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Sobre la reforma a la Ley 30 de Educación Superior
Autor: Camilo Romero – SenadorMarzo 21 - 2011
Tomado de: http://www.congresovisible.org/agora/post/sobre-la-reforma-a-la-ley-30-de-educacion-superior/1084/
El tipo de universidad que necesita el país, es una universidad que garantice el derecho a la Educación Superior para los colombianos y colombianas, con autonomía universitaria.
En el ámbito nacional, el bloque de constitucionalidad delimita el contenido de la educación y proclama su doble carácter como derecho fundamental y como servicio público con una función social.
La propuesta de reforma de la Ley 30 de Educación Superior, que el gobierno presentó a los rectores de las universidades públicas y privadas, contiene cuatro elementos centrales:
1
•Promoción de la calidad y la investigación
2
•Aumento de recurso
3
•Educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional
4
•Gestión educativa basada en el buen gobierno.
1.
La propuesta gubernamental busca consolidar una universidad de élite y no una universidad con amplia cobertura en condiciones de mejoramiento de la calidad educativa.
El eje de la propuesta consiste en ampliar la participación del mercado, como estrategia principal para aumentar la cobertura en detrimento de la calidad de la educación superior.
Al promover el mercado de la educación superior, la propuesta no acaba con las instituciones públicas pero las obliga a comportarse como agentes del mercado, borrando toda diferencia con las instituciones privadas.
2.
Los tres millones de jóvenes que hoy se encuentran por fuera del sistema no podrán acceder a las instituciones privadas con ánimo de lucro, las que impondrían matrículas significativamente más altas que las hoy existentes.
3.
La propuesta del gobierno considera la Educación Superior como servicio transable en el mercado y no como un derecho humano, un bien de mérito de todas y todos los colombianos.
4.
Propone la prestación del servicio de Educación Superior a cargo de instituciones privadas con ánimo de lucro, como
mecanismo para solucionar las enormes falencias del sistema en cobertura y calidad.
5.
Lesiona la autonomía universitaria, va en contravía del
bloque constitucional que la desarrolla en los aspectos
académicos, administrativos y financieros y pretende colocar a
las Universidades Estatales bajo la tutela de la rama ejecutiva del
poder público.
6.
Limita el desarrollo de la participación democrática efectiva de la comunidad
Universitaria, tal como lo han demandado estas comunidades y lo ha reconocido la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.