TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE DERECHO
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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO FACULTAD DE DERECHO CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE DERECHO “EL PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD TRIBUTARIA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO”. AUTORA: ALARCON VALENCIA, Gladys Rubela CABRERA TOLENTINO, Edwin Orlando ASESOR: MG. GUILLERMO ALEXANDER CRUZ VEGAS Trujillo – Perú
Transcript of TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE DERECHO
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO
FACULTAD DE DERECHO
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO
TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
DERECHO
“EL PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD TRIBUTARIA
EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL PERUANO”.
AUTORA:
ALARCON VALENCIA, Gladys Rubela
CABRERA TOLENTINO, Edwin Orlando
ASESOR:
MG. GUILLERMO ALEXANDER CRUZ VEGAS
Trujillo – Perú
2020
HOJA DE FIRMAS
PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
DEDICATORIA:
Esta Tesis esta dedicada a Dios, por darme la fuerza para seguir adelante a pesar de
las adversidades; a mi joya más valiosa, mi
pequeña Rubí por su paciencia, comprensión y tiempo, a pesar de su corta
edad; a mi Madre, sin importar nuestras
diferencias de opiniones, ya que sin ello no
me superaría diariamente.
AGRADECIMIENTO:
Llena de regocijo, amor y esperanza, agradezco a Dios
nuestro creador por permitirme sonreír ante mis logros que
son el resultado de su ayuda, porque cuando caigo él esta
ahí para ayudarme a levantar, porque aprendo de mis
errores y me doy cuenta que los pones frente mío para que
mejore y crezca como ser humano.
ÍNDICE
INDICE DE CONTENIDOS
Páginas
Carátula 1
Índice de Contenido 5
Índice de Tablas y Gráficos 6
Resumen 7
Abstrac 8
I. Introducción 9
1.1. Realidad problemática 10
1.2. Formulación del Problema
1.3. Justificación
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
1.4.2. Objetivos Específicos
1.5. Antecedentes
1.6. Bases Teóricas
1.7. Definición de términos básicos
1.8. Formulación de la hipótesis
1.9. Propuesta de aplicación profesional
II. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Material:
2.1.1. Materiales
2.1.2. Humano
2.1.3. Servicios
2.1.4. Otros
2.2. Material de Estudio
2.1.1. Población
2.1.2. Muestra
2.3. Técnicas Procedimientos e instrumentos
2.3.1. Para recolectar datos
2.3.2. Para procesar datos
2.4. Operación de Variables
III. RESULTADOS
IV. DISCUSION
V. CONCLUSIONES
VI. RECOMENDACIONES
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
VIII. ANEXOS
INDICE DE TABLAS y GRAFICOS
RESUMEN
Esta tesis en sus cuatro Capítulos, realiza un análisis del articulo 74º de
nuestra Constitución, en donde se refiere que ningún tributo tiene carácter
confiscatorio, demostrándose que en la practica diaria nuestro ente recaudador no
considera mínimamente este concepto, sino que se ha vuelto un ente abusivo,
llegando a confiscar en muchos casos todo el patrimonio de los contribuyentes que
tienen deudas, es decir el 100% del patrimonio del deudor tributario.
El propósito de esta investigación es que en la misma constitución se puedan
establecer limites a la confiscación que se realiza, así como se establecen en otros
países y en el derecho comparado podemos encontrar países que de manera expresa
consagran el principio de no confiscatoriedad, como lo son países de Europa y
américa latina, en muchos de ellos se establecen limites máximos a la confiscación
teniendo como referente un 33% del Patrimonio del deudor tributario. Si bien es
cierto lo largo de nuestra historia y desde la época incaica, el pueblo siempre ha
estado sometido al pago de tributos para el mantenimiento y sostenimiento del
mismo imperio incaico, y el tributo incaico consistió en la entrega de trabajo para
poder hacer producir las tierras del inca, este era realizado por reciprocidad. Pero
existen dos momentos diferentes en nuestra historia y estas son muy marcadas es un
antes y un después de la llegada de los españoles al Perú y con ellos su sistema
tributario que produjo como resultado la entrega de dinero como pago de tributos
trayendo consigo un sistema tributario que aun debería de cambiar y establecer
políticas recaudadoras de acuerdo con nuestra realidad.
ABSTRACT
Questa tesi nei suoi quattro capitoli, fa un'analisi dell'articolo 74 della nostra
Costituzione, che fa riferimento a nessuna confisca fiscale, dimostrando che nella
pratica quotidiana la nostra entità di raccolta non considera questo concetto
minimamente, ma è diventato un'entità abusivo, arrivando a confiscare in molti casi
tutto il patrimonio dei contribuenti che hanno debiti, cioè il 100% del patrimonio
del debitore fiscale.
Lo scopo di questa indagine è che nella stessa costituzione si possono stabilire limiti
alla confisca che viene effettuata, poiché sono stabiliti in altri paesi e in diritto
comparato possiamo trovare paesi che espressamente consacrano il principio di non
confisca, come sono paesi dell'Europa e dell'America Latina, in molti di essi sono
stabiliti limiti massimi per la confisca, con il 33% del patrimonio del debitore fiscale
come riferimento.
Sebbene sia vero in tutta la nostra storia e fin dal periodo Inca, le persone sono
sempre state soggette al pagamento delle tasse per la manutenzione e il sostegno
dello stesso impero Inca, e il tributo Inca consisteva nella consegna del lavoro per
essere in grado di produrre il terra degli Inca, questo fu fatto per reciprocità. Ma ci
sono due tempi diversi nella nostra storia e questi sono molto marcati è un prima e
dopo l'arrivo degli spagnoli in Perù e con loro il suo sistema fiscale che ha portato
alla consegna di denaro come pagamento delle tasse portando con sé un sistema
fiscale che dovrebbe ancora cambiare e stabilire politiche di raccolta in base alla
nostra realtà.
I. INTRODUCCION
La Potestad Tributaria está regulado en el Art. 74°y prescribe “Los
tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración,
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de
facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante
decreto supremo”, no obstante del ius imperium que ejerce el Estado, no
es un poder ilimitado, sino que está sujeto a ciertas reglas de carácter
constitucional que son los llamado principio constitucionales
tributarios, los cuales limitan la potestad que ejerce el Estado.
Dentro de los principios consagrados en nuestra Constitución tenemos el
Principio de no confiscatoriedad, el cual debe ser observado al momento
de ejercer la potestad tributaria, con lo que garantiza el derecho de los
contribuyentes; sin embargo existen otros principios que no son
explícitos pero que han sido desarrollados por la doctrina y la
jurisprudencia, nos referimos al principio de capacidad contributiva,
principio de seguridad jurídica y de solidaridad.
Es en ese sentido es encontramos jurisprudencia respecto de temas
tributarios en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, el
mimo que se ha convertido de un tiempo acá en un actor, por cuanto
mediante las sentencia regula de una manera la potestad tributaria que
tiene el Estado, estableciendo definiciones en cuanto a los tributos,
determinado obligaciones que le corresponden a los contribuyentes y las
facultades que le competen a la Administración Tributaria, tratando de
mantener un equilibrio en la imposición de los impuestos y sus
sanciones.
La vulneración del principio de no confiscatoriedad surge cuando se
quiere incorporar al ordenamiento jurídico tributos que se tratan de
imponer sin observar los principios jurídicos tributarios, para lo cual las
personas jurídicas o naturales agraviadas, a través de recursos de amparo
y procesos de acciones de inconstitucionalidades, pueden observar el
atropello a que están expuestos.
1.
1.1. Realidad Problemática
El Principio de No Confiscatoriedad se encuentra íntimamente vinculado
con la capacidad que tenemos todos los ciudadanos de contribuir con el
sostenimiento del aparato estatal de nuestro país, sin que esto afecte nuestro
patrimonio, seamos personas naturales o jurídicas; y sin que esta
recaudación destruya la economía de la sociedad y de los administrados,
cargándola con pagos exagerados de impuestos.
Hoy en día la obligación tributaria genera la exigencia de pagos para
necesidades tan básicas como: nacer, casarse, morir; obligándonos a pagar
una serie de tributos (impuestos, contribuciones y tasas) previstas en las
diferentes entidades recaudadoras.
Esto tiene su naturaleza o sustento natural, en que el Estado para satisfacer
las necesidades de la sociedad y cumplir con los servicios públicos requiere
de recursos económicos que logra obtener a través de las entidades de
recaudación tributaria.
Esta potestad tributaria no es sólo atribución del gobierno central, sino que
dicha potestad también es ejercida por los Gobiernos Regionales, que
conforme a lo prescrito en los literales c) y d) del artículo 9 de la Ley Nro.
28867, señala: “Competencias constitucionales. Los gobiernos regionales
son competentes para: c) Administrar sus bienes y rentas y d) Regular y
otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su
responsabilidad". Asimismo, los gobiernos locales, en virtud del numeral
9 del artículo 9 de la Ley 27972, señala: “Crear, modificar, suprimir o
exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme
a ley"
1.2. Formulación del problema:
¿Determinar en que medida la aplicación del principio de no
confiscatoriedad se vulnera, de acuerdo a los criteriosa adoptados en las
sentencias del Tribunal Constitucional Peruano?
1.3. Justificación
La Finalidad de esta investigación, conocer los criterios jurisprudenciales
que el Tribunal Constitucional Peruano ha desarrollado sobre el principio
de no confiscatoriedad dentro del sistema tributario peruano, según lo
prescrito en el Art. 74º de la Constitución Política del Perú, al realizar la
imposición de las distintas modalidades de recaudación afectando el
patrimonio sustancial, la propiedad, la libertad de trabajo y hasta el secreto
bancario, de los contribuyentes que únicamente puede ser develado
jurisdiccionalmente.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General:
Determinar la vulneración del principio de no confiscatoriedad a la luz
de los criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal
Constitucional Peruano.
1.4.2. Objetivo Especifico:
a) Analizar los criterios de la definición legal del principio de no
confiscatoriedad, establecidos en nuestra legislación y demás normas
tributarias
b) Determinar los criterios de la doctrina y el derecho comparado
referidos al principio de no confiscatoriedad.
c) Revisar sentencia del Tribunal Constitucional referidas a tributos,
que vulneren el principio de no confiscatoriedad y que causan agravio
al contribuyente.
1.5. Antecedentes.
Internacional
En la tesis de Atencio, titulada “El principio de no confiscatoriedad en materia
tributaria: evolución y situación actual en España y Venezuela”, la misma que
fue presentada en la Universidad de Salamanca, España, para optar el grado
académico de Doctor en Derecho, en su primera conclusión señala que, el
principio de no confiscatoriedad en materia tributaria debe encuadrarse en la
categoría de principios tributarios constitucionales para su uso; en su conclusión
decima séptima nos indica que el principio de no confiscación ha tenido ciertos
avances, pero llena de complejidades, nos dice que dentro de la última evolución
se encuentra en el campo de la tributación internacional, lo cual va a permitir
evitar la doble imposición, así como también prevenir la evasión fiscal
(ATENCIO, 2014).
En la tesis de Toledo “Análisis de la jurisprudencia constitucional desde la
Teoría del Derecho: Concretización y ponderación de principios de derecho
tributario”; presentada en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España
para obtener el grado de doctor en derecho, dentro de sus conclusiones señala
que, desde un aspecto Kelseniano, que la conducta de contribuir al sostenimiento
de los gasto públicos no puede ser considerada el contenido de un deber jurídico
porque no se establece, en forma expresa, una sanción para el caso de
incumplimiento; asimismo sostiene en otra conclusión que los cinco criterios de
distribución de la carga tributaria establecido en el Art. 31.1 de la Constitución
Española, son reconocidos tanto por la doctrina como la jurisprudencia, y son
denominado principios materiales de Derecho Tributario
(TOLEDO, 2015).
Nacional
En la tesis de Castillo, titulada “El filtro de constitucionalidad: una crítica a los
procesos destinados a garantizar el principio constitucional tributario de no
confiscatoriedad”, presentada en la Universidad Privada del Norte, para optar
el título de Abogado, dentro de su objetivo general indico que se debe establecer
el proceso idóneo para cuestionar la vulneración del principio de no
confiscatoriedad por parte de un tributo extra fiscal; asimismo en una de sus
conclusiones señaló que no es posible acudir al proceso de amparo para tutelar
el principio de no confiscatoriedad, pues para la probanza de la confiscatoriedad
del tributo el Tribunal Constitucional exige una prueba mínima pero suficiente,
ello debido a la ausencia de etapa probatoria; sin embargo los medios de prueba
adjuntados no deben haber sido elaborados o mandados a elaborar por el
demándate, pues caso contrario se restara valor probatorio, lo cual convierte en
inidóneo al proceso de amparo (CASTILLO, 2017).
En la tesis de Duran, titulada“La capacidad contributiva en los impuestos desde
la perspectiva del estado constitucional: relativización de los índices o
manifestaciones de riqueza”, presentada en la Pontificia Universidad Católica del
Perú, para optar el título de abogado, el mismo que su primera conclusión señaló
que la noción tradicional del principio de capacidad contributiva exigía
necesariamente que lo impuestos graven índices o manifestaciones de riqueza
como la renta, el patrimonio y el consumo (DURAN, 2014).
Local
En la tesis de Huertas, titulada “Vulneración del principio de igualdad en las
exoneraciones tributarias: tratando la Ley Nº 29624”, presentada en la
Universidad Nacional de Trujillo para obtener el título de abogado, tuvo como
objetivo general, determinar los alcances de la Ley Nº 29624 y sus efectos
actualmente en la recaudación tributaria por parte de Aduanas y Sunat; dentro
de sus conclusiones señaló, determina que las exenciones otorgadas por el poder
legislativo han sido emitidos en contra lo regulado por el artículo 103º de la
Constitución Política del Perú (HUERTAS, 2019).
En el trabajo de investigación de Corrales, titulado “La facultad de fiscalización
de la administración tributaria afecta los derechos de los administrados en
Lambayeque 2012”, presentada en la Universidad Nacional de Trujillo para
obtener el grao de maestro en ciencias económicas; en su objetivo general señaló
que se debe determinar La facultad de fiscalización de la administración
tributaria afecta los derechos de los administrados en Lambayeque 2012;
asimismo en sus conclusiones indico en una de sus conclusiones que el Estado,
al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley,
y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún
tributo puede tener carácter confiscatorio (CORRALES, 2016).
1.6. Bases Teóricas
Principio de no confiscatoriedad tributaria
Para analizar esta variable es necesario precisar ciertas definiciones
como:
1.1.1.1 La Potestad Tributaria: Es la atribución otorgada por la
Constitución a los diferentes niveles de gobierno para
crear, modificar, suprimir o exonerar tributos, y de obtener
coactivamente el cumplimiento de la obligación
tributaria.
El poder tributario es la potestad tributaria que tiene el
Estado para crear, modificar y extinguir tributos, los
mismo que se crean de manera unilateral, es decir sin
conocimiento, ni autorización del contribuyente.
1.1.1.2 Características de la Potestad Tributaria
a) Abstracto y permanente: Es decir, la potestad
tributaria, nace con la propia idea de Estado y la soberanía
de este, como el poder político y público, por lo que
mientras exista Estado, la potestad es permanente.
b) Irrenunciable e indelegable: El Estado puede
inhibirse de ejercer potestad, pero jamás renunciar ya que
no es patrimonio de gobierno, no pudiendo ser objeto de
disposición, lo cual trae como consecuencia la
imposibilidad de que esta potestad sea delegada o
transferida a otro órgano de gobierno sea local o regional,
tal es el caso de la delegación del cobro de impuestos
municipales que delega el Estado a los gobiernos locales.
c) Origen Legal: El poder tributario se encuentra
prescrito en la Ley, limitado y racionalizado por esta.
d) Jurisdiccional: En el ámbito espacial la delimitación
lo constituye el territorio donde tal potestad tributaria
puede ser ejercida solamente dentro de esos límites.
1.1.1.3 Límites de la potestad tributaria: El poder tributario no es
ilimitado, sino que debe ser ejercido dentro de los
parámetros que le otorga la Ley o normas, en este caso es
la Constitución como norma suprema la que constituye el
punto inicial y fundante para establecer los límites de esta
potestad tributaria estatal.
La potestad tributaria que ejerce el Estado no debe ser un
arma que podría llegar a ser destructiva de la economía, de
las familias y de la sociedad; además esta potestad
exclusiva y excluyente del Estado de crear tributos se
encuentra regida por ciertos principios que son
reconocidos no solo por nuestra Constitución, sino
también en el derecho comparado, además de ser
reconocida por abundante jurisprudencia nacional y
extranjera.
Si bien existe uniformidad en la existencia de principios
que regulan la actividad estatal, no existe uniformidad en
cuanto al número de principios, o en todo caso no existe
consenso en el universo de los principios, sin embargo ello
no es óbice para indicar que existe dentro los principios, el
principio de legalidad, que constituye una garantía para el
ciudadano, del mismo se consignan los principios de
igualdad, de capacidad contributiva, los mismo que
reafirman el respeto d los derechos de la persona humana,
que es reconocida pro nuestra carta fundamental de 1993,
al igual que el respeto a la propiedad privada, descrita con
el de no confiscación
1.1.1.4 Límites al ejercicio de la potestad tributaria dentro de la
Constitución
La Constitución vigente en su artículo 74° establece que
“…El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe
respetar los principios de Reserva del Ley, y los de
Igualdad y de respeto a los Derechos Fundamentales de la
persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio”
Como podemos apreciar, la actual Constitución señala
expresamente sólo cuatro Principios del Derecho
Tributario, que es lo mismo que decir los cuatro Límites
que debe respetar quien ejerce potestad tributaria.
1.1.1.5 Derecho constitucional tributario.
“Es el conjunto de principios y normas constitucionales
que gobiernan la tributación. Es la parte del derecho
constitucional que regula el fenómeno financiero que se
produce con motivo de detracciones de riqueza de los
particulares a favor del Estado, impuestas coactivamente,
que atañen a la subsistencia de éste, que la Constitución
organiza, y al orden, gobierno y permanencia de la
sociedad cuya viabilidad se procura.” (SPISSO, 2011)
1.1.1.6 El Derecho Tributario en nuestra Constitución de 1993
La Constitución de 1979 establecía en su artículo 139º que
“sólo por ley expresa se crean, modifican o suprimen
tributos y se conceden exoneraciones y otros beneficios
tributarios. La tributación se rige por los principios de
legalidad, uniformidad, justicia, publicidad,
obligatoriedad, certeza y economía en la recaudación. No
hay impuesto confiscatorio al privilegio personal en
materia tributaria”.
Es entendido entonces que el análisis de la capacidad
contributiva es lo que permitirá que el impuesto creado no
tenga efectos confiscatorios. De esta manera es como las
ejecutorias que se analizarán tratan la aplicación de este
principio constitucional en materia tributaria, sin embargo,
como no puede ser de otra manera, ello es tan solo una
solución específica al caso concreto de los demandantes,
sin embargo, subsisten los efectos confiscatorios del
impuesto como resultado de la dación de una norma legal
que no tomó en cuenta la capacidad contributiva del sujeto
pasivo.
El texto declarativo consagrado en el párrafo del
mencionado artículo 74° de la Constitución que
textualmente dice: “No surten efecto las normas que violen
estos principios”, termina siendo, en la práctica, tan solo
una buena intención sin una aplicación real.
Creemos que debe existir por parte del Estado el
cumplimiento estricto de los principios constitucionales,
entre ellos, los relacionados con el ejercicio de su facultad
impositiva, ello permitiría la estabilidad del sistema
tributario y el cumplimiento efectivo de los sujetos pasivos
del impuesto. La solución no puede ser el tener que recurrir
al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional, sino que
más bien debe existir mayor coherencia y respeto ante
quienes el Estado recurre para que aporten, por la vía
impositiva, los recursos necesarios para su propia
subsistencia.
Es importante tomar en cuenta que el principio de no
confiscatoriedad es la correspondencia que hace la propia
Constitución del derecho de propiedad contemplado en el
inciso 16 del Artículo 2° y el Artículo 70° de dicho texto
constitucional. Se niega al Estado la posibilidad que en
ejercicio de su facultad impositiva viole el derecho de
propiedad haciendo suyo por la vía impositiva el
patrimonio de los contribuyentes, escondiendo, de esta
manera, una expropiación sin el reconocimiento del pago
del justiprecio.
1.1.1.7 Principios del Derecho tributario
Legalidad Este principio es la base fundamental en el
derecho tributario, por cuanto asegura que solo por ley se
crea los tributos y es anterior al hecho.
Igualdad Es un principio elevado a categoría
constitucional que reconoce o asegura que el Estado
brindara un trato igual a todos los ciudadanos que se
encuentren en similar situación económica o capacidad
contributiva
Generalidad Este principio se traduce en que no puede
existir privilegios en los contribuyentes, lo cual no excluye
la capacidad y atribución que tiene el estado de otorgar
determinadas concesiones, exoneraciones, beneficios u
otros de manera temporal o permanente en caso especiales,
lo cual podría ser en casos de pensionistas que por su
precaria situación económica deben tener una especial
atención por parte del estado
No Confiscatoriedad Según Valdez, plantea que la no
confiscación es una prohibición destinada a evitar una
imposición excesiva superior a las posibilidades del sujeto
(VALDEZ,2013).
1.1.1.8 El Principio De No Confiscatoriedad en la
Constitución de 1993.
La potestad tributaria del Estado, prescrita en nuestra
Constitución en el artículo 74°, se constituye como el ius
imperio que tiene el Estado para crear tributos mediante
leyes o decretos legislativos, debiendo preservar el estado
la sujeción al respeto de los principios de reserva de Ley,
igualdad y los derechos fundamentales de la persona,
desterrando la confiscatoriedad tributaria.
Basados en el principio de no confiscatoriedad, no se
puede limitar a una persona de su propiedad sin
procedimiento debido ni pago previo de indemnización
justipreciada, salvo por causa o razón justificada declarad
por Ley y previo pago de la indemnización justipreciada.
Es importante tener presente los conceptos de
expropiación y confiscación, mientras una el primero tiene
la calidad de ser licito el segundo es ilícito por cuanto se
incumplen uno o más principios tributarios.
La confiscación en lo tributario, es un hecho que ocurre
cuando un tributo es de tal dimensión que equivale a una
confiscación del bien sobre el cual el contribuyente debe
pagar tal tributo; en él se afectan los derechos de igualdad
y de propiedad.
El principio de no confiscatoriedad de los tributos limita el
ejercicio de la potestad tributaria estatal y, como tal,
constituye un mecanismo de defensa de ciertos derechos
constitucionales, defiende en principio el derecho de
propiedad, por cuanto evita que la ley tributaria pueda
afectar sin ningún criterio lógico el patrimonio de las
persona, de igual forma está íntimamente ligado con el
derecho de la igualdad en materia tributaria, es decir, se
debe tener en cuenta la capacidad personal o patrimonial
de los contribuyentes
El principio de no confiscatoriedad presupone que una
norma tributaria no puede tener efectos Confiscatorios, es
decir, habrá alcances confiscatorios cuando la detracción
patrimonial producida sea de considerable cantidad, en
términos relativos a la renta o patrimonio considerado.
1.1.1.9 El Principio De No Confiscatoriedad en la Doctrina.
“El principio de no confiscatoriedad se traduce en un límite
a la detracción de riqueza imponible, objeto del tributo que
se toma como índice de capacidad económica, prohibiendo
excesos en los resultados de la imposición, el
establecimiento por parte del legislador de una carga
tributaria excesiva en relación con la capacidad económica
del sujeto, o bien, de una incorrecta cuantificación de esta
riqueza imponible debido a su deficiente determinación de
la capacidad económica que manifiesta, puede producir
como resultado efectos confiscatorios”, mediante esta
conceptualización
podemos señalar que el principio de no confiscatoriedad
establece límites al ius imperio que ejerce el Estado para
la imposición de tributos (GARCÍA, 2004).
“El principio de no confiscatoriedad protege el derecho de
propiedad, garantía fundamental en todo estado
democrático, lo que se deriva de la libertad, es uno de los
pilares que sirve de base a ese tipo de la democracia. En
base a esta idea el Estado se apropia de los bienes de los
contribuyentes, al aplicar una disposición tributaria en la
que el monto llega a extremos insoportables por lo
exagerado de su quantum, desbordando así la capacidad
contributiva de la persona y vulnerando por esa vía
indirecta la propiedad privada”; lo que el autor nos indica,
es que el Estado, debe respetar el derecho a la propiedad;
no debe imponer tributos que menoscaben el patrimonio
del contribuyente, mucho mas por el contrario estos deben
ser razonables y equilibrados (HERNÁNDEZ, 2007).
“El Principio de no confiscatoriedad de los tributos
constituye uno de los principios rectores de la tributación
consagrados de manera expresa por el artículo 74 de la
Constitución… (p.657); el doctrinario concuerda con lo
indicado en nuestra carta magna, al indicar que se debe
imponer tributos que respeten los principios tributarios ya
indicados (ORDOÑEZ, 2006).
“El principio de no confiscatoriedad se traduce en
exigencia de que la tributación sea graduada en forma tal
de adaptarse la riqueza los contribuyentes, esto implica que
cada ley tributaria toma sector de las diez pero sin destruir
su base creador tanto el conjunto de impuestos como cada
impuesto al bebé cuartel la capacidad económica de los
contribuyentes, y capacidad económica ha de entenderse
como la real posibilidad de poder ser disminuida
patrimonialmente, pero sin destruirla y sin que pierda la
posibilidad de persistir generando la riqueza que es la
materia de la tributación. La violación a esta regla por
excesos tributarios configura confiscación,
consustancialmente vedada, además de una suprema
irracionalidad” (ATALIBA, 2007).
1.1.1.10. El principio de no confiscatoriedad en el derecho
comparado.
En el derecho comparado podemos encontrar países que
señalan de manera expresa el principio de no
confiscatoriedad.
a) En la Constitución Española
En el Art. 31° señala que: “Todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su
capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que,
en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”; el prescrito
articulo tiene similitud a los indicado en nuestra Constitución,
por cuanto se basa en principios rectores que defienden la no
confiscatoriedad.
b) En la Constitución de Venezuela
Indica en el Art. 317°, “No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni
contribución alguna que no estén establecidos en la ley, ni
concederse exenciones y rebajas ni otras formas de
incentivos fiscales, sino en los casos previstos por la ley que
cree el tributo correspondiente. Ningún tributo puede tener
efecto confiscatorio”; al igual que nuestra carta magna el
tributo se crea solo por Ley.
c) En la Constitución de Guatemala
Prescribe el Art. 243°, “El sistema tributario debe ser justo y
equitativo. Para el efecto de las leyes tributarias serán
estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se
prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple
imposición interna; lo señalado en esta Constitución guarda
relación con nuestra Constitución, en el sentido de que los
tributos deben ser justos y equitativos, es decir razonables.
d) En la Constitución de Paraguay
Se indica en el Art. 181°, “La igualdad es la base del tributo.
Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y
su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los
habitantes y a las condiciones generales de la economía del
país”; a igual que nuestro país, para crear tributos se debe
tener en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos.
e) En la Constitución de Ecuador
El Art. 33° señala que, “Para fines de orden social
determinados en la ley, las instituciones del Estado, mediante
el procedimiento y en los plazos que señalen las normas
procesales, podrán expropiar, previa justa valoración, pago e
indemnización, los bienes que pertenezcan al sector privado.
Se prohíbe toda confiscación”; tiene similitud con nuestra
Constitución, en tanto el estado quiera expropiar un bien
patrimonial, para lo cual deberá pagar un justiprecio al
contribuyente.
f) En la Constitución de Chile
Prescribe el Art. 19. Numeral 7, Letra g) No podrá imponerse
la pena de confiscación de bienes…”; similitud en cuanto a la
no confiscatoriedad de bienes patrimoniales
g) En la Constitución de Colombia
En su Art. 34 señala “Se prohíben las penas de destierro,
prisión perpetua y confiscación…”; al igual que nuestro país
no existe la confiscación de bienes.
h) En la Constitución de Uruguay
Indica en su Art.14, No podrá imponerse la pena de
confiscación de bienes por razones de carácter político.
1.7. Definición de Términos Básicos
Acreedor Tributario: como lo señala el artículo 4° del código Tributario, “es
aquel en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria, por lo general lo
constituye el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales, son considerados como acreedores de la obligación tributaria, así ́como
las entidades de derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley
les asigne esa calidad expresamente”.
Mediante este concepto, podemos decir que el Estado, puede
asignar a otros sujetos, la potestad tributaria, tal como le asigna
a las municipalidades el cobro del impuesto predial, siempre
fijando límites y subordinándose al propio Estado.
Constitución: “es el conjunto normativo que se establece de una sola vez para
regular las funciones” (GARCÍA, 1984).
Contribución Es el tributo que cancelan los contribuyentes por recibir beneficios
derivados de la realización de obras públicas o de actividades
estatales.
Contribuyente es la persona natural o jurídica que está obligada por Ley al pago
de impuestos.
Deuda Tributaria: Es la deuda exigible al contribuyente y está compuesta por el
tributo, las multas y los intereses.
Derecho Constitucional Tributario: “El derecho constitucional tributario es el
conjunto de principios y normas constitucionales que gobiernan la tributación,
Es la parte del derecho constitucional que regula el fenómeno financiero que se
produce con motivo de detracciones de riqueza de los particulares en favor del
Estado ,impuestas coactivamente, que hacen a la subsistencia de este, que la
Constitución organiza, y al orden, gobierno y permanencia de la sociedad cuya
viabilidad ella procura” (SPISSO, 1991).
Impuesto El inciso b) de la norma II del título preliminar del Código Tributario,
señala que es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación
directa en favor del contribuyente por parte del Estado
Jurisprudencia: “entendemos por jurisprudencia n sentido estricto la forma de
manifestación del Derecho que se realiza a través del ejercicio de la jurisdicción,
en virtud de una sucesión armónica de decisiones de los tribunales”
(PREZNIETO, 1995).
Principios constitucionales tributarios son conceptos jurídicos consagrados en
la Constitución, de manera indeterminada, siendo el Tribunal Constitucional el
que debe interpretar y dar alcance y contenido a los principios.
Principio de Legalidad o Reserva de Ley El principio de legalidad nos dice
que solo por ley se crean tributos, mientra que el principio de reserva de ley nos
señala que la creación de tributos está reservada para el órgano encargado de
dictar leyes, en este caso el poder legislativo
Principio de Igualdad: “el principio de igualdad surge, con un alcance político
primero y jurídico después, con la Revolución Francesa. Su propósito fue poner
término a los privilegios que se derivan de la sociedad clasista o estamental,
afirmando la igualdad de todos ante la Ley”; es decir se debe tratar igual a los
de la misma condición y diferente a los que encuentra en diversas condiciones
(LEJEUNE, 2001).
Principio de No Confiscación: “la confiscación tributaria supone una violación,
por exceso, del principio de capacidad económica. La confiscación se produce
cuando se grava la capacidad económica más allá de la capacidad contributiva.
El principio de no confiscatoriedad es el límite superior e esa capacidad que
impide que el poder tributario se extralimite, es decir sobrepase la capacidad
contributiva a la hora de establecer y exigir el pago de tributo, es decir un tributo
no debe gravar excesivamente el patrimonio de los contribuyentes”
(GALLEGO, 2003).
Potestad tributaria Facultad que posee el Estado para crear tributos en forma
unilateral, cuyo pago le será exigido a los contribuyentes sometidos a s competencia,
recaudación que será destinada a cubrir las necesidades públicas del estado.,
El Sistema Tributario Es la organización, administrativa, técnica y lo más
importante legal que crea el Estado, con el objeto de ejercer en forma objetiva los
fines del Estado.
SUNAT: Es la institución Publica Descentralizada del sector de Economía y
Finanzas, con personería jurídica de derecho público y que encarga de
administrar y aplicar los procesos de recaudación y fiscalización de los tributos
internos, a excepción de los mundiales y otros que la Ley señale; sus siglas
significan Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
1.8. Hipótesis:
1.8.1. Planteamiento de la hipótesis:
En las Sentencias del Tribunal Constitucional se emiten criterios de
protección respecto del principio de no confiscatoriedad.
1.8.2. Variables:
1.8.2.1. Variable independiente:
El Principio de no Confiscatoriedad
1.8.2.2. Variable dependiente:
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
1.8.3. Operacionalización de variables
La investigación es de tipo no experimental y alcance descriptivo, se
trata de una investigación jurídica, y que no permite realizar
investigaciones experimentales, porque se pretende establecer un
adecuado análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional para
evitar la vulneración del principio de no confiscatoriedad
Dónde:
O = La Observación sistemática a la muestra
M = Muestra la parte representativa de la población
observada por el investigador.
1.8.4. Materiales y métodos
1.8.5. Tipo de Diseño de Investigación
Exploratorio/ Descriptivo/ Correlacional-causal
1.8.6. Legislación
- Constitución Política del Perú -
Texto Único del Código Tributario
- Doctrina.
1.8.7. Jurisprudencia
Las siguientes sentencias emitidas por el Tribunal
Constitucional Peruano:
• EXP. N°053-2004-PIITC
• EXP. N. º 2727-2002-AA/TC
• EXP. N. º 04197-2007-PA/TC
• EXP. N° 2302-2003-AAFFC
• EXP. N.° 0041-2004-AI/TC
1.8.8. Material de estudio
1.8.8.1. Población
La población estuvo constituida por todas las Sentencias del
Tribunal Constitucional emitidas para los casos de
vulneración del Principio de No Confiscatoriedad en los
cuales se haya declarado fundada e infundada.
1.8.8.2. Muestra
Se utilizó el muestreo de tipo no probabilístico, es decir al
criterio del investigador, por lo que estuvo constituida por 05
Sentencias del Tribunal Constitucional.
1.8.9. Técnicas, procedimientos e instrumentos.
1.8.10. De recolección de información Tabla
N°01
Técnicas e instrumentos del Análisis documental
Técnicas Instrumentos
Análisis
documental
Fichas de análisis del marco teórico,
de la legislación, doctrina y
jurisprudencia
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Alarcón, G. (2019).
Tabla N°02
Técnicas e instrumentos de Observación
Técnicas Instrumentos
Observación
Guía de Observaciones: se observó
las Sentencias de Casaciones de la
Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia de la República.
Fuente: Investigación propia Elaborado
por: Alarcón, G. (2019).
1.1.1.11 De procesamiento de la Información
En el desarrollo de la investigación, se analizó el marco
teórico de la legislación doctrina y jurisprudencia respecto del
principio de no confiscatoriedad, sintetizándolas en las fichas
bibliográficas.
Asimismo, se observó las Sentencias del Tribunal
Constitucional utilizando las guías de observación, para
posteriormente discutirlas en el análisis de resultados y en las
conclusiones
Tabla N°03
Variable Independiente: El principio de no Confiscatoriedad
VARIABLE DIMENSIONE
S INDICADORES TECNICAS
ESCALA DE
MEDICION
DE
INSTRUMEN
TOS
El principio de
no
Confiscatoriedad
“Que la Constitución
asegura la inviolabilidad de
la propiedad
privada, así como su libre
uso y
disposición,
queda prohibida
la confiscación.
Conceptualización y definición del principio de
no confiscatoriedad en la
Constitución y demás
normas Análisis
documental
Observación
y Trabajo de
gabinete
Ficha de
análisis y guías
de observación
Doctrina que señalan el
respeto al principio de no
Confiscatoriedad
Opiniones de la doctrina y
jurisprudencia respecto del
principio de no
confiscatoriedad.
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Alarcón, G. (2019).
Tabla N°04
Variable dependiente: Jurisprudencia de El principio de no Confiscatoriedad
VARIAB
LE DIMENSIONES INDICADORES
TECNICA
S
ESCALA DE
MEDICION DE
INSTRUMENT
OS
Sentencias del
Tribunal
Constituci
onal
Danos, J. (2006) El principio
constitucional de no
confiscatoriedad tiene en nuestra
jurisprudencia
constitucional un
reconocido carácter de "concepto jurídico
indeterminado'; como el de los demás
principios tributarios3• Esto quiere decir, que
el principio va tomando
caracterización cuando se le coteja en casos
particulares, teniendo en consideración el
tributo y las
condiciones de
quienes se encuentran
sujetos a él. (p. 138)
El principio de no
confiscatoriedad en la
jurisprudencia
constitucional
Análisis
documental
Observació
n y Trabajo
de gabinete
Ficha de análisis
y guías de
observación
Muestra de las decisiones
de Sentencias del
Tribunal Constitucional,
respecto del principio de
no Confiscatoriedad
Opiniones de la doctrina y tomados en cuenta en la
jurisprudencia
constitucional respecto
del tema investigado
Sentencias del Tribunal Constitucional que declaran fundado e
infundado, respecto del
principio de no
confiscatoriedad
Fuente: Investigación propia Elaborado por: Alarcón, G. (2019).
CAPITULO III RESULTADOS
3.1 Análisis del Principio de no Confiscatoriedad en nuestra Constitución
Política del Perú y otras normas tributarias
3.1.1 Constitución Política del Perú
Landa, (2006, nos señala que “Toda Constitución contiene dos tipos de
normas: normas de principio y normas regla. Las primeras son normas que
ordenan que alfo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las
posibilidades jurídicas y reales existentes; son, pues mandatos de
optimización. Las normas regla son aquellas que pueden ser cumplidas o no,
en tanto que contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica y
jurídicamente posible” (p.40).
En nuestra Constitución Política se estipula en el artículo 74°, como debe
ejercitarse la potestad tributaria del Estado, es decir demarca los límites de
este Ius Tributum.
Es de advertir que nuestra Constitución si bien señala los límites de la
potestad tributaria del Estado y establece normas de carácter tributario, no
constitucionaliza ningún tributo, es decir no establece cuando un tributo es
confiscatorio.
El Tribunal Constitucional como ente interprete de la Constitución ha
desarrollado los alcances del Principio de no Confiscatoriedad en su STC
N°2727-2002-AA/TC donde afirma que “El Principio de no
Confiscatoriedad es un parámetro de observancia que la Constitución
impone a los entes que ejercen potestad tributaria al momento de legislar
tributariamente”.
El Principio de no Confiscatoriedad, guarda relación con el derecho
fundamental a la propiedad, el mismo que está regulado en el inciso 16 del
artículo 2° de la Constitución Política del Perú, y que se constituye como
refuerzo al principio mencionado, ya que limita al ius imperium, evitando
que se extralimite, afectando el patrimonio del obligado frente al tributo. Se
prohíbe que mediante el uso de los instrumentos tributarios se prive la
propiedad privada.
Si el tributo es un límite jurídico e intrínseco al derecho de propiedad, el
principio jurídico de no confiscatoriedad es un límite al ejercicio exagerado
de ese poder del Estado para imponer tributos. La violación del principio de
no confiscatoriedad da efecto o alcance confiscatorio a la tributación, es
decir, el efecto de tomar el Estado propiedad sin compensar o indemnizar
por ello, tornando subnormal el goce del derecho de propiedad, que se ve
mancillado, vejado, afectado en demasía o exceso, e irregular el ejercicio del
poder tributario.
Este efecto, debe indicarse, se produce con prescindencia de la voluntad o
voluntariedad impresa en la medida que la provoca.
3.1.2.- En el Texto Único del Código Tributario
Esta prescrita en la norma IV del título preliminar el mismo que prescribe el
Principio de Legalidad y Reserva de Ley, conceptos distinto y con diferentes
significados, por un parte el principio de legalidad establece que el ejercicio
de la potestad tributaria por parte del poder legislativo o poder ejecutivo,
debe estar sujeta a la Constitución y no solo a las leyes, este principio se
traduce en nullum tributum sine lege, cuyo significado es la incapacidad de
solicitar la cancelación de un tributo si una Ley o norma de rango equivalente
no lo tiene regulado.
El principio de reserva de Ley, quiere decir que en lo referente a una
creación, modificación, derogación, entre otros, queda reservada para actuar
a través de una Ley, es decir implica que el Poder ejecutivo no puede
ingresar, a través de sus disposiciones generales, en lo materialmente
reservado por la Constitución al Legislativo.
Debe tenerse presente que el concepto del principio de no confiscatoriedad
debe apreciarse dependiendo del tipo de tributo que se tenga en el análisis y
las condiciones de quienes se encuentran sujetos a él.
El Inciso b) de la Norma 11 del Título Preliminar del Código Tributario
vigente. El tributo denominado contribución, como especie del género
tributo, es, de otro lado, "el tributo cuya obligación tiene como hecho
generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de
actividades estatales
La sentencia recaída en el expediente N° 001-1999-AIFTC sobre las
contribuciones al FONAVI señala que la confiscatoriedad, en los tributos
contribución se configurara cuando exista una falta de adecuación o
razonabilidad entre la carga real o efectiva y el monto estimado del beneficio
diferencial producido por la obra o actividad estatal o cuando la medición de
la cuantía de la contribución no se detenga o contraiga al tope del costo total
de financiamiento de la obra o actuación pública, o entrenado ya al terreno
de la confiscatoriedad cualitativa.
En la Sentencia recaída en el expediente No. 041-2004-AifTC de 11 de
noviembre de 2004, a fojas 61, realiza el análisis de lo confiscatorio en los
tributos tasa, en la parte en que involucra la sujeción a un servicio estatal
concreto y al costo por el irrogado en las arcas del Estado: En el caso de los
tributos tasas denominados arbitrios, el Tribunal Constitucional peruano ha
reconocido que tratándose de tributos conforme a las normas de la materia
deben determinarse en función al costo que demanda su prestación a los
vecinos “La evaluación de la confiscatoriedad cuantitativa tiene una mayor
dificultad por cuanto debe determinarse, si el costo global del servicio es el
que verdaderamente corresponde al gasto incurrido por el Municipio; y,
luego, si la distribución de dichos costos entre la totalidad de contribuyentes,
ha sido tal, que cada contribuyente termine pagando lo que verdaderamente
le corresponde por el beneficio, en función a la intensidad del uso del
servicio. Es en este último caso donde radica la mayor dificultad para
determinar lo que verdaderamente corresponde pagar y cuál sería el exceso,
sobre todo cuando se habla en términos de beneficio potencial"
3.2 Determinar los criterios de la doctrina y el derecho comparado referidos al
principio de no confiscatoriedad.
3.2.1 La potestad tributara en la doctrina
Es preciso definir en la doctrina el concepto de la potestad tributaria y para
ello analizaremos los siguientes doctrinarios:
Fonrouege, (2004), define al poder tributario como “la facultad o la
posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a
personas o bienes que se hallen en su jurisdicción. (p. 260); parafraseando a
este doctrinario, cuando refiere a la posibilidad jurídica del Estado de exigir
contribuciones se entiende, que el Estado ante una emergencia o evento
fortuito presentado, queda en la facultad de exigir una contribución, creando
un tributo, a través del poder legislativo.
Villegas, (2004), señala que la potestad tributaria es la capacidad potencial
de obtener coactivamente prestaciones pecuniarias de los individuos y de
requerir el cumplimiento de los deberes instrumentales necesarios para tal
obtención, (p. 183), es decir para el autor con la potestad tributaria aún no
hay un deber jurídico de pago de tributo, que obligue a los sujetos, solo le
permite al Estado hacerlo efectivo a través de la creación del tributo por parte
del poder legislativo, y el cobro respectivo a través de un ente recaudador
que para nuestro caso puede ser la Sunat, las municipalidades entre otros
organismos estatales.
3.2.2.- El principio de no confiscatoriedad en la doctrina
García, F. (2004). “El principio de no confiscatoriedad se traduce en un
límite a la detracción de riqueza imponible, objeto del tributo que se toma
como índice de capacidad económica, prohibiendo excesos en los resultados
de la imposición, el establecimiento por parte del legislador de una carga
tributaria excesiva en relación con la capacidad económica del sujeto, o bien,
de una incorrecta cuantificación de esta riqueza imponible debido a su
deficiente determinación de la capacidad económica que manifiesta, puede
producir como resultado efectos confiscatorios”, parafraseando al autor
diremos que con este principio se busca proteger al contribuyente de un
impuesto que no soporte una presión tributaria que admita la privación de
sus patrimonio, por cuanto toda persona tiene derecho a la propiedad, tal
como lo prescribe el Artículo 2° inciso 6 de la Constitución.
Hernández, Luis (2007). “El principio de no confiscatoriedad protege el
derecho de propiedad, garantía fundamental en todo estado democrático, lo
que se deriva de la libertad, es uno de los pilares que sirve de base a ese tipo
de la democracia. En base a esta idea pretende en el incidente
confiscatoriedad tributaria cuando el estado se apropia de los bienes de los
contribuyentes, al aplicar una disposición tributaria en la que el monto llega
a extremos insoportables por lo exagerado de su quantum, desbordando así
la capacidad contributiva de la persona y vulnerando por esa vía indirecta la
propiedad privada”; el autor nos dice que este principio implica un límite a
las facultades que ejerce el Estado a través de ius imperium que posee, por
lo tanto debe declararse inconstitucional todo tributo impositivo que atente
con la destrucción del patrimonio del contribuyente, de modo que
nuevamente nos encontramos con el derecho a la propiedad.
Ordoñez, D. (2006) “El Principio de no confiscatoriedad de los tributos
constituye uno de los principios rectores de la tributación consagrados de
manera expresa por el artículo 74 de la Constitución… (p.657)
El autor no quiere decir que el principio guarda estrecha relación con lo
prescrito en nuestra Constitución, por lo que debe de ser de estricto
cumplimiento para los organismos estatales que administran tributos, en
cuanto a que estos no deben imponer tributos que contrasten con el
patrimonio del contribuyente.
Además como lo dice el autor este principio garantiza el sistema económico
y social prescrito en nuestra Constitución así como también impide que una
Ley tributaria afecte el patrimonio de los contribuyentes.
Ataliba, G. (2007).- “El principio de no confiscatoriedad se traduce en
exigencia de que la tributación sea graduada en forma tal de adaptarse la
riqueza los contribuyentes, esto implica que cada ley tributaria toma sector
de las diez pero sin destruir su base creador tanto el conjunto de impuestos
como cada impuesto al bebé cuartel la capacidad económica de los
contribuyentes, y capacidad económica ha de entenderse como la real
posibilidad de poder ser disminuida patrimonialmente, pero sin destruirla y
sin que pierda la posibilidad de persistir generando la riqueza que es la
materia de la tributación. La violación a esta regla por excesos tributarios
configura confiscación, consustancialmente vedada, además de una suprema
irracionalidad”.
El autor nos quiere decir que este principio parte del respeto a la propiedad
que debe tener el contribuyente, en cuanto a la competencia tributaria, y que
por lo tanto se constituye como un límite al ejercicio desproporcionado que
se quiere ejerce por parte del Estado, es decir el cobro excesivo de tributos.
3.2.3 En el Derecho Comparado
a) España; en su artículo 31° prescribe “todos contribuirán al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica mediante un
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Es de advertir que este artículo tiene cierta similitud con lo precito en el Art
74° de nuestra Constitución, en el sentido que si bien señala límites y
establece normas, no constitucionaliza ningún tributo, es decir no establece
cuando un tributo es confiscatorio
b) Venezuela; en su Art. 317 indica que: “No podrá cobrarse impuesto, tasa,
ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley, ni concederse
exenciones y rebajas ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los
casos previstos por la ley que cree el tributo correspondiente. Ningún
tributo puede tener efecto confiscatorio”.
Al igual que nuestra carta magna este principio garantiza y protege el derecho
a la propiedad privada, como lo hace todo estado democrático en el mundo.
c) En la Constitución de Guatemala
Prescribe el Art. 243°, “El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para
el efecto de las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de
capacidad de pago.
Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple imposición
interna.
EL Estado Guatemalteco prohíbe la doble tributación y el excesivo cobro de
tributos, resalta el tarto justo y equitativo que deben tener los contribuyentes,
es decir limita su ius imperium; del mismo modo hay un reconocimiento
constitucional del derecho a la propiedad.
d) En la Constitución de Paraguay
Se indica en el Art. 181°, “La igualdad es la base del tributo. Ningún
impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán
a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de
la economía del país”.
En este país, como en muchos otros la capacidad contributiva funciona como
limite a la potestad tributaria que ejerce el Estado, se debe tener en cuenta
criterios de razonabilidad y generalidad al momento de aplicar tributos, por
cuanto si se vulnera este principio se estaría vulnerando también el principio
de igualdad consagrada en su Constitución.
e) En la Constitución de Ecuador
El Art. 33° señala que, “Para fines de orden social determinados en la ley,
las instituciones del Estado, mediante el procedimiento y en los plazos que
señalen las normas procesales, podrán expropiar, previa justa valoración,
pago e indemnización, los bienes que pertenezcan al sector privado. Se
prohíbe toda confiscación”.
El Estado ecuatoriano basado en las prerrogativas que le imparte sus normas,
puede expropiar, cuando un bien es declarado de utilidad pública, es decir
existe un propósito legítimo, para tales efectos el propietario tiene derecho a
recibir las compensaciones e indemnizaciones pertinentes por tal acto; La
norma deja expresamente que se deben dar estos dos elementos; causa de la
expropiación y compensación, a falta de uno de ellos el ciudadano puede
interponer la acciones administrativas y judiciales pertinentes.
f) En la Constitución de Chile
Prescribe el Art. 19. Numeral 7, Letra g) No podrá imponerse la pena de
confiscación de bienes…”
g) En la Constitución de Colombia
En su Art. 34 señala “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y
confiscación…”
h) En la Constitución de Uruguay
Indica en su Art.14, No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes
por razones de carácter político.
3.3. Análisis de las Sentencias del Tribunal Constitucional
3.3.1.- S.T.C EXP. N°053-2004-PIITC
Demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra las Ordenanzas que
regularon el régimen de arbitrios de la Municipalidad Distrital de Miraflores
en el periodo 1997 a 2004, por haber transgredido los principios de legalidad,
no confiscatoriedad y capacidad contributiva establecidos en el Art. N° 74
de la Constitución, asimismo el principio de no retroactividad de la Ley,
previsto en el Art. 103 de la Constitución.
Pretensión de la parte demandante (defensoría del Pueblo)
Vulneración del principio de legalidad toda vez que no solo se debe crear el
tributo municipal a través de una Ordenanza, sino que esta debe tener las
formalidades que la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de
Municipalidades exigen y que para el presente caso no fueron ratificadas las
precitadas ordenanzas, por la Municipalidad Metropolitana de Lima;
Vulneración del principio de no retroactividad de la Ley previsto en el Art
103° de la Constitución, por cuanto la norma solo genera efectos jurídicos
hacia adelante solo si es ratificada y publicada.
Además alego que los importes cobrados por la Municipalidad tienen
carácter confiscatorio, por cuanto no se sustentan en criterios de
determinación del costo del servicio.
Alegatos de la parte demandada (Municipalidad Distrital de Miraflores
Las Ordenanzas cumplen con las formalidades de Ley, además que el
requisito de la publicación se adhiere a lo señalado por el tribunal
Constitucional, en cuanto a que no constituye un requisito esencial de
validez.
No se ha violentado el principio confiscatorio por cuanto este ya fue
desestimado en el fundamento 67 de la STC N°0041-2004-AI/TC
Criterios del Tribunal Constitucional.
Es importante señalar la importancia que tiene la publicación del informe
técnico financiero de los arbitrios en los anexos de la Ordenanza, por cuanto
no lo solo significa garantía de transparencia frente al contribuyente, sino
que su inobservancia afectaría los principios de reserva de ley y de seguridad
jurídica, los mismo que buscan que se cometa arbitrariedad en los entes
municipales al determinar sus costos de arbitrios.
En la presente sentencia el colegiado determinó no otorgar retroactividad a
los efectos de esta sentencia, por cuanto la devolución de estos cobros
implicaría un caos financiero y administrativo no solo en esta
municipalidad, sino en todas las municipalidades a nivel nacional, situación
que se agravaría no solo al ente sino al contribuyente a quienes finalmente
se garantizan; no obstante, se dictaron ciertas reglas vinculantes, entra las
cuales podemos mencionar; que las devoluciones masivas, no alcanza a los
procesos de contra ordenanzas inconstitucionales por la forma o el fondo,
por cuanto se encontraba en trámite antes de la sentencia, del mismo modo
concluyo que las controversias que se susciten por el pago de arbitrios, se
deberá agotar la vía administrativa.
En cuanto a la validez y vigencia, el Tribunal concluye, que la Ordenanza
será valida cuando haya sido aprobada por el Órgano competente y dentro
de los parámetros de la legalidad, es decir respetando la ratificación de la
ordenanza para su validez, así como también la publicación del acuerdo
ratificatorio, solo después de estos dos requisitos se hace exigible al
contribuyente.
En cuanto al principio de no confiscatoriedad de los tributos señala que el
contribuyente debe concurrir a la vía administrativa y luego a la vía judicial
el cobro sustentándose en peritajes de la estructura de costos realizadas por
la Municipalidad, debiendo el municipio correr con los costos efectuados por
los contribuyentes en caso sea atendido favorablemente, para el presente
caso no ha sido vulnerado el precitado principio
3.3.2.- EXP. N. º 2727-2002-AA/TC
Acción de amparo interpuesta por la Compañía Minera Caudalosa S.A,
contra la SUNAT, por el cobro del Impuesto Extraordinario a los Activos
Netos, por cuanto afecta e principio de no confiscatoriedad y el derecho a la
propiedad, dado que en los años 1996, 1997 y 1998 cerraron el año con
pérdida financiera.
Criterios del tribunal Constitucional
Respecto del Principio de no confiscatoriedad se indicó que la demandante
no resulta afectada, por cuanto la Constitución no ha constitucionalizado
ningún impuesto, ni tampoco ha determinado que tipo de actividades
económicas pueden ser, o no, objeto de regulaciones fiscales, por lo tanto el
Estado a través de sus órganos constitucionales competentes, puede crear la
clase de impuestos que considere atendible, sin más límites de lo que
prescribe la Constitución y los principios constitucionales tributarios
establecidos en el Art. 74 °, es decir la potestad tributaria del Estado prima,
sin contravenir las normas constitucionales.
El Tribunal Constitucional señalo que el problema no es determinar si un
impuesto puede gravar, o no la propiedad, sino establecer que monto puede
resultar contario a la prohibición de confiscatoriedad, por lo tanto no se
evaluó si el contribuyente tuvo ganancia o pérdida simplemente mantuvo su
capital o activo fijo.
Es de considerar que al Tribunal Constitucional no le parece irrazonable que
el legislador tributario al momento de fijar la base imponible del impuesto
extraordinario, haya tomado como manifestación de capacidad contributiva
a los activos netos de los perceptores de renta de tercera categoría, por cuanto
el precitado siempre se va a relacionar con el principio de capacidad
contributiva, de modo que la obligación del tributo debe siempre sustentarse
en una manifestación contributiva; Otro criterio que tuvo el Tribunal, es que
el Estado debe agenciarse de fondos para hacer frente a sus actividades que
realiza, sin contravenir los principios constitucionales tributarios y la
Constitución.
Dado que el precitado impuesto no absorbe una parte sustancial de la base
imponible, y a que sus porcentajes establecido en la Ley, no es
desproporcionado, el colegiado desestimó la pretensión de la empresa. El
Tribunal Constitucional establece que el principio de capacidad contributiva,
garantiza que el reparto de los tributos debe realizarse de tal forma que se
trate de igual a los iguales y desigual a los desiguales, por tanto las cargas
tributarias deben recaer, primero donde exista riqueza que pueda ser gravada.
En tal sentido el principio de capacidad contributiva, constituirá el criterio
sobre el que se pueden formar categorías de contribuyentes.
Asimismo podemos concluir en este caso que un tributo será confiscatorio,
si del análisis concreto, se determina que dicha imposición priva a una
persona de su propiedad sin tener un procedimiento debido, habida cuenta
que se excede todo parámetro de razonabilidad que conlleva al
desconocimiento de a riqueza del sujeto obligado al pago del tributo.
3.3.3.- EXP. N° 2302-2003-AAffC
Acción de amparo que interpone la empresa Inversiones Dreams S.A., contra
la Municipalidad Distrital de Jesús María, la Superintendencia Nacional de
Aduanas-Lima y el Ministerio de Economía y Finanzas, por vulnerare los
derechos fundamentales a la igualada ante la ley, a la propiedad, a la
iniciativa privada, a la no confiscatoriedad de los tributos ya al respeto a la
legalidad y en consecuencia solicita se declaren inaplicables a sus caso los
artículos 48° al 53° del Decreto Legislativo N° 776. Para el Tribunal no se
vulneró el principio de confiscatoriedad, por cuanto la confiscatoriedad no
se configura por si misma; si un mismo ingreso económico sirve de base
imponible para dos impuestos debe analizarse la consecuencia de ello, ver si
se hubo excesiva presión tributaria al contribuyente o si afecto
negativamente su patrimonio.
Es de resaltar que un tributo es confiscatorio cuando excede el límite de la
capacidad contributiva cuando un solo tributo es excesivo o cuando un
conjunto de tributos ocasiona la misma presión sobre el contribuyente. Pero
ello requerirá de un peritaje especial para su comprobación. Deberá
evaluarse dependiendo de la situación económica de cada contribuyente. La
precitada sentencia tiene relación con la S.T.C EXP. N°053-2004-PIITC, en
cuanto a la carga de la prueba, por cuanto al presente caso el demandante
presentó como medio probatorio para demostrar la confiscatoriedad un
estado de ganancias y perdidas comparativo, que fue elaborado por el
contador de la empresa, a lo cual el tribunal lo desestimo, por cuanto debe
estar sujeto a revisión, situación que es discrepante, por cuanto, en el proceso
se debió practicar la revisión de los Estados Financieros en especifica del
gasto por parte de los demandados, situación que no fue advertida en las
instancias correspondientes, no obstante ello el Tribunal Constitucional
señala que corresponderá atender este tipo de procesos en otra vía, donde sí
puedan actuarse otros medios de prueba y proceda la intervención de peritos
independientes que certifiquen las afectaciones patrimoniales a causa de
impuestos.
En este pronunciamiento el Tribunal resalta la relación entre el principio de
confiscatoriedad y la capacidad contributiva, que a nuestra opinión podría
producirse en un contribuyente que si tiene capacidad pero sin embrago el
impuesto es una carga excesiva tributaria, por lo que estamos frente a un
efecto confiscatorio.
3.3.4.- EXP. N. º 04197-2007-PA/TC
Expediente mediante el cual la empresa Inversiones M y S S.A.C., interpone
acción de amparo contra la SUNAT solicitando que se le declare inaplicable
la Ley 28424, que crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos (en
adelante ITAN), y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 025-
2005-EF, por el ejercicio 2005.
Criterios del Tribunal Constitucional
Que, el ITAM resulta un impuesto patrimonial autónomo, por lo tanto no
vulnera los derechos de la demandante mediante la imposición cuestionada,
asimismo nuestra Constitución no impone en materia impositiva más limites
que los señalados en el Art. 74°, es decir frente al ius imperio que tiene el
legislador para imponer cargas al contribuyente, también es cierto que se ve
limitado por los principios y garantías que en él se señalan.
Del mismo sostiene que el estado de perdida que sostiene la empresa no es
una consecuencia directa de la norma, es más bien de la gestión de su
empresa.
El impuesto temporal a los activos netos, aplicado por la potestad tributaria
que ejerce el Estado, constituye una manifestación al principio de
solidaridad, que se encuentra de manera implícita en el Art. 43° de la
Constitución y que es concordante con el Art. 36° d la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que señala que “Toda
persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el
sostenimiento de los servicios públicos”.
Los argumentos esgrimidos en la precitada sentencia, se consideran de orden
público tributario, la cual todos los contribuyentes deben obedecer por
cuanto contribuyen a fines legítimos, a la promoción del bienestar general de
la sociedad y al desarrollo integral y equilibrado de la nación, mediante una
contribución equitativa del gasto social.
3.3.5.- EXP. N.° 0041-2004-AI/TC
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo
contra diversas ordenanzas expedidas por la Municipalidad Distrital de
Santiago de Surco, la mismas que vulneran los principios tributarios de
legalidad, no confiscatoriedad y capacidad contributiva
Criterios del Tribunal Constitucional
El tribunal sostiene que no basta solo la ratificación de las Ordenanzas por la
Municipalidad Provincial, sino que estas deben ser publicadas para que
surtan efecto legal en el cobro, y como es de verse en esta demanda se
observó que las publicaciones fueron realizadas posteriormente, no obstante
la municipalidad realizó cobros ilegales, que se tipifican como cobros
indebidos del mismo modo las cuestionadas ordenanzas instaurarían un
modelo confiscatorio de recaudación, al exigir un pago anticipado de
arbitrios sin la comprobada prestación efectiva del servicio.
Al igual que la sentencia del Tribunal Constitucional del EXP. N°053-
2004PIITC, la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas
implicaría un efecto retroactivo, lo cual llevaría a la devolución de lo
recaudado en su momento por la municipalidad a los contribuyentes, lo que
generaría un caos financiero de la corporación municipal, por tanto el
colegiado en ese
extremo indica que no procede el efecto retroactivo de la
inconstitucionalidad, además que las cuantiosa devoluciones implicarían que
los servicios que proporcionan las municipalidades dejen de ser
suministrados, causando agravio al contribuyente, que finalmente a quien se
garantiza; no obstante ello el Tribunal señala que se debe dejar sin efecto
cualquier cobranza en trámite, así como impedir el inicio de cualquier
procedimiento cuya finalidad sea de ejecutar el cobro de deudas por estas
ordenanzas municipales que son inconstitucionales
Otro criterio tomado para el presente caso es que la municipalidad no consiga
en sus anexos de la ordenanza la estructura de costos que dieron lugar al
cobro del servicio, por tanto no especifican como se llega a establecer los
montos que se alegan para el cobro.
Que si bien es cierto la Defensoría alega que las ordenanzas han instituido
un modelo confiscatorio, toda vez que se exige un pago anticipado de
arbitrios sin la comprobada prestación del servicio municipal; para el
Tribunal Constitucional en este tipo de tributos indica que la municipalidad
para brindar estos servicios ya incurrió en gastos y el contribuyente podrá
hacer uso de ellos en cualquier momento, por lo tanto señala que la
ordenanzas tienen criterio de razonabilidad, en el cobro máxime aun que este
se confirma en la ordenanza valida y vigente, además indica que estos cobros
no son indebidos habida cuenta que ningún ciudadano podría desconocer que
lo cobrado fue utilizado para costear los servicios que finalmente brindo la
Municipalidad.
IV. DISCUSIÓN
4.1.- Si bien es cierto en nuestra Constitución Política se estipula en el
artículo 74°, como debe ejercitarse la potestad tributaria del Estado, es decir
demarca los límites de este Ius Tributum, pero también es cierto que nuestra
Constitución señala los límites de la potestad tributaria del Estado y establece
normas de carácter tributario, no constitucionaliza ningún tributo, es decir
no establece cuando un tributo es confiscatorio, asimismo el Principio de no
Confiscatoriedad, guarda relación con el derecho fundamental a la
propiedad, el mismo que está regulado en el inciso 16 del artículo 2° de la
Constitución Política del Perú, y que se constituye como refuerzo al principio
mencionado, ya que limita al ius imperium.
4.2.- El principio de no confiscatoriedad según algunos doctrinarios se
traduce en un límite a la detracción de riqueza imponible, es decir lo que se
busca con este principio es proteger al contribuyente de un impuesto que no
soporte una presión tributaria que admita la privación de sus patrimonio, por
cuanto toda persona tiene derecho a la propiedad, tal como lo prescribe el
Artículo 2° inciso 6 de la Constitución.
4.3.- De las sentencias del Tribunal Constitucional, analizadas en nuestro
trabajo de investigación, todas concuerdan en que dicha vía no es la idónea
para sustentar que se ha violentado el principio de no confiscatoriedad de los
tributos, pues señalan las sendas sentencias, que el contribuyente debe
concurrir a la vía administrativa y luego a la vía judicial el cobro
sustentándose en peritajes de la estructura de costos en algunos casos. En
otros casos el Tribunal argumenta que no se vulnera el principio de
confiscatoriedad, por cuanto la confiscatoriedad no se configura por si
misma; si un mismo ingreso económico sirve de base imponible para dos
impuestos debe analizarse la consecuencia de ello, ver si se hubo excesiva
presión tributaria al contribuyente o si afecto negativamente su patrimonio.
4. 4.-En el presente trabajo de investigación se obtuvo que en las sentencias
del tribunal Constitucional, si bien es cierto se emitieron algunos criterios
para salvaguardar el principio de no confiscatoriedad a los contribuyentes,
no obstante ello el tribunal para proteger este principio indirectamente en sus
sentencias lo relaciona con otros derechos, tales como el derecho a la
propiedad, así como también resalta la relación entre el principio de
confiscatoriedad y la capacidad contributiva, que a nuestra opinión podría
producirse en un contribuyente que si tiene capacidad pero sin embrago el
impuesto es una carga excesiva tributaria, por lo que estamos frente a un
efecto confiscatorio.
Para contrastar nuestra hipótesis diremos en las Sentencias del Tribunal
Constitucional se emiten criterios de protección respecto del principio de no
confiscatoriedad, de forma indirecta, toda vez que las relaciona con otros
derechos o principios.
V. CONCLUSIONES.
5. 1.- Que, en nuestra Constitución a través del artículo 74° se demarca
ciertos límites y restricciones del ius imperium que ejerce el Estado, entre
los cuales se tiene el principio de no confiscatoriedad, el cual sirve de
protección al contribuyente frente a un eventual cobro irrazonable que
perjudique su patrimonio.
5.2.- Que, analizado el derecho comparado se puede anotar que en América
Latina, como, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Guatemala,
así como en España, consideran que ningún tributo puede tener efecto
confiscatorio, por más potestad que tenga el Estado.
5.3.- Que, del mismo modo los doctrinarios alegan que el Principio de no
confiscatoriedad de los tributos constituye uno de los principios rectores de
la tributación, los mismo que están señalados de manera expresa por el
artículo 74 de la Constitución, tal como lo indica Ordoñez, D. (2006).
5.4 Que, en las sentencias de del Tribunal Constitucional, se emiten criterios
de protección respecto del principio de no confiscatoriedad, de forma
indirecta, toda vez que las relaciona con otros derechos o principios.
VI. RECOMENDACIONES
Concluyo mi trabajo realizando las siguientes recomendaciones:
1. Se debe expresar un porcentaje fijo de efecto confiscatorio para los tributos
devengados cuando estos absorban una parte esencial de la propiedad o de
la renta. Debiendo de determinarse que significa la parte esencial .
2. Se debe de incorporar un principio de capacidad contributiva que constituye
el limite material en cuanto al contenido de la norma tributaria, como suelen
hacerse en otras constituciones precisando conceptual y cuantitativamente el
limite al principio de no confiscatoriedad.
3. Se deben de establecer limites a la imposición tributaria tanto económica
como jurídica:
a. Limite económico: Debe ser especifico cual es el limite tributario real
que el contribuyente debe de soportar
b. Limite jurídico: Se debe de normar el limite económico del
contribuyente.
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Tesis
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en materia tributaria: evolución y situación actual en
España y Venezuela”
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- CASTILLO, 2017, en su tesis titulada “El filtro de constitucionalidad:
una crítica a los procesos destinados a garantizar el principio
constitucional tributario de no confiscatoriedad”, presentada en la
Universidad Privada del Norte.
- DURAN, 2014, en su tesis “La capacidad contributiva en los impuestos
desde la perspectiva del estado constitucional: relativización de los
índices o manifestaciones de riqueza”, presentada en la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
- HUERTAS, 2019 en su tesis titulada “Vulneración del principio de
igualdad en las exoneraciones tributarias: tratando la Ley Nº 29624”,
presentada en la Universidad Nacional de Trujillo.
- CORRALES, 2016, en su trabajo de investigación titulado “La facultad
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administrados en Lambayeque 2012”, presentada en la Universidad
Nacional de Trujillo.
Autores
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Jurisprudencia
- EXP. N°053-2004-PIITC
- EXP. N. º 2727-2002-AA/TC
- EXP. N. º 04197-2007-PA/TC
- EXP. N° 2302-2003-AAFFC
- EXP. N.° 0041-2004-AI/TC
ANEXOS
