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EL PAPEL DE LOS SINDICATOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS
PARA LA SUPERACIÓN DE LAS
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
Por Martha Lisbeth Alfonso Jurado Colombia
Imagen de la portada: Guache Street Art (Mural en Bogotá)
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Introducción
El presente artículo se produce en el marco del ―Seminario Internacional sobre
Seguridad en el ejercicio de la profesión periodística desde una perspectiva de
género‖ que convoca a los diferentes sindicatos de periodistas de América Latina y
el Caribe, con el objetivo de generar una reflexión sobre los riesgos y las violencias
a que están sometidas las mujeres trabajadoras del periodismo en el ejercicio de su
profesión y la necesidad de impulsar estrategias que permitan su protección y
garantía de derechos desde un enfoque de género.
En este sentido, mi reflexión gira en torno a esas estrategias posibles y de manera
particular, a la construcción de políticas públicas como herramientas para la
superación de las violencias de género y particularmente de las violencias contra
las mujeres, señalando el papel y la importancia de las organizaciones sindicales enesa construcción.
Inicialmente, planteo un rápido panorama sobre las violencias contra las mujeres
en la región de América Latina y el Caribe, evidenciando su impacto y magnitud y
la imperiosa necesidad de hacerles frente, toda vez que su ocurrencia son un
impedimento para el ejercicio de la ciudadanía, la democracia y el desarrollo
socioeconómico de los países.
En segunda instancia, abordo el debate contemporáneo sobre las políticas
públicas como una herramienta posible contra esas violencias, no solo desde la
garantía de derechos y la protección hacia las mujeres, sino también desde su
posibilidad en el ámbito cultural y político, en el ámbito de la legitimación de
nuevas discursividades que contribuyan a la transformación de percepciones,
prácticas y dispositivos culturales.
Finalmente, cierro mi reflexión con un planteamiento sobre la participación e
incidencia de actores sociales y políticos en la construcción de políticas públicas,
con especial énfasis hacia las organizaciones sindicales como órganos de lasociedad civil que además de tener la responsabilidad política, tienen la legalidad y
la legitimidad para exigir derechos y acciones de estado que más allá de las
vindicaciones laborales, permitan también el ejercicio pleno de la ciudadanía y
promuevan transformaciones sociales y políticas que rompan los paradigmas
históricos de las inequidades.
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1.
Las violencias contra las mujeres en América Latina y el Caribe: triste
panorama
La violencia contra las mujeres ha logrado posicionarse como un grave problema
en la agenda pública internacional, toda vez que los estados le han reconocido
como un factor que impide la democracia y la equidad, y por tanto, que
imposibilita el desarrollo social, cultural y económico de los países.
La persistencia de estas violencias en las relaciones sociales, legitima dispositivos
ideológicos que se expresan en prácticas de discriminación y sometimiento, es
decir, en prácticas culturales que contribuyen a la consideración o percepción de
que existen sujetos inferiores a otros. Cuando estas consideraciones están
presentes en la cultura, en la ideología y en las relaciones sociales, el modelo
civilizatorio sigue basándose en la dominación y por tanto, se naturaliza laexistencia de las inequidades: las de clase, las raciales, las de género, entre otras
formas de subordinación que promueven las violencias y que por tanto, impiden la
paz, el bienestar humano y la democracia.
También ha sido sustentado en las cifras, que por su frecuencia, impactos y
magnitud, las violencias contra las mujeres son un problema de salud pública. Un
estudio de la Organización Panamericana de la Salud – OPS, afirma que estas
violencias son ― una causa principal de lesiones y discapacidad de mujeres de muchas
partes del mundo, así como un factor de riesgo de otros problemas de salud física, mental,sexual y reproductiva; tiene consecuencias de largo plazo e intergeneracionales para la
salud, el desarrollo y el bienestar de los hijos de las mujeres maltratadas; y tiene
consecuencias sociales y eco nómicas negativas para toda la sociedad‖ 1
En este estudio la OPS comparó las encuestas de demografía y salud aplicadas en
12 países de la región en el periodo 2003 – 20102, en las que se preguntó a las
mujeres si habían vivido situaciones de violencia basadas en género. Este estudio
revela que en promedio, el 25,7% de las mujeres encuestadas ha vivido situaciones
1 Violencia contra la mujer en América y El Caribe. Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países.
Organización Panamericana de la Salud – Centers For Disease control and prevention. 2013. Capítulo 1 - Pág.
33.2 El estudio se aplicó para Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, Nicaragua Guatemala El Salvador
Paraguay, Jamaica, Haití y República Dominicana, con muestras de entre 6.000 y 40.000 mujeres según la
encuesta y el país.
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de agresión física, verbal y sexual por parte de sus compañeros íntimos, incluso
después de haber terminado la relación sentimental.
Para algunos países como Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, los porcentajes de
respuesta sobre violencia de pareja, que es la principal violencia que viven las
mujeres latinoamericanas, fueron superiores a la media (25,7% de las mujeres han
vivido violencia de pareja. Ver Gráfica No. 1). En cambio, los países de Centro
América obtuvieron porcentajes por debajo del 20%, lo que es directamente
proporcional al comportamiento de indicadores que midieron la confianza de las
mujeres en las instituciones para el acceso a la justicia, pues precisamente en
países como El Salvador, Nicaragua, y Guatemala, así como Jamaica para el Caribe,
entre un 25% y un 36% de las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia de
pareja (física o sexual), solicitó ayuda institucional.
Es evidente que el nivel de denuncia de las violencias contra las mujeres ante
instituciones del Estado, y por tanto, la confianza de las mujeres en ellas, es muy
bajo, pero de manera particular, cuando se trata de violencia de pareja, en algunos
países centro americanos resulta un poco más alta la credibilidad que para el resto
del continente latinoamericano.
La segunda violencia de mayor frecuencia en América Latina y el Caribe, es la
violencia sexual por parte de familiares, conocidos o de la misma pareja. Este
mismo estudio identifica que en promedio, el 10,2% del total de mujeresencuestadas en los 12 países, manifestaron haber sufrido alguna vez una violencia
sexual (ser forzadas a tener relaciones o actos sexuales o acceder a relaciones o
actos sexuales por miedo). Nuevamente Bolivia repunta en las estadísticas para
éste indicador, pero en segundo y tercer lugar se ubican países centroamericanos:
Nicaragua y Guatemala respectivamente (Ver Gráfica No. 2).
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Grafica No. 1 Porcentaje de violencia de pareja contra las mujeres en América
Latina y el Caribe según encuestadas 2003 2010
Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio OPS – 2013
*En Honduras solo se preguntó si había sufrido algún tipo de violencia en los últimos 12 meses
Grafica No. 2 Porcentaje de violencia sexual contra las mujeres en América Latina y
el Caribe según encuestadas 2003 2010
Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio OPS – 2013
*En Honduras solo se preguntó si había sufrido algún tipo de violencia en los últimos 12 meses
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Otro estudio del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de las Mujeres – CLADEM, en el año 20143, señaló que es precisamente
en estos países donde mayor prevalencia tiene el feminicidio, es decir, el homicidio
de mujeres por el hecho de ser mujeres, por situaciones de violencia sistemática
que conllevan a la muerte, o por asaltos sexuales o agresiones físicas tan cruelesque terminan con la vida de las mujeres por situaciones asociadas a las violencias
de género (dominación y control, misoginia, discriminación, violencia sexual, entre
otras aberrantes formas de violencia contra las mujeres).
De esta manera, CLADEM señala que de cada 100.000 mujeres en América Latina,
en promedio 7 fallecen por feminicidio. Algunos países tienen tasas muy por
encima de esta media como por ejemplo El Salvador, Jamaica, Guatemala, Guyana
y Honduras, con tasas de entre 7 y 12 feminicidios por cada 100.000 mujeres,
seguidos por países como Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Republica
Dominicana, con tasas de entre 3 y 7 feminicidios por cada 100.000 mujeres.
Según éste informe, entre el año 2004 y el 2009, 66 mil mujeres latinoamericanas
perdieron la vida por causas asociadas a las violencias de género, es decir, fueron
feminicidios. (Ver Gráfico No. 3)
Grafico No. 3 Tasa de feminicidio según país. América Latina y el Caribe 2004 - 2009
Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio CLADEM, 2014
3 Patrones de violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe. Informe presentado a la Relatora de
la ONU sobre Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo. Comité de América
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM. 2014
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Un elemento importante a resaltar de éste informe, es que señala que en el marco
de las violencias contra las mujeres, existen algunos grupos poblacionales y
políticos con mayor vulnerabilidad frente a las violencias, como por ejemplo, las
mujeres indígenas y las lesbianas, quienes resultan victimas de múltiples procesos
de discriminación. En el mismo sentido, mujeres defensoras de los derechoshumanos, activistas por los derechos sexuales y reproductivos, periodistas y
defensoras del medio ambiente, resultan altamente vulnerables frente a las
violencias en el marco de conflictos sociales, políticos y armados, pues la mayoría
de casos de amenaza, coerción, intimidación, atentados e incluso asesinatos de
mujeres activistas, tienen que ver con estos procesos de movilización y
empoderamiento de las mujeres en el continente.
Un estudio más de la CEPAL, señala también las violencias institucionales a que nos
vemos enfrentadas las mujeres cotidianamente. Al interior de los Estadoslatinoamericanos se han generado múltiples barreras para el acceso a servicios de
justicia, de salud, de educación, entre otros ámbitos de derecho que son
responsabilidad del Estado, pero que siguen siendo escasos o de mala calidad para
las mujeres: ―La profundización en el análisis de las causas y consecuencias de la violenciaestatal sea en contextos de conflicto armado — que en la década de 1990 eran en su
mayoría de carácter interno — o de violaciones masivas a los derechos humanos, desplazó
el énfasis hacia la violencia público/estatal. Al visibilizar la violencia contra las mujeres en el
espacio público a la par con la que se ejerce en el ámbito privado, se develó el carácter
sistémico y estructural que ésta tiene. En efecto, la relación entre violencia
doméstica/privada y violencia estatal sugiere un continuum en el uso de la violencia comomecanismo de c ontrol sobre las mujeres‖ 4
Dado este contexto, en los últimos años se han venido posicionando en las
agendas de las mujeres y en las discusiones con los Estados, debates como el
acceso a la justicia que en la mayoría de países, es absolutamente precario y
caracterizado por barreras que dejan en la impunidad la mayoría de violencias que
se ejercen contra las mujeres o peor aún, que terminan protegiendo más al
victimario que a la víctima.
Temas como la violencia ginecobstetrica, la permisividad frente a ciertas prácticas
culturales violatorias de los derechos de las mujeres como la ablación, los
casamientos forzados desde temprana edad, la aplicación sesgada del derecho con
4 FRIES, Lorena y HURTADO, Victoria. Estudio de la información sobre la violencia contra la mujer en
América Latina y el Caribe. Serie Mujer y Desarrollo No. 99. Comisión Económica para América Latina y el
Caribe – División de Asuntos de Género. Chile, 2010. Pág. 15 – 16.
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altas penas a mujeres que interrumpen sus embarazos en países donde no se ha
despenalizado el aborto versus bajas penas a agresores sexuales o asesinos de
mujeres; servicios de salud sexual y reproductiva que desconocen la autonomía de
las mujeres, prácticas educativas que reproducen el machismo, publicidad sexista o
violenta contra las mujeres promovida incluso desde las mismas instituciones, entremuchas otras formas de violencia simbólica e institucional que evidencian la
debilidad del estado y de sus herramientas jurídicas y de política pública para la
garantía y protección de los derechos de las mujeres en América Latina y para la
transformación de dispositivos discriminatorios que legitiman o naturalizan las
violencias en su contra, incluso, siendo aceptadas o reproducidas por las mismas
mujeres.
En términos generales, vale la pena destacar que en la mayoría de estudios sobre
violencias contra las mujeres en América Latina, el hogar y la familia, es decir, los
contextos privados, son los escenarios de mayor ocurrencia de estas violencias,
pese a que deberían ser precisamente los contextos más protectores y respetuosos
de su dignidad y sus derechos. También se identifica que la violencia de pareja
afecta fundamentalmente a mujeres entre los 15 y los 45 años, es decir, mujeres en
plena edad productiva y reproductiva que se ven afectadas y disminuidas por este
continuum de violencias: depresiones, ideaciones o conductas suicidas,
discapacidades, limitaciones para el acceso al trabajo o la educación por
situaciones de control y dominación que impiden la cualificación y desarrollo de lasmujeres, entre muchos otros impactos de salud, sociales y económicos.
En el mismo sentido, una tendencia similar en la mayoría de países tiene la
violencia sexual que afecta principalmente a niñas y adolescentes entre los 10 y los
17 años, así como mujeres jóvenes entre los 18 y 35 años que viven el resto de sus
vidas con las marcas imborrables generadas por éste crimen en sus cuerpos y
psiquis.
Frente al feminicidio, las principales afectadas resultan siendo mujeres entre los 20y los 50 años principalmente, en plena edad productiva y por tanto, con ondas
repercusiones para sus núcleos familiares, dada la alta prevalencia de hogares
encabezados por mujeres en nuestros países y dado el importante rol articulador
de tejidos sociales y afectivos que juegan las mujeres en cualquier sociedad.
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Son muchas las violencias que persisten contra las mujeres en el ámbito público y
privado. Esto nos conduce a pensar, si aceptamos que las violencias contra las
mujeres son un factor de subdesarrollo cultural, social y económico, que los países
latinoamericanos han tenido dificultades para la consolidación de sus democracias
porque persisten esas violencias como elementos que ideológicamente no nospermiten aprestarnos para sociedades más equitativas e incluyentes.
En tal sentido, resulta un imperativo ético y político que el Estado y la sociedad
civil, que los y las latinoamericanas, constituyamos plataformas, agendas y
estrategias de lucha para superar las violencias contra las mujeres como una
condición para la transformación de relaciones sociales y culturales que configuren
mayores posibilidades para el entendimiento pacifico, el diálogo y el respeto a la
diversidad y la diferencia.
2.
Los debates conceptuales sobre las políticas públicas
Una de las concepciones más aceptadas sobre las políticas públicas, es aquella que
las define como herramientas jurídicas, administrativas y políticas que un gobierno
asume para intervenir un problema que afecta a una comunidad o grupo social
específico, o que representa un asunto público y/o un asunto de interés para el
Estado y sus instituciones. Desde esta perspectiva, se acepta que las políticas
públicas son instrumentos de planeación de la acción gubernamental y por tanto,
de organización de la respuesta estatal, como en las primeras teorías lo planteó
Harold Lasswell por ejemplo. Complementario a esto, autores como Pierre Müller
afirman que las políticas públicas son instrumentos regulatorios de las relaciones
sociales y políticas, por tanto, instrumentos que reducen la incertidumbre sobre el
comportamiento humano y el devenir de los problemas públicos.
No obstante, en los últimos años han crecido corrientes conceptuales muy diversas
que cuestionan lo instrumental y corto de dicha definición, pues el desarrollo de laspolíticas públicas hoy en día, supera la dimensión institucional, administrativa y
gubernamental, convirtiéndose en herramienta de gestión, exigibilidad o
negociación para actores sociales, económicos y políticos que, aun sin ser
gobierno, pueden incidir en ellas. Es decir, desde esta perspectiva, se comprende a
las políticas públicas como instrumentos de diálogo entre la sociedad civil y el
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Estado, para el desarrollo de acuerdos, acciones y estrategias en torno a intereses
que logran constituirse como colectivos y por tanto, ordenar la acción conjunta en
torno a problemas no deseados; así lo define André Noel Röth por ejemplo.
Desde otra perspectiva más radical, algunos teóricos han venido definiendo las
políticas públicas como instrumentos discursivos que aunque no resuelven
problemas, legitiman temas y agendas públicas, contribuyen al aumento de la
gobernabilidad de las instituciones y el Estado, promueven y respaldan
subjetividades políticas, las posicionan y legitiman en escenarios colectivos. Como
diría Giandomenico Majone, las políticas públicas son el arte de producir
argumentos en favor de un enfoque para abordar un tema o problema e incluso,
para posicionar un tema o problema que aunque está ausente de la agenda
pública, requiere incluirse en ella o por intereses de actores, se presiona su
inclusión; en esta concepción, las políticas más que instrumentos para intervenir o
resolver problemas, son construcciones discursivas para posicionar y legitimar
intereses, intenciones y plataformas sobre un asunto que es o que se convierte en
público por efecto de corrientes políticas que así lo presionan (Ver Jhon Kindong).
En América Latina y el Caribe, las políticas públicas incursionan más desde la
primera perspectiva, entendiéndose como herramientas de estado para la
intervención de problemas sociales y para la organización de respuestas
institucionales en torno a ellos. Si bien las políticas públicas son mucho más
amplias que las políticas sociales, son estas últimas las que adquieren mayor
relevancia en la gestión pública, toda vez que se constituyen desde la década del
90, como el método gubernamental de intervención de lo social por excelencia.
Su desarrollo se impulsa desde organismos multilaterales que tras luchas históricas
de los movimientos sociales, empiezan a aceptar e institucionalizar debates y
agendas en torno a temas como los derechos de la infancia, los derechos de las
mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, entre otras reivindicaciones
poblacionales que copan las agendas sociales de estos organismos y por tanto, delas agendas de los estados parte. Lo anterior ―compensa‖ por llamarlo de alguna
manera, las políticas de ajuste estructural aplicadas en el ámbito de la economía y
de la arquitectura institucional del Estado. Con las políticas públicas como
instrumentos de intervención de lo social, se creía que existiría menos burocracia y
más operatividad y focalización en el desarrollo de programas y estrategias para la
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garantía de derechos y la distribución de la riqueza, así como eficiencia en el gasto
público social.
Pese a ello, las políticas públicas en América Latina no han tenido necesariamente
ese desarrollo. En muchos países su formulación e implementación se hace
desarticulada de las mismas dinámicas burocráticas del Estado, es decir, se
considera la política como un apéndice de un programa de gobierno y no como la
plataforma estratégica que orienta el programa de gobierno en sí mismo. Esto ha
contribuido a que su impacto y su operatividad, sean muy inferiores a su capacidad
y a que muchos actores sociales y políticos, pero especialmente, la ciudadanía en
general, sientan como ajeno ese discurso de las políticas públicas.
Pese a lo anterior y aludiendo a esa noción de la política pública como una
artesanía de argumentos, en América Latina éstas han abierto un enorme espacio ala reivindicación, al reconocimiento y a la legitimación de nuevas subjetividades
políticas. Es decir, parafraseando a Majone, no han servido para resolver
problemas, pero si para legitimar discursos, si para implementar acciones
afirmativas que han fortalecido la emergencia de subjetividades y nuevos
movimientos sociales, tal y como ha sucedido con las políticas públicas de mujer y
género en todo el continente y con el posicionamiento de los derechos de las
mujeres en las agendas públicas que cada vez son más reconocidos, pese a que
persista el fenómeno de las violencias.
Lo anterior quiere decir que se ha avanzado en el reconocimiento de derechos a
través de las políticas públicas para la equidad de género, pero no se han logrado
superar las violencias porque dichas políticas no penetran la frontera de lo
ideológico y por tanto, no transforman prácticas culturales y sociales en la
ciudadanía: esto es, se han institucionalizado en los discursos y planes de gobierno,
pero no han modificado causas estructurales de los problemas que pretenden
resolver.
3.
Las políticas públicas como herramientas para la lucha contra las
discriminaciones y violencias contra las mujeres
En clave de género, el hecho de que se haya puesto en la agenda pública
multilateral el tema de las violencias contra las mujeres y de que los estados
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paulatinamente lo hayan incorporado a sus agendas de gobierno, ha abierto la
enorme posibilidad de que debatamos y abordemos este problema desde
múltiples escenarios. Pueden existir todavía muchas violencias institucionales,
puede persistir la violencia contra las mujeres como problema en la sociedad e
incluso, pueden existir muchas resistencias de las organizaciones políticas, de clase,de los líderes de organizaciones mixtas frente a este tema, pero aun así, hoy en día
es innegable su importancia y la necesidad de enfrentarlo.
Debe reconocerse que el continente ha avanzado de manera significativa en la
construcción de políticas para la equidad de género y para la garantía de los
derechos de las mujeres, no obstante, aquellas relacionadas con la superación de
las violencias siguen siendo retoricas y poco operativas: se mantiene la misoginia
en el derecho o la aplicación sesgada de la ley hacia las mujeres, son comunes las
prácticas que disminuyen la magnitud de las agresiones y terminan favoreciendo a
los agresores, las unidades de justicia que atienden las violencias contra las mujeres
naturalizan a tal punto este fenómeno, que terminan revictimizando a quienes
acuden a buscar ayuda institucional, la protección a las victimas casi nunca es
oportuna, los sistemas de información están desarticulados y son precarios en la
mayoría de los países y de manera particular, los procesos de justicia en el marco
de los conflictos, no logran comprender los impactos diferenciales de los mismos
en las mujeres, lo que conlleva a altos índices de impunidad en la materia.
Estos y otros problemas evidencian la enorme tolerancia institucional a las
violencias existente en el continente. Las leyes y las políticas públicas para la
disminución de las violencias basadas en género no logran ser apropiadas
institucionalmente y tampoco logran transformaciones culturales en la ciudadanía,
en la cual persiste también una elevada tolerancia social a las violencias contra las
mujeres. Esto exige un mayor esfuerzo en el diálogo ciudadano, un pacto por la
transformación de la cultura y las relaciones sociales que involucre al Estado, a las
mujeres, pero también a todos los hombres, a las organizaciones y movimientos
sociales, en el entendido que si se superan las violencias contra las mujeres,
pueden superarse todas las violencias en una sociedad.
Los movimientos de mujeres en América Latina han logrado una admirable
incidencia en las agendas públicas. La disciplina de su trabajo ha logrado visibilizar
no solo las violencias, sino la baja operatividad de las políticas existentes para
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prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas. Sin embargo, ha sido una lucha muy
sectorizada; mientras los movimientos de mujeres han acompañado la mayoría de
luchas sociales de nuestros países e incluso, han sido decisivas en la consolidación
de apuestas de gobierno alternativo en el sur del continente, la solidaridad de los
demás gremios, organizaciones y movimientos e incluso el compromiso de esosgobiernos alternativos con sus derechos y con la eliminación de las violencias en su
contra, no ha sido igual de decidido.
Peor aún en los contextos de conflicto social y armado. Allí las mujeres por lo
general, hemos sido gestoras de la paz y blanco fácil de la guerra, hemos sido
reconstructoras de los tejidos y territorios deshechos por la violencia y botín de
guerra para los guerreros. La violencia sexual se ha convertido en un arma
sofisticada que tiene fines de sometimiento, de afrenta a los bandos enemigos y de
sanción simbólica para las comunidades.
Todo lo que he venido exponiendo páginas atrás, hace más vulnerables a las
mujeres en contextos de guerra. Como ya había mencionado, las defensoras de los
derechos humanos, las activistas políticas, las ambientalistas, las mujeres indígenas,
las lesbianas y las periodistas resultan más frágiles ante el daño, situación que
exige un esfuerzo mayor del Estado y la Sociedad en su protección y garantías de
seguridad.
4.
Movimientos sociales y sindicales en la construcción de políticas públicas
para la superación de las discriminaciones de género y las violencias contra
las mujeres
Como he sostenido a lo largo de esta ponencia, la búsqueda de la democracia
implica y requiere un compromiso serio con la eliminación de las discriminaciones
hacia las mujeres y especialmente de las violencias, en tanto factores ideológicos
que legitiman la dominación y la verticalidad en las relaciones sociales y que portanto, impiden una apertura social e institucional hacia la democracia.
Las luchas de los movimientos sociales y sindicales en América Latina y en el
mundo, están atravesadas por la exigibilidad de derechos, de participación y de
democracia, es decir, deberían ser per se, luchas por la equidad de género también.
No obstante, como ya mencioné atrás, no todos los movimientos han sido lo
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suficientemente consientes ni lo suficientemente solidarios con esta apuesta. Más
aun, han sido tímidos en su participación e incidencia para la construcción de
políticas públicas en todos los ámbitos.
Desde mi perspectiva, ese ha sido el principal vacío de las políticas públicas en
América Latina: la baja participación de la sociedad civil en su construcción,
implementación y veeduría; el bajo nivel de comprensión que tiene la ciudadanía
de base sobre esos instrumentos para la exigibilidad de sus derechos y más
preocupante aún, el poco interés de sus organizaciones más cualificadas y
estructuradas en ejercicios sistemáticos de incidencia, gestión y definición de
políticas públicas que garanticen mejores condiciones de vida y mayor equidad.
Por supuesto, los movimientos sociales y los sindicatos de manera particular, han
hecho un aporte profundamente valioso al reconocimiento de los derechoshumanos en el mundo y por supuesto, a la construcción de los gobiernos sociales,
progresistas y de izquierda en América Latina, en cuyo desarrollo se ha visto un
mayor impulso y respaldo a las políticas sociales. No obstante, el ámbito de las
políticas públicas no ha sido precisamente un terreno importante de juego en su
acción política, lo cual debilita las posibilidades de seguimiento, monitoreo,
evaluación, veeduría y exigibilidad en el cumplimiento de esas políticas públicas.
Dada la complejidad que hoy adquieren estos instrumentos de acción y de poder
en la gobernabilidad de los países, no puede seguirse considerando que laspolíticas públicas son un tema técnico y meramente institucional, una
responsabilidad exclusiva del Estado, sino que deben asumirse como herramientas
de transformación social, cultural e institucional, como instrumentos para aumentar
la capacidad de negociación e incidencia de las plataformas sociales y políticas de
los movimientos y organizaciones, y por tanto, como elementos para la
legitimación de las luchas con las que nos pensamos y podemos construir otro
mundo posible donde hombres y mujeres volemos en igualdad de condiciones.
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