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Una Mirada Psicosocial Al Impacto De La Política Pública Del Plan De

Etnodesarrollo Para El Municipio De Pereira, En El Periodo 2012 A 2017

Bibiana Andrea Loaiza Arcila1

Mateo Pazos Cárdenas2

Resumen

En este artículo se establece un análisis acerca de la Política Pública “Plan de

Etnodesarrollo” para la población afrodescendiente que reside en el municipio de Pereira, la

cual se encuentra en la fase de implementación. Se realizó un análisis retrospectivo a través

de un ejercicio de investigación cualitativa acerca del impacto psicosocial que ha tenido la

Política y cómo responde a las directrices de la normatividad vigente y a las necesidades de la

población afro desde la perspectiva del etnodesarrollo. Se analizaron las acciones realizadas

por parte de la Administración Municipal y la respuesta que ha tenido la comunidad afro

frente a estas acciones y se mencionan algunos obstáculos que se identifican desde ambas

perspectivas que permiten comprender el poco avance que se ha tenido en materia de

implementación de la Política. Finalmente, se sugiere continuar la búsqueda enfocada

principalmente a la percepción que tienen las personas de la comunidad afro sobre las

acciones realizadas como parte de la implementación, hacer evaluación de impacto que

permita retroalimentar la Política Pública y hacer los ajustes que se requieren frente a la

realidad dinámica y cambiante.

1 Licenciada en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Estudiante de Especialización en Psicología Social Comunitaria y Acción Psicosocial.

2 Asesor. Antropólogo Universidad Nacional de Colombia y Magister en Estudios Latinoamericanos Universidad Nacional Autónoma de México.

2

Palabras claves: Población afrocolombiana, políticas públicas, etnodesarrollo y enfoque

psicosocial.

Abstract

In this article it is established an analysis about Public Politics “ethno development plan” for

the Afro-descendant population that resides in Pereira, which is in the implementation

phase. It was made a retrospective analysis through a qualitative investigation through an

exercise about the psychosocial impact that has had the policy and how it answers to the

guidelines of current regulations and to the needs of the Afro population from the ethno

development perspective. There were analyzed the actions taken by the Municipal

Administration and the answer that the afro community has had about them, also there are

mentioned some obstacles that are identified from both perspectives that allow to

understand the little progress that has been made in the implementation of the Policy. To

finish, it is suggested to continue the search focused mainly on the perception that people

from the afro community have about the actions developed as a part of the implementation

and to assess the impact that allows providing feedback to the Public Politics and doing the

adjustments about the changing reality.

Key words: Afro colombian community, public politics, ethno development and

psychosocial focus

3

Introducción

Hablar de la población negra en Colombia implica reconocer algunos aspectos de su historia,

sus luchas y las constantes situaciones de discriminación y de exclusión de las cuales han sido

objeto desde su llegada al continente y al país, donde Colombia tenía uno de los principales

puertos receptores de personas africanas que llegaron en condición de esclavos, durante el

periodo conocido como la colonización. Para entrever en términos generales la situación, a

continuación se describe brevemente:

La población africana colombiana o afrocolombiana corresponde a las comunidades

descendientes de las personas africanas esclavizadas por los españoles y las

comunidades cimarronas que conquistaron su libertad, entre 1510 y 1852. Son

africanas por su ancestro genético, étnico, cultural y espiritual, asumiendo la africanidad

como un valor personal y de la sociedad colombiana.

La población afrocolombiana surgió con la expedición en 1851 de la Ley de libertad de

los esclavos, que abolió legalmente la esclavitud y la esclavización de personas en

Colombia. Los ex esclavos, los cimarrones y sus descendientes quedaron en el país

como ocupantes de hecho más no en derecho y con derechos. Quedaron ocupando el

territorio pero ilegales, por haber sido excluidos del ordenamiento jurídico republicano

y del Estado de Derecho, e ignorados en las leyes como sujetos jurídicos con derechos

étnicos y ciudadanos especiales. Siendo pobladores de hecho del territorio patrio

quedaron en un limbo jurídico, sin ciudadanía, durante 70 años y, poco a poco, según

los intereses políticos dominantes se fueron integrando al proyecto de Nación, en un

proceso espontáneo que duró desde 1852 hasta 1991, cuando por primera vez en la

historia jurídica de la República de Colombia, la Constitución Política les menciona y

reconoce como sujetos jurídicos con derecho de diferenciación positiva, con la

denominación de comunidades negras (Mosquera, 2001, párr.1-3).

4

La Constitución colombiana de 1991, dio un paso en el reconocimiento y visibilización de

la población afro en el país, lo cual lleva a reconocer este momento como un hecho

histórico, sobre todo porque significó un avance importante a nivel legislativo y llevó a

replantear lo que se pensaba en términos de igualdad y equidad en lo referente a la diversidad

étnico-cultural. Hasta entonces la población negra, a pesar de representar un número

relevante con relación a la cantidad total de la población de la región y del país, no tenía

reconocimiento en el marco normativo de la época (Restrepo, 2013).

A pesar de su peso demográfico en el país, esta población no tenía un reconocimiento de las

características propias de su historia, de su cosmovisión y de su cultura, no tenían un

reconocimiento como grupo étnico diferenciado:

A principios de los años ochenta, a nadie se le ocurría, por ejemplo, que la gente que

vivía en el medio Atrato, en el Pacífico Colombiano, había que pensarla como un

“grupo étnico” con unas prácticas tradicionales de producción, con un territorio con

ejercicio de propiedad colectiva, una cultura ancestral y una identidad cultural. En ese

entonces usualmente se referían a los habitantes del medio Atrato como campesinos.

Eran campesinos y en cuanto tales se asumían que estaban necesitados, atrasados, que

había que “redimirles” con el “desarrollo” (Restrepo, 2013, p. 14).

El logro que se alcanza con la Constitución Política de 1991, es el resultado de procesos

anteriores a ella, donde las organizaciones sociales de la población negra que surgen en los

años ochenta, fueron ganando espacio en los escenarios políticos y en la lucha por la

reivindicación de sus derechos, ante constantes situaciones de discriminación, de exclusión y

de expropiación de sus tierras:

El medio Atrato fue el escenario donde, debido a la confluencia de unas condiciones

específicas…se destiló por primera vez una noción y estrategia organizativa que

constituye a las “comunidades negras” como un grupo étnico con un territorio, con

unas prácticas tradicionales de producción, y una identidad cultural especifica. Esta

noción y estrategia organizativa fue inicialmente concebida como una respuesta a la

creciente amenaza de despojo de los recursos y las tierras habitadas por estas

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poblaciones durante varias generaciones a manos de un Estado que desconocía su

presencia (Restrepo, 2013, p. 37).

Este momento histórico representó también un avance en el reconocimiento de los

grupos étnicos como sujetos de derechos (individuales y colectivos) y su inclusión en los

escenarios políticos, sociales, económicos, culturales y territoriales del país. La Constitución

se refiere al tema específicamente en su Artículo transitorio 55:

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución,

el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el

Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras

que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la

Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el

derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada

caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así

reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley. La misma ley

establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de

estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.

(Constitución Politica de Colombia, 1991).

Para dar cumplimiento al artículo anterior, el Congreso de la República aprueba el 27 de

agosto de 1993 la Ley 70, cuyo objeto principal lo define en su artículo 1:

…reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las

zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus

prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como

propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los

derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de

su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades

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obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad

colombiana (Congreso de la Republica, 1993, p.1).

La Ley 70 constituye en sí misma un avance importante, si se tiene en cuenta que anterior

a ella era impensable que esta población pudiese tener lugar como sujetos políticos con

derechos territoriales y culturales especiales en el país. Posteriormente, la Ley 649 del 2001,

establece que habrá una circunscripción nacional especial para asegurar la participación en la

Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos

residentes en el exterior, la cual consta de cinco curules de las cuales dos las ocupan

representantes de las comunidades negras en el país (Congreso de la República, 2001).

Lo anterior se convierte en una serie de demandas para el gobierno nacional y local que

debe generar políticas públicas que respondan de manera diferenciada a las problemáticas

sociales dentro de sus territorios, considerando las condiciones y particularidades de los

sujetos individuales y colectivos como: género, pertenencia étnica, discapacidad, situación

socio-económica, cultural, religiosa, política y condiciones de vulnerabilidad, de tal manera

que se sea posible revindicar la condición de comunidades o grupos sociales que han sido

excluidos de la mirada y la acción del Estado. Para el caso local, específicamente sobre el

tema de la población afrodescendiente que reside en el municipio de Pereira, el 29 de

diciembre de 2011, es sancionado el Acuerdo N° 58 por medio del cual se adopta la Política

Pública del Plan de Etnodesarrollo para el municipio de Pereira 2012-2021, lo que revela un

atraso si se tiene en cuenta que han pasado casi veinticuatro años después de aprobada la Ley

70, y veintiséis años desde la promulgación de la Constitución Política.

Ya hace casi seis años que se aprobó el Acuerdo N° 58 que tiene como objeto: “Mejorar

la calidad de vida económica, social, política, cultural y étnica de la población

afrodescendiente que reside en el municipio de Pereira” (Consejo Municipal de Pereira,

2011), Acuerdo que busca responder a las directrices de índole nacional y a las necesidades

de este grupo poblacional en el municipio. En este documento se establece que:

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…es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Político promover su

implementación a través de la articulación con los organismos públicos y privados que

trabajan en pro del desarrollo de esta comunidad, mediante la implementación de

planes, programas y proyectos y su posterior seguimiento y evaluación… así mismo

señala que es responsabilidad de la población afrodescendiente realizar procesos de

empoderamiento en sus comunidades y a los consejeros municipales como

responsables del diseño, ejecución, seguimiento y retroalimentación de la Política.

(Consejo Municipal de Pereira , 2012)

De esta manera se busca la articulación entre la acción por parte de la Administración

Municipal, las organizaciones sociales y la población afrodescendiente, que permita la

participación dentro del proceso de diseño, formulación, implementación, seguimiento y

evaluación de la Política Pública, pues cuando se trata de políticas sociales no debe ser un

asunto unidireccional sino que debe ser la respuesta a una serie de interacciones y de

necesidades de los diferentes actores sociales que estén involucrados. Se esperaría, además,

que fuera la respuesta a una tarea fundamental del Estado como garante de derechos y a la

necesidad vital de las comunidades de generar una conciencia que permita construir y

reconstruir imaginarios del colectivo social que atentan contra la integridad e identidad de las

comunidades.

Así, el gobierno local pretende dar cumplimiento a las directrices de índole nacional y al

orden legal vigente, lo que no significa necesariamente que corresponda a un verdadero

proceso de dignificación, de reconocimiento y de garantía de derechos de la comunidad afro

en el municipio. Lo anterior da lugar a revisar desde una perspectiva académica los

resultados obtenidos en esta tarea, pues no se debe olvidar el papel que juega la academia en

la construcción de una conciencia crítica de la vida social y política de una nación como la

nuestra, construida en la base de la desigualdad y las exclusiones sociales, políticas y hasta

territoriales de diferentes grupos, entre ellos la población afro.

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Esta revisión desde el punto de vista académico se hace a través del análisis del impacto

de la Política Pública para la población afro, desde su aprobación a finales del año 2011 hasta

hoy año 2017, para ello se propuso como objetivo general de este trabajo: indagar por el

impacto psicosocial que ha tenido la implementación de la Política Pública del Plan de

Etnodesarrollo en el municipio de Pereira en el periodo 2012 a 2017, tarea que estuvo

encaminada en dos líneas específicas: identificar las acciones que se han realizado desde la

Administración Municipal como parte de la implementación de esta Política Pública, e

indagar sobre las percepciones sobre el impacto psicosocial de estas acciones, con el fin de

generar un informe descriptivo que puede convertirse en un insumo que aporte a la

evaluación y ajuste de la misma.

Para una comprensión más amplia de los resultados obtenidos en el presente ejercicio de

investigación fue necesario tener algunos referentes teóricos como: concepto de política

pública, de etnodesarrollo y de impacto psicosocial, esta última como categoría emergente

Sustentación teórica y conceptual

La sociedad colombiana es tan diversa y compleja como su historia, como lo expresa

Ospina: “asomarse al país es asomarse a una región del mundo donde en todos los campos

de la realidad la diversidad es la ley” (Ospina, 2013, p. 18). Entender que esta diversidad está

presente en la cultura, en la cosmovisión de los pueblos, en la forma como nos organizamos

y construimos país, implica tener una mirada capaz de identificar aquellos sectores o

poblaciones consideradas como “minorías” y que han sido históricamente excluidas,

discriminadas y que han estado por fuera del orden constitucional y social e incluso

económico vigente hasta 1991.

A partir de ese momento histórico para el país, se da un cambio a nivel político y jurídico

que permite visibilizar diferentes sectores de la población que hasta entonces habían estado

excluidos: como la población LGBTI, indígenas y afrodescendientes; todo eso se enmarca en

un proceso mucho más amplio como el surgimiento del multiculturalismo3 y lo pluriétnico4,

3 Concepto que hace referencia a la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social.

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elementos esenciales a la hora de pensar la población colombiana considerada como el

resultado de una cultura diversa y rica en sus manifestaciones y costumbres, de diferentes

orígenes y expresiones.

Ya han pasado 26 años desde la promulgación de la constitución y aún siguen existiendo

dificultades en la materialización de derechos y se siguen reproduciendo lógicas de

segregación, exclusión, marginación. Es pues tarea del gobierno a nivel nacional y local,

generar políticas públicas diferenciadas que permitan responder a estas demandas y

necesidades de la población, y permitir crear lazos de interlocución entre las

administraciones, las comunidades y las organizaciones sociales, de tal manera que se puedan

repensar las dinámicas de relación y de poder entre estos actores y se produzcan dinámicas

menos discriminatorias y más incluyentes, es decir, que se den posibilidades a las población

históricamente marginadas y excluidas, de participar en la vida social, económica, cultural y

política, disfrutando de bienestar a partir de sus concepciones de vida. Así mismo es

responsabilidad de los profesionales en el campo social asumir una posición crítica frente a

estos procesos, lo que implica entre otras cosas el análisis desde una perspectiva académica

que permita ampliar la comprensión de situaciones, para que se puedan generar nuevas y más

profundas reflexiones que sean inspiradoras y que puedan aportar a la trasformación social.

Para entender hacia dónde los gobiernos deben enfocar sus esfuerzos cuando se trata de

formular e implementar políticas públicas, es necesario tener un acercamiento al concepto y

comprender cómo éste se ha ido consolidando históricamente. Partiendo de la premisa de

que existen gran cantidad de definiciones de política pública, algunas les dan mayor énfasis a

los procedimientos, otras a las acciones integradas y sistemáticas, otras las designan como

aquellas acciones alrededor de objetivos comunes, interpretaciones de la realidad que

dependen del autor y del sector social y político, desde donde son pensadas. Sin embargo, al

realizar una revisión de estas definiciones se encuentra que existen algunos aspectos

4 Se reconoce como parte de la identidad nacional las características y expresiones culturales, sociales y organizativas de diferentes etnias.

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comunes tales como el papel del Estado, es decir, que es una actividad esencialmente

gubernamental, que surgen y pretenden dar respuesta a demandas sociales, y que existe una

estrecha relación entre la política y el hacer política pública, que ayuda o desfavorece el noble

principio y el ejercicio fundamental de lo político:

En la medida en que, en la práctica, casi siempre hay una preocupación por parte de los

policy-markers por recibir los méritos o créditos asociados con las iniciativas de impacto

público, así aseguran un ascenso en la carrera política futura o en la historia política del

país (Ordoñes, 2013, p. 28).

En el presente trabajo de investigación se ha tomado como referencia el concepto de

política pública que desarrolla Ordoñez en su libro “Manual de análisis y diseño de política

pública”, cuya definición considera un aspecto nuevo con relación a las anteriormente

mencionadas, y es el papel que juega el Conocimiento y el ejercicio analítico que debe

acompañar todo el proceso de la política pública. Para Ordoñez la política pública es:

El conjunto de acciones implementadas en el marco de planes y programas

gubernamentales diseñados por ejercicios analíticos de algún grado de formalidad, en

donde el Conocimiento, aunado a la voluntad política y los recursos disponibles

viabilizan el logro de objetivos sociales (Ordoñes, 2013, p. 31)5.

La misma complejidad de los problemas sociales actuales demanda una forma científica

de desarrollar las políticas, cuyas explicaciones y argumentos, así como las formas de

intervención estén basadas en el conocimiento, lo que conlleva a tomar una posición crítica y

a realizar diferentes lecturas de la realidad. Así mismo, se esperaría que, las formas de

intervención visibilicen no solo desde el discurso de la reivindicación y la garantía de

derechos, sino que obedezcan a propósitos comprometidos con la trasformación de las

condiciones de vida de las comunidades.

5Donde lo social incluye aspectos culturales, étnicos, políticos, económicos, ambientales…

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Ha sido necesario clasificar las políticas públicas según el problema social al que pretende

dar solución, no sólo para su comprensión desde un punto de vista operativo sino porque

requieren de enfoques y sustentos teóricos y metodológicos que le den fuerza, que traspase

la formulación del documento de una política pública, y procure dar verdaderas soluciones a

los problemas sociales, dentro de las cuales las comunidades o los grupos sociales a los

cuales va enfocadas tengan un lugar como sujetos de derechos y como agentes generadores

de cambio, por tanto sea posible construir una sociedad más justa y equitativa.

Se pueden mencionar políticas públicas sectoriales y políticas públicas sociales, entendiendo

que estas ubican al ser humano como su núcleo, incorporando sus necesidades y su voz en

todos los sectores. Dentro de las políticas sociales están las enfocadas a grupos etarios,

grupos por condición y grupos étnicos, entre otras. La política que fue objeto de estudio de

la presente investigación, está dentro del segundo grupo mencionado, como una política para

un grupo étnico, entendiendo como grupo étnico:

Una comunidad determinada por la existencia de ancestros y una historia en común.

Se distingue y reconoce por tradiciones y rituales compartidos, instituciones sociales

consolidadas y rasgos culturales como la lengua, la gastronomía, la música, la danza y

la espiritualidad entre otros elementos. Los integrantes de un grupo étnico son

conscientes de pertenecer a él, comparten entre ellos una carga simbólica y una

profundidad histórica (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2017, párr.1).

Urge la necesidad de pensar y formular estas políticas públicas con enfoque diferencial, es

decir, que partan del reconocimiento y la valoración de la diferencia, que reconozca las

autoridades tradicionales, a las formas de organizativas propias, las condiciones de vida y

formas de ver el mundo. Políticas que contribuyan a disminuir o eliminar todas las formas de

segregación y discriminación y por el contrario doten de sentido las prácticas sociales a través

de las cuales se puedan visibilizar los grupos humanos que por mucho tiempo han estado en

condiciones de vulnerabilidad y de exclusión.

También existen diferentes tipos de análisis de política pública, desarrollados por varios

autores, que distinguen el momento en que se realiza, hacia donde está direccionado el

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análisis y el objetivo del producto final. Entre los tipos de análisis se puede mencionar:

análisis retrospectivo y prospectivo, análisis descriptivos y análisis normativo, análisis

instrumental y análisis científico-académico, cada tipo de análisis tiene características que lo

distinguen de los otros, sin embargo en la práctica pueden ser complementarios. Para el

objetivo del presente ejercicio de investigación se tomó como referente el análisis

retrospectivo, que se define como:

Un método ex - post que se ocupa de la trasformación y producción de la información

después de que la política es aplicada, está orientado a aumentar la comprensión y tiene

como objetivo describir y explicar las causas y consecuencias de las políticas o

problemas (Ordoñes, 2013, p. 67).

Se escoge este modelo de análisis, por el enfoque mismo del trabajo y porque se

considera una herramienta que permite analizar desde las acciones realizadas y desde las

percepciones de los actores sociales involucrados con la Política Pública afro, el impacto

psicosocial en la primera parte de la etapa de implementación.

El etnodesarrollo en la Política Pública para la población afro en el municipio de

Pereira.

Uno de los elementos centrales de la Política Pública para la población afro en el municipio

es el etnodesarrollo, por lo que se requiere analizar el surgimiento del concepto y

comprender cómo logra articularse en esta Política. Según un documento preparado por la

División de Desarrollo Social de la CEPAL, del año 1995, que titula “El etnodesarrollo de

cara al siglo veintiuno”, señala que para la década de los años sesenta surgió en América

Latina una corriente de pensamiento que abordaba el desarrollo de los pueblos indígenas,

como algo más que el mejoramiento del nivel material de vida. El documento señala también

la importancia del fortalecimiento de los elementos de la cultura propia, el valor de la

identidad como pueblo, la centralidad de la recuperación de la tierra y el territorio y la

autogestión de los pueblos, elementos que se traducen en un desarrollo propio.

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Se entiende pues por etnodesarrollo:

El ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando

para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales

de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y

aspiraciones (Bonfil, 1995, p. 467).

Si bien una apuesta por el etnodesarrollo implica tener en cuenta aspectos como el

reconocimiento de la capacidad de autonomía, autogestión, de la historia y de la cultura de

los pueblos, también es necesario no perder de vista factores externos que posibiliten o

limiten estas capacidades, y tal vez es a esos factores a los que el autor Bonfil (1995), señala

como el cumplimiento de un cierto número de condiciones o requisitos de diversa índole: de

orden jurídico, político y de organización social, lo que se traduce en generar las condiciones

que favorezcan la capacidad de decisión de los pueblos. Es decir, tener en cuenta tanto

factores internos como externos de las comunidades.

Los elementos anteriormente mencionados son relevantes, en la medida en que se debe

tener en cuenta que muchos de los grupos sociales y étnicos, ya no están ligados a un espacio

geográfico específico, que para el caso local por ejemplo muchos de ellos hacen parte de un

proceso de migración interna del país, que está asociada a factores económicos, sociales y

políticos como es el caso del conflicto armado, (situaciones que pone en condiciones de

vulnerabilidad y de riesgo a quienes han vivido este flagelo y han llegado a la ciudad en

condiciones de desplazados o en busca de mejores oportunidades de vida). La ubicación de

la población afro en el municipio no obedece a procesos de planificación de la distribución

de la población, sino que se puede observar que esta población en su gran mayoría se ubica

en zonas marginales de la ciudad. Estas situaciones exigen una respuesta de la administración

y por tanto tener en cuenta las particularidades a la hora de pensar políticas públicas o

proyectos desde etnodesarrollo, en la medida en que:

Cualquier proyecto de etnodesarrollo consistirá en una ampliación y consolidación de

los ámbitos de la cultura propia, es decir, en el incremento de la capacidad de decisión

14

del propio grupo social, tanto sobre sus recursos como sobre recursos ajenos de los

que pueda apropiarse (Bonfil, 1995, p. 470).

En este sentido una Política Publica denominada Plan de Etondesarrollo inspirada en esta

propuesta, debería generar verdaderos procesos de reconocimiento y empoderamiento de la

comunidad afro en el municipio.

Impacto psicosocial

Las problemáticas sociales actuales demandan nuevas formas de entenderlas, por esta razón

las distintas disciplinas han planteado metodologías, técnicas y actividades para abordarlas,

sin embargo se han quedado cortas en la medida en que en la realidad estas problemáticas

son tan complejas que requieren de un diálogo entre ellas, que permitan desde una mirada

holística dar soluciones y procurar la trasformación de las condiciones de vida de las

poblaciones, es aquí donde tiene lugar hablar de una categoría como lo psicosocial que

propone una mirada crítica, reflexiva, dialógica e integral, para comprender y abordar lo

humano, en este sentido:

Esta categoría es alimentada por teorías y experiencias como la psicología, la sociología,

la antropología, la pedagogía social y las ciencias políticas con el fin de generar

procesos de desarrollo humano más integrales y eficaces (Moreno y Bohórquez, 2015,

p.63).

Cada vez con mayor frecuencia se incorpora esta perspectiva en las políticas públicas, lo

que pone frente a un gran reto a la institucionalidad y los profesionales que tienen la

responsabilidad de materializarlas, en la medida en que las políticas públicas son concebidas

como medidas generalizadas que toma el Estado para dar solución a los problemas sociales,

y bajo la perspectiva psicosocial no solo se está definiendo formas de intervención sino un

posicionamiento político, epistemológico y metodológico que necesariamente requiere de

una mirada de lo subjetivo y lo particular, donde lo humano tome un sentido integral y

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sistémico y no fragmentado o generalizado como ha sido entendido y abordado durante

mucho tiempo, implica un cambio de perspectiva donde tengan lugar nuevas formas de

comprender y de abordar la realidad. Necesariamente implica una mirada desde las

comunidades, desde el potencial de cada grupo social para agenciar sus posibilidades y desde

la institucionalidad para dar soluciones integrales a las demandas sociales.

Lo psicosocial procura no solo la reivindicación de los derechos de las comunidades,

inscritos en la paradoja de la dignidad humana, bajo el principio de igualdad, sino la

reivindicación, el reconocimiento y valoración de la diferencia, es decir, recrear, re significar

y nutrir aún más, desde una plena conciencia de las necesidades actuales, el paradigma de la

igualdad, y pensar en términos de equidad, donde no todos los seres humanos tenemos las

mismas necesidades, sino que de acuerdo a una serie de factores culturales, como la

cosmovisión y las creencias, históricos y/o geográficos, tenemos necesidades particulares.

Cada vez estas perspectivas toman fuerza debido a las demandas del mundo actual por el

surgimiento de nuevos discursos y por la conciencia social que se ha venido dando frente a

temas que históricamente habían estado por fuera del debate político, ético y académico.

La perspectiva psicosocial se enfoca en acciones que contribuyan y den respuesta a dicha

reivindicación, donde prime la aceptación de la diferencia, no solo para quienes tienen

conciencia de esta fragmentación sino para quienes no advierten lo agudo de la problemática,

originando la necesidad de un camino de objetivos pedagógicos formales y no-formales,

como también la inclusión de espacios de movilización ciudadana y que en la praxis se

permita el surgimiento de identidades únicas de los grupos sociales.

Pensar lo psicosocial implica concebir la comunidad como un espacio simbólico y

físico con significación para quienes lo habitan, donde se interrelacionan como sujetos

de manera informal y se evidencias construcciones de sentido, subjetividades,

relaciones sociales y micropoderes. Esta perspectiva le da plena importancia al sujeto y

a su contexto social y ecológico, pues este le da forma (y viceversa). Sin embargo,

también se comprende que el sujeto construye en ese contexto identidades, autonomía

y singularidades (Moreno y Bohórquez, 2015, p.63).

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Urge pues la necesidad de tener la mirada abierta para reconocer en el proceso de

implementación de las políticas públicas acciones que puedan ser comprendidas desde esta

perspectiva, que den un nuevo significado a este proceso y que puedan comprender el papel

que juegan los actores sociales en la materialización de las Políticas Públicas.

Relato metodológico

El presente ejercicio de investigación es de carácter cualitativo, intenta explicar e interpretar

los fenómenos en su contexto valorando la subjetividad de los actores y analizando

situaciones y fenómenos sociales entendiendo que estos son susceptibles al cambio. Se parte

de la premisa de que la investigación es un ejercicio de generación de conocimiento, el cual

es construido en conjunto por los actores y pretende aportar a mejorar los niveles de

comprensión de la realidad y de las condiciones de vida de las personas, en este caso

pretende aportan elementos que puedan constituirse como referentes para realizar

seguimiento y evaluación a la Política Pública para la población afro en el municipio de

Pereira.

Tiene un carácter descriptivo pues puntualiza sobre algunos de los datos dados por la

recolección de los mismos, como elementos esenciales de la investigación; ya sea siguiendo la

información obtenida en las entrevistas o a partir del rastreo documental. Como

instrumentos de recolección de información se utilizaron la entrevista semi-estructurada que

se define como una interacción limitada y especializada, conducida con un fin específico y

centrado sobre un tema particular. Las entrevistas semi estructuradas se aplicaron a

diferentes actores tanto de la Administración Municipal de Pereira, como a representantes o

líderes sociales que han estado involucrados directa e indirectamente con las acciones de la

implementación de la política, bien sea por ser representantes de la comunidad afro que

reside en el municipio o porque por su ejercicio político han estado relacionados con el tema

de las organizaciones sociales, con el propósito de indagar acerca de las acciones

emprendidas en el marco de la implementación de la Política Publica de Etnodesarrollo, y lo

que se puede considerar como impacto de estas acciones en la comunidad afro.

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También se realizó una revisión de documentos oficiales proporcionados por la

Administración Municipal sobre el diseño, implementación y seguimiento a la PP: Acuerdo

número 24 de 2009, por medio del cual se crea el Consejo Municipal para asuntos y Políticas

Públicas de las comunidades afrodescendientes en el municipio de Pereira; órgano que

según el documento, sirve de canal de comunicación y de consulta entre la comunidad afro

de base y la Administración Municipal; Acuerdo número 58 de 2011, por medio del cual se

adopta la Política Pública para el plan de Etnodesarrollo en el municipio de Pereira 2012-

2021; el Acuerdo 16 de 2013, por medio del cual se modifica el art. 4 y el parágrafo 2 del

Acuerdo número 24, donde se establece la conformación de Consejo Municipal para

Asuntos de Políticas Públicas de comunidades afrodescendietes en el municipio de Pereira y

en el mismo Acuerdo se establece que representantes de las organizaciones de

afrodescendientes serán elegidos para un período de cuatro años, y podrán ser reelegidos.

Otros documentos que fueron revisados: presentación en diapositivas de la articulación

de la Política Pública al Plan de Desarrollo de la actual Administración para el periodo 2016-

2019; documento de exposición de motivos que sustentó en su momento la importancia de

la aprobación de la Política Pública para la población afro en el municipio, y el documento

oficial con la Política Publica Plan de Etnodesarrollo de la población afrodescendiente que

reside en el municipio de Pereira.

Para analizar la información se focalizó la búsqueda en las siguientes categorías, acciones

realizadas por la Administración Municipal, obstáculos en la implementación Política Publica

Plan de Etnodesarrollo, respuesta de la comunidad afro y percepción sobre el impacto,

identificando aspectos que permitieran dar respuesta a la pregunta y los objetivos de

investigación. Posteriormente se analizaron y ordenaron los resultados obtenidos, los cuales

se socializan más adelante.

Vale la pena aclarar que, inicialmente la rigurosidad de la búsqueda pretendía ser más

profunda, de tal manera que el ejercicio analítico pudiera visualizar muchos otros aspectos

sobre el impacto de la implementación de la Política, sobre todo desde la visión y la

respuesta de las comunidades (percepción de las personas que estén o no vinculadas a

organizaciones sociales). Sin embargo, este deseo inicial se vio obstaculizado por el corto

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tiempo del que se dispuso para realizar la investigación; a pesar de esto, el presente informe

es el resultado de una búsqueda juiciosa y comprometida de quien realiza la investigación y

de la disposición y colaboración de quienes aportaron la información.

Resultados de la reconstrucción analítica

La fase de implementación de Política Pública del Plan de Etnodesarrollo para el municipio

de Pereira comprende el periodo 2012 a 2021, y para el presente ejercicio de análisis

retrospectivo se tuvo en cuenta el periodo comprendido entre al año 2012 y el año 2017. A

continuación se presentan los hallazgos de investigación, divididos en dos apartados: uno

correspondiente a las acciones realizadas por la Alcaldía municipal de Pereira en el marco de

la implementación de la Política Pública y otro relacionado con las percepciones de las

comunidades afro del municipio respecto a estas acciones y frente a la Política Pública

misma.

Acciones realizadas por la Administración Municipal en el marco de la

implementación de la PP para la población afro

Dentro de los hallazgos a mencionar se encuentran los siguientes: la Política Pública para la

población afrodescendiente igual que otras diez políticas aprobadas por el Consejo Municipal

por medio de Acuerdo a finales del año 2011, constituyen la respuesta a una serie de

demandas y necesidades de grupos sociales específicos que cohabitan en el municipio, como

son: Adulto Mayor, Infancia y Adolescencia, Discapacidad, población afro, entre otras.

Para el caso de la Política que fue objeto de análisis del presente ejercicio de investigación,

es importante mencionar que se constituye en una respuesta a las demandas de orden

internacional donde el Fondo de Población de las Naciones Unidas establece que la

población afrodecenciente en el caso de Latinoamérica al igual que otros grupos sociales

como los indígenas, se ubican en condición de rezago y comprenden uno de los segmentos

más pobres del continente, así mismo establece que es necesario que los Estados creen

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políticas públicas para la inclusión social de esta población, como una estrategia para

disminuir la brecha social y procurar el desarrollo humano6 en la medida que a través de

estas políticas se aumente las posibilidades de participar en asuntos de la vida colectiva,

disfrutar de los recursos para tener una vida digna, tener acceso al conocimiento y procurar

una vida sana y duradera. También es la respuesta al marco legal de orden nacional vigente y

a las demandas de la población afrodescenciente que tiene sus orígenes en la ciudad o que

han llegado en busca de mejores oportunidades de vida o en condición de desplazados a

causa de la agudización del conflicto armado durante los años 90 y en los primeros años del

presente siglo, periodo de tiempo en el que se dio una fuerte movilización de la población

desde el Pacifico colombiano (región habitada mayoritariamente por población afro y que ha

sido fuertemente afectada por este flagelo) hacia el interior. Además cabe resaltar que la

población afro representa un número significativo con respecto a la población total del

municipio, lo que implica necesariamente que las Administraciones Municipales generen

acciones de respuesta a las demandas de esta población y sean tenidas en cuenta en planes,

programas y proyectos.

Un primer aspecto a mencionar es que en el documento final de la Política Pública

(2011), se logra evidenciar elementos del etnodesarrollo, en el componente que los autores

han llamado Principios Fundamentales, los cuales se mencionan a continuación:

El reconocimiento del carácter étnico cultural de la población, de manera que ello

contribuya al fortalecimiento de la identidad, el autoreconocimiento y la interculturalidad,

como posibilidad de reconocer al otro interactuar y convivir en igualdad de condiciones;

La equidad como medida para buscar igualdad de condiciones, de oportunidades, de

distribución de los recursos, de acceso a los servicios y espacios de participación con

criterios de justicia; La aplicación de medidas de acciones afirmativas, como

mecanismos para superar las desigualdades y la exclusión. La afirmación del derecho a

la diferencia, el respeto mutuo, la solidaridad, convivencia y las particularidades internas

de los diferentes grupos. El derecho a decidir libremente su futuro y a participar en los

6 Entendiendo por Desarrollo Humano el aumento en la cantidad de posibilidades, opciones u oportunidades dentro de las cuales un ser humano puede escoger para vivir, de acuerdo a sus intereses, necesidades, sistema de valores y deseos por buena razón, que le permiten una vida digna.

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procesos de planificación y de decisiones que afecte a esta población. La sostenibilidad

de los procesos de etnodesarrollo que se adelanten en los territorios y asentamientos de

sus poblaciones, de manera que se garantice su continuidad y permanencia superando

periodos de gobierno (Política pública. 2011, Art. 5).

Lo anterior permite ver que, por lo menos desde los referentes que permitieron poner en

la agenda publica el tema y las necesidades de la población afro, están articulados o fueron

concebidos desde la perspectiva del etnodesarrollo como sustento teórico y desde la

perspectiva psicosocial en la medida que se establecen formas de intervención que se

enfocan en trabajar desde el fortalecimiento de la comunidad y se piensan como procesos

sostenibles.

Dentro de las acciones realizadas por la Administración Municipal se puede mencionar lo

siguiente que aporta un funcionario público en la entrevista:

J.C7: “La Política Pública contempla 64 acciones que se deben desarrollar para su

cumplimiento, desde el observatorio de Políticas Públicas del Municipio de Pereira se

viene realizando anualmente el informe de seguimiento de estas acciones”.

El informe al que hace mención el funcionario lo realiza la oficina de Planeación

Municipal para el año 2015, y fue publicado en el año 2016, en este momento aún no se a

hecho oficial el informe correspondiente al año 2016.

El Informe publicado en el año 2016, denominado “informe de seguimiento año 2015

plan de etnodesarrollo”, (el informe se presenta con relación a las acciones del año anterior)

por parte del Observatorio de Políticas Públicas y la Secretaría de Planeación Municipal, en

el cual se hace seguimiento a las acciones realizadas durante los cuatro años posteriores a su

aprobación (2012-2015). En este documento se señala el avance que se ha tenido al año 2015

en los siguientes componentes de la política: vivienda, salud, educación, cultura, deporte y

recreación, participación en derechos humanos y empleo. En el informe se señala

7 J.C. Funcionario público que ha estado vinculado a las acciones de seguimiento a la PP afro en el municipio por el periodo comprendido entre el 2012 a 2017.

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indicadores, logro de metas, avances de las metas, inversión y número de beneficiados. Esta

información se desglosa en porcentajes para cada componente y como se menciona en él,

existe una tendencia o comportamiento creciente en cuanto al logro de metas por año, sin

embargo señala que hay acciones que no se han llevado a cabo y que requiere de focalizar

esfuerzos para el cumplimiento de las metas.

En este seguimiento se puede observar que no todas las acciones de la política pública se

desarrollan dado a su ineficiencia financiera o acciones que están por fuera de la

Administración Municipal, lo que obliga en los próximos años a focalizar sus esfuerzos para

la atención de la población afrodescendiente, (Cardona, 2015).

En este orden de ideas, es importante mencionar que desde la Administración no se ha

realizado una evaluación de impacto de esta política, que permita comprender como las

acciones implementadas han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población.

El informe hace referencia a cifras que permiten medir los indicadores, es un informe de tipo

cuantitativo, y sin desconocer la importancia de estos datos, una evaluación de impacto

expresada en términos cualitativos y descriptivos permitiría identificar vacíos y realizar

ajustes, como está estipulado en el Acuerdo N° 58, donde señala que el seguimiento y ajuste

al plan de acción de la PP, es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Político,

la comunidad y los representantes de las organizaciones sociales. En este sentido también se

encontró que existen organizaciones sociales que hacen presencia y realizan veeduría, sin

embargo existe una tendencia a que estas organizaciones pongan por encima intereses

particulares y olviden su posicionamiento critico frente a las acciones por parte de la

Administración. Valdría la pena enfocar la búsqueda en identificar acciones de respuesta por

parte de organizaciones no gubernamentales, y que según el informe están por fuera de la

capacidad y competencia de la Administración (Morales, 2015).

La evaluación permitiría además identificar acciones que pueden ser replanteadas,

ajustadas, fusionadas o eliminadas, esto si se tiene en cuenta el tiempo trascurrido desde la

aprobación de la Política hasta hoy, cuando ya han trascurrido casi siete años.

Otro factor importante que se debe tener en cuenta es que dentro del informe se establece

que hay acciones que no se han realizado porque están por fuera de la Administración

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Municipal o por la falta de presupuesto, y en este sentido al realizar la búsqueda se encontró

que tanto esta como otras Políticas Públicas, no tienen recursos propios y dependen de las

acciones realizadas por diferentes secretarías, lo que limita la capacidad que tienen los

funcionarios para dar cumplimiento a las acciones y por lo tanto no se evidencia un avance y

un seguimiento a los procesos en las comunidades. Ante la pregunta por los retos y

dificultades que se han encontrado en la implementación de la Política, algunas de las

personas entrevistadas, mencionan lo siguiente:

A.P8: “…lograr que los Directivos y Profesionales de la Alcaldía de Pereira se adapten a

los procesos de planificación e implementación de las políticas públicas, puesto que la

política pública de afros no cuenta con un rubro presupuestal propio, y debe de ejecutarse

por medio del plan de acción del Plan de Desarrollo vigente, queda a disposición de cada

directivo si desarrolla o no las acciones de Política Pública”.

J.C: “…En la actual administración si bien se tomó como referentes las políticas públicas

para la construcción del plan de desarrollo “Pereira Capital del Eje” las metas quedaron

de forma global y más estratégicas metas de Impacto, Resultado y producto, por lo que las

metas de Políticas Pública en especial la de Afros quedaron a disposición de que los

secretarios y directores las incorporaran en sus planes de acción y no en la parte

estratégica…”

Lo que es inmensamente preocupante en la medida que desde este punto de vista las

acciones en el marco de la implementación de la política están quedando en deuda con los

componentes de distribución, protección y justicia social, elementos de este tipo de políticas

sociales, lo que es claramente función y responsabilidad del Estado.

Otro aspecto que está directamente relacionado con las acciones por parte de la

Administración, es cambio constante de personal de base encargado de ejecutar estas

acciones, pues la mayoría de los funcionarios que están involucrados con los procesos no

alcanzan durante el tiempo de servicio a apropiarse de los temas que competen a esta

8 A.P. Representante de las organizaciones sociales afro en la ciudad de Pereira, que ha estado vinculado a las acciones de formulación, implementación y seguimiento. Aporta una visión crítica a los procesos.

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política, por mencionar algunos conceptos equidad, enfoque diferencial, etnicidad, entre

otros.

A.P: “En el imaginario de esta gente el enfoque diferencial en el tema de PP, lo

consideran como un tema de profunda injusticia, de profundo maltrato de unas

comunidades sobre ellas mayoritarias y de un buen trato a unas comunidades de alguna

manera minoritarias pero que ellos deberían resolver el tema en la medida que deberían

tratar a todos por igual, es decir, ellos siguen instalados en el principio de igualdad mas no

de equidad, no han comprendido el principio de equidad”.

Se encontró también que en la Administración no hay una dependencia que se ocupe

directamente de movilizar las acciones y los intereses que comprometen la política, pues

estas son responsabilidad de las diferentes secretarías, según sus competencias a pesar que en

el Acuerdo número 58, establece como se mencionó anteriormente que es responsabilidad

de la Secretaria de Desarrollo Social y Político promover su implementación a través de la

articulación con los organismos públicos y privados que trabajan en pro del desarrollo de

esta comunidad. Lo que se convierte en otro obstáculo a la hora de hablar de un verdadero

impacto que trasforme las condiciones de vida de esta población en el municipio.

Percepciones de la comunidad afro frente al impacto de las acciones en el marco

de la implementación de la Política.

La población entrevistada coincidió en reconocer como un avance significativo el hecho de

tener una Política Publica como una entidad jurídica, en la que se visibilice gran parte de las

necesidades que tienen como grupo étnico, además se considera que este es el resultado de la

lucha que han emprendido organizaciones sociales de población afro a nivel del

departamento y del municipio por la reivindicación de sus derechos, más que un interés

profundo de las administraciones por dar respuesta a las problemáticas sociales y económicas

que enfrenta esta población en el municipio. Lo anterior es muy significativo en la medida

que el Estado debería ser principal garante de derechos, y las organizaciones sociales como

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resultado de una sociedad civil organizada, deberían procurar esta garantía además de

reconocer los logros que pueden alcanzar en términos de trasformación sociales en la medida

en que representan las expresiones más cercanas de la realidad (interés y necesidades) de las

comunidades.

Para D9: “Las comunidades afrocolombianas vienen de largos procesos de reivindicación

de derechos ante situaciones relacionadas con marginación, discriminación

fundamentalmente, y la mejor manera de superar esas y otras, que serían innumerables, es

desde las organizaciones de base de las comunidades, no tanto desde la esfera política sino

desde la participación de las comunidades en la esfera de lo público, en este sentido se

destaca que son muchas las organizaciones del municipio en particular, las cuales desde

diferentes enfoques vienen adelantando actividades de diverso orden en beneficio de las

comunidades, algunas de ellas se han caracterizado porque su actividad se ha concentrado

fundamentalmente en materia de PP”.

Otro avance en términos de implementación está relacionado con la etnoeducación pues

se ha establecido un vínculo directo con la Universidad Tecnológica de Pereira, donde

algunos jóvenes afro tienen cupos especiales y la universidad ofrece ciertas garantías de

permanencia durante el periodo de estudio, sin embargo existe una preocupación por parte

de algunos actores de la comunidad afro frente al tipo de saberes que reciben los jóvenes en

su proceso de formación que son producto de una mentalidad eurocéntrica que ha

acompañado la construcción de la nación colombiana, conocimientos que en la mayoría de

los casos distan de sus propios saberes ancestrales. Además existe una tendencia a que los

profesionales afro pocas veces regresan a sus comunidades a devolver o poner en práctica

los conocimientos adquiridos, esto debido a que van experimentando un proceso de

aculturación o de blanqueamiento como ellos lo llaman, asimismo señalan que las

herramientas que reciben en el escenario educativo poco se relacionan con las necesidades

propias de sus comunidades.

9 D. Persona afro, ex contratista que estuvo vinculado por uno periodo de tiempo a la coordinación del programa afro en la Alcaldía.

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Se considera que otro avance, está relacionado con la implementación de la cátedra

afrocolombiana:

Para D: “Digamos que el municipio de Pereira es un municipio a nivel nacional pionero

en este aspecto en la implementación en la cátedra afrocolombiana, esta cátedra no es una

cátedra dirigida de afros para afros, es una cátedra que es trasversal, abierta al público que

cualquier persona la puede ver y no tiene un enfoque desde una perspectiva de afros para

afros, sino más bien de interculturalidad, donde se pretende tener un espacio académico y

de reflexión en torno a los temas culturales, a la identidad, a la historia y los antecedentes

étnicos”.

En este sentido los escenarios educativos son espacios privilegiados para promover otros

discursos y prácticas que vayan en contravía de las tradicionalmente basadas en la exclusión y

discriminación de la población afro, lectura desde la perspectiva psicosocial que procura

cambios de mentalidad en los que sea posible replantear formas de relación y de ejercicio del

poder que se han legitimado y aceptado históricamente desde la exclusión y la

discriminación. Por esta razón los logros en la implementación de la cátedra afrocolombiana

y de la etnoeducación, son valorados como espacios donde se pueden gestar procesos

psicosociales en la medida que permiten cuestionar las practicas naturalizadas y

tradicionalmente aceptadas como válidas, y procura cambios en las formas de relación

basadas en el respeto por la diferencia.

La percepción frente a la implementación también está relacionada con lo que las

personas entrevistadas señalan como obstáculos, que han impedido avanzar en esta tarea y

evidenciar un verdadero impacto, donde las acciones realizadas superen el afán de dar

cumplimiento a la ley y a la normatividad vigente y den lugar a verdaderos procesos de

etnodesarrollo, como se establece en el documento final de la Política. Por mencionar los

obstáculos más nombrados: la poca apropiación que tienen los funcionarios que son

responsables de liderar las acciones desde un enfoque diferencial, esto es relevante si se tiene

en cuenta que las Políticas Públicas son consideradas un camino a la trasformación social, y

para el caso de la PP afro se establece como objetivo general trasformar de las condiciones

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de vida de la población afro en el municipio, y son precisamente los profesionales los

encargados de acompañar este proceso y por tanto son responsables de implementar las

acciones encamadas a la consecución de este objetivo, sin embargo lo que revela la

información es que las acciones que se realizan en muchas ocasiones están desarticuladas y

distan mucho de generar un verdadero proceso de trasformación, más bien van encaminadas

a dar cumplimiento o a responder a requerimientos de índole nacional. Lo que se esperaría es

que desde una perspectiva psicosocial, que guíe el quehacer de los profesionales permitiera

desde la subjetividad de las comunidades generar procesos de empoderamiento y estimularel

surgimiento de las fuerzas sociales subjetivas para que esto ocurra, sin embargo es difícil en

la medida en que la dinámica de contratación y de asignación de responsabilidades al interior

de la Administración presenta esas particularidades.

Para D: “…no se trata de exigencias de preferencias o de un trato especial, se trata de que

las acciones en materia de PP como cualquier acción de PP de una administración

responda a las necesidades específicas, a la cosmovisión, al territorio a la idiosincrasia de la

comunidad”.

Al tener funcionarios que en gran medida carecen de la comprensión de aquellos

referentes teóricos que fueron inspiradores de la Política y que en su momento permitieron

soñar con unas mejores condiciones de vida económicas, sociales y políticas para la

población afro en el municipio de Pereira, la implementación se queda en acciones aisladas y

en la organización de eventos como la celebración en el mes de mayo en el marco del día de

la afrocolombianidad.

En palabras de D: “…especialmente el 21 de mayo que se conmemora el día de

afrocolombianidad, aunque se denomina el mes de la herencia africana, ahí tenemos

muchas manifestaciones culturales, en materia de danza, baile, canto, incluso se hace

tradicionalmente una misa africana, con un ritual que tiene de los elementos africanos”.

Otros obstáculos tienen que ver con la cantidad de trámites al interior de la

Administración, relacionados con la contratación de profesionales, la aprobación de

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presupuesto, y el ajuste del plan de acción de la Política a los Planes de Desarrollo, además

de que no existe una dependencia dentro de la Administración que movilice las acciones

propias de esta Política, (necesidad que ha sido planteada por parte de la comunidad) como

se mencionó anteriormente estas acciones dependen de los planes de acción y de las

competencias de las secretarias de despacho.

Por otro lado el poco avance en la implementación de la PP, se relaciona con el papel que

juegan las organizaciones sociales y la comunidad afro en general, pues se considera que al

no estar lo suficientemente articuladas, no responden a la naturaleza de las PP que

inicialmente logro llevarla a la agenda pública, en este sentido la Política que debe ser el

resultado de ejercicios ciudadanos y comunitarios, lo que está revelando es la poca fortaleza

de las organizaciones, y que no han correspondido a procesos de empoderamiento y

autonomía propios de modelos como el etnodesarrollo y que se procurarían desde una

perspectiva psicosocial.

Conclusiones y recomendaciones

Según lo planteado a lo largo de este estudio se puede afirmar que existe una Política Pública

para la población afrodescendiente del municipio de Pereira, lo cual se considera un avance

significativo en la búsqueda de la reivindicación y el reconocimiento de los derechos de esta

población. Sin embargo, este referente legal y jurídico dista mucho de lo que se puede

considerar como procesos de impacto que evidencien un cambio significativo en el

mejoramiento de las condiciones de vida, tanto para la persona como sujeto en relación a su

entorno con un contexto determinado, como para la población en general.

También, desde el documento existe un direccionamiento y una adhesión al

etnodesarrollo; desde su argumento teórico se identifican grandes necesidades con principios

sólidos que urgen una mano, desde el punto de vista ejecutivo, que dé cumplimiento, por lo

menos a tratar de articular o encaminar su ejecución, pues en la mayoría de los casos no

hacen parte de los planes de acción de las secretarías y poco están articuladas con relación a

la política, en cuanto que no hacen parte de las prioridades del gobierno local de turno.

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A este punto se pensaría que los conceptos, como fuente que nutre la parte legal, y la

misma estructura legal y jurídica, no corresponden con la realidad, es decir, existe una

disparidad entre lo que se piensa como país, entre lo que sueña como nación, entre lo que se

identifica como necesidades prioritarias en la sociedad colombiana y pereirana y lo que

realmente se materializa en las prácticas y distribución de los recursos e incluso en la misma

planeación, condicionada esta última por factores de interés personal, desconocimiento de la

historia, de la cultura y de la identidad de lo que significa y representa haber nacido en tierras

colombianas y la diversidad que presupone, corrupción, además que esta problemática se

identifica en el colectivo social, es decir no solo en los que llevan la bandera de la

administración representada en el poder político sino en toda la sociedad, lo que representa

una limitante si se piensan políticas desde el etnodesarrollo y desde una perspectiva

psicosocial que implican necesariamente procesos de movilización y posicionamiento de los

sujetos sociales, donde no sean simplemente producto de lo social sino generen nuevas

formas de subjetividad en la construcción del tejido social.

Así pues, se considera necesaria la evaluación de impacto, que vaya más allá del

seguimiento a las acciones realizadas, pues ésta debe ser transversal al proceso y a las

diferentes etapas de la PP, precisamente esa es una de las críticas que se le hace al modelo

secuencial que se considere la evaluación como un momento específico y no como un

proceso trasversal a las fases de la Política, lo que lleva a pensar que este ejercicio más bien

esta encaminado a los intereses del gobierno de turno.

Si bien las PP se han convertido en una forma de dar respuesta integral a los problemas

sociales contemporáneos, ellas en sí mismas tienen limitantes, que requieren ser superados

para que generen un verdadero impacto, pues se requiere de un tiempo para que estos

procesos puedan gestarse y generar trasformación, por esta razón urge un cambio de

paradigma que permitan tener una proyección no solo en función del cumplimiento de

metas o de indicadores dentro de un plan de acción, sino que trasciendan esta limitante y

procure generar procesos de empoderamiento, y no se conciba la trasformación como una

utopía sino que se reconozca procesos reales y posibles de cambio, teniendo en cuenta el

contexto y las condiciones sociales, económicas y políticas-administrativa del país en el que

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vivimos. Además, se espera que sean que las comunidades sean sujetos de trasformación y

esto no se logra solo con el planteamiento de actividades, programas, proyectos que hagan

parte de una PP.

Finalmente se reconoce el camino recorrido hasta el momento en términos legales que,

aunque se identifican algunos obstáculos en su implementación, obedece a un cambio de

mentalidad con una conciencia definida en lo concerniente a la igualdad y la justicia lo que

seguramente empieza a vislumbrarse es un impacto psicosocial de estas acciones, no

necesariamente porque las comunidades se hagan participes de lo que hace la Administración

como parte de la implementación de la PP, sino porque con algunas de estas acciones se

puede dar herramientas que permitan a la comunidad ampliar su marco de posibilidades y

comiencen a generar sus propias respuestas a estas acciones.

Lo que seguramente posibilite es que estas respuestas puedan ser leídas desde la

perspectiva psicosocial, en la medida en que sean el resultado de procesos autónomos de la

comunidad. Camino que se espera pueda ser explorado pues sin duda existen tipo de

experiencias, se espera que otras búsquedas puedan llegar a desentrañarlas y puedan ser

visualizadas, para enriquecer el camino de la intervención psicosocial.

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