal. Además de
otros servicios educativos que incluyen capacitación e instrucción técnica, enseñanza de
oficios, academias comerciales de idiomas, artes y educación continua en general.
En general, los servicios educativos en México, están reglamentados por el artículo 3"
constitucional y la Ley Federal de Educación, que plantean como funciones básicas: la
enseñanza, aprendizaje, investigación y difusión de la cultura.
Así pues, la educación, es uno de los más importantes instrumentos de desarrollo de la
comunidad ya que le permite a sus integrantes el progreso económico, social y cultural; abatir
desigualdades y luchar contra la injusticia, además de fortalecer los valores humanos y la
identidad cultural.
La educación es un elemento importante del proceso de desarrollo socioeconómico de
cualquier nación, ya que a través de ella los individuos pueden tener acceso a mejores
condiciones de vida. Es una herramienta trascendental para el desarrollo regional y nacional,
en la medida que se tenga una educación de altura, en esa misma medida se aspirará a elevar
la calidad de vida de la población. El aparato institucional est& comprometido en la
universalización de este derecho para toda la sociedad. La educación es una responsabilidad
pública.
1.2.2 Salud
Otro componente de la política social es la salud y ésta se define como el estado de bienestar
físico y mental en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. La salud es
una protección y derecho social, no se trata de un valor biológico solamente, sino de un bien
social y cultural. Toda persona necesita de una protección física, mental y social.
Si la salud es el estado de bienestar físico y mental del hombre, entonces ésta constituye un
elemento esencial del desarrollo socioeconómico de cualquier país. Las condiciones de salud
22
de la población en general están vinculadas al nivel de vida alcanzado por la sociedad, lo que
es un aspecto histórico que ha evolucionado en forma constante.
El ritmo y el volumen de crecimiento demográfico registrado en nuestro país a mediados del
siglo X X , la composición por grupos de edades, la distribución geográfica de la población , la
esperanza de vida, entre otros factores, se traducen en presiones a los servicios de salud, lo
que ha provocado una preocupación latente por parte del Estado en el sentido de encontrar los mecanismos que permitan garantizar el acceso a los servicios mínimos a una población cada
vez mayor que se concentra especialmente en las ciudades.
La diversidad de problemas de salud corresponde a una pluralidad de condiciones
económicas, sociales, ecológicas, biológicas, culturales, etcétera. La salud es resultante de la
interrelación de estos factores, es por eso, que el mejoramiento sustancial dependerá que sean
complementarias y estén debidamente articuladas las acciones que realicen dependencias y
entidades involucradas y diversos sectores de la sociedad.
Mediante la política social, a través de sus instituciones, planes y programas, responde a las
demandas en materia de salud, contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de los
integrantes de la sociedad, sus instituciones son instrumento fundamental de justicia social, al
promover este servicio con una cobertura nacional, garantizando un mínimo razonable de
calidad para todos los habitantes del país.
Los servicios gubernamentales de salud atienden al principio del derecho de salud para
todos los mexicanos; las instituciones de seguridad social atienden a los derechohabientes
que, de acuerdo con la situación gremial de donde presten sus servicios, tienen este derecho,
Muchas personas que están enfermas y que no tienen acceso a los servicios mencionados
recurren a la automedicación que incluye la herbolaria y la autorrecetación.
AI analizar la situación de la salud en el país, lo que hacemos en Última instancia es revisar
toda la estructura económica-social, ya que ésta condiciona el proceso salud-enfermedad.
La política social comprende
prestan médicos, odontólogos
los servicios médicos y éstos son servicios profesionales que
y, en general, servicios de asistencia social. Los servicios
23
médicos se prestan por el sector público y el sector privado. (consultorios, hospitales privados)
Estos servicios incluyen: Guarderías, hospitales psiquiátricos, asilos, casas cuna, orfanatorios,
casas hogar, centros de rehabilitación, alcohólicos anónimos y en general instituciones de
asistencia social.
Es humano proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad, a
través de una protección jurídica no sólo a la salud individual, sino también a la salubridad
pública o de la comunidad social, por Io que es importante incorporar a la población a un
sistema de seguridad social y promover acciones preventivas, campañas educativas,
investigaciones, sistemas y programas de salud, utilizar eficientemente los recursos materiales
y la aportación útil del recurso humano.
Proteger la salud de los habitantes del país y prevenir enfermedades y accidentes, otorgar
servicios que promuevan el bienestar individual y colectivo, proporcionar ayuda a las personas
enfermas, accidentadas, incapacitadas, embarazadas y, en general, con algún problema de
salud física y mental, dar servicios de guardería infantil, diagnosticar enfermedades, dar
tratamiento y, si es necesario, intervenir quirúrgicamente, así como proporcionar aparatos
ortopédicos, difundir estudios de salud, programas de vacunación, proteger de forma integral al
niño, a la mujer, al anciano, al trabajador y, en general, a todos los miembros de la familia,
constituyen los propósitos de los planes y programas del sector salud. Se trata de erradicar,
controlar, y prevenir enfermedades para elevar la esperanza de vida de la población.
1.2.3 Empleo
No menos importante en la tarea de la política social es el empleo. Por medio de un trabajo
se obtiene una remuneración, la cual permite acceder a la satisfacción de numerosas
necesidades del ser humano: alimentación, vestido, vivienda, recreación, etcétera; la
retribución a su esfuerzo físico o mental le sirve como plataforma de despegue en la búsqueda
de satisfactores. No se entiende el bienestar ni una vida digna si el salario no contribuye a la
superación del ser humano, es decir, el ingreso deberá alcanzar para satisfacer las
necesidades por lo menos mínimas del hombre.
24
Ahora bien, ¿quiénes son los demandantes de empleo? La población en edad de trabajar,
está integrada por todas las personas mayores de 18 años y menores de 65.
A la población en edad de trabajar, la podemos dividir a su vez en dos:
a) Población económicamente activa (PEA), también llamada potencialmente productiva, que
comprende a la población que trabaja, a la que tiene una ocupación remunerada. Incluye a las
personas que realizan actividades lucrativas y a las que no reciben remuneración por su
actividad.
b) Población económicamente inactiva (PEI), integrada por todas las personas mayores de 18
años y menores de 65 que no se encuentran ocupados; está formada principalmente por
estudiantes, amas de casa e incapacitados físicos.
La población económicamente activa se puede dividir en tres grupos: (Méndez,l998:273)
a) La población activa es la que tiene una ocupación remunerada, recibe un pago por su
trabajo, también se le conoce como población ocupada.
b) La población desempleada está constituida por personas que tienen bajos niveles de
ocupación, que están semiocupadas, que no desarrollan sus potenciales de fuerza de trabajo
de acuerdo con sus capacidades.
Es difícil especificar concretamente la subocupación, por lo cual existen tres criterios para
definirla.
a) Tiempo. Personas que trabajan menos tiempo del que podrían trabajar o del que marca la
ley (jornada diaria de ocho horas), se le conoce también como subempleo visible.
b) Remuneración. Personas que reciben una menor remuneración por su trabajo que la que les
corresponde o marca la ley, por ejemplo las personas que ganan menos del salario mínimo o
profesionistas que tienen un salario equivalente al de un obrero o un empleado. Forma parte
del subempleo invisible.
c) Ocupación. Personas que se dedican a actividades que no requieren mucha calificación,
aunque ellas tengan una preparación profesional; es e[ caso de abogados que son agentes de
ventas o de médicos que son representantes de laboratorios médicos. Estos subempleados
también forman parte del subempleo invisible.
25
Por su parte, el desempleo es fuente de marginación, negación de justicia y expresión de
impotencia y regresión, genera una especie de autoproducción de la pobreza. Existe el
desempleo cuando el número de puestos libres en el conjunto de la economía es bastante
inferior al total de personas que buscan empleo, o cuando sobrepasa considerablemente el
número de puestos disponibles. Si bien es cierto, la desocupación es un fenómeno difícil de
solucionar por todos los factores que intervienen en éI (crisis económicas, situación social,
clima político, coyuntura internacional, servicio de una deuda, entre otras,) toca a la política
social ofrecer a los integrantes de la sociedad un trabajo que los conduzca a su propia
realización como seres humanos.
Existe una preocupación por el mantenimiento del nivel de empleo, tendencia estimulada
considerablemente por el pensamiento económico Keynesian0 de mediados de los años treinta
y que durante todo el tiempo donde el Estado asumió la responsabilidad de la vida social, se
obtuvieron, en términos generales, resultados favorables ya que las condiciones de la
economía así lo permitían. Así pues, el pleno empleo, se convirtió en una meta perseguida, Io que no sucedía antes de los años treinta. No obstante los buenos logros en materia de empleo,
la población tuvo que sufrir la consecuencia del mismo: la inflación. Si por un lado el Estado
Benefactor se preocupó por el mantenimiento de la planta productiva, por el otro, descuidó el
control de la inflación, inclusive llegando en el gobierno de Luis Echeverría a cerca del 40% por
lo que el aumento del empleo se vio empañado por el aumento de los precios. Una vez
disminuida la participación del Estado en la economía, para la década de los 80’s se revierten
las cosas, disminuir los indices de inflación sería la prioridad en detrimento de la oferta de
empleo, por lo que la población desempleada tuvo que recurrir a una estrategia que le
permitiera hacer frente a sus numerosas necesidades: el autoempleo.
Es cierto que se han generado brechas crecientes entre los empleos mejor remunerados y de
oportunidades por un lado, y, los individuos que han quedado atrapados en los bajos empleos,
desocupación y pobreza por el otro. Las escalas de remuneración son responsables de la
inmensa mayoría de las desigualdades de oportunidades y de ingresos. Las desigualdades se
reproducen a través de que un político gana diez veces más que un profesor, o que un director
general gana cincuenta veces más que un obrero, esto es un claro ejemplo de que en la
sociedad mexicana persiste la desigualdad a grandes niveles, por ello, también es tarea de la
política social ajustar esos desequilibrios y avanzar hacia una sociedad más justa, no se trata
de ofrecer empleos de baja calificación, con salarios apenas de subsistencia, que mantienen a
26
los individuos en situación de pobreza y no les dan ninguna oportunidad de movilidad laboral
ascendente, por lo contrario, la petición es un trabajo cuya recompensa por el esfuerzo
realizado sea justo.
La política laboral y salarial constituyen un conjunto de medidas, acciones e instrumentos
que realiza el Estado con el fin de proteger el empleo y el salario de los trabajadores. A través
de estas políticas se pueden resolver los problemas de la mano de obra del país y, por lo tanto,
impulsar el desarrollo socioeconómico.
Por otro lado, el volumen de incorporación de mano de obra al mercado laboral es cada vez
mayor e inclusive el crecimiento de la oferta de empleo es menor al crecimiento de la población
económicamente activa. Actualmente en los países más desarrollados y en los sectores
comerciales e industriales de las economías menos desarrolladas, la asignación del trabajo se
hace a través del mercado mismo, la interacción de la oferta y la demanda en el mercado de
trabajo determina, dentro de ciertos límites, el nivel de salarios y sus diferencias, el volumen de
empleo y el desempleo.
Es importante proteger al empleo, elaborar y concretar programas regionales de empleo, de
igual forma desarrollar programas emergentes de empleo en el medio rural y en zonas
deprimidas de áreas urbanas, establecer programas de empleo para pasantes, entre otras
líneas de acción.
La política de empleo desempeña, entre otras líneas de acción:
- Crear empleos en los distintos sectores de la economía.
- Controlar los salarios.
- Capacitar la mano de obra.
- Aplicar la legislación laboral.
Con respecto a la distribución del ingreso, es un requisito indispensable de justicia. La
sociedad mexicana ha vivido en las últimas décadas un deterioro en su capacidad de compra,
especialmente de las clases populares, al mismo tiempo que ha presenciado una distancia
cada vez mayor entre los ricos y pobres, por lo que la política social tiene mucho por hacer
para corregir estos desequilibrios que lastiman a buena parte de la población.
27
1.2.4 Vivienda
La vivienda es otro componente relevante de la política social, independientemente de un
derecho social, se trata del lugar privado de la persona. Es también un elemento generador del
desarrollo del grupo social en su relación con las actividades económicas, sociales, políticas y
culturales.
Otro indicador importante para explicar el proceso de desarrollo socioeconómico del país es
la vivienda, o mejor dicho la cantidad de viviendas existentes y las condiciones en las que se
encuentran.
La vivienda como satisfactor básico de necesidades humanas debe cumplir los siguientes
objetivos:
- Proteger a sus moradores de las condiciones climatológicas desfavorables.
- Otorgar condiciones adecuadas de higiene.
- Permitir privacidad a sus habitantes.
- Contar con servicios públicos como agua, electricidad y drenaje.
- Asegurar la estabilidad familiar.
Para cumplir estas funciones básicas, las viviendas deben est ar construida IS con materiales
duraderos y adecuados a las características climatológicas; contar con los servicios
mencionados y que todos los miembros cuenten con espacios adecuados y suficientes.
El rápido proceso de urbanización que el país ha experimentado sobre a toda a partir de la
segunda mitad del siglo XX, que junto con los cambios demográficos han provocado un
predominio actual de lo urbano sobre lo rural. Para 1960 el total de la población se constituía
de 35 millones de personas, de las cuales el 50.7% pertenecía al medio urbano y el restante
49.3% al rural; para 1980 el total de la población era de 67 millones, de los cuales el 66.3% ya
vivía en el medio urbano. (SEGOB,1998:10) Esto quiere decir que hubo una presión de la
población por el servicio de la vivienda en las ciudades y esto se explica, entre otras cosas, por
la migración del campo a la ciudad y la distribución del ingreso.
28
Por otra parte, es necesario que la política social tome en cuenta el hábitat natural y social
donde se realice la planeación de la construcción de hogares y llevar a cabo un
programa concreto para los habitantes de las colonias populares. Es necesario replantear los
sistemas de financiamiento para ampliar su cobertura social y establecer mecanismos
eficientes de acceso a la vivienda.
Otros ámbitos que comprende la política social son los servicios de: transporte, agua, luz,
condiciones sanitarias favorables, las cuales constituyen una serie de necesidades a ser
satisfechas por los planes, programas y acciones gubernamentales con el fin de llevarlos a la
mayoría de la población.
La recreación es otro ámbito relevante dentro de la política social, la apertura de espacios
culturales, deportivos, y de diversión son un requerimiento de la sociedad, utilizar
adecuadamente el tiempo libre en actividades provechosas enriquece a la persona. El ser
humano necesita, por salud física y mental, realizar actividades fuera de lo cotidiano, la
distracción en un lugar diferente al de su trabajo, el aula o el hogar que aunado al descanso
son condiciones de bienestar.
Los servicios de esparcimiento, son también llamados de diversión, incluye centros
recreativos, culturales y deportivos, así como: cine, teatro, centros nocturnos, discotecas,
balnearios, museos, palenques, bibliotecas, zoológicos, acuarios y jardines botánicos. Los
servicios de esparcimiento pueden ser prestados tanto por el sector público como por el
privado.
Los servicios de esparcimiento incluyen:
- Satisfacer las necesidades de esparcimiento de la población.
- Difundir las manifestaciones artísticas y socioculturales.
- Ofrecer espectáculos artísticos y deportivos, así como ferias, exposiciones y otras actividades
de esparcimiento.
- Difundir las obras estéticas: Pintura, escultura, música, danza, artesanía y arquitectura.
- Promover la visita a las zonas arqueológicas del pais.
29
- Ofrecer: Variedades en centros nocturnos, música y baile en discotecas, obras de teatro,
danza, conciertos, ballet, recitales, películas, espectáculos de luz y sonido, palenques y, en
general, espectáculos para que la gente se divierta y se cultive.
En resumen, la política social es una categoría social orientada al desarrollo. La categoría
social se refiere a los espacios colectivos en los que prevalecen intereses sociales que son
comunes para la sociedad. Todas las personas deben tener la oportunidad de acceder y gozar
los bienes y servicios públicos.
La política social implica la formación de múltiples espacios públicos en donde hay una
representación abierta del interés colectivo. Este tipo de representación es un “modelo de
articulación de intereses” que resulta de la posibilidad de que “un sólo ciudadano, un grupo o
una organización expresa el interés de todo el colectivo.
La política social en esencia son los servicios que ofrece el Estado a las comunidades y esta a
su vez contribuye al desarrollo socioeconómico de la nación. Por conducto de la política social
se pretende responder a las necesidades y demandas sociales, a través de más y mejor
educación, salud, empleo, vivienda, etcétera.
30
CAPíTULO 2
2.1 POLíTICA SOCIAL EN EL ESTADO BENEFACTOR (1940-1982)
El Estado ha sido considerado con frecuencia como el Único agente capaz de garantizar un
modo de desarrollo igualitario. E n tanto expresión de la voluntad general, está llamada a
proteger los intereses de la comunidad en su conjunto contra las lógicas disgregantes de los intereses particulares.
Las soluciones a problemas sociales, durante ésta época, se han encarado
predominantemente desde los instrumentos y los recursos disponibles en la esfera pública, sin
contemplar adecuadamente aquellos derivados de la participación y la movilización de recursos
por parte de la sociedad civil. Durante buena parte de la historia de México del siglo XX, el
Estado mexicano asumió la responsabilidad de ser rector de la vida económica y social de la
Nación. Producto de la coyuntura internacional, se subrayó la importancia del Estado como
protector de la sociedad. Alrededor de 1940 a 1982 la dotación de servicios públicos estuvieron
a cargo del Estado, las instituciones del mismo proporcionaron los bienes y servicios sociales
de manera directa, es decir, el gobierno se encargo de satisfacer las demandas básicas:
educación, salud, empleo, vivienda, etcétera.
Una vez establecidas las instituciones y procedimientos políticos sobre los que se cimentó la
estructura económica y política mexicana hasta principios de la década de los 80as. y
fuertemente influido por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, México inicia a
partir de la década de los 40as. una nueva etapa en su desarrollo económico y social, basado
en su modelo de sustitución de importaciones. Ante un mercado internacional propicio para la
exportación de materias primas y manufacturas se impulsa el proceso de industrialización, lo cual, permitiría un crecimiento económico sostenido hasta principios de los años 70as. por 10
que ésta etapa es considerada como la del “Milagro Mexicano”.
De la crisis del mercado mundial y de formas estatales, emerge el Estado social. Éste
constituye en el interior de los ámbitos nacionales el tejido social - institucional y consolida
espacios nacionales. El Estado social será testigo y participante activo de un renovado proceso
comercial y financiero.
31
En éste periodo tiene lugar, la decadencia y el fin del Estado liberal y el surgimiento del
Estado social (Keynesian0 - benefactor). Éste cobra forma al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, nacido en una epoca de fractura profunda de la economía internacional, esta forma
de Estado supone también un activo papel interventor del sector público en las economías
nacionales.
2.1 .I Ávila Camacho.
Manuel Ávila Camacho llega al poder en el año de 1940 bajo el clima de la Segunda Guerra
Mundial por Io que se dedicó desde el inicio de su mandato a crear las condiciones necesarias
para hacer de México un país potencialmente exportador de materias primas necesarias para
la guerra. Continuador del proyecto económico y social de su antecesor, Lázaro Cárdenas, se
fortaleció la premisa de que el Estado debería de ser el encargado de regular la vida social y
política del país así como el rector de la economía.
La década de los 40's. marca la entrada de México a la modernidad, a partir de entonces
mantendrá esta postura modernizadora en prácticamente todos los sectores de la acción
pública, pero principalmente en el ámbito económico con la puesta en marcha de la
industrialización. En este sentido, se crea la necesidad de establecer un promotor que
garantizara el desarrollo industrial, el Estado asumió dicha función. Incluso las organizaciones
empresariales proponían la intervención del Estado para planear, promover y dirigir el
desarrollo económico.
Ahora bien, una vez establecidas las condiciones para promover la industria se generó un
crecimiento económico, que llegó a ser hasta del 6.1 % anual.
El Estado se enfrentó también a la tarea de satisfacer las necesidades de una población que
debido a la actividad económica nacional se concentraba cada vez más en las ciudades
industriales y especialmente en la ciudad de México, por lo que el país fue adquiriendo una
nueva fisonomía urbana. Y ante el aumento de la población, el gobierno tuvo que extender con
mayor amplitud los servicios sociales específicamente en los lugares donde se concentraba la
población.
32
El 44.3% de los gastos totales del Estado fueron para el aparato administrativo, 39.2% para
el fomento de actividades económicas y sólo 16.5% fue para gastos sociales como educación,
salud y transporte público. Durante cuatro años, los gastos fueron superiores a los ingresos
(hubo déficit)
El mayor porcentaje del gasto público se canalizó al fomento de actividades económicas que
alcanzaron el 51.9% del total, con lo cual se elevó de manera considerable respecto al sexenio
anterior; disminuyen los gastos administrativos, que sólo absorben 34.8% y 13.3% del total,
respectivamente. E s decir, el Estado gasta menos en cuestiones sociales.
Durante éste sexenio la concepción oficial con respecto a la política de salud, fue
diferenciadora y los servicios se ofrecen prioritariamente, a los grupos sociales directamente
vinculados al proceso industrial.
Es a partir de 1940 cuando el Estado se interesa por proporcionar servicios de salud a la
población mexicana en forma institucional y ya no a manera de “obras de beneficencia” como
sé venia haciendo en el pasado. De lo más destacado resalta que el 2 de junio de 1941 se crea
la Comisión Técnica del Seguro Social, integrado por delegados de la Secretaria del Trabajo.
El 10 de diciembre de 1942 se aprueba la Ley del Seguro Social y se pone en obra el primer
Plan de Construcción de Hospitales y para ese año se crea el Instituto Nacional del Seguro
Social. En 1945 nace la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Se funda el Hospital Infantil de
México y se crea el Instituto Nacional de Cardiología.
En cuanto a la tasa de mortalidad por cada mil nacidos ha descendido a 23.4 en 1940.
Siendo las principales causas de muerte en 1940 las siguientes: el 43% de defunciones se
debió a enfermedades infecciosas y parasitarias, el 20% de las defunciones tienen como causa
enfermedades del aparato respiratorio. La esperanza de vida pasó a 41.4 años en 1940.
En lo educativo, se estableció la responsabilidad moral y social del magisterio y se prohibió la
propaganda política en la enseñanza. Sin reformar el artículo tercero, se promulgó la Ley
Orgánica de la Educación Pública donde se señalaba que la educación impartida por el Estado
seguiría siendo socialista y se orientaba a consolidar la identidad nacional “Excluyendo toda
influencia sectorial, política y social contraria o externa al país”. Para 1945 se reformó el
33
artículo tercero constitucional que sustituía el carácter socialista de la educación por el de
nacional y democrática, "La educación ya no sería socialista sino "avanzada y nacionalista"
Asimismo se creó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de
Escuelas; el 15 de mayo de 1943 se crea el Colegio de México, se impulsó al IPN y a la
UNAM con más recursos, ampliando su infraestructura material y humana, se funda el Instituto
de Capacitación Para Maestros en Servicio con el propósito de mejorar la calidad de la
enseñanza, también se establecieron centros de cultura superior, como el Colegio Nacional, el
Seminario de Cultura Mexicana y la Comisión de Investigación Científica. Se creó el Instituto
de Capacitación para maestros en servicios. Se emprendió la Campaña Contra el
Analfabetismo. Hubo un interés oficial en abatir el analfabetismo e incrementar la matrícula
escolar especialmente en la primaria.
En 1940, asistían a la escuela primaria cerca de dos millones de niños que representaban el
44% de la población de 6 a 14 años.(Méndez,1998:64) En 1940 el grado de escolaridad
promedio fue equivalente al 1.5 grado de primaria con 9.5 millones de analfabetos, esta
situación no favorecía los nuevos propósitos desarrollistas, para ese entonces surge la escuela
"Unidad Nacional" la cual, se proponía como principios la liquidación del analfabetismo, la
preparación del recurso humano y la elevación de la cultura en los campos de la ciencia y las
artes.
Para el año de 1940, el presupuesto fue de. 75,308 representando el 14.4 del presupuesto
total, con un 0.9% del gasto educativo en el PIB.
En el terreno de empleo, Ávila Camacho, firma un acuerdo con el gobierno estadounidense
para la contratación de trabajadores mexicanos; modifica el artículo 123 constitucional para
fijar el salario mínimo por regiones e impulsa la formación de cooperativas.
1 .I .2 Alemán Valdés
Miguel Alemán inicia su administración en el año 1946, bajo una relativa paz social,
estabilidad política y un proyecto puesto en práctica para impulsar el crecimiento económico, el
cual fue de 5.7% anual.
34
Ante estas circunstancias el gobierno se dedicó, entre otras cosas, a ampliar la base
demográfica, como premisa fundamental para lograr el desarrollo socioeconómico nacional.
Para 1950, la población total era de 25,791,017 nacimientos con un crecimiento natural de 756,
517. El modelo de desarrollo puesto en marcha por su antecesor favorecía, sin duda, el
crecimiento urbano por lo que en este periodo se manifestó una migración interna significativa
hacia las ciudades.
Durante este gobierno la mitad del gasto público se invirtió en infraestructura de transporte y
carreteras y una cuarta parte en petróleo, electricidad y creación de empresas; esto conllevó a
la reducción proporcional en el gasto dedicado a la educación, salud y servicios urbanos,
aspectos que fueron propuestos en aras de la entrada a la modernidad. A lo largo del sexenio
se había venido incrementando el gasto público, con excepción del año 1950 en que
aumentaron las reservas, destinándose principalmente al crecimiento de la economía y al pago
de la deuda pública, en cambio, se produjo una disminución del gasto público orientado a las
obras de bienestar social, de manera que el gasto social llegó a representar el menor
porcentaje, 2.5 % del presupuesto. (Delgado,l996:226)
En educación, para 1950, el número total de escuelas era de 25,413 de las cuales, 93.7%
eran primarias; el total de alumnos inscritos en ese año fue de 3 219 308, los maestros que
atendían todo el sistema educativo en el mismo año eran 90 896, de los cuales 73.2%
laboraban en primarias. Para el año de 1950 el presupuesto fue de 31 3 994, con un porcentaje
del presupuesto total de 16.9%.
Con Miguel Alemán, la educación se convierte en un instrumento para preparar individuos
adaptados a una economia industrial, se habla entonces, insistentemente de la necesidad de la
"planeación educacional" y como lo señala Jorge Padua, "Surge el economicismo en la
educación en la medida en que los énfasis se desplazan ahora de lo cívico a lo económico".
Durante la administración alemanista aumentaron la construcción de escuelas, dispensarios
médicos y se construyó Ciudad Universitaria.
En materia de empleo, aumentó el índice de personas económicamente activas debido en
buena parte al impulso de la industria nacional y a las circunstancias internacionales, sobre
este último, por ejemplo, tenemos que a mediados de 1947 el gobierno estadounidense solicitó
35
al de México 10 mil trabajadores, la guerra de Corea provocó una demanda considerable de
braceros agrícolas con garantías de empleo. (Delgado,1996:219)
La Secretaría del Trabajo atiende la revisión de los contratos colectivos de trabajo e
interviene en varios conflictos obrero-patronales; la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
atiende también una gran cantidad de asuntos obrero-patronales; se incrementan los salarios
nominales de los trabajadores.
En vivienda, Para 1950 el total de vivie-ndas fue de 5 259 208 con un total de ocupantes de
25 791 017 , con un promedio de 4.9 habitantes por vivienda.
1 .1 .3 Ruiz Cortines.
Adolfo Ruiz asume la responsabilidad de conducir al Estado mexicano en el año de 1952
bajo la situación de crisis económica debido a la disminución de la demanda de bienes y
servicios por parte de los Estados Unidos, en otras palabras, una reducción significativa en la
cantidad de exportaciones, desequilibrando muy seriamente las finanzas, de hecho la
economía en su conjunto había perdido dinamismo y presentó una contracción significativa
para 1953 cuya tasa de crecimiento fue igual a cero, teniendo como consecuencia que el
presupuesto de ese año se apegara a un rígido equilibrio, por lo que gran cantidad de obras
públicas planeadas durante el sexenio fueron suspendidas y las partidas presupuéstales de
varias secretarías de Estado se redujeron considerablemente.
La imagen de austeridad gubernamental, naturalmente tuvo consecuencias en la política
social disminuyendo la cantidad de servicios sociales, inclusive en las principales ciudades la
población también sufrió los efectos de la contracción económica. Por su parte, el sector
privado presionó al gobierno para reorientar el gasto público a su favor ya que la disminución
del mismo no garantizaba suficientemente a los empresarios la oportunidad de crecer en sus
negocios, de hecho la racionalización del gasto se procuró con el objeto de controlar la
inflación. La austeridad ruizcortinista se manifestó de manera más significativa en la decisión
de reducir el gasto público de modo que se ajustara a los ingresos corrientes, con el fin de
permitir el saneamiento de las finanzas públicas.
36
Para 1954 la austeridad en el gasto público dejó de ser tan marcada, la economía
presentaba signos de recuperación, el Estado invertía en obras de infraestructura y en
servicios sociales motivando a la inversión extranjera. Aumenta hasta 52.7 el porcentaje del
gasto público destinado al fomento de actividades económicas, disminuyen los gastos
administrativos a sólo 32.9% y aumentan ligeramente los gastos de promoción social a 14.4%
y en el intermedio del sexenio, se sigue fomentando el crecimiento económico a través del
gasto público y se procura que las finanzas públicas sean manejadas en forma equilibrada.
El fomento a la industria acaparó la atención de Ruiz Cortines, como había sucedido en
administraciones pasadas, promoviendo el crecimiento del gasto público destinado al sector
paraestatal en 20.2% del presupuesto en 1954. (Delgado,l996:245) La inversión pública se
orienta, principalmente, a los sectores: industrial, comercio y transporte. De 1956 a 1958 el
panorama fue mejor, la necesitada inversión extranjera creció de manera desorbitada, se
expresó entonces una política con estabilidad económica, de hecho el crecimiento económico
llegó a 6.3% anual.
En materia de alfabetización, a lo largo del periodo 1940-1965 se suceden varias campañas
nacionales encaminadas a este fin. En 1940 se inició la Campaña Nacional Contra el
Analfabetismo y para 1958 el Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento de la
Enseñanza Primaria, mejor conocido como: El Plan de Once Años cuyo objetivo fue ofrecer a
todos los niños mexicanos una educación primaria gratuita y obligatoria. La educación jugó un
papel muy importante, en tanto transmisora de un modelo de vida a seguir, Io que se buscaba
era transformar a México en un país moderno e industrializado.
Con respecto al empleo, las principales acciones en política laboral y salarial fueron: apertura
de nuevas fuentes de trabajo por parte del gobierno, aunque no se resuelve el problema del
desempleo, agravado por la presión demográfica; los contratos colectivos de trabajo se revisan
cada dos años y se eleva la participación de los salarios en el ingreso nacional de 26% en
1952 a 33% en 1957. Después de 1954 hubo un incremento, no obstante, el salario real de las
clases trabajadoras decreció constantemente la retención del salario y su incremento no
corresponde a la inflación.
37
En Io referente a vivienda, en 1954 se creó el Fondo Nacional de las Habitaciones Populares.
(FONHAPO) y el instituto Nacional de Vivienda, se construyeron cerca de 12000
departamentos en el conjunto multifamiliar urbano Nonalco- Tlatelolco, D.F.
En salud, destaca la construcción del Centro Médico y del Hospital la Raza
I .I .4 López Mateos
Para 1958, López Mateos recibe la administración del país, buscando continuar con la
política económica de su antecesor y favorecido por la coyuntura internacional - Guerra Fría y
Revolución Cubana - se presenta un crecimiento de la economía de 6.7% anual.
En éste periodo se incrementa considerablemente el gasto social en materia de educación,
salud, empleo y vivienda.
En materia de política social es importante considerar que el Departamento de los Estados
Unidos creó Alianza Para el Progreso, institucionalizada en la llamada Carta de Punta del Este,
en 1961 y diseñada para contener los movimientos revolucionarios del continente y la
influencia de la Revolución Cubana. Dicho propósito consistió en que los estados del
continente aumentaron considerablemente sus gastos sociales en materia de salud, educación,
empleo y vivienda. Gastos sufragados en gran parte, por préstamos provenientes del Fondo
del Progreso Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Para 1962, México recibiría más
de cien millones de dólares para invertir en servicios sociales básicos. (Pérez,1986:95) El
gasto social estuvo encaminado a atender las demandas de la industria, sobre todo de
aquellas ramas donde la innovación de los procesos productivos requerían de una fuerza de
trabajo capacitada.
La política interamericana de Alianza para el Progreso, sustentada por el Presidente
Kennedy de Estados Unidos trató de rehabilitar a los países subdesarrollados de América
Latina, cada país se comprometió a elaborar programas, a fin de promover el desarrollo de sus
recursos agrícolas, extensión de sistemas educativos, plena ocupación de la fuerza de trabajo,
saneamiento y salubridad, mejoramiento de la habitación. El supuesto objetivo de la Alianza
38
para el Progreso era alcanzar el pleno desarrollo económico de la región latinoamericana en un
plazo de diez años.
Referente al empleo, la población económicamente activa total durante este periodo fue de
11,253.3, en el agropecuario 6 084.1 representando un 54.1%, en el industrial 2 141.4, con una
participación de 19.0% y de servicios 3 027.8 representando un 26.9%. La participación de la
PEA en la población total fue de 32.22%.
El aumento salarial promedio anual fue de 12'30, en tanto que el incremento de precios fue de
sólo 2.5% los contratos colectivos se revisan bianualmente. Se empieza a hacer efectivo el
reparto de utilidades, Los salarios estaban relacionados con la necesidad de ampliar el
mercado, es decir, las masas fueron tomadas en cuenta, sólo y en la medida en que eran
potenciales consumidores de lo que en el país se estaba produciendo.
En el área de la salud, desde 1961 se separaron las funciones de las instituciones del
sector salud; La Secretaría de Salubridad y Asistencia se encargó de las tareas sanitarias,
asistenciales y preventivas; el IMSS, se dedicaría desde entonces a la prestación de servicios
médicos y hospitalarios a trabajadores de la industria particular, y el ISSSTE que fue creado el
año de 1959, se centraría a atender a la burocracia además de cubrir un amplio espectro de
prestaciones relacionadas con la salud, el salario y la vivienda. Asimismo destaca la creación
del Centro Médico Nacional. Detrás de la división de funciones, evidentemente se trataba de
establecer la especialización aplicada a mantener y reproducir la fuerza de trabajo industrial.
En esta época también se funda el Instituto Nacional de Protección de la Infancia. Se
construyen numerosos hospitales y centros de salud.
A lo largo del periodo 1965-1982, los avances an materia educativa fueron notables,
destacando los esfuerzos por abatir el analfabetismo, la expansión de los servicios educativos
y la publicación y distribución de libros de texto gratuitos a través de la Comisión Nacional de
Libros de Textos Gratuitos.
Se expande de manera considerable la educación primaria. Contra la ignorancia como
obstáculo del desarrollo se especificó que la meta nacional era proporcionar en el sistema
educativo la capacitación técnica, beneficios, explotación productiva de los recursos y
satisfacer requerimientos de la industrialización. En ésta administración se canalizó fuertes
39
subsidios a las universidades de las provincias y el más grande apoyo a la Universidad
Nacional y al Politécnico Nacional. Para el año de 1960, el presupuesto destinado a educación
representó un total de 24.4%, del gasto público en el PI6 1.2
También es importante señalar en este periodo la construcción de numerosas obras de
infraestructura como puentes, carreteras, presas para atender a la población con agua potable,
luz eléctrica; también aumentó la construcción de centros asistenciales, hospitales, clínicas,
laboratorios, viviendas populares, escuelas rurales y urbanas. Inició sus operaciones la
Secretaría de Obras Públicas.
Para el año de 1960, las viviendas totales fueron de 6 409 096, con un total de ocupantes de
34 923 129, que representa un promedio de 5.4 habitantes por vivienda.
Se creó el Programa Financiero de Vivienda (PFV) En 1963, el banco de México crea dos
fideicomisos para atender la vivienda: el Fondo de Operación y Descuento Bancario a la
Vivienda (FOVI) y el Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda. (FOGA). Se
continúa con la construcción de varias unidades habitacionales, principalmente en Tlatelolco,
D.F. Por otro lado, se amplían los servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad y
urbanización en diversas partes del país.
Con relación al gasto, disminuye los de fomento económico, los cuales sólo representan
39.0% del total, al mismo tiempo que incrementa los gastos sociales a 19.2% y los
administrativos a 41.8%. El gasto público fue ampliado en 1960 en un 27% respecto al año
anterior, y esta política del gasto público favorece las inversiones e infraestructura.
Indudablemente por lo expuesto durante este gobierno hubo las condiciones económicas
suficientes para aplicar la política social, una política que sería continuada en el siguiente
sexenio.
1 .I .5 Díaz Ordaz
El presidente Díaz Ordaz retomó con mayor firmeza la po!ítica económica a partir de 1964,
logrando un crecimiento de la economía de un 6.8% anual. Presentó en una forma más
esquemática e integrada su proyecto de lineamientos para el desarrollo económico y social
(1 966-1 970); el cual consistía en:
40
Mejorar la educación, la vivienda, las condiciones sanitarias y asistenciales, la seguridad y, en
general, el bienestar social. Se intentó alcanzar un crecimiento económico de por lo menos 6%
en promedio anual, crecimiento basado en la industria con estabilidad de precios.
Se vuelve a elevar en forma considerable el gasto en fomento económico hasta alcanzar un
54.9% respecto del total. Asimismo eleva sustancialmente los gastos sociales hasta 31.8% y
disminuyen los gastos administrativos a sólo 13.3% Esta política del gasto permitió mejorar
las finanzas públicas y coadyuvar a la estabilidad económica y financiera del país. Vale la pena
destacar que la inversión pública, considerada en su conjunto en los gobiernos de López
Mateos y Díaz Ordaz, fue superior al 40% de la inversión total, (Pérez,l986:126) los sectores
más favorecidos fueron, entre 1958 y 1970, los destinados a la producción y a la capacitación
de la fuerza de trabajo. El gobierno utilizó los fondos públicos en favor, prioritariamente, del
área industrial, las enormes inversiones y gasto público respondían a los intereses privados,
porque éste gasto se transformó en demanda, producción y empleo, además de ventajas en el
desarrollo de la industria privada.
En educación, para el año de 1970, había 53,089 escuelas, con 316,734 maestros
atendiendo a 11,235,688 alumnos. Para el año de 1970, el presupuesto fue de 7 817 129, con
un porcentaje del gasto educativo en el PI6 de 1.7
En cuanto al terreno de salud, se crea un sistema de hospitales psiquiátricos. Se crea el
Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez. También se reflejó de manera directa una
disminución de la mortalidad de la población mexicana entre 1940 y 1970 ya que pasó de 22.5
defunciones por cada mil a 9.7, esto debido a las campañas masivas de vacunación y el
combate a las causas de muerte de tipo infeccioso. Para 1965 las inversiones en salud, se
habían duplicado con respecto a 1958.
En materia de vivienda, uno de los indicadores más claros con respecto a la condición de
salud de una familia o comunidad, en 1970 el sector rural se encontraba en clara desventaja
con respecto al urbano, por ejemplo, la evolución del número de viviendas rurales del pais
había sido mucho menor; y para ese mismo año, sólo el 14% de los habitantes del medio rural
contaba con servicios de drenaje y únicamente el 28% disponía de servicios de energía
41
eléctrica. (Velázquez, 1992:116) Para el año de 1970, había un total de viviendas de 8 286
369, con un total de ocupantes de 48 225 238, representando 5.8 habitantes por vivienda.
” Se estima que en 1970 las deficiencias habitacionales asociadas a las condiciones
materiales de las viviendas hacían necesario que 1.6 millones de viviendas (19.4%) se
rehabilitarán totalmente , 4.8 millones (57.4%) precisaban algunas reparaciones y debían
rehabilitarse en parte, y dos millones (23.5%) no sufrían deterioro alguno ... si además de la
insatisfacción de las necesidades mínimas de vivienda causada por el hacinamiento y deterioro
de sus condiciones físicas, se considera la originada por la falta total o parcial de los servicios
básicos de agua, drenaje y electricidad, se concluye que de los 4.8 millones de viviendas
existentes en 1970, únicamente (7.5%) cumplían con las normas mínimas recomendadas,
(9.6%) se mantenían en niveles “tolerables” y el 82.9% representaban alguna o varias
deficiencias. (INEGI:123)
Con respecto al empleo y al ingreso tenemos que , el salario mínimo, en general, era de
17.78 pesos diarios, este se elevó a 27.93 en 1970, es decir, tuvo un incremento promedio
anual cercano a 10% en tanto que el índice de precios no creció arriba de 3%; la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos se encarga de fijar los salarios mínimos, que tienen una vigencia
de 2 años. Funciona la Procuraduria Federal de Defensa del Trabajo; el número de
trabajadores sindicalizados aumenta notablemente.
En 1970, 48.6% de la fuerza de trabajo del pais estaba desocupada o subocupada; en
números absolutos, representaba 6.3 millones de personas.(Méndez,l998:276) La
participación femenina en la composición de la población económicamente activa en 1970
representaba 20.6% de la PEA total.
Durante su gobierno se presentó la mayor cantidad de gasto social en la historia de México
Con excepción de López Mateos, antes de 1970 Díaz Ordaz tuvo el más alto nivel de gastos
sociales de cualquier presidente de México. Por ello la década de los sesenta es conocida
como “década mundial del desarrollo”.
42
1 .I .6 Echeverría Álvarez
Luis Echeverría llegó al poder en 1970 y planteó la necesidad de exportar más, reivindicar
una intervención más dinámica del Estado en la conducción de la economía, se pronunció por
una mejor distribución del ingreso, por modernizar la planta industrial y por incrementar la
productividad. La tasa promedio anual de crecimiento de la economía fue de 6% que resulta
inferior a la tasa de crecimiento obtenida durante el llamado ”desarrollo estabilizador”.
En cuanto al crecimiento del sector público estatal y paraestatal del gobierno federal, fue tan
grande que para la década de los años setenta, se tuvieron que institucionalizar programas de
reforma administrativa, que tendían a impulsar importantes procesos de planificación y
programación presupuestal, así como de la integración de planes y programas nacionales de
desarrollo urbano-industrial, de educación, de salud, etcétera.
Con respecto a la educación, se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), con la finalidad de organizar la investigación científica y tecnológica que se hace
en el pais, y desarrollar la infraestructura necesaria para las investigaciones. Surge la UAM así
como el Colegio de Bachilleres y el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM.
Para 1970 la escolaridad promedio del mexicano adulto se acercaba al tercer grado de
primaria por lo que el gobierno tenía una tarea importante que realizar, por ello, en la década
de los 70’s. se llevo a cabo una ampliación del Sistema Nacional de Educación Técnica, se
incrementó la matrícula de las mujeres en el sistema educativo nacional, se trataba de
extender con mayor amplitud la educación a la población. No obstante, los contenidos
educativos dirigidos a los habitantes del campo no les servían para mejorar sus condiciones de
vida y, en este sentido, la función educativa perdía relación con su contexto.
En materia de salud, para 1974 se emitió el Plan Nacional de Salud, en el cual se plasmó la
política oficial correspondiente, y se determinaron las acciones a instrumentarse durante los periodos 1974-1976 y 1977-1983 sus propuestas consistían en:
- Establecimiento de una red de hospitales.
- Llevar atención sanitaria a las zonas rurales por medio de pequeños centros de salud.
- Mayor distribución del personal médico y paramédico en regiones marginadas.
43
- Establecimiento de un programa de nutrición.
Estas medidas resultaban en el contexto de salud, perfectamente lógicas y urgentes. Para
1976 las condiciones de salud de amplios grupos de la población, específicamente de las
áreas rurales continúan muy por debajo de lo mínimo aceptable debido a la falta de acciones
integrales, de recursos materiales y de una coordinación interinstitucional efectiva. Las
condiciones de salud en el campo no fueron mejoradas, y si en muchos casos se vieron
agudizadas, mientras que en las zonas urbanas, los avances en la materia eran más
significativos.
En materia de vivienda resalta la creación del INFONAVIT y el fondo para la vivienda para los
trabajadores del Estado (FOVISSSTE), y el Fondo de Vivienda para los Militares (FOVIMI). En
,1971 se fundó el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda
Popular (INDECO).
Referente al empleo, la población económicamente activa total fue de 12 955.1, el sector
agropecuario agrupó a 5 103.5, representando un 39.4%, el industrial reunió a
2 973.5 con un 22.9%, y los servicios 4, 878.1, representando un 37.7%. La Participación de
la PEA en la población total fue de 26.86%.
Las principales características de la política laboral y salarial de Echeverría fueron:
- Se reforma la legislación laboral para que los salarios mínimos se fijen cada año.
- Se tipifica como delito federal el incumplimiento del pago de salarios mínimos.
- Se crea el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario Mínimo.
- Se crea el Fondo Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores, con el
objeto de que éstos tengan acceso a los bienes de consumo duradero.
- Se crean otros organismos para apoyar a los trabajadores como el Consejo Nacional para
Promover la Cultura y la Recreación de los Trabajadores.
- Se fija en 8% el reparto de utilidades.
- El artículo 123 constitucional señala que el salario mínimo debe ser remunerado, suficiente y
justo.
44
- Los salarios mínimos generales se elevaron de 27.93 pesos diarios en 1970 a 82.74 para
1976, dándose varios incrementos saláriales de emergencia, pero como el índice inflacionario
fue superior al incremento salarial, hubo pérdida de poder adquisitivo del salario.
- Se reconoce el problema de la desocupación que afecta al 8% de la PEA y subocupación a
25% de la misma, problemas que no se resuelven en el sexenio.
El ritmo de creación de empleo urbano durante los años setenta es mucho menor que el
observado durante los años 40 y 50, (Velázquez,1992:132) dando pie a la proliferación de
actividades informales y vendedores ambulantes. No obstante, aumentaron los empleados de
comercio, de la banca, seguros, profesionistas y técnicos libres, medios de comunicación y
empleados de gobierno. Con respecto al ingreso, el 50% de las familias con más bajo ingreso
recibía el 15% del ingreso percápita, mientras que en el otro extremo el 20% de las familias
con más altos ingresos recibía el 64% y el 10% de las familias más ricas recibían el 51%, a
demás que el ingreso se repartía de manera más equitativa en los centros urbanos que en los
rurales. (Delgado,l996:289)
En cuanto al gasto, aumenta aún más los de fomento económico hasta 61.6% respecto al
total, y aunque disminuye el gasto social, éste continúa siendo relativamente alto, ya que
representa el 29.3%. Asimismo es el sexenio en que más disminuye el gasto administrativo,
que se sitúa en sólo 9.1% respecto del total. En general, el gasto público del sexenio fue de
superávit, ya que sólo en dos años hubo déficit.
El gasto público fue excedente y contribuyó a que en 1976 se presentara una fuerte
devaluación del peso. El endeudamiento nacional pasa de 6 mmdd que se tenían contraídos al
terminar el mandato de Díaz Ordaz a 19 mmdd cuando Echeverría deja la presidencia.
(Pérez, 1986: 193)
Se autoriza durante el sexenio un aumento de 13 338.2 millones de dólares en la deuda
externa del sector público. Se busca negociar la deuda externa del sector público a plazos más
largos y principalmente con instituciones públicas extranjeras no con bancos privados. Por las
necesidades de financiamiento a las actividades públicas, se incrementa el ritmo de
endeudamiento público.
45
.
Debido a los problemas económicos y de endeudamiento del país, se firma en 1976 el primer
convenio con el Fondo Monetario Internacional. A partir de entonces se inaugura una fase de
crisis de la deuda, con la que México se adelantó a otros países del continente y del mundo, en
lo que habría de ser un largo periodo de ajuste y estabilización económica. (Vargas,l999:84)
La inflación también aumentó de 12.1 o/o en 1973 a 39.6% en 1976. Los últimos meses del
mandato de Echeverría fueron críticos: inflación, deuda, devaluación y deslegitimación. Se
padeció graves problemas sociales e incluso creando otros. El resultado general del sexenio
fue una aguda crisis económica y social.
1 .I .7 López Portillo
En 1976 López Portillo recibió al país en un ambiente económico deplorable, por lo que la
aplicación de la política social fue opacada en un principio debido al poco margen de recursos
con que contaba el gobierno, recuperándose a la mitad y cayendo estrepitosamente en 1981.
Durante este periodo disminuye sustancialmente el gasto de fomento económico, aunque
éste continúa siendo importante, ya que representa el 40.5% respecto del total. Aumenta en
forma importante el gasto en cuestiones sociales, que llega a ser un 32.2 '/O del total.
En cuanto a la participación del Estado, no se trató, en sentido estricto, de eliminar la rectoría
económica del Estado, ésta siguió existiendo, sólo que fue indispensable un conjunto de
ajustes para que la rectoría del Estado se aplicara a una economía abierta y no a una
economía cerrada.
Es importante considerar que para esta época ya había un marcado predominio de lo urbano
sobre Io rural. Las estadísticas señalan que en 1940 había 19.6 millones habitantes en el país,
de los cuales el 35.1 % vivía en medio urbano, para 1960 el total de la población fue de 35
millones, perteneciendo el 50.7% al espacio urbano y para 1980 el total de la población llegaba
a 67 millones, estableciéndose el 66.3% en el ámbito urbano, por Io que representó presiones
demográficas sobre los servicios.
46
En educación, entre los logros más sobresalientes, fue el que el sistema educativo público
estuvo en posibilidad de ofrecer educación primaria a los niños del país en edad escolar, en
1980, había 14 666 257 alumnos inscritos en éste nivel, cumpliéndose setenta años después
de iniciado el conflicto revolucionario mexicano, uno de los postulados más significativos. Los
esfuerzos educativos fueron buenos, pero a pesar de su importancia las desigualdades entre
grupos sociales del sector rural y el urbano persistieron.
En 1981 el INEA instrumentó acciones encaminadas a erradicar el analfabetismo y a elevar
la condición educativa de los adultos. Aumentó la educación técnica, hubo la necesidad de
aumentar significativamente la matrícula en la enseñanza media terminal. Entre 1976 y 1982
se duplicó el número de alumnos de escuelas técnicas medias.
En éste sexenio se realiza un gasto de 121 652 millones de pesos en educación que
representa más de 0.5% del PI5, pero menos de 1% de ese total, 12 215 millones de pesos se
asignaron al CONACYT y representaron 10.04% de dicho total. El número de becas otorgadas
por el CONACYT durante el sexenio asciende a 10 000.
En el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, se establece que el objetivo general de la política
de ciencia y tecnología es lograr la autodeterminación científica y tecnológica. Los lineamientos
de ésta política son:
- Fortalecer la investigación básica.
- Orientar la investigación aplicada hacia la solución de problemas alimentarios.
- Propiciar la formación y capacitación de recursos humanos, especialmente en ingeniería,
física, química, biología y matemáticas.
- Fortalecer la política en materia de transferencia de tecnología, y promover la difusión masiva
de información científica y tecnológica accesible al público en general.
Para el año de 1980, había 101 035 escuelas, con un total de alumnos de 20 975 262, para
ser atendidos por 723 793 maestros. Para el año de 1980, el presupuesto en educación fue
de 125 354 205, representando un porcentaje del gasto educativo en el PIB de 2.9 O/O.
47
Referente a la salud, en 1960 la esperanza de vida de los varones era de 36.8 y para las
mujeres de 38.2. Para 1980 la esperanza de vida para los varones y las mujeres asciende a
62,3 y 66.1 respectivamente. (SEGOB,1988:22) La Tasa de mortalidad por cada mil nacidos
disminuyó a 8.5 en 1978 por lo que se refleja un avance significativo en este ámbito. Ahora
bien, desde el punto de'vista de la seguridad social, se produce el fenómeno del aumento de
los beneficiarios del sistema, quienes, además, permanecen más tiempo dentro del mismo.
Se crea el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Mexicano
de Atención a la Niñez se convierte en DIF. Se instala la Cartilla Nacional de Vacunación y se
pone en operación el Programa Nacional de Planificación Familiar. Se crean el Instituto
Mexicano de Psiquiatría y el Instituto Nacional de la Senectud.
El tema de la vejez, encarado como una problemática social, es un fenómeno que se
produce en este siglo y la comprensión del mismo, involucra la protección y prestación de
servicios de apoyo. Aquellos ancianos con disminución de sus capacidades psicofisicas que
llegan a grados de dependencia, a un punto tal que requieren ayuda especial, por lo que la
política social considera al ofrecer prestaciones específicas como la de percibir un ingreso, ya
sea por jubilación, por pensión, por viudez o por pensión a la vejez.
Por otro lado, la población inscrita como derechohabiente de la seguridad social, tuvo un
crecimiento importante, vista históricamente pasó de 8.6 millones en 1965 a 30.3 durante 1981
lo que significa un aumento sustancial de los servicios de salud, específicamente en lo que
toca a la capacidad de cobertura de los servicios médicos.
Con respecto al empleo, la PEA se concentraba en cinco entidades federativas: Distrito
Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Veracruz.
La PEA total fue de 22,066.1, el agropecuario reunió a 5 700.0 que representa un 25.8% del
total, el industrial 4 464.4 con un 20.2%, el de servicios 11 901.7 con una aportación del
54.0%. La participación de la PEA en la población total fue de 33%.
Por otro lado, se elaboró el Plan Nacional de Empleo, cuyo objetivo central era crear 750 mil
empleos anualmente, de hecho la política económica del Estado de bienestar estuvo definida
48
dentro de los límites de una concepción keynesiana, es decir, la tarea fundamental consistió en
la creación de empleo ya que a mayor empleo, mayor demanda de productos y, por
consiguiente, mayor desarrollo económico y social.
La expansión del empleo fue una proclama que desbordaba, el ámbito de lo económico, fue
la estrategia para lograr lo que el régimen llamó “Justicia social”. En su primer discurso López
Portillo afirmó que la sociedad no cumpliría su propósito si no se organizaba para dar empleo a
todas las capacidades y, a la vez, capacitar todas las posibilidades para su empleo. Los
resultados fueron aceptables y en cuatro años se crearon 4 millones 250 mil empleos a lo
largo del sexenio y la consiguiente reducción del índice de desempleo abierto de 8.1 a 4.5%
estos datos implicaban necesariamente la expansión de la industria y el aumento de la
inversión pública.
Si bien es cierto, la oferta de empleo aumentó, lo hizo a costa de establecer topes saláriales.
El salario mínimo promedio pasó de 82.74 pesos diarios en 1976 a 318.28 para 1982, con un
incremento promedio anual de 20.5% inferior al aumento de precios, por lo que la pérdida del
poder adquisitivo de dicho salario durante el sexenio fue de aproximadamente de 35%. Se
reconoce una desocupación abierta de 8% y una subocupación de 50% de la fuerza de trabajo.
Desde el año de 1976 se planteó la disyuntiva de apoyar el aumento en los salarios reales, o
bien de elevar el nivel de empleo.
Tocante a la vivienda, para el año de 1980, el total de viviendas fue de 12 074 609, con un
total de ocupantes de 66 365 920, indicando un promedio de 5.5 habitantes por vivienda. En
1977, se crea la Comisión de Desarrollo Urbano del Departamento del Distrito Federal.
(CODEUR)
Por otra parte, durante buena parte de esta administración la economía vivió tiempos de
bonanza a tal grado que en 1977 el aumento del PI6 fue de 3.3% y para 1981 llegaba hasta el
8.l%, el crecimiento de la economía en su conjunto fue de 6% anual. México era calificado
como cuarto productor mundial de petróleo y cuarto país con mayor crecimiento del mundo,
entre 1977 y 1981. Las estadísticas reflejaron condiciones apropiadas para ejecutar la política
social, pero en junio de 1981 marcó el inicio de la peor crisis que haya vivido el México
moderno. El descenso del precio del petróleo redujo drásticamente los ingresos de México por
49
concepto de exportaciones, mientras en 1977, las exportaciones petroleras representaban el
27% de las exportaciones totales del país, en 1981 llegaron al 61% (Pérez,1986:223) por lo
que una crisis del petróleo impactaria de manera negativa al gasto público y así sucedió, se
recortó de manera cuantiosa el gasto y se planteó todo un programa de austeridad que duraría
por mucho tiempo.
Con respecto a la deuda, es importante mencionar que no todos los países del mundo con
desarrollo entraron a la vorágine de endeudamiento con la misma intensidad. Por ejemplo,
entre 1973 y 1982, el saldo de la deuda pública externa creció 1.8 y 2.6 veces en Chile y
Colombia, respectivamente, mientras que en Brasil fue de 6.5 veces mientras que en México
fue de 9.2 veces. Como muestran éstas cifras los montos de endeudamiento fueron muy
heterogéneos entre países de la misma región. La obtención de nuevos créditos para servir la
deuda, anteriormente contraída, creció, elevándose considerablemente en el lapso de 1973 a
1982, por Io que a México se refiere.
López Portillo dejó al país sumido en una crisis económica aún mayor, dificultando la
aplicación de la política social, tan sólo el endeudamiento externo pasó a más de 100 mmdd se
presentó una fuerte devaiuación del peso en donde la paridad de tipo de cambio llegó a 47.25,
ante dicha situación el gobierno mexicano tuvo que recurrir a solicitar un préstamo proveniente
del FMI aceptando las condiciones que establecía la misma institución. Por todo esto a los
gobiernos de Echeverría y López Portillo irónicamente se les llamó la “Docena trágica”.
En resumen, el Estado al asumir la responsabilidad total de la vida económica y social de la
Nación fue el Único agente social que se eccargó de formular y aplicar la política social,
haciéndolo con preferencia hacia ciertos sectores de la sociedad. La justificación de la
participación del Estado se da a partir de las necesidades de desarrollo que se determinaron,
como la generación de empleos, mejorar la distribución del ingreso, coordinar el desarrollo
productivo de la industria, etcétera,
El gobierno, durante esta época, mantuvo controlada la mayor parte de los puntos de
decisión, ello, implicó que confió más en sus recursos propios que en la importancia de tomar
en cuenta la opinión ciudadana. También se tendió a valorar la conveniencia de obtener de las organizaciones públicas una mayor flexibilidad, para responder a las demandas sociales.
50
Esta noción estatista ha sido duramente cuestionada, el Estado benefactor, ha producido
críticas en tanto materia de corrupción y fraude, pero no en cuanto impulsor del desarrollo. La
vía estatista, si bien produjo desarrollo, también favoreció la ineficiencia y la corrupción. Su
élite burocrática, gozó de muchas más prerrogativas para desarrollar la gestión gubernamental,
instrumentar sus políticas públicas y hasta fue más autoritaria y más excluyente, en el
momento de imponer o de instrumentar sus planes y programas nacionales de desarrollo.
Vale reconocer que en este periodo se incrementó constantemente el gasto público y social
llegando inclusive hasta el 32% del presupuesto de egresos. La mayor cantidad de servicios
sociales fueron ofrecidos especialmente en la década de los sesenta debido, en buena medida,
por la puesta en marcha de Alianza para el Progreso. No obstante, el auge económico que
acompaña al ascenso del Estado social durante los sesenta revierte el proceso de fractura del
mercado y economía mundial, hasta el punto que en los años setenta y ochenta la
internacionalización del capital propició que los márgenes de acción de la política económica
Keynesiana declinara para dar paso al reemplazo por una política económica neoliberal.
CAPíTULO 3
3.1 POLíTICA SOCIAL EN EL ESTADO NEOLIBERAL (1982-1994)
Los procesos de apertura comercial y financiera, son un buen ejemplo de cambio operado en
la relación entre las esferas estatal y económica en los espacios nacionales. Los Estados
dejan de proteger nacionalmente sus aparatos industriales, aplican una política activa de
desprotección para inducir incrementos en la productividad, cumplir con normas
internacionales, etcétera. Promueven la integración de sistemas industriales y financieros,
levantan barreras comerciales a escala regional como la formación de bloques en Europa y
Norteamérica.
En la década de los ochenta, la idea sobre la participación gubernamental sufre una
modificación fuerte, pues la intervención estatal excesiva se observa de forma critica y se
considera conveniente una reducción, lo que naturalmente suponía la minimización del aparato
burocrático. En buena medida se trata de una corriente mundial favorecida por el predominio
de un paradigma catalogado como neoliberal e impulsado por organizaciones como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo Social
quienes convirtieron al modelo en una forma de enfrentar la crisis en los países menos
desarrollados. (Vargas, 1999: 1 13)
La política social, en el Estado neoliberal presenta un viraje ya que la participación de los ciudadanos en los asuntos comunes y la vigencia de las instituciones, para que coexistan de
acuerdo a consensos amplios, dan pie a la formulación de políticas públicas. La colaboración
de la ciudadanía como pilar de las políticas promotoras, permite que el Estado tenga vínculos
más productivos y eficientes con la sociedad. Repensar la política social involucra valorar que
pueden hacer tanto el Estado como los ciudadanos
3.1.1 De la Madrid Hurtado
Miguel de la Madrid llega a la presidencia en diciembre de 1982 en circunstancias poco
favorables desde el punto de vista económico, su antecesor, López Portillo, le dejó la
administración del país con un grave deterioro económico por lo que la dirección del Estado
estuvo marcada prácticamente durante todo el sexenio por una crisis, la de mayor profundidad
en la historia de México, parecía en aquellos momentos una característica permanente de la
realidad mexicana. Efectivamente, hacia el final de 1982 las cifras eran desoladoras: el PI6
creció solamente 0.5%, la inflación aumentó más de loo%, la deuda externa se incrementó a
más de 1 O0 mmdd pagando intereses de más de IOmmdd., el precio del petróleo descendió
drásticamente, el peso se devalúo a más de 100% ya que pasó de 70 a 150 por dólar, la tasa
de interés se incrementó a más del doble. (José Agustín:l999,13) Miguel de la Madrid
reconoció que el país vivía una situación de emergencia, este ambiente, presente desde 1982,
se agravó en 1985 con la caída de los precios internacionales del petróleo, el aumento de la
inflación, la disminución de la producción industrial y las consecuencias sociales de los sismos
de septiembre. Para 1987 la crisis se acentúo aún más, desencadenando una inflación alta y
un profundo malestar de la sociedad.
Ante éste clima económico, la política social se encontró obstaculizada para dotar de los
servicios sociales a las comunidades debido a que los programas de gobierno no contaban con
los recursos suficientes para atender las numerosas necesidades de la población, y por el
contrario, hubo constantes recortes a los programas de educación, vivienda, empleo y salud.
Para hacer frente a la difícil situación, en su discurso inaugural, de la Madrid, anunció la
puesta en marcha del Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), el cual,
consistía, entre otras cosas en: reducir la inversión; racionalizar el gasto público mediante la
revisión de los programas de inversión no prioritarios, restringir los créditos, reducir los salarios
y aumentar los precios de productos. Con ello, el programa buscaba, por Io menos en teoría:
reducir la inflación, proteger el empleo y recuperar el crecimiento de la economía. Ahora bien,
para el cumplimiento del PIRE se necesitaba un ambiente sociopolítico favorable, por lo que el
gobierno intentó una renovación moral en todas las esferas de la sociedad, una planeación
sistemática y explícita de la acción gubernamental enriquecida por la participación de la
sociedad. Sin embargo, la renovación moral no alcanzó los niveles esperados debido a la
53
creciente corrupción - como en casi toda la historia de México después de la llegada de los
españoles - en todos los estratos de la sociedad, comenzando por las autoridades y los
funcionarios públicos. En cuanto a la participación de la sociedad hay que reconocer que fue
limitada ya que no había los canales adecuados de participación social - excepto el Convenio
Único de Desarrollo - que provocara la libre opinión y la contribución de ideas en proyectos
regionales en busca de aminorar la profunda crisis económica por la que atravesaba el país.
Se buscó que la población participara en la planeación “democrática”, además de que en
materia de programación presupuesta1 se implementaron los Convenios Únicos de Desarrollo
bajo la regla de coordinación, por parte del nivel superior de gobierno.
Una de las estrategias que utilizó éI PlRE para lograr sus propósitos fue la formulación y
aplicación del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 1983 a 1988, éste fue publicado en
el Diario Oficial el 31 de mayo de 1983 y señaló cuatro objetivos principales: 1) fortalecer las
instituciones democráticas, 2) vencer la crisis, 3) recuperar la capacidad de crecimiento
económico y 4) promover cambios cualitativos en estructuras políticas, económicas y sociales
de la nación. El Plan Nacional de Desarrollo se constituyó, en su momento, como el documento
rector de la política económica y social del país, por tanto, plasmaba la orientación de las
acciones públicas hasta el año de 1988. Asimismo, fue la estrategia inmediata para hacer
frente a la crisis y comprendía, entre otras cosas: una moderación salarial (topes saláriales) y
un recorte sustancial al gasto público, destacando éste último ya que, sin duda, la sociedad fue
sacrificada al manifestarse una disminución del gasto en los servicios mínimos aceptables de
bienestar.
La intención del Plan Nacional de Desarrollo, fue infructuosa ya que no había aún una cultura
democrática, la crisis siguió manifestándose con más intensidad al disminuir sensiblemente la
capacidad de compra de las clases trabajadoras, el crecimiento económico no se daba debido
a que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, no encontraban en México un
ambiente financiero saludable para invertir, al contrario la tasa de interés aumentaba
continuamente así como la inflación. Lo que sí cumplió el programa fue el contraer los salarios
y los recortes al gasto público. En realidad todo esto fue el marco para la cabal liberalización
de precios que exigió el FMI En 1983 los aumentos de precios se generalizaron; aumentó la
gasolina más de loo%, se incrementó la electricidad IZO%, el impuesto predial loo%, los
54
impuestos de servicios de tránsito un 60%, creció también el precio del teléfono y el agua.
(José Agustín: 1999,35)
A pesar de la acción gubernamental, la economía seguía presentando signos de debilidad, e
inclusive se perfilaba a empeorar por lo que el gobierno planteó la necesidad de aplicar otro
programa. Para ello, el PIRE se convirtió en el Programa Extendido de Recuperación
Económica (PERE), ambos ‘programas no funcionaron como se esperaba, por lo que Carlos
Salinas, quien era dirigente de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), lo
remplazó por el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC). El PAC como los programas
anteriores, se proponía reducir la inflación a través de “Un crecimiento sostenido con
estabilidad”, defender las actividades productivas así como el empleo, sanear las finanzas de
las empresas privadas, alentar la inversión, producir alimentos en mayor cantidad, lograr un
tipo de cambio “competitivo” y una liberación gradual de la economía. Sin embargo, al PAC le
fue peor que al PIRE ya que en 1986 y 1987 la inflación aumentó 1 OOsb, se gravó la gasolina,
el teléfono, las tortillas y el pan. A cambio el salario mínimo aumentó en 25%, se devalúo el
peso un 105%, hubo fuga de capitales, el desempleo cobraba más fuerza, la inversión de los
empresarios no era suficiente para sanear la economía, de hecho el año de 1987 fue el de
mayor crisis del sexenio.
Los programas implementados hasta el momento demostraron su ineficacia ya que en lugar
de contribuir sustancialmente a aliviar la crisis, la hicieron más profunda, sintiendo los efectos
de la sociedad, pero principalmente las capas bajas y medias. Ante tal ambiente económico se
recurrió a un programa de emergencia: Pacto de Solidaridad Económica (PSE), que estuvo
fundamentado en la concertación entre el gobierno federal y tres sectores de la sociedad
mexicana: obrero, campesino y empresarial, (Delgado,l996:431) el cual, comprendió, entre
otras cosas: un aumento de los impuestos y una disminución del gasto público con una revisión
cuidadosa y selectiva de los distintos renglones del gasto público. El propósito principal fue, al
igual que 10s programas anteriores, controlar la inflación, pero antes el PSE la alimentó con
nuevos aumentos a gasolina, servicios públicos como el transporte, en general, trajo consigo
una elevación generalizada de los precios y la inflación aumentó en un 159%.
55
Según los datos del Banco de México de 1976 a 1985, los precios al consumidor se han
elevaron en 445.1%, en tanto que los salarios mínimos sólo llegaron a 289%. La carrera
continua siendo a favor de los precios y en perjuicio de los salarios.
La inflación propicia el aumento de precios y el deterioro del poder adquisitivo, lo que
ocasiona un menor consumo de alimentos y de menor calidad. Por lo anterior se da un proceso
de sustitución de alimentos: leche por café, aceite por manteca, carne por frijoles, etcétera.
El problema de la inflación es una preocupación fundamental de la política económica, el
problema más serio y agobiante que enfrentamos (en el lenguaje oficial) la inflación escapa al
control gubernamental: diluye el valor del peso, deshace los salarios, cancela expectativas,
desequilibra las finanzas públicas, fomenta la dolarización y la fuga de capitales, estanca la
economía, etcétera. (Proceso ##46,1985:8)
En síntesis, todos los programas que diseño e implementó el gobierno de Miguel de la
Madrid en la búsqueda de reanimar la economía resultaron infructuosos, la errática política
económica del sexenio se demostró con los diferentes planteamientos incluidos en todos los
programas. Lo anterior permite afirmar que los intentos de planeación en el sexenio no dieron
respuesta a lo esperado, ya que en realidad no se cumplieron los objetivos y metas
mencionados en los diversos planes y programas elaborados.
A pesar de ser el sexenio donde mayor número de planes y programas se han aplicado, la
crisis económica siguió presente, los problemas no se resolvieron y muchos se agudizaron.
Durante la presidencia de Miguel de la Madrid el país se volvió más dependiente del exterior.
se agudizó la crisis económica y los niveles de vida de muchas personas disminuyeron en
forma dramática. El promedio del crecimiento anual de la economía es de 0.13%, cifra muy
baja que no alcanza a cubrir las crecientes necesidades de una población que va en aumento,
esto debido a la magnitud que la crisis había alcanzado en los últimos años de ese periodo,
producto de los problemas estructurales surgidos desde las dos ÚRimas administraciones.
Durante periodos de escasez de capital foráneo, corresponde a México implantar la
austeridad y sobrellevar la ausencia de crecimiento. Circunscribiendo al país a una
funcionalidad fincada en la dependencia y en la subordinación. (Vargas,1999:91)
56
Por otro lado, es importante considerar, que debido a la difícil situación financiera, el
gobierno recurrió al endeudamiento externo solicitando un préstamo al FMI por 5mmdd. Dicho
préstamo fue para ser invertido en proyectos específicos bajo estricta supervisión del crédito
efectuando seguimiento en su uso y aplicación, con el fin de evitar desvío de fondos y
garantizar que los préstamos se destinaran a actividades de infraestructura, o bien de apoyo y
fomento a sectores productivos.
Dicho préstamo fue concedido, pero para esto se firmó una carta de intención en los últimos
días del sexenio de López Portillo. Esta carta comprendía una fijación de un plazo de tres años
desde 1983, para el cumplimiento de los siguientes objetivos: I ) crecimiento sostenido de la
producción y el empleo, 2) racionalización del gasto, mediante la revisión de los programas de
inversión no prioritarios, 3) la racionalización de los subsidios. Durante el gobierno de Miguel
de la Madrid se impuso el criterio de cumplir a toda costa con los compromisos acordados con
el FMI contenidos en la Carta de Intención firmada por López Portillo. Difícilmente se pudo
cumplir el primer punto, sin embargo, hubo un cuidado y atención especial a la racionalización
del gasto y los subsidios. Ante el préstamo el gobierno, se veía obligado a pagar al extranjero
10mmdd de intereses de la deuda externa, (José Agustín,l999:87) que en su conjunto crecía
al punto en que resultaba impagable, puesto que nunca se liquidaba el capital y los bonos
apenas cubrían los intereses y el servicio. Naturalmente, la situación absorbió los recursos del
gobierno por lo que la formulación y ejecución de proyectos sociales se vinieron abajo,
desencadenando consecuencias inmediatas sobre el nivel de vida de la población. La deuda
externa pasó de 84 800 mmdd en 1982 a 1 O0 384 en 1988.
Desde la política de endeudamiento público tanto interno como externo, gran parte del
presupuesto de egresos se destinaron al servicio de la deuda (más de 50%); lo que disminuyó
la inversión en gastos sociales.
Por otro lado, para 1985 vino un descenso en el precio del petróleo y, Salinas, impuso u n recorte de 400 mmdp al gasto público. Pocos meses después recortó 300 mmdp al
presupuesto, sobre todo en proyectos de inversión. (José Agustín:1999,77) Para 1986 los
precios del petróleo bajaron hasta 11.25 dólares por barril de crudo por lo que la SPP anunció
otro recorte de 500 mmdp al presupuesto, bajaron las reservas internacionales y la captación
de los bancos, la tasa de interés subió 130%. Evidentemente los programas de austeridad y los
recortes en el gasto público, dejaron sentir fuertemente sus efectos sociales. Así es, desde los
57
primeros momentos del sexenio hubo una inconformidad de los sectores de la población por
las drásticas medidas de austeridad adoptadas por el gobierno para combatir la crisis. Los
trabajadores se manifestaron contra la política salarial , por el aumento de precios y tarifas de
los servicios públicos, por la liberación de controles de precios de algunos productos de
consumo general y por el aumento del transporte. Por su parte, los campesinos expresaron su
inconformidad por el aumento de precios de los bienes de consumo básico, así como por los
bajos estímulos a los subsidios y la poca dotación y restitución de tierras. La Confederación
Nacional Campesina (CNC) sostenía que el 40% de los campesinos vivía en pobreza extrema,
60% estaban desocupados, la mayoría no tenía acceso a servicios de salud, 30 mil
comunidades rurales no disponían de servicios educativos y el 68% de la población del campo
se encontraba desnutrida. (José Agustín,l999: 165) Evidentemente las consecuencias
provocadas por la crisis económica, y por ende, de la política social dejaron sentir su peso
principalmente entre los estratos bajos de la sociedad.
Vale la pena señalar que el gasto social durante el gobierno de Miguel de la Madrid, no
alcanzó a satisfacer necesidades de educación, la infraestructura del sistema de salud no era
suficiente, el pleno empleo era una ilusión, y el acceso a vivienda era mínimo debido, por una
parte, a la falta de recursos, y por otra, al derrumbe de edificios y casas habitación provocada
por los sismos del 85. Comparemos algunas cifras del gasto de ésta administración con otras
anteriores: el total del gasto en desarrollo social pasó del 6.9% en 1978 a 5.6% en 1988 con
relación al PIB (Bolívar,1990:297) y el gasto público en materia de desarrollo social
representaba en 1970 el 23% del total del presupuesto y pasó a ser el sólo 11 o/o entre 1982 y
1988, por lo que, sin duda, hay un retroceso significativo en éste renglón.
Por lo que toca a los gastos administrativos del Estado llegan hasta 32.2% del total, a costa
de disminuir los gastos sociales, que sólo alcanzan 27.6% y los de fomento económico que
sólo llegan a 40.2% del gasto total.
Con respecto a la educación hubo una reducción sustancial del presupuesto destinado a ella.
En 1982 representaba el 9.2% del presupuesto de egresos, para 1987 alcanzó sólo el 3.4%,
esta situación tuvo un efecto negativo en todos los niveles educativos, por señalar algunos:
infraestructura, cancelación de proyectos y reducción de plazas.
58
Para 1985, la escuela primaria atendió a 15 millones de niños, quedando sin atender
aproximadamente 600 O00 (4% aproximadamente) AI finalizar 1982, Jesús Reyes Peroles,
secretario de Educación Pública, afirmaba: “ ... existen doce millones de mexicanos en edad
escolar que no estudian, de los que ingresan a la primaria sólo el 52% la termina, de esta
cantidad, sólo el 32% acaba la secundaria, de éste porcinito únicamente el 16% termina su
bachillerato y de éste sólo el 7% culmina su carrera universitaria.” (Méndez,1998:64) El mismo
Jesús Reyes Heroles, expresó que “La educación presentaba un panorama deprimente”.
Efectivamente, el gasto gubernamental en ese campo era uno de los más bajos del
presupuesto por lo que t w o como consecuencia práctica que las instalaciones de las escuelas
estatales dejara mucho que desear; carencias de equipo educativo, planteles insuficientes,
etcétera. La educación en México se encontraba en crisis y en varios niveles había retroceso:
falta de acceso, alto índice de reprobación y modelos académicos que no respondían a las
nuevas necesidades.
Con relación’ al problema del analfabetismo es más grave en el campo: “ El abandono
alarmante de la educación rural, relacionada intimamente con la caída de la producción
agrícola, la creciente importación de granos y la migración a las grandes ciudades, mantienen
márgenes de 41% de analfabetismo en el campo, deserciones de 70% en algunos casos y en
las zonas indígenas hasta de 80%, según el investigador de la UNAM, Alberto León Álvarez.
(Uno Más Uno,1985)
Por otro lado, en mayo de 1983 se dieron a conocer los tres objetivos fundamentales que
proponía el gobierno para el sector educativo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, a saber:
- Promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana
- Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades, a los bienes culturales,
deportivos y de recreación.
- Mejorar la prestación de los servicios correspondientes.
El primer objetivo caía en la demagogia, el segundo y el tercero eran muy ambiciosos y
difíciles de lograr debido a los constantes recortes del presupuesto destinado a la educación,
por lo que el proyecto fracasó.
Vale la pena destacar que El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1 988 que incluyó 18
programas, destacó entre otros:
- Programa Nacional de Alimentación
- Programa Nacional de Educación, Deporte y Recreación
- Programa Nacional de Salud
Por otra parte, en agosto de 1984 se publicó el Programa Nacional de Educación, Cultura.
Recreación y Deporte para el periodo 1984-1988, cuyas metas a cumplirse para el final de
sexenio eran las siguientes:
- Implantar el bachillerato como requisito de ingreso a los planteles de formación de docentes,
en apoyo al acuerdo presidencial de otorgar el grado de licenciatura a la educación normal en
su nivel inicial y en cualquiera de sus tipos y especialidades.
- Proporcionar educación básica que demandara la población de edades entre 5 y 15 años.
- Estructurar un sistema de educación indígena bicultural.
- Abatir el índice de analfabetismo del 13% al 4%, y atender a 6.4 millones de adultos.
- Satisfacer el 92% de la demanda potencial en educación media superior, y alcanzar una
matrícula de 1.6 millones en el bachillerato.
- Atender a 625 mil alumnos en escuelas tecnológicas de nivel medio superior.
- Elevar la inscripción en las universidades e instituciones de educación superior a 1.5 millones
de habitantes.
- Fortalecer la investigación científica.
- Descentralizar los servicios de educación básica y normal.
- Inducir a todo individuo a estudiar por sí mismo.
- Incorporar plenamente la educación física en los programas regulares.
Otras acciones en materia educativa fueron: la creación en 1984 del Sistema Nacional de
Investigadores con el objeto de apoyar económicamente a los investigadores registrados en
dicho sistema. Durante este periodo se destinó el 0.2% del PIB para el gasto en ciencia y
tecnología, lo que significa una disminución de 64% en relación con el sexenio anterior. Se
fomenta la formación de recursos humanos mediante becas que impulsen la investigación. Se
integran sistemas nacionales de información científica y tecnológica. Se impulsa la cooperación
60
entre la planta productiva y los centros de investigación. Se crean, con criterios de
descentralización, nuevos centros de investigación científica y tecnológica. Se estimula la
demanda de tecnología nacional por parte del sistema productivo. No obstante, para 1984,
había en los países desarrollados más de 40 investigadores por cada 100,000 habitantes; en
paises con desarrollo similar al nuestro había tres investigadores, y en México sólo 0.9; ni
siquiera un investigador por cada 100, O00 personas. (Méndez,l998:321)
El programa Nacional de Educación, Cultura y Deporte elaborado para el periodo 1984-1988
contiene los objetivos, metas y líneas de acción que el sector educativo se proponía realizar
para alcanzar los propósitos fundamentales planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. En
el marco de la política social, los objetivos generales son: promover el desarrollo integral del
individuo y de la sociedad mexicana; ampliar el acceso de todos los mexicanos a las
oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación; mejorar la prestación de los
servicios educativos, culturales, deportivos y de recreación.
Por otra parte, a fines de 1986, la UNAM volvió a ser escenario de un movimiento estudiantil.
El 11 de septiembre, el Consejo Universitario aprobó las reformas emanadas del documento
"Fortaleza y Debilidad de la Universidad Nacional", en el que, Jorge Carpizo. rector de la
UNAM, planteaba que la UNAM era gigantesca y estaba mal organizada, aseguró que era
necesaria una reforma profunda, la cual, consistía principalmente en: crear exámenes
departamentales, promover el pase automático sólo a los alumnos que tuvieran 8 de promedio
y no hubieran reprobado ningún año, subir el precio de los exámenes extraordinarios e
incrementar la cuota de inscripción y costos de servicios. En un principio, las reformas fueron
aprobadas, a pesar de las protestas de los consejeros estudiantiles, posteriormente de rector
Carpizo tuvo que parar la aplicación de las reformas ya aprobadas, pues advirtió que el
Consejo Estudiantil Universitario (CEU), contaba con la adhesión de la gran mayoría de los jóvenes universitarios y con gran capacidad de movilización y de convocatoria, por lo que
dificultaba la ejecución de las reformas. Ciertamente el CEU armó una manifestación de 100
mil personas amenazando con una huelga que se consumó el 29 de enero. Ante lo ocurrido, el Consejo Universitario decidió por mayoría calificada la suspensión de las reformas, por su
parte, el CEU a veinte días de iniciada la huelga la levantó. Después de negociaciones entre el
CEU y Rectoría, se propuso suspender los aumentos en los pagos de inscripción y servicios,
además de bajar a 7 el promedio para asegurar el pase automático. lndudaolemente en lugar
61
de fortalecer la educación universitaria a través de más recursos y promover una mejor
organización, se trató de disminuir los recursos invertidos así como la matrícula universitaria,
además de captar más dinero de manera interna.
Para el año de 1988 e l presupuesto destinado para la educación fue de 10 120 O00 pesos
representando un porcentaje del 13.6% del presupuesto total y un 2.6 del porcentaje en el PIB.
Con respecto a la salud, el Programa Nacional de Salud (1984-1988) precisa las directrices a
seguir para lograr que en el mediano plazo el Sistema Nacional de Salud atienda, en
condiciones de equidad, a toda la población del pais. El programa planteaba una estrategia
general para atender y reducir los riesgos y daños a la salud, a partir de modernizar la infraestructura e incrementar la cobertura de los servicios con calidad homogénea. No
obstante, en 1982 la situación que mostraba el país, era de insuficiencia, esto se explica como
resultado, por un lado, del proceso económico y social generado por los dos gobiernos
anteriores - Luis Echeverría y López Portillo - y por otro, de la deficiencia administrativa del
gobierno de Miguel de la Madrid. En 1982 la población en México era de 73 millones de los
cuales 14 millones no tuvieron acceso a salud y seguridad social. En cuanto al gasto en salud
tuvo una disminución de aproximadamente 30% durante el periodo de 1982 a 1986.
(Bolívar,1990:297) Ante la contracción económica, los servicios de salud presentaron una
mínima inversión gubernamental y el restringido gasto social tuvo como efecto una disminución
notable en la calidad del servicio, por ejemplo, disminuyeron los recursos físicos: camas,
laboratorios clinicos y quirófanos.
Si consideramos que muchos habitantes viven en el campo, es casi seguro que no cuentan
con servicios de salud. “ A causa de la marginación, la desigualdad social y la deficiente
infraestructura de los servicios médicos, más de veinte millones de mexicanos no tienen
acceso a servicios permanentes de salud, manifestó hoy la Confederación Nacional
Campesina”. (Uno Más Uno,1984)
Por otro lado, en la década de los 80’s hubo avances en la lucha contra el mal de Parkinson,
sin embargo, se extendió en proporciones alarmantes el virus de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), lo que originaba una caída fatal de las defensas del organismo. El primer caso de SIDA
en México se detectó en 1981, pero en 1988 ya eran más de tres mil los casos y estos fueron
62
aumentando progresivamente. (José Agustín,l999:129) Los enfermos eran discriminados en
los hospitales públicos, aducían que no había camas y en los hospitales privados se
reservaban el derecho de admisión, su tratamiento costaba en 1987, 20 mil dólares al año, por
lo que pocos podían pagarlo. Los infectados de VIH fueron marginados, despedidos,
hostigados y se violaron sus derechos humanos. Ante la exclusión, aparecieron algunas
asociaciones civiles como el Consejo Nacional para el SIDA. De nueva cuenta la política social
no elaboró programas amplios de combate al SIDA, considerando en lo mínimo a las víctimas
de ésta enfermedad.
En materia de empleo, la participación de la PEA en la población total fue de 30.9% para
1985. Según los datos oficiales en el periodo de 1982-1988 debido a la crisis, sólo se crearon
800 O00 nuevos empleos permanentes, por lo que el déficit se mantuvo. El desempleo
ocasionó que se incrementara el subempleo con actividades de subsistencia (economía
subterránea) que han proliferado en la ciudad, tales como el comercio ambulante.
Durante el periodo 1981-1 986, según el Sistema de Cuentas Nacionales, la ocupación se
incrementó tan sólo en 42 mil puestos de trabajo, cuando de acuerdo al crecimiento
poblacional observado, el país debería crear por lo menos un millón de empleos anualmente.
En cuanto al desempleo abierto, el CEPAL informó que para mediados de 1985, éste había
alcanzado porcentajes del 13 al 14% de la población económicamente activa, es decir, de 3.5 a
4 millones de personas no contaba con un empleo asalariado.
En el sexenio de Miguel de la Madrid hubo incluso varios recortes de personal y ventas de
empresas públicas que se consideraran no prioritarias. Esto provocó un mayor desempleo y
una disminución del ritmo del crecimiento económico. Ante la disminución del gasto público,
muchos burócratas quedaron en el desempleo, incrementó el autoempleo y el empleo
temporal, las clases populares padecieron carestia por la falta de empleo. Por otra parte, era
imposible evitar que los trabajadores pidieran aumentos, ya que, conforme a lo previsto, los
salarios seguían estacionados, pero los precios de los productos no cesaban de aumentar.
El 15 de diciembre de 1987 se firmó el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), su finalidad
esencial era evitar que el país cayera en la hiperinflación y que la población de bajos recursos
no viera reducido, aún más, su poder adquisitivo o sus condiciones de empleo. Involucró un
63
aumento salarial de emergencia de 15 y 20% para los salarios mínimos y mantener los precios
de garantía de los productos básicos en sus niveles de 1987. El desempleo y el subempleo
crecen entre 15 y 20% durante el sexenio. La desocupación y subocupación absorbieron más
de 50% de la población económicamente activa.
Entre los principales determinantes de éste tema destaca la disminución relativa del poder
adquisitivo para mantener el consumo de 1982, los trabajadores necesitaban en 1986 un 40%
más de ingresos, con lo cual puede entenderse que el acceso a los bienes básicos se ve
limitado por el estancamiento y deterioro del salario mínimo cuya pérdida real con respecto a
1976 fue del 63%. (Bolívar,1990:297) En este sentido, el comportamiento de los salarios fue a
la baja perjudicando seriamente el poder adquisitivo de la población trabajadora. El salario
mínimo promedio pasa de 318.28 pesos en 1982 a 7252.92 pesos para 1988, es decir, se
eleva 2278.8%, con un incremento promedio anual de la inflación que fue de 86.7%, Io que
ocasionó una pérdida del poder adquisitivo del salario.
Durante este sexenio se siguen aplicando las medidas dictadas por el FMI, por lo que
continúan existiendo “topes saláriales”, agravados por la política de austeridad que se ha
traducido en recortes presupuéstales, cierre de empresas, venta de organismos estatales,
despido de trabajadores, nulas posibilidades de contratación.
La canasta básica de una familia obrera representaba, en 1982, según el Congreso del
Trabajo, 46.5% de su salario; en 1988, dicha canasta se cubría con cerca de 80% del salario.
No se lograron resolver los problemas de empleo del país; el desempleo abierto afectó a
14% de la PEA (más de tres millones de personas) y la subocupación a 50% (más de 10
millones de personas)
En materia de vivienda, se formuló el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda
(1 984-1988) Entre los objetivos más sobresalientes del programa están el desarrollo urbano,
reducir los costos sociales anunciados en el mismo y mejorar los niveles de vida de la
población, con atención preferente a los grupos sociales más postergados. Se pretende
establecer las condiciones necesarias para el cumplimiento de la garantía constitucional de
proporcionar vivienda digna y decorosa.
64
Particularmente en la ciudad de México, ocurrió un terremoto en 1985 que causó cuantiosas
pérdidas de vidas, numerosos heridos, desaparecidos y damnificados, los sismos provocaron
la caída de centenares de construcciones y más de mil resintieron serias fallas de estructura,
los daños se dieron en delegaciones; escuelas, hospitales, centros de trabajo, condominios
habitacionales; se suspendió la luz, el agua y el transporte. El regente Ramón Aguirre
Velázquez calificó a la ciudad de México como zona de desastre.
Los efectos sociales del terremoto no se hicieron esperar ya que, por un lado, representó
serias repercusiones políticas, un factor más de descontento hacia las autoridades
gubernamentales, se acmó de negligencia por no atender urgentemente las necesidades de
los damnificados.
Para dar solución a los problemas de vivienda causados por los sismos, se creó el Programa
Renovación Habitacional Popular Constituida. El presidente de la república decretó en octubre
la expropiación de 5500 predios de una superficie de 250 hectáreas para beneficiar a más de
200 mil habitantes de las colonias populares de la ciudad de México. No obstante, los
problemas para dar solución inmediata a los damnificados fueron abundantes, hubo intereses
particulares que buscaban sacar provecho de la situación, empresas que se negaban a pagar
las indemnizaciones correspondientes, especialmente a trabajadoras de la rama textil,
campamentos en las calles, y trabas para evadir la construcción de viviendas. Surgió entonces
la Coordinadora Única de Damnificados, (CUD) que reunió a 26 grupos de distintas partes de
la ciudad y organizó una manifestación de 30 mil víctimas; entre sus demandas se pedía la
renuncia de Guillermo Carrillo Arenas, titular de la SEDUE, y la solución a sus apremiantes
problemas. El presidente decretó entonces una expropiación de predios urbanos para poder
llevar a cabo la reconstrucción, pero la iniciativa privada, que en ningún momento se había
distinguido por su solidaridad, se molestó; argumentando que esa medida era populista,
estatista y socialista.
Por otra parte, con relación a las privatizaciones, éstas han cancelado algunas de las
facultades promotoras del bienestar social que realizaba el Estado benefactor. Las empresas
públicas, productivas o de servicios, se trasladan al dominio privado, aunque la privatización no
necesariamente asegura por sí misma la eficiencia.
65
Con todo ello, fueron mínimos los logros alcanzados para desmantelar la maquinaria
burocrático-administrativa del gobierno federal, acostumbrada a los excesos centralistas del
poder Ejecutivo, del autoritarismo, del nepotismo, la corrupción y de las autárquicas decisiones,
intervenciones, disposiciones e iniciativas presidenciales o de los secretarios de Estado.
Referente a la descentralización de las políticas sociales, en diciembre de 1982, se reformó el
artículo 11 5 encaminado a restituir al municipio las atribuciones básicas, función administrativa
para lo cual se creó el Centro de Estudios Municipales y a partir del ario siguiente el Gobierno
Federal firmó con cada entidad federativa un Convenio Único de Desarrollo (CUP), el cual
debía funcionar a través del Comité de Planeación para el Desarrollo. (COPLADE) Los
representantes de éste convenio fueron los gobiernos locales, sectores sociales y expertos en
asuntos específicos para responder a las demandas. Impulsar el desarrollo regional mediante
la consulta popular para atacar problemas regionales específicos.
En la economía, es importante destacar los resultados de las medidas de la política
económica implementada por el gobierno durante el sexenio: el PIB disminuyó 0.5'/0, el dólar
de 150 pesos pasó a 2300 pesos. Entre 1983 y 1988, México había pagado 88588 millones de
dólares de la deuda externa pero aún debía 103 mil millones de dólares. La tasas de interés
cerraron a 40% y los precios aumentaron durante todo el sexenio, el. desempleo alcanzó la
tasa de 12%, el deterioro salarial fue de 54%, el sexenio terminó sin crecimiento.
Si hasta el año de 1981 se había manifestado ritmos variables de crecimiento, aunque con
ausencia de desarrollo, en este sexenio, se centraba en una situación crítica, ya que no hubo
crecimiento y menos aún desarrollo socioeconómico.
En resumen, fue el balance económico más negativo desde 1929, por lo que
indiscutiblemente la orientación de la política social se vio obstaculizada ante tales números
económicos. En lugar de avanzar en la dotación de servicios sociales a cada vez más
personas y de mejorar su calidad, hubo una restricción y un retroceso en este campo. La crisis
económica persistente durante casi tres sexenios ejerció un impacto negativo en las políticas
públicas y el gasto social, el gobierno no pudo evitar que se deteriorara el nivel de vida de las
grandes mayorías.
66
3.1.2 Salinas de Gortari
Carlos Salinas llega a la presidencia en diciembre de 1988 y de inmediato anunció “Tres
grandes acuerdos nacionales”: la ampliación de la vida democrática (una nueva reforma
electoral); la recuperación económica (“la prioridad ya no será pagar, sino volver a crecer”) y el
. bienestar popular. Avisó que se mantendría la austeridad, se seguirían privatizando
paraestatales no prioritarias, proseguirían los pactos y continuaría la apertura al capital
extranjero.
Antes de tratar la política social de éste sexenio, es conveniente referirnos al estado que
guardaban las finanzas públicas, ya que como lo he señalado anteriormente, la cantidad y
calidad de los distintos servicios sociales, depende en buena medida de la cantidad de
recursos disponibles que tenga el Estado, por ésta razón, comenzaré con plantear los rasgos
generales de la política económica salinista.
Al tomar el poder, Salinas se encontró con una economía recesiva que provocó una
disminución de las actividades productivas; es decir, una depresión del mercado interno y
externo obligando a muchas personas a quedar fuera del consumo debido a sus bajos o nulos
ingresos. La inversión había caído a niveles muy bajos y el desempleo era abundante. Ante
esta situación, el régimen gubernamental asumió el compromiso de impulsar las variables
macroeconómicas para llevar al país a reencontrar el camino del crecimiento económico.
En primer término, la política industrial pretendió acabar con el modelo de sustitución de
importaciones, que durante varios años estuvo presente, a través de internacionalizar la
economía y fomentar las exportaciones competitivas, es decir, el gobierno ofreció un ambiente
favorable a las empresas transnacionales para que invirtieran sus capitales en México a través
de mantener bajos salarios y facilidades fiscales. Se aprueba un nuevo reglamento para las
inversiones extranjeras directas. Para las empresas nacionales más productivas hubo también
beneficios con la intención de que compitieran con éxito en el mercado internacional.
Es importante destacar que el Estado se retiró de algunas actividades económicas mediante
la política de privatización, iniciada por su antecesor, ya que se continúa con la venta de
empresas propiedad del Estado, con el objeto, por un lado, de recaudar mayores ingresos, y
67
por otro, conceder la responsabilidad a la iniciativa privada de incrementar la productividad..
Entre estas empresas destacan Cananea, Teléfonos de México, Canales 7 y 13 de televisión y
los bancos.
El gobierno se propuso privatizar todo Io posible para hacerse de recursos. Además, la
privatización era la columna vertebral del proyecto neoliberal, pues “Mejoraría la eficiencia del
gobierno y disminuiría el tamaño del Estado”
Salinas aceleró el proceso de privatización, de las 1 115 empresas estatales que había en
1983 diez años después sólo quedaban 213. Más de 30 empresas fueron declaradas en
quiebra antes de ser vendidas. Algunas otras de las empresas privatizadas fueron: Compañía
Mexicana de Aviación, Compañía Minera del Monte, Altos Hornos de México, 18 bancos
múltiples: Banamex, Bancomer, Serfin, Comermex, Somex, Cremi, Banpaís, Confía, B.C.H.,
entre otras.
Referente a los bancos, los dueños de casas de bolsa, los empresarios y financieros de
Monterrey y los ex banqueros se apuntaron en el acto por competir por los bancos. Los
personajes beneficiados fueron: la familia Legorreta, lsidoro Rodriguez, Jorge Lankenau,
Carlos Cabal Peniche.
Los nuevos bancos se dedicaron a la especulación financiera, negocios ilegales. Fue un
negocio al fijar altas tasas de interés, que cambiaban de banco a banco y que eran sumamente
abusivas, pues, en promedio, la tasa activa (para préstamos) era de 35%, mientras que la
pasiva (para depósitos) resultaba de 21%. Los créditos eran caros, escasos y llegaban al nivel
de la usura, porque cobraban intereses sobre los intereses. En 1982 Banamex ganaba más
que Citicurp, la organización bancaria más importante de EUA.
Las privatizaciones también tuvieron otro momento estelar con las carreteras. Desde un
principio, Salinas declaró, orgulloso, que proyectaba poner en servicio seis mil kilómetros de
caminos “De primer mundo” a lo largo del sexenio. Sería “El programa de autopistas más
importante del mundo”, declaró después Andrés Caso Lombardo, secretario de
Comunicaciones y Transportes.
68
Salinas de Gortari captó 23 mmdd con la privatización de 258 empresas. Además de las
mencionadas, destacaron: Dina, Tabamex, Química Flúor, Estructuras de Acero, Tabacero,
Fertilizantes Mexicanos.
Otra privatización comentada fue la de la televisión estatal. En julio de 1993 el grupo de
Salinas Pliego, que no tenía ninguna experiencia en los medios de difusión, ganó la subasta al
ofrecer 645 millones de dólares, superiores en 30, 45 y 60% al de otros grupos como:
Cosmovisión y Medcom.
Se trato de una política de privatización a gran escala. Dentro de los programas de ajuste
estructural, la privatización ocupó un lugar importante.
Naturalmente, en una política económica se necesita de programas que permitan su
ejecución. Uno de los programas que destacó en éste sexenio fue el Pacto para la Estabilidad
y el Crecimiento Económico que posteriormente se convirtiera en Pacto para la Estabilidad la
Competitividad y el Empleo. Dicho plan buscaba, a través de una alianza entre fuerzas
sociales, recuperar el crecimiento económico nacional y disminuir la inflación. También se
instaura el programa Nacional de Modernización Industrial y Comercio Exterior (1990-1994),
con el propósito de que las empresas nacionales compitieran con las internacionales. Se crea
el Programa Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad.
Con relación al Plan Nacional de Desarrollo en materia de política económica se pretende
llegar a las siguientes metas:
- Ampliación de la inversión productiva.
- Modernización económica.
- Apertura comercial.
- Creación de empleos productivos y bien remunerados.
- Diversificación y ampliación de mercados.
- Promoción de la inversión extranjera directa.
- Modernización de la infraestructura.
- Promover la competitividad y la productividad.
- Fortalecer la empresa pública.
69
- Mejorar la capacidad tecnológica del pais.
- Mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.
Tocante a la política fiscal hubo una reducción del ISR de 42% en 1988, a 35% en 1991 y a
34% en 1994, lo que indudablemente provocaba un estímulo para la inversión en los diferentes
sectores de la economía. Se pretende seguir una política de ingresos públicos que permita
financiar las actividades del sector público sin que exista déficit. Se amplía la base tributaria de
los diversos impuestos y el número de contribuyentes. Se crea el impuesto al activo de las
empresas que se grava en 2%. Se desgrava el impuesto sobre la renta a personas fisicas para
que el sistema tributario sea más equitativo, aunque esto no se logró porque la inflación
continuó siendo alta. Hubo una simplificación y reducción de los formatos para la declaración
de impuestos. Se eliminaron 264 oficinas federales de recaudación, que se sustituyeron con
271 módulos para cubrir obligaciones fiscales con intermediación (buzón fiscal). Se establece
un nuevo impuesto del uno porciento para la adquisición de vehiculos. En los dos primeros
años del sexenio (1989 y 1990), los impuestos representaron en promedio el 30.6% de todos
los ingresos públicos. No obstante todos los avances en materia fiscal, cerca de ocho millones
de personas productivas, tanto de la economía formal como informal estuvieron fuera del
padrón de contribuyentes.
70
Ahora veamos estadísticamente el crecimiento del sector industrial y participación en el PIB.
Cuadro # 1 Crecimiento del sector industrial y su participación en el PIB (1 989 - 1994)
Año Participación Crecimiento en */O
en el PIB %
1989
32.9 2.8 1992
32.8 3.1 1991
33.1 5.4 1990
32.3 5.3
1993
4.1 1994
32.8 0.2
33.0
Fuente: Informes Anuales del Banco de México
En el cuadro # I se puede apreciar una disminución considerable del crecimiento después de
1990, teniendo su punto más bajo en 1993 de tan sólo 0.2%, aumentando en 1994, pero sin
llegar a la cifra alcanzada durante los dos primeros años de sexenio, esto inevitablemente tiene
una repercusión en la política social ya que las autoridades gubernamentales restringían el
gasto en servicios sociales.
Las reservas que a fines de 1993 llegaron a la histórica cifra de 30 mmdd decrecían
velozmente. Los asesinatos políticos como el de Ruiz Massieu, Donaldo Colosio y Posadas
Ocampo incrementaron las salidas de dinero, por lo que en noviembre las presiones
devaluatorias eran incontenibles y la situación se había vuelto sumamente preocupante. El día
19 de noviembre salieron del país más de mil millones y medio de dólares.
Entre los principales indicadores del sexenio destacan: crecimiento promedio anual de la
economía de 3.0%, cifra que, aunque baja, es superior al crecimiento de la población. A pesar
de ello, dista mucho de acercarse al ritmo histórico de crecimiento nacional, que es superior a
6%. Se nota una tendencia hacia la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía
nacional. El ritmo de crecimiento de los dos primeros años es superior al de los últimos dos
años. La industria ha recuperado su ritmo de crecimiento, aunque todavía debe crecer a
71
mayores niveles. El sector agropecuario, aunque ha recuperado su crecimiento, presenta
problemas en algunas de sus ramas, en especial, la agricultura. El sector servicios también ha
crecido, aunque a ritmos desiguales, en sus diversas ramas.
Tocante a la inflación observemos los siguientes datos:
Cuadro ## 2 Comportamiento de la inflación (1 989 - 1994)
Año
19.7 1989
Crecimiento anual %
7.0 1994
8.0 1993
11.9 1992
18.8 1991
29.9 1990
1
”---I Fuente: Informes Anuales del Banco de México
En los primeros tres años del gobierno salinista, los precios se incrementaron
constantemente pero es evidente que uno de los propósitos de Salinas consistía en reducir la
inflación a un sólo digito, propósito que se cumpliría en 1993.
Tal como lo indiqué anteriormente, en éste sexenio se instrumentó el Pacto para la
Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), que para fines de 1993, llevaba ocho fases y
se transformó en Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, una de cuyas
características principales era el control de precios. El PECE logró reducir la inflación a sólo
19.7°/~ en 1989, a 11.9% en 1992, a 8 % en 1993 y a 7% en 1994, se logró mucho, sin
embargo, el poder adquisitivo de la población seguía disminuyendo. En un principio se pensó
que el pacto era un “Programa de transición” y de corto plazo con el objeto de estabilizar la
economía nacional, pero se extendió hasta el final del sexenio. De 1988 a 1993 -seis años de
vigencia del pacto-, el salario mínimo acumuló una pérdida de 32% debido a que los
incrementos saláriales fueron menores a la inflación. En 1989, mientras el salario mínimo
aumentó Z6%, algunos alimentos tuvieron los siguientes incrementos: fríjol 189%, arroz 95%,
72
tortilla 63%, leche 60%, debido a ello, el salario mínimo debía revalorarse en 98.6% para seguir
consumiendo lo mismo que en 1988. En 1990, un trabajador con salario mínimo no podía
comprar carne, jamón barato ni otros productos alimenticios. (Méndez,1998:265) El poder
adquisitivo de los trabajadores de salario mínimo, es muy bajo, por lo que hay gastos que no
puede absorber y muchas veces no realiza, con lo que se deprime el mercado interno y baja
sustancialmente el nivel de vida de muchos mexicanos. Para 1993, aunque continuó el PECE,
el poder adquisitivo del salario estaba muy deteriorado.
Un problema importante del encarecimiento, es que a pesar de que existen precios oficiales
para muchos productos básicos, estos son violados en forma constante por los comerciantes;
un ejemplo de esto ocurrió con el huevo que en septiembre de 1990 tenía un precio oficial de
$2900 y se vendía arriba de $3200 en algunos lugares, en el mismo mes, el precio oficial del
fríjol era de $3500 y se vendía a $5000 o más.
Durante el sexenio se notó un afán de continuar con las políticas de planeación basadas en
un proyecto de modernización que permitiera al país su inserción en el mercado mundial en las
mejores condiciones. No obstante, a pesar de haber logrado avances con la planeación, hay
una evidente falta de previsión sobre todo en el largo plazo, queda mucho por hacer.
Por otro lado, a partir de la vigencia del Pacto de Solidaridad Económica (PSE) en diciembre
de 1987 y continuando con el PECE, la tasa de interés bancario ha presentado una tendencia
hacia la baja, de tal manera que en febrero de 1994, estaban por abajo de 10% anual, un poco
arriba del ritmo inflacionario, provocando el retiro de ahorradores, al mismo tiempo que se
prefería gastar los ahorros en bienes y servicios, provocando mayores presiones inflacionarias.
Otro factor que es importante considerar para la planeación y ejecución de la política social
es el servicio de la deuda externa, que se ha convertido en una característica permanente del
Estado mexicano, una deuda que como hemos visto se ha incrementado considerablemente
después del gobierno de Díaz Ordaz; esto repercute seriamente en los proyectos sociales ya
que en lugar de destinar recursos a educación, salud, empleo, vivienda, etcétera, se destinan a
pagar los intereses de la deuda.
73
Desde su toma de posesión, Salinas, advirtió que buscaría mejores condiciones, y la
comunidad financiera internacional se sacudió ante la posibilidad de una moratoria, así es que
el presidente explicó que no dejaría de pagar, pero que el país necesitaba crecer, pues “Un
cliente muerto nunca pagará” (José Agustín,l999:184) A lo largo de la primera mitad de 1989
Salinas abundó en el tema de la deuda, pidió la unidad nacional para renegociarla y fue centro
delantero de una intensa campaña para que la población rechazara la forma en que se había
venido pagando. Aspe, reiteraba a los acreedores que, por cumplir las exigencias de 105
bancos, México padeció un deterioro en la economía y en el bienestar, entre 1981 y 1988, el
PI6 no se levantó de la tasa cero, el producto por habitante cayó en 15 y 20%, el salario
disminuyó 50% y el déficit de empleos llegó a cinco millones. Por tanto, los negociadores
mexicanos pedían una reducción del 55% de la deuda y que los pagos fueran del 2% del PIB.
AI gobierno le urgía el dinero, porque ya se le estaban acabando las reservas y tenía en
puerta los pagos del servicio de la deuda. En Julio 1989, las negociaciones parecían perdidas,
así es que Salinas se jugó la carta de la suspensión de pagos. Aspe retiró todos los fondos
mexicanos en EUA y los transfirió a bancos japoneses y europeos.
A los centros financieros no les gustó la idea de una moratoria. El Presidente George Bush,
tuvo que intervenir y los bancos aceptaron hacer algunas concesiones y llegar a un acuerdo,
que finalmente se firmó el 23 de julio con el Comité Asesor de Bancos, representante de 500
instituciones certificas de todo el mundo. Los acreedores pedían elegir una o la combinación de
tres opciones: una reducción del 35% del principal, fijar la tasa de interés en 6.25% o dar
nuevos préstamos a quince años. Lo que seguía era negociar con cada uno de los bancos, lo
cual concluiría varios meses después. Mientras se concedió un crédito por 2 mmdd.
Finalmente en enero de 1990 terminaron las negociaciones con los bancos acreedores. Casi la
mitad optó por la tasa fija de interés; los demás eligieron la reducción del capital y el 10%
escogió dar dinero fresco. Para fines prácticos, la renegociación de la deuda había logrado una
rebaja de 5,800 mdd. Ante esto Salinas expresó: “Hemos resuel:o el problema de la carga
excesiva de la deuda que pesaba sobre los hombros de los mexicanos” la crisis empezaba a
quedar atrás y la prosperidad estaba a la mano. El gobierno, que hacía un uso estratégico de
la publicidad y los medios, exprimió la ocasión al máximo. Los priístas elogiaron a Salinas
como uno de los grandes patriotas de todos los tiempos y todas las dimensiones paralelas,
(José Agustín,l999:187)
74
La renegociación de la deuda firmada en 1990, puso de manifiesto la naturaleza política de
la misma. Constituyó un procedimiento para permitir la entrada de nuevos flujos de capital
foráneo a economías subdesarrolladas selectas, rebautizadas desde entonces como mercados
emergentes.
En los primeros cinco años del sexenio de Salinas, la deuda externa total pasó de 95’975 mdd
en 1989 a 121’000 mdd en 1993, que representaba un incremento de 26.1 %. De los 121’000
mdd 65.2% era deuda pública y 34.8% privada. Nuestro país pagó por servicio de la deuda
externa, más de 44 O00 mdd entre 1989 y el primer semestre de 1992. En 1988 la deuda
externa total representó 59.9% del PIB y se redujo a 33.5% en 1993, porcentaje que sigue
siendo alto porque representa la tercera parte de toda la producción nacional.
(Méndez,1998:334) En 1990, 55% del gasto público se utilizó para el pago del servicio de la
deuda, lo cual representó a su vez el 63% de la recaudación fiscal. Por su parte el FMI y el
Banco Mundial continuo otorgando créditos a nuestro país, en especial al sector público.
Hasta el momento he, ofrecido un panorama global de la situación económica, porque,
insisto, es necesario conocer las cifras de las variables macroeconómicas para entender el
desenvolvimiento de la política social. Ahora bien, consideremos otro elemento: la población.
De acuerdo con los datos del XI Censo General de Población y Vivienda 1990, existió una
gran concentración de población en ciertas entidades federativas. Así, el Distrito federal
concentró al 10.1 YO de los habitantes asentados en 0.1 YO del territorio nacional; el Estado de
México albergó a 12.1% de la población, que vive en 1 . I YO de la superficie del país, Veracruz
sirve de asiento a 7.7% de la población en 3.7% del territorio nacional. En este sentido, las tres
entidades federativas con mayor porcentaje de población: Estado de México, Distrito federal y
Veracruz, juntas albergan al 29% de la población nacional, en tanto que su territorio representa
sólo 4.9% del territorio del país. Esto quiere decir que hay regiones, que por la cantidad de
población que reúnen, necesitan mayor incidencia de programas sociales así corno de
recursos; con esto no quiero decir que se trate de desproteger de servicios a otras regiones
con menor índice de población, pero si que es conveniente considerar a las que tienen mayor
población.
75
Con respecto al gasto público se ha continuado con la política de disminución tratando que el
financiamiento no sea inflacionario, al mismo tiempo que fomentar el ahorro, fenómeno que no
se había logrado por la cantidad de problemas existentes en la economía nacional. Pedro Aspe
y Ernesto Zedillo con toda claridad indicaron que en lo inmediato habría que recurrir al ahorro
interno y que continuaría la austeridad y la contención del gasto público.
En este periodo se restringió el gasto público en cuestiones sociales; educación, salud,
empleo, vivienda, ..., y sé continuo pagando los intereses de la deuda pública tanto interna
como externa, que siguió absorbiendo más del 50% del presupuesto, a pesar de las
renegociaciones. Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo (1989-1 994) plantea apoyar la
descentralización financiera y mejorar el control y seguimiento del gasto público, al mismo
tiempo que se le destina un importante gasto al Pronasol.
Referente a la educación, desde el Programa de Modernización Educativa del gobierno de
Salinas de Gortari, se reconoce que existen rezagos educativos entre los que destacan: 47 mil
egresados de bachillerato - 42% del total - no continúan sus estudios de educación superior.
300 mil alumnos que egresan de primaria - 17% del total - no acceden a secundaria por la
incapacidad para cubrir la demanda. Más de 6.5 millones de alumnos de primaria no concluyen
sus estudios en el periodo reglamentario. Únicamente se atiende el 10% de la demanda de
educación especial, por lo que, en forma aproximada, un millón 900 mil niños no reciben este
servicio.
Uno de los primeros actos de gobierno salinista, en los primeros días de diciembre de 1988,
fue la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, bajo la dirección de Victor
Flores Olea. CONACULTA, aunque era un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Educación, fue vista como una especie de ministerio de cultura, esta institución estaba a cargo
del:
- Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
- Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
- Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)
- Fondo de Cultura Económica (FCE)
- Fondo Nacional Para las Artesanías (FONART)
- Radio Educación
76
- Festival Internacional Cervantino
En marzo de 1989, se creó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), cuya
labor consistía en repartir sustanciosas becas para los escritores y artistas. Era el Pronasol de
la cultura con su correspondiente paternalismo. En agosto de 1989 se dieron las primeras
becas, anuales con un monto de tres millones de pesos al mes. (mil dólares aproximadamente)
Los principales grupos beneficiados fueron: Vuelta, Nexos y Proceso.
En 1992 el Fonca otorgó becas para proyectos y coinversiones culturales y para escritores
de lenguas indígenas. Para entonces el Fonca había incrementado su capital y, a los 5 mmdp
que puso el gobierno en un principio, se incorporaron 5 mmdp más. Se suponía que la
iniciativa privada proporcionaría dinero para el Fondo, pero, a pesar de que las aportaciones
eran deducibles de impuestos, la mayor parte de empresarios no quiso entrarle con su cuerno.
A fines de 1993, Salinas decidió otorgar 25 millones, entonces de nuevos pesos, para la
creación del Sistema Nacional de Creadores (SNC) similar al de investigadores (SIN). En éste
sistema las becas se aumentaron a tres años, que podían extenderse por tiempo indefinido.
En diciembre se dieron las nuevas becas, ahora mucho más jugosas; las de los eméritos,
fueron 60 becas de tres mil dólares cada una y de por vida, además de que podían
compartirlas con otras y seguir cobrando en las instituciones a las que estuvieran adscritos;
todos aquellos que hubiesen recibido algún premio nacional la recibirían automáticamente.
También lo que motivó a la indignación general, los mismos jurados se las otorgaron así
mismos con el pretexto de que habían sido postulados por instituciones como la Academia
Mexicana de la Lengua y la UNAM. Entre ellos se hallaban: Emilio Carballido, Federico Silva,
Salvador Elizondo, Elena Poniatowska, entre otros. También les tocaron sus becas de por vida
a Carlos Monsiváis, Gabriel Garcia Márquez y Carlos Fuentes. Varios de ellos eran premios
nacionales y entraron automáticamente. Salvo Fuentes y Garcia Márquez, que donaron sus
becas a la Universidad de Guadalajara, los demás la recibieron. Las protestas Ilovieron,
especialmente porque buena parte del dinero iba a dar a quienes ya lo tenían en abundancia
como: Abraham Zabludovsky y Octavio Paz.
Como uno de los propósitos del CONACULTA consistía en descentralizar la cultura, pronto
empezaron a surgir réplicas en la mayoría de estados de la república, que fueron llamadas
77
generalmente “institutos de cultura , i.;t I - tenían una estructura semejante y también tenían
becas.
Algunas de las principales acciones en materia educativa del sexenio fueron:
- Importantes modificaciones al articulo 3” constitucional.
- Cambios en los planes y programas de estudio desde primaria hasta educación superior.
- Nuevos libros de texto gratuito para primaria.
- Carrera magisterial para profesores de primaria y secundaria.
- Se crea el Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica (1990-1994) que
pretende: a) Promover la construcción de centros científicos y tecnológicos, b) fomentar la
capacitación de recursos humanos, c) incrementar el presupuesto para ciencia y tecnología, d )
dar incentivos a los investigadores, e) modificar la Ley de Transferencia de Tecnología.
- Apoyar el Sistema Nacional de Investigadores
Salinas envió a Manuel Bartlett a la gobernatura de Puebla, y puso a Ernesto Zedillo alfrente
de la Secretaría de Educación Pública. En poco tiempo el nuevo secretario de la SEP encargó
a Héctor Aguilar Camín y a Enrique Florescano la edición de nuevos libros de texto gratuitos,
especialmente los de historia. Los connotados intelectuales atendieron en el acto la propuesta
y a su vez llamaron a un grupo de historiadores para que redactaran los libros. En sólo tres
meses autores y editores tuvieron listos los libros, que fueron impresos sin concurso, junto con
las guías para los profesores. Los nuevos libros de historia en el acto fueron considerados “una
vasta operación de revisión ideológica”. Las críticas llovieron por todas partes, se quejaron
comentaristas e intelectuales así como profesores que en varios lugares se negaron a usarlos.
Con relación al presupuesto de educación tenemos, como podemos apreciar en la siguiente
tabla, un incremento del presupuesto con respecto al PI6 entre el primer año de gobierno y el
último, no obstante este incremento fue insuficiente para atender al conjunto de la población;
vale la pena recordar que organismos de la ONU recomiendan el 8%. Llama la atención que
para el año de 1992 aumentó el presupuesto a 3.6% con respecto al PIB pero se presentó una
disminución del presupuesto total del gasto social a 14.5% considerando los tres años
anteriores e incluso fue el año con menor presupuesto de todo el sexenio.
78
C;uaripJ 6 3 Presupuesto en educación pública en México (1 989-1 994)
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos
Con relación al gasto en ciencia y tecnología, e l sector público invirtió del 94 al 97% del
gasto, mientras que el sector privado sólo aportó entre 3 y 6%. El gasto público en ciencia y
tecnología permaneció estancado en 0.4% del PIB.
Por otra parte, en 1990 existían 6083 investigadores en el país, es decir, uno por cada
13’339 habitantes. El número de investigadores aumentó a 6233 en 1993. Para 1994 había
aproximadamente 180’000 escuelas, 1’200’000 profesores para atender a 26’000’000 de
alumnos. “Estas cifras integradas, significan que la sociedad mexicana enfrenta el ‘urgente’
requerimiento de atención educativa para 29 millones de mexicanos; es decir, 57.8% de las
personas mayores de 15 años de edad son objeto de las prioridades esenciales de la nación
en materia educativa”. (Méndez,l998:65) Según Fernando Rosenzweig, director del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) existen en este periodo 14 millones de
mexicanos analfabetas, que representan aproximadamente 18.6% de la población nacional.
A fines de 1991, el PRI a través de Mariano Palacios Alcocer, ex gobernador de Querétaro,
presentó su iniciativa para crear una nueva situación jurídica de las iglesias que cambiaría la
Constitución en su artículo 3, se legalizaron las escuelas de religiosas.
En materia de salud, la esperanza de vida al nacimiento ha evolucionado a 62.2 en hombres
y 72.8 en mujeres en 1990, aunque es muy variable de acuerdo con las situaciones
79
socioeconómicas de la persona y con el medio en que vim, sea urbano o rural. La tasa de
mortalidad por cada mil nacidos ha descendido a menos de 8 en la actualidad, Para 1991, las
enfermedades del aparato circulatorio causaron 20.8% de defunciones, las enfermedades del
aparato digestivo 8.3 '/O y las infecciones sanitarias 7.3%. En 1990, más de 32 millones de
mexicanos estuvieron fuera de los servicios de salud que proporcionaron las instituciones
sociales y que teóricamente son atendidos por los servicios privados. Para 1991, el gasto
social se elevó a 43.7% del total, en tanto que el gasto destinado a salud laboral representó el
21 del presupuesto total para dicho año. Dentro de lo más destacado en éste gobierno fue la
puesta en operación el Centro Médico Siglo XXI.
Los servicios de salud en México son llevados a cabo por instituciones gubernamentales y
particulares. Los primeros a través de la Secretaría de Salud; Servicios Médicos del DF, IMSS.
ISSSTE, Servicios Médicos de Pemex, Servicios Médicos de Ferrocarriles Nacionales,
Servicios Médicos de la Defensa Nacional, Servicios Médicos de la Secretaria de Marina, entre
otros. Mientras que los particulares brindan el servicio por conducto de hospitales y
consultorios particulares.
Por otro lado, un problema que plantean los especialistas y que se agrava con la crlsis es el
hecho de que sólo 15% de la población pudo comprar medicamentos, lo que provocó el uso de
sistemas naturales o la automedicación, con sus repercusiones negativas.
Otro problema que se padeció, es la existencia de médicos desempleados, aunque
paradójicamente muchas poblaciones no contaron con servicios de salud; existió en promedio
un médico por cada 1340 habitantes, aunque en las ciudades el promedio fue de 2.3 médicos
por cada mil habitantes, con una existencia de más de 85 mil poblaciones sin servicios
médicos.
En materia de empleo tenemos que la PEA para 1990 había aumentado a 23'403'000
personas. La PEA del sector agropecuario ha ido disminuyendo, en 1990 sólo participó con
22.6% de la PEA total, mientras la PEA del sector industrial ha ido aumentando, para 1990
representó el 27.9%. La PEA del sector servicios absorbió el 49.5% del total. La población
ocupada en la industria de transformación llegó a 11.7%. La PEA en la industria de la
construcción se localizó arriba del 7%. La PEA que labora en el sector público, disminuyó a
80
19% en 1990. El censo de 1990 m.:rt,,í q!Je la psrticipación femenina en la composición de la
población económicamente activa se había incrementado con respecto a años anteriores, ya
que para ese año el porcentaje se incrementó a 23.6%. Para 1995, la población total del país
era de 91 ’1 58‘000, de los cuales 35’605,390 pertenecían a la PEA que representaban el 39%
de la población total del país y 54.9% de la población mayor de 12 años. En 1995, la PEA del
sector agropecuario fue de 8’01 1’213 que representaron el 22.5% de la PEA total. En el sector
industrial laboraban 8’687‘715, es decir, 24.4% de la PEA total. En el sector servicios
trabajaban 18’906’462 personas que representaron el 53.1% de la PEA total.
En las grandes ciudades como Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, el desempleo y
subempleo aumentaron notablemente afectando incluso a profesionistas. Éste problema afectó
a 33% de egresados de las universidades, lo cual quiere decir que uno de cada tres nuevos
profesionistas no tendría trabajo después de 17 años de estudio en promedio.
Otro problema referente al empleo es el de los niños trabajadores que abundan en las
principales ciudades. Para 1993 se calculaba que había cuatro millones de niños trabajadores,
menores de 16 años que naturalmente no contaban con ninguna protección y servicio social
como el que tiene un trabajador registrado.
Por otro lado, en este sexenio, con la venta de empresas estatales, se liquidó a numerosos
trabajadores, lo que provocó un incremento en el desempleo, el subempleo y la economía
subterránea. Para proteger el empleo, algunas empresas decidieron introducir incentivos y
bonos a la productividad. No obstante, la política laboral y salarial no logró detener la caída del
salario, la desocupación y subocupación siguió en aumento y la economía informal se
incrementó en forma considerable.
Por último, en cuanto toca al Pronasol, Salinas en su toma de posesión se comprometió a
“luchar frontalmente contra la pobreza y la marginación para lo cual contaba con el Pronasol.
Su nombre fue una oportunista apropiación del movimiento Solidaridad de los obreros polacos
de los años ochenta. (José Agustín, 1999:205)
El Pronasol se convirtió en el instrumento del gobierno para combatir la pobreza extrema, en
especial se pretendió considerar a los niveles indígenas, a los campesinos de escasos
81
recursos y a los grupos populares uibanos. Se buscó atender principalmente problemas de
alimentación, regulación de la tenencia de la tierra y vivienda, procuración de justicia,
educación, salud, electrificación, agua potable, infraestructura agropecuaria y preservación de
recursos naturales. Por Io que es razonable que se destinara un Importante gasto social en
dicho programa.
Salinas le dio tanta importancia al Pronasol que su puesta en marcha, con Carlos Rojas
Gutiérrez a la cabeza, fue su primer acto de gobierno el 2 de diciembre de 1988. “Vamos a
iniciar de inmediato los trabajos”, “He querido que no sólo pongamos en marcha un programa y
firmemos un acuerdo, sino que arranquen ya obras concretas porque la necesidad de los
mexicanos no puede esperar” expresó Salinas. El objetivo del Pronasol era atender a los
grupos marginados mediante recursos para obras de todo tipo que hicieran falta. Salinas
prefirió dar recursos selectivamente, lo cual se convirtió en un factor de corrupción, y por
supuesto en un gran vehículo electorero.
Precisamente las primeras obras del Pronasol fueron en áreas donde Cárdenas y el Frente
Nacional Democrático habían obtenido una alta votación. El ejemplo más publicitado fue el de
Chalco, que votó en contra del PRI en 1988. El Presidente Io visitó en octubre, pasó una noche
ahí y anunció un proyecto que dotaría al pueblo de 105 billones de pesos en electricidad, agua
potable, casas de cultura, campos deportivos, centros comerciales, biblioteca, estación de
bomberos y plaza pública. El 11 y 12 de enero de 1989, el Presidente inauguraba las obras de
electrificación y agua potable. A partir de entonces, el Pronasol llegaba a los municipios de la
oposición y se adelantaba a las autoridades locales pavimentando calles, construyendo
escuelas y clínicas.
En el Presupuesto de Egresos de 1991, Pronazo manejaba 14 billones de pesos, mientras
que los estados y sus municipios, todos juntos, disponían de 18 bdp. (José Agustín,l999:206)
Ante las grandes cantidades que se daban al programa, los 35 presidentes municipales del
PAN se quejaron de que se invadía su jurisdicción, pues Solidaridad, con un ruidoso aparato
prornocional, hacía las obras que les correspondía a ellos y que no podían llevar a cabo a
causa de sus propios recursos. Nadie sabía con exactitud las cantidades que manipulaba
Pronasol, este fue objeto de una publicidad cuidadosamente diseñada, y se fortaleció tanto que
muchos creyeron que se convertiría en un partido político confeccionado a la medida de
Salinas para remplazar al PRI. La palabra solidaridad se aplicaba a mercados y escuelas, los
82
gobiernos estatales y municipales perdian autonomía. Además de las obras, se repartía el
dinero con un trato preferencial a quien fuera amigo aunque otros la necesitaran mucho más.
Por supuesto, estas dádivas de Pronasol generaban complicidades que se traducían en votos
en las elecciones. El Pronasol se siguió burocratizando, se dieron casos de insuficiencia o
desvío de fondos, y varios alcaldes huyeron, prófugos de la justicia. Muchas obras quedaron
incompletas o se construía tan 'mal que no podían entrar en servicio. Innumerables promesas
se quedaban sin cumplir, pero todo se reactivaba cuando se acercaban las elecciones locales
y, especialmente, las presidenciales de 1994.
La estrategia gubernamental se concentraba en el programa Nacional de Solidaridad.
Conforme se acercaban las elecciones, Solidaridad gastó miles de millones e incrementó las
obras en todas partes. Pavimentación, drenaje, centros de salud, unidades habitacionales,
leche gratuita, parques, caminos, áreas deportivas, títulos de propiedad, escrituras simbólicas,
programas de empleo aparecieron en Nuevo león, Baja California, Chihuahua, Jalisco,
Michoacán, Durango, Morelos, Guerrero, Oaxaca y en otras entidades donde la oposición
panista o perredista podía tener éxito.
En 1991, seis de cada diez pesos que gastó el gobierno federal se canalizaron al Pronasol y
por supuesto los candidatos priístas se encargaron de hacer ver que la terminación o la
continuación de las obras dependía del voto al PRI. Salinas de Gortari mismo encabezó la
campaña priísta, inauguró obras "Es mucho lo que hemos logrado ... hemos reiniciado el
crecimiento y respondemos solidarios a las necesidades de justicia"
En México el gasto social durante la década de los ochenta cayó bruscamente, lo que motivó
al gobierno a desarrollar un programa de gasto social llamado Solidaridad. Todo el gasto
social, excepto educación, pasa a través de este programa, lo que lo hace sospechoso de ser
utilizado con fines electorales. Las ventajas que tuvo fueron: más orden en el uso de recursos
para gasto social que en programas anteriores. Lo que hace desmerecer el programa es el
gasto en algunas regiones que no tienen necesidades muy apremiantes pero son reductos de
la oposición electoral y esto hace dudar que los objetivos sean sociales.
En resumen, bajo el clima de internacionalización económica, la apertura comercial y
financiera y las privatizaciones, el Estado dejó de ser el responsable Único de la economía y la
83
vida social por lo que la política social en c! Ertado neoliberal se vio marcada por un ciclo de
expansionismo, el enfoque estatista y de proteccionismo comercial que dominó buena parte del
siglo XX se encontró superada. La globalización, la declinación del Estado nacional trajo
consigo la aparición de nuevos espacios de activación social. El Estado ya no es el contenedor
de la sociedad. La globalización lo traspasa, lo desborda. Se da la aparición de nuevos
espacios de acción social. Se promueve, aunque de manera limitada, la comunicación entre el
Estado y los ciudadanos La comunicación significa que los ciudadanos tienen acceso a los
temas fundamentales de la vida estatal, tienen opción de participar e ingresar a los campos de
colaboración pública.
El Estado neoliberal se convirtió en una institución que permite, de acuerdo a reglas, que los
distintos grupos de la sociedad no sólo se interesen en los asuntos comunes, sino que tengan
la oportunidad de participar directamente en los mismos. Sólo así es posible considerar que las
instituciones-estatales son abiertas y democráticas. En este sentido, el Estado se comporta en
términos de un gobierno que reivindica el espacio de lo público.
El gobierno de lo público significa que los grupos ciudadanos y sus organizaciones acceden a
las decisiones, los procesos y los contenidos que se estructuran en la formulación,
implementación y evaluación de las decisiones y acciones. Esto significa que las políticas
públicas, en el Estado neoliberal, no son por sí mismas políticas gubernamentales.
La conformación del orden en nuestros días se encuentra cada vez más vinculadas con la
participación en las decisiones, y se considera legítima toda acción estatal que recoja o
exprese los mandatos de la base social. Conviene señalar que los ciudadanos, individual o
colectivamente, no registran los mismos patrones de participación en la constitución y defensa
de los intereses públicos. En realidad hay un proceso diferenciado de participación.
En este periodo la preocupación, en términos generales, no fue la política social sino la
política económica, poniendo particular interés en el control de la inflación. Durante los
gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas buena parte del presupuesto de egresos se
destinó al servicio de la deuda provocando una disminución en la inversión en gastos sociales,
el presupuesto en este ámbito disminuyó a un promedio de 1 1 '/O entre 1982 y 1988.
84
4.1 Comparativos de la Política Social
El propósito de este apartado es ofrecer una comparación de la cantidad de servicios
sociales ofrecidos por los gobiernos del periodo histórico estudiado. Para ello, presentaré
algunos cuadros que presentan la evolución cuantitativa del empleo, la educación, la vivienda,
la población, el PIB, la inflación y la deuda pública. Se pretende evaluar la política social, en
parte, tomando en cuenta la cantidad de población que contó con un trabajo remunerado, el
número de escuelas en el sistema educativo nacional, el presupuesto destinado a la
educación, el número y calidad de viviendas y finalmente revisar algunos datos de variables
económicas que influyeron en la política social.
En primer lugar veamos la cantidad de población que contó con un empleo remunerado por
sectores entre 1960 y 1995.
Cuadro # 4 Población total y población económicamente activa por sectores en México, 1960-1 995 (miles
de personas).
.
Podemos apreciar que:
La PEA total se incrementó 3.16 veces en un periodo de 35 años; el sector industrial lo hizo
en 4.05 veces entre 1960 y 1995, por su parte, la participación de la PEA que trabajó en el
sector servicios creció considerablemente ya que aumentó 6.24 veces en un lapso de 35 años,
el sector agropecuario incrementó solamente 1.3 veces entre 1960 y 1995. Asimismo, para
1960, el mayor número de personas laboraba en el sector agropecuario; en segundo lugar, en
los servicios y, por último, en la industria, en 1970, la situación fue similar a la de 1960, pero en
1995 el sector servicios absorbió la mayor cantidad de PEA; en segundo lugar, el sector
industrial y, por último, el agropecuario. Haciendo una comparación porcentual; en 1960 la PEA
85
total representó 32.2% de la población total del país; para 1970 sólo era de 26.8% del total de
los habitantes, en 1990 aumentó a 28.8% la participación de la PEA del total, y en 1995 lo hizo
en un 39.0%. Asimismo la PEA del sector agropecuario ha ido disminuyendo su participación
en la PEA total, ya que en 1940, 65.39% de la población ocupada laboraba en el sector; en
1960 dicha participación disminuyó a 54.1 Yo y bajó aún más para 1980, en que representó
25.8°/0, en 1990 sólo participó con 22.6%
Es importante mencionar que la participación femenina en la composición de la población
económicamente activa se incrementó ya que en 1970 representaba 20.6% de la PEA total y
en 1990 dicho porcentaje aumentó a 23.6%. Por otro lado, la participación promedio de la
industria en el PIB, por sexenio, ha sido: Ávila Camacho, 24.6%; Alemán Valdés, 26.3%; Ruiz
Cortines, 27.3%; López Mateos, 29.6%; Díaz Ordaz, 32.9%; Echeverría Álvarez, 35.3%; López
Portillo, 35.8%; De la Madrid Hurtado, 33.4% y Salinas de Gortari, 32.7%. Asimismo, la PEA
del sector servicios incrementó su participación en la PEA total, de 19% en 1940 a 23.8% en
1980, aunque en este último año el censo registró una población de 6 552 037 personas que
desempeñaron actividades insuficientemente especificadas y que representó 29.8% de la PEA
total, es muy probable que esta población se localizara en el sector servicios con actividades
de subempleo y baja retribución económica. Es importante subrayar que para 1990, el sector
servicios absorbió el 49.5% de la PEA total. Por otra parte, la PEA que laboró en el sector
público incrementó su participación respecto al total, al pasar de 14% en 1975 a 17% en 1980
y a 20% en 1986, disminuyendo a 19% en 1990. De la PEA total, la población realmente
ocupada ha disminuido su participación de 1960 a la fecha, con una fluctuación de entre 40 y
6O%, lo cual quiere decir que la subocupación y desocupación también fluctúa en el mismo
lapso de porcentaje, muchos de los cuales forman parte de la economía subterránea. Con
relación al desempleo, tenemos que en 1970, se necesitaba crear 600,000 nuevos empleos
permanentes anuales para absorber a los jóvenes que buscaban incorporarse al mercado de
trabajo; para 1980 dicha cifra creció a 800,000 y en 1986 llegó a un millón.
Evidentemente, los problemas del desempleo y subempleo han sido agravados por el rápido
crecimiento de la población, al mismo tiempo que se han generado otros como: la falta de
preparación y capacitación de obreros y empleados, la necesidad de cuadros técnicos en las
industrias, la sobrepoblación relativa del campo, la emigración a las ciudades y el bracerismo.
AI mismo tiempo, es necesario tener presente que la fuerza de trabajo constituye una riqueza o
86
recurso importante para el país, y una nación con tantas carencias como la nuestra no se
puede dar el lujo de desperdiciarla; por ello es necesario resolver este problema, pues de otra
manera podrían provocarse otros más graves.
Las utilidades derivadas de las inversiones no se canalizan a nuevas inversiones, se
atesoran o bien van a parar a bancos extranjeros ente el “temor de las devaluaciones”. La
salida de capitales de mexicanos hacia el extranjero en los últimos años, ha sido muy alta.
Junto con las anteriores causas del desempleo y subempleo que venimos arrastrando desde
hace tiempo, se suma al problema de la crisis económica actual, que se ha reflejado en
despidos masivos y en la no contratación de nuevos trabajadores, además de la copia de
modelos extranjeros con tecnologías avanzadas que desplazan mano de obra. Esta crisis se
agravó en 1982, 1988 y la consecuente recesión, que ha provocado mayores problemas de
mano de obra. La subocupación afecta más a la población rural, ya que en el campo 60% de
las personas están subempleadas; en la industria sólo 10% y en los servicios 30%.
Proporcionar empleo a la población que lo necesite no debe ser visto como una forma de
aumentar el crecimiento económico del país, sino como un fin en sí mismo; es decir, hacer real
y efectivo el derecho al trabajo que tiene todo ser humano. Esto no constituye una medida de
justicia social, más bien es aprovechar de manera óptima el recurso económico más
importante, el humano, al mismo tiempo que se incrementa la producción y la productividad.
El Estado debe impulsar en todas las formas posibles a las pequeñas y medianas empresas
de tal forma que aumente su capital e inversiones, creándose nuevas fuentes de trabajo.
Mejorar la distribución del ingreso personal y regional mediante la creación de nuevos polos de
desarrollo en zonas atrasadas y marginadas de la República, lo cual a su vez fortalecería el
mercado interno y toda la dinámica económica, en beneficio de la sociedad.
El Estado debe apoyar a todos los sectores productivos: agropecuarios e industriales, y
especialmente al primero, con el objeto de impulsar la producción y la generación de empleos,
evitando la emigración de campesinos a las ciudades. Se debe impulsar el mercado interno
mediante una mejor distribución del ingreso, que permitirá incrementar la demanda, la
producción y por lo tanto el empleo.
87
Por otra parte, uno de los ejes de l.? y::,li:;ca ~ 1 1 - 3 cksarrollo es la política de ocupación, porque
el subempleo, de cualquier tipo que sea, es una forma de subutilización de los recursos
humanos. Es necesario trabajar por una auténtica política de empleo que permita absorber la
creciente mano de obra que solicita empleo y contribuya a la eliminación gradual, pero
permanente del desempleo y subempleo que venimos padeciendo.
El siguiente cuadro muestra con números los argumentos anteriores.
Cuadro # 5 Participacion porcentual de la población económicamente activa por sectores en México, 1960-
1995
Sector 1995 1990 1980 1970 1960
Agropecuario 54.1
53.1 49.5 54 .O 37.7 26.9 Servicios
24.4 27.9 20.2 22.9 19.0 Industrial
22.5 22.6 25.8 39.4
Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda
Como lo indican las cifras la participación porcentual de la PEA en los diferentes sectores de la
economía, se ha modificado de manera sustancial.
Tocante a la educación, observemos el siguiente cuadro que refleja la evolución cuantitativa
de las instituciones educativas así como del personal docente y alumnado durante 35 años.
Cuadro # 6 Total de escuelas, profesores y alumnos del sistema educativo nacional (1 960-1 995)
Año Alumnos Profesores Escuelas
1960
20 975 262 723 793 101 035 1980
11 235 688 316 734 53 089 1970
5 941 536 145 377 36 O1 8
1990 25 210 400 1 113495 159 968
1995 26 352 100 1238 282 187 185
Fuente: INEGI, Estadísticas Históricas de México.
88
Las cifras del cuadro # 6 son muy ilils!r:Wa: e? Ir) referente al proceso de crecimiento del
sector educativo a través del número de alumnos inscritos, maestros que los atienden y
escuelas existentes.
El siguiente cuadro muestra la cantidad de recursos económicos destinado al servicio
educativo nacional.
Cuadro # 7 Presupuesto en educación pública en México (1 940-1 994)
Presupuesto Porcentaje del 1 Porcentaje del gasto I
Fuente: INEGI, Estadísticas Históricas de México. * A partir de 1988 son nuevos pesos
Destaca el año de. 1970 ya que, del presupuesto total del gobierno federal, 34.5% fue para la
educación, descendiendo su participación de 1980 a 1990, este último año se sitúo en 15.1 %,
cifra similar al año de 1950; esto quiere decir que en 1990 prácticamente se gastó en
educación casi el mismo porcentaje que en 1950, pero con una población infantil mucho más
amplia. El porcentaje del gasto educativo en relación con el producto interno bruto (PIB) se ha
incrementado de menos de 1% en 1940 y 1950 a 2.9% en 1980.
Evidentemente la educación constituye uno de los principales servicios que debe presentar el
Estado, de ello, depende en buena medida el crecimiento y el desarrollo de una nación, por
tanto, es oportuno poner atención en algunos problemas que presenta la educación en México
como lo son:
- Rezago escolar, es decir, la falta de oportunidades para muchas personas de asistir a la
escuela.
89
- Planes y programas de estudio de i a a a duixl6r., es decir, que tardan mucho tiempo en
modificarse.
- Bajo presupuesto educativo en términos porcentuales, en relación con el PIB.
- Deserción, abandono y reprobación escolar.
- Desprofesionalización de muchos profesores por exceso de trabajo y bajo nivel académico.
- Masificación de la enseñanza, grupos numerosos.
- Factores negativos que inciden en el proceso enseñanza-aprendizaje, como la desigual
distribución del ingreso, las deficiencias en la dieta alimenticia y otros factores sociales.
La educación pública presenta una gran cantidad de problemas, entre otros: larga duración de
los planes y programas de estudio; falta de actualización de profesores; falta de capacidad
para atender a la población demandante. Otro problema es que muchas escuelas privadas se
interesan más por el lucro que por la calidad de Io que enseñan. Se han abierto muchas
escuelas, academias e institutos que imparten educación en carreras y estudios que no
requieren validez oficial, pero que son fraudulentas en cuanto a la calidad de la educación que
imparten.
Algunas propuestas para solucionar los problemas anteriormente señalados son:
- Aumentar en forma permanente y sostenida los recursos destinados a la ciencia y a la
tecnología
- Evaluar y revisar en forma periódica los resultados de los apoyos a la ciencia y a la
tecnología.
- Estimular al sector productivo para que aumente su financiamiento.
- Reconocer y estimular económicamente a todos los investigadores.
- Incrementar el número de becas y los recursos destinados a ellas.
-Establecer convenios de colaboración gobierno- empresas y con instituciones extranjeras.
- Vincular a las instituciones educativas con las empresas.
- Facilitar la obtención de equipo científico.
- Estimular y fomentar la creatividad en todos los niveles.
- La creación de una infraestructura para la información que sirva de apoyo a la multiplicidad de
actividades académicas
- Programas de formación y actualización docente.
90
- Mejoramiento de la universidad que Si::;r;a: preservar la cultura y acrecentar 10s saberes.
- Crear un programa regional permanente de información y orientación vocacional, a fin de
conocer la oferta educativa de las instituciones ubicadas en la región.
- Propiciar que la elección de opciones profesionales sea derivada del conocimiento de los
perfiles profesionales, del autoconocimiento del mercado de trabajo.
- Asegurar a mediano plazo una distribución más racional de la población estudiantil dentro del
campo de oportunidades existentes, evitando la excesiva concentración en unas cuantas
opciones profesionales en detrimento de otras.
- Abrir cursos de didáctica especial para el caso de las materias que mostraron mayor grado de
dificultad y fueron causa de reprobación
- Reconvertir habilidades y saberes en el personal de planta para sensibilizarlo a los cambios e
innovaciones que deberá afrontar en su futuro próximo.
- Inducir a la creación de propuestas de educación y actualización dirigidos al profesorado.
- Propiciar la actualización de programas.
- Valorar y utilizar los medios de comunicación como un instrumento de actualización de
contenidos, en particular en áreas donde sea difícil disponer de especialistas locales.
- Abrir carreras a partir de estudios que justifiquen su factibilidad de acuerdo a la demanda y
oferta en la región.
- La investigación supone el desarrollo del conocimiento y está avalada por una comunidad
científica que la privilegia y apoya, generando propuestas e innovaciones en los diferentes
sa beres.
-Apoyar la formación de estudios de postgrado para crear la base potencial de investigadores.
- Establecer mediante convenios de intercambio la formación de investigadores que deseen
cursar estudios de postgrado y especialización en otras instituciones nacionales y extranjeras.
- Vinculación interinstitucional a través de convenios entre la universidad y los productores, a
fin de que la investigación participe en la solución de problemas.
- Establecer los convenios de apoyo financiero con las entidades nacionales e internacionales
que respaldan con recursos la investigación.
- Crear una cultura de evaluación para la transformación de las universidades.
- Perfilar una visión de futuro para la institución educativa.
91
Tocante al servicio de vivienda vearmc ‘2s Figuientes cifras que ilustran la evolución
cuantitativa de viviendas coI1struida;, 61 I I&xico, los ocupantes totales y el promedio de
habitantes por casa habitación en el lapso de 45 años.
Cuadro # 8 Número de viviendas, ocupantes totales y habitantes por vivienda en México (1 950-1 995)
I Año 1 Viviendas totales I Ocupantes totales 1 Habitantes por vivienda I 1950
5.5 66 365 920 12 074 609 1980
5.8 48 225 238 8 286 369 1970
5.4 34 923 129 6 409 096 1960
4.9 25 791 017 5 259 208
1990 5.0 81 249 645 16 197 802
1995 4.7 91 158 290 19 158 290 I I I
Fuente: INEGI, Estadísticas Históricas de México.
De 1950 a 1960, la población se incrementó 1.3 veces, mientras que la habitación subió 1.2
veces; de 1960 a 1970, el crecimiento de la población fue de 1.4 veces, este es mayor que el
de las viviendas 1.3 veces, lo que provocó que el número de habitantes por vivienda creciera
de 4.9 en 1950 a 5.8 en 1970. De 1970 a 1980, el aumento de viviendas fue de 1.4 veces, el
cual, es superior al crecimiento de la población (1.3 veces), lo que hizo que el promedio de
habitantes por vivienda disminuyera de 5.8 a 5.5 en esa década. Asimismo, de 1980 a 1990 el
número de viviendas se incrementó en más de cuatro millones, reduciéndose el número de
habitantes por vivienda a 5.0.
En el cuadro # 9 se muestran algunas comparaciones de la vivienda de acuerdo con sus
condiciones señaladas en los censos IX,X, y XI de 1970, 1980 y 1990 y el conteo de 1995,
respectivamente.
92
Cllac $ 3 Porcentaje de viviendas en MCxir. . :!gljn su condición (1 970-1 995)
Condición
77.9 67.9 66.0 Propias
1990 1980 1970 1995
83.0
No propias 17.0 22.1 32.1 33.9
i I Con drenaje 51 .O 41.5 63.6 74.7
Sin drenaje 36.4 42.8 58.5 25.3
Con energia 87.5 74.8 58.8 93.2
eléctrica
Sin energía 12.5 21.8 41.1 6.8
eléctrica
Con agua
entubada
20.6 28.4 39.0 Sin agua
entubada
79.4 70.7 61 .O 85.6
14.4
Fuente: Censos Generales de Población y Vivienda
De lo observado se desprende que de 1970 a 1990 hubo un avance sustancial en las
condiciones de vivienda del país, a pesar de ello, los problemas habitacionales están lejos de
resolverse y algunos se han agravado por los sismos de septiembre de 1985.
Tenemos que aproximadamente para el año de 1994 había 19’000 viviendas con un total de
ocupantes alrededor de 90 millones.
Algunos problemas habitacionales que no se han resuelto son:
- Déficit de más de 6 millones de viviendas.
- Necesaria conexión e instalación de tomas de agua, drenaje y energía eléctrica en más de 3
millones de viviendas.
93
- Crecimiento acelerado de asentamierltos irreguiares en la periferia de las ciudades, por
ejemplo, las más de 3700 colonias irregulares y más de mil ciudades perdidas en el Distrito
Federal.
- Condiciones deplorables de la mayor parte de las viviendas rurales.
- Especulación inmobiliaria sin satisfacer las necesidades populares de vivienda.
- Encarecimiento de los materiales de construcción y por tanto de las viviendas, lo que unido al
proceso inflacionario y a la crisis, impide que muchas personas tengan acceso a una vivienda
digna.
Con relación a la población, veamos el siguiente cuadro que presenta el total de población
del periodo histórico estudiado.
Cuadro # 10 Población total en México 1940-1990
Año Población Total
1940
81 249 645 1990
66.846 833 1980
48 225 238 1970
34 923 129 1960
25 791 017 1950
19 653 552
Fuente: Conapo-lnegi, Agenda Estadística y Anuario Estadístico
Tomando en cuenta los datos anteriores, los aspectos sobresalientes del aumento de la
población en nuestro país fueron que de 1940 a 1980, la tasa anual promedio de incremento
de la población nacional fue de 2.63. Asimismo, el ritmo de crecimiento de la población
nacional ha descendido, ya que pasó de 3.3% anual en 1970 a 3.2% en 1980, y sólo 2.0% en
1990, estimándose tasas de 1.6% para 1995.
Por otra parte, en cuanto a la salud, tenemos que la tasa de mortalidad por cada mil nacidos
ha descendido de 23.4 en 1940 a 16.1 en 1950, a 11.5 en 1960, a 10.1 en 1970, a 8.5 en 1978
y a menos de 8 en la actualidad. (Méndez,1998: 69) Las principales causas de muerte han
ido variando: en 1940, 43% de las defunciones se debió a enfermedades infecciosas y
parasitarias, mientras que en 1982 esta causa representó sólo 12.2%; las enfermedades del
94
aparato circulatorio provocaron 3.7% de las muertes en 1940 y 16.9% en 1982; las
enfermedades del aparto respiratorio causaron 20% de defunciones en 1940 y 1 1.8% en 1982;
las enfermedades del aparato digestivo provocaron 4.7% de las muertes en 1940 y 8% en
1982. Para 1991, las enfermedades del aparato circulatorio causaron 20.8% de defunciones,
las enfermedades del aparato digestivo 8.3% y las infecciones parasitarias 7.3%. Asimismo, los
gastos del gobierno federal en salubridad y asistencia han ido disminuyendo de 3.5% del PIB
en 1940 a 1.5% en 1970 a l . 1 Oh en 1980 y a sólo 0.3% en 1989.
Los servicios de salud son importantes, toda persona tiene derecho a ser atendida por una
institución gubernamental, lamentablemente este servicio tiene una serie de problemas que a
continuación se presentan:
- Se satisfacen en forma incompleta las necesidades de salud.
- Los servicios de salud, del sector público son básicamente curativos, con atención médico - hospitalaria cara y con poco impacto en la salud de la población.
- Los servicios de salud se encuentran dispersos y no han extendido su cobertura en forma
consistente.
- Falta coordinación y uso eficiente de los bajos recursos.
- La educación para la salud no se ha instrumentado en forma amplia a través de los medios
masivos de difusión.
Algunos otros problemas que inciden en la situación de la salud son: las condiciones
ambientales que cada día se deterioran más y que provocan enfermedades e incluso la muerte
en buena parte de la población; las condiciones sanitarias como el drenaje, el alcantarillado y el
agua potable todavía no llegan a toda la población; existen deficiencias, en las condiciones de
higiene porque la población no está educada para la salud; la alimentación de muchas
personas es insuficiente e inadecuada; por último, las acciones de salud son curativas más que
preventivas.
La solución de los problemas de salud en México demanda que se mejoren las condiciones
de vida de todos los mexicanos, lo cual, repercutirá en mejor alimentación, mayor educación,
viviendas adecuadas y desde luego, mejores condiciones de salud. Los servicios médicos
95
privados son en general caros y muchas veces se interesan más por el lucro que por atender a
las necesidades de los pacientes.
Existe una falta de recursos de las instituciones públicas de salud, cuya atención a los
pacientes deja mucho que desear. A muchos servidores del sector público de salud les falta
capacitación técnica profesional y de atención a los usuarios. Los servicios de salud tanto
públicos como privados, atienden más cuestiones curativas que preventivas.
Por otra parte, es oportuno recordar que la formulación y ejecución de la política social
depende, en parte, de la situación económica, observemos el siguiente cuadro que presenta el
nivel de crecimiento económico durante el periodo estudiado.
Cuadro # 11 Incremento del producto interno bruto 1940-1 994
Sexenio Crecimiento Aiio
Promedio Anual (%)
Avila Carnacho
6.3 1952-1 958 Ruiz Cortines
5.7 1946’1 952 Alemán Valdés
6.1 1940-1 946
I I
López Mateos 6.7 1958-1 964
Díaz Ordaz
3.0 1988-1 994 Salinas de Gortari
o. 1 1982-1 988 De la Madrid Hurtado
6.0 1976-1 982 López Portillo
6.0 1970-1 976 Echeverría Alvarez
6.8 1964-1 970
fuente: De 1940 a 1982 INEGI, Estadísticas Históricas de México. Y de 1983 a 1994 Banco de México, Informes Anuales
De acuerdo con las estadísticas históricas que presenta el cuadro # 11 podemos afirmar que
el crecimiento promedio anual durante 1940 a 1970 fue de 6.3%. Los sexenios donde mayor
incremento de la economía hubo, fueron los de López Mateos (6.7% anual) y Díaz Ordaz
(6.8% anual) conocidos como el desarrollo estabilizador. Durante el “Milagro Mexicano” el
crecimiento más bajo fue en el sexenio de Miguel Alemán: 5.7% en promedio anual. Durante el
periodo de 1970-1 976 el ritmo fue menor que en décadas anteriores. Asimismo, el promedio en
el sexenio de López Portillo fue de 6%, igual al periodo de Echeverría Álvarez e inferior a los
96
periodos anteriores. Por otro lado, el promedio de crecimiento anual de la economía mexicana
en el sexenio de Miguel de la Madrid es de apenas 0.1 3% cifra muy baja que no alcanza a
cubrir las crecientes necesidades de una población que va en aumento, es decir, fue un
sexenio perdido en términos de producción. Finalmente, con Carlos Salinas el promedio anual
de la economía es de %o%, cifra que, aunque baja, es superior al crecimiento de la población.
A pesar de ello, dista mucho de acercarse al ritmo histórico de la economía nacional, que es
superior a 6%.
La inflación es un fenómeno económico que se ha considerado en éste trabajo, por tanto, es
conveniente analizarla especialmente después de 1970 cuando comienza a dispararse,
provocada por la crisis económicas. Veamos el siguiente cuadro.
Cuadro # 12 Promedio sexenal de la inflación 1970-1988
Sexenio Incremento Promedio Años
Anual (%)
Echeverria Alvarez 14.2 1970-1 976 I I
López Portillo 1 1976-1982 I 35.7 I I
De la Madrid Hurtado 86.7 1982-1988
Fuente: Informes anuales del Banco de México
Tal como podemos apreciar en el cuadro, el promedio anual de inflación se incrementó más
del doble en cada sexenio, ya que con Echeverria Álvarez dicho promedio fue de 14.2%, con
López Portillo fue de 35.7% y en el sexenio de De la Madrid fue de 86.7O/0. Los años con
inflación más baja fueron 1971 y 1972. Los años con inflación más elevada son los de 1982,
1986 y 1987
Por otro lado, el servicio de la deuda externa, tal como lo hemos tratado, es un obstáculo
para formular políticas sociales integrales, el siguiente cuadro expone la evolución de la
deuda externa a partir del gobierno de Díaz Ordaz.
97
CLjqdro # 13 Evolución sexenal de la deuda pública externa ( millones de dólares) 1940-1994
Sexenio
85 435.8 1988-1 994 Salinas de Gortari
81 003.2 1982-1988 De la Madrid Hurtado
57 988.2 1976-1 982 López Port~llo
19 600.2 1970-1 976 Echeverría Alvarez
4 262.0 1964-1 970 Díaz Ordaz
Total Año
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.
En el periodo de 1965 a 1990 (25 años), la deuda pública externa aumentó 39.9 veces. En el
sexenio de Díaz Ordaz (1964-1 970), se obtuvieron créditos por 2205.9 millones de dólares, con
un crecimiento de la deuda externa del 200% y con un incremento promedio anual de la misma
de 15.7%. Durante el gobierno de Echeverría Álvarez (1970-1976), el endeudamiento público
externo subió 15 338.2 millones de dólares, que representaron un aumento de 4.6 veces, con
un incremento promedio anual de 29.8%. En el régimen de López Portillo (1976-1982), el
endeudamiento público externo se elevó en 38 388 millones de dólares, lo que significó un
crecimiento de 2.9 veces, con un incremento promedio anual de 20.7%. En los seis años
(1982-1 988) del sexenio de De la Madrid Hurtado, los créditos públicos del exterior subieron
en 31 11 1.8 millones de dólares, que significaron un aumento de 53.6%, con una tasa de
incremento promedio anual de 4.9%. Finalmente, en los primeros cinco años (1989-1993) del
sexenio de Salinas de Gortari, la deuda pública externa pasó de 85 O19 millones de dólares en
el primer año, a 78 900 en el último, lo cual representa una disminución de 7.2%.
Indudablemente el incremento de la deuda no aleja las crisis sino que éstas se vuelven
recurrentes, como ha ocurrido en México. Los créditos contraídos se pagan con más deuda,
los bancos cubrían " los vencimientos del principal e intereses" con nuevos créditos,
aumentando el saldo deudor. Debido a la política de endeudamiento público tanto interno como
externo, buena parte del presupuesto de egresos de cada año se destina al pago de intereses
y amortización, lo cual disminuye las posibilidades de expansión, de la inversión pública y del
gasto en promoción económica y social.
98
Por otro lado, con relación al presupuesto público tenemos que por tradición ha sido
deficitario en nuestro país, lo cual quiere decir que se gasta más de lo que se recibe de
ingreso, por lo cual el Estado ha recurrido al financiamiento externo por medio de la
contratación de deuda externa. El déficit, en buena medida, se debe a una deficiente
administración del sector público, donde la corrupción continua siendo un factor importante.
Tocante a la política financiera, a pesar de la creación de la Secretaría de la Contraloría, se
observa mucho dispendio y desviaciones del gasto público que se traduce en números rojos
para muchas empresas del Estado y son fuentes de enriquecimiento ilícito de algunos
servidores públicos. Muchas de las empresas del sector público no se manejan con criterios de
eficiencia y representan una onerosa carga para la sociedad mexicana, que los debe financiar.
La política financiera, durante el periodo estudiado, se caracterizó por actuar en un sistema
económico deprimido y, que no cumplió con los objetivos que se planteó, agravando algunos
problemas como: menos recursos a la promoción social. Evidentemente la política financiera
del gasto público no ha contribuido al objetivo de coadyuvar al desarrollo económico y social
del país. Por ejemplo, la política financiera de la década de 1980 intentó disminuir el déficit
público a costa de restringir el gasto y de aumentar los ingresos por todos los medios, sin
embargo, esta política, lejos de sanear las finanzas públicas, ha sumido al país en una crisis
económico-social que ha agravado muchos de los problemas que más o menos estaban
controlados con la política de gasto público deficitario.
Con respecto a la política fiscal, tenemos que el sistema fiscal ha descansado
fundamentalmente en los impuestos que pagan los trabajadores, los consumidores y los
pequeños y medianos empresarios. A pesar de los controles que se han aplicado, la evasión
fiscal es muy alta, sobre todo entre los grandes capitalistas y las empresas transnacionales. Se
ha recurrido creciente y exageradamente al endeudamiento interno y externo, en parte por la
falta de ahorro, la fuga de capitales y la ineficiencia de la política fiscal. El principal impuesto,
el de la renta, es injusto, regresivo, desproporcionado y poco competitivo, sólo ha sido
reformado; no se ha hecho una verdadera reforma fiscal que grave más a la que más tiene.
Proporcionalmente se grava más al trabajo que al capital. Se ha modificado la estructura fiscal,
de manera que ahora se castiga más al consumo el cual contrubuye con cerca de 40% de los
impuestos, en tanto que los impuestos a los ingresos sólo aportan cerca de 45.8%. "Luego de
99
pagar impuestos, derechos y aportaciones de seguro social y vivienda, el mexicano promedio
sólo puede disponer de 50 centavos por cada peso que recibe de salario” (El financiero, 1983)
Retomemos la Cita de Carlos Ramírez:
“La política fiscal mexicana ha olvidado su papel de instrumento de justicia y de equidad y se
ha convertido exactamente en lo contrario: el mecanismo para alentar la concentración de la
riqueza y el ingreso”.
“Bajo el criterio de que lo importante es recaudar y no equilibrar, el fisco asume las
características de un justo sin justicia, porque grava el trabajo y la renta y no se atreve a tocar
la riqueza acumulada”. (Proceso #229,1981)
En resumen, naturalmente el avance de las sociedades, el incremento de la población, entre
otros factores, ha provocado que se incremente la cantidad de escuelas, de hospitales, de
viviendas, de centros de trabajo, etcétera, el caso de México no fue la excepción, se presentó
,un aumento de servicios sociales, en especial, en la década de los sesenta, para disminuir en
las últimas décadas. No obstante, este crecimiento de servicios sociales durante ciertos
periodos de la historia contemporánea de México, no corresponde ai incremento y necesidades
de la población, desarrollándose muchas preferencias por sectores sociales.
1 O0
CONCLUSIONES __ ””
La política social es el instrumento que utiliza el gobierno para distribuir el ingreso nacional a
través de servicios sociales, contribuyendo al desarrollo económico y social de una nación, es
decir, es la herramienta para ofrecer justicia social a los miembros de la sociedad. Las
funciones que cumple la política social son amplias y muy variadas, incluso surgen nuevas
necesidades y funciones de acuerdo con el avance de la sociedad. Sin embargo, son las
finanzas públicas sanas las condicionantes para dotar de más y mejores servicios a la
población demandante.
El Estado asumió la responsabilidad única de ejecutar la política social durante buena parte
de la historia contemporánea de México, desde 1940 cuando inicia el llamado “Milagro
Mexicano” hasta el año de 1982 cuando el modelo Keynesiano-benefactor llega a su crisis más
severa en el Estado mexicano. Después de ese año, y bajo el contexto del neoliberalismo, la
política social se.desarrolló de manera distinta dando pie a la participación de los ciudadanos,
aunque limitada, en la ejecución de la política social.
El crecimiento económico registrado durante el Estado de bienestar no se reflejó en una
mejora en la calidad de vida de la mayor parte de la población, que se demuestra, entre otras
cosas, con el acceso a todos los servicios sociales, y sí provocó una desigualdad social al
privilegiar a unos cuantos en perjuicio de muchos. Una gran cantidad de mexicanos sigue sin
beneficiarse del crecimiento económico, especialmente las capas más bajas de la población,
de hecho el poder adquisitivo de la población se deteriora en forma paulatina además de
incrementarse la dependencia del país. Muchos problemas económicos y sociales quedan sin
resolverse y otros más se agudizan. La tónica no cambia hay crecimiento económico sin
desarrollo.
La política social durante ésta época no fue otra cosa más que el mismo gobierno en acción.
Las acciones gubernamentales fueron acciones y decisiones concretas entendidas como
política pública e incluyeron la acción por parte del Estado dirigida a cumplir ciertos objetivos.
La política social durante el periodo de 1940 hasta 1982 se desplegó como una
responsabilidad casi única por parte del Estado ya que fue el promotor del mejoramiento de
1 o1
las condiciones de vida de la poblacibn, m r a s p esencial del Keynesianismo - benefactor que
significa que el gobierno es promotor y facilitador de los servicios.
Durante el periodo de 1940 a 1970 hubo una fuerte concentración del ingreso, por lo que los
beneficios del crecimiento económico fueron sólo para una pequeña parte de la población, en
tanto que las mayorías veían agravarse sus problemas y no mejoraban sus niveles de vida.
Por ello, a éste periodo también se le conoce como de “crecimiento concentrador del ingreso’’
En éste mismo periodo la economía mexicana, impulsada por el Estado, tuvo tasas
importantes de crecimiento - superiores a 6% - en tanto que la población creció a una tasa
promedio de 3% anual. Este crecimiento económico ayudó a la acumulación privada de capital
y propició la formación y desarrollo de capital financiero, pero no atendió los problemas
sociales de manera integral que afectaban y aún siguen afectando a buena parte de la
población nacional.
Durante el tiempo que duró el Estado benefactor, el empleo fue ofrecido tanto por la iniciativa
privada como por el Estado, el auge económico provocó la incorporación de mucha gente a
actividades productivas, no obstante, no fue bien distribuido tanto por regiones como por
sectores productivos. La educación fue perfilada a preparar individuos al servicio de la
economía industrial. La salud se ofrecía preferentemente a los trabajadores involucrados en la
industria, destacando la creación de importantes hospitales como el IMSS y el ISSSTE. En
vivienda, aunque fue insuficiente, vale destacar la creación de varios fondos y programas de
vivlenda como el INFONAVIT.
Por otra parte, las crisis registradas desde el gobierno de Luis Echeverría hasta Carlos
Salinas, impidieron en buena medida, que se destinaran los suficientes recursos a programas
de bienestar social ya que como apreciamos en la descripción de los sexenios se presentaron
continuos recortes al gasto social.
Desde la .administración de Miguel de la Madrid, la política social adquiere un rasgo
interesante, se convierte en una responsabilidad compartida entre el Estado y la población civil
que se refleja de manera más marcada a través del Pronasol con Carlos Salinas. Es
102
importante reconocer que la participacihc de la pcblación civil se reducía a la aportación de la
mano de obra en las construcciones de escuelas, clínicas, viviendas, capillas, etcétera.
Con Carlos Salinas, el Pronasol se convirtió en el instrumento de la política social, éste
programa, hasta un cierto punto, fue benéfico para la población, ya que se construyeron
muchas obras con fines de bienestar social, sin embargo, muchas de ellas no respondieron a
las necesidades de las comunidades. El carácter de fondo del Pronasol es que fue un
instrumento político con fines electorales.
Durante el Estado neoliberal el empleo es ofrecido por la iniciativa privada, no obstante, los
esfuerzos, el desempleo ha aumentado considerablemente orillando a muchas personas a
trabajar en la economía subterránea. En cuanto a salud, cabe reconocer que el nivel de vida de
la población a aumentado por encima de los sesenta años, pero sigue siendo insuficiente para
el conjunto de la población. La educación sigue siendo deficiente, la demanda medio superior y
universitaria no es satisfecha, sin embargo, se amplio el nivel básico y se crean varios
institutos de cultura. La vivienda es insuficiente sobre todo en las grandes ciudades, además
las habitaciones tienen un alto nivel de deterioro.
La política social en éste periodo tiende a considerarse más como acción que involucra
activamente a los actores sociales que como intervención gubernamental que promueve la
participación social. Las acciones del gobierno se manifiestan en espacios distintos e implican
relaciones de participantes. Son constitutivas, esto significa que hacen a Io sustantivo de lo
económico - político y se definen y proyectan con una necesaria participación social.
Por otro lado, la desigualdad económica, es la que impide, entre otras cosas, el desarrollo,
ésta se manifiesta en una desigual distribución del ingreso tanto regionalmente como por
actividades económicas y por estratos sociales, representa un obstáculo a la propia dinámica
del crecimiento económico del país, por lo que es necesario una redistribución del ingreso. La
mala y desigual distribución del ingreso entre los habitantes, obliga a no tener oportunidades
de acceder a los servicios sociales por lo menos mínimos.
Por su parte, el debilitamiento de la economía ha provocado problemas sociales de difícil
solución. Es claro que a la fecha el sistema económico y la política económica, han sido
103
incapaces de proporcionar más y mejor educación, salud, vivienda y empleo. Ante ésta
situación las medidas de la política económica seguida hasta nuestros días por el Estado
mexicano han conducido a la austeridad en busca de la estabilidad económica, lo que ha
provocado que los problemas se agudicen y la crisis siga presente. Las demandas crecientes
de los habitantes no han podido ser resultas por el gobierno, porque carece, entre otras cosas,
de los recursos económicos necesarios para su atención eficaz.
En términos generales, tocante a la educación, la falta de oportunidades de trabajo
desalienta a la misma. Por Io que es necesario crear las suficientes plazas para recibir a las
personas que invierten muchos años en su formación. Por otro lado, es necesario canalizar
más recursos a la educación -la ONU recomienda el 8% del PIB- si es que deseamos aspirar al
desarrollo.
Con respecto a la salud, es obvio que, históricamente, las condiciones de salud en nuestro
país han ido mejorando, sobre todo si comparamos las diferentes épocas. Sin embargo,
estamos lejos de alcanzar en la actualidad un grado de materia de salud que nos permita
igualarnos ya no con países de alto desarrollo, sino con paises cuyo grado de desarrollo sea
similar al nuestro. La cobertura de servicios de salud a la población es parcial y se concentra
en las grandes ciudades.
Cuanto toca al empleo, el sistema económico mexicano ha sido incapaz de proporcionar
ocupación remunerada a todos los que la solicitan, lo cual se debe, entre otras cosas, al
debilitamiento de la estructura económica ya que la industria se muestra cada vez más incapaz
de proporcionar trabajo a los nuevos demandantes aunado a las continuas crisis económicas
que ha padecido México. El resultado de la política laboral y salarial del periodo estudiado fue
de un mayor deterioro del salario real, lo cual ha obligado a trabajar a la esposa y a los hijos, al
mismo tiempo que crecen el desempleo, el subempleo y la economía subterránea.
La atención al problema de la vivienda se ha dado principalmente por parte del Estado
mexicano. Éste se convirtió en el principal agente promotor de la vivienda popular en el país. El
acceso a la vivienda sigue siendo una preocupación ya que no alcanza a satisfacer la
demanda creciente.
104
En cuanto a los sitios públicos de esparcimiento como los deportivos y parques son
insuficientes, provocando la utilización del tiempo libre en otras ocupaciones poco benéficas
para la persona.
Algunos problemas que siguen existiendo son:
- Mayor concentración del ingreso en las pequeñas capas de la sociedad.
- Bajo ingreso de la mayoría de los habitantes
- Bajo nivel de cultural
- Carencia o malas condiciones de vivienda.
- Elevado índice de desnutrición y probletvas de alimentación.
- Incidencia de enfermedades infecciosas.
- Alto nivel de desempleo y subempleo.
- Baja participación política de la población e indiferencia.
- Precios excesivos en algunos espectáculos por falta de control del sector público.
Aún existen mecanismos de dominación que permiten la “apropiación” de bienes o servicios
públicos por parte de la fracción económico- social más poderosa que logra que sus intereses
sean realizados por el Estado. La autoridad pública, en última instancia, es el escenario de
reconocimiento de intereses. En este sentido, la política social se convierte, en ocasiones, en
un sistema de acción pública que tiende a imponerse en un sector de la sociedad. Se sigue
operando en esquemas clientelares.
Lo común y lo general son factibles siempre que las conductas individuales no prevalezcan
por encima de lo que es de interés para todos. Se requiere de organización y cultura política
que rompa con el clientelismo. Durante éste periodo la política social ha presentado un amplio
margen de concentración de poder político- administrativo y de la influencia sobre las formas
de gestión pública. Se requiere de elevar la eficiencia administrativa de los estados.
Los planes nacionales de desarrollo, la programación presupuestal, los programas regionales
para los polos de desarrollo, los de desconcentración y descentralización, la planeación
democrática, los convenios únicos de desarrollo entre federación y gobierno de los estados, no
resultaron. La promesa de libre acceso al bienestar para toda la sociedad y la exigencia cada
vez más visible de un desigual acceso al marco de las oportunidades no se ha cumplido.
105
La política social en su conjunto no !7a logrado su propósito general: el del desarrollo ya que
ésta categoría representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto; lo que
representa cambios cuantitativos y cualitativos. El desarrollo socioeconómico en México sigue
ausente; los principales problemas económicos y sociales, están lejos de resolverse, el
endeudamiento interno y externo sigue presente, el desempleo y el deterioro salarial son una
constante, las precarias condiciones de salud, educación y vivienda son de reflexionar y de
actuar por parte del Estado mexicano.
Para que en la actualidad se pueda hablar de desarrollo socioeconómico en México, se
requiere incrementar los niveles de vida de todos, lo cual significa:
- Ampliar los empleos y mejorar los ingresos
- Mejorar los espacios sanitarios y de salud
- Promover la educación
- Mejorar las condiciones de vivienda
Debe haber un desarrollo socioeconómico en el que tenga cabida la totalidad de los
mexicanos, que mejoren su calidad de vida, donde el ingreso nacional sea repartido de manera
más equitativa y justa.
Es necesario la aplicación de una política social con una visión de largo plazo que permita
sentar las bases de un auténtico crecimiento y sobre todo de desarrollo, con mejores
condiciones de vida y de acceso a servicios sociales. Lo importante es el bienestar de la
persona, es el eje central de la política social y ésta dimensión humana es lo que debe
impulsar a tener responsabilidad y darle la importancia que se merece a la política social. En
definitiva falta mucho por hacer en México para lograr una política social efectiva.
106
1 ) Bolívar, Augusto (1 990). México en la década de los ochenta. UAM-A, México.
2 ) Constitución politica de los Estados Unidos Mexicanos(2000).
3 ) Delgado,Gloria (1 996). Historia de México 2. Alhambra, México.
4 ) José Agustín (2000). Tragicomedia mexicana 3. Planeta, México.
5 ) INEGI. Estadisticas Históricas. México.
6 ) Méndez, José (1998). Problemas Económicos de México. Mc Graw Hill, México.
7 ) Pareja, Carlos (1 994). Políticas Sociales. Prisma, Uruguay.
8 ) Peréz,Germán (1 986). La Evolución del Estado Mexicano 111. El Caballito, México
9 ) Schettino, Macario (1996). Elementos de Macroeconomia. México.
10 ) Segob (1998). Política Social. F.C.E., México.
1 1 ) Vargas, Germán (1 999). Politicas Públicas Para el Siglo XXI en Revista lztapalapa,
México.
12 ) Velázquez, Margarita (1 992). Politicas Sociales, Transformación Agraria. UNAM,
México.
Revistas:
I Época
2 ) Nexos
3 ) Proceso
4 ) Uno Más Uno
5 ) Vuelta
Periódicos:
1 ) El financiero
2 ) El Nacional
3 ) El Universal
4 ) La Jornada
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