Vulnerabilidad en las comunidades del sur de México frente a los desastres: una

propuesta de gestión de riesgo con equidad

María Teresa Munguía Gil

Mtro. Xavier Moya García

Introducción

Las comunidades del sur de México enfrentan situaciones de desastre periódicamente:

inundaciones, huracanes y tormentas entre otros. Manejar el riesgo con equidad supone

comprender los desastres como procesos sociales, en donde las estructuras sociales son

jerárquicas y las formas de organización como las oportunidades de formación y

capacitación están inmersas en relaciones de poder desigual. El riesgo de desastres hace

visibles las vulnerabilidades diferenciadas por edad, etnia y sexo, por lo que es necesario

transformar las condiciones y posiciones de género en la sociedad. En este artículo se

presenta la experiencia del Programa de Manejo de Riesgos de Desastres de Naciones

Unidas y su desarrollo en comunidades rurales del sur de México.

La península de Yucatán está ubicada en la trayectoria de huracanes, durante la

primavera se presentan marcadas sequías y quemas de origen antrópico (Capurro, 2005).

Sus impactos afectan los diversos ecosistemas, comprometiendo las vidas, empleos y

medios de subsistencia de las familias y representa costos económicos de miles de

millones de dólares en daños materiales.

El riesgo se incrementa en las zonas costeras de esta región, ante la evidente

correlación de factores como la fragilidad de sus ecosistemas, un desarrollo basado en el

modelo económico in sustentable, un tejido social debilitado y una organización social

casi inexistente, así como la exposición de las zonas costeras a las amenazas

meteorológicas arriba mencionadas. La alta vulnerabilidad ambiental, y la oferta de los

recursos de subsistencia en los últimos veinte años generaron un declive en las

actividades productivas. Batllori, (2009) y Munguía, (2009) muestran que la caída en la

captura anual de la pesca de pulpo pasó de 25 a 3 toneladas en 15 años; así mismo la

disminución en el total de especies pesqueras, pasó de 46.6 miles de toneladas en 1996,

año de la máxima pesca, a 28.0 en 2002 y 2003. La línea de tendencia de los últimos 16

años sugiere una paulatina disminución de las capturas hasta valores cercanos a las 20 mil

toneladas en el año 2020 trayendo como consecuencia sobre el territorio: a) crecimiento

de conflictos sociales, b) mayor presión sobre los recursos costeros y c) migración de la

población. Lo anterior se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Captura anual de la pesca de pulpo en Dzilam???

Fuente: Poner la fuente de la gráfica o señalar si es elaboración propia.

Esta situación nos permite dimensionar los riesgos frente a las amenazas de huracanes,

sequías y sobre-pesca, que intensifican las relaciones de poder en la región como

consecuencia de la disputa por los recursos costeros. Estudios como el de Zaldivar (2004)

muestran que la deforestación y perturbación y posterior pérdida de manglares hacen que

las costas sean más propensas a inundaciones y con ello a la pérdida de especies

faunísticas y florísticas en detrimento de las actividades productivas y de servicios, como

puede observarse en el gráfico 2, a continuación:

Gráfica 2. Poner nombre a la gráfica

Fuente: Poner la fuente de la gráfica o señalar si es elaboración propia.

Blaikie (1996) citando a Campbell, nos explica que además del daño del viento y la

inundación causados por los ciclones tropicales, éstos ejercen una gran variedad de

efectos físicos que incluyen vínculos sociales y naturales. La acción del viento y de las

olas tiene impactos inmediatos, pero la erosión y la incursión del agua salada pueden

deteriorar la economía por meses o incluso años. Así mismo, la recuperación del impacto

posterior al paso del huracán carece de políticas y programas que permitan a la población

en su conjunto recuperarse del fenómeno, y acercarse a procesos de gestión integral del

riesgo.

El riesgo y la vulnerabilidad como proceso social

La vulnerabilidad de quienes viven en áreas de riesgo es quizá la más importante causa

de las pérdidas y daños producidos por los desastres (Kofi A. Annan, 1999). Antes del

huracán Isidore en Yucatán el costo del combate a la pobreza equivalía a USD 18,000

dólares; con el impacto del huracán, el costo ascendió a USD 65,000 dólares, lo que

conlleva una reducción en el crecimiento económico de la costa (Batllori, 2009).

Las causas que refuerzan la vulnerabilidad de la población, empiezan con sed de

tierra pues conllevan una desesperada búsqueda de opciones de subsistencia en las

ciudades que crecen (Blaikie, 1996), incrementándose el factor de vulnerabilidad cuando

los países no cuentan con políticas de reducción del riesgo corresponsables de las

inequidades existentes ante cualquier amenaza, sea ésta ambiental o antrópica. Las

poblaciones que desconocen su propia realidad acrecientan su vulnerabilidad al exponerse

a cualquier amenaza, en este sentido, el contexto social no sólo es determinante sino

determinado por las diferencias sociales multifactoriales, de clase, étnicas, de edad y

sexo, así como por las decisiones políticas y económicas que toma el Estado.

Todo proceso social esta relacionado con el ejercicio de poder en las decisiones de

Estado, con las estructuras sociales, el ejercicio de ciudadanía, el modelo de desarrollo y

la justicia social; consecuentemente, el riesgo debe ser visto desde un enfoque integral

para analizar el impacto ambiental, la vulnerabilidad social, económica, las políticas de

riesgo, el contexto sociopolítico, la fragilidad social, de género, y la falta de resiliencia de

la comunidad propensa a responder o absorber el impacto.

La reducción del riesgo —y por ende el de la vulnerabilidad— se entienden como

procesos sociales al considerar que las condiciones y oportunidades están ligadas al

trabajo que desempeñamos al interior de un grupo social. No obstante, las limitantes

establecidas por el modelo económico y las decisiones de los gobiernos fragmentan y

acrecientan la vulnerabilidad de la sociedad en su conjunto. La situación social, vista

desde las relaciones de poder, es en sí misma una forma de cultivar la vulnerabilidad y el

riesgo de las poblaciones con menor posición y condición de prevenir, mitigar o

incrementar su capital resiliente, de ahí que se requiera fortalecer habilidades y

capacidades por edad y sexo para incrementar el capital social en cada comunidad,

municipio o región y responder ante las amenazas.

Riesgo y vulnerabilidad desde el análisis de género

La gestión integral se analiza desde múltiples enfoques; el de desarrollo, el de sistemas

complejos, el intercultural, el de infancia o el de género, todos pensados desde una lógica

distinta pero retomando elementos, medidas y herramientas dirigidas a estudiar y observar

los impactos de la intervención de la amenaza y la vulnerabilidad, que contribuyan al

diseño de estrategias y acciones hacia la disminución del riesgo de desastres en culturas,

poblaciones grupos de edad o sexo.

Los riesgos y vulnerabilidad son conceptos que se han utilizado en todos los

enfoques, sus especificidades dependen de la percepción sociocultural de género y edad

para establecer el tipo de prevención, los preparativos y la estrategia de intervención

“antes, durante y después” de una contingencia. Referirnos a la gestión integral del

riesgo de desastres, es establecer y articular los diferentes tipos de intervención

considerando la prevención – antes conocida como “mitigación de desastres”– la

preparación, la respuesta y la recuperación, de forma articulada entre gobierno y

sociedad, para el diseño y operación de políticas públicas sensibles a los diversos

enfoques mencionados –equidad de género, interculturalidad- y establecer acciones que

respondan a las necesidades de la población y a su capacidad y habilidad para la

participación en la gestión del riesgo.

En este sentido, una política de gestión de riesgos no sólo se refiere a una serie de

medidas unilaterales en un territorio específico, sino por su propósito, a la articulación de

las diversas fuerzas existentes: sociales, políticas, institucionales, públicas y privadas de

todos los niveles territoriales, que fomente la participación democrática y la suma de

esfuerzos y responsabilidades de acuerdo con el ámbito de competencia de cada quien

(Cardona, 2001).

La vulnerabilidad tiene impactos diferenciados en los distintos grupos de una

sociedad (Blaikie y otros, 1994), esto permite reconocer el riesgo al que se exponen

mujeres y hombres frente a la ocurrencia de un evento adverso (Munguía, et al., 2009).

Los impactos que se presentan, producto de una amenaza, tienen como efecto profundizar

la división social del trabajo en las actividades de respuesta y recuperación frente a la

emergencia, acrecentando las desigualdades entre hombres y mujeres, reduciendo los

índices de desarrollo humano y haciendo aún más inequitativa la distribución de los

recursos y beneficios. El riesgo de desastres es vivido de manera diferenciada debido a

que las identidades de género que orientan los comportamientos de hombres y mujeres,

conformadas en las instituciones sociales, conllevan capacidades, habilidades y

posiciones sociales distintas y, por tanto, vulnerabilidades y fortalezas diferenciadas

(Munguía 2009). Socialmente se espera que frente a la vulnerabilidad y el riesgo hombres

y mujeres actúen de acuerdo a la división sexual del trabajo y a los roles de género

constitutivos de las acciones, lo que, en la mayoría de los casos, les lleva a niveles aún

mayores de vulnerabilidad y acrecienta el desastre, como podemos observar en el

siguiente testimonio:

Lo que para los varones es importante es la familia, pero primero las actividades

productivas, mientras que para las mujeres son los refugios, el abasto de alimentos y

agua, la salud y la seguridad de su familia. Carmen Salgado.

Es un poco complicado manejar los

testimonios en recuadros porque el formato de

la publicación es tipo libro, no sé si les parezca

bien incorporarlo al texto. VER

SUGERENCIA ARRIBA

La condición y posición de género conllevan, entonces habilidades y capacidades

diferenciadas por las exigencias sociales a su rol, lo que hace que las formas de gestión

del riesgo sean diferenciadas por género.

Para disminuir el grado de vulnerabilidad y riesgo se requieren formas de

adaptación desde el enfoque de género, entendiendo ésta como los ajustes cognitivos,

culturales, de conducta, comportamiento y habitus (propuesto por Bourdieu) que mujeres

y hombres deben hacer de manera diferenciada para acortar la brecha de las

desigualdades; diseñando estrategias para prever, enfrentar y actuar de manera personal y

comunitaria los efectos de las amenazas ambientales que conlleva desastres.

Las estrategias adaptativas con enfoque de equidad dependerán del manejo y

conocimiento cultural diferenciado por género, y del grado de dependencia o

independencia conseguida con respecto a los recursos disponibles, al acceso y control de

sus beneficios, y a la capacidad local para la gestión del riesgo de desastres con equidad.

El argumento anterior se desglosa en el grafico 3, a continuación:

Grafica 3. Ponerle nombre

Lo que para los varones es importante es la familia, pero primero las actividades productivas, mientras que para las mujeres son los refugios, el abasto de alimentos y agua, la salud y la seguridad de su familia. Carmen Salgado

Fuente: Munguía (2007) Modificado 2009.

Partiendo de esta base de información, corresponde a la organización social

determinar qué nuevas capacidades y habilidades se requieren para acortar la brecha de

las desigualdades, por tanto, de la vulnerabilidad y el riesgo, frente a las amenazas.

La importancia metodológica en el programa de gestión del riesgo con equidad

La relevancia metodológica para acortar la brecha de la desigualdad e incrementar

las capacidades y habilidades para la gestión del riesgo es sumamente importante y es

posible si las estrategias comunicativas son democráticas. Callaghan (2003) señala que la

comunicación es un elemento clave en cualquier estrategia de educación ambiental,

entendiendo ésta como el proceso de interacción social, dirigido a capacitar en el análisis

de conflictos ambientales, en el debate de alternativas y en la toma de decisiones

individuales y colectivas.

El Programa de GREG surge desde este principio comunicativo. En el año 2003,

posterior al impacto del Huracán Isidoro que hizo visible la vulnerabilidad y el riesgo de

la población maya de Yucatán, un equipo de trabajo de diferentes Organizaciones de la

Sociedad Civil: Investigación y Educación Popular Autogestiva A.C. (IEPAAC),

Educación Cultura y Ecología A.C. (EDUCE) y Acción Popular de Integración Social

A.C. (APIS), trabajaron en conjunto con el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo

para el Medio Ambiente Mundial (PPD-FMAM), operado por Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, para el diseño y lanzamiento del programa

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO =

Capacidades (sexo y edad)

+ Habilidades (sexo y edad)

Niveles de vulnerabilidad (sexo y edad)

+

Organización social con equidad (división del trabajo reconociendo lo reproductivo, productivo y comunitario)

+

Toma de decisiones con base a procesos sociales y ecológicos.

+ Voluntad política (y políticas sensibles al género y al ambiente) y gestión.

“Gestión Integral de Riesgos con Enfoque de Género” en el Sureste de México. El

programa contó con financiamiento inicial para un periodo de dos años, provisto por el

Buró para la prevención y la recuperación de crisis del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (BCPR-PNUD). Sus acciones de capacitación y asesoría permitieron,

en un primer momento, organizarse con la población maya frente a la emergencia y,

posteriormente, desarrollar un proceso de capacitación y formación de expertos/as locales

en la gestión del riesgo. Desde comunidades de aprendizaje se adquirieron conocimientos,

se conformaron promotores/as y se facilitaron herramientas metodológicas para dar

respuesta al riesgo a partir de tres enfoques principales: derechos humanos, equidad de

género e interculturalidad.

De nuevo un testimonio local ilustra nuestra argumentación:

Lo significativo para mí es que se han logrado integrar gran número de mujeres en los

comités de emergencias comunitarios, así como en las diferentes brigadas de apoyo y esto

significa, en primer lugar, la aceptación de los hombres sobre la importancia de la

participación de hombres y mujeres y lo mas importante es que ellas pueden opinar,

incidir, participar y tomar decisiones. Carmen Salgado

Otras experiencias de América Latina, en donde se emplean metodologías

participativas con enfoque de equidad de género ya existentes entre las OSC mexicanas

asociadas, fueron línea base para que el equipo consultor retomara en el diseño de la

estrategia GREG para la intervención en comunidades y municipios de trabajo.

Esta estrategia se centra en los siguientes principios y criterios:

• Fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil y

de base comunitaria, contrapartes y socios en la implementación del

programa, incluyendo la elaboración de agendas de incidencia en

políticas públicas del tema.

• Creación de capacidades en las comunidades rurales, los gobiernos

locales y estatales, para la adecuada gestión de los riesgos en sus

respectivos territorios, a través de programas formativos

semipresenciales, incluyendo la asesoría y el seguimiento por periodos

de entre 18 y 60 meses.

• Equidad entre los géneros, desagregando información por sexo y edad,

en torno a la situación, necesidades y potencialidades de la población,

incluyendo la ampliación de las capacidades y habilidades de las mujeres

para prevenir y manejar riesgos, así como promover su participación en

la toma de decisiones, específicamente en la conformación de los

comités locales y municipales para el manejo de riesgos.

• Abordaje intercultural de la capacitación y el diseño de soluciones

técnicas, ahora ya probado en microrregiones con más de 13 diferentes

pueblos indígenas.

• Valoración y documentación de los conocimientos y prácticas locales

como base para adaptarse a los efectos del cambio climático.

El proceso de intervención comunitaria se realiza de dos maneras: donde existen

organizaciones de la sociedad civil u organizaciones sociales interesadas en el tema (15

microrregiones), el programa forma alianzas con éstas y son sus equipos los encargados

de las acciones concretas en campo. Donde no se cumple con el criterio anterior (17

microrregiones), el programa cuenta con las Unidades Microregionales para la Atención a

Contingencias (UMAC). En ambos casos, el equipo de trabajo elabora una estrategia para

la gestión de los riesgos de desastre existentes, que permitan la conservación de los

ecosistemas y mejorar la calidad de vida comunitaria, a partir de la gestión local de

riesgos con equidad. Al respecto señala un promotor formado en este programa: Se ha logrado participar, aportar, planear y trabajar por igual en cuanto a la preparación, reducción, pero también en la respuesta pues hemos participado en diferentes tareas hombres y mujeres del equipo, con motivo de los huracanes Wilma y Dean, o bien en las inundaciones de Tabasco. Basilio Chi.

Los equipos locales de trabajo se conforman con dos o tres promotores locales,

de ambos sexos, por microrregión. Entre los requisitos está la experiencia previa en

desarrollo comunitario (3-5 años), hablar la lengua indígena (si es el caso), y contar con el

respaldo de las organizaciones sociales y civiles de su microrregión. El programa financia

y auspicia su capacitación en un diplomado de 420 horas, donde se abordan diversas

temáticas del área de preparación y respuesta ante desastres, desarrollo humano,

interculturalidad, metodologías participativas con enfoque de equidad de género, gestión

municipal, vulnerabilidad y riesgo, entre otras.

El enfoque fenomenológico es el marco de referencia del quehacer de las

personas participantes en el programa y, a través del método participativo con enfoque de

género, se impulsan las acciones locales para el manejo de riesgos. La propuesta

metodológica incluye los siguientes pasos (PNUD, 2009):

a. Propuesta de trabajo con la comunidad –o municipio- para mejorar la gestión del

riesgo de desastre y la aceptación por parte de la comunidad y autoridades

locales.

b. Definición de un comité o grupo de trabajo que incluye mujeres y hombres

interesados en participar.

c. Realización de un diagnóstico rápido sobre el manejo de los riesgos junto con el

grupo de trabajo local, analizando las amenazas, capacidades, vulnerabilidades,

recursos, así como los comportamientos de riesgo de mujeres y hombres de la

comunidad.

d. Análisis de género de los diferentes sistemas de manejo de recursos naturales

existentes en la comunidad, junto con el equipo local/municipal y las

autoridades.

e. Análisis de género en los distintos sectores sociales y/o organizaciones de base

presentes en la comunidad, junto con el equipo local/municipal y las

autoridades.

f. Diseño del plan de gestión de riesgos, con los principales sectores de la

comunidad/municipio, promoviendo la asistencia de las mujeres y la

participación activa de éstas en la construcción de la estrategia y el plan local.

Cuando la disparidad de poder entre mujeres y varones es notable, es

recomendable organizar reuniones especiales con mujeres para que puedan

expresar su opinión y discutir en público.

g. Validación, acuerdos internos y externos de colaboración, y nombramiento de

personas responsables en la implementación del Plan Local de Manejo de

Riesgos de la comunidad o municipio.

h. Diseño de indicadores que permitan analizar, medir y evaluar el avance en la

implementación del plan local, así como de la participación efectiva y la

respuesta de mujeres y hombres de la comunidad en general.

Además de las estrategias y planes locales/municipales de gestión de riesgos de

desastre, son necesarias las alianzas entre comunidades y otros actores para modificar,

evaluar y diseñar políticas públicas que conduzcan a reducir la vulnerabilidad del

territorio y del sistema en general. Para esto, se usan acciones como las siguientes:

i. Diseño de una agenda política de incidencia para la negociación de estrategias

locales/municipales/estatales de manejo de riesgos frente a contingencias, en la

que participan comunidades, organizaciones sociales y civiles, funcionarios/as

varios/as, entre otros.

j. Gestión y negociación con tomadores/as de decisión para la implementación de

las propuestas de políticas públicas elaboradas.

Metodologías de gestión de riesgos con perspectiva de género (GREG)

Considerando la importancia de contar con herramientas metodológicas con enfoque de

género en la ejecución del programa, se han retomado algunas y adaptado otras para ser

aplicadas en las estrategias y planes locales, de modo que se garantice la

transversalización del enfoque de género y la reducción de las inequidades y la

vulnerabilidad que éstas conllevan. Las herramientas incluyen cuatro grandes conjuntos

(PNUD, 2009):

1. Herramientas para analizar las capacidades y comportamientos de

riesgo por sexo y edad y reducir la vulnerabilidad en el desarrollo, que incluyen

mapa de riesgos contemplando recursos sectores y actores, tabla de amenazas y

factores de vulnerabilidad por sexo, planeación del uso sostenible del suelo y los

recursos hídricos y blindaje de inversiones.

2. Preparación y respuesta ante eventos climáticos: plan local/municipal

de gestión de riesgos, evaluación de daños y análisis de necesidades

desagregadas por sexo, planeación participativa de la rehabilitación y

reconstrucción. Considerando en este conjunto de herramientas la participación

de las mujeres en el diseño y ejecución del plan.

3. Construcción de conocimientos y aprendizajes: diseño curricular

intercultural, técnicas didácticas y de comunicación popular, comunicación

comunitaria.

4. Herramientas para el diseño de agendas sociales para que las UMAC’s

tengan un papel más activo en la gestión e incidencia municipal y estatal, y

propongan a los y las tomadoras de decisión que se involucren en el diseño de

políticas públicas ambientales y de desarrollo con enfoque de género.

Esta metodología ha propiciado una mayor participación de las mujeres con excelentes

resultados:

Antes, al participar sólo los hombres, se dejaban sueltas muchas cosas que ellos no veían.

En la prevención y preparación, la participación de mujeres ha hecho más eficaz la

atención de las necesidades básicas de higiene, salud, alimentos y, sobre todo, la oportuna

distribución y manejo de ayuda humanitaria después de algún desastre. Testimonio de las

Unidades Microrregionales de Atención a Contingencias, del PMR-PNUD.

El siguiente gráfico, extraído del reciente Foro Mundial del Agua, 2006, muestra

cómo se puede combinar metodologías de preparación inmediata y respuesta ante

desastres, con otras de prevención y mitigación, que orientan más a revisar de fondo los

modelos de desarrollo que generan vulnerabilidad ante futuras contingencias. Este

enfoque se conoce ya como la gestión integral de los riesgos de desastre. El programa

GREG del PNUD en México lo intenta implementar además, con una orientación a la

equidad entre géneros y entre grupos étnicos diferentes.

Grafico 4. Ciclo de la Gestión Integral de Riesgos

Fuente: Foro Mundial del Agua 2005, adaptado por Munguía (2007)

El programa GREG estimula un proceso de reflexión conceptual y metodológica

que orienta el diseño de una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de agentes

implicados en la gestión de los riesgos de desastre, impulsando la incorporación del

enfoque de género en las agendas y actividades de planificación de la gestión de riesgos

en la región.

El programa también favorece la creación de una comunidad de intercambio y

aprendizaje donde identificar, compartir, sistematizar, difundir y potenciar los recursos y

servicios en torno a la transversalidad de género y la gestión de los riesgos de desastre.

Los municipios en los que se ha implementando el programa presentan avances

diferenciados con respecto a aquellos en los que sólo se trabaja el tema de la protección

civil cuando se da respuesta a las emergencias. Los avances son referidos por hombres y

mujeres que participan en el programa y de las comunidades, se muestran en la tabla 1

precisando que explicar la tabla en forma sintética: Tabla 1. Ponerle título a la tabla

Aspecto Municipios sin

proyecto de GREG Municipios con Proyecto de GREG

Metodología

No participativa;

promueve decisiones

verticales y

concentradas y

desestimula la

corresponsabilidad.

• Marco conceptual y herramientas metodológicas

con enfoque de equidad de género.

• Herramientas diseñadas para analizar

las capacidades, habilidades y comportamientos

de riesgo por sexo y edad, y reducir la vulnerabilidad en

el desarrollo: mapa de riesgos de recursos, sectores

y actores, tabla de amenazas y factores de

vulnerabilidad por sexo, planeación del uso sostenible del

suelo y los recursos hídricos, blindaje de inversiones.

Líderes

Locales

La exigencia

y capacitación previa

no son exigibles.

Las personas

son designadas

por periodos

• Mayor visibilidad de la participación de las

mujeres en la gestión de riesgos de desastre.

• Apertura a liderazgos femeninos en momentos de

crisis.

• 32 equipos microrregionales integrados con cuotas

de género; sensibilizados y formados en este enfoque.

• Unidades microrregionales del programa,

Aspecto Municipios sin

proyecto de GREG Municipios con Proyecto de GREG

administrativos

cortos.

Organizaciones sociales y civiles con planes

de incidencia en política de riesgos.

• 129 expertos/as locales graduados en 4 generaciones

del diplomado del programa.

• 553 promotores/as comunitarios,

personal gubernamental de 60 municipios y de

4 gobiernos estatales en capacitación constante.

• Cobertura a 196 municipios, más de

1,000 comunidades y 184 cooperativas, con planes

y personal capacitado (nivel municipal, comunitario

y de empresa social).

Comunidade

s y

Municipios.

• Alerta

oportuna sólo hasta

cabeceras

Municipales.

• Evacuación

sólo del 20-50% de la

Población

(evaluación durante

el huracán Emily,

2005).

• Dependencia de

las comunidades

y lentitud

para evaluar daños;

resultados inexactos

y generalizantes.

• Infraestructura

y equipo destruido

en un 50%

(caso huracán Wilma,

• Aviso oportuno a todas las comunidades,

con mensajes diferenciados por género y grupo étnico,

dentro de los 196 municipios de 32 microrregiones en

7 estados.

• Evacuación voluntaria del 97% de la

población durante los últimos eventos adversos

(huracanes Emily, Wilma y Dean).

• Protección del 98% de embarcaciones y

proyectos ecoturísticos, 80% de apiarios, casi total

en agricultura y agroforestería (caso evaluado en

el huracán Wilma, 2005).

• Autoevaluación rápida preliminar, desagregada

por sexo, tanto de los daños, como de las necesidades

humanitarias, y se emitan propuestas de recuperación

temprana.

• Análisis de Riesgos y

Planes comunitarios/municipales, y

de organización/empresa, con información

desagregada por sexo y estrategias específicas por

género.

Aspecto Municipios sin

proyecto de GREG Municipios con Proyecto de GREG

2005). • Blindaje de más de 200 proyectos de mujeres

y hombres.

Política

pública

• Políticas

centralizadas.

• Estado responsable

de la seguridad.

• Hacer realidad una Gestión de Riesgo con un enfoque

de derechos.

• Revisión de Atlas de Riesgos, Planes de

Protección Civil y Leyes y reglamentos estatales,

para incluir una visión integral del manejo de los

riesgos y el enfoque de equidad.

• Blindaje de proyectos de mujeres y hombres, tanto

en programas privados e internacionales, como a nivel

de los gobiernos estatales y dependencias federales.

• Tomadores de decisión que incorporan la

perspectiva de género en planes de contingencia y

planes de recuperación

articulados interinstitucionalmente.

Los programas de gestión de riesgos con equidad deben estar orientados a validar el papel

de mujeres y hombres como actores sociales en el uso, manejo y decisión sobre la

relación de éstos con su ambiente, debe también reconocer que ciertas prácticas de

manejo de riesgos, adaptación y mitigación del cambio climático, comienzan y se

desarrollan a nivel local (Breton, Yvan et al, 2006), de manera diferenciada por sexo y

edad, y que ello permite mejores estrategias de organización social para el desarrollo.

Ofrece una oportunidad única para examinar los entornos socioeconómicos y culturales,

el conocimiento tradicional, las organizaciones políticas de las comunidades y la equidad

en la gestión del riesgo, disminuyendo además la vulnerabilidad ambiental, de género y

cultural y neutralizando las relaciones de poder desigual.

La implementación de esta agenda, a través del Programa GREG del PNUD, es un

proceso dinámico en tiempo y espacio que debe adaptarse a circunstancias políticas,

humanas, ambientales, culturales y de género en cada territorio. De ahí que el monitoreo

de indicadores y los simuladores, así como los propios eventos de desastre, deben ser

considerados para la evaluación del programa y de la transversalización de los enfoques

dentro del mismo profundizando así en el binomio gestión de riesgos y equidad de

género, de manera que se institucionalice y pueda contar con indicadores de evaluación y

monitoreo también en los diferentes niveles de gobierno.

Consideraciones finales

Los instrumentos internacionales son, en sí mismos, un compromiso para institucionalizar

el enfoque de género: la CEDAW (1981) en la eliminación de todas las formas de

discriminación a las mujeres; el ECOSOC para intensificar esfuerzos en el diseño de

políticas y programas con enfoque de género; la Agenda 21 en la igualdad en el desarrollo

sostenible; y el Marco de acción de Hyogo 2005 – 2015 sobre reducción del riesgo de

desastres, que han permitido establecer el tema del Manejo de Riesgos con perspectiva de

género en la agenda nacional. En 2009, con una estrategia conjunta de organismos

internacionales de la ONU, instancias del gobierno federal (Coordinación General de

Protección Civil, INMUJERES, INDESOL y SEMARNAT), y representantes de la

academia y la sociedad civil organizada, se lanza el programa conjunto para

transversalizar la perspectiva de género dentro del sistema nacional de Protección Civil,

que incluye acciones nacionales generales y algunas más intensas en 4 estados piloto

(Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Yucatán) durante el 2009 y el 2010.

El diálogo y la atenta observación de la realidad empírica, es decir, de las

lecciones que nos dejan los recientes desastres (huracanes Emily, Wilma y Dean, así

como las inundaciones de Tabasco-Chiapas 2007), han permitido que se construya una

comprensión común del problema y sus posibles soluciones. Los procesos locales de

GREG deben ser integrales y con participación de mujeres y hombres si queremos

aprovechar la riqueza de los saberes, del aporte ciudadano y transitar hacia escenarios que

reduzcan la vulnerabilidad y riesgo.

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