$2.000Edición 2712 Semana del 30 de octubre al 5 de nioviembre de 2013 - Circula los miércoles - Licencia Nº 002367 del Ministerio de Gobierno

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LA VERDAD DEL PUEBLO

La decisión de la Corte Constitucional de tumbar por vicios de procedimiento la reforma del fuero penal militar, da un respiro a la lucha de los sectores democráticos contra la impunidad y el terrorismo de Estado.

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Más paseo de la muerteReforma a la salud

El proyecto que cursa en el Congreso de la República empeorará los servicios y benefi ciará a los comerciantes de este derecho fundamental. En entrevista para VOZ, el médico Román Vega explica algunos cambios del servicio a partir de su aprobación.

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Golpe al militarismo

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Carta

s

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos -Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Camacho - Hernando López - Nelson Lombana Silva - Ana Elsa Rojas - Wil-frido Jiménez - Hernán Durango - Felipe Valencia - ADMINISTRADORA: María del Carmen Garavito. DIAGRAMACION: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Ca-larcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural E-Mail: semanariovoz@etb.net.co Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LVI. Distribución vía Avianca.

R

L

VISIÓN

DesafueroLo de Piedad Córdoba es un desafuero de la justicia colombiana. Qué terrible poder tiene el procurador Alejandro Ordóñez. Tiene doblegado al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Un señor que vive tres siglos atrás. Que se lleva por delante la ley y la Constitución, porque la aplica a su manera sin que nadie lo controle y mucho menos lo sancione. Todos le deben favores por las cuotas burocráticas que distribuye. Su bo-lígrafo es famoso. Ya se conoce que realizó lobby permanente en la Corte constitucio-nal. Rafael Campos (vía internet).

Elites paramilitaresEn este periodo, la justicia colombiana ha tomado decisiones trascendentales, en lo que tiene que ver con las capturas de los grandes capos de las élites paras.Mandar a la cárcel de la Picota, al poderoso goberna-dor de La Guajira “Kico Gomez, un hombre que hasta hace poco, estaba blindado por el poder político de las élites regionales y nacionales. Uno a uno, la justicia los va cazando, desvertebrando el temible circo de los leones de las élites paracas de este país; es un fenómeno nuevo de nuestra justicia, que tenemos que aplaudir sin de-

jar de ser críticos con ella, porque se atre-ve a despejar, lo que fue para el pueblo, las horribles noches del para militarismo en los campos y ciudades. En esta acción de la justicia en contra de las élites paras, nos cabe una pregunta: ¿Por qué ahora y no años atrás?, pues bueno, la luna de miel entre la derecha y la extrema se acabó, ahora lo que importa a la derecha en esta coyuntura electoral, es limpiar su camino para llegar con buen tino al poder. Johnny Puente Doria (vía Internet).

Paz sin pausaEntre los hipotéticos caminos de la paz; primero, continuar los diálogos ante los procesos electorales, segundo, hacer una pausa y tercero, levantarse de la mesa; hasta el más alejado del confl icto escogería el primer camino, continuar. Entendiendo lo terrible que es una guerra fratricida, inútil, homicida, la cual lleva más de 50 años y por lo tanto hay que fi niquitarla en esta oportunidad. Los apla-zamientos conducirían a mermar el fervor y la confi anza, alargaría los tiempos, es decir, el problema bélico se extende-ría. Los enemigos de la paz obtendrían argumentos en contra de ella. La opinión

mundial bajaría su optimismo y cabría la probabilidad de romperse el proceso en caso de ocurrir ciertos cambios de poder político en el país. Congelar el proceso, es como introducir el pescado al congela-dor durante un tiempo para luego sabo-rear la insipidez y de pronto intoxicación masiva. Omar León Muriel Arango (vía Internet).

Los “raponeros”Los “raponeros” que pretendían hurtar la personería jurídica de la Unión Patriótica se jodieron, porque el Consejo Nacional Electoral reconoció a la Junta Nacional Patriótica legítima, heredera de Aída Abella, Mario Upegui y las últimas perso-nalidades que tuvieron su representación legal. Querían convertir a la UP en un festín de avales; ya en el pasado el tal Sebastián había vendido su conciencia, si alguna vez la tuvo, a una candidatura liberal. Pero hay que seguir la lucha ideo-lógica porque dentro de la UP se denigra del Partido Comunista y de sus dirigen-tes. Son voces aisladas y destempla-das pero deshonestas. Eso no se puede aceptar. Camilo López Tavares (vía Internet).

a agrupación Los Ahijados del Vallenato, integrada por el cantante José Ermes Melo y Ariel Valdés en el acordeón, lanza su tercer trabajo musical titulado “Con Toda”, producción que entre-ga al público una variada gama de temas con contenidos románticos, sociales, carnavaleros y navideños.

Se trata de una selecta elección de temas, entre los que se desta-can “Mi novia bonita”, creación de Omar Geles, cuya letra es perfecta para manifestar el amor y la pasión que despierta la novia, en un ritmo rumbero con los acordes de la nue-va ola del género vallenato.

Dentro del repertorio también se encuentran dos temas de corte so-cial, autoría de Ovidio Aguilar, que constituyen una refl exión frente a problemáticas cotidianas como el embarazo adolescente y el despla-zamiento en Colombia. El primero es “Sola contra el mundo”, cuen-ta la historia de millones de muje-res en el mundo que asumen solas su maternidad y que pese a las di-fi cultades, hacen de sus hijos seres humanos valiosos.

El segundo es “Don Carmelo”, que relata el drama de un campesino que junto a su familia es desplazado

por la violencia y tiene que huir a la gran ciudad, enfrentándose a una selva de cemento en la que mue-re tras verse obligado a robar para poder llevar alimento a su familia.

De igual manera, se incluye un Mosaico Navideño con las tra-dicionales canciones “Aires de Navidad”, “Noche Buena”, “Llegó Diciembre” y “Año Nuevo”; con las que se prenderán las fi estas decem-brinas en todo el país.

“Con Toda” es un trabajo disco-gráfi co que contó con la participa-ción de José Ermes Melo, cantante nacido en Aguachica (Cesar), pero bogotano por adopción ya que des-de los cuatro años vive en la capi-tal colombiana; en el acordeón el joven músico barranquillero Ariel Valdés; a quienes se sumaron artis-tas tan importantes como: Miguel Barros (director musical), Conrado Marrugo (pianista y tecladista), Alfredo “Negrito” Rosado (percu-sionista), Nevar Durán (acordeone-ro y arreglista), Óscar Martínez (ba-jista), Pedro Pacheco (guitarrista) y Jairo Medina (conga y percusión).

Esta producción fue grabada en los estudios de la Organización MT, dirigida por el productor discográ-fi co Jhon Marco Triana Porras.

“Con Toda”

Los Ahijados del Vallenato

Los Ahijados del Vallenato.

Octubre30 de 2013/3TEMA DE LA SEMANA

A A

Satisfacción entre los

sectores democráticos y populares y la comunidad internacional, y desconcier-to y rabia entre los sectores militaris-tas y las élites de poder en Colombia, causó el reciente fallo de la Corte Constitucional, mediante el cual de-claró inexequible, por vicios de pro-cedimiento, un proyecto que amplia-ba el fuero militar, creaba un Tribunal Militar especial para el juzgamiento de crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y creaba fi gu-ras jurídicas como la del ‘blanco legí-timo’, un esperpento que convierte en objetivo de guerra a la población civil.

La decisión del alto tribunal cons-titucional implica que se cae defi niti-vamente el proyecto de ley, pues el ca-rácter de los vicios de procedimiento invocados lo hacen insubsanable, no regresa a estudio del Congreso de la República, y por consiguiente queda sin sustento legal la ley estatutaria que lo reglamenta.

Entre las reacciones inicialmen-te conocidas fi guran la del presiden-te de la infl uyente ONG Human Rigts Watch, José Manuel Vivanco, en el sentido de que de haberse aprobado el proyecto se establecería por parte de los militares “licencia para matar sin rendición de cuentas”, con el riesgo in-minente de que la mayoría de los pro-cesos en curso por ‘falsos positivos’, no por delitos en combate, quedaran en la impunidad.

El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, quien encabezó una lista de parlamentarios que en febrero de este año había demandado la ley de ampliación de fuero por vicios de pro-cedimiento, anotó que “hemos logrado defender los derechos humanos de ma-nera efi caz al haber emprendido accio-nes ante la Corte Constitucional”. “Ese proyecto, puntualizó Germán Navas Talero, otro de los demandantes, estu-vo marcado por irregularidades origi-nadas en el permanente afán de las ma-yorías”, en aprobarlo mediante el típi-co ‘pupitrazo’.

De lado de quienes defi enden la reforma, están, desde luego, el presi-dente Santos y su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que corrieron pre-surosos a tranquilizar a los mandos

militares, a decirles que el fuero militar no ha desaparecido y que el gobierno va a hacer lo posible por proteger sus intereses, valga decir, disparar prime-ro y preguntar después.

Entre el coro de los áulicos del mili-tarismo, está el Procurador General de la Nación, que se preguntaba, qué ga-rantías tendrían en el futuro los miem-bros de las Fuerzas Militares. Y se do-lía que a los uniformados incursos en crímenes atroces se les pudiera conde-nar a penas de prisión hasta de sesen-ta años, violando el principio de igual-dad. ¡Qué injusticia!

Insubordinados

Llama la atención, sin embargo, una voz discordante en este coro, la del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, quien califi có como ‘procedimiento inaudito’ la decisión de sus compañe-ros en el alto tribunal constitucional, y descalifi có en forma irrespetuosa e in-decorosa la decisión mayoritaria de la Corte, al señalar como inconstitucional la iniciativa parlamentaria.

Estas declaraciones apuntan a una campaña de desprestigio y deslegiti-mación de las decisiones de la Corte

Constitucional. Empezando por el mi-nistro de Defensa al repetir reiterada-mente que la institución castrense res-peta pero no comparte el fallo, cuan-do su deber de funcionario es acatar las decisiones judiciales. En esa di-rección apuntan las declaraciones del procurador y ahora las de un magistra-do compañero de bancada del tribunal constitucional. Alaban la Corte cuan-do un fallo les favorece y denostan de ella cuando no se pliega a su cabildeo.

Como recordarán nuestros lectores, el riesgo de que la iniciativa de amplia-ción del fuero militar hubiera sido de-clarada exequible es que se dote de una sólida cobertura jurídica las actuacio-nes criminales del ejército y la policía en zonas de combate y fuera de ellas.

Lo que se quiere tapar

Cuando delegados de la Corte Penal Internacional efectuaron una visita al país, hace pocos meses, la Fiscalía General de la Nación reco-noció que en esos momentos, sola-mente por casos de ejecuciones ex-trajudiciales (falsos positivos) “están siendo procesados 47 coroneles, 66 mayores, 133 capitanes y otros 4.354

uniformados”. Desde el momento en que se conocieron los primeros indi-cios de estas ejecuciones extrajudia-les, como modelo ofi cial de guerra contrainsurgente, se han dictado 639 condenas.

Esto indica que los niveles de im-punidad, cuestión sobre la que aler-tan José Manuel Vivanco y numero-sas organizaciones de derechos huma-nos, está entre el 87 y el 90 por ciento, y este encubrimiento al crimen se re-fi ere a delitos de lesa humanidad y no precisamente los cometidos por razón del combate, como se pretende alegar por quienes defi enden las bondades del fuero militar.

Leído de otra manera el asunto, muestra la estrecha relación entre im-punidad y ampliación del fuero penal militar. Los tribunales de juzgamiento castrense que invoca la ley fenestrada, aspiran ni más ni menos que a cobijar bajo su jurisdicción la comisión de crí-menes de guerra y las graves infraccio-nes al derecho internacional humanita-rio, como en su oportunidad lo advirtió una comisión de expertos.

Esa misma comisión, hizo notar que es de la esencia del derecho, en la práctica democrática de la comuni-dad de naciones, que sean los tribuna-les civiles quienes investiguen y enjui-cien los crímenes de guerra, evitando que los militares se conviertan en juez y parte, para establecer una cadena de absoluciones e impunidades.

Reforma para la paz

Un documen to de l Cen t ro In ternacional para la Jus t ic ia Transicional, divulgado en esa época, advertía que la justicia penal militar no es apropiada para investigar crímenes complejos o de sistema, y en su estruc-turación no da muestras de imparciali-dad e independencia. Y llama la aten-ción sobre el hecho de que en tiempos de negociaciones de paz la ampliación del fuero militar y otras medidas de guerra son contrarias al modelo de jus-ticia transicional, que busca enfrentar el legado de las violaciones masivas a los derechos humanos y restablecer la confi anza de la ciudadanía en las ins-tituciones públicas.

Los retos y desafíos que esta dis-cusión plantea, no se han superado. El gobierno nacional y su ministro de Defensa amenazan con presentar nuevas iniciativas al parlamento, pa-ra buscar normativas que amparen la política criminal de la llamada “segu-ridad democrática”. Los sectores pro-gresistas por su parte, no pueden bajar la guardia.

Hay que enfrentar la pelea, no só-lo contra la posibilidad de ampliar el fuero militar, sino reformar el existen-te, bastante laxo frente a este tipo de actuaciones criminales. Enfrentar la impunidad en los crímenes de estado, desactivar la política de la seguridad nacional, plantear una depuración de las fuerzas armadas, una reforma mi-litar para la paz, y en general la consti-tucionalización del derecho penal, son tareas del momento, si queremos am-bientar la paz que con justifi cados an-helos se busca en las conversaciones de La Habana.

El fallo de la Corte sobre el fuero militar

Golpe al militarismoLa decisión de la Corte Constitucional de tumbar por vicios de procedimiento la reforma constitucional que ampliaba el fuero penal militar, da un respiro a la lucha de los sectores democráticos y populares que veían en el proyecto una gigantesca puerta abierta a la impunidad

El Gobierno dice que insistirá en la reforma del fuero militar.

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E

CAMPO

A P R

l nombramiento de Rubén Dario Lizarralde como minis-tro de Agricultura ha sido una de las más decepcionantes medidas del presi-dente Juan Manuel Santos para el sec-tor agrario.

Desde su llegada a la cartera, varios sectores han pedido su renuncia por la impertinencia de su nombramien-to, dadas las irregularidades en su pa-so por el sector empresarial, y por los impedimentos que tiene frente a temas cruciales.

Antes de llegar al cargo, Lizarralde se desempeñó durante 19 años como gerente de Indupalma, una agremia-ción de grandes productores de pal-ma aceitera.

Además de haber defendido los in-tereses de los grandes hacendados pal-meros, se han venido denunciando va-rias irregularidades en su paso por el sector privado, como lo señalan los parlamentarios Wilson Arias y Jorge Enrique Robledo.

El ministro, que evadió en dos opor-tunidades la citación a un debate de

La cartera de Indupalma

Señalan impedimentos e irregularidades del ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde

El nuevo ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Foto Juan Pablo Pino/La Silla Vacía.

control político en el Congreso, fi nal-mente atendió la tercera citación el 22 de octubre pasado, donde fue señala-do de apropiación indebida de baldíos y de tener dineros en Panamá para eva-dir impuestos.

Apropiación indebida

Según se ha conocido, Lizarralde se apropió, al frente de Indupalma, de miles de hectáreas de baldíos nacio-nales (que por ley deben ser adjudi-cados a los campesinos pobres) en los departamentos del Cesar, Santander y Vichada.

En el debate, Robledo denunció que, gracias a Lizarralde, Indupalma tiene ocupados ilegalmente predios en San Alberto (Cesar) correspondientes a 2.300 hectáreas a través de la fi gura de usurpación.

La operación se concretó con pre-siones indebidas a los campesinos, que, según la Defensoría del Pueblo, fue-ron obligados a “asociarse” con esa empresa.

Además, la empresa Indupalma, que es colombiana, aparece “residen-ciada” en Panamá, país hasta hace po-co considerado un paraíso fi scal. Al

instalarse en Panamá, Indupalma se benefi ciaría de evadir el pago de im-puestos al fi sco colombiano.

Los impedimentos

El 2 de octubre pasado, Lizarralde además había sido recusado por Arias y Robledo por diez temas clave de su cartera en los que debería declararse impedido.

En la recusación se señalan los si-guientes puntos en los que el ministro tiene confl icto de intereses:

1. Régimen legal de tierras baldías (Ley 160 de 1994); 2. Crédito agrope-cuario; 3. Incentivo a la Capitalización Rural (ICR); 4. Política de agrodiésel; 5. Política palmera; 6. Política cauche-ra; 7. Política para el sector lácteo; 8. Política forestal; 9. Normas sobre or-ganizaciones gremiales del agro; y 10. Política para impulsar proyectos aso-ciativos. (El documento completo de la recusación se puede consultar en www.prensarural.org).

La recusación se fundamenta en los confl ictos de intereses de Lizarralde por los negocios de las empresas en las que fue directivo, gerente o represen-tante legal, así como por los intereses de algunos de sus familiares.

El ministro Lizarralde fue gerente o representante legal de empresas co-mo Indupalma; Inducaucho; Agroin-dustriales El Palmar; Agroindustriales El Ho ri zonte; Empresa Río San Al ber-to; Procesadora de Aceite Ororojo; Pro-motora Ceis; e Induariari de La Palma. Además, era miembro de las juntas

directivas de Fedepalma, Acepalma, y de la Central Lechera de Manizales (Celema).

Además , su h i jo , San t iago Lizarralde Campo, es accionista de la sociedad Grupo TRS SAS, empre-sa que compró terrenos en Vichada para un proyecto de caucho. Y, se-gún el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 19 de septiembre de 2013, es subgerente de Inversiones Campoazul SAS, socie-dad del sector agropecuario cuya úni-ca accionista y gerente es la ministra de Educación, María Fernanda Campo, exesposa del ministro Lizarralde y ma-dre de Santiago.

¿Modelo Indupalma?

Más allá de las irregularidades y del confl icto de intereses del nuevo minis-tro de Agricultura, las organizaciones campesinas y la oposición han señala-do la impertinencia del nombramiento de Lizarralde.

Todo indica que al frente de la car-tera impulsará una política agropecua-ria basada en el “modelo Indupalma”, es decir, monocultivos a partir de pro-yectos asociativos entre grandes em-presarios y campesinos. En otras pa-labras, “alianzas estratégicas” de ca-ballo con jinete.

El ministro ha dicho que se siente “con la conciencia tranquila” y “orgu-lloso” por todas las actuaciones de su pasado, y que si tuviera algo que es-conder no le habría aceptado el cargo al presidente Juan Manuel Santos.

Las voces de los 9500 pri-sioneros políticos siguen

escuchándose en el país mediante la solidaridad de la campaña Yo Te Nombro Libertad, impulsada desde las organizaciones sociales y populares, primeras víctimas de la persecución política de un régimen colombiano.

El acto de lanzamiento de la campaña se realizó el pasado 23 de octubre, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Colombia. Contó con la partici-pación de Huber Ballesteros, di-rigente agrario y vicepresiden-te de Fensuagro, quien desde la cárcel Picota de Bogotá envió un saludo a los asistentes y a las or-ganizaciones sociales que se su-man a la iniciativa.

“Es muy gratificante ver a Huber con esa actitud de lucha.

Esa lucha no es la de él solo si-no la de muchos otros que están allí adentro, en las cárceles, por eso nosotros tenemos la respon-sabilidad de evidenciar el trata-miento miserables de las maz-morras colombianas”, manifestó Piedad Córdoba, asistente al acto y quien recordó que la crisis car-celaria tocó fondo hace rato y el gobierno lo sabe.

Yo Te Nombro Libertad, re-cordó a David Rabelo, defensor de derechos humanos y conde-nado a 18 años de prisión con un expediente fundado en los falsos testimonios. El llamado de las or-ganizaciones participantes fue de seguir enarbolando las ban-deras de la libertad de los presos y prisioneros políticos que tam-bién luchan por la paz con justi-cia social.

Yo te Nombro Libertad

Octubre30 de 2013/5EDITORIAL

R L O

Magistratura en crisisImperativo político

Rumbo a la OCDE

Caballería ligera

J R L

La historia a contrapelo

S Z S

La suerte está echada. Los pro-tagonistas están identifi cados y

el escenario listo para las acciones. No hay lugar para el engaño o las confusio-nes. La extrema derecha ha defi nido sus peones -porque en el movimiento Uribe Centro Democrático, el expresiden-te, no tiene pares, sólo súbditos-, Óscar Iván Zuluaga, es el títere elegido por la “Convención” para aspirar a la presiden-cia de la República.

El programa es una retahíla de frases que encubren sus planes antidemocráti-cos. Por ejemplo, a la represión la llaman seguridad democrática. Al marco jurídi-co político que justifi ca la súper explota-ción de los asalariados y las elevadísimas tasas de intereses, la denominan garantía inversionista. Además, la parte más sin-cera de su discurso es su sistemática opo-sición al proceso de paz y su talante mili-tarista. Por otra parte, los más destacados paramilitares, son sus amigos.

La otra expresión ideológica de la de-recha está personalizada en el presiden-te Juan Manuel Santos y su coalición de gobierno. Ya sabemos quién es: crimina-liza la protesta social, incrementa las ac-ciones guerreristas; implementa radical-mente el modelo neoliberal; se mantiene indiferente ante las agresiones imperia-listas a la soberanía nacional. Incluso, ha diseñado una política contra los trabaja-dores y aplica y defi ende la política uri-bista de la salud.

Este panorama de los líderes de la de-recha y de la extrema derecha, sus progra-mas y ejecutorias, cuentan con el repu-dio de los sectores populares y de la clase

media. Por esa razón la mayoría de la población colombiana necesita y exige un liderazgo de los partidos y movimientos progresistas y revo-lucionarios para defi nir un urgente programa democrático, que conten-ga políticas equitativas, anticorrup-ción, soberanas. Que formalice las relaciones laborales y garantice un manejo de la minería en pro de los intereses nacionales y que proteja la salud humana y el medio ambiente.

El desprestigio de los candida-tos derechistas es de tal naturaleza que por primera vez, tenemos real opción de poder de los partidos de izquierda. El pueblo y la historia castigarán a todos aquellos que por egolatría y discutibles razones ideo-lógicas entorpezcan o impidan la unidad de los demócratas y revolu-cionarios, con lo cual, imposibilitan la llegada al gobierno de las clases explotadas y facilitan que las oli-garquías continúen monopolizando el poder. El imperativo es la unidad. Muerte al grupismo miope o ególa-tra. El gobierno está al alcance de las manos. Compañeros del Partido Comunista, del PDA, de la Unión Patriótica, de Marcha Patriótica, de los Progresistas, no más argumen-tos o pretextos sectarios contra la unidad. El único y siniestro enemi-go es la dinastía derechista. Con la unidad la desterramos del gobierno y del poder. Es la hora de la férrea unidad, sin dilaciones.

Decía Groucho Marx que no le gustaría pertenecer a ningún club que admitiera a socios co-

mo él. Muy seguramente, con su humor cáustico, este humorista sin par le exigía características de excelencia a las mem-bresías de las organizaciones que quisie-ran tenerlo en su seno.

En las mismas debería pensar el pueblo colombiano, sobre todo ahora que sus úl-timos gobiernos vienen siendo objeto de halagos para que matriculen al país en clu-bes y convenios en los que los verdaderos dueños del país serían los gananciosos, a cambio de entregar soberanía política, so-beranía alimentaria, soberanía sobre sus saberes ancestrales y soberanía sobre su suelo y su subsuelo.

A ese tipo de clubes, nuestro pueblo debería resistirse a pertenecer. Sin embar-go, el Gobierno ha dado en la fl or de es-tarles mendigando cupos por doquier, sin importar los costos que tales membrecías puedan acarrearnos.

Uno de los últimos ejemplos lo vimos en la OTAN, organismo creado para ga-rantizar la defensa de las grandes poten-cias en la época de la Guerra Fría e impedir

el auge del socialismo, que por enton-ces estaba en alza. ¿Tiene algo que ver Colombia con semejantes propósitos? Por supuesto que no, pero allá quiere meterla el doctor Santos.

Pero el embeleco más reciente y gracio-so es el de que la admitan en la OCDE, el mal llamado Club de las Buenas Prácticas. Muy seguramente que los 34 países que conforman este organismo saben bien que si hay algo grave en Colombia es la corrupción, que es la esencia, la peor de-mostración, de las más malas prácticas, sobre todo en la administración pública. Pero eso no es lo que les importa. ¿Que será entonces lo que los lleva a abrirnos sus puertas?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización originada en el Plan Marshall. Su mayor propósito es el de tra-zar orientaciones que permitan maximizar el crecimiento económico de sus países miembros, aplicando el requisito funda-mental que les demanda a sus membre-cías: el de liberalizar los movimientos de capitales y de servicios, lo cual, dicho en otras palabras, solo signifi ca neoliberali-zación, de cuyos resultados ya todos nos hemos estado haciendo conscientes, y de cuyos principios han sido víctimas mu-chos pueblos que, como Grecia y España, hacen parte de esa organización.

Es bueno señalar que si Colombia in-gresa a la OCDE, su régimen de impues-tos tendría que cambiar en lo concernien-te al tratamiento de personas extranjeras, pues tendría que comprometerse a aceptar

que el derecho fundamental del impuesto le corresponde al país del que provenga la respectiva inversión. A esto se le deno-mina “pérdida de la soberanía tributaria”. ¿Nos gusta?

* * * * *

La unidad de la izquierda

Después de ver el espectáculo circen-se de la Convención Nacional de “Uribe Centro Democrático” y la crisis de la lla-mada Unidad Nacional, es un imperativo la unidad de las fuerzas de izquierda y de los sectores democráticos en un Frente Amplio por la Paz y en un movimiento alternativo con opción de poder para las elecciones que están en marcha. La es-trechez y los sectarismos atentan contra este desafío histórico. Las posiciones he-gemónicas y excluyentes no caben en un momento como el que vive el país. El au-ge de la lucha social y popular y el franco deterioro del tradicionalismo que soporta el régimen de democracia restringida y de privilegios para la clase dominante, mues-tran la posibilidad para la izquierda y los sectores democráticos. Un movimiento al-ternativo que coloque en la primera línea la paz con justicia social, la defensa de la soberanía nacional, un nuevo modelo de desarrollo, el fortalecimiento de la demo-cracia, el rescate y la defensa de lo públi-co y atender como prioridades la salud, la educación, la vivienda, la cultura y la niñez, debe convocar a todos los que as-piran a construir una nueva Colombia.

En los últimos meses hemos co-nocido fenómenos preocupan-

tes que afectan a la administración de justicia. Disputas entre la Fiscalía y la Contraloría; deslealtades en los ma-gistrados de la Corte Constitucional; la divulgación de un salvamento de voto previo al conocimiento de la sen-tencia colectiva; apropiación de las Cortes por una camarilla reeleccionista que pasa de un órgano judicial a otro; captura de funcionarios en las instala-ciones de Paloquemao; escándalos en la adjudicación de pensiones; intromi-sión de la procuraduría en decisiones judiciales sobre matrimonios del mis-mo sexo; elección de magistrados con serios cuestionamientos éticos; un ex-fi scal vinculado con los paramilitares; la confi guración de un procurador per-seguidor; entre muchos otros.

La alarmante denuncia de Noticias Uno sobre conversaciones impro-pias entre el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, y un coronel detenido por ejecuciones extra-judiciales, ha deja-do atónita a la opinión pública. En es-tas grabaciones se pueden inferir va-rios delitos graves. La justicia está en la obligación de investigar prontamen-te estas acciones porque deslegitiman el fundamento de la magistratura y el poder judicial. Existen motivos para considerar esta una crisis estructural, por la profundidad y generalidad de sus manifestaciones.

Un fenómeno tan complejo debe te-ner causas multi-dimensionales, pero

existen algunas que podemos conside-rar determinantes. La primera remite a los sistemas que fueron propuestos en la Constitución del 91 para elegir y de-signar las Altas Cortes, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría; que carecen de transparencia, participación demo-crática, veedurías populares y separa-ción de poderes. Están contaminados del “tú me eliges y yo te elijo” y sabre-mos buscar que “nadie nos controle”.

La segunda es la naturaleza del Consejo Superior de la Judicatura, que de ser un órgano aparentemente admi-nistrativo y fi nanciero de la rama, ter-minó resolviendo todo tipo de tutelas y dictando sentencias sobre el paso a la justicia militar de delitos contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Se ha con-vertido en una Alta Corte de Justicia.

La tercera es la incomprensión de una democratización de la administra-ción de justicia. La cual debe necesaria-mente incluir: autogobierno de la justi-cia; mayor participación y compromiso de todos los ciudadanos; simplifi cación procesal; eliminación de los obstáculos económicos, sociales y culturales pa-ra su acceso; procesos de informatiza-ción que contribuyan a la democrati-zación como la conciliación allende el Estado, los jueces de la comunidad, la despenalización de algunos “delitos”, los jueces y tribunales electivos; me-canismos rigurosos y democráticos de selección; protección de los intereses generales; así como carácter visible y público de los momentos judiciales.

Octubre30 de 2013/6

“ J C H F.

LABORAL

Si un futbolista que jue-ga en determinado equipo, luego de unos meses no se amaña en esa ciudad o en ese club, para retirarse debe pagar una indemnización, quedarse parado un año porque no tiene equipo o aguan-tar el tiempo que reste del contrato don-de no quiere estar porque hay una cláu-sula que se lo impone. Eso es una forma de esclavitud”, dice el director ejecu-tivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, Carlos González Puche, para explicar un punto lesivo del proyecto guber-namental para estos deportistas pro-fesionales.

El proyecto al que hace referencia fue presentado por el Ministerio de Trabajo al Congreso de la República, aunque desde un inicio los futbolistas expusieron que en lo fundamental no se recogían las propuestas presenta-das por ellos.

El rechazo a la propuesta reside en-tre otros temas por las indemnizacio-nes que los jugadores deben pagar al club en caso de terminación unilateral del contrato por parte del futbolista. “Se habla de que es un proyecto labo-ral pero en el artículo 18 establece un régimen deportivo especial para que los directivos puedan regular a su anto-jo, les dan facultades legislativas –ex-plica Carlos González-. No deroga los derechos y los convenios deportivos”.

Los jugadores no admiten la posibi-lidad de esos convenios porque se per-mite que a través de esos documentos -que no hacen parte de los contratos de trabajo- se regulen puntos económicos. “Aspectos como el que actualmente se presenta en la dicotomía entre Johnny Ramírez juzgado por una comisión pri-vada de la Federación, donde ellos di-cen que tienen competencia, que es al-go constitucional, porque es un docu-mento deportivo y que las federaciones tienen esa competencia”.

El veto

El famoso veto que existe entre los clubes con jugadores que han salido de un equipo con una mala relación con su antiguo empleador, se mantie-ne y se fortalece. Sobre la terminación unilateral del contrato sin justa causa, por parte del jugador, el proyecto ex-presa: “Si el jugador contrata sus servi-cios con otro club en un plazo de un (1) año contado desde la fecha de termina-ción unilateral del contrato, el club que lo contrate será solidariamente respon-sable del pago de las referidas indem-nizaciones”. De esta manera inmovili-zan al futbolista.

“Cuando el jugador termina un vín-culo va a ser demandado por el emplea-dor, -explica Carlos González- y así se alegue justa causa, van a perseguir, in-validar la justa causa y le cobrarán in-demnización”.

El proyecto tarifa indemnización para el club a partir de dos salarios

mínimos y pueden incluir cláusulas por millones de pesos o dólares. Pone a los 1.200 futbolistas en el país, en las mismas condiciones que los 36 clubes benefi ciados y afi liados a la Dimayor.

“En el tema de las obligaciones es-peciales, por ejemplo, dice que el tras-lado se debe dar en condiciones dignas, lo cual es un saludo a la bandera, así como en el tema de los exámenes médi-cos. Tampoco se establece la obligato-riedad para que los futbolistas menores de edad estudien. En Brasil y Argentina el jugador debe estar formado integral-mente y si no está yendo a la escuela no puede jugar”.

Otros goles

Según la iniciativa la duración mí-nima del contrato corresponde al lap-so que comprenden dos periodos con-secutivos de registro. Es un punto am-biguo para Acolfutpro.

“Debe ser mínimo un año, que lo defi na la ley. Al ver el artículo 18 del proyecto se lee que las competencias para la inscripción de futbolistas se re-girán por su normativa específi ca. Es decir, por ellos mismos: la Dimayor y la Federación. Les dan facultades a ellos para ser legisladores. Lo único que van a hacer es un contrato de tra-bajo por más de dos salarios mínimos para meterle una indemnización. Por otro lado, se va a manejar la plata gran-de a través de un convenio deportivo.”

Según la Asociación, de esta ma-nera no se permite una estabilidad, se

afecta el desplazamiento de los juga-dores, las familias y la educación de los hijos entre otras cosas, cuando en el mismo año deben cambiar constan-temente de ciudad de residencia.

Acerca de las convocatorias a las diferentes categorías de la selección Colombia, el proyecto dice que cuan-do esta se dé se suspende la relación de subordinación entre el club y el ju-gador.

“Los únicos con obligación de pres-tar a los futbolistas a las selecciones son los de la categoría mayor. Falcao está en el Mónaco y cuando está en la selección no deja de ser del club, le si-guen pagando el salario; los jugado-res que van a una selección no son re-tribuidos, les dan algunos premios sin vínculo laboral con la selección. En las categorías sub 15 y sub 17 no es obli-gación prestarlos, entonces el Ministro le hace un favor a Bedoya para que si él pide los jugadores se suspendan las facultades de subordinación, quieren es que sea vinculante y obligatorio el llamado a la selección porque algunas veces no los prestan ya que los nece-sitan para las competiciones”.

Con respecto a las obligaciones es-pecífi cas de los futbolistas el proyec-to de ley dice: “Realizar la actividad deportiva para el periodo y las tem-poradas estipuladas en el contrato, aplicando la diligencia específi ca que corresponda a sus personales condi-ciones físicas y técnicas y las instruc-ciones de los representantes del Club Empleador.”

Las causales de terminación con justa causa por parte del empleador son las mismas contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, es decir, está permitida como causa el bajo rendi-miento. Pero la FIFA no admite en los contratos entre jugadores y clubes es-te motivo porque depende de una va-loración que hace el empleador, es de carácter subjetivo.

“Con ese argumento un equipo que no clasifi que a determinada fase puede ser echado todo dejando a los jugado-res varios meses sin contrato, hasta que empiece la nueva temporada”.

Acerca de la jornada laboral dice: “Los tiempos de concentración previos a los partidos de competencia o actua-ciones deportivas y de desplazamien-to hasta el lugar de celebración de las concentraciones, no se computan en la jornada máxima laboral”. Es decir, cuando los jugadores se desplazan en un bus por más de 20 horas no están ni subordinados ni hacen parte de la jor-nada, por lo tanto si sucede un acciden-te, éste no será de trabajo.

“Aquí siempre el dinero, los bene-fi cios, los patrocinios, la televisión es para los directivos no para los trabaja-dores que son los jugadores. Con ese dinero podrían hacer un fondo para que los jugadores de la B puedan viajar en avión y no soportar 20 o 25 horas en bus antes de un partido”.

Sin reglas claras

Mintrabajo en fuera de lugar

Como un proyecto para el favorecimiento de los 36 clubes de fútbol colombiano en detrimento de la dignidad laboral de los futbolistas, es considerada la iniciativa legislativa presentada por el gobierno nacional al Congreso

Los futbolistas quedarán más a merced de sus empleadores quienes también ejercerán el derecho al veto en caso de terminación unilateral del con-trato sin justa causa por parte del trabajador.

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V J C H F.

LABORAL

OZ habló con el médi-co Román Vega, quien además es doc-tor en administración y políticas de sa-lud, docente universitario y un activista por este derecho fundamental. Explicó grosso modo cómo empeorará el ser-vicio de salud para los colombianos y mejorarán las ganancias de los co-merciantes.

–¿Qué cambios se darán en los servicios de salud con el proyecto que cursa en el Congreso de la República?

–Hay cambios de forma como los nombres de las EPS por el de Gestoras; el nombre del Plan Obligatorio de Salud por el de Mi Plan; el del Fosyga por el de Salud Mía. Pero en sustan-cia, la política neoliberal es la misma. Busca que particulares se benefi cien de los recursos públicos de la salud. No se avanza en la solución de los problemas que aquejan a la población.

–¿Qué pasará con el plan de be-nefi cios?

–Actualmente se denomina Plan Obligatorio de Salud; se llamará Mi Plan con un nuevo enfoque que tie-ne el riesgo de reducir benefi cios para la población, con dos mecanismos: se excluirán todas las atenciones que no cumplan unas reglas predefi nidas por el gobierno y los benefi cios que que-den serán nuevamente priorizados. Con lo cual, hay el riesgo real de que el ta-maño del plan sea menor que el actual.

Eso es negativo para los ciudadanos pero positivo para el interés privado, porque amplia el mercado de venta y compra directa de servicios por fuera de la lógica del sistema de salud. Ahora los aseguradores privados, con los ser-vicios que han sido excluidos, podrán crear programas de seguros privados para personas de altos ingresos. Los pobres se verán sometidos a procedi-mientos muy complicados como las tu-telas, para obtener benefi cios.

Intermediación fi nanciera

–Se dice que al cambiar el nombre de las EPS a EGS, estas pueden eva-dir las deudas billonarias que tienen con el sistema, ¿es verdad?

–El gobierno no solo logrará con es-ta ley que las deudas no sean pagadas. Además, el cambio de nombre en tér-minos prácticos no signifi ca nada res-pecto del papel de intermediación pri-vado que hacen y harán en el manejo de los recursos fi nancieros del sistema de salud. Hay que recordar que el objetivo

de la política neoliberal, en salud, pen-siones y riesgos profesionales, ha sido la privatización de los recursos sociales para -por la vía de agentes privados-, facilitar su ingreso al mercado de ca-pitales. Es decir, al manejo por parte de los bancos, del capital fi nanciero.

Las gestoras cumplirán ese papel, porque a pesar de que se crea un fon-do público, estas usarán los fondos pú-blicos como fondos privados, aunque guardados por el fondo público, como actualmente lo hacen las EPS. El nue-vo proyecto de ley ordinaria, legaliza la obtención de ganancias a partir de esos recursos públicos por parte de las gestoras. Pero la forma de hacerlo es logrando que ellas reduzcan el gasto en salud, en términos de la población; con lo cual mientras menos una ges-tora gaste en salud de sus afi liados más ganará. Y para poder hacerlo seguirán manteniendo barreras de acceso como hoy hacen las EPS. Continuaremos viendo negación de servicios a los pa-cientes. Así ganarán. Pero además, ten-drán la potestad de tener redes de aten-ción básica bajo su control como pro-pietarios y dado que estas son la puerta de entrada al sistema de salud de cada paciente, lograrán controlar las decisio-nes médicas en términos de remisiones a especialistas y a hospitales.

–¿Qué hay con respecto a cubri-miento o prestación de servicios en todo el país?

–Las gestoras operarán en áreas de gestión sanitaria y la ley no dice que sea obligatorio que tengan áreas en to-do el país. Eso generará difi cultades a ciudadanos que requieran ser atendidos en zonas donde su gestora no tenga re-des. Se restringe el alcance de portabi-lidad geográfi ca de este derecho en to-do el territorio nacional.

Mayor clientelismo y corrupción

–¿Y qué pasará con las redes de prestadores de servicios?

–La ley es tan perversa que divide la salud en dos tipos de servicios, unos colectivos a cargo del Estado y otros de carácter individual que lo harán los prestadores integrados en redes. Se di-ce que habrá redes por áreas de gestión geográfi ca, que integrarán unas juntas. Pero cada gestor podrá integrar su pro-pia red dentro de esa área, con lo cual a partir de los servicios de atención bá-sica que ellos controlarán como pro-pietarios podrán controlar todo el uso de la red.

Se mantiene la división entre ré-gimen contributivo y subsidiado. Esa

división mantiene la medicina de pri-mera, segunda y tercera categoría. Se fortalecerá la red privada en detrimen-to de la pública, por lo que la medicina de los hospitales públicos a la pobla-ción será de peor calidad. Es un sistema que discrimina y genera desigualdades.

–Al proyecto también se le han he-cho críticas con respecto a la adminis-tración de los hospitales y la forma-ción de los profesionales. ¿Qué habrá de nuevo en esos temas?

–Los gerentes de hospitales serán de libre nombramiento y remoción. Signifi ca que será el clientelismo el que defi na quién es el gerente, porque se retiran los exámenes de selección de capacidades. Es una concesión del gobierno a los congresistas. Eso lleva a una mayor corrupción.

Se establece que en el futuro hospi-tales que se denominan universitarios otorguen títulos de especialistas a mé-dicos y profesionales de la salud. Los médicos han reclamado por eso, porque no habrá garantías de estándares acadé-micos en esa formación. La consecuen-cia de esa precarización será una peor calidad en la atención de los pacientes y de los ingresos laborales de los pro-fesionales de la salud. Aumentará la oferta de personal de salud de mala ca-lidad a quienes los gestores les pagarán muy mal. Con eso se golpea el derecho a calidad en atención y se aumenta ga-nancias de los negociantes con la pre-carización de salarios.

Además, el Presidente de la República tendrá facultades extraor-dinarias para expedir un decreto con carácter de ley para reglamentar esas relaciones laborales. Se dice que será concertado, pero sabemos que la con-certación en Colombia es un saludo a la bandera y en últimas él terminará ha-ciendo lo que le dé la gana. Se busca un manejo más desregulado del mer-cado de fuerza de trabajo de salud, pa-ra mejorar los ingresos de los comer-ciantes de la salud.

Movilizaciones

–¿Qué respuestas de las organiza-ciones de las salud en particular y del movimiento social en general hay an-te este proyecto?

–La junta médica nacional tomó la decisión de rechazar el proyecto en su totalidad y criticó al ministro por cul-par a los médicos y a las instituciones de salud de los abusos y la corrupción en el sistema, al darles el nombre de “cartel de la salud”. Ha generado ma-lestar en los diferentes gremios médi-cos, desde la Academia Nacional de Medicina, hasta la Asociación Médica Sindical, pasando por la Federación Médica Colombiana, los colegios mé-dicos, las asociaciones de especialis-tas en salud; y han llamado a la movi-lización nacional a partir del 29 de es-te mes en todas las ciudades. También los secretarios de salud y los gerentes locales de hospitales, reunidos hace unas semanas protestaron por la emi-nente parálisis de la red pública hospi-talaria, las enormes deudas, el conte-nido del proyecto. Hay un desacuerdo generalizado con las políticas de salud de este gobierno. Ojalá no solo pro-testen los trabajadores de la salud sino las organizaciones sociales en general se movilizaran rechazando la etapa de aprobación de esta ley.

Una reforma que reafi rmará el neoliberalismo

Lo que viene en salud…El proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República empeorará los servicios para los más pobres y benefi ciará a los comerciantes de este derecho fundamental

Román Vega.

Hospital Materno Infantil de Bogotá, en estado de abandono como estarán muchos más que ya se declaran en quiebra. Foto archivo.

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A

POLÍTICA

H L

las 10 de la mañana del pasado domingo 27 de octubre, en zona selvática del departamento de Guaviare, fue liberado por unidades guerrilleras del Bloque Oriental de las FARC-EP, el ciudadano y ex marine estadounidense, Kevin Scoot, en de-cisión unilateral del Secretariado de la organización insurgente. La delegación de paz de La Habana lo califi có de un nuevo gesto de paz y dijo que esperan “(...)tenga infl uencia positiva en los diálogos de paz”.

Scoot fue entregado a delegados de los gobiernos de Noruega y Cuba y del Comité Internacional de la Cruz Roja, como lo acordaron las FARC-EP y el Gobierno Nacional, después que el pre-sidente Juan Manuel Santos dilató la entrega por el veto en dos ocasiones a la misión humanitaria. En el primer ca-so, rechazó la presencia de la ex sena-dora Piedad Córdoba y en el segundo del reverendo Jesse Jackson de Estados Unidos y de Carlos Lozano, director de VOZ y destacado dirigente comu-nista. Para el mandatario era la mane-ra de evitar un show mediático. El ex

marine, retenido desde el pasado 20 de junio en Guaviare, permaneció mayor tiempo ante los obstáculos guberna-mentales para su liberación.

La delegación de paz de las FARC-EP declaró desde La Habana: “El ges-to de paz de la organización insurgen-te había sido postergado por la intran-sigencia del gobierno de Juan Manuel Santos al no permitir durante meses la intermediación humanitaria, primero, de la ex senadora Piedad Córdoba, y luego, del Reverendo Jesse Jackson. Sin duda, en la concreción de esta li-beración, jugó papel decisivo la deter-minación del Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

El ritmo de la mesa

De otra parte, los gobiernos de Cuba y Noruega, garantes de los diálogos de La Habana, declararon que reiteran su apoyo a los diálogos de paz y a los es-fuerzos para poner fi n al confl icto ar-mado en Colombia. Al tiempo infor-maron que Kevin Scoot recibió un exa-men médico del CICR y se encuentra

FARC liberan ex marine gringo

Nuevo gesto de paz

Con éxito deliberó el pasado 25 de octubre, en Arauca la Asamblea de Reencuentro

por la Esperanza y la Memoria de sobrevivientes, familiares, militan-tes de la UP y el Partido Comunista Colombiano.

“El evento que recordó cada uno de los momentos memorables, entu-siastas y esperanzadores de la vida po-lítica de la UP; pero también expresó nostalgia por los ausentes, recordó el invaluable aporte que cada una de las víctimas hizo en la construcción de es-te joven movimiento político víctima de la intolerancia, la antidemocracia

en buenas condiciones físicas.Carlos Lozano, director de VOZ

y candidato al senado por el Partido Comunista, dijo: “Al fi nal, más allá de la terquedad del Gobierno Nacional, se impuso el acto humanitario para traer a la libertad al señor Kevin Scoot, quien estuvo varios meses en poder de la gue-rrilla de las FARC sin que los gobier-nos de Estados Unidos y de Colombia facilitaran la misión humanitaria para ponerle fi n a su cautiverio”.

Entre tanto, en La Habana, continúa la 16 ronda de la mesa de diálogos, so-bre el tema de la participación política. Iván Márquez, hablando ante la pren-sa, valoró el esfuerzo conjunto y reve-ló que ya hay 30 cuartillas de acuerdos

sobre temas específi cos, reveladores de que el ritmo y las coincidencias son signifi cativos. Del lado del Gobierno Nacional, tanto el presidente Santos como el doctor Humberto de la Calle Lombana, jefe de la delegación ofi cial, insistieron en darle más celeridad a la misma y apresurar los acuerdos.

En la medida que se acerca la fecha límite para el anuncio de la aspiración reeleccionista, desde el Gobierno se co-loca el acelerador para exhibir un even-tual acuerdo como trofeo de campaña electoral. Sin embargo, dicen los vo-ceros insurgentes: “el Gobierno quie-re rapidez pero coloca muchos obstá-culos a las propuestas que hacemos en la mesa”.

Aires de Congreso UP

y los enemigos de la paz, que equi-vocadamente creyeron que cortando las fl ores del jardín detendrían la pri-mavera” expresaron los voceros de la UP en Arauca mediante un declara-ción pública.

Los upeistas en Arauca anunciaron que asumirán con entereza los retos de construir de nuevo el movimiento vícti-ma del genocidio del Estado colombia-no. “La UP en la ruta de un Gran Frente Amplio por la Paz, la Democracia y un gobierno que materialice los anhe-los de cambio del pueblo colombiano; que continúe en la lucha por construir la memoria histórica de las víctimas, la

reparación política y en el ejemplo vi-vo por transformar el estilo de gober-nar. Reafi rmamos nuestro compromiso en la búsqueda de la paz, el diálogo y la solución política al confl icto armado histórico colombiano, respaldamos los diálogos de La Habana, Cuba en su con-tinuidad y no interrupción”.

La nueva Junta Departamental de la Unión Patriótica, quedó integrada por 17 miembros y se eligieron los 20 de-legados al V Congreso Nacional. los araucanos cerraron el acto invitando a respaldar la gran marcha de mujeres por la paz y la solución política, el 22 de noviembre en Bogotá.

Valle del Cauca

En tanto que en el Valle del Cauca y con la asistencia de un poco más de150 delegados provenientes de la ciudad de Cali, y de otros municipios a saber: Palmira, Jamundí, Florida, Yumbo, La Cumbre, Cerrito, Tuluá, La Unión, Sevilla, Obando y Cartago. Han acudido delegados provenien-tes del sector sindical, pensionados, la academia, profesionales, derechos hu-manos, organización barrial, de muje-res, la juventud y Reiniciar, se cumplió con entusiasmo el Reencuentro por la Esperanza.

Allí se hizo un justo reconocimien-to a la actividad desplegada por los fa-miliares de víctimas y comunistas en Reiniciar y el liderazgo ejercido por Jael Quiroga, directora de Reiniciar, en el mantenimiento, conservación y afi anzamiento de la memoria no so-lo en cuanto hace al genocidio, sino a las víctimas.

Coincidieron los asambleístas en que ese es un espacio indicador para el debate del V congreso de la colecti-vidad en relación con el qué hacer de

la izquierda en general y de la UP en particular.

Atlántico

Así mismo se desarrolló con éxito la Asamblea por el Reencuentro de la Esperanza de la Unión Patriótica en el departamento del Atlántico. Una nu-trida y entusiasta presencia de mili-tantes, simpatizantes y amigos upeis-tas, más representantes de las orga-nizaciones sociales, Coordinación de Víctimas de la UP, Partido Comunista Zonal Atlántico, Juventud Comunista local José Antequera, el Frente Popular Cívico Urbano de Barranquilla, Marcha Patriótica y sectores comunales y po-pulares.

El acto contó con la presentación de un trabajo de investigación de me-moria y artes plásticas de la joven es-tudiante de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, Beatriz Mallarino, enfocado a la política de ex-terminio a que fue sometida la UP en el Atlántico.

Las organizaciones asistentes pre-sentaron sus saludos, ratifi cando su dis-posición y compromiso para fortalecer el proceso de la UP como escenario de convergencia de los sectores populares en la lucha por la paz con justicia so-cial, llamando a respaldar las actuales negociaciones entre las FARC y el go-bierno de Juan Manuel Santos.

El Encuentro nombró la Junta Patriótica Departamental Atlántico, con participación de representantes de todas las organizaciones presen-tes, estableciendo como tareas inme-diatas organizar y participar activa-mente en el Encuentro Regional de la Esperanza a desarrollarse en la ciu-dad de Cartagena, el sábado 26 de oc-tubre.

La Unión Patriótica en Arauca marchó y además se están realizando reuniones departamentales y regionales en el marco de la preparación del V Congreso Nacional. Entusiasmo en las fi las upecistas.

Kevin Scoot, ex marine de los Estados Unidos, liberado por decisión unilateral de las FARC-EP.

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E

POLÍTICA

H C

n la primera semana de septiembre se fi rmó un acta de acuer-do para levantar las ocupaciones cam-pesinas en las carreteras producto del paro agrario nacional. A cambio el go-bierno se comprometía a instalar una mesa de diálogo para concertar las pe-ticiones de los manifestantes.

Cinco rondas de negociación ha ha-bido desde aquel momento y los cam-pesinos agrupados en la Mesa Agraria Nacional de Interlocución y Acuerdo, MIA, no ven acuerdos. Ante las mani-fi estas dilaciones gubernamentales en la mesa, la paciencia se agota.

De pero en pero

“Como va la negociación del pliego agrario el gobierno pretende terminar en el año 2019”, le dijo a VOZ, Eberto Díaz, vocero de la MIA y presidente de Fensuagro explicando las maniobras de los voceros gubernamentales para po-nerle un freno a la concertación de las seis demandas campesinas. Apenas se ha abordado parte de un punto de los seis en discusión.

La ausencia en la mesa de los mi-nistros o viceministros de Agricultura o Interior, es la constante en el esque-ma de negociación propuesto para so-lucionar las demandas del paro. Una de las maniobras que denuncian los cam-pesinos se refi ere a las incompetencias de los servidores públicos que asisten en representación del Ejecutivo, pues ellos no tienen capacidad de decisión y son expertos en introducir discusio-nes innecesarias para llegar a la misma conclusión: “no hay recursos”.

Sin poder decisorio

Otra de las dilaciones denunciadas por el campesinado, se refi ere a las tra-bas en el acceso a la información por parte de los campesinos que se encuen-tran en la comisión técnica, una de las mesas dispuestas en el esquema de ne-gociación. Sin información ofi cial o con ella sesgada es imposible el avan-ce de la negociación la fi rma para lo-grar acuerdos.

Lo grave, dicen voceros campe-sinos, es que mientras en Bogotá el gobierno nacional es negligente para afrontar los problemas del campo, en las regionesn es muy diligente para ju-dicializar líderes agrarios, detenciones de los participantes en el paro y arre-metidas paramilitares como las cono-cidas en el Catatumbo.

El gobierno tiene instaladas tres

grandes mesas de conversaciones. En Boyacá se sentó con los campesinos cuya organización se encuentra alrede-dor de las Dignidades Agropecuarias, la mesa de diálogo con la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, y la MIA. Las tres coinciden en que el gobierno accedió a las mesas de con-certación pero no le interesa llegar a un acuerdo. “La estrategia es desgas-tar al campesinado y meter al conge-lador la llama de inconformidad social que tienen en las manos”, dijeron vo-ceros de la MIA.

La lógica ofi cial

Para el profesor Darío Fajardo, no es de sorprender los precarios resul-tados obtenidos en las negociaciones pues el gobierno tiene una estrategia contraria a los intereses campesinos: “Se están creando en el país condicio-nes para la apropiación de tierras por parte de transnacionales e imponer sus modelos agrarios por ejemplo modifi -cando la ley 160 de 1994: romper la Unidad Agrícola Familiar”.

En eso está empeñado el Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, exgerente de Indupalma y defensor de los agronegocios quien ha mani-festado en reiteradas ocasiones que el Presidente lo puso en ese cargo para desarrollar el modelo asociativo pro-puesto por los palmeros.

“Sabemos la lógica del gobierno para dilatar la negociación pero es-tamos listos para emprender las mo-vilizaciones cuando sea necesario”, manifestaron voceros de la MIA. Los campesinos ven ese escenario proba-ble en el futuro inmediato, en la me-dida que no se rectifi que la metodo-logía de negociación y no se llegue a acuerdos importantes.

“Nosotros somos claros en denun-ciar que hoy la mesa de diálogo tiene difi cultades en términos de sus resulta-dos políticos porque no podemos seguir presentando propuestas y buscando al-ternativas de solución mientras que el

gobierno nacional hace oídos sordos a la misma”, explicó Carlos García, vo-cero de la MIA.

Dilación regional

A la par de la MIA nacional se instalaron en 19 departamentos Mesas Regionales de Interlocución y Aspectos, en la idea de avanzar en acuerdos particulares según la nece-sidad de cada departamento. Sin em-bargo, hoy el balance no puede ser distinto al nacional. En ninguna me-sa departamental se ha podido llegar a acuerdos y el gobierno mantiene la política de no permitir algún tipo de negociación con gobernadores sin su visto bueno pues manifi esta que como en La Habana, “hay líneas rojas que no puede cruzar”.

En ese sentido la MIA buscará una reunión con el expresidente Ernesto Samper, el representante Iván Cepeda, el sacerdote Francisco de Roux y Fabrizio Hotchschild, jefe de la ONU en Colombia, como comisión de ga-rantes entre las partes, para encontrar soluciones a la parálisis del diálogo y

Gobierno sin voluntad política

Se agota la pacienciaDos meses después de fi rmado el acuerdo para un diálogo entre campesinos y gobierno las soluciones brillan por su ausencia

acelerar acuerdos.Los voceros de la MIA, continúan

fortaleciendo la Cumbre Agraria y Popular, lanzan como respuesta campe-sina a la propuesta del presidente Santos denominada Pacto Agrario. El objeti-vo, masifi car el apoyo y la solidaridad al campesino recibido desde las ciuda-des capitales y sumar a las Dignidades Agropecuarias en la idea de construir un pliego único del sector campesino.

Sin soluciones

El paro agrario nacional desató las fuerzas campesinas cansadas por déca-das de abandono ofi cial, por la agobian-te pobreza, la brecha de desigualdad creciente, el minifundo, la carencia de derechos. Todas situciones profundiza-das por la fi rma de los tratados de libre comercio. Aunque en la otra esquina Juan Manuel Santos, continúe con su discurso irreal negando la razones pa-ra la protesta y ofreciendo soluciones superfi ciales a la crisis agraria, en un país que a su tenor marcha por ríos de miel y leche.

Las organizaciones campesinas en la MIA estan dispuestas a salir a la mocvilización nuevamente sino hay acuerdos. Foto J.C.H.

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M R B

NOTICAPITAL

BOGOTÁ

Reunión entre alcalde de Sumapaz

y DistritoE l A l c a l d e l o c a l

de Sumapaz, William A l e x a n d e r S a n t o y o Santos, aclaró que el Distrito no ha tomado la decisión de reubicar a nin-guna familia de la locali-dad de Sumapaz, que se encuentran ubicadas en zona del Parque Natural. “Efectivamente, se reali-zó una reunión el día 19 de octubre en la vereda Nueva Granada, del corre-gimiento de San Juan de Sumapaz, entre las comu-nidades de las veredas de la Totuma Alta, Totuma Baja y El Pedregal, con acompañamiento de ha-bitantes de las veredas Nueva Granada y San José, los ediles Alexander Guzmán y Libia Villalba, y represen tan tes de las entidades Parques Nacionales Naturales de Colombia y Secretaría de Desarrollo Económico”. Afi rmó Santoyo.

Cementerio del Norte afecta barrios

Más de 23 mil hoga-res que viven alrededor del Cementerio del Norte en Bogotá, de la UPZ Los Alcázares, respiran olor a muerto todos los días, debido al horno crema-torio que funciona en ese lugar. La denuncia se co-noció en el Concejo de Bogotá, en la Comisión de Gobierno, en el marco de un debate de control polí-tico, sobre la ampliación del Cementerio del Norte y su afectación a los ha-bitantes que viven en el sector, promovido por los concejales Jairo Cardozo Salazar y Olga Victoria Rubio Cortés.

Violencia contra la niñez

“Si usted no educa al niño vamos a tener a unos adultos que no van a ser ejemplares; no he-mos podido educar bien a esos niños que hoy son adultos y ellos son los que están generando la violencia intrafamiliar y social en Colombia”, di-jo el Secretario Distrital de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo. El fun-cionario reflexionó co-mo simple ciudadano so-bre los programas de te-levisión que se presentan a diario y que -según él- constituyen uno de los factores de la violencia que se vive en Colombia. “Yo enciendo el televi-sor y encuentro una serie de ‘enlatados’ generado-res de violencia que están educando a nuestros hi-jos”, señaló.

odifi car el Plan de Or de na mien to Territorial (POT) a través de un decreto, por parte del alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro, ha cau-sado polémica a nivel nacio-nal, al punto que el Gobierno central anunció una demanda por ello.

Sin embargo para Jaime Caycedo, secretario gene-ral del Partido Comunista Colombiano y candidato a la Cámara por Bogotá, esta es una arremetida del poder, re-presentado en la Cámara de Comercio, la Lonja, las cons-tructoras, entre otras, que siempre han decido qué se construye, en dónde y para quién.

Los planes de ordenamien-to territorial han provocado debates sobre el modelo de ciudad. Anteriormente prácti-camente se hacían a espaldas de la ciudad, aunque por ley el POT debe ser consultado entre la población.

“Creo que la derecha en el Concejo de Bogotá, particular-mente encabezada por Cambio Radical, y seguramente la U y el Partido Liberal, por mucho tiempo se pusieron a discutir y aprobaron una serie de mo-difi caciones al POT”.

Para el candidato a la Cámara, en el POT del actual gobierno distrital hay cosas in-teresantes como el concepto sobre densifi cación, que im-plica potenciar las opciones de desarrollo, en altura y en zonas de la ciudad que están con su-fi ciente cobertura de servicios públicos para la ciudadanía.

“Elementos que permiten a las comunidades, a los barrios, localidades, defender su dere-cho a permanecer en el territo-rio, a no ser expulsados de al-gunas zonas periféricas o ur-banas. Esto es importante ya que el concepto que ha veni-do rigiendo con el POT ante-rior es el de que una empresa de renovación urbana, pública o privada pero controlada por

el capital privado (como to-do lo que funciona como ca-pital mixto), simplemente es-tá tumbando y comprando a menos precio y expulsando a la población pobre del centro de Bogotá que es una zona en donde se puede hacer densifi -cación, respetando a los habi-tantes originarios, respetando sus usos y permitiendo un de-sarrollo que haga posible ga-nar en calidad de vida, porque permite recuperar en espacio público, verdor, ecología, per-mite recuperar corrientes de agua, etcétera”.

Las contradicciones institucionales

“El Plan de Ordenamiento Territorial actual contempla el manejo de las llamadas loca-lidades periféricas, en térmi-nos de mejorar las condicio-nes de equipamiento público, y de mejorar las condiciones de accesibilidad vial en las vías principales, de vías de aproximación y de ingreso, te-niendo en cuenta la existencia de localidades grandes y con-gestionadas. Hay que resaltar además la intención de poblar zonas en donde la ciudadanía tendría acceso a servicios de

justicia, entre otros, para que no tenga que moverse hasta el centro y poder resolverlos, por ejemplo.

“Me parece que es muy im-portante el tema con relación al problema de las aguas, los cursos de agua y de la eco-logía, y de las zonas de al-to riesgo, particularmente los Cerros Orientales que es par-te del desarrollo del agua y de la ciudad. Hay un debate en este momento sobre el Centro Administrativo Nacional por-que el Gobierno Nacional, ya había impuesto por encima del POT, una cosa que se lla-ma la Empresa Nacional de Renovación Urbana Virgilio Barco que se pasa por encima de la Constitución Nacional, se pasa por encima de los con-cejos municipales, de los alcal-des y decide cuáles con los te-rrenos y áreas en donde se va a construir determinados equi-pamientos urbanos y públicos.

Esto ha creado una con-tradicción muy grande, entre el centralismo del Gobierno Nacional y las prerrogativas que la constitución entrega a los municipios para decidir sobre el uso del suelo urbano, y por lo tanto diseñar sus pro-pios planes de ordenamiento

Por una ciudad democrática y humanizada

Un POT para defender lo público

Jaime Caycedo Turriago habló con VOZ sobre aciertos del Plan de Ordenamiento Territorial y la diferencia con los anteriores, que eran manejados por poderes fi nancieros

territorial, y el paso obligato-rio de esas decisiones por el concejo municipal correspon-diente y el alcalde correspon-diente”, agregó el dirigente comunista.

“Lo que es claro es que hay muchos sectores poco contentos con el actual POT debido a que sus intereses son tocados y habrá más contro-les, tal y como lo dijo Petro en días pasados, en donde seña-ló que POT decretado por el Distrito será una herramienta importante para aminorar los riesgos en la ciudad e impedir desgracias como la que ocu-rrió en Medellín en el edifi -cio Space.

“No es lo mismo un POT que abre algunas posibilida-des, que permite la defensa de ciertos derechos para legali-zación de barrios, etc., que un POT manejado exclusivamen-te por el poder permanente del gran capital inmobiliario y fi -nanciero en Bogotá. No es el ideal. No es el POT del socia-lismo, pero hay que dar unas batallas orientadas a la defen-sa de lo público, a la defensa de todos los habitantes, a go-zar de una calidad de vida y a la ciudad”, concluyó el secre-tario general del PCC.

Jaime Caycedo., candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá

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DERECHOS HUMANOS

D urante dos días, los pa-sados 18 y 19 de octubre, un impor-tante núcleo de dirigentes y activistas del partido comunista, que trabajan en escenarios diversos de organizaciones defensoras de derechos humanos, rea-lizaron en Bogotá una interesante reu-nión, que buscó hacer una relación del estado en que se encuentra este frente de su actividad en el país y señalar un derrotero de las que en su opinión pue-den ser las tareas centrales del partido en este campo. Los asistentes, que ex-presaron sus criterios de acción, coin-cidieron en que un plan de trabajo ya elaborado por el partido y la discusión en torno a estas tareas, siguen en cons-trucción y se requiere el aporte del res-to de la militancia.

Al comienzo de la reunión, los asis-tentes escucharon ponencias de espe-cialistas en el tema, que versaron so-bre derechos de las víctimas, la nego-ciación del confl icto armado, la idea de la justicia transicional, la doctrina de la seguridad nacional y algunos elemen-tos que deberían tenerse en cuenta pa-ra una reforma a la justicia en tiempos de paz, el papel de las fuerzas militares y su necesaria depuración, el problema de los presos políticos y en general la normatividad nacional e internacional sobre estos aspectos.

Los asistentes a la reunión mani-festaron ser conscientes de una espe-cie de angustiosa búsqueda de defi ni-ciones de muchos sectores democráti-cos en el país, de juristas y estudiosos de los temas del confl icto social y ar-mado, que se muestran esperanzados

en que las negociaciones que actual-mente se adelantan en La Habana con la insurgencia, van a abrir numerosas compuertas de democratización de la administración de justicia. Pero sa-ben, igualmente, que a la mesa de La Habana hay que hacer llegar tales pro-puestas con el fi n de animar y orientar las reuniones en estas materias, para que las propuestas a que se llegue ga-ranticen su talante democrático.

Confi anza

Un elemento interesante de discu-sión, es la afi rmación en el activo, de que no se puede hacer una negociación del confl icto a espaldas de las víctimas. Pero hacerlo implica que haya confi an-za entre las partes, y es precisamente lo que no se ha alcanzado, al menos en el nivel deseable, en el tiempo que va de las conversaciones en Cuba. Esta pos-tura, que implica un reconocimiento expreso de las víctimas, conlleva a su vez la reparación de los daños, la cons-trucción de lazos sociales, la garantía de no repetición de los hechos que die-ron origen al confl icto.

Un tema no explorado sufi ciente-mente, es el de la seguridad jurídica que garantice la sostenibilidad de los acuerdos a que se llegue en La Habana. En un escenario hipotético, de salir adelante la estrategia del Puro Centro Democrático de elegir 20 congresis-tas en las próximas elecciones, ¿va a ser ese el parlamento que aprobará las reformas democráticas? Y si el nue-vo jefe de estado dice que no avala los acuerdos de La Habana, ¿qué hacer con los puntos suscritos?

En fi n, los interrogantes, las preocu-paciones, los aportes a la defi nición de

una política de partido en materia de derechos humanos, fueron ricos y nu-merosos.

En un cotejo de las tareas que se adelantan en este frente específi co, se vio que en varias ciudades capitales de departamento, los organismos encarga-dos de soportar sobre sus espaldas el trabajo por la defensa de los derechos humanos, son débiles y el partido mis-mo no tiene comisiones o responsables de este frente.

En contraste, crecen y se desarro-llan los atropellos a los derechos huma-nos por parte de organismos del estado, fuerzas paramilitares y otros elemen-tos criminales. Por ejemplo, las quejas contra la brutalidad del ESMAD con-tra la población, son generalizadas en campos y ciudades.

El secretario general del partido, Jaime Caycedo, quien asistió a una buena parte de las sesiones del activo, hizo una intervención en la que situó la discusión en el contexto de la actual coyuntura política.

Estamos en un momento de madu-ración de la crisis política en el país y los diálogos de La Habana no son una concesión graciosa del actual gobier-no, sino una consecuencia de la lucha popular y guerrillera, dijo Caycedo.

¿Por qué la burguesía acudió al diá-logo? Porque ocho años de gobierno de la ‘seguridad democrática’ fracasaron estrepitosamente. Porque hay una cri-sis de estructura en el país y la existen-cia de una lucha insurgente de más de medio siglo es parte de esa crisis, dijo el dirigente comunista.

Pero existen otros elementos que la determinan. La existencia del más al-to desempleo en todo el hemisferio. Tenemos el mayor ranking en materia de desigualdad y exclusión social, con altos índices de pobreza, bajos ingresos y concentración en la tenencia de la tie-rra. Pero además, la existencia de una estrategia de guerra contra los sectores obreros y populares, sobre la base de la defensa de los intereses de las poderosas empresas transnacionales y del petróleo.

En un esfuerzo por sintetizar la dis-cusión de dos días, se llamó a profun-dizar en el estudio de los temas abor-dados, enriquecer el plan de trabajo ya elaborado, fortalecer las comisiones re-gionales de derechos humanos y apor-tar ideas a un conjunto de documen-tos allegados a la reunión, que segura-mente podrán ser consultados por otros militantes del partido, si los solicitan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Activo Nacional del PCC

Líneas de trabajo La posición que los comunistas deban adoptar frente a la aplicación de la justicia transicional en la solución del confl icto armado, el problema de la verdad, la justicia, la reparación, entre otros asuntos, coparon la atención de un activo nacional del partido sobre derechos humanos. La discusión está abierta

A A

Otra lideresa asesinada en MedellínLa Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Medellín denunció el asesinato de la lideresa, Diana Marcela Morales Arenas, delegada de la Mesa Municipal de Participación y por el Municipio de Angostura al Comité Territorial de Justicia Tran-sicional. Según los primeros datos, el pasado 22 de octubre el cuerpo de la mujer fue encontrado en zona rural de la vereda Batea Seca, del municipio de Angostura, Norte de Antioquia, con signos de haber sido degollado. La organización hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los gobiernos territoriales para que lleven a cabo todas las acciones de prevención y protección de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos y representantes de víctimas del país y exigió de la Fiscalía General de la Nación, la investigación inmediata de los hechos, y resultados oportunos en aras de impedir la impuni-dad y garantizar la aplicación de justicia.

Por la libertad y el derecho a la protesta socialCon la intención de generar un espacio de discusión entre jóvenes y líderes sociales de diferentes localidades de Bo-gotá sobre temas como la militarización de los territorios y la limitación de las libertades, y de identifi car patrones que criminalizan los derechos a libertad de expresión, pensamien-to, asociación y protesta social, durante los días 25 y 26 de

octubre se realizó en el Centro Memoria, Paz y Reconciliación el Encuentro Distrital por la libertad y el derecho a la protesta social. Esta actividad es la antesala a un encuentro nacio-nal de víctimas de detención arbitraria, persecución judicial, criminalización de la protesta social y brutalidad policial, que tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre en Bogotá.

Caso grafi teroLa Fiscalía solicitó al Juzgado Segundo Penal municipal de Bo-gotá que rechace la petición de nulidad del proceso hecha por la defensa del patrullero de la Policía Nacional Wílmer Anto-nio Alarcón en el caso de la muerte del grafi tero Diego Felipe Becerra. De acuerdo con el ente acusador, se han respetado el debido proceso, las garantías procesales y todos los derechos fundamentales, toda vez que ya fue dirimido el confl icto de competencias en el que se estableció que es un operador de la justicia ordinaria y no la justicia penal militar la que debe llevar el caso. La defensa insiste en que sea la justicia penal militar la que adelante el proceso. La Fiscalía explicó que uno de los procesos se refi ere al presunto homicidio de Becerra a manos de un uniformado y otro se trata del acuerdo posterior entre los agentes de Policía para alterar la escena del crimen y darle la apariencia de un enfrentamiento. Estos son dos he-chos diferentes que generan trámites procesales distintos.

En el país hay una crisis de los derechos humanos, alerta reunión nacional de los comunistas del sector. Foto Archivo.

Octubre30 de 2013/12

HECHOSHECHOSCOMENTARIOSCOMENTARIOS&&

ECONOMÍA

E N F

Hecho: Crece la preocupa-ción por el futuro de la econo-mía. Muchos dudan de un cre-cimiento más allá de 3,5% es-te año. Revista Dinero No 429, septiembre 6 de 2013, páginas 44 a 49.

Comentario: Siguiendo la ortodoxia neoliberal del creci-miento, éste bajo nivel que se predice a fi nales de 2013, indi-ca que el fundamento de dicho crecimiento, empieza a colap-sar, por el bajo peso de las ex-portaciones y en medio de un estancamiento y crisis mundial, que no paran. Así, se va confi -gurando un panorama que colo-ca la inestabilidad macroeconó-mica al orden del día.

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Hecho: A propósito del Paro Nacional Agrario, el se-ñor Andrés Espinosa escribe en Portafolio del 23 de octubre de 2013, bajo el título “No más paros agrarios”, en la página 29 que: “La cuestión es que no todas las obligaciones son de pronta ejecución y otras son in-sostenibles, o incluso contrain-dicadas, refl ejo del afán estatal para terminar rápidamente los paros sin medir consecuencias”.

Comentario: La preocupa-ción del mencionado autor es un refl ejo de la orientación que tienen, consciente o inconscien-temente, el establecimiento y sus funcionarios. Esta consis-te en una táctica y una estra-tegia de diálogos en donde pe-sa fuertemente la cara negativa del Leviatán, que consiste en el menosprecio y el por de bajeo a los voceros del campesinado, acompañado de la dilación, la manipulación y el chantaje, de ser necesario. Andrés Espinosa puede despreocuparse, pues hasta ahora no se ha fi rmado ningún acuerdo en fi rme.

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Constancia: Comisión de Alto Nivel del Gobierno y Mesa Nacional Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo – MIA. Octubre 17 de 2013. Acta No 5.

No se puede avanzar en el diálogo y la negociación en la sesión de hoy (17 de octubre) en relación al punto 1.4, sobre cultivos de coca, marihuana y amapola, así como lo relacio-nado al punto 1, sobre medi-das y acciones para resolver la crisis de la producción agrope-cuaria, en tanto no está presen-te el delegado de alto nivel del Ministerio de Agricultura, que para esta Mesa ha sido desig-nado el vice ministro de agri-cultura. Se viene observando con preocupación la iniciativa del proyecto de ley de baldíos que viene presentando en pú-blico el gobierno nacional, que afecta gravemente el acceso a la tierra.

l e x m i n i s t r o d e Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, acaba de elaborar un artículo sobre “Cultura Económica”1, que refl eja las preocupaciones teóricas de un funcionario neoliberal. Se trata de una abstracción hecha sobre los úl-timos veinte años de la economía co-lombiana.

Al respecto, llama la atención que un neoliberal vuelva a recordar la im-portancia que tiene la abstracción, co-mo método fundamental para el estu-dio de la economía política; lo malo del asunto es que recurre al tradicional es-tilo liberal de abordar los fenómenos de la superfi cie de una sociedad burguesa inconclusa, como la colombiana.

Según el autor, Colombia ha cam-biado, utilizando conceptos de la bio-logía, intenta explicar que en el tiem-po vivido, en los últimos veinte años, hemos experimentado serias mutacio-nes que permiten asimilar y responder a las fl uctuaciones de los precios, a los vaivenes de los sectores particulares.

Esto se acompaña de un ámbito cul-tural basado en valores como la liber-tad y la responsabilidad individual, el derecho a la propiedad privada [N.F], la ética del trabajo y la valoración del éxito.

¿Tres mutaciones en el ADN?

A partir de esos hechos, propios de la cultura económica liberal, dice Carrasquilla, hemos experimentado

Una abstracción vacía

Análisis de las refl exiones de un funcionario neoliberal

diversas mutaciones en el ADN eco-nómico, de las cuales destaca tres: a) Cambiamos de manera radical nuestra forma de concebir y ejecutar la políti-ca monetaria, al punto de alcanzar un buen nivel de estabilidad macroeco-nómica, principalmente entre la déca-da del sesenta y del noventa del siglo XX. b) Esta mutación refi ere a la ac-titud frente al ánimo de lucro. Actitud que ataca el desarrollo de la economía formal y reivindica, exageradamente, la “función social” de la propiedad pri-vada, como patente de corso ilimitada y c) Mutación que parte de la “presun-ción de gratuidad”, concepto abstracto que benefi cia a un colectivo egocéntri-co e improductivo que se embolsilla el 50% de todo el gasto social colombia-no en detrimento de los más pobres. Son dos mutaciones que hundirán los proyectos empresariales (del capital) y limitará una salida razonable a los de-safíos más sustanciales: salud, educa-ción y pensiones.

Como podemos observar, la abs-tracción es utilizada para falsear la rea-lidad, al sesgar el análisis a problemas de orden subjetivo, como el ánimo de lucro y la presunción de gratuidad; por cuanto el primero restringe la iniciati-va empresarial y el fomento de la pre-sunción de gratuidad estimula la irra-cionalidad, bajo el llamado a la defen-sa de los “derechos fundamentales” de la Corte Constitucional.

Lo biológico y lo social no son iguales

Lo primero que debemos decir es que, si bien existe un sentido de conti-nuidad y complemento entre estos dos espacios de la ciencia, no es acertado analizar la realidad económica desde una mezcla mecánica entre conceptos biológicos y conceptos sociales; mez-cla que deja entrever una apreciación darwiniana de los asuntos sociales, al aplicar metafóricamente los términos

ADN y mutaciones, que no correspon-den a las Ciencias Económicas.

En esa dirección, aceptamos que se han dado cambios en Colombia en-tre 1986 y 2013 (27 años y no veinte); estos tienen que ver con una política monetaria que privilegia la especula-ción fi nanciera y la alta velocidad de rotación del dinero, hecho capital, al fl exibilizar el movimiento de las tasas de interés, a favor del ánimo de lucro de dicho sector; lo que hace falsas las limitaciones al lucro en las empresas del capital privado. A esto se agrega la llegada al país de un volumen muy grande de reservas internacionales, a través de las exportaciones legales y el lavado de divisas, fenómenos que han aportado alta liquidez monetaria; así como una estabilidad macroeconó-mica fantasiosa.

Por otra parte, la presunción de gra-tuidad, hace mucho tiempo desapare-ció del movimiento político y económi-co; si no, averigüe, señor Carrasquilla, por las causas de la debacle del sec-tor de la salud, y encontrará que fue el ánimo de lucro de las EPS el que la tie-ne postrada, sin que haya un solo de-tenido por actos delictivos en bien pú-blico. Y es precisamente el ánimo de lucro el que hace su agosto con el de-terioro creciente de los bienes públicos y su privatización, las enormes utilida-des del sector fi nanciero, que exporta capitales, o si no, pregunte a las trans-nacionales sobre su margen de utilida-des a costa de la, cada vez más deterio-rada, soberanía nacional.

Consideramos que la capacidad de abstracción atravesada por el biologis-mo y el darwinismo social, no ayudan a Carrasquilla en su intento de expli-car la realidad económica nacional, de los últimos años.

1 Carrasquilla, Alberto: Cultura Económica, Revista No 431 del 4 de octubre de 2013 en Opinión, página 16.

Octubre30 de 2013/13

R A

INTERNACIONAL

La desgarradora escena

en la que, el pasado 3 de octubre, uni-dades de la Armada italiana rescata-ban de aguas del Mar Mediterráneo centenares de cuerpos de mujeres, ancianos y niños que iban en ende-bles barcazas, huyendo de la guerra, el hambre y la pobreza, hacia el sue-ño europeo, ha vuelto a repetirse, sin que hasta ahora los gobiernos de las potencias occidentales tomen medi-das radicales para dar un tratamien-to humanitario al problema de los re-fugiados.

En la primera semana de octubre, frente a la isla de Lampedusa, en aguas italianas, una nave de frágil construc-ción, que además iba con sobrecupo, naufragó y murieron alrededor de 400 personas, todas ellas inmigrantes afri-canos, que huían de la guerra, la mi-seria y la exclusión social. Suponían que pisando suelo europeo iban a pa-liar de alguna manera su crítica situa-ción y al menos un precario empleo po-drían alcanzar.

La prensa occidental se ocupó de la noticia, pero tras las primeras lágri-mas, las cosas volvieron a su estado anterior. Sólo que el libreto ha venido repitiéndose.

El sábado 12 del mismo mes, otro

naufragio dejó al menos 50 muertos y 150 refugiados más debieron ser res-catados de las aguas del Mediterráneo. Una semana antes, otro naufragio se había registrado en aguas territoriales de la isla de Malta.

Contra palestinos

Más recientemente, el 23 de octu-bre, una embarcación con 200 refugia-dos palestinos, que huían de la guerra en Siria, fue atacada y hundida por gru-pos paramilitares libios, que actúan por cuenta de Israel. En el hecho murieron 33 refugiados.

En este caso es necesario desta-car que en territorio sirio viven hoy al menos 400 mil refugiados palesti-nos. El campamento más grande que los agrupa es el de Yarmuk, donde viven, sin agua, sin salud y en preca-rias condiciones, unos 150 mil pales-tinos que han huido de las persecu-ciones israelíes y de la guerra. Pero ahora con el confl icto sirio, el campa-mento ha sido escenario de enfrenta-mientos con los grupos rebeldes. Esto obliga a los refugiados a refugiarse en otros países.

Desde 1948, con el surgimien-to del estado israelí, y como parte de una estrategia sionista, el 80 por ciento de la población palestina ha si-do expulsada de su territorio. Hoy se calcula, según datos de organismos

humanitarios internacionales, que seis millones de palestinos viven en la diáspora.

Fenómeno global

Lampedusa y Palestina no son los únicos nombres que originan noticias de tragedias de refugiados. La pren-sa no menciona a los que mueren in-tentando cruzar las fronteras del norte de Europa, por la vía de los Balcanes, Serbia y Bulgaria, cuyas víctimas son objeto de deportaciones, encarcela-mientos y persecuciones de toda ín-dole.

Ni siquiera bajo regímenes ‘socia-listas’ los inmigrantes están a salvo. Hace poco se conoció la noticia de la expulsión de territorio francés, por dis-posición del alto gobierno, de una jo-ven estudiante de origen gitano, de-portada a territorio de Kosovo. Y a las puertas del Kremlin, en Moscú, se in-crementan las redadas contra inmigran-tes, en medio de grandes expresiones de xenofobia por parte de grupos de extrema derecha.

El senado alemán dispuso recien-temente imponer controles y persecu-ción policial contra cerca de 350 refu-giados, que por la vía de Lampedusa ingresaron a Italia y luego recibieron visa de este país para trasladarse a otro vecino. Las autoridades alemanas han exhortado, en forma irregular, a estos

refugiados a que se identifi quen ‘volun-tariamente’, so pena de ser deportados a Italia. En todo caso, un número inde-terminado de ellos ya ha sido privado de la libertad.

Europa no es el único escenario de escenas de odio y discriminación con-tra ciudadanos extranjeros, negros, gi-tanos, y de otras nacionalidades, todos provenientes de países en vías de de-sarrollo, que antes fueron objeto del más feroz colonialismo por parte de Occidente.

En Estados Unidos

Hoy poco se dice de los centenares de centroamericanos que mueren cada año, intentando cruzar la frontera nor-te mexicana para ingresar a los Estados Unidos. Al norte, sede de la mejor de-mocracia del mundo, del paraíso capi-talista, el tratamiento que reciben los refugiados es militar, destacando tro-pas, muros electrifi cados, milicias pa-ramilitares y francotiradores para “ca-zar” como animales a los cientos de inmigrantes latinoamericanos que pre-tenden ingresar al país.

Hace unas pocas semanas, sectores democráticos de los Estados Unidos promovieron movilizaciones diver-sas, reclamando una reforma migra-toria que comience por entregarle pa-peles de residentes a 11 millones de ciudadanos ya ingresados, acceso a la salud para sus familias y educación pa-ra sus hijos.

La inmigración ilegal ha sido un fenómeno universal, incrementado en las últimas décadas por la globaliza-ción de la economía. La humanidad misma ha sido migrante por naturale-za. Hasta en los textos bíblicos se ha-bla de la expulsión de Adán y Eva, a quienes, por cierto, pudiéramos cali-fi car como precursores del desplaza-miento forzado.

Mano de obra barata

Estas migraciones milenarias han estado asociadas a la guerra, a los pro-blemas del cambio climático, al ham-bre, a las persecuciones políticas, a los genocidios y exterminios. La revolu-ción industrial aceleró de manera ver-tiginosa la creación de un ejército de mano de obra barata y los imperios oc-cidentales crecieron y se lucraron de la inmigración.

Consolidadas sus economías, los países occidentales, en vez de agrade-cer el aporte del trabajo de millones de ciudadanos extranjeros, de brindarles vivienda, salud, empleo, prefi rieron el camino de la criminalización y la xe-nofobia.

Los inmigrantes en la casi totalidad de países, no tienen acceso a los servi-cios básicos del Estado, lo que implica, por cierto, que no representan una car-ga inmediata para los gobiernos, como se dice por parte de los medios de co-municación. El problema viene con las segundas generaciones que demandan educación para los hijos, salud, protec-ción a los ancianos.

Acudir a las vías violentas, a la re-presión y la cárcel, es lo que el teólo-go costarricense Franz Hinkelammert, ha denominado un “genocidio estruc-tural”. Es hora de que las Naciones Unidas y otros organismos humanita-rios multilaterales, demanden de los gobiernos de los países desarrollados una política migratoria sensata, que consulte con las reales dimensiones de este fenómeno.

Tragedia de los refugiados

Morir en el Mediterráneo

Las 400 muertes provocadas por el hundimiento de una barcaza, cercana a la isla de Lampedusa, es un drama que hoy se repite de manera permanente. Las grandes potencias no ofrecen una solución al problema de los refugiados. La ONU calcula que 1.500 de ellos mueren anualmente en el mundo

Redada a refugiados en Europa.

Octubre30 de 2013/14TEORÍA Y CRÍTICA

J R

A l reiniciarse el nuevo ciclo de conversaciones en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, aborda temas del punto dos de la Agenda, entre ellos el ítem tres “Acceso a los medios de comunicación”. La in-surgencia propone diez puntos para el debate y aproximación al acuerdo que culmine con la solución al confl icto social y armado, que, es-peramos no termine en otro acuerdo “parcial” como sucedió con el pasado relacionado con la Reforma Agraria Integral, que buena parte de las propuestas fueron a parar al congelador con temas importantes como las Zonas de Reserva Campesina, el latifundio, la política de baldíos, entre otras.

En este sentido las FARC-EP proponen a la mesa de negociación y a la opinión pública na-cional diez propuestas mínimas para la demo-cratización de la información y la comunica-ción y de los medios masivos de comunicación. El documento señala que “en desarrollo de las propuestas para la participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, se presenta el si-guiente conjunto de iniciativas correspondien-te al cuarto punto sobre democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación1.

La ampliación de la democracia colombiana constituye una condición imperativa para lograr la paz, pasa por superar la carencia de democra-cia existente que ha generado las causas del con-fl icto social y armado y en segundo lugar, solo extendiendo la democracia podemos plantar las bases de una paz estable y duradera, cual es el propósito de los diálogos.

Desde el punto de vista de la ampliación y profundización de la democracia implica accio-nes concretas en el contexto político colombia-no, ello presupone una mayor y más equitativa distribución del poder económico, político, so-cial, cultural, informativo y comunicacional.

Es cierto que los medios de comunicación: radio, prensa escrita, televisión, etc., no han es-capado a los procesos de concentración y acumu-lación de la riqueza y monopolización de ellos con infl uencia del gran capital transnacional, en el caso el Grupo Prisa de España dueño de “Caracol Radio”, “RCN” del Grupo Ardila Lule, “El Tiempo” de Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre otros. Constituyen el denominado “quinto poder”. Los medios masivos de comunicación son aplanadoras de la desculturalización, pero aún más, portadores de la alienación, para que

el ser humano pierda la identidad y la perspec-tiva histórica y no juegue su papel protagónico en el mar picado de los confl ictos económicos, sociales, políticos y culturales.2

La monopolización de nuestra economía si-gue los pasos del capitalismo globalizado, el mercado interno está dominado por los sectores monopolistas que son dueños de un sector eco-nómico, industrial, minero energético o agroin-dustrial, con exclusión de toda interferencia de los sectores sociales, incluso privados, y se en-frentan más bien como medios de poder a la so-ciedad de masas que pierde una mayor partici-pación de los benefi cios (salud, vivienda, edu-cación, etc.). En la concentración capitalista de los medio de masivos de comunicación e infor-mación radica uno de los fenómenos contempo-ráneos de la economía transformada en poder de decisión no solamente económico sino político, pues como lo señalamos “el ser humano pierde la identidad y la perspectiva histórica”.

El monopolio sobre los “mass media” o me-dios de comunicación e información, desvirtúa lo que es esencial en una democracia avanzada, si se quiere interpretar, donde predomine “la li-bre empresa” y, distorsiona el conjunto del pro-ceso económico, entre ellos la participación efec-tiva de los excluidos a recibir una información responsable, confi able, veraz y no tergiversada como sucede en Colombia. Es menester una re-glamentación legal de nuevo tipo que contem-ple los diversos factores positivos y negativos de una concentración ambiciosa. A la democra-cia colombiana, de por sí precaria, no le convie-ne que el “quinto poder” esté en pocas manos y personas con una exagerada capacidad de mani-pulación de la información; en últimas decisoria

sobre grandes sectores de la población. Una re-glamentación del monopolio exige un código de procedimientos admitidos y prohibidos y una ju-risdicción especializada que sea capaz de diri-mir los confl ictos que en torno a este problema puedan suscitarse3.

Por lo anterior, tienen razón las FARC-EP, cuando señalan: “Por representar bienes comu-nes de la sociedad, la información y la comuni-cación exigen regulaciones especiales que ha-gan prevalecer el interés público y social sobre la ganancia y el lucro. Para tal efecto, se con-formará el “Consejo Nacional de Políticas de la Información y la Comunicación”, …Se ex-pedirá la ley estatutaria de regulación demo-crática y participativa de la información y la comunicación.4

La democracia no es solamente un fi n, sino también un medio. En este sentido se debe ex-tender la democracia representativa en todos los niveles de la actividad colectiva, incluyendo el sector económico. Sin embargo, se necesita tam-bién la promoción de la democracia participati-va o directa como incremento del control popu-lar en los mismos sectores.

1 Internet: Diez propuestas mínimas para la democratización de la información, agos-to 07/13.

2 Lozano Guillén, Carlos. Medios, Sociedad y Confl icto, Impresos & Publicaciones, 2005.

3 Vázquez Carrizosa , Alfredo. El poder pre-sidencial en Colombia. Ediciones Suramérica, 1986, pág. 451

4 Internet: Diez propuestas mínimas para la democratización de la información, agosto 07/13.

Democratizar los medios de comunicación

Para los conocedores de la historia de nuestra li-beración del colonialismo español, cuyo bicen-

tenario se festeja en estos días, en varias naciones lati-noamericanas, el nombre de Simón Rodríguez, se aso-cia siempre al de otro Simón, el gran Bolívar, porque

el primer Simón fue el “maestro del libertador”, título que este le reconocía muy honroso. Pero decía que él tenía similares merecimientos pa-ra ingresar a la historia; en efecto, no solo fue el maestro del niño y el joven Bolívar, sino amigo, compañero, confi dente, paisano y un extraordi-nario pedagogo, un hombre de ciencia, un escri-tor brillante, un pensador profundo, un políglota, un viajero inatajable y un empresario frustrado, un soñador de realidades y de utopías.

De Simón Rodríguez se ha escrito bastante,

en su tiempo y también con posterioridad: biografías, historias, novelas, ensayos, tesis, desde cuando viaja-ba por el viejo y el nuevo mundo, enseñaba en todas partes y escribía en variados lugares. Los escritos del maestro van de la apología a la denigración, del infun-dio a la verdad. Bolívar lo colma de elogios; Sucre dice de él “tiene la cabeza de un fraile aturdido, una cabe-za alborotada en las ideas extravagantes”; Lastarria lo ve con “extravagancia de sus formas y de sus hábitos” que le dan una originalidad que le alejaba de las adhe-siones, que vestía como los artesanos”.

SIMON RODRIGUEZVIDA Y OBRA

TEMIS HERNAN A. ORTIZ RIVAS

Los grandes medios de comunicación son lucrativos negocios al servicio de los intereses del capital. Foto archivo.

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Clavos Calientes

JAQUE MATE

“Estados Unidos debe dejar de dar evasivas. Debe empezar a poner el

rostro”.Editorial de El Espectador 27-10-2013.

A propósito de las “chuzadas” a gobiernos de “países aliados”.

ONG fundamentalistas

Muy comentada fue la inter-vención del fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en el panel promovido por Vivamos Humanos del ex presidente Ernesto Samper Pizano sobre justicia transi-cional, en el cual también intervino el ex juez español Baltasar Garzón. Montealegre hizo un serio cuestio-namiento a la posición de la fi scal de la Corte Penal Internacional so-bre la justicia transicional y la paz en Colombia, porque separa la causa de los derechos humanos de la nece-sidad de lograr la paz en Colombia. De paso criticó a varias ONG de de-rechos humanos nacionales e inter-nacionales porque tienen una acti-tud “fundamentalista” sobre el tema. El fi scal colombiano enfatizó que la justicia no puede oponerse a la bús-queda de la paz con las guerrillas.

El show mediático

En silencio y de manera sorpre-siva se dio la liberación del ex ma-rine gringo Kevin Scoot, el pasado domingo 27 de octubre, en un lu-gar del departamento de Guaviare. La misión humanitaria estuvo inte-grada por los garantes de Noruega y Cuba en los diálogos de La Habana y la delegación del CICR. Como el presidente Santos vetó primero a Piedad Córdoba y luego a Jesse Jakson y Carlos Lozano, al fi nal el Secretariado de las FARC para buscar una salida a la liberación del ciudadano estadounidense, propuso la presencia de los garantes porque no es un asunto de “shows mediáti-cos” sino de seguridad y garantías para la acción humanitaria, explicó

uno de los integrantes de la delega-ción de Paz.

La derrota de “Pachito”

“Pachito” Santos salió molesto de la Convención uribista después de la elección del candidato presi-dencial, porque pese a todas las en-cuestas que lo favorecían al fi nal fue escogido Óscar Iván Zuluaga. Todo indica que quien torció la tendencia que favorecía a Santos fue el ex pre-sidente Álvaro Uribe Vélez, quien a última hora movió todas las cuerdas para que el resultado fuera favora-ble al político caldense, ex ministro de Hacienda durante la segunda ad-ministración de Uribe. Un delega-do de la convención uribista comen-tó después, que “Uribe podrá tener muchos defectos pero estúpido no es. Pacho Santos de candidato hu-biera sido un fi asco”.

El circo uribista

Varios periodistas calificaron de “circo” la convención del fi n de semana del partido “Uribe Centro Democrático” para escoger el can-didato presidencial uribista. Todo estaba decidido de antemano y por una sola persona: el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Incluyendo la designación de Óscar Iván Zuluaga como candidato presidencial. En la convención Uribe Vélez lo decidía todo hasta los refrigerios que les da-rían a los delegados. Corría de un lado para otro como en los tiempos de sus consejos comunales, deci-diendo todo, hasta los pormenores de la logística. Se trata de un grupo caudillista, con un líder que se cree el Mesías.

Desde el departamento del Caquetá se hacen fuer-tes denuncias contra los

reclutamientos forzados que reali-zan miembros del ejército para in-corporar a sus fi las a habitantes de los municipios. Según la denuncia de la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos “Caguán Vive”, son 13 los casos de recluta-miento forzado en el municipio de San Vicente del Caguán, que están soportados con nombres y docu-mentos de jóvenes que se encuen-tran retenidos de forma ilegal, para prestar el servicio militar.

El documento divulgado por la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos “Caguán Vive”, señala al mayor Edwin Henry Castañeda Ortiz, coman-dante del distrito militar No. 43, quien según la denuncia, “conti-núa avalando privaciones ilega-les de libertad a nuestros jóvenes careciendo absolutamente de fa-cultades legales y constituciona-les para ello. Circunstancia que no puede ser interpretada de otra

Caquetá

Reclutamiento forzado para fi las militares H D

manera, que como un fl agrante abuso de autoridad, que eviden-cia desconocimiento del régimen constitucional que garantiza la vi-gencia de éste, como un estado so-cial y democrático sometido a un ordenamiento jurídico”, indicó el comunicado.

La prensa regional destaca que según el escrito, el estado de algu-nos de éstos jóvenes es crítico, co-mo por ejemplo el caso de Libardo Arrigui Murcia, quien sería la úni-ca persona que responde por su fa-milia por lo que prestar el servicio militar, “representa problemas de seguridad con su integridad o posi-ble desplazamiento forzado”.

Otros casos son los de Delio Laguna Ossa, quien tiene a su ma-dre enferma y habría salido al pue-blo para comprar un medicamento, “el Ejército lo retuvo y esta es la fecha en que la familia no sabe de él”. Igualmente, Melkin Cruz Aliar y Greidy Alejandro Arrigui, no ha-brían cumplido la mayoría de edad, por lo que habrían sido reclutados de manera ilegal.

Octubre30 de 2013/16

LA VERDAD DEL PUEBLO

HOLA JUVENTUD

R J

En el contexto actual pro-

ceso de desmantelamiento de la educa-ción superior, la universidad colombia-na viene siendo sometida a una conti-nua asfi xia presupuestal agudizando un défi cit no reconocido por el gobierno nacional de 11.3 billones de pesos im-pidiendo a la universidad cumplir su papel en la sociedad, además el ataque permanente a la democracia universi-taria y a la autonomía universitaria se convierten en vulneraciones al carác-ter crítico y deliberante de la misma, y todas estas en estrategias a escala local por parte del gobierno nacional, para hacer “inviable” la universidad a tra-vés de contra reformas académicas, ad-ministrativas y fi nancieras en lo local.

Por lo que la MANE, Mesa Amplia Nacional Estudiantil, con su consigna “fortalecer la lucha por una educación para un país con soberanía, democra-cia y paz” desarrolló el VIII Plenario Nacional con más de 45 instituciones de educación superior; que durante el mismo avanzó en el fortalecimiento de los ejes de lucha contra la política edu-cativa del gobierno Santos, como parte del acumulado que la MANE viene im-plementando en varias Instituciones de educación superior, en la idea de una

educación superior para una nueva sociedad.

Universidades desde el territorio local

Más de siete universidades en pa-ro y el resto en anormalidad académi-ca, se vienen adelantado en el país co-mo respuesta a la mercantilización de la educación superior en lo local y lo nacional demandando al gobierno, en-tregar los recursos adeudados a la uni-versidad para cumplir su papel como formadora de profesionales de calidad para una mejor sociedad, en el enten-dido que en todos los niveles el dere-cho fundamental a la educación y bien común son premisas fundamentales de la lucha universitaria.

Universidad del Valle

Estudiantes de Univalle vie-nen de man dando responsabilidad del gobierno nacional ante la crisis presupuestal que atraviesan las 32 universidades públicas del país expre-sada en la Universidad del Valle en el intento de desmonte del Servicio Médico Estudiantil, pilar del Bienestar Universitario, la ausencia de inversión en la compra, renovación y actualiza-ción de material bibliográfi co, el au-mento de docentes contratistas, etc. y su pretendida solución por medio del Plan de Salvamento, portadora de la política educativa efectuada y profun-dizada por el gobierno nacional de Juan Manuel Santos.

Universidad de Antioquia

Directivas de la universidad de Antioquia continúan argumentando difi cultades en la sostenibilidad fi nan-ciera para responder favorablemente el pliego de exigencias; entre las que las

se en-cuentran las deman-das frente al restaurante estudiantil y el ajuste al sistema de matrículas que benefi ciaría a la mayoría de estu-diantes de bajos ingresos. Entre otros puntos los estudiantes exigen la eli-minación de la Unidad de Asuntos Disciplinarios, nuevo tribunal de los organismos de seguridad del estado, para deshacerse de la protesta estudian-til, desplazar los vendedores informa-les y mantener el control “social” de la comunidad universitaria; esta se-mana se reanudan las conversaciones para defi nir el pliego de peticiones, in-formó la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios.

Universidad de Caldas

La Universidad de Caldas se en-cuentra en anormalidad académica sin respuestas satisfactorias por parte del consejo superior y el gobierno Santos, exigiendo elección democrática de rec-tor, mejores condiciones en la contrata-ción para docentes ocasionales, ajustes al sistema de matrículas, mejores con-diciones de funcionamiento y bienestar para los estudiantes de programas téc-nicos y tecnológicos, normalización de la planta administrativa e intervención directa en la planta paralela.

Universidad de Pamplona

Los estudiantes de Unipamplona, han mantenido protestas por las graves anomalías en el desarrollo de las elec-ciones a la representación estudiantil, a los serios problemas de infraestructura y dotación tecnológica en los campus Villa del Rosario y en el de Cúcuta, la falta de docentes y de investigación, el inicio del proceso de construcción del comedor universitario, mejora en

La realidad de la universidad colombiana

Una mirada al panorama estudiantil. La crisis se hace evidente

la asistencia y dotación del consultorio médico de la universidad.

Universidad Tecnológica de Pereira

Luego de más de veinte días de anormalidad acadé-mica, el Consejo Superior ha mantenido una actitud intransi-gente con el estudiantado perei-rano, por otro lado los estudian-tes después de más de 10 años de rectoría de Luis Enrique Arango Jiménez, un estandarte de la mer-cantilización de la UTP, han exi-gido su salida de la rectoría como garantía, para avanzar.

Universidad del Cauca

Después de que el estudiantado de la Universidad del Cauca, impidie-ra la entrada de Uribe al paraninfo de Unicauca, como parte de la indigna-ción producida por sus medidas contra el alma máter caucana; los estudiantes se vienen manifestando por las diferen-tes problemáticas que se desarrollan en lo local, tales como el autoritarismo y la eliminación de los procesos demo-cráticos y participativos, basados en la decisión de ampliar el período rectoral de tres a cinco años, la construcción de un reglamento estudiantil excluyente por parte de la administración univer-sitaria, el esquema de privatización y autofi nanciación propuesto con el de-sarrollo de los programas de regionali-zación, así como la carencia de medios educativos, los altos costos de matrí-culas para los estudiantes inscritos en esta modalidad, y la implementación de un sistema de créditos que vulnera la autonomía universitaria, entre otros. Al inicio de esta semana, el rector ha convocado a clases nuevamente y los estudiantes asambleas por facultades.

En este marco, la MANE, con las luchas regionales, las grandes marchas de la semana pasada, la toma al Icetex y la desnudatón viene fortaleciendo su exigencia de presupuesto al Gobierno Nacional, de libertades democráticas y de mejoras reales a la educación su-perior; convocando para esta semana asambleas generales de estudiantes en todas las universidades del país y con la consigna “¡tumbamos la reforma, la lucha no termina, estamos luchando por la ley alternativa!”, construir una nueva educación para un país con so-beranía, democracia y paz!