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EL ACUERDO TRANSATLÁNTICO DE LIBRE COMERCIO:

EL ASCENSO AL PODER ILIMITADO DE LAS

MULTINACIONALES.

Traducción de una versión reducida del documento de S2B:

“A Brave New Transatlantic Partnership”.

Traducido por Verónica Gómez Calvo, ATTAC España.

Resumen introductorio.

El TTIP ha sido vendido a los ciudadanos europeos y norteamericanos como un vehículo

poderoso para mejorar el crecimiento económico, prediciendo un aumento de hasta el 1% del

PIB, así como la creación de cientos de miles de puestos de trabajo. Sin embargo, parece que la

fe en la liberalización comercial es tan exagerada como los beneficios que pudiera reportar. Lo

que emerge de todo esto, es que el TTIP es un proyecto político transatlántico promovido por

las élites políticas y corporativas sobre la promesa infundada de aumentar el comercio y el

número de empleos, la misma que retrotraerá las protecciones regulatorias sociales y

medioambientales, reducirá los derechos de los ciudadanos frente a las corporaciones y

consolidará el liderazgo de EEUU y la UE en el mundo.

Se exageran los beneficios y se ignoran los riesgos.

La Comisión Europea llevó a cabo su propio estudio sobre el impacto del TTIP y concluyó que el

crecimiento esperado en la región sería del 0.1%, y el ritmo del crecimiento en un periodo de

10 años, del 0.01% del PIB, lo que es absolutamente trivial si lo comparamos con los riesgos

socio-económicos y medioambientales que puede traer como resultado.

El incremento de la competencia entre EEUU y la UE por la liberalización comercial podría

desatar un proceso de reestructuración productiva que llevaría a la pérdida de puestos de

trabajo (capítulo 1). Esta competición añadida incrementaría el desequilibrio ya existente entre

la Europa del centro y la Europa periférica.

Por otro lado, la armonización de las regulaciones y normas a ambos lados del Atlántico sólo

puede llevar a una mayor liberalización si se hace por el mínimo común denominador, es decir,

implicaría una rebaja de los estándares europeos y americanos, ya que difieren prácticamente

en todo, y la única forma de profundizar en el libre comercio es debilitando las regulaciones.

Por ejemplo, la protección del consumidor en Europa quedaría muy debilitada, en áreas como

los alimentos modificados genéticamente, la carne tratada con hormonas y el pollo

desinfectado con cloro (capítulo 3). Como resultado, las políticas europeas de agricultura

sostenible podrían desaparecer totalmente, ya que la UE abriría su mercado a los productos

americanos, los cuales no están sujetos a normas estrictas sobre el bienestar de los animales, o

el uso de pesticidas agrícolas dañinos, a las cuales si están sujetos los productores europeos.

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Otras políticas medioambientales europeas, y de regulación financiera en EEUU, podrían verse

también afectadas. El TTIP podría amenazar la moratoria europea sobre la extracción de gas

de pizarra (gas de esquito) (capítulo 2), y podría debilitar también la regulación europea

llamada REACH, soslayando, de esta manera, los requisitos de pruebas para miles de químicos

tóxicos (capítulo 5).

Así mismo, la regulación financiera estadounidense podría estar en peligro, puesto que en la

actualidad es más estricta y ejerce más control que la europea, justo en un momento en el que

hasta el FMI y el BM han empezado a reconocer que el control del capital puede ayudar a

prevenir y prevenir la fuga especulativa y desestabilizadora de capitales. Mientras tanto, el

TTIP aboga por la liberalización de todos los servicios, incluyendo los financieros, lo que podría

reforzar y promover, más que prevenir, otra crisis financiera internacional (Capítulo 6).

Al TTIP también se le conoce como TAFTA, y se propuso en Febrero de 2013, cuando Obama y

los líderes de la UE se comprometieron a lanzar las negociaciones sobre el TTIP. La primera

ronda fue en Julio de 2013 y se tiene la intención de acabar con estas negociaciones a finales

de 2014.

Este acuerdo va más allá de simplemente eliminar los aranceles y abrir los mercados a los

inversores de cada mercado, las negociaciones se están centrando en eliminar las mismas

regulaciones que protegen a los consumidores, los trabajadores y el medioambiente, ya que se

interponen en el camino de los beneficios corporativos. Por ejemplo, “en el sector del

automóvil, no son los aranceles el mayor problema, sino las diferencias en los estándares de

seguridad y medioambiente. El objetivo de estas negociaciones es reducir retrasos y costos

innecesarios para las compañías” (Comisión Europea).

Con este objetivo, la UE y EEUU quieren “armonizar” sus estándares y normas, lo que equivale

a una reducción y degradación de las normas sociales y medioambientales a favor de los

intereses de los grandes negocios para que puedan mover libremente su capital, bienes y

trabajo. Así por ejemplo, EEUU está deseando ver reducir los estándares laborales y el

principio de precaución de Europa, y Europa los estándares para hacer tests, la seguridad de

los aparatos médicos y medicinas, así como su régimen de regulación financiera que es más

estricto. Las negociaciones pueden amenazar también la libertad en internet a través de los

derechos de propiedad intelectual de las corporaciones, y tendrá consecuencias importantes

sobre los agricultores, consumidores y pacientes.

Además, este acuerdo forma parte de una estrategia de la UE y EEUU para asegurar su

liderazgo en los asuntos mundiales en un momento en el que se ve amenazado por el

alzamiento de las economías emergentes (Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica).

Durante más de dos décadas, las corporaciones de Europa y América han estado intentando

conseguir un libre mercado a ambos lados del Atlántico, para ello, muchas asociaciones

industriales han presentado documentos conjuntos a favor de este acuerdo haciéndose oír con

una única voz. Entre estos sectores encontramos: el automóvil, el farmacéutico, la salud, los

químicos y el IT. La Comisión Europea ya ha tenido con los lobistas más de 100 reuniones,

mientras deja en la más absoluta oscuridad a la población civil sobre este acuerdo.

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Por otro lado, asociaciones de consumidores, activistas del medioambiente, comercio e

internet, así como sindicatos y agricultores, ya han empezado a luchar contra esta agenda

corporativa, a la vez que han subrayado la necesidad de que haya un debate público sobre este

acuerdo, y han puesto sobre la mesa el debate sobre la necesidad de reformar las normas del

comercio internacional.

CAPÍTULO 1

Divididos, desprotegidos, y sin derecho a huelga. Reformando los derechos laborales y la política social a favor de los

intereses de las transnacionales.

Nos venden el TTIP como un acuerdo que creará millones de empleos y un crecimiento del PIB

del 1%, mientras un estudio de la CE lo sitúa en 0.1% y la creación de puestos de trabajo está

por ver.

Según el estudio llevado a cabo por la Comisión Europea sobre el impacto del TTIP, reconoce

que el incremento comercial con los EEUU tendría un shock inicial en los sectores industriales

más afectados que les llevaría a una reestructuración. Estos sectores serían aquellos que se

verían en desventaja frente a la mayor competitividad americana como: los productores de

carne, fertilizantes, bioetanol y azúcar, por ejemplo. También habría un declive en los sectores

de equipos de transporte y el sector del metal, así como en los sectores primarios,

especialmente: la madera y productos de papel, los servicios a los negocios, la los sectores de

servicios personales y de comunicación. Este estudio asegura que habrá costes prolongados

asociados a los ajustes substanciales que serán necesarios.

Incluso si se incrementa la demanda de trabajadores en ciertos sectores, no es menos cierto

que habrá sectores que perderán trabajadores y la empleabilidad de éstos no será automática,

pues necesitarán nueva formación y destrezas. Para mitigar estos impactos negativos sería

necesario incorporar en el acuerdo una serie de medidas preventivas, pero éstas no se hallan

en Acuerdo TTIP, ni la Comisión Europea hace hincapié en que se adopten, parece que la CE da

por hecho que los gobiernos mismos tendrán suficientes recursos para mitigar estos impactos

negativos.

Para poner un ejemplo, el NAFTA (acuerdo de libre comercio entre EEUU, Méjico y Canadá)

incrementó el flujo comercial por tres pero la promesa de millones de puestos de trabajo – 20

millones – no se materializó. De acuerdo con el análisis del Instituto de Política Económica, el

número de trabajos creados en EEUU por la expansión de la exportación, en relación al

número de puestos de trabajo que se perdieron por el crecimiento de las importaciones

extranjeras debidas al NAFTA, se tradujo en la pérdida de casi un millón de puestos, y no en la

creación de 20 millones. Esto sin mencionar la presión hacia abajo que sufrieron los sueldos de

los trabajadores, lo que contribuyó a su estancamiento desde mediados de los 70.

Según el Centro de Investigación sobre Globalización, el NAFTA permitió a las corporaciones

americanas mover más fácilmente sus fondos de inversión a través de la frontera para

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establecer sus nuevas fábricas de producción en Méjico, debido a los sueldos más baratos de

este país, mientras se cerraban las fábricas en EEUU. Las corporaciones incrementaron

enormemente sus beneficios pero tuvo como resultado el deterioro de las condiciones

laborales a ambos lados de la frontera. Los trabajadores americanos sufrieron recortes

salariales o desempleo, mientras los trabajadores mejicanos perdieron sus puestos de trabajo

tradicionales para ser forzados a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud en las

fábricas de las corporaciones americanas situadas en Méjico.

De acuerdo con el presidente del Instituto de Política Económica de Washington, Jeff Faux,

sería inviable pretender una mayor liberalización comercial sin dar la misma prioridad al

desarrollo social y laboral que se da a la protección de los intereses de inversores y financieras.

Además, en Europa corremos el riesgo de que regiones enteras de la UE carguen con los costes

sociales de este acuerdo, dividiendo todavía más a los países ricos y más empobrecidos de

Europa, incrementando la brecha entre los países del centro y la periferia europea. Ya en su

momento, la adhesión a la UE y el Euro trajo consigo la desindustrialización de los países

mediterráneos.

Los intereses de exportación americanos se dirigen precisamente a través del TTIP a los

sectores principales donde la periferia europea tiene interés en defender, la apertura de este

mercado transatlántico llevaría a la exacerbar la división entre los miembros ricos y pobres de

la UE, precisamente en un momento en el que se debería proteger a los ciudadanos en lugar

de exponerlos a la competición extrajera.

Además, los derechos laborales podrían deteriorarse a través de la “armonización” de las

normas y regulaciones transatlántica, ya que los EEUU no han ratificado algunos de los

estándares y convenciones de la OIT, lo que incluye el derecho a la libertad de asociación y las

prácticas sindicales.

Ya en la UE, ha habido ataques recientes sobre los sueldos de los trabajadores en el contexto

de la euro-crisis, el TTIP serviría al propósito de reformar la legislación laboral europea para

sintonizarla con la de EEUU, lo cual incluiría una ley anti sindicalista, llamada erróneamente

“Derecho a trabajar”, que ha restringido sistemáticamente la libertad de asociación de los

trabajadores en EEUU.

De acuerdo con la Federación del Trabajo de EEUU y el Congreso de Organizaciones

Industriales, en EEUU se ha iniciado una carrera hacia abajo en relación a los sueldos y los

estándares de seguridad y salud, ya que los Estados compiten los unos contra los otros.

Cuando la CE dice que “deberíamos revisar la ley laboral europea para minimizar el riesgo de

reducir la inversión americana en Europa y que se desvíe a otras partes del mundo”,

podríamos estar contemplando el inicio de un panorama similar entre los países europeos que

deberán competir entre sí. Después de todo, las leyes laborales europeas se encuentran en la

lista de “medidas no arancelarias” identificadas como un obstáculo en el camino al libre flujo

comercial y de inversión.

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La reestructuración industrial provocaría la pérdida de millones de puestos de trabajo pero

además, y si se cambia la legislación laboral, los trabajadores europeos no tendrían el derecho

a auto-organizarse ante el crecimiento del desempleo y la austeridad en Europa.

CAPÍTULO 2

Comercializando la naturaleza por los beneficios

económicos. Destrucción medioambiental con la excusa de crear una riqueza incierta.

La propia evaluación de la Comisión Europea sobre el TTIP concluyó que este acuerdo, al tener

como objetivo prioritario el incremento del comercio transatlántico, tendría como resultado

inevitable impactos negativos en el medioambiente. El TTIP aumentaría la polución y el

agotamiento de los recursos naturales al incrementar, la producción, el comercio y el

consumo. Además, para conseguir este aumento del comercio, el TTIP necesitaría también

eliminar algunas normas y regulaciones en nombre de la pretendida “armonización” y

“reconocimiento mutuo” entre los estándares de EEUU y la UE. Esto debilitaría ampliamente

“el Principio de Precaución” europeo, piedra angular de la política europea medioambiental,

teniendo serias consecuencias sobre la salud y la seguridad de las personas y el

medioambiente.

La cumbre European Business que se reunió en 2013, y cuenta con algunas de las más grandes

corporaciones europeas, echa la culpa a la regulación medioambiental de colocar a las

compañías europeas en desventaja con sus homólogas americanas y chinas, y por ello, están

haciendo lobby a los reguladores de EEUU y la UE con la intención de que reduzcan el

diferencial entre EEUU y UE.

Si esto se consiguiera, muchas de las regulaciones europeas dejarían de ser operativas. Por

ejemplo, la Directiva Europea de Energías Renovables tiene muchas fisuras legales, pero al

menos en principio, requiere que la materia prima utilizada para conseguir energía cumpla con

ciertos objetivos de reducción de emisiones de gas invernadero y otros criterios de

sostenibilidad básica.

El Etanol americano se obtiene de maíz y soja modificada genéticamente, así que no cumple

con semejantes requisitos y está excluida de los incentivos relacionados con impuestos de los

que se benefician otros combustibles. El etanol americano es menos competitivo en el

mercado europeo y por eso, las grandes compañías de la industria agraria están tratando de

asegurarse de que estos obstáculos regulatorios desaparecen de escena.

Sin embargo, si así fuera, los esfuerzos por evitar impactos dañinos sociales y

medioambientales, provenientes de la controvertida producción de biocombustibles, serían

baldíos.

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Fracking – La fractura hidráulica

El “fracking” ha sido tema de portada en las noticias debido a los impactos negativos de esta

técnica sobre la salud y el medio ambiente, los cuales incluyen gas metano que escapa al

medio ambiente (con la posibilidad de crear serias explosiones) y agua de los pozos de donde

se extrae gas, que retorna a la superficie conteniendo elementos radiactivos y grandes

concentraciones de sal (la cual, si se desecha incorrectamente, puede ayudar a provocar

pequeños terremotos). Debido a que en EEUU la regulación medioambiental es más débil que

en la UE, el “fracking” en EEUU está a la orden del día, con más de 11.400 pozos que se abren

cada año para extraer gas natural.

Las compañías de energía americanas tienen los ojos puestos en las reservas de gas europeas,

especialmente las de Polonia, Dinamarca y Francia, y utilizaría el TTIP para romper con las

prohibiciones y moratorias que protegen a los europeos de dicha práctica. Además, el precio

de gas natural americano es mucho más barato que el europeo (3$ frente a los 11-13€ por

unidad). Si las compañías americanas consiguieran exportarlo a la UE a través de un acuerdo

de libre comercio, aumentaría exponencialmente la práctica de la fractura hidráulica en los

EEUU.

Sin alternativas frente a la globalización

Otra de las demandas típicas en los acuerdos de libre comercio, suele ser asegurar que la

contratación pública está abierta a la competición extranjera, especialmente ahora, que hay

muchas medidas estatales para favorecer la contratación pública de compañías nacionales

frente a las extranjeras, como medida para apoyar la economía local y recuperarse de la crisis

financiera.

Un ejemplo de lo que esto podría significar lo encontramos en el caso de Japón. Este país llevó

a la provincia canadiense de Ontario ante la Organización Mundial del Comercio en 2010 por

haber introducido una Ley de Energía Verde que tenía como objetivo expandir la producción

de energía verde renovable, y crear miles de puestos de trabajo a nivel local. Bajo esta ley,

todas las compañías, sean nacionales o extranjeras, deben garantizar que al menos el 60% del

valor de las partes y servicios contratados deben tener su fuente original en Ontario, de modo

que se estimule y apoye la economía local. Esta ley creó más de 31.000 puestos de trabajo y

billones de dólares en inversión. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio dictaminó

que esta ley era ilegal porque la condición de “comprar localmente” violaba las leyes de

comercio internacional.

Si el TTIP incluyera un capítulo sobre la contratación pública, como así intenta. Cualquier

autoridad pública que quisiera explorar modelos económicos alternativos al internacional de

libre comercio correría el riesgo de enfrentarse al mismo tipo de situación con costes legales,

no importa si las medidas son beneficiosas y necesarias para las comunidades locales y el

medioambiente.

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CAPÍTULO 3

El último encierro Agricultores y consumidores a merced de la agricultura industrial.

La llamada “armonización de las normas y estándares” de la UE y EEUU pretende eliminar no

sólo los aranceles, sino cualquier tipo de barrera que obstaculice el comercio transatlántico.

Esto nos llevaría a tener que aceptar en la UE los alimentos modificados genéticamente, la

carne de ternera y el cerdo tratados hormonalmente y el pollo desinfectado con cloro, que se

usa para eliminar los microbios en la producción de carne de pollo, ya que el TTIP limitaría el

“Principio de Precaución” europeo en el cual se basa la regulación alimentaria y los derechos

de los consumidores europeos.

Además, la reducción o eliminación de los aranceles llevaría a los agricultores europeos a una

mayor competición internacional frente a las compañías agrícolas americanas. Si se llevase a

cabo y de forma paralela, la eliminación de los aranceles y las barreras no arancelarias,

seríamos además testigos de una mayor concentración de poder económico en manos de las

corporaciones del negocio agrícola a costa de los agricultores y consumidores.

En EEUU, la granja media es 13 veces más grande que sus homólogas europeas, y como la

concentración del negocio en grandes corporaciones ha sido progresiva, en la actualidad sólo

hay 2 millones de granjas americanas frente a los 13 millones de granjas europeas. Además de

ser más pequeñas, las granjas europeas deben atenerse a unas regulaciones y normas más

estrictas. Si el TTIP se llevara a cabo según está planeado, dañaría peligrosamente los intentos

de reformar la política agraria europea sobre un asentamiento sostenible, social, económica y

medioambientalmente, pondría también el punto final a los pequeños circuitos que se han

creado entre productores y consumidores, así como con el apoyo necesario para los sistemas

de alimentación local y regional. En su lugar, la competición con los agricultores americanos

nos llevaría a la aceleración de la concentración de la producción agrícola en unas pocas

corporaciones, a la reducción de trabajadores del sector agrícola y consecuentemente, a un

mayor porcentaje de desempleo, según reconoció el propio estudio de evaluación de la

Comisión Europea.

La UE requiere que los productos que se derivan de la biotecnología sean etiquetados, lo que

impide la entrada de muchos productos americanos. La Organización de la Industria de la

Biotecnología de hecho, está instando para que se normalicen dichos productos, mientras la

Comisión Europea (CE) ha asegurado a los consumidores que la ley sobre alimentos

modificados genéticamente no se puede negociar. Sin embargo, si la CE va cediendo a la

presión de las compañías sobre la Autoridad de Seguridad Alimentaria europea, podríamos ver

como se debilitan estas regulaciones para equipararse a las americanas, donde los productos

modificados genéticamente no necesitan ser supervisados, no necesitan realizar test de

seguridad o ser etiquetados, ya que se asume que estos productos son iguales que la comida

no modificada genéticamente.

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De hecho, los consumidores europeos están muy sensibilizados respecto a este tema y se

oponen a este tipo de alimentos, lo que podría ser soslayado de aprobarse el TTIP, ya que este

acuerdo escapa a una discusión pública abierta.

Si se legitimara la industria de los alimentos modificados genéticamente, no sólo entrarían

rápidamente en el mercado europeo, sino que gracias al “reconocimiento mutuo” de

estándares y normas de la UE y EEUU, estos productos importados no tendrían necesidad de

etiquetarse, lo que debilitaría los derechos de los consumidores y el “Principio de Precaución”

europeo.

De momento, las grandes corporaciones biotecnológicas como Monsanto, DuPont y Dow

Chemical, productores de alimentos y químicos modificados genéticamente, han lanzado una

campaña masiva en EEUU para contrarrestar el sentimiento público cada vez más fuerte contra

estos productos. Sólo en California, la industria biotecnológica se gastó en 2012, 40 millones

de dólares para derrotar una medida que proponía eliminar el etiquetaje de estos productos,

hay iniciativas similares en más de 20 estados en la actualidad. El TTIP ofrecería una

herramienta útil para frenar y acabar con estas iniciativas llevadas a cabo por los

consumidores.

Carne tratada con hormonas y cloro.

En los años 80 y 90, la UE introdujo una serie de prohibiciones sobre algunos alimentos

americanos como consecuencia de nuestras más estrictas normas de salud en la producción

alimentaria y porque estos productos entrañaban algunos riesgos para la salud de los

europeos.

En EEUU los agricultores crían a los terneros y proporcionan a las vacas un tratamiento

hormonal para incrementar su productividad, como es el caso de la Somatrotropina Bovina

Recombinante, la cual se sospecha que produce cáncer en humanos. A su vez, también se trata

a los cerdos con “Clorhidrato de Ractopamina”, lo que refuerza su crecimiento. Sin embargo,

esta droga con la que se alimenta a los cerdos justo hasta el momento en que se les sacrifica,

ha sido encontrada en la carne de cerdo vendida al consumidor, lo que llevó a su prohibición

por la UE. De todos modos, los productores de cerdo americanos sostienen que no aceptarán

ninguna otra propuesta que no sea la eliminación de esta prohibición en el uso de la

ractopamina en el proceso de producción, la cual creen que es una violación de las leyes del

comercio internacional.

También el pollo americano fue prohibido en Europa debido a que su carne se lava con cloro,

siendo además inefectivo para matar las bacterias peligrosas como la salmonella, el cloro

todavía se encuentra en la carne de pollo servida al consumidor.

Dado que el objetivo del TTIP es llegar a la armonización de las normas y estándares a ambos

lados del Atlántico, hay serias duda y preocupación por la eliminación de las prohibiciones

europeas sin consideración por las preocupaciones y deseos de los ciudadanos europeos. Si se

llegara a llevar a cabo, el impacto del TTIP afectaría al sector alimentario a todos los niveles,

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desde la producción al consumo, con las transnacionales teniendo pleno control en cada

peldaño del proceso.

CAPÍTULO 4

Forzando el “ACTA” por la puerta de atrás y los derechos

civiles por la ventana. Los derechos de propiedad de los gigantes de internet por encima de los

derechos de los ciudadanos

Los gigantes industriales de Hollywood y Silicón Valley, entre otros, ya han dejado claro que

esperan de los EEUU y la UE que pongan el tema de los derechos de propiedad intelectual

(DPI) en el centro del TTIP. Argumentan que un mayor reforzamiento de los DPI protegería a

las compañías de la “piratería” y estimularía la innovación, el progreso, y traería como

resultado, crecimiento económico y bienestar. Sin embargo, hay razones para creer que dar

más poder todavía a las corporaciones podría resucitar el espíritu del ACTA (Acuerdo

Comercial de Anti-Falsificación) que se intentó aprobar sin éxito durante años y se dejó de lado

definitivamente en 2012.

Los resultados podrían ser, precisamente, la restricción al acceso del conocimiento, el

debilitamiento de la innovación, ahogaría los mercados e incentivaría un comportamiento

poco emprendedor. También daría a las corporaciones un mayor acceso sobre la información

ciudadana (a expensas del derecho civil a la privacidad), con un impacto negativo importante

sobre la libertad de expresión (ya que el control de los datos que fluyen en internet serían

controlados y debilitaría la libertad digital).

Cuando en el año 2006 los EEUU empezaron a negociar este acuerdo con otros países,

incluidos los de la UE, se pretendía reforzar los derechos de las corporaciones a expensas de

infringir el derecho a la privacidad de los ciudadanos, hasta el punto de que los proveedores de

servicios de internet se hubieran convertido en una fuerza de vigilancia policial al servicio de

las grandes empresas. Tras las protestas y manifestaciones masivas en diversas capitales de

Europa, el Parlamento Europeo rechazó el ACTA y toda esperanza de tener éxito se abandonó

para el 2012. Sin embargo, hay párrafos centrales de este documento (ACTA) que han vuelto a

la vida en la versión preliminar de un acuerdo que se está negociando entre EEUU y Canadá,

llamado Acuerdo General Económico y Comercial (CETA en inglés, Comprehensive Economic

and Trade Agreement), y hay razones para creer que servirá como anteproyecto para el TTIP,

cuando este tema vuelva a las negociaciones.

Del documento filtrado del TTIP de la Comisión Europea se deja entrever que el tema sobre los

DPI volverá a ser incluido en las negociaciones con EEUU y, si sigue el mismo camino que el

CETA, podríamos tener de vuelta una versión resucitada del ACTA que podría re-entrar en la

legislación europea por la puerta de atrás.

Mientras en EEUU las compañías pueden usar la información personal de los clientes casi sin

restricciones, en la UE los ciudadanos están protegidos por un mínimo de derechos digitales

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que evitan irrumpir en la privacidad. Esto significa que para las compañías americanas es

mucho más difícil obtener la información personal de los usuarios de internet. Por ello, las

grande compañías de internet como Facebook, Microsoft y Google, están presionando

activamente para reforzar los DPI con la esperanza de llegar, a través de este capítulo, a la

protección de información europea que debilitaría nuestros derechos digitales.

BusinessEurope y la Cámara de Comercio de EEUU, dos de las asociaciones industriales más

grandes a ambos lados del Atlántico exigen lo siguiente:

“... debería ser posible incorporar la perspectiva más liberal sobre el comercio electrónico... y

se debe evitar a toda costa... adoptar una estrategia innecesariamente estricta y desviadora

hacia la privacidad, la retención de información, la protección y la localización”.

De hecho, Europa ha suavizado su más reciente propuesta legislativa sobre protección de

datos debido a la presión de EEUU, si se añadiera un capítulo similar al ACTA en el TTIP, los

europeos verían como su información personal se comparte libremente con compañías

americanas a expensas de su derecho a la privacidad. La compañía Business Software Alliance

(BSA), la asociación industrial principal que hace lobby en el mejor interés de las compañías de

software, ya ha dejado claro que está esperando con ilusión a que “los datos crucen las

fronteras” como resultado del TTIP.

Además, la introducción de un capítulo sobre los DPI nos podría llevar todavía a una mayor

vigilancia de las actividades de los usuarios de internet en nombre de las entidades del sector

privado.

Uno de los aspectos más controvertidos del ACTA, fue su requisito de que los Proveedores de

Servicios de Internet monitorearan online el contenido de sus clientes con la finalidad de

identificar “infractores”, “supuestos infractores” y “(cualquiera) involucrado en algún aspecto

de (cualquier) supuesta infracción”, así como “de terceras personas supuestamente

involucradas”, lo que incluiría a “(cualquier) subscriptor (de cualquier servicio de comunicación

electrónica) cuya cuenta fuera supuestamente usada para infringir”. Es decir, bajo esta

cláusula tan amplia, cualquier usuario podría, de facto, ser un criminal potencial con sólo

apretar un botón del ratón.

También, muchas obras de autores cuyos derechos de autor son difíciles de identificar o

encontrar, podría desembocar en la multa o encarcelamiento de los usuarios. En la actualidad,

tanto abogados como aquellos que tienen en su poder los derechos de autor en Europa están

usando fuertes tácticas para explotar a los usuarios inocentes, a los cuales piden sumas

importantes de dinero bajo la amenaza de iniciar procedimientos legales.

Por esta razón, docenas de grupos de la sociedad civil de EEUU y de Europa ya están

preparándose en contra de cualquier forma de inclusión de un capítulo sobre los derechos de

propiedad intelectual en las negociaciones del TTIP. Especialmente en Europa, sería difícil

reconciliar esta perspectiva sobre los DPI y la imagen de la UE como la antorcha de los

derechos humanos de la que tanto le gusta hacer gala.

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CAPÍTULO 5

La salud: el becerro de oro para los inversores

internacionales. Envenenando a los ciudadanos y denegando el acceso asequible a

servicios de salud y medicinas.

Como ya sabemos todos, la crisis financiera y las políticas de austeridad en Europa han puesto

en riesgo el derecho a una sanidad pública asequible y de calidad. Contamos ya con algunos

ejemplos, como los enfermos de cáncer en Grecia que no pueden acceder a las medicinas

necesarias para vivir tras los recortes llevados a cabo y exigidos por los prestadores, mientras

en España, se están cuestionando los tratamientos para el SIDA de los inmigrantes.

Podemos suponer que el TTIP sólo contribuirá a empeorar esta situación, puesto que la

armonización de las normas y estándares a ambos lados del Atlántico se hará a la baja,

degradando las más exigentes, ya que esta es la única manera de profundizar la liberalización

comercial y de inversión. A la vez que la competición transatlántica entre corporaciones y el

reforzamiento de las leyes sobre patentes incrementarán los precios de las medicinas y los

servicios de salud, haciéndolos menos asequibles al público.

La pretendida “armonización” de los estándares y regulaciones a ambos lados del Atlántico,

podría poner en peligro la seguridad pública e incrementar la contaminación medioambiental.

En la Unión Europea existe un Principio de Precaución que exige hacer pruebas científicas de

los productos antes de ser comercializados, y una ley (REACH) que permite a la Agencia

Europea de Químicos poner restricciones sobre cómo se producen los productos químicos,

cómo son vendidos y usados para proteger la salud pública y el medio ambiente. En EEUU, las

normas sobre los productos químicos son más débiles y ofrecen poco margen de maniobra a la

Agencia de Protección Medioambiental. Así nos encontramos con que unos 30.000 productos

químicos que están asociados con el incremento de cáncer mamario y testicular, infertilidad

masculina, diabetes y obesidad, todavía se comercializan en EEUU. Este acuerdo podría

degradar la regulación europea y abrir el camino al flujo de químicos potencialmente

peligrosos y sin testar de EEUU a la UE.

Otro aspecto controvertido es la intención de abrir la contratación pública de servicios de

salud a la competición extranjera. La norma sería abrir el acceso de las corporaciones a todo el

mercado y garantizar que se ofrece a las corporaciones extranjeras el mismo trato que a las

compañías nacionales. Esto podría constreñir la capacidad de los estados para controlar el

número y el tamaño de los proveedores privados extranjeros que entran en el mercado

europeo y que dirigen los sistemas de salud europeos.

Como además, son las grandes compañías y corporaciones la que buscarán la expansión de sus

actividades a través de las fronteras, es de suponer que las ONGs locales, las empresas sociales

o las nacionales quedarán relegadas por los grandes competidores extranjeros. En un

momento además, en el cual sería necesario promover el desarrollo local y el empleo a través

de la contratación de empresas nacionales como medida para hacer frente a la crisis, ésta

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parece más que una medida totalmente contraproducente. Además, como consecuencia de

todo esto, nos podríamos encontrar con que los contribuyentes estamos financiando la

adquisición de nuestros sistemas de salud por las corporaciones.

El acuerdo TTIP no sólo ofrecería la venta de nuestros servicios públicos a inversores

transatlánticos, también quiere reforzar los Derechos de Propiedad Intelectual, al alargar la

duración de las patentes se podría provocar una disminución del derecho de los pacientes a

adquirir medicinas a un precio razonable. Impediría que entraran medicinas genéricas en los

mercaos y reduciría la competición para producir medicinas más baratas y efectivas. En un

momento en el que las demandas fiscales sobre los servicios públicos europeos se están

incrementando, los genéricos son de gran beneficio a la sociedad, ya que aseguran que los

pacientes pueden acceder a medicinas de calidad a la vez que se reducen los costes. Así que

permitir la competición entre las farmacéuticas y que las patentes expiren es crucial para

mantener los gastos farmacéuticos bajos. Por ejemplo, en el 2000 el tratamiento anti-

retroviral del VIH costaba 15.000 dólares por persona, en la actualidad el coste ha caído a 150

$ por persona, lo que es una reducción del 99% en coste.

Por otro lado, las grandes farmacéuticas usan las normas establecidas en este tipo de acuerdos

para amenazar el sistema de patentes de los gobiernos. Por ejemplo, en 2012, Eli Lilly, una de

las compañías farmacéuticas más grandes de EEUU, inició una demanda legal contra Canadá

amparándose en las provisiones del NAFTA (Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio que

incluye a los países de EEUU, Canadá y Méjico). Este acuerdo garantiza una serie de privilegios

a las firmas privadas cuando ven sus “futuros beneficios” amenazados, pudiendo llevar a los

gobiernos a tribunales internacionales para defender sus intereses y que no mermen los

beneficios esperados.

Eli Lilly ha sido el primer intento de una corporación farmacéutica para usar los extraordinarios

privilegios que les otorgan este tipo de acuerdos internacionales como herramienta para

asegurarse una mayor protección del monopolio de patentes, que en esta ocasión ha

desembocado en una demanda por compensación de 100 millones de dólares a la vez que

pone en riesgo a todo el sistema legal de patentes de Canadá, e incrementará el coste de los

productos farmacéuticos de los consumidores y gobiernos.

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CAPÍTULO 6

El alzamiento de los “Superbancos”. Los mercados e inversores financieros se resisten a aprender las lecciones

del pasado.

“Hay crecientes rumores sobre los esfuerzos de las grandes corporaciones financieras para, de

manera inadvertida, y a través de acuerdos comerciales, hacer aquello que no podrían hacer de

forma abierta, bajos los focos y con el público mirando”.

Senadora de EEUU, Elizabeth Warren.

Miembro del Comité del Sector Bancario del Senado de EEUU.

A través del TTIP, la UE está proponiendo liberalizar y desregular todos los sectores de

servicios, incluidos los servicios financieros, a pesar de que la desregulación y la competición

del sector financiero fue precisamente la raíz originaria de la crisis financiera actual que

todavía afecta a las economías de EEUU y la UE.

Con el apoyo de la UE y el Reino Unido, el sector de los servicios financieros está pidiendo una

mayor libertad de mercado y que se eliminen todas aquellas regulaciones que pueden

interponerse en el camino a los potenciales beneficios – tales como las restricciones sobre el

total del valor de las transacciones financieras o la forma legal de sus operaciones – las cuales

protegen a los ciudadanos de futuros y costosos recates económicos.

En Julio de 2013, Obama se opuso a incluir un marco para la armonización regulatoria de los

servicios financieros en las charlas transatlánticas, para furia de Wall Street, los bancos

europeos y la propia Comisión Europea. Sin embargo, si se cumpliera tan deseada

convergencia, el TTIP podría convertirse en el instrumento legal de los grandes bancos para

evitar o debilitar las regulaciones nacionales. El TTIP iba a incluir, además, un capítulo para

garantizar a los bancos el derecho legal a demandar a gobiernos, de esta forma los bancos

extranjeros podrían eliminar o debilitar las regulaciones y normas legales y pedir

compensaciones millonarias, gracias a los contribuyentes, por sus pérdidas potenciales.

La manera de prevenir la intervención de reguladores.

Para asegurarse de que no se practican regulaciones financieras, la industria de este sector

está demandando una “disciplina regulatoria”. Veamos en qué consiste. Primero, ésta se

introduciría a través de normas específicas que limitarían la cantidad, alcance y vigencia en el

tiempo de las regulaciones ( y de los mismos procesos regulatorios) de manera que el sector

permita y favorezca el flujo de operaciones financieras a través del Atlántico. Estas normas

específicas, por ejemplo, dañarían seriamente los esfuerzos que se han hecho para reducir y

regular “los bancos demasiado grandes para caer”. Segundo, la industria financiera está

demandando que las negociaciones incluyan una cláusula llamada “transparencia regulatoria”,

la cual aseguraría que cualquier borrador de regulación pudiera llegar a las partes interesadas

para que las pudieran comentar, lo cual transformaría la cláusula de transparencia,

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automáticamente, en un derecho legal de la industria de este sector para hacer lobby.

Tercero, el lobby de servicios europeo y americano, el European Services Forum (ESF) y la

Coalición de Servicios de la Industria de EEUU (CSI), están exigiendo que el TTIP acoja una “lista

negativa”, esto es, una lista donde de escriban qué sectores ( y qué servicios y productos de los

mismos) no se incluirían en la privatización, es decir, automáticamente inscribiendo TODOS los

servicios y TODOS los productos no listados en la privatización, incluyendo así mismo todos los

que se puedan desarrollar en el futuro.

Si además tenemos en cuenta lo persistente que es esta crisis financiera, y cómo se originó a

través de productos financieros muy complejos, una lista negativa como estrategia hacia la

liberalización podría ser una catástrofe, si tales productos no fueran automáticamente

prohibidos o sujetos a estrictas regulaciones como resultado de su inclusión directa en el TTIP.

Por otro lado, si hubiera una armonización y reconocimiento de todos los acuerdos entre dos

partes sobre servicios financieros, como así están demandando los bancos, éstos podrían

asentarse allí donde el marco legal les fuera más conveniente, y como consecuencia, cualquier

nueva propuesta regulatoria tanto en los EEUU como en la UE sobre los servicios financieros

sería inefectiva, pues los bancos podrían elegir dónde operar de acuerdo con la legislación más

débil que beneficie a sus intereses.

A su vez, la Reserva Federal ha pedido más garantías que aseguren la estabilidad de los bancos

americanos y otras firmas que operan en el extranjero y que están involucradas en el comercio

muy arriesgado de derivados que cuestan trillones de dólares. Sin embargo, estas propuestas

se han encontrado con la firme oposición del sector bancario, apoyado por las autoridades

europeas que quieren proteger los intereses comerciales de los grandes bancos, y el poderoso

lobby de la industria financiera.

Aunque a través del TTIP filtrado, la Comisión Europea afirma que desea cooperar con EEUU

para establecer una “regulación prudencial”, de la cual, la propuesta de la Reserva Federal es

un ejemplo, en realidad, tanto la UE como sus estados miembros (especialmente Reino Unido

y Alemania), se han opuesto a todas las medidas propuestas.

El TTIP además, quiere incluir un capítulo para que se liberalicen todos los pagos por cuenta

corriente y todas las transferencias de grandes inversiones sin casi excepciones. Esto significa

que sería muy difícil restringir el flujo masivo de capitales, y que todos los controles sobre los

pagos transatlánticos, tanto de bienes como de servicios, royalties y dividendos, e

importantes sumas de dinero relacionadas con los servicios financieros, serían eliminados.

Ahora que incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han empezado a

reconocer la necesidad de controlar el capital para evitar y parar el flujo de capital

especulativo y desestabilizador, hay un riesgo real de que, a través del TTIP, los grandes bancos

pongan freno a la regulación que restringiría el flujo de capital.

Como vemos, se teme que la industria de servicios financieros intentará usar el TTIP para

conseguir concesiones regulatorias a las que ningún regulador financiero hubiera accedido. Si

todas las propuestas de los lobbies y este sector se incluyeran, los reguladores no tendrían casi

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espacio para intervenir en los mercados financieros, su papel se vería perjudicado seriamente

en el futuro, y las poblaciones estarían sujetas y expuestas a futuras crisis financieras y nuevos

rescates.

CAPÍTULO 7

Los grandes negocios demandan al gobierno y los

contribuyentes pagan la cuenta. Garantizando a las corporaciones más derechos que a las mismas

personas.

El Acuerdo de Libre Comercio Transatlántico pretende restringir todavía más la intervención

regulatoria estatal, e incluye así mismo en el capítulo sobre inversión internacional que se

quiere incorporar en dicho acuerdo, una cláusula de resolución de conflictos entre inversores y

gobierno que permita llevar a éstos ante tribunales internacionales en caso de que sus

políticas dañen los intereses corporativos.

Ya hay ejemplos de ello bajo el acuerdo de libre comercio norteamericano llamado NAFTA, y

otros acuerdos comerciales bilaterales, en los cuales leyes democráticas diseñadas para

proteger a los consumidores y el medio ambiente han sido amenazadas por las demandas

millonarias por compensación de compañías privadas. A veces, incluso la misma amenaza de

iniciar una demanda ha sido suficiente para que los gobiernes abandonaran o suavizaran

ciertas leyes que interfieren con los intereses de las corporaciones. En otros casos, se han

constituido tribunales ad hoc con paneles de sólo tres miembros que han garantizado billones

de euros a compañías privadas procedentes directamente de los bolsillos de los

contribuyentes.

Como consecuencia, las compañías estadounidenses podrían soslayar los tribunales europeos

y demandar a los gobiernos de la UE en tribunales fuera de nuestro territorio, cada vez que

sientan que las leyes en las áreas de la salud pública, de medioambiente y protección social,

interfieren con sus beneficios. Incluso, puede que los mismos gobiernos se sientan

amenazados por intentar llevar a cabo una serie de políticas progresistas a favor de los

ciudadanos y el medioambiente, restringiendo su poder de maniobra y la democracia misma.

El caso más reciente de este tipo de mecanismo para la solución de disputas entre inversor y

gobierno ocurrió con la compañía de tabaco norteamericana Philip Morris. Ésta demandó a los

gobiernos de Uruguay y Austria por sus leyes anti-tabaco. La compañía se quejaba de que los

avisos publicitarios en las cajetillas de tabaco entorpecían la visibilidad de su marca y les

causaba una pérdida substancial de mercado.

En otro ejemplo del año 2012, la multinacional de energía sueca Vattenfall llevó a juicio al

gobierno alemán y pidió 3.7 billones de euros en compensación por la pérdida de beneficios

relacionada con sus dos plantas de energía nuclear, ya que el gobierno quería desmantelarlas

en fases tras el accidente nuclear ocurrido en Fukushima.

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Bajo el NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, EEUU y Méjico) la compañía Lone

Pine Resources Inc. está demandando 191 millones de euros en compensación al gobierno de

Canadá, ya que la provincia de Quebec había puesto una moratoria sobre el “fracking” por los

riesgos medioambientales que conlleva esta nueva tecnología de extracción de gas y petróleo.

En otro caso, Argentina congeló los rangos de interés de los servicios públicos de energía y

agua y devaluó su moneda como respuesta a la crisis que vivió en 2001-2002. A esta acción le

siguieron más de 40 demandas legales de grandes compañías, en las que se incluyen CMS

Energy de EEUU, Suez y Vivendi (Francia), Anglian Water (Reino Unido), y Aguas de Barcelona

(España). Para finales de 2008, Argentina tenía que pagar más de un billón de dólares en

demandas.

“Las Naciones Unidas y el FMI avisaron de que estos acuerdos de inversión pueden

dañar severamente la capacidad de los países para luchar contra la crisis financiera y

económica”.

En particular, EEUU y la UE han desatado un boom sin precedentes de demandas legales de

estados durante las dos últimas décadas. En 2012 se iniciaron 514 demandas de las cuales el

24% procedían de compañías estadounidenses, después les siguen las de Países Bajos, Reino

Unido y Alemania. Estas demandas se han usado para amenazar en campos tan diversos como

la energía verde y las políticas farmacéuticas, la legislación anti-tabaco, las prohibiciones de

agentes químicos peligrosos, restricciones medioambientales sobre la minería, las políticas de

seguros médicos y medidas para mejorar la situación económica de las minorías.

Además, la inclusión de esta cláusula representa para las corporaciones la esperanza de que se

implante un modelo para la protección de la inversión en otros acuerdos alrededor del mundo.

El gobierno de los EEUU y la Comisión Europea parecen determinados a conseguir su inclusión

en el Acuerdo de Libre Comercio Transatlántico, habiendo propuesto ya la Comisión Europea

una serie de detalladas sugerencias para crear este mecanismo de resolución de conflictos

entre Inversor y Estado. Sin embargo, los ciudadanos y la sociedad civil se han opuesto a los

excesivos derechos de las corporaciones. Según el Diálogo Transatlántico de Consumidores,

“no se deberían de incluir semejante mecanismo de resolución. Los inversores no deberían ser

apoyados para que demanden a los gobiernos de manera que se refuerce este acuerdo

internacional en tribunales foráneos, privados y secretos, para evitar el sistema legal

doméstico y las robustas medidas de protección de derechos de propiedad en los EEUU y la

UE”. Así mismo, la Federación de sindicatos de trabajadores de EEUU ha afirmado que “dado el

avanzado sistema judicial de EEUU y la UE” este mecanismo supone un riesgo innecesario para

las políticas domésticas a nivel local, regional y nacional. Activistas del medioambiente y de los

derechos civiles también se han opuesto a este asalto a la democracia, y la Conferencia

Nacional de legisladores de los EEUU ha anunciado que “no apoyará una acuerdo de comercio

internacional que incluya la resolución de disputa entre inversor y estado” porque interfiere

con “su capacidad y responsabilidad como legisladores de los estados para decretar y reforzar

normas justas y no discriminatorias que protejan la salud pública, la seguridad y el bienestar

social, y aseguren la salud y la seguridad del trabajador y la protección del medio ambiente”.

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También algunos estados miembros de la UE se cuestionan la necesidad de incluir esta cláusula

de protección de la inversión, y otros están preocupados por la intervención del sector

financiero estadounidense que podría amenazar las políticas que pretenden atajar la crisis

económica.

CAPÍTULO 8

Erase una vez en Occidente... Reflexiones finales sobre el proyecto de la élite transnacional.

La evidencia que muestra este informe sugiere que el TTIP puede ser entendido, no

sólo como un proyecto económico, sino como un proyecto político y de clase de una

élite transatlántica cuyo objetivo está en revertir los logros conseguidos en materia

social en occidente y preservar el liderazgo internacional de Europa y EEEUU. La

consecuencia de este proyecto podría ser una vuelta a un lejano oeste sin ley, en el

cual las grandes corporaciones y bancos lleven la voz cantante poniendo sus intereses

por delante de las necesidades e intereses de los ciudadanos, dentro, y más allá del

Atlántico.

El Oeste contra el resto.

Dado que la UA y EEUU dan cuenta de la mitad del PIB mundial y un tercio de todos los

intercambios comerciales globales, es fácil suponer que la creación de la mayor zona

de libre comercio hasta la fecha nunca vista tendría un impacto considerable en el

resto del mundo. Los intereses de los países ricos y los países empobrecidos parecen

irreconciliables dentro del sistema de acuerdos comerciales multilaterales. Por ello, la

UE ve las charlas con los EEUU sobre el TTIP como una manera de evitar el

estancamiento de las negociaciones dentro de la Organización Mundial del Comercio e

imponer el nivel de liberalización conseguida en el Atlántico al resto del mundo. Los

objetivos de este proyecto son los países emergentes: Brasil, Rusia, China, India y

Sudáfrica, cuyas economías crecientes son vistas como una amenaza a la hegemonía

global de la UE y EEUU.

La última utopía corporativa

Además de conocer la dimensión del TTIP como proyecto político, es necesario

reconocer sus importantes implicaciones a nivel doméstico. El TTIP podría dejar libres

a las compañías de cualquier tipo de atadura, siendo éstos, los aranceles o la

regulación en materia social o medioambiental; por otro lado, tendrían la posibilidad

de demandar la autoridad de cualquier gobierno que pudiera interferir con sus futuras

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ganancias, lo que podría debilitar seriamente las regulaciones socio-económicas y

medioambientales que salvaguardan el bienestar de las personas y el medioambiente

de las acciones corporativas con consecuencias negativas.

De lo visto hasta ahora:

1. Al eliminar barreras de todo tipo al libre comercio, sectores industriales enteros

quedarían expuestos a una competencia transatlántica salvaje que beneficiaría a las

grandes multinacionales a costa de reducir o eliminar a los competidores nacionales

más pequeños gracias a la economía de escala. Sería particularmente difícil para

algunos sectores, como la agricultura europea, donde las diferencias son demasiado

grandes como para establecer una competencia justa. Los estudios preliminares

indican que desmantelar los aranceles tendría repercusiones serias sobre el empleo,

especialmente en la UE.

2. La armonización de la regulación, pensemos especialmente en los estándares que

incluyen los alimentos modificados genéticamente y el REACH sobre regulación

química, incluiría un reconocimiento de ambos marcos regulatorios como

equivalentes, por lo tanto, muchas regulaciones medioambientales y sociales europeas

dejarían de ser efectivas a la hora de proteger a consumidores, pacientes o el

medioambiente.

3. Más todavía, si se incluyera en el TTIP un capítulo de protección de la inversión, las

compañías podrían demandar a los gobiernos por poner en riesgo sus beneficios

potenciales y pedir indemnizaciones millonarias. Las regulaciones que podrían implicar

un riesgo para las corporaciones incluyen: las moratorias y prohibiciones sobre

tecnologías arriesgadas o peligrosas como el “fracking” o la biotecnología, y limitaría,

considerablemente, la capacidad de los reguladores para intervenir en el mercado. A

través del mecanismo de resolución de conflictos entre Inversor y Estado, se

garantizarían a las corporaciones y bancos más derechos que a los ciudadanos,

dejando a los contribuyentes con la responsabilidad de pagar indemnizaciones

millonarias en un momento en el que los presupuestos nacionales están luchando para

cubrir los costes esenciales de los servicios públicos.

Pedimos la movilización del 99%

Cuando juntamos todos estos elementos, queda claro que se trata no sólo de un

acuerdo económico, sino de un plan político de una élite transatlántica cuyo objetivo

es revertir todos los logros que los pueblos han logrado conseguir a través de décadas

de lucha. Las fuentes de algunas industrias han descrito al TTIP como “la última acción

de los lobbies”, y los lobbies industriales se han embarcado ya en una serie de rondas

diplomáticas entre Washington y Bruselas a puerta cerrada.

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Por esta razón, es vital asegurarnos de que dicho acuerdo se enfrenta a la oposición

pública y que ésta se incrementa en los meses siguientes de manera que enviemos un

claro mensaje a los líderes e instituciones gubernamentales que apoyan el TTIP. Ahora

que se están llevando a cabo políticas de austeridad, los líderes europeos necesitan

darse cuenta de que este acuerdo no es la solución a nuestros problemas. En su lugar,

necesitamos que la UE desarrolle, junto a todos los grupos sociales (y no con los

lobbies industriales), un programa de políticas económicas que se base en la

cooperación, no en la competición, que ponga a las personas y al planeta por delante

de los intereses de las grandes corporaciones y bancos.

El ATM, o Acuerdo Alternativo de Comercio e Inversiones, una coalición de más de 50

organizaciones europeas, ofrece una alternativa a la agenda neoliberal, una que

incremente la economía y el bienestar social y medioambiental para todas las

personas, globalmente. Por lo menos, el ATM debe ser controlado democráticamente

por el público y los parlamentarios, su visión se halla anclada en una comprensión

holística del mundo y su problemas, que tiene en cuenta el medioambiente y la

limitación de los recursos naturales, así como el respeto por las distintas étnias, clases

y género, con la visión y objetivos de fomentar la justicia y la igualdad, dejando amplio

margen a las comunidades para elegir libremente e integrarse en una economía global

con justicia.

(Aportación de la traductora) Y no sólo el ATM, hay muchos otros movimientos y

organizaciones que promueven y se interesan por una economía europea y global

dirigida hacia bien común, con valores y acorde con las limitaciones que la naturaleza

nos impone, como la Economía Solidaria, la Economía del Bien Común, los defensores

de los pro-comunes y los servicios públicos, etc. Necesitamos darnos cuenta de que el

cambio que transforme las vidas de millones de personas sólo será posible si ponemos

por delante la salvaguarda y el bienestar de las personas y el planeta. Y esto sólo será

posible si ponemos como fin del sistema económico el bienestar del ser humano y el

planeta, incorporamos la dimensión ética a la economía, y desarrollamos estructuras

que posibiliten una democracia que además de representativa, sea también

participativa (ciudadana) y directa, de manera que el último control de las decisiones

políticas lo tenga el pueblo, empoderando a éste como sujeto político, con voz y voto

real, de manera que el sistema económico se halle bajo control democrático y sea

obligado a funcionar por toda y cada una de las personas que habitamos el mundo y

por este planeta que no es sólo nuestra casa, sino la madre naturaleza que acoge y

prolonga la existencia de la especie humana. De momento, el TTIP sólo ha probado ir

en la dirección opuesta, y arriesgar todo aquello por lo que generaciones enteras han

luchado durante décadas.