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1 Los efectos de las Los efectos de las privatizaciones privatizaciones sobre la sobre la ocupación ocupación en las empresas en las empresas de servicios públicos* de servicios públicos* Trabajo Marisa Duarte** La reestructuración económica y social producida en la Argentina en los años noventa tuvo como uno de sus principales ejes a la po- lítica de privatización de empresas públicas. Dicha reestructuración dio lugar en los años siguientes a nuevas temáticas como, entre otras, la regulación de las empresas de servicios públicos, la nueva dinámica de comportamiento adquirida por las empresas líderes, la concentración económica, la centralización del capital, etc. Uno de los principales impactos de las reformas fue el notable deterioro que se registró en el mercado de trabajo, donde las privatizaciones cumplieron un papel clave. El objetivo de este artículo es elucidar el papel que jugó la política de privatizaciones en la explicación de dos de los rasgos característicos del mercado de trabajo urbano duran- te los años noventa: un inédito nivel de desempleo y una cada vez más acentuada precarización de las condiciones laborales de los trabajadores en actividad. Se indaga aquí una dimensión poco ex- plorada – pero no por ello poco importante- de la política privatiza- dora. * Este artículo retoma y profundiza un trabajo previo presentado como ponencia al 5º Congreso de Estudios del Trabajo. ** Socióloga de la Universidad de Buenos Aires. Becaria del Conicet. Mi agradecimiento por la ayuda y los valiosos comentarios a Miguel Khavisse, Daniel Azpiazu, Martín Schorr y Ricardo Ortiz.

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Los efectos de las Los efectos de las privatizacionesprivatizaciones sobre lasobre laocupaciónocupación en las empresasen las empresasde servicios públicos*de servicios públicos*

Trabajo

Mari sa Duarte**La reestructuración económica y social producida en la Argentina

en los años noventa tuvo como uno de sus principales ejes a la po-lítica de privatización de empresas públicas. Dicha reestructuracióndio lugar en los años siguientes a nuevas temáticas como, entreotras, la regulación de las empresas de servicios públicos, la nuevadinámica de comportamiento adquirida por las empresas líderes, laconcentración económica, la centralización del capital, etc. Uno delos principales impactos de las reformas fue el notable deterioroque se registró en el mercado de trabajo, donde las privatizacionescumplieron un papel clave. El objetivo de este artículo es elucidar elpapel que jugó la política de privatizaciones en la explicación de dosde los rasgos característicos del mercado de trabajo urbano duran-te los años noventa: un inédito nivel de desempleo y una cada vezmás acentuada precarización de las condiciones laborales de lostrabajadores en actividad. Se indaga aquí una dimensión poco ex-plorada – pero no por ello poco importante- de la política privatiza-dora.

* Este artículo retoma y profundiza un trabajo previo presentado como ponencia al 5ºCongreso de Estudios del Trabajo.

** Socióloga de la Universidad de Buenos Aires. Becaria del Conicet. Mi agradecimientopor la ayuda y los valiosos comentarios a Miguel Khavisse, Daniel Azpiazu, MartínSchorr y Ricardo Ortiz.

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Este trabajo se compone de unaintroducción y un acápite donde serevisan los antecedentes de lareestructuración ocurrida en losaños noventa. Luego se presentaun resumen de las medidas referi-das al empleo en las empresaspúblicas extraidas de la ley23.696/89 de Reforma del Estado,la cual condujo a la privatizaciónen el corto o mediano plazos detodas las empresas públicas deenvergadura. El punto central delestudio consiste en el análisis dela información recabada sobre lasempresas a fin de caracterizar loscambios en el volumen, la dinámi-ca y composición del empleo queindujo la Reforma del Estado. Porúltimo, se extraen las principalesconclusiones.

Para alcanzar dicho objetivo seconstruyó una serie de empleo delas empresas de servicios públicosestatales que continúa con el em-pleo que generan las firmas priva-das que las sucedieron (ver ane-xo). Si bien el universo de empre-sas consideradas permite hacerreferencia al empleo en el sectorde servicios públicos, al ser em-presas monopólicas u oligopólicasque en la generalidad de los casosintegran la cúpula empresaria ar-gentina, permite observar tenden-cias de comportamiento significati-vas dentro del conjunto de lasgrandes empresas.

1. Antecedentes

Las políticas neoliberales tuvie-ron en el país un largo proceso de

construcción. Así, el programa degobierno implementado en 1976se propuso y logró desestructurarla alianza social que sostuvo elmodelo de la industrialización sus-titutiva de importaciones socavan-do las relaciones sociales median-te instrumentos militares, políticos,ideológicos y económicos. En tér-minos socioeconómicos, diversosprocesos como la apertura y ladesregulación, el endeudamientoexterno y los distintos mecanis-mos por los que se subsidió al ca-pital más concentrado fueron con-formando una nueva cúpula eco-nómica que adquirió singular im-portancia en la definición de laspolíticas económicas implementa-das desde el estado en los gobier-nos democráticos de los añosochenta y noventa. “Los procesossimultáneos de concentración ycentralización del capital produci-dos a partir de 1976, tendrían con-tinuidad bajo nuevas condicionespolíticas” (Azpiazu y otros, 1986;Acevedo y otros, 1991).

La apertura democrática reactivóexpectativas redistributivas del in-greso, democratizadoras de lasinstituciones y compensadoras delas transferencias de ingresos re-legadas entre 1976 y 1983. Sinembargo, a poco de iniciarse elgobierno de Alfonsín, una partedel sistema político comenzó aasumir los límites estructurales im-puestos por el poder económico y,por consiguiente, a reformular laspolíticas públicas a implementar:tras el intento de política distribu-cionista de Grinspun se inició el

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“desarme de la democracia” (Bon-net y Glavich, 1994) con el primerprograma de ajuste de la demo-cracia (el “Plan Austral” de 1985).Sin embargo, dicha política no lo-gró construir el consenso necesa-rio para el ajuste estructural, lasprivatizaciones, una mayor aper-tura y la más amplia desregula-ción económica y de las relacio-nes laborales.

En términos económicos -dondela cuestión del empleo es central-si bien se había avanzado en di-versas direcciones no había suce-dido lo propio en relación con lareestructuración o privatización delas empresas estatales (en ade-lante EE.EE.); más aún, ciertasmedidas referidas a la apertura dela economía fueron revertidas apartir de la crisis por la que atrave-só el país entre 1981 y 1983,período en el cual la deuda tuvoun papel fundamental. Por otro la-do, las elecciones democráticasde 1983 demostraron que no sehabía logrado imprimir un quiebreideológico en el conjunto de lasclases y fracciones sociales delmismo tenor que el operado en laestructura económico-social de laArgentina (Duarte y Ortíz, 1997).

En efecto, la reforma estructuralno había alcanzado todavía ungrado de legitimidad suficiente pa-ra comenzar a implementarse yhacía falta un proceso tan efectivocomo la dictadura (la hiperinfla-ción) para alcanzar el grado dedisciplinamiento necesario parallevar a cabo las medidas de rees-

tructuración pendientes. Por un la-do, el régimen democrático de go-bierno no podía ser puesto encuestión (la década de 1980 habíademostrado la compatibilidad en-tre capitalismo y sistema demo-crático); por otro, quien tenía laofensiva en la lucha de clases erauna fracción de los sectores de laburguesía más concentrada. Detal modo, la disputa no se desarro-llaría en la arena política, ya alla-nada, sino a través de mecanis-mos de mercado: el fantasma dela inflación creciente del períodoradical era entonces exhibidoabiertamente contra Alfonsín, con-tra el futuro presidente, la peque-ña burguesía y el conjunto de lostrabajadores.

La crisis hiperinflacionaria enque culminó el período alfonsinis-ta constituyó el marco de las con-tradicciones que llevarían al pero-nismo al gobierno. Detrás estabala postergada discusión acercadel rol que debía ocupar el estadoen la economía.

En mayo de 1989 Carlos Menemtriunfó en las elecciones naciona-les y asumió la presidencia en ju-lio del mismo año, luego de la re-nuncia de Alfonsín. A menos dediez días de gobierno, el PoderEjecutivo envió al Congreso losproyectos de las leyes de Reformadel Estado (23.696/89) y de Emer-gencia Económica (23.697/ 89).

En la primera se estableció, en-tre otras medidas, que las empre-sas públicas podían ser privatiza-

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das mediante decretos, dando laposibilidad a los acreedores delestado y/o sus empresas de capi-talizar sus créditos. Disponía, en-tre otras medidas, los procedi-mientos para privatizar total o par-cialmente o liquidar empresas delestado; establecía preferenciaspara la adquisición de las empre-sas; implementaba un Programade Propiedad Participada para lasempresas a privatizar; autorizabaal PEN a declarar nulos los con-tratos de obra o consultoría apro-bados antes de dicha ley.

La segunda tenía por objetivoreestructurar el gasto estatal (me-diante la suspensión de los subsi-dios del régimen de promoción in-dustrial y todo otro beneficio oexención al sector privado). Esta-blecía, además, igual tratamientoal capital nacional y extranjero; lasuspensión del régimen de com-pre nacional; la autorización alPEN para declarar la prescindibili-dad de los empleados designadossin concurso, etc. (al respectovéase Duarte, 1999).

La puesta en práctica de la rees-tructuración fue consolidando lascaracterísticas de una nueva es-tructura social que se condice conlos cambios iniciados por la políti-ca de la dictadura de 1976. Enefecto, a partir de mediados de ladécada de 1970, el papel emplea-dor del estado comenzó a deterio-rarse y cobró auge el estado sub-sidiador o contratista a través de

mecanismos como la promociónindustrial (Orlansky, 1989). Enefecto, comienza entonces unproceso de privatización del em-pleo público en paralelo con unadisminución del volumen de ocu-pación de las empresas estatales,en parte debido a la escasez de lainversión pública1. Ello produjo lacaída de la ocupación en las em-presas y constituyó una de lasprincipales causas del estanca-miento del nivel de empleo en elconjunto del sector público nacio-nal. La reducción del empleo pú-blico significó, en el sector de em-presas públicas, una tasa negati-va de más del 5% para el quin-quenio 1975-1980 (Bonifacio,1986). Lo característico de estehecho fue que, mientras la reduc-ción anterior (producida entre1958-1962) fue gradual, la que seprodujo entre 1976-1983 fue de ti-po shock recayendo todo su im-pacto en el primer año (-10,6%).

En una visión de largo plazo,puede verse que el empleo públi-co en la Administración PúblicaNacional entre 1958 y 1985 no ha-bía crecido sino que en 1985 eralevemente menor respecto de1958 (Bonifacio, 1986). Hasta allí,las reducciones seguían a políti-cas que se proponían expresa-mente ese objetivo y estaban aso-ciadas a las transferencias de or-ganismos y servicios a las provin-cias, liquidación de entes, etc. Porotro lado, la incidencia de las

1 El argumento que remitía a la “ineficiencia” en las prestaciones de los servicios fue uti-lizado posteriormente como fundamento principal de la política de privatizaciones.

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EE.EE. era muy significativa en elvolumen del empleo estatal yaque absorbía entre el 36 y el 45%del total (Bonifacio, 1986). Dichasignificación estaba asociada conel rol que ocupaba en el gasto pú-blico y a la elasticidad de su com-portamiento: en períodos de re-tracción es el más afectado y enlos períodos de expansión semuestra como el sector más dúctila la absorción de personal. Enefecto, en el período recesivo ini-ciado en 1989 llevó los 350.000ocupados del sector público na-cional a 68.000 en 1993, y a27.500 en 1995 (Orlansky, 1997).La reducción fue un efecto directode la privatización de empresaspúblicas y la desaparición del es-tado empresario o generador deempleo productivo, puesto que elempleo del sector público nacio-nal total no sólo no disminuyó sinoque el agregado (nacional, provin-cial y municipal) experimentó uncrecimiento entre 1989 y 1995 (de1.827.630 personas a 2.089.684,lo que implica un aumento del14 %).

Las consecuencias sobre el mer-cado de trabajo que produjo elproceso de transición de un mo-delo de desarrollo proteccionistacon fuerte participación estatal ha-cia un modelo estructurado alre-dedor de las privatizaciones y laapertura de la economía a los flu-jos internacionales de bienes y ca-pitales fue la pérdida neta depuestos de trabajo asociados conel cambio estructural. Por ello, latransformación de la demanda

tendrá carácter permanente a me-nos que se introduzcan cambiosde significación en el modelo eco-nómico (Sautú, 1997; CTA, 2000).

Por otro lado, las reformas al sis-tema legal de protección al traba-jo de los asalariados del sectorprivado, incluidas en el plan de re-formas estructurales, impactó so-bre el mercado de trabajo y la ge-neración de empleo. En este sen-tido, la “legislación laboral en laArgentina, Colombia, el Ecuador yel Perú reformó la protección fren-te al despido y flexibilizó el contra-to de trabajo, argumentando quetendría efectos positivos para laperformance del empleo. En elBrasil, Chile y Venezuela, por locontrario, las modificaciones ten-dieron a ampliar la protección delos trabajadores” (Marshall, 1998).La situación diferencial de ambosgrupos de países determinó que sibien la flexibilidad de las normassobre contratos y despidos influyesobre las prácticas empresarias y,por consiguiente, sobre la estruc-tura del empleo, no incide sobre elnivel y ritmo de crecimiento delempleo y del desempleo. En efec-to, el debilitamiento de la protec-ción al trabajo, si bien influyó en lapráctica de los empleadores no haestimulado la creación de empleoy, por lo tanto, no cumplió con elpropósito declarado de las refor-mas. Por lo contrario, se convirtióen una herramienta eficaz paraajustar los planteles laborales alos vaivenes del ciclo económico.

La contradicción existente entreel propósito declarado de las re-

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formas y sus efectos reales puedeverse a través del análisis del em-pleo generado por las empresasprivatizadas en forma agregadapara establecer la magnitud de lospuestos de trabajo involucrada encada una de ellas. Justifica la ideael hecho de que en general seabona la hipótesis de que la refor-ma no afectó directamente el nivelde empleo y/o desempleo másallá de las estrategias de los em-pleadores.

Entre los efectos negativos de laprivatización se encuentra el he-cho de que “numerosos trabajado-res pertenecientes a las empresasestatales debieron -voluntaria-mente o no- abandonar sus pues-tos de trabajo, ya que su presen-cia constituía una traba, tanto pa-ra asegurar una futura rentabili-dad elevada a los nuevos respon-sables de esas empresas, comopor razones de organización pro-ductiva y técnica” (Rofman, 2000).Es en este sentido que se orientael presente trabajo, a indagaracerca de las características delas reducciones de los plantelesde personal de las empresas, con-siderando otras variables quecontribuyen a agravar los proce-sos de desempleo estructural quegeneró.

A partir de estos antecedentesse plantea la hipótesis que existeen las privatizaciones un aporteimportante al desempleo y al in-cremento de la precarización delempleo que se produjo en losaños noventa.

El análisis se centra sobre el im-pacto de las políticas macroeco-nómicas sobre la dinámica delempleo en un espacio específico:el empleo que generaban las em-presas prestatarias de serviciospúblicos contrapuesto al que ge-neran dichas empresas tras elproceso de privatización. Puestoque otros trabajos confirmaron ladesaparición del estado empresa-rio (no así empleador), aquí seevaluará en cuánto se modificó elvolumen, la dinámica y la compo-sición del empleo generado porestas empresas públicas privati-zadas. El trabajo persigue el inte-rés de brindar elementos acerca“…del riesgo que implica, desde elpunto de vista de la cohesión so-cial, la retirada del estado, la im-posición de las leyes del mercadoy el desmantelamiento del siste-ma de regulaciones vehiculizadaspor el estado social, respecto delempleo asalariado -en tanto traba-jo socialmente protegido-, en elseno de la sociedad nacional”(Peñalba, 2000). Si bien este te-ma fue tratado, se hizo en generalsobre los ejemplos que brindaronlas privatizaciones de las grandesempresas industriales (Somisa,Altos Hornos Zapla y el polo petro-químico) que se circunscribían aun ámbito geográfico y social de-terminado. En este caso se abor-da el universo de las empresasprestatarias de servicios públicosesenciales dispersas en todo elterritorio nacional para establecerla dinámica del empleo en térmi-nos generales.

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El punto siguiente extracta lasprincipales medidas de la ley deReforma del Estado referidas alempleo.

2. Prescripciones de la leyde Reforma del Estado enmateria de empleo

El propósito de este acápite esdar una idea sucinta de cuálesfueron las principales disposicio-nes de la ley de Reforma del Es-tado que tendrían efecto sobre elempleo. Las medidas fueron dedos tipos: las declamativas y lasmedidas a concretar en el cortoplazo. Dentro del primer grupo demedidas se pueden extraer las si-guientes2: a) evitar los efectosnegativos sobre el empleo y lapérdida de puestos de trabajo(cap. IV, art. 41); b) autorizar alPEN a establecer un Plan deEmergencia de Empleo, queconsistía en la afectación de fon-dos para encarar obras públicasmano de obra intensiva; c) duran-te el proceso privatizador, el tra-bajador seguiría amparado portodas las instituciones legales,convencionales y administrativasdel derecho del trabajo (cap. IV,art. 42); d) el encuadramientosindical no sufriría modificacio-nes, salvo resolución de la autori-dad competente (cap. IV, art. 43);e) los trabajadores mantendríansus derechos y obligaciones enmateria previsional y de obra so-cial. Las obligaciones patronales

pasarían al ente privatizado (cap.IV, art. 44); f) la condición de em-pleado adquirente comprendidoen un Programa de PropiedadParticipada no implicaría modifi-cación alguna en su situación ju-rídica laboral (cap. IV, art. 45); g)los empleados gozarían de prefe-rencias para la adjudicación delas empresas del estado. Final-mente, los trabajadores podríanformar parte de los accionistas delas empresas a través del Progra-ma de Propiedad Participada(cap. II, art. 21).

Dentro del segundo grupo demedidas se destacan las siguien-tes: a) facultar al PEN a crearnuevas empresas sobre la basede la escisión, fusión, extinción otransformación de las existentes.Proceder a la privatización o a laconcesión total o parcial de servi-cios, prestaciones u obras cuyagestión actual se encontraban asu cargo, o a la liquidación de lasempresas, sociedades, estableci-mientos o haciendas productivascuya propiedad pertenecía total oparcialmente al estado (cap. II,art. 11); b) correspondería al inter-ventor la reorganización provisio-nal del ente, empresa o sociedadintervenida. […] A tal fin podríadisponer el despido o baja delpersonal (cap. I, art. 3); c) facul-tar al ministro competente a de-clarar la rescisión de todos loscontratos de obra y de consulto-ría celebrados con anterioridad ala vigencia de esta ley por el sec-

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2 El destacado es propio.

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tor público (cap. VI, art. 48); d) larescisión no procedería en aque-llos casos en que fuera posible lacontinuación de la obra o la eje-cución del contrato, previo acuer-do entre contratante y contratista(cap. VI, art. 49).

Puede verse que la ley de Refor-ma del Estado estableció prescrip-ciones respecto del empleo en lasempresas públicas, sus condicio-nes, la previsión social, la sindica-lización y la situación laboral pos-terior a la privatización de las em-presas a las que estarían sujetoslos trabajadores. En el punto si-guiente se examina la informaciónrecabada a fin de establecer lascaracterísticas de la implementa-ción de la reforma y su correspon-dencia o contradicción con los ob-jetivos declarados precedente-mente.

Las variables que se tratan eneste trabajo responden a un recor-te que pretende analizar, a travésde un reducido número de empre-sas (aunque sumamente relevan-te dada su fuerte gravitación eco-nómica en sus sectores de activi-dad y, en un plano más global, enel conjunto de la economía argen-tina), las características más im-portantes del proceso de reestruc-turación: el impacto directo sobreel empleo, el aporte a la tasa dedesempleo y a la precarizacióndel empleo.

3. El impacto de laprivatización de lasempresas de serviciospúblicos sobre el empleo

3.1. La privatización y elvolumen de empleo de lasempresas

El empleo de las empresas esta-tales representaba en 1985 el36,11% del empleo total del sectorpúblico, en 1992 el 21,35% y en1997 sólo el 6,50% comprendien-do a los entes residuales. Comopuede verse en el cuadro Nº 1, lareducción calculada sobre el totaldel empleo de las empresas deservicios públicos es de casi 70 %entre 1985 (100) y 1998 (31,7). Noobstante, la distribución del por-centaje es desigual según los sec-tores de actividad variando no só-lo el momento de la reducción si-no también su intensidad.

El sector de telefonía, cuya pri-vatización se realizó en noviembrede 1990, redujo a más de la mitadsu planta de personal operándoseel grueso de la disminución entre1990 y 1994 pero manteniendouna tendencia homogéneamentedecreciente entre 1988 y 1998.Ello responde, en lo sustantivo, al“trabajo sucio” (Abeles, 2001) querealizó el estado consistente en eldespido de trabajadores, el incre-mento de la deuda de la empresay en el aumento de las tarifas, y,una vez privatizada, las sucesorasprivadas (Telefónica de Argentinay Telecom) que continuaron con ladinámica de los despidos y la ter-

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ciarización de ciertas actividadesde la empresa.

La empresa de correo postal dis-minuye empleos en forma gradualpero con un pico de caída entre1991 y 1992, luego mantiene lamagnitud del empleo hasta la caí-da de 1997/98 coincidente con laprivatización.

La empresa estatal de aeronave-gación incorporó empleados enforma gradual hasta 1990 cuandose produjo la privatización y co-menzó el proceso de expulsión depersonal agudizado entre 1991 y1993, cuando el índice pasa de 91a 59 puntos para finalizar en alre-dedor de los 47 puntos. Puedeverse que los despidos se produ-jeron una vez privatizada la em-presa en noviembre de 1990.

El comportamiento de la empre-sa de aguas y cloacas, privatizadaen diciembre de 1992, es diferen-te debido a lo temprano de la pri-mera reducción que se opera en-tre 1989/90 e involucra diez pun-tos del índice, mientras el resto delas empresas aún no había des-pedido trabajadores en esta mag-nitud. La reducción es previa a laprivatización y la siguiente reduc-ción fuerte se produjo entre 1994y 1997, posterior a la privatiza-ción, cuando el índice muestrauna caída del 83 al 42.

El sector de energía eléctrica,cuyo traspaso al sector privado seprodujo en julio de 1993, generó lafuerte reducción entre 1992 y1993 llevando el índice de 86,8 a50,5. El período de la reducción

coincide con la del sector de aero-navegación, pero se mantieneposteriormente la tendencia de-creciente aunque con mucho me-nos intensidad.

Los ferrocarriles que se privati-zaron a lo largo de 1992 pierdenen los primeros seis años de laserie unos 17 puntos de empleo,mientras que en el bienio 91/93 lareducción es de 60 puntos convir-tiéndose en la empresa que expul-só la mayor cantidad de trabaja-dores en el período inmediata-mente anterior a la privatización.De esta manera, a partir de 1993el nuevo piso de la serie se en-cuentra alrededor de los 20 pun-tos.

El sector gasífero hasta 1992-año en que se privatizó- incorpo-raba trabajadores, situación coin-cidente con los sectores de aero-navegación y electricidad. Empe-ro entre 1992 y 1993 se produceuna caída del empleo de alrede-dor de 50 puntos, con lo cual seconvierte en la reducción más tar-día pero más pronunciada de laserie. Sólo el sector eléctricomuestra una caída similar en tiem-po e intensidad.

El índice señala que las empre-sas de teléfonos, gas, aeronave-gación, aguas y correo encuen-tran luego de 1993 un nuevo ran-go de variación entre 40 y 60 pun-tos porcentuales. Paralelamente,el sector eléctrico no alcanza a 40y ferrocarriles tiene como techolos 20 puntos.

El cuadro Nº 2 muestra en valo-

10Privatizaciones y ocupación

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res absolutos que en 1985 los em-pleados de las empresas estata-les consideradas eran 243.354,en 1998 las empresas privatiza-das seleccionadas ocupan 75.770empleados en total. En 1985 elempleo de las empresas de servi-cios públicos explicaba 2,33 pun-tos de la PEA, mientras que hacia1998 sólo comprendían el 0,1%de la misma. Si bien el porcentajees reducido en términos de laPEA, en términos del sector delempleo al que se refiere la varia-ción muestra que el empleo actuales 23 veces inferior al empleo queproducían.

La estructura porcentual (vercuadro Nº 3) indica cómo se mo-dificó la composición del empleopor sector de actividad. Así comoen 1985 el principal tomador demano de obra era el transporte fe-rroviario (con un aporte de más de42,30%), a partir de 1993 fluctúaalrededor del 20 % del personal,habiéndose incrementado en diezpuntos porcentuales el aporte delsector telefónico.

Los sectores que mantuvieron suparticipación relativa en el total delempleo fueron energía eléctrica ygas natural. Por lo contrario, y apesar de que también son secto-res expulsores de mano de obra,aumentó la participación del em-pleo del transporte aéreo, de co-rreos y telégrafos y telefonía, aso-ciado a que los demás sectores

despiden trabajadores en mayorproporción.

3.2. La privatización y eldesmembramiento de lasempresas

En la serie construida, las 7 em-presas estatales que se conside-raron al inicio del período (verAnexo)3 se desarticularon en 33empresas privatizadas al final dela serie bajo la propiedad de unreducido número de grupos eco-nómicos y grandes empresas ex-tranjeras. El promedio del perso-nal ocupado por las primeras (7)es de 34.764 personas en 1985 yde 31.827 en 1990 (9% menos),mientras que las 33 segundasocupan en promedio 3.381 perso-nas en 1993 y 2.296 en 1998, esdecir un 32% menos en cincoaños y más del 90% menos quesus antecesoras estatales.

La disminución del volumen deempleo se produjo fundamental-mente entre los años 1991 y 1992,que en muchos casos es el perío-do previo a la privatización. Cabeaclarar que las empresas una vezdeclaradas "sujetas a privatiza-ción" pasaron inmediatamente porun período de reestructuraciónconsistente, entre otros, en pro-gramas de “racionalización” delpersonal llevados a cabo por elestado. En casos como Entel(Abeles, 2001) y Metrovías (Me-

12Privatizaciones y ocupación

3 En el sector eléctrico sólo se consideró a Segba y sus sucesoras privadas, esto es,no se tomaron ni Agua y Energía Eléctrica ni Hidronor debido a las dificultades paraestablecer continuidades y de acceso a la información.

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moria y Balance, 1993) dicho pro-ceso fue acompañado tambiénpor importantes cambios en lascondiciones laborales, como es elincremento en la duración de lajornada de trabajo. En efecto, lareducción al mínimo de los plante-les, avalado por las políticas deestado, fue una constante previa ala toma de posesión de las empre-sas por parte del sector privado.

El estado no sólo respaldó la polí-tica de expulsión de empleadosque conllevó el proceso de privati-zaciones, sino también las políti-cas referidas a tarifas y condicio-nes laborales posteriores a la pri-vatización de las empresas pres-tatarias de servicios públicos.

Luego de la gran reducción deempleo operada entre 1991/92que involucró a más de 100.000

14Privatizaciones y ocupación

Cuadro Nº 4. Evolución del empleo de las empresas estatales selecciona-das. 1985-1990 (en valores absolutos y porcentajes)

Años Empleo de las EE.EE.1985 243.3541986 236.8501987 233.8321988 233.6381989 230.6011990 222.792Variación 1990/1985 % -8,45

Fuente: Elaboración propia basada sobre el Informe de Sigep y a los balan-ces de las empresas.

Cuadro Nº 5. Evolución del empleo de las empresas de servicios públicosseleccionadas. 1993-1998. (en valores absolutos y porcentajes)

Años Empleo de las EE.PP.1993 111.5831994 99.0171995 89.5761996 86.0111997 82.2221998 75.770Variación 1998/1993 -32,1

Fuente: Elaboración propia sobre los balances de las empresas.

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ocupados, el dato de 1993 es elnuevo techo a partir del cual de-crece el empleo de las empresasde servicios públicos.

La variación del volumen de em-pleo 1990/1985 es de -8,45%, lareducción del volumen 1993/1990es de 49,9% y durante el últimoperíodo (1998/1993) el empleodisminuyó en un 32,1%. En eltrienio 1990-1993 el empleo se re-dujo, en términos absolutos, de222.792 a 111.583 puestos de tra-bajo. Se concluye que el tercerperíodo (que corresponde a lasempresas ya privatizadas) se pa-rece más al segundo (al de imple-mentación de las privatizaciones)que al primero (período previo a

las privatizaciones), por lo que elproceso de reestructuración delas empresas habría instauradoun régimen progresivamente ex-pulsor de mano de obra (Gelds-tein, 1997).

Recuérdese que la reducción1990/1985 del 8,5% es la menosintensa comparada con la de losaños siguientes. A juicio de Boni-facio la “fuerte” reducción que seprodujo entre los años 1980/1975había alcanzado el 5%, cifra quese revelaría mínima a la luz de lamagnitud de las transformacionesoperadas en el empleo estatal delas dos décadas siguientes.

En el cuadro Nº 6 se presenta lainformación desagregada según

15 realidad económica 182

Cuadro Nº 6. Empresas de servicios públicos seleccionadas. Evolución de lacantidad de puestos de trabajo. 1985-1998 (en valores absolutos).

Año Empresas Estatales Empresas PrivatizadasNº empresas Ocupados Nº empresas Ocupados

1985 7 243.354 0 01986 7 236.850 0 01987 7 233.832 0 01988 7 233.638 0 01989 7 230.601 0 01990 7 222.792 0 01991 4 125.628 4 82.0071992 1 18.883 32 156.2711993 1 25.169 32 86.4141994 1 20.926 32 78.0911995 1 18.969 32 70.6071996 1 19.000 32 67.0111997 1 21.261 32 60.9611998 0 0 33 75.770

Fuente: Elaboración propia sobre el Informe de la SIGEP y los balances delas empresas.

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el número de empresas privatiza-das para cada año.

Existen algunas característicasdel proceso de privatización de lasempresas estatales que merecenremarcarse. El proceso implicó latransformación de la empresa ori-ginal en una nueva, con otra razónsocial -bajo la forma jurídica desociedad anónima- pero con me-nos puestos de trabajo. Es el casode OSN, Aerolíneas Argentinas yEncotel que pasan a llamarseAguas Argentinas S.A., Aerolí-neas Argentinas S.A. y Correo Ar-gentino S.A.. Las restantes em-presas se convirtieron en variasotras de menor envergadura. Encualquiera de los casos poseen

un nivel de empleo global muchomenor que su antecesora estatal.Las privatizaciones se realizaronpredominantemente entre 1992 y1993, mientras que la reducciónde puestos de trabajo comenzóantes y se mantuvo durante losaños siguientes.

3.3. La privatización y elefecto sobre la tasa dedesempleo

La fuerte reducción del empleoestatal durante el período 1990-1993 puede analizarse como unade las causas que indujeron el in-cremento de la tasa de desem-pleo. En el gráfico Nº 1 se mues-tra la evolución del volumen del

16Privatizaciones y ocupación

Gráfico Nº 1. Evolución de la ocupación de las empresas de servicios públi-cos seleccionadas y de la tasa de desempleo total del país. 1985-1996

Fuente: Elaboración sobre la Encuesta Permanente de Hogares (1985-1996)Indec y la serie de empleo de las Empresas Estatales/privatizadas (diversasfuentes).

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empleo de las empresas estatalesen el primer eje y la evolución dela tasa de desocupación en el se-gundo. Así, la tasa de desempleocrece alrededor de 12 puntos por-centuales entre 1985 y 1995puesto que pasa de 6 puntos a18% de la PEA, convirtiendo el te-cho de la década de 1980 (losocho puntos) en el piso del de-sempleo de los años noventa.

La simultaneidad de la reestruc-turación del estado empresariomediante la “racionalización” delpersonal, “retiros voluntarios”, ju-bilaciones anticipadas, cesantíasy liquidación de entes contribuyóen el mediano plazo al aumentode la desocupación. Al respecto,el gráfico Nº 1 muestra, por un la-do, la abrupta caída del empleo delas empresas públicas entre 1990-1993 que reducen en absolutomás de 110.000 puestos de traba-jo, y por otro, -a partir de 1992- latasa de desocupación, que no ha-bía superado, hasta entonces losocho puntos porcentuales, co-menzó una escalada que alcanzólos 18 puntos. Las empresas deservicios públicos aportaron con2,3 puntos aproximadamente aese incremento.

Una parte del efecto fue obser-vado con cierto retraso debido a laefímera reconversión productiva ala que dio lugar al pago de indem-nizaciones que permitió al perso-nal cesanteado iniciar actividadespor cuenta propia. De esa manerase contuvo parcialmente la esca-lada de la tasa de desempleo has-

ta 1993 cuando el agotamiento delos recursos volcó masivamente aldesempleo al grueso de los in-demnizados.

La situación de desempleo se vioagravada por la ausencia de polí-ticas destinadas a orientar a losempleados desvinculados de lasempresas a invertir los ingresosderivados de dichas indemniza-ciones (Beccaria y Quintar, 1995;Peñalba, 2000). El resultado fue ladilapidación de los recursos enactividades cuentapropistas (ser-vicios, recreación, etc.) que seagotaron en un plazo relativamen-te corto: a modo de ejemplo, en laciudad de San Nicolás donde estáubicada la planta de SOMISA en-tre 1992 y 1993 habían iniciado al-guna actividad comercial o de ser-vicios 710 establecimientos y enese mismo período habían cesa-do en su actividad 442 estableci-mientos (Beccaria y Quintar,1995).

Debe aclararse que es altamen-te probable que las subcontrata-ciones que realizan las empresasprivatizadas estén incidiendo en elvolumen de empleo generado porlas empresas y merece un segui-miento que excede los objetivos ylas posibilidades del presente tra-bajo. Habría actividades realiza-das por empresas de serviciossubcontratados que de lo contra-rio engrosarían los puestos de tra-bajo de las empresas, que no pue-de cuantificarse a partir de la infor-mación de los balances. De todasmaneras aquí se pretende esta-

17 realidad económica 182

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blecer tendencias o líneas decomportamiento del empleo en ungrupo de empresas significativoen el conjunto de la economía.

La escalada ascendente de la ta-sa de desocupación (fenómenoque se expandió a todos los gran-des conglomerados urbanos) fueacompañada de otros fenómenoscomo el incremento de la tasa desubocupación abierta, el desalien-to, la subocupación horaria y laprecarización de los nuevos pues-tos de trabajo generados (Peñal-ba, 2000).

3.4. La incidencia delprograma de retirovoluntario en el empleo

La reducción del empleo produ-cida entre 1991 y 1993 se explica,en parte, por los programas de“retiro voluntario” que consistieronen el acuerdo de abandono delpuesto de trabajo por parte del tra-

bajador, a cambio de un pago in-demnizatorio que contemplaba losaños de servicio y la categoría la-boral. Bajo esta modalidad se su-primieron de las empresas 86.274puestos de trabajo en las empre-sas prestatarias de servicios pú-blicos. El cuadro Nº 7 muestra ladistribución de retiros voluntariosproducidos en las seis empresasde mayor importancia en los tresaños clave de la “racionalización”.

La empresa Ferrocarriles Argen-tinos explica el 76 % de los “reti-ros voluntarios” del trienio, mien-tras el 24 % se repartió en las em-presas restantes. La mayor partede los “retiros voluntarios” se acu-mularon en el año 1992. Ferroca-rriles Argentinos implementó di-cho programa en 1991, pero alaño siguiente duplicó la cantidadde trabajadores despedidos bajoesta modalidad. Así, la planta dealrededor de 90.000 trabajadores

18Privatizaciones y ocupación

Cuadro Nº 7. Empresas de servicios públicos seleccionados. Evolución dela cantidad de retiros voluntarios. 1991-1993 (en valores absolutos y porcen-tajes).

Empresa 1991 1992 1993 Total 1991/93 TotalPorcentajes

Gas del Estado 0 1000 0 1000 1,64Segba 0 1500 0 1500 2,46AyEE 0 2450 1720 4170 6,84Encotel 109 6000 0 6109 10,02OSN 0 1893 0 1893 3,10FF.CC. 12327 25981 8000 46308 75,94Total 12436 38824 9720 60980 100

Fuente: Reforma de las Empresas Públicas. Préstamo Banco Mundial3292/AR. Informe de Avance.1993.

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que ocupaban los ferrocarriles seredujo por esta vía en un 50 porciento4.

Los programas de retiro volunta-rio explican una parte de la pérdi-da de puestos de trabajo de lasempresas estatales, especialmen-te para los años 1991 y 1992; noobstante, la magnitud de la reduc-ción del empleo indica que hubootras formas de desvinculación delos trabajadores de similar impor-tancia (jubilaciones prematuras,despidos, cesantías, etc.). La fi-nanciación de los programas deretiro voluntario se realizó con re-cursos propios de las empresas,con préstamos del Banco Mundialy del Banco de la Nación Argenti-na y con aportes del Tesoro. Elmonto de las indemnizaciones delperíodo 1992/1993 fue de US$1.299,5 millones, lo que da un pro-medio por trabajador cesanteadode alrededor de US$ 20.000.

Una vez privatizada la empresa,en noviembre de 1997, se llevó acabo un nuevo programa de retirovoluntario que involucró un montode US$ 99 millones. La cifra fue

incorrectamente imputada en elbalance de la empresa como in-versión5 a pesar de ser un gasto.

3.5. La situación de lostrabajadores empleados enlas empresas de serviciospúblicos privatizados

El Operativo Especial a GrandesEmpresas realizado en formaanual por el INDEC permite obser-var la evolución, para el períodocomprendido entre 1993 y 1998,de importantes variables estructu-rales y de comportamiento de lasquinientas firmas de mayor tama-ño del país. A los fines del presen-te estudio, se han seleccionadode dicho panel a las empresasque se dedican a la prestación de“electricidad, gas y agua” y “comu-nicaciones”. Ello, bajo el supuestode que estos dos sectores de acti-vidad están integrados mayorita-riamente por empresas privatiza-das (dado que en 1993 ya se ha-bía privatizado prácticamente latotalidad de las grandes empresaspúblicas prestatarias de energíaeléctrica, gas natural, agua y tele-

19 realidad económica 182

4 La magnitud de los retiros voluntarios es similar a los registrados en YPF, que redu-jeron a 20.168 la planta de 45.000 empleados de 1990. Hacia 1994 la empresa sólotendría 5.000 asalariados, producto de la segmentación de la empresa y de la tercia-rización de diversas actividades.

5 German Kammerath, siendo titular de la CNC, autorizó al Correo Argentino a imputarcomo inversión $ 99 millones que se utilizaron para financiar los programas de retirovoluntario. La decisión fue convalidada por el ex juez Adolfo Bagnasco (en un fallo dic-tado antes de retirarse de la Justicia para dedicarse a la actividad política). Tanto laDirección Nacional de Inversiones Públicas como la Dirección Nacional de Cuentas yla Auditoría General de la Nación declararon que no se puede imputar como inver-sión aquello que es claramente un gasto. No obstante, el fallo permite que la con-cesionaria del grupo Macri dé por cumplidas las obligaciones de inversión por lospróximos cinco años sin desembolsar dinero alguno (La Nación, 3/4/2001).

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comunicaciones de la Argentina).

Hechas estas aclaraciones, en elgráfico Nº 2 se puede apreciarcómo entre 1993 y 1998 el valoragregado generado por las em-presas seleccionadas se expan-dió significativamente (al 9,8%anual acumulativo). Dicho incre-mento se vio acompañado por un-todavía más importante- creci-miento en la productividad laboralde las firmas (medida como la re-lación entre el valor agregado y lacantidad de personal ocupado)6,que creció a una tasa promedioanual del 16,9% (lo cual equivalea un aumento de casi un 120% enel período bajo análisis). Ahorabien, al indagar acerca de los fac-tores que permitirían dar cuentade semejante incremento en la

productividad de la mano de obraocupada en tales empresas, seconstata que una parte considera-ble está asociado con un significa-tivo proceso de expulsión de asa-lariados y, en directa relación conello, a un aumento de considera-ción en la intensidad de la jornadade trabajo de los obreros en activi-dad.

En efecto, entre 1993 y 1998 lasfirmas de los sectores menciona-dos despidieron a más de 33.000asalariados, lo cual determinó queal final del período la masa deocupados por estas empresas re-presentara el 73% de la vigenteen 1993. Asimismo, cuando seanaliza la evolución del productobruto generado por las firmas delpanel vinculadas con la prestación

20Privatizaciones y ocupación

6 Cabe señalar que en el trabajo del INDEC la ocupación se mide exclusivamente porlos puestos de trabajo asalariado de cada empresa.

Gráfico Nº 2. Evolución del valor agregado, el personal ocupado, la produc-tividad, el salario medio y el superávit bruto por ocupado de las empresasseleccionadas, 1993-1998 (en índice base 1993=100)

Fuente: Elaboración propia sobre INDEC (1999 y 2000)

(en índice base 1993=100)

160

219

127

268

73

100

50

100

150

200

250

300

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Valor agregado

Personal ocupado

Productividad

Salario medio

Superávit bruto por ocupado

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de electricidad, gas y agua y co-municaciones en términos relati-vos al comportamiento de la pro-ductividad laboral se corroboraque esta última variable se incre-mentó más que el valor agregadoen todos los años del período1993-1998.

Sin duda, el carácter que asu-men estos desempeños permiteinferir que durante el decenio delos años noventa el incremento re-gistrado en la productividad labo-ral de las empresas analizadas haestado sumamente asociada conla evolución del empleo o, másprecisamente, a la dinámica queadoptó la prácticamente sistemáti-ca expulsión de asalariados. Endicho contexto, si bien no se dis-pone de información que permitadeterminar en cuánto varió la ex-tensión de la jornada de trabajo,cabe concluir que el importanteaumento registrado en la producti-vidad de la mano de obra estuvoestrechamente ligado con un os-tensible incremento en la intensi-dad del trabajo.

A partir del notable aumento dela productividad media de la manode obra ocupada en las principa-les empresas de servicios públi-cos privatizadas del país, resultainteresante explorar qué fraccio-nes se han apropiado mayoritaria-mente de éste. En otras palabras,se intenta precisar si dicho incre-mento se ha “derramado” con lamisma intensidad hacia los distin-tos “factores de la producción”(capital y trabajo), o si, por lo con-

trario, ha sido crecientementeapropiado por los empresarios.

En este sentido, en el gráfico Nº2 se observa que mientras la pro-ductividad laboral de estas empre-sas más que se duplicó entre1993 y 1998, el superávit bruto deexplotación por ocupado (esto es,la parte del producto bruto porobrero que recibe el empresariouna vez descontada la masa sala-rial) se incrementó aproximada-mente un 168%, mientras que lamasa salarial por ocupado (salariomedio) creció apenas un 27%(manteniéndose prácticamentesin variaciones desde 1994). Deello se desprende que una partemayoritaria del importante incre-mento registrado en el transcursodel decenio pasado en el rendi-miento productivo promedio de losasalariados ocupados en las fir-mas analizadas fue apropiado porlos empresarios.

A este respecto, cuando se con-sideran exclusivamente los sala-rios abonados por las empresasbajo estudio y las utilidades em-presarias, del trabajo del INDECse desprende que mientras las úl-timas crecieron un 86% entre1993 y 1998, la masa salarial secontrajo un 7% en el mismo perío-do. Como producto de dichos pa-trones de desenvolvimiento se re-gistró una alteración de conside-ración en la relación que se esta-blece entre los dos componentescentrales del valor agregado. Así,mientras en 1993 el monto total deutilidades representaba el 73% de

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la masa salarial abonada por lasfirmas, en 1998 dicha relación sehabía incrementado al 146%. Enconsecuencia, del conjunto de lasevidencias empíricas analizadassurge que durante buena parte dela década de los noventa una por-ción significativa de los ostensi-bles incrementos registrados en laproductividad de la mano de obraempleada en las empresas líderesvinculadas con la prestación deservicios públicos básicos (aso-ciados, cabe enfatizar, con una in-tensificación en la utilización del“factor trabajo” o, en otros térmi-nos, con un aumento en la tasa deexplotación de los obreros en acti-vidad) fueron absorbidos casi ín-tegramente por los empresariosbajo la forma de una importante–y creciente– masa de beneficios.

La tasa de rentabilidad de lossectores de electricidad, gas yagua y comunicaciones, calculadaa partir del cociente entre las utili-dades y el valor bruto de produc-ción, es en 1993 de un 14,3%,mientras que en 1998 es de17,2 % (es decir, creció más de un20%). Por otro lado, la misma va-riable para el total de las quinien-tas empresas tiene una magnitudy una evolución diferente: en 1993es de 9 puntos y en 1998, luegode oscilaciones ascendentes ydescendentes, permanece en elmismo valor. Como producto deello en 1998 las empresas selec-cionadas registraron un margende beneficios que prácticamenteduplicó el obtenido por el conjunto

de las quinientas empresas líde-res.

Naturalmente, el proceso des-cripto repercutió en la distribuciónfuncional del ingreso al interior deestas empresas. Así, tal como sedesprende del gráfico Nº 3, entan sólo seis años los asalariadosperdieron más de 15 puntos por-centuales en su participación delproducto bruto total (lo cual equi-vale a una disminución de casi el43%), mientras la retribución alcapital pasó del 65% en 1993 al80% en 1998.

La Encuesta Nacional a GrandesEmpresas publicó recientementeel corte analítico que diferencialas empresas privatizadas delconjunto de las grandes empresaspara el período 1995-1998. Allípuede verse que si bien se tratade un número relativamente redu-cido de firmas (79, el 15,8% deltotal), no resulta para nada des-preciable su significación relativaen la mayor parte de las variablesrelevadas en el estudio del IN-DEC. En efecto, en 1998 las mis-mas aportaban casi el 30% de laproducción generada por las 500líderes, más de la tercera partedel valor agregado, casi la mitadde las utilidades globales, el17,7% de la ocupación y el 22,2%de los salarios pagados. “El seg-mento de las privatizadas ha pa-sado a ocupar un papel protagóni-co en el interior de la cúpula em-presaria; tal vez no tanto en térmi-nos de, por ejemplo su capacidadde generación de empleos pero sí

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por el hecho de apropiarse de unaproporción mayoritaria del exce-dente económico acumulado porlas líderes (se trata de apenas el16% de las empresas, que dancuenta de casi la mitad de los be-neficios obtenidos por las 500 em-presas líderes)” (Azpiazu, 2001).

En función de la información pre-sentada, cabe introducir una so-mera reflexión en torno de la “vali-dez” -o, más concretamente, delsustento político e ideológico- deuno de los principales argumentoscon los que se justificó el progra-ma de reformas estructurales ins-trumentado en el país a fines delos años noventa. Entonces, seseñalaba que la conjunción de laapertura de la economía a los flu-jos internacionales de bienes y ca-pitales, con la desregulación deciertas actividades y la privatiza-

ción de empresas públicas, con-llevaría un significativo crecimien-to en la productividad de la econo-mía argentina que no tardaría en“derramarse” hacia el conjunto dela sociedad, muy especialmentehacia los sectores de menores re-cursos. En función de ello, y a par-tir del conjunto de la informaciónanalizada en esta parte del traba-jo, cabe indagar acerca de la “va-lidez” de tal afirmación, puestoque en los años noventa lo queparece haberse consolidado, tan-to en el nivel de las empresas pri-vatizadas como del conjunto de laeconomía, es un patrón de funcio-namiento económico-social en elque los incrementos registradosen la productividad de los trabaja-dores han sido “derramados” casien exclusiva hacia las fraccionesmás concentradas del capital (ba-jo la forma de una ingente – y, en

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Gráfico Nº 3. Evolución de la participación de los empresarios y los traba-jadores en el producto bruto de las empresas seleccionadas, 1993-1998 (enporcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre INDEC 1999 y 2000

(en porcentajes)

80

32 30

7774

706865

202326

35

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Participación empresarios

Participación trabajadores

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el caso de las empresas privatiza-das, también creciente- masa debeneficios), mientras que las de-mandas de los sectores socialesmás postergados por las políticaseconómicas implementadas a lolargo de la década fueron relega-das cada vez más a un segundoplano.

En definitiva, de las evidenciasanalizadas surge que el aceleradoproceso de privatizaciones enca-rado en la Argentina en el trans-curso de los años noventa no sólotuvo un papel central en la expli-cación del notable incremento quese registró en la cantidad de per-sonas desocupadas, sino quetambién constituye un factor clavepara comprender los motivos porlos cuales en la década pasada seregistró un ostensible deterioro enlas condiciones laborales de lostrabajadores en actividad (que, enel caso particular de las empresasprivatizadas, se expresó bajo laforma de mayores niveles de ex-plotación de los trabajadores,fuertes aumentos en la productivi-dad media que no fueron traslada-dos a salarios y, de resultas de to-do lo anterior, una acentuada re-gresividad en materia de distribu-ción del ingreso).

4. Conclusiones

La reforma del estado establecióla privatización masiva de empre-sas públicas, unida a la necesidadteórico-discursiva de proteger elempleo en dichas empresas y sus

condiciones. Entre las medidasenunciadas estaba la de evitar losefectos negativos de la privatiza-ción sobre el empleo, el estableci-miento de un plan de emergenciade empleo (consistente en obrapública mano de obra intensiva),etc.

Como pudo observarse en elapartado 3, la política de empleoen el sector de servicios públicosredundó en el desmembramientode las empresas y en la reducciónde los planteles, contribuyendo alincremento de los niveles de de-socupación. Unido, la falta de unapolítica de reinversión de los re-cursos públicos -propios o presta-dos- destinados a la desvincula-ción de los empleados produjo sudilapidación con el agravante deldeterioro de las condiciones detrabajo imperantes.

La denominada racionalizaciónse dividió en dos etapas diferen-ciadas. La primera que abarcó elperíodo comprendido entre la de-cisión política de privatización y eltraspaso efectivo de las empre-sas, tenía como objetivo funda-mental la reducción del plantel afin de llegar en “tiempo” y “forma”a las condiciones estipuladas enlos contratos de transferencia. Es-ta etapa (basada sobre retiros vo-luntarios) fue implementada porlos núcleos directivos de las exempresas públicas y en la mayo-ría de los casos, en el marco deimportantes acuerdos y negocia-ciones con las organizaciones sin-dicales (Gorenstein, 1999). La se-

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gunda etapa, posterior a las priva-tizaciones, continúa los procesosde racionalización pero con elagregado de nuevas tecnologíasen algunas áreas de funciona-miento que inducen a menores ta-sas de empleo.

La secuencia de estas dos eta-pas hizo que se modificara radi-calmente el funcionamiento y lascaracterísticas de los programasde retiro voluntario realizadoshasta entonces. La experiencia in-dicaba que tras haber optado porel retiro era posible volver a inser-tarse en el mercado de trabajo, enun plazo relativamente corto. Sinembargo, el nuevo esquema deracionalización incluyó el sosteni-miento, en el largo plazo, de la di-námica expulsora de mano deobra bajo diversos regímenes. Laparticularidad de retirarse (in)vo-luntariamente a principios de ladécada del noventa era que laeconomía ya no funcionaba den-tro de la lógica del pleno empleo,por lo que los trabajadores desvin-culados se encontraron con unlargo período de desempleo es-tructural que abarcó toda la déca-da.

Las reducciones se realizaronbajo la forma de despidos, cesan-tías, jubilaciones prematuras y“retiros voluntarios”. Estos últi-mos, pagados por el estado ar-gentino, fueron financiados funda-mentalmente por el Banco Mun-dial y explican gran parte de la re-ducción del empleo público ocurri-da entre 1991 y 1993 (los retiros

voluntarios representan el 50%del total). Tanto los ingresos deri-vados de los planes de retiro vo-luntario como de las indemniza-ciones por despidos no fueron ob-jeto de políticas públicas de orien-tación hacia nuevas inversiones.El resultado fue la utilización delos recursos en el corto plazo pa-ra inversiones temporarias o conescasas posibilidades de sobrevi-vir al período de empobrecimientoque impregnó a las zonas afecta-das por las reestructuraciones.

La reestructuración contribuyó agenerar en relativamente pocotiempo una masa de desocupadosinédita para la economía argenti-na. En efecto, la tasa de desocu-pación alcanzó el 18% de los cua-les más de dos puntos porcentua-les son explicados por la reestruc-turación de las siete empresas pú-blicas analizadas en este trabajo.La masa de trabajadores desocu-pados comenzó a actuar estricta-mente como ejército de reserva, elque se caracteriza por presionarel salario a la baja y por deteriorarlas condiciones de los empleosgenerados en el resto de la eco-nomía.

En los sectores considerados eneste trabajo, la productividad deltrabajo se incrementó en formaexponencial mientras que el em-pleo se redujo en términos absolu-tos. El salario medio aumentó en-tre 1993 y 1994 como parte de larecuperación que se venía ope-rando respecto de los años 1989 y1990, pero a partir de allí perma-

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neció estable hasta 1998. Final-mente, el crecimiento de la pro-ductividad unido al estancamientodel salario redundó en un incre-mento de la participación de losempresarios del sector en la apro-piación del ingreso en detrimentode los asalariados.

La disminución del empleo unidaa los incrementos de productivi-dad se tradujo en ganancias ex-traordinarias de las empresas,puesto que no redundó en incre-mentos salariales ni en disminu-ción de las tarifas de los servicios.El aumento de la productividadestá basado fuertemente sobre ladisminución del personal ocupadoantes que sobre el incremento delvalor agregado. No se deduce dela información analizada un creci-miento virtuoso de la productivi-dad sino asociado con la reduc-ción de los planteles, la disminu-ción de los salarios (con la conse-cuente precarización de los traba-jadores que perduran), la distribu-ción regresiva del ingreso y el in-cremento de la tasa de explota-ción vía un incremento en el mar-gen de explotación de los trabaja-dores ocupados en esas empre-sas, asociado con importantes in-crementos en la intensidad de lajornada de trabajo.

Este comportamiento refleja uncambio en la dinámica del empleoque generaban las empresas es-tatales respecto de la que asumenlas empresas privatizadas.

La versión doméstica de la refor-ma del estado ha dejado marcas

indelebles en la nueva estructurasocial: contribuyó a la distribuciónregresiva del ingreso (a través delas medidas descriptas más el au-mento de las tarifas de los servi-cios públicos), al incremento delas tasas de desempleo y a la pro-fundización de la precarización delas condiciones de trabajo. Unavez más se prueba que la privati-zación no implica en sí misma elinicio de un camino de crecimien-to, éste tiene como indicadorestambién la capacidad de la econo-mía de promover el ascenso so-cial, consolidar trayectorias ocu-pacionales calificantes y generarempleo. Por otro lado, toda políti-ca macroeconómica es directa oindirectamente política de empleo:si la primera no ampara el impac-to sobre la tasa de desocupaciónmal pueden los programas focali-zados resolver el problema.

En efecto, si la tesis en este sen-tido es que las empresas del esta-do estaban superpobladas de em-pleados y era necesario ajustarlos niveles de empleo, también esun deber del estado implementarpolíticas que contrarresten el altocosto social de un incremento ex-plosivo del desempleo en zonasfocalizadas. Los países integra-dos con éxito a la economía inter-nacional son aquellos que han lo-grado legitimar socialmente susprocesos de reestructuración apartir de la acción del estado y dela incorporación de consideracio-nes de equidad social en el diseñode las políticas que moldearonsus transiciones.

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En definitiva, la política de priva-tizaciones instrumentada en la Ar-gentina ha tenido un papel centralen la explicación de dos de losrasgos característicos que pre-sentó el mercado de trabajo urba-no local en el transcurso de la dé-

cada pasada: un incremento designificación en la tasa de desem-pleo, en la precarización de la ma-no de obra ocupada y, de resultasde ello, una creciente regresividaden materia de distribución del in-greso.

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Anexo. Aclaraciones metodológicas

Las fuentes de información estadística utilizadas son: - Encuesta Permanente de Hogares - INDEC- (ondas de mayo/junio). - Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP), Informes de 1985 a1990. - Memorias y balances de las empresas privatizadas extraídos de la Inspec-ción General de Justicia -Ministerio de Justicia.- “Grandes Empresas en la Argentina” del INDEC.La serie contiene las siguientes empresas estatales y privatizadas:

Empresa Estatal Empresa PrivatizadaEntel Telecom Stet France Telecom

Telefónica de Argentina S.A.Encotel Correo Argentino S.A.Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Argentinas S.A.Obras sanitarias de la Nación Aguas Argentinas S.A.Segba Edesur S.A.

Edenor S.A.Edelap S.A.Central Costanera S.A.Central Puerto Nuevo S.A.Central Dock Sud S.A.Central Pedro de Mendoza S.A.

Ferrocarriles Argentinos Trenes de Bs. As. S.A.Ferrocarril Metropolitano S.A.Ferrovías S.A.Metrovías S.A.Ferrocarril General Belgrano S.A.Ferrocarril General San Martín S.A.Ferrosur Roca S.A.Ferroexpreso Pampeano S.A.Nuevo Central Argentino S.A.Ferrocarril Mesopotámico S.A.Bs. As. al Pacífico S.A.

Gas del Estado Transp. de Gas del Sur S.A.Transp. de Gas del Norte S.A.Distribuidora de Gas Metropolitana S.A.Distribuidora de Gas Pampeana S.A.Distribuidora de Gas del Litoral S.A.Gas Natural Ban S.A.Litoral Gas S.A.Camuzzi Gas del Sur S.A.Distribuidora de Gas Cuyana S.A.Distribuidora de Gas del Noroeste S.A.Distribuidora de Gas del Centro S.A.

Fuente: Elaboración propia basado sobre Sigep e IGJ.