Sur Oriente? - Codhescodhes/images/biblioteca/DocCODHES14-Sur... · 2014-09-20 · miento de medios...

Documentos CODHES No. 14

• 1 •

CONSULTORIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS YEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

CODHES

Sur Oriente?

Bogotá, D.C., julio de 2009


• 2 •

El Contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de CODHES y no compromete a la agencia cooperante.

Suroriente?

El Informe Suroriente: Una visión de conjunto sobre el conflicto y la situación de derechos humanos. Fue

elaborado por los siguientes investigadores de Codhes

Karina Ríos Cano

Investigadora Regional

Miguel Antonio Cruz

Investigador Regional

El Informe Retornos sin restitución: regreso seguro al desarraigo. Fue elaborado por el investigador de

Codhes

Jorge Arturo Salcedo R.

Investigador Regional

© Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES.

ISBN: 978-958-44-2441-3

Caratula:

Alejandro Rojas [email protected]

Diagramación e Impresión:Ediciones Ántropos Ltda.PBX: 433 7701 • Fax: 433 3590

www.edicionesantropos.com

Impreso en Colombia

Jorge E. Rojas RodríguezPresidente

Marco A. Romero SilvaDirector

Consultoría

Para los Derechos Humanos

Y el Desplazamiento

CODHES

Cra 6ta No 34-62. Oficina 302

Bogotá-Colombia

Conmutador: (+571) 571 232 5666

www.codhes.org


• 3 •

Con

teni

do

ÍNDICE

1.Introducción

2.Construyendo un marco conceptual y metodológico para lavaloración de los retornos desde el enfoque de los derechoshumanos.

1.1 Referentes de la normatividad internacional paragarantizar los derechos de la población desplazada enel marco del retorno.

1.2 Estado del arte sobre las metodologías para lavaloración de los retornos de población desplazada enColombia.

1.3 Una propuesta metodológica de valoración de losretornos de población en situación de desplazamiento.

1.3.1 Definición de retorno: variables para lacaracterización de la forma migratoria delretorno.

1.3.2 Las fases del retorno.1.3.3 Un modelo para valorar el nivel de éxito

de los retornos desde un enfoque dederechos.

3.Los casos regionales1.1 La selección de los casos.1.2 Turbo 2006.1.3 El Charco 2007.1.4 Toribío, Jambaló y Caloto 2005.

4.Recomendaciones generales de política pública Bibliografía. Anexo Cuadro síntesis de Turbo, Toribío y El Charco.


• 4 •


• 5 •

Pre

sent

ació

n


• 6 •


• 7 •

SURORIENTE: UNA VISIÓN DECONJUNTO SOBRE EL CONFLICTO Y LASITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

AÑO 2008

BOGOTÁ, Febrero de 2009


• 8 •


• 9 •

MIGUEL ANTONIO CRUZ

Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y Politólogo de laUniversidad Nacional de Colombia. Candidato a Magister en Antropología.Asesor Regional de Codhes.

KARINA RÍOS CANO

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de Maestría enHistoria de la Universidad de los Andes. Asesora Regional de Codhes.


• 10 •


• 11 •

En este documento se presentan las principales tendencias del conflicto armadoy la situación humanitaria en los departamentos del suroriente colombiano (Vi-chada, Guainía, Meta, Guaviare, Vaupés y Amazonas1); con base en el segui-miento de medios de comunicación, la revisión de fuentes secundarias, y el tra-bajo de campo desarrollado por Codhes durante el año 2008.

Este informe mantiene continuidad con los trabajos previamente desarrollados en laregión, los cuales han alimentado los boletines semestrales y anuales Codhes Infor-ma, y en particular los documentos regionales publicados en los años 2007 y 20082.

El trabajo de seguimiento desarrollado por Codhes en la región se ha orientadoa contar con información cualificada sobre la dinámica del conflicto armado y losimpactos del mismo sobre la población civil, en dirección a desarrollar accionesde incidencia ante las autoridades locales y nacionales, y los organismos huma-nitarios internacionales, para que se desplieguen acciones conjuntas dirigidas aproteger los derechos de los pobladores de esta zona del país.

Desde comienzos de la presente década puede observarse una tendencia a laagudización del conflicto armado en los territorios que conforman la región ob-jeto de estudio. En términos generales, dicha agudización se vincula con el des-pliegue de un mayor accionar por parte de la fuerza pública, dirigida a contra-rrestar la presencia de grupos armados, principalmente la guerrilla de las FARC,que por décadas estableció una retaguardia estratégica en esta parte del país;facilitada por la débil presencia del Estado, la dispersión de la población y elentorno selvático.

La creación de unidades militares y el despliegue de operaciones ofensivas por partede la Fuerza Pública, ha modificado sustancialmente las condiciones de vida de lospobladores. Esta situación es particularmente grave en los resguardos indígenas querepresentan en esta región una porción considerable del territorio, tal como puedeapreciarse en el siguiente mapa. En departamentos como Amazonas, Vaupés y Guai-nía las áreas de resguardo sobrepasan el 80% del total departamental.

Los departamentos de la Amazonia y Orinoquia concentran el más alto porcen-taje de población indígena con respecto a los totales departamentales; mientras

Intr

oduc

ción

1- Este documento es uno de los resultadosdel trabajo desarrollado por Codhes en elmarco del proyecto: «Monitoreo del conflictoarmado, derechos humanos y política de aten-ción al desplazamiento forzado en el suro-riente colombiano» financiado por ACNUR. Sibien se toma como área de observación losseis departamentos mencionados, el trabajose enfocó principalmente en los departamen-tos de Vichada, Guainía, Vaupés y Guaviare;en tanto que la zona oriental del departa-mento del Meta (municipios de Puerto Gaitány Mapiripán), así como el departamento deAmazonas fueron trabajados como zonas dereferencia para la comprensión de la dinámi-ca regional del conflicto.2- VER: Codhes. «El conflicto de cara al orien-te selvático» En: En el borde del conflicto:

Guerra y desplazamiento en las fronteras.Estudios de caso. Bogotá, enero de 2007 yCodhes. Los límites de la guerra: conflicto,

derechos humanos y desplazamiento forza-

do en el Sur Oriente colombiano. Bogotá,abril de 2008


• 12 •

que a nivel nacional, estas comunidades representan el 3,4% de la población, enesta subregión alcanza en promedio el 44,7% si se incluyen los cinco departa-mentos, y el 54,8% si se excluye Guaviare, que es el departamento con menorparticipación indígena de toda la región, como consecuencia del impacto que losprocesos de colonización han tenido en dicho territorio.

Se trata de 56 pueblos indígenas que han resistido a múltiples formas de violen-cia que se han desatado en diversos momentos sobre sus territorios, y que handejado huellas nefastas. A lo largo de la historia de Colombia, estos territorioshan sido concebidos y administrados como la periferia del país, y la relación quese ha establecido con ellos está fundamentalmente signada por la lógica de ex-plotación de recursos naturales. En la medida en que los recursos que allí abun-dan son necesarios para la acumulación de capital, se han desplegado campañasde explotación que han sometido a los pueblos originarios a la lógica de la escla-vitud y los han conducido en no pocos casos al exterminio físico.

Son las historias de la explotación del caucho, la quina, las pieles, la coca y másrecientemente la lógica se reproduce con la avanzada de explotación de petró-leo, oro, cultivos agroindustriales y parece continuar con la biodiversidad y lariqueza hídrica que posee la gran selva amazónica.

El patrón de continuidad de todos estos procesos es el sometimiento y la explo-tación de las comunidades indígenas, para quienes los relatos de caucheros ycoqueros aparecen recurrentemente en las aproximaciones a sus historias devida, determinando los ciclos de poblamiento y migraciones de la región.


• 13 •

A pesar de la consagración de una carta de derechos fundamentales en la Consti-tución Política Nacional en el año 1991, que representó un avance histórico en elreconocimiento de la diversidad étnica de nuestro país, y que constituye un refe-rente de reivindicación para los pueblos indígenas; la realidad de las comunidadesque habitan en las regiones del sur oriente colombiano dista mucho del referente derespeto y protección de sus derechos que señala el texto constitucional.

A la precariedad en el acceso a bienes y servicios básicos se suman el descono-cimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derechos y de sus líde-res como autoridades en sus resguardos por gran parte de los mandatarios loca-les; así como el atropello sistemático de los grupos armados que persiguiendodiferentes intereses de control y copamiento del territorio vulneran reiterada-mente los derechos de los pueblos indígenas, como consecuencia de lo cual laexistencia misma de muchos de éstos se encuentra amenazada.

Este informe busca llamar la atención sobre la gravedad de esta situación, yconvocar a los organismos estatales, a la sociedad civil y a la comunidad interna-cional a accionar mecanismos urgentes para proteger a los pueblos indígenasque hoy son víctimas del desplazamiento, del reclutamiento forzado, del minadode sus territorios, de las restricciones derivadas de la presencia de grupos arma-dos, de la imposición de normas de conducta y de otras formas de atropellocontra su integridad cultural.

El trabajo que Codhes ha desarrollado desde el año 2007 en la región se havisto sometido a diversas restricciones derivadas de las condiciones mismas dela zona y de la limitación de recursos. A pesar de ello, esperamos continuaraportando algunos elementos para comprender lo que ocurre en esta parte delpaís, y contribuir de esta manera a que en un proceso de articulación con entida-des del Estado, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales ycomunidades, pueda avanzarse en romper el cerco del silencio, el miedo y laintimidación que buscan imponer aquellos cuyo único recurso es la fuerza.

Para el desarrollo del trabajo de Codhes en la región ha sido fundamental eldiálogo con diferentes organizaciones, entidades y personas que a diario se de-dican a acompañar a las comunidades y a aprender de ellas. A los funcionariosde diversas entidades estatales, a los líderes comunitarios y a todas las personasque nos han permitido compartir miradas sobre la realidad de la región ofrece-mos nuestro mayor reconocimiento y gratitud. En particular, el espacio de coor-dinación que se ha habilitado con la Defensoría del Pueblo, Pastoral Social yACNUR nos ha permitido ampliar ejes de análisis y desarrollar acciones con-juntas que han facilitado una mejor aproximación a la realidad regional. Para elcaso del departamento de Vaupés se han articulado acciones con la Organiza-ción Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la Organización de Pueblos Indí-genas de la Amazonia Colombiana, OPIAC y el Centro de Cooperación al Indí-gena, CECOIN.


• 14 •


• 15 •

Tendencias del conflicto armadoy situación humanitaria

en el suroriente colombiano

En el suroriente colombiano se evidencia una dinámica creciente de confronta-ción armada, que deja hondas consecuencias sobre la población civil, en sumayor parte indígena.

El alto grado de vulnerabilidad de las comunidades indígenas asentadas en estaparte del país se evidencia al observar que allí se ubican 21 de los 32 pueblosque la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC ha identificado como“pueblos en peligro de extinción”3, en tanto que en la actualidad tienen una po-blación inferior a las 500 personas y afrontan a diario el asedio del conflictoarmado y la desatención por parte del Estado colombiano. Estos pueblos son:Pisamira, Piaroa, Muinane, Jupda, Yauna, Bara, Ocaina, Yohop, Nonuya, Cabi-yarí, Yuri, Matapí, Kacua, Carijona, Tatuyo, Tariano, Yagua, Nukak Makú,Guayabero, Carapaná y Bora.

En este sentido, los impactos del conflicto armado en esta parte del país debenser leídos a la luz de las particularidades que implica la población que está siendoafectada.

A continuación se formulan algunas consideraciones en torno a estos impactos,a partir de la caracterización de dos escenarios de conflicto en la región. Ade-más de la identificación de las principales transformaciones del conflicto arma-do, se presentan elementos para la comprensión de la dinámica de explotaciónde recursos, en el entendido de que la presencia y accionar de los grupos arma-dos está fuertemente vinculada con la obtención de rentas procedentes de ex-plotaciones legales e ilegales de productos que como la coca constituyó pormucho tiempo el motor principal de la economía regional.

Posteriormente se presenta un análisis centrado en la dinámica del desplaza-miento forzado durante el año 2008. En una tercera sección se desarrollan algu-nas consideraciones en materia de respuesta institucional, para concluir en lacuarta sección con algunas recomendaciones.

3- Publicado en: www.onic.org.co «Pueblosindígenas en vía de extinción»


• 16 •

1. Dinámica del conflicto armado en la región

Escenario 1. Confrontación entre fuerza pública, grupos guerrilleros yparamilitares no desmovilizados/reagrupados; por el control de cultivos de coca, rutas para el ingreso de insumospara la producción y comercialización final de narcóticos.

Este escenario puede ubicarse en la microrregión que comprende el sur occi-dente del Vichada, noroccidente de Guainía, suroriente del Meta y nororiente deGuaviare, zona en la que el Río Guaviare constituye el eje de articulación y porende, la zona en mayor disputa por parte de los grupos armados.

Como elemento central en la lucha contra las FARC, en los últimos años se vienedesarrollando una campaña de las fuerzas armadas que se focaliza en el suro-riente colombiano. A partir del trabajo desarrollado en la región, Codhes haadvertido acerca de las consecuencias de un mayor despliegue de fuerza en unárea en la que este grupo al margen de la ley tenía una zona de retaguardiaestratégica, lo que preveía una agudización del conflicto, afectando especial-mente a las comunidades indígenas.


• 17 •

El incremento de acciones armadas en esta microrregión, así como la extensiónde operaciones de fumigación de cultivos de uso ilícito ha ocasionado hechos dedesplazamiento que situaron a tres de los principales centros poblados de laribera del río Guaviare entre los primeros 40 municipios receptores de pobla-ción desplazada medido por tasa de afectación por cada 100.000 habitantes enel primer semestre de 2008. Estos son: San José del Guaviare (Guaviare), Ma-piripán (Meta), Barranco Mina (Guainía). Igualmente, la capital del Guainía (Iní-rida) figura entre los primeros 100 municipios receptores, lo cual afirma el ca-rácter que ha tenido este municipio en los últimos años, como receptor de po-blación que huye del conflicto en toda el área de influencia del río Guaviare.

El departamento de Guaviare constituye el epicentro de la implementación de lapolítica de Seguridad y Defensa del gobierno colombiano, dirigida a combatir elnarcotráfico y los grupos armados irregulares que han actuado en esta parte delpaís durante las últimas décadas. En particular, desde el año 2003 se ha concen-trado un fuerte dispositivo militar dirigido a cerrar las rutas de abastecimiento ymovilidad de la guerrilla de las FARC; específicamente del Bloque Oriental. Enel marco de las acciones de recuperación del control del territorio de la políticade Seguridad Democrática del actual gobierno, se ha retomado la presencia deunidades de la fuerza pública en la totalidad de las cabeceras municipales.

Actualmente, la fuerza pública hace presencia en este departamento a través delas siguientes unidades: Brigada 22 de Selva, con jurisdicción sobre los departa-mentos de Guaviare y Vaupés, y el municipio de Mapiripán–Meta; el batallónJoaquín París, ubicado en las afueras de la capital departamental, además de bata-llones contraguerrilla, batallones contra el narcotráfico y 2 batallones de infantería.

El incremento del pie de fuerza oficial ha producido un repliegue de la guerrilla delas FARC hacia las áreas más selváticas del territorio, principalmente hacia el surdel departamento, en el municipio de Miraflores, donde la disputa se concentra entorno al corredor que representa el río Vaupés, y en el oriente de los municipiosde San José del Guaviare y El Retorno, en proximidades del río Inírida.

A finales del 2007 y durante el 2008 Ejército y Marina han venido implementan-do operaciones que van de la frontera oriental hacia el interior, enfocadas espe-cialmente hacia los municipios de Cumaribo, departamento del Vichada y a lolargo del río Guaviare, recuperando áreas aledañas a los municipios de Barran-co Mina —vecino de Cumaribo— y la inspección del Raudal de la Mapiripana,en una especie de tenaza que se complementa con las operaciones emprendidasdesde San José del Guaviare, que pasan de Puerto Alvira a los límites entre losdepartamentos del Meta, Guaviare y Vichada.

Estas operaciones tienen como marco de referencia la “Política de Consolida-ción de la Seguridad Democrática”, que durante el 2008 se aplicó en su FaseI cuyo objetivo es la implementación de un esfuerzo intensivo en operacionesmilitares, cuyo fin es la desarticulación y neutralización de las organizaciones al


• 18 •

margen de la ley “y, simultáneamente, romper las redes e infraestructura delnarcotráfico en la zona”4.

Esta tendencia se confirma al ver en detalle la “geografía de la confrontación y laviolencia” realizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresi-dencia de la República5, y comparar los cartogramas de presencia de las FARC,iniciativa de la fuerza pública, homicidios y confrontación armada (ver Anexo 1),donde se hallan importantes coincidencias.

La intensidad de los operativos en el área deja como balance que los mayoreséxitos operacionales de las fuerzas militares hayan sido cobrados en el suroriente,como en el caso de la “Operación Jaque”, entre otras, que ocuparon los titularesde la prensa nacional durante el 2008. La consecuencia primera de esto ha sido undebilitamiento de algunos frentes de las FARC como el 44, 39 y especialmente el16, que según cálculos manifestados por un oficial del ejército en una reunióninterinstitucional en la que participó Codhes, se estima actualmente en alrededorde 200 insurgentes6. Tal debilitamiento se refleja también al considerar las desmo-vilizaciones que se efectuaron en los seis departamentos que conforman el área,frente al total nacional, que se aproxima a una quinta parte (ver gráfico).

4- Ministerio de Defensa. Política de Consoli-dación de la Seguridad Democrática. Bogo-tá, 2007. Pág. 34.5 Vicepresidencia de la República, ProgramaPresidencial de Derechos Humanos y Dere-cho Internacional Humanitario. Los documen-tos se pueden consultar en http://www.de-r e c hoshumanos .gov. co /obse r v a t o -rio_de_DDHH/geografiaconfrontacion-yviolencia.asp6- La reunión interinstitucional a que nosreferimos se realizó el 11 de noviembre de2008 en Puerto Inírida, y tuvo como objetivola socialización de la misión de observaciónpor el río Guaviare al raudal de la Mapiripa-na, realizada en los días anteriores por laDefensoría del Pueblo, ACNUR y Codhes, allíse contó con la participación del Comandan-te del Batallón 50 de la Armada, TenienteCoronel Castellanos.7- Vicepresidencia de la República. Progra-ma Presidencial de Derechos Humanos y DIH.Impacto de la Política de Seguridad Demo-crática sobre la Confrontación Armada, elNarcotráfico y los Derechos Humanos. Bogo-tá, agosto de 2008. Pág. 68.

En cuanto al paramilitarismo, posterior a las desmovilizaciones que se efectua-ron en la zona, como argumenta un documento de la Vicepresidencia persistenestructuras organizadas por cabecillas de las antiguas autodefensas con intere-ses en el control y manejo de “corredores que unen las zonas de cultivos ilícitoscon la frontera con Venezuela y Brasil, y particularmente por el que se formaalrededor del río Meta”7.

La incursión sostenida del ejército, el repliegue de la guerrilla y la aparición denuevas estructuras paramilitares en la zona ha significado una forma nueva de

Fuente: Ministerio de Defensa.

Porcentaje de desmovilizados de las FARC en elSuroriente de Colombia Enero-Agosto de 2008

Suroriente

Total Nacional


• 19 •

estrategias por parte de los distintos actores armados. Aunque la confrontaciónabierta sigue siendo una constante, para contrarrestar el avance de la fuerzapública la guerrilla se ha inclinado por el desarrollo de acciones rápidas y movi-lidad, así como a la siembra de minas en los casos en los que se ha visto drásti-camente reducida su circulación. Igualmente ha encomendado tareas de inteli-gencia y control a milicianos.

Las nuevas estructuras paramilitares han buscado, durante 2008, posiciones en elsuroriente, especialmente hacia la frontera con Venezuela, tratando de copar losterritorios que han sido recuperados a las FARC con la avanzada del Ejército. Así,vienen estableciendo ‘puntos’ a lo largo de los municipios, que al igual que losmilicianos, cumplen con trabajo de inteligencia y control, además de adelantartareas de reconocimiento en las partes donde nunca antes habían penetrado comoen el caso de Puerto Inírida, donde a comienzos de 2008, fueron capturadas algu-nas personas que se sospechaba eran integrantes de estas agrupaciones8.

El intento de expansión de las autodefensas está relacionado con el fuerte con-trol que se tiene sobre el combustible proveniente de Venezuela. Debido a que lagasolina tiene un costo inferior en el país vecino, una oportunidad de ingresospara las personas es la comercialización del combustible que aumenta su precioincluso hasta más de cuatro veces al cruzar la frontera. Las dificultades para elacceso a los insumos generaron situaciones impensables en otro contexto, comolo señala la Vicepresidencia “se han detectado alianzas entre estas bandas…[autodefensas]… y reductos de la guerrilla. Estas estructuras acuden a los homi-cidios, pero en niveles más moderados y principalmente en el marco de disputasen torno del narcotráfico. Su principal objetivo es el control de la economíacoquera y la extracción de rentas por métodos ilegales”9.

Territorio y economía

En el informe sobre drogas publicado por Naciones Unidas a mediados de2008, se muestra que en la región del suroriente se concentra cerca del 30%de los cultivos de coca del país, que frente a la densidad poblacional de estosdepartamentos, excepción hecha de las cabeceras municipales, está entre 2 y13/km2. La importancia que los cultivos de uso ilícito han tenido en la configu-ración de la economía local, durante mucho tiempo, es uno de los factores atener en cuenta para entender las dimensiones de la crisis social que se vive enla actualidad.

Para hacerse a una idea del modelo de articulación económica logrado por loscultivos de uso ilícito y el comercio de la base de coca, sirve como ejemplo elhecho de que, hasta el 2005, funcionó desde Puerto Inírida hasta el raudal de laMapiripana una línea habitual de pasajeros que cubría cerca de 738 kilómetrosde distancia, entre estos dos puntos.

8- Los testimonios de personas tomados du-rante el trabajo de campo, afirman que losimplicados estaban intentando organizar unacooperativa de ‘pimpineros’; más reciente-mente, en el mes de octubre se presentó laincautación de una caleta con fusiles que sesupone, estaban destinados a la conforma-ción de esos grupos en Guainía.9- Vicepresidencia de la República. Progra-ma Presidencial de Derechos Humanos y DIH.Impacto de la Política de Seguridad Demo-crática sobre la Confrontación Armada, elNarcotráfico y los Derechos Humanos. Bogo-tá, agosto de 2008. Pág. 68


• 20 •

Al ser la comercializaron de la base de coca y de los insumos para su elabora-ción la base casi exclusiva de la economía local, bajo el dominio del frente 16 delas FARC se generó una dependencia que se quebró con el inicio de los opera-tivos militares por parte del Ejército. A partir del 2005 el dinero empezó a esca-sear y hasta las transacciones comerciales más sencillas de la vida cotidiana sehicieron cada vez más difíciles, de modo que, donde incluso era corriente lacirculación de moneda extranjera, empezó a ser aceptado el gramaje como unmecanismo de intercambio.

El ingreso del Ejército junto a las tareas de erradicación y aspersión de cultivos,incrementados entre 2007 y 2008, lograron que la producción de la hoja y labase de coca entraran en declive y, aunque el frente 16 de las FARC vienesiendo debilitado de forma importante10, los mecanismos de coacción imple-mentados sobre la población civil aumentaron de forma gradual, siendo una delas causas de los desplazamientos durante el año 2008.

10- Algunas de las noticias reseñadas por ElTiempo, durante el 2008 enfatizan en lasdificultades del frente 16 de las FARC, paramantenerse en las extensas áreas de in-fluencia que tuvo, en tiempos del «NegroAcacio»; titulares como: «Nueva deserciónmasiva en del frente 16 de las FARC» publica-do en enero 15 de 2008; «Continúa el ‘Des-grano’ del frente 16 de las FARC» de Marzo19 y «Siguen las deserciones de las FARC porlos operativos en el Vichada»; así como otrosrelacionados con el desmantelamiento delaboratorios de coca e incautación de ar-mas, reiteran esta tendencia.11- Impacto de la Política de Seguridad De-mocrática sobre la Confrontación Armada, elNarcotráfico y los Derechos Humanos. Vice-presidencia de la República. Programa Pre-sidencial de Derechos Humanos y DIH. Bo-gotá, agosto de 2008. Pág. 85.

A pesar de ello, y de que la observación en terreno muestra que hay un altogrado de desocupación debido a la escasez de fuentes de trabajo, el cultivo dehoja de coca sigue siendo relevante en la economía local. Según datos de laVicepresidencia a partir de las estimaciones del Simci, la región conformada porlos departamentos de Meta y Guaviare contribuye con el 38% de la cocaínapura producida, siendo el rendimiento promedio anual de hoja de coca más altodel país, acercándose a los 9.900 kilos por hectárea/año.11

Fuente: NACIONES UNIDAS. «World Drug Report 2008». En: www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2008.html. p. 238

Colombia. Cultivos de coca por región. 2007

Otros: 2%

Orinoco: 9%

Meta-

Guaviare:

20%

Central: 21%

Putumayo-

Caquetá:

21%

Pacífico:

26%


• 21 •

El complejo fluvial del suroriente hace más difícil la erradicación y el tráfico deinsumos; así, una de las tareas de los grupos armados ilegales es la exploraciónde nuevos caminos. Debido a que las rutas de los ríos Guaviare y Meta seencuentran controladas por la fuerza pública, los ríos Tuparro, Vichada y Guai-nía, pese a las dificultades que presentan para la navegación, empiezan a serutilizados con mayor frecuencia, así como la extensa red de caños que los inter-comunican, y que conducen hacia la frontera con Venezuela, especialmente en lazona rural entre Nueva Antioquia y El Aceitico, en el río Meta y los alrededoresde Puerto Nariño por la desembocadura del río Vichada en el Orinoco.

En el corto plazo el negocio de la coca tiende a seguir decayendo, especialmenteporque la exploración petrolera tiene proyecciones importantes en la región, comolo anunció desde 2004 en un consejo comunitario en Puerto Carreño el ministro deMinas y Energía, Hernán Martínez, afirmando la incorporación de 12 millones dehectáreas para la exploración de crudo, 9 de ellas en el departamento del Vichada,lo que implica cerca de un 90% de su territorio, a partir de abril de 2008. Elaseguramiento militar de este departamento por parte del Estado colombiano enlos últimos años es concordante con tales anuncios. De hecho, durante el trabajode campo realizado a lo largo del río Meta, Codhes coincidió en los municipios deSanta Rosalía y La Primavera, con miembros de compañías petroleras y funciona-rios del Ministerio del Interior, que adelantaban acercamientos con los represen-tantes de los pueblos indígenas de tales municipios a fin de llevar a cabo el procesode “consulta previa” para la exploración en sus territorios12.

Por la información tomada en terreno, la posibilidad de explotar yacimientospetrolíferos en esta parte del país ha generado expectativas altas entre los habi-tantes, además de dar inicio a una racha especulativa sobre la tierra, que se hamanifestado en los escándalos de concentración en los que se encuentra impli-cado el senador Habib Merheg y alias “Macaco”, como lo reveló en su momen-to un informe de la Revista Semana que afirma que al menos “son 70.000 hec-táreas, en la zona de Caño Muco, que están en entredicho: 38.000 irregu-larmente adjudicadas y 32.000 de las que aún no se identifican plenamentesus propietarios y no se conoce con certeza cómo fueron adquiridas”13.

Si bien no pueden ser atribuibles a la explotación petrolera, los desplazamientosdel año 2008, es importante resaltar que el control paramilitar en esta zona esfuerte y que expulsiones como las de los indígenas Amorúa14, hoy residentes enPuerto Carreño, y el riesgo de reorganización de los grupos paramilitares son enla actualidad características en este municipio15.

Del mismo modo, la posibilidad de explotación de biocombustibles es otro delos factores que ha influido en la competición por la tierra. Como ejemplo bastarecordar la intención del ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, de adjudi-car sin licitación o mecanismo público, la hacienda Carimagua a empresas pal-micultoras, y las reacciones que tal decisión generó en distintos sectores del país

12- Trabajo de campo realizado entre el 5 yel 10 de octubre de 2008, a lo largo del ríoMeta.13- Amigos del Senador, ¿Vecinos del para-militar? En: Revista Semana, Edición 1368,Bogotá 19 de julio de 2008.14- Son 26 las familias de esta etnia que seencuentran en el municipio de Puerto Carre-ño en condiciones de mendicidad.15- En trabajo de campo en el Vichada, setuvo conocimiento de la polémica que suscitóun informe de riesgo emitido el 20 de mayopor el SAT, sobre la presencia de paramilita-res en el casco urbano de Puerto Carreño yla posibilidad de que se estuvieran reagru-pando con desmovilizados; lo cual fue re-chazado de plano por las autoridades civilesy militares. No obstante, en visita realizadapor Codhes en agosto de 2008, los testimo-nios de los pobladores apuntaron en esesentido.


• 22 •

entre ellas el documento titulado “Carimagua, un modelo desplazador” presen-tado por la senadora Cecilia López16.

Como se ha reiterado en este texto, y en informes anteriores, los ríos y cañosconstituyen la mayor vía de comunicación en el suroriente. Sin embargo es dedestacar que la vía Villavicencio-Puerto Gaitán está cerca de tener un 90% com-pletamente pavimentado, y que se vienen desarrollando trabajos en el tramoPuerto López-Puerto Gaitán en el departamento del Meta, para finiquitarla.

Puerto Gaitán es un municipio con un grado de crecimiento comercial que vieneaumentando gradualmente en los últimos años, y que además es estimulado por laexplotación de crudo. Aunque existe una carretera que comunica con Puerto Ca-rreño, la capital del Vichada, esta sólo funciona en tiempo de verano, lo que hacedel río Meta el camino más expedito para el comercio, conectando los municipiosde Santa Rosalía y La Primavera, donde se proyectan las futuras exploraciones.

De llegar a ser viable la explotación de petróleo, el aseguramiento y navegabili-dad del río Meta pasarían de ser un proyecto a convertirse en una necesidadimperiosa, lo que, en el mediano plazo, puede incrementar y agudizar la compe-tencia por la tierra debido a que no existen en el momento alternativas sólidas detrabajo y productividad para sus tenedores, como es reiterativo en los testimo-nios recopilados en terreno.

Escenario 2. Confrontación entre la fuerza pública y la guerrilla de lasFARC por el control del territorio que constituye la retaguardia de este grupo armado ilegal.

Un segundo escenario de conflicto en la región se ubica en el sur del departa-mento del Guaviare y el norte del Vaupés. Se trata de un área articulada por elrío Vaupés, que a partir de la confluencia de los ríos Unilla e Itilla en Calamar–Guaviare, se constituye en la principal vía de comunicación desde allí hasta lafrontera con Brasil. Los principales centros poblados de esta subregión son losmunicipios de Miraflores (Guaviare), Carurú y Mitú (Vaupés).

Durante el primer semestre del año 2008, la confrontación militar entre la fuerzapública y la guerrilla de las FARC ha tenido en el sur del Guaviare y el norte delVaupés uno de sus principales epicentros. Los resultados de la acción militar delEstado contra este grupo insurgente constituyen de conjunto golpes de tal en-vergadura que es posible hablar de un cambio cualitativo en la dinámica delconflicto armado.

En desarrollo de la política de afianzamiento del control territorial, la fuerzaPública ha avanzado en los últimos años en desarrollar una mayor presencia enlos municipios de Miraflores, Carurú y Mitú, con lo cual la guerrilla de las16- López, Cecilia. «Carimagua un modelo

desplazador»; Bogotá, julio de 2008.


• 23 •

FARC se ha replegado hacia las áreas más selváticas del territorio, controlan-do buena parte de la movilidad por el río Vaupés.

En este escenario, se desarrolla un aguda confrontación entre el Ejército y las FARC,como consecuencia de lo cual la población civil se ha visto afectada por señala-mientos e intentos de involucramiento por parte de los actores contendientes.

En particular, es preocupante la situación de las comunidades indígenas, habi-tantes originarios de este territorio, que se ubican en centros dispersos a lo largode la ribera del río Vaupés, en la mayor parte de los casos incomunicados y conescaso acceso a bienes y servicios públicos. La disputa entre fuerza pública yFARC se ha traducido en el incremento de controles para la movilidad por elterritorio, con lo cual se afectan directamente las prácticas tradiciones que ga-rantizan la pervivencia de los pueblos indígenas.

En el municipio de Miraflores, el Ejército reportó la destrucción de 6 camposminados hasta mediados de noviembre de 2008; uno de estos campos fue ubi-cado en el sector urbano, y su hallazgo obligó a la suspensión de una obra quedesarrollaba la administración en el área. Entre tanto, en Carurú, en el mes denoviembre los habitantes refirieron el hallazgo por parte de la fuerza pública deun alto número de cilindros a menos de un kilómetro de la sede secundaria delColegio Pluriétnico, los cuales, presuntamente, iban a ser empleados para unataque contra la población.

La presencia esporádica de la fuerza pública en las áreas rurales, y el desarrollode acciones denominadas “cívico-militares”, deriva en prácticas de involucra-miento de la población civil en el conflicto que ha conducido a retaliaciones porparte de las FARC, al acusar a la población de colaborar con la Fuerza Públicadurante su permanencia en las comunidades.


• 24 •

Esta confluencia de factores ameritó la emisión de Informes de Riesgo por partedel Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en el primersemestre del año 2008 para estos dos municipios. Allí se advierte la posibleocurrencia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DerechoInternacional Humanitario, como consecuencia de la presencia y accionar deactores armados en el territorio.

Durante el año 2008 se observó en esta región un avance de la estrategia derecuperación del territorio por parte de la fuerza pública; proceso iniciado en elaño 2003 cuando se instalaron bases de operación en cada una de las cabecerasmunicipales, y que se ha acentuado en el presente año, con el desarrollo deacciones armadas en las áreas más selváticas, en medio de las cuales la pobla-ción civil ha sido duramente golpeada. Sobre esta situación, una comisión inte-grada por la ONIC, OPIAC, CECOIN y Codhes, presentó un amplio informeen el mes de julio, luego de acompañar una asamblea de las comunidades indí-genas del Alto Vaupés (municipio de Carurú).

En dicha zona, correspondiente al Resguardo Arara Bacatí Lagos de Jamaicurú,se presentaron atropellos por parte de efectivos de la Fuerza Pública en contra delas comunidades indígenas. Específicamente, la autoridad tradicional de la comuni-dad La Libertad, denunció hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degra-dantes, cometidos por integrantes de la fuerza pública, quienes retuvieron bastantetiempo a miembros de la comunidad, sometiéndolos a tortura física y psicológica,acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla. Una de las personas que fuevíctima de estos hechos fue sacada del territorio y apareció posteriormente muertaen la cabecera municipal, señalada de ser guerrillero y haber caído en combate.

Además de estos hechos, asociados a la presencia de la fuerza pública en el terri-torio, se han presentado acciones de retaliación, que con posterioridad al retiro delas tropas lleva a cabo la guerrilla de las FARC en contra de las mismas comunida-des. Tal es el caso de la masacre cometida en contra de un grupo de seis civiles(entre los cuales se encuentran cinco indígenas de la etnia Sikuani) en el corregi-miento Barranquillita, municipio de Miraflores – Guaviare, en el mes de junio.

La comunidad Barranquillita se ubica a 40 kilómetros de distancia dela cabecera municipal de Miraflores. Es un territorio habitado por indí-genas Tucano (70 personas) y Sikuani (62 personas /8 familias) Entre el29 y 30 de junio de 2008, las FARC asesinaron a cinco indígenas Sikua-ni y un mestizo, habitantes todos de esta comunidad, acusándolos dehaber prestado colaboración al Ejército durante su estadía en ese sec-tor. Uno de los indígenas asesinado era menor de edad. El capitán de lacomunidad también era buscado para ser asesinado, pero logró huirhacia Miraflores, dejando a su familia. En retaliación, la familia nopuede movilizarse. A principios del mes de noviembre, logró recibir a


• 25 •

tres hijos menores, pero su esposa permanece en la comunidad, juntocon una hija de 7 años.Como consecuencia de estos hechos, sólo 3familias Sikuani permanecen en el territorio, las otras 5 viven hoy ensituación de desplazamiento en la cabecera municipal de Miraflores yen San José del Guaviare.

La acentuación de mecanismos de presión sobre la población civil por parte de laguerrilla de las FARC parece ser una constante en el accionar de este grupo arma-do irregular en la región. Un elemento indicativo de esta situación se observa en elincremento de casos de desplazamiento forzado en los cuales las víctimas señalancomo causa la amenaza de reclutamiento de sus hijos menores de edad.

Las restricciones a la movilidad y las limitaciones para el desarrollo de las activi-dades habituales aparece también como una violación recurrente a los derechosde las comunidades, con lo cual se pone en riesgo la propia supervivencia, y sehan propiciado hechos de desplazamiento hacia los principales cascos urbanos.

A la disputa entre Ejército y FARC en las áreas más selváticas del territorio, enmedio de la cual ha quedado la población civil, se suma el hecho de que a finalesdel año 2008 se presentaron actos de hostigamiento tanto en la cabecera muni-cipal de Miraflores como en Carurú, por parte del grupo insurgente; hechos quehan generado zozobra y temor entre la población civil.

En este escenario, se hace necesario implementar acciones dirigidas a proteger alos civiles en medio del conflicto, en particular a las comunidades indígenas.Medidas como señalización de bienes protegidos por el Derecho InternacionalHumanitario, definición de rutas de evacuación en casos de ataques y enfrenta-mientos, han sido sugeridas por las autoridades municipales, en atención a lasalertas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

Resulta indispensable en estas condiciones el pleno acatamiento de la normativahumanitaria por parte de todos los actores armados. La no observancia delprincipio de distinción ha conducido a que las comunidades que habitan en estaparte del país queden sometidas a la lógica de retaliaciones por parte de losgrupos armados que les acusan de colaborar con el bando contrario. Así, sonfrecuentemente señalados de favorecer a los grupos guerrilleros, por el hecho devivir en áreas que han sido controladas por éstos; y frente al avance de la fuerzapública sobre las mismas zonas, han sido víctimas de retaliaciones por parte dela guerrilla tras acusaciones de prestar apoyo o simplemente por verse en lanecesidad de establecer algún tipo de comunicación con integrantes de las tro-pas oficiales. Particular preocupación genera el hecho de que en desarrollo desus operaciones militares, la fuerza pública busque obtener ventajas a través delacercamiento a los civiles para solicitarles información acerca de la ubicación ymovilidad de los grupos armados que operan en el territorio.


• 26 •

En síntesis, la situación que enfrentan los pueblos indígenas en la Amazonia co-lombiana constituye la evidencia más palpable del deterioro de la situación hu-manitaria en esta parte del país, y pone de presente la necesidad de fortalecerlos mecanismos de protección para que estas comunidades puedan permaneceren su territorio en condiciones de dignidad y no se vean lanzadas a la periferia delos centros urbanos, donde afrontan situaciones de precariedad que amenazansu existencia misma como grupos étnicos con derechos especiales amparadosen la Constitución colombiana y los Tratados Internacionales.


• 27 •

17- Declaraciones presentadas en El Tiem-po «ACNUR dice que ahora hay más despla-zados en Guaviare». Abril 22 de 2008

2. Comportamiento del desplazamientoforzado durante el año 2008

La disputa entre los diferentes actores armados que hacen presencia en el terri-torio ha generado fuertes impactos sobre la población civil, que ha huido de susterritorios, y ha sido víctima de diversas formas de vulneración de sus derechospor parte de todos los actores del conflicto.

El temor que genera entre la población civil el incremento de las hostilidades hallevado a que caseríos completos estén hoy prácticamente abandonados, tal comoreportó en abril del 2008 ACNUR, luego de desarrollar una misión humanitaria enel río Guaviare, donde encontraron que de veredas como Puerto Alvira (jurisdic-ción de Mapiripán–Meta), ha huido cerca del 75% de la población, estimada en3.000 personas17. A esta situación se suma el hecho de que las personas que allípermanecen, viven en condiciones precarias dada la dificultad en el acceso dealimentos y suministros básicos, así como el transporte por el río Guaviare.

Según la información procedente del registro único de población desplazada,con información consolidada a noviembre de 2008, los principales lugares deexpulsión en la región objeto del presente estudio son los municipios de SanJosé del Guaviare (Guaviare), Mapiripán (Meta), Cumaribo (Vichada), El Re-torno (Guaviare), Miraflores (Guaviare), Calamar (Guaviare), Puerto Gaitán(Meta), Mitú (Vaupés), Barranco Mina (Guainía) y Puerto Carreño (Vichada),tal como se aprecia en la siguiente tabla.

PRINCIPALES MUNICIPIOS EXPULSORES.REGIÓN SUR ORIENTE. 2008

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL

Guaviare San José del Guaviare 21.991

Meta Mapiripán 11.569

Vichada Cumaribo 7.048

Guaviare El Retorno 5.923

Guaviare Miraflores 5.612

Guaviare Calamar 3.927

Meta Puerto Gaitán 2.710

Vaupés Mitú 2.047

Guainía Barranco Mina 1.393

Vichada Puerto Carreño 1.072

Fuente: Acción Social. Estadísticas de población desplazada 2008. Disponible en: www.accionsocial.gov.co.


• 28 •

El panorama del conflicto y la economía en esta región para las comunidadesindígenas es bastante comprometido debido a la cantidad de intereses que sub-yacen a los territorios de sus resguardos (Ver mapa). Durante el trabajo decampo realizado en el área en 2008, son notorios diferentes elementos que tie-nen que ver con el tema de política pública, pero también el contexto del conflic-to que afecta directa o indirectamente a las comunidades.

Etnias como los Amorúa, los Sikuani, Nukak Makú y los Mítivas (Guayaberos),han sido fuertemente golpeadas en el último año, como consecuencia del con-flicto armado. De manera directa por las acciones militares tanto de guerrillacomo de la fuerza pública emprendidas en sus territorios ancestrales y, de formaindirecta, por el temor a combates y el involucramiento en el conflicto mismo yen las economías ilegales.

El caso de 14 familias Cubeo-Sikuani —cuatro de ellas desplazadas en el últimoaño— que se han asentado en los últimos cuatro años en el municipio de LaPrimavera, en el Barrio Veracruz, provenientes de Santa Cruz (Cumaribo), enproximidad al resguardo Llanura Tomo, es ilustrativo de ello. En su lugar deorigen fue masacrada una familia acusada de colaboradores del Ejército en 2006y posteriormente hubo amenazas por parte de la guerrilla que motivó el despla-zamiento de las 10 primeras familias; las que se desplazaron en 2008, afirmanque lo hicieron por miedo al reclutamiento y la reciente presencia del denomina-do grupo de “Los Cuchillos” en el área.

En Puerto Inírida, Guainía, los datos de las declaraciones del primer semestre de2008 muestran un porcentaje alto de declarantes de origen indígena de distintas


• 29 •

etnias (ver gráfico); de ese grupo llama la atención el éxodo de 10 familias pro-venientes de la comunidad de Carpintero y 5 de la comunidad vecina de Palomaque llegaron a la capital del Guainía, luego de recorrer a canalete casi 2/3 del ríoGuaviare. Las entrevistas realizadas a autoridades miembros de la comunidadofrecen explicaciones diversas, que en general plantean que no había razones depeso para que tal hecho ocurriera.

La idea general es que los indígenas se presentaron como desplazados por los“beneficios” ofrecidos en la capital departamental. Según algunos miembros deambas comunidades visitados en noviembre, las familias salieron sin motivo por-que “aunque hubo combates en inmediaciones de los resguardos, no se de-sarrollaron en el territorio”18.

18- Conversación con miembros de la comu-nidad de Carpintero y Paloma; visita a terre-no realizada en noviembre de 2008.

43%57%

Fuentes: Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría

Indígenas

No Indígenas

Porcentaje de población indígena desplazada hacia Puerto IníridaEnero-Julio de 2008

Al revisar con detenimiento puede realizarse otro tipo de lectura. Si bien, a los ojosde la situación actual en el oriente del departamento del Guainía hay un control dela fuerza pública; no sucedía así a finales de 2007. En efecto, para el momento loscombates se intensificaron y se llegó a dar de baja a un cabecilla importante delas FARC conocido con el alias de “Cristian”, quien controlaba los cultivos decoca en la zona y las operaciones de distribución de insumos y base.

Por información suministrada por los indígenas y las declaraciones se puedeestablecer que su participación en las actividades del cultivo de hoja de coca fuemayoritariamente indirecta y que sólo en algunos resguardos hubo siembra decoca por parte de miembros de las comunidades. Dentro de la división del tra-bajo establecida por el circuito comercial de la hoja de coca, la labor de losindígenas era la de abastecimiento y preparación de terrenos para los colonos,también ocasionalmente como raspachines, además de que los jóvenes fueronobjeto de reclutamiento.


• 30 •

Con la fumigación de cultivos y la intensificación de los operativos militares, elcircuito del comercio se fue resquebrajando y los primeros en desplazarse fue-ron los colonos y raspachines presionados cada vez más por la guerrilla, y por elsistema de explotación implementado, consistente en trabajo a cambio de valesque se podían intercambiar por productos o hacer pagaderos por la guerrilla.

Acosado por la falta de circulante, que empezó a restarle capacidad de inter-cambio a los vales, “Cristian” implementó otro mecanismo denominado “trabajocomunitario” en el cual fueron involucrados los indígenas, reclutados por sema-nas para preparar los terrenos de siembra de coca. Una vez finalizado el trabajoeran regresados con vales y algunos víveres, pero siempre con la presión detener que abandonar sus labores en las chagras para prestar el “servicio”.

Varias de las declaraciones apuntan en esa dirección, al afirmar que “Cristian”amenazó de muerte a algunas personas que fueron a exigirle la conversión de losvales en metálico. Ante la imposibilidad de cobrar la obligación colonos e indíge-nas decidieron tomar río abajo para evitar los trabajos forzados y los problemassurgidos por el desabastecimiento. Las declaraciones de los indígenas son reite-rativas en ese punto.

Con el desabastecimiento y los enfrentamientos entre FARC y Ejército, las co-munidades adicionalmente se vieron imposibilitadas para regresar a sus activida-des productivas cotidianas, como la pesca que es la fuente principal de proteínaen la dieta tradicional. Interrumpidas con anterioridad por la guerrilla, las comu-nidades no pudieron retomar estas actividades con la llegada del Ejército por lasmedidas de seguridad implementadas por la tropa, entre ellas una suerte de“toque de queda” que restringió la circulación de personas en horarios noctur-nos, lo que para el caso de la pesca es casi una prohibición debido a que lasfaenas son emprendidas incluso desde las 2:00 a.m. por las comunidades.

Por otro lado, la caída de “Cristian” en un bombardeo del ejército no ofrecía garan-tías de disminución de la presión ejercida sobre la población civil y, a pesar de que lasFARC empezaron su repliegue, la presencia de milicianos y la posibilidad de que sereagruparan era inminente, lo cual puso en riesgo a las comunidades, que ademásempezaron a ser objeto de jornadas cívico-militares, como parte de la nueva estra-tegia de las fuerzas armadas de “no estigmatización de las comunidades”19.

En ese contexto, las familias indígenas que se desplazaron al casco urbano dePuerto Inírida al inicio de 2008, y las que viajaron con rumbo a Venezuela, no lohicieron de forma caprichosa. Tras años de dominación del frente 16 de las FARCy de operativos militares de golpe y repliegue de la tropa hacia los cascos urbanos,las condiciones de seguridad y de vida disminuyeron cualitativamente, con la másreciente avanzada del Ejército que, dicho sea de paso, carece de un acompaña-miento institucional y de mecanismos de integración desde el Estado, que minimi-cen el impacto colateral de sus operaciones en la población civil y que restablezcanlos circuitos del comercio y la productividad, esta vez desde la legalidad.

19- La referencia fue hecha por el Coman-dante del Batallón 50 de la Armada, Tenien-te Coronel Castellanos, en la reunión de 11de noviembre de 2008 citada antes.


• 31 •

De este modo, el impacto sobre la población indígena, mayoritaria en las áreasrurales donde se realizan operativos y combates, tiene en el mediano plazo con-secuencias inestimables para la supervivencia de las comunidades y de la cultu-ra, propiamente dicha. La conversación con un payé20, durante el primer en-cuentro por la supervivencia del pueblo guayabero, realizado en Mapiripán ini-ciando el mes de diciembre de 2008 ilustra esta situación:

“Nosotros venimos de Mocuare, nosotros somos desplazados de allá

de nuestra tierra… yo me vine porque la guerrilla avisó que puso

minas en la tierra y que no respondían, nos vinimos para Caño

Jabón y de allá también nos tocó salir… yo no hago mal a nadie, lo

que queremos es volver, que nos den la tierra para trabajar y sem-

brar yuquita… ahora estamos en San José viviendo en… ahí cer-

quita al pueblo pasando necesidades…”21

Las autoridades locales manejan la idea de que el desminado de tal resguardopuede tardar cerca de 4 años en el mejor de los casos, o 10 en un escenario nofavorable. Consultando a los payés presentes en el evento, se supo que de mo-mento no se está preparando ningún joven en ese arte, y los muchachos en edadde ser formados empiezan a hacer contacto con los blancos, recibiendo unaeducación, cuando es el caso, fuera del contexto de la cultura.

Si el desminado termina en 10 años, la generación que hoy vive en inmediacio-nes de San José del Guaviare tiene una alta probabilidad de perder el referentecon su lugar de origen y probablemente no estén interesados entonces en elretorno, lo que constituye una alerta sobre la casi inminente extinción de estascomunidades, que han sido desplazadas casi en un 50% durante el 2008.

Fuente: Procuraduría, Defensoría del Pueblo.

22%

23%

25%

30%

Mujeres

Hombres

Niñas

Niños

Porcentaje por comunidades étnicas afectadas por desplazamientoque declararon en Puerto Inírida 2008

20- Este es el nombre que reciben los médi-cos tradicionales en el área.21- Entrevista en terreno realizada en di-ciembre de 2008.


• 32 •

De los indígenas desplazados, casi la mitad son niños, en un porcentaje alto delos casos, en el ejemplo de las 14 familias Cubeo-Sikuani, residentes en LaPrimavera (Vichada), de 138 habitantes en el asentamiento, 65 son niños, datoque concuerda con la tendencia registrada en el departamento del Guainía comose puede observar en el gráfico anterior.

Otro dato significativo lo constituyen las etnias más afectadas por desplazamien-to en el presente año; según la información recopilada en terreno, cubeos, pia-pocos y sikuani, son quienes más se han desplazado en el 2008 (ver gráfico); sinembargo, es importante resaltar que no todos declaran y que Puerto Inírida enmuchos casos es un lugar de paso para la travesía mayor, hacia el lado venezo-lano, donde se han venido estableciendo grupos familiares indígenas a lo largode la ribera del Orinoco.

Aunque no existe información concreta sobre el número de personas y de indí-genas que han llegado al Estado de Amazonas, el consulado de Colombia enSan Fernando de Atabapo ha podido establecer un crecimiento de los asenta-mientos de indígenas y de otros colombianos en esa población22. El InstitutoNacional de Estadística de Venezuela (INE), estimaba que en 2001 esta locali-dad contaba con 5.000 habitantes, más recientemente la cifra ofrecida por laalcaldía de San Fernando de Atabapo en su página web calcula que son 12.234;lo que implicaría un crecimiento de casi un 150% en tan solo 7 años.

22- El consulado colombiano en San Fer-nando de Atabapo y el de Puerto Ayacuchono poseen datos censales de la poblacióndesplazada y los casos que se conocen sonpocos pero significativos, en general las per-sonas prefieren no declarar, solicitar refugioa la Defensoría del Pueblo de Venezuela, niidentificarse como desplazados.

Sobre esto es necesario reseñar que las causas para este crecimiento son variasy no obedecen exclusivamente al conflicto armado colombiano; entre ellas se

45%

Fuentes: Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría

6%

15%

14%

20%

CubeoCurripacoPiapocoSikuaniTukano

Porcentaje por comunidades étnicas afectadas por desplazamientoque declararon en Puerto Inírida 2008


• 33 •

cuenta la apertura que realizó el gobierno venezolano para la expedición deregistros civiles y cedulación en la frontera, lo que motivó a varios colombianosa legalizarse como nacionales en ese país.

Otro factor que puede explicar la migración de los indígenas es la existencia demedidas favorables del gobierno venezolano hacia las comunidades, especial-mente en un estado donde la población es mayoritariamente indígena. Con todoy eso, el éxodo de personas hacia la otra orilla del Orinoco no se puede explicarpor fuera del conflicto y sus consecuencias para los civiles. Como lo planteó undesplazado residente en San Fernando que accedió a entrevistarse con Codhes:

“Yo me vine para acá porque es tranquilo… acá uno puede traba-

jar y no se preocupa si mañana le toca salir corriendo… aunque

uno no sabe, por ahí andan diciendo que ya están llegando cerca…

los paramilitares”23

El balance hecho hasta el momento para la población indígena, no difiere muchopara los demás desplazados; varios de ellos oriundos de Puerto Alvira y CañoJabón en el Meta. La misión de observación realizada por la Defensoría delPueblo, ACNUR y CODHES en noviembre de 2008, verificó que hasta la ins-pección del Raudal de la Mapiripana, sobre el río Guaviare hay presencia de lafuerza pública; así mismo se obtuvo información de que los combates en esemomento se desarrollaban en un sitio conocido como El Bunker.

Como se afirmaba anteriormente, los operativos militares se concentraron entreCaño Jabón y los límites del departamento del Guainía; con la llegada de lamisión a la inspección del Raudal, coincidió la llegada de una línea de transporteproveniente de San José del Guaviare, en la que arribaron algunas personas queabordaron en el trayecto y que comentaron que se vinieron de “puallá, porquese puso feo”24.

En conversación con la inspectora y la junta de acción comunal en el Raudal dela Mapiripana, se planteó que un porcentaje alto de la población se ha ido, unosen dirección a Barranco Mina y otros, río arriba, hacia las zonas donde aúnexisten cultivos. Entre los que quedan, persiste el temor por la eventual partidade la fuerza pública, además de la expectativa sobre “¿qué va a pasar?”. Ensituación semejante se encontraron 60 familias que fueron asistidas por las mi-siones en el mes de octubre, a fin de que no se desplazaran luego de los opera-tivos militares y la aspersión emprendida en área de Lomas de Tillabá, colindan-te con los resguardos El Tigre y Llanura Tomo, en límites de Meta y Vichada.

Lo que estas situaciones sugieren es que el área de los ríos se está quedandosin población, y que las dificultades económicas generadas por la imposibili-dad de acceder a recursos y planes productivos ajenos a la coca, vienen agu-dizando las presiones y penurias que, sobre la población civil, han ejercido losgrupos armados en la zona. El principal temor, además de los combates y ante

23- Entrevista realizada en San Fernando deAtabapo en agosto de 2008. El caso de estecampesino es significativo porque ha hechosu vida en esta población sin ningún docu-mento colombiano o venezolano, aunqueformó familia allí; se ha impuesto así mismoun bajo perfil y tiene poca comunicación consu familia colombiana, según comentó.24- Cabe mencionar que los pasajeros co-mentaron que dos guerrilleros abordaron laruta en el camino con intención de desmovi-lizarse, lo cual causó pánico entre las perso-nas, pues venían dotados de uniforme y fusi-les, para entregarse a la Armada Nacional.


• 34 •

la presencia de la fuerza pública, tiene que ver con la sostenibilidad de la ope-ración en el largo plazo, los testimonios de las personas entrevistadas expre-san que el Ejército no va a permanecer porque “aquí no hay nada que cui-dar”25, frase que hace alusión a las carencias consuetudinarias de la presenciaestatal en el área.

“Cuando ellos se vayan –los militares- vuelven los otros y ahí si

estamos jodidos -comentaba un campesino con desazón- a nosotros

también nos tocará irnos, porque aquí no hay nada que hacer”

Según la información suministrada por la Defensoría del Pueblo Seccional Gua-viare, durante el año 2008 por lo menos 235 indígenas Guayabero fueron des-plazados hacia la capital de este departamento, principalmente procedentes delos Resguardos Mocuare, Arawato, Barranco Ceiba y Barranco Colorado; te-rritorios que han sido abandonados como consecuencia del temor al recluta-miento forzado, al incremento en los combates y las restricciones para la conse-cución de alimentos que impone el accionar de los grupos armados.

Si se toma como referencia la cifra oficial, según la cual el pueblo Guayaberotiene una población total de 1.118 personas26, estaríamos afirmando que tansólo en un año fue obligado a desplazarse de su territorio el 21% de este puebloindígena, a lo que debe sumarse las familias que en los últimos años han llegadoal Reguardo Barrancón, próximo a la cabecera municipal de San José del Gua-viare, y otro grupo de familias que en el mes de agosto arribó al municipio deMapiripán, procedentes del Resguardo Mocuare.

PRINCIPALES LUGARES DE EXPULSIÓN DE POBLACION DESPLAZADADEPARTAMENTO DE GUAVIARE 2008

Vereda / Resguardo Municipio Departamento

Tomachipán San José del Guaviare Guaviare

Resguardo Mocuare Mapiripán Meta

Resguardo Barranco Colorado San José del Guaviare Guaviare

La Paz El Retorno Guaviare

La Carpa San José del Guaviare Guaviare

Boquerón San José del Guaviare Guaviare

Caño Makú San José del Guaviare Guaviare

Sabanas de la Fuga San José del Guaviare Guaviare

Puerto Alvira Mapiripán Meta

Mitare Mapiripán Meta

Elaboración propia, a partir de información de declaraciones recibidas en Defensoría del Puebloseccional Guaviare.

25- Testimonio tomado en terreno en el Rau-dal de la Mapiripana.26- Ver: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLA-NEACION. Los pueblos indígenas de Colom-bia. Bogotá, 2004.


• 35 •

Este cuadro, nos pone de presente una de las situaciones más dramáticas en loque tiene que ver con las consecuencias que el conflicto está implicando para lospueblos indígenas de la Amazonia colombiana, y que los tiene hoy por hoy alborde de la desaparición.

El principal centro receptor de desplazamiento en la región objeto de estudio esel municipio de San José del Guaviare. Sólo en la Defensoría del Pueblo seccio-nal presentaron su declaración durante el año 2008 2.219 personas27; la mayorparte de las cuales (69%) proceden del mismo departamento y de municipiosvecinos como Mapiripán–Meta; áreas de conflicto identificadas en la primeraparte de este documento. La tabla que se presenta a continuación relaciona losprincipales sitios de expulsión de la población que se desplazó en el año 2008hacia San José del Guaviare.

Del total de declaraciones de desplazamiento presentadas en la Defensoría delPueblo seccional durante el año 2008, el principal actor señalado como respon-sable es la guerrilla de las FARC con un 69% de los casos, en tanto que losgrupos paramilitares lo son en un 8%. Esta situación pone de presente el nivel dedegradación de la confrontación armada en el departamento, más aún cuando seobserva la recurrencia de temas como el temor a los enfrentamientos, las ame-nazas y el temor al reclutamiento de menores entre las principales causas dedesplazamiento.

En el municipio de Miraflores, las autoridades municipales han llamado la aten-ción sobre el incremento de los casos de desplazamiento, en los cuales se iden-tifica una afectación acentuada sobre las comunidades indígenas. Esta situaciónha generado una crisis institucional en la medida en que los recursos destinadospor la administración para atender en la fase de emergencia han sido sobrepasa-dos, en razón a que las proyecciones se habían realizado sobre la base de unadinámica menor de recepción de población en la cabecera municipal.

En esta zona las principales causas de desplazamiento son: amenazas, recluta-miento forzado, señalamiento, amenazas contra la integridad familiar, y ausenciade alternativas de subsistencia como consecuencia del deterioro de la economíade la coca.

Los principales sitios de expulsión son: Resguardo Puerto Viejo, Resguardo ElRemanso, Palmas I y II, Jamaicurú, Resguardo Lagos del Dorado, Itilla, Res-guardo Puerto Nare, Barranquillita, Caño Tigre, Puerto Mandú, Caño Morrocoy Puerto Santander.

Durante el año 2007, 25 familias (145 personas) declararon haber sido despla-zadas ante la Personería municipal de Miraflores; hasta octubre del 2008, ha-bían declarado por tal motivo 11 familias (42 personas) de las cuales 8 sonfamilias indígenas (31 personas), y 3 son familias conformadas por poblaciónmestiza (11 personas).

27- Esta cifra debe tomarse sólo como unamuestra del total de población desplazadaen este municipio, por cuanto no se cuentacon los datos de las declaraciones recibidasen la Personería municipal y en la Procura-duría, entidades que atienden declaracio-nes en un volumen similar al que recibe laDefensoría del Pueblo.


• 36 •

La difícil situación de orden público que se vive aun en la cabecera municipal hahecho que muchas de las familias que huyen por motivos de violencia se trasla-den a otros municipios, dentro y fuera del departamento del Guaviare, dondepresentan su declaración como desplazados. Al respecto, señala un informe dela Personería municipal de Miraflores que: “calcula este despacho que por lomenos el 50% de la población afectada por el conflicto armado decidedeclarar o expresar los hechos en el lugar donde pretenden establecer sunueva residencia. A la fecha (…) este despacho ha emitido 18 documentosque dan constancia de la situación de desplazamiento, estas últimas queserán presentadas en alguna parte del territorio nacional como soporte dela respectiva declaración28”. A este respecto, la administración municipal re-portó que hasta mediados de noviembre de 2008, había apoyado el transportede 12 familias (50 personas) que debieron presentar su declaración de despla-zamiento en otros municipios.

Como consecuencia del accionar de grupos armados en el territorio, se hanproducido casos de confinamiento de población en el municipio. Tal es el casode la comunidad de Barranquillita, donde con posterioridad a la masacre efec-tuada por las FARC contra un grupo de indígenas en el mes de junio, la comu-nidad fue víctima de restricciones a la movilidad y a la libre circulación por suterritorio, con lo cual se ha afectado el normal desarrollo de las actividadesbásicas.

Las prácticas de restricción de la movilidad de la población son frecuentes enescenarios en los que se presume por parte de los actores armados que la po-blación puede trasladarse de un lugar a otro con el objeto de transmitir informa-ción al bando en disputa.

En igual sentido, se tuvo conocimiento de prácticas de restricción al acceso depersonal sanitario a las comunidades. Desde el año 2006 no se han desarrolladomisiones médicas, luego de un incidente en el cual la guerrilla sustrajo el bote ylos medicamentos que eran transportados por los integrantes de la misión. En laactualidad, la responsabilidad de atención en salud está en cabeza de los pro-motores rurales, quienes en la mayor parte de los casos no cuentan con la dota-ción suficiente para responder a situaciones de emergencia que puedan presen-tarse en la zona, ni con los medios de transporte necesarios para trasladar a lospacientes a la cabecera municipal.

En el departamento de Vaupés se observa que el municipio de Mitú continúasiendo el principal lugar de recepción de población desplazada. Hasta el mes deseptiembre de 2008, 151 personas declararon ante la Personería municipal deMitú haber sido desplazadas por motivos asociados con el conflicto armado. Deestas declaraciones, se desprende que la principal zona de expulsión es el Vau-pés Medio, y la afectación sobre las comunidades indígenas es del 96%; auncuando no es posible identificar los grupos étnicos afectados, por fallos en latoma de la declaración.

28- MUNICIPIO DE MIRAFLORES. Personeríamunicipal. «Población en situación de des-plazamiento» Miraflores – Guaviare. 11 denoviembre de 2008


• 37 •

Las principales comunidades de procedencia de las familias desplazadas se ubicanen la zona del Vaupés Medio, entre las que se encuentran: Punta Tigre y Piramirí(Cuduyarí), Tucunaré, Querarí, Bocas del Yi, San Javier, San Joaquín del Ñamú,San Pedro del Ti, Wasai y Yacayacá. Las principales causas del desplazamientoen esta zona del país son el temor al reclutamiento de menores y las amenazasdirectas. En un 98% de los casos el actor armado responsable del desplaza-miento es la guerrilla de las FARC, con lo cual se confirma la hipótesis de queeste grupo armado ha acentuado sus mecanismos de presión sobre la poblacióncivil, en un escenario de degradación del conflicto, para hacer frente al avancede la fuerza pública sobre territorios que antes se encontraban bajo su control.


• 38 •

3. Respuesta institucional

En este nivel se observan diferentes grados de avance en la formulación e imple-mentación de una política pública que responda a las necesidades de la pobla-ción víctima de desplazamiento forzado, y que incorpore las necesidades dife-renciales de los pueblos indígenas en particular.

Durante 2008, este tema estuvo mediado por la transición y el empalme de lasnuevas administraciones, que iniciaron periodo en el mes de enero; la organiza-ción de los comités departamentales de atención integral en 2006 apenas sehabía estipulado mediante decreto en tres de los seis departamentos del suro-riente y para el fin de las administraciones el común denominador era el rezagoen la formulación e implementación de planes integrales únicos.

Una de las tareas emprendidas por las nuevas administraciones ha sido precisa-mente esa, la conformación de los comités y la elaboración del plan integralúnico, que establece una ruta para la atención a la población desplazada. Engeneral, la elaboración del PIU se derivó de la solicitud de la Corte Constitucio-nal como parte del seguimiento de la Sentencia T-025 y el auto 052 de 2008, setrata de un ejercicio que se viene desarrollando de forma indistinta y con másbemoles que logros.

En el caso del departamento del Guainía, por ejemplo, se intentó una aproxima-ción entre los planes departamentales y el municipal, pero la coordinación fraca-só de modo que cada instancia desarrolla las actividades por separado. En unode sus apartes el PIU de Inírida establece que:

…se ha reactivado el comité municipal y se han realizado diferentes

reuniones con el fin de poder lograr una mejor calidad de vida para

esta población, la alcaldía de Inírida dispuso de $ 10.000.000 para

la adquisición de mercados para la ayuda inmediata de emergencia,

además se coordinó una brigada de salud para toda la población

desplazada que se encuentra en el municipio brindándoles atención

médica, odontológica, sicológica y jornada de peluquería contando

con la ayuda del Ejército Nacional, la Armada Nacional, Policía,

ICBF, Hospital Manuel Elkin Patarroyo y Alcaldía de Inírida, tam-

bién se coordinó una brigada especial para la población desplazada

que llega al municipio indocumentada, ofreciéndoles la fotografía y

el Rh para que puedan solicitar su documento de identidad29.

29- Alcaldía municipal de Puerto Inírida, Se-cretaría de Gobierno. Plan Integral Único.2008.


• 39 •

La intervención de la Procuraduría y de Acción Social ha contribuido a que se realiceun proceso participativo, con delegados de la población desplazada y otras autori-dades. El hecho de que se presente continuidad en la elaboración y seguimientode tales planes es importante, pero aún se presentan dificultades por la divisiónde las organizaciones de población desplazada y por la insuficiencia de recursos.

Es desde luego un ejemplo que se puede seguir mejorando, y parece tener unosalcances que, aunque modestos, son significativos en el desarrollo de una políti-ca pública de largo aliento para los desplazados que llegaron allí. Por su parte enel plan de desarrollo del departamento del Vichada el PIU aparece como unafunción de otras entidades:

En este orden de ideas, el Plan Integral mencionado fue aprobado

por el Consejo Nacional de Atención Integral a Población Despla-

zada el día 13 de junio de 2006, mediante Acuerdo No. 005 del

Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada. Dicho

Plan se ejecuta mediante un trabajo interinstitucional entre Acción

Social y la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Jus-

ticia… El programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, im-

pulsa y apoya la ejecución de dicho Plan30.

Aunque propone estrategias específicas que se reflejan en dos programas deprevención y estabilización socioeconómica por medio de la estrategia interins-titucional denominada JUNTOS, como también con la creación de una oficinade desplazados.

En cuanto a la articulación de los PIU con los planes de desarrollo es necesariodecir que en estos hay un reconocimiento del hecho del desplazamiento comouna necesidad que apremia a los cascos urbanos de la región y específicamentehacen mención a la vulnerabilidad de la población indígena. Sin embargo, losplanes de desarrollo tocan el tema de manera propositiva y no estructural; porejemplo el plan de desarrollo de Puerto Gaitán tiene como propuesta específica“establecer programas integrales para población desplazada”31.

Así mismo, el programa del municipio de La Primavera, Vichada, en el apartadode desplazados afirma que “Los programas de atención y subsidios dirigidos a lapoblación en situación de desplazamiento está bajo la dirección de Acción So-cial departamental”, sin embargo propone “Dar cobertura a por lo menos el80% de la población desplazada residente en el municipio con los proyectoscontenidos del Plan de salud pública de intervenciones colectivas” además deestablecer estrategias para la atención como la elaboración del PIU, fortalecer laatención integral, así como la gestión de recursos para cofinanciar viviendas deinterés social para la población desplazada.

A pesar de ello no deja de sorprender que el mismo Plan considere en el apar-tado de seguridad que “el municipio de La Primavera sufre el flagelo de las

30- Gobernación del Vichada. Plan de desa-rrollo del departamento de Vichada 2008 –2011: Vichada, el verdadero cambio…marcala diferencia. Pág. 44.31- Municipio de Puer to Gaitán, depar ta-mento del Meta. Programa de Gobierno 2008-2011 «Capacidad para el desarrollo». Pág.24.


• 40 •

familias desplazadas principalmente de otros municipios y departamentos… yque… como consecuencia incrementa el número de desempleados… y por endebrotes de delincuencia32.

Respecto al tema de afectación sobre los pueblos indígenas, en el plan de desa-rrollo del Vichada se advierte cómo:

La profundización del conflicto, en los últimos cuatro años se viene

produciendo éxodo y desplazamiento, en tanto que las comunida-

des que no se desplazan sufren el problema de bloqueo, el debilita-

miento organizativo, la descomposición cultural y la profundiza-

ción de la pobreza.

Por su parte el plan de desarrollo de Puerto Inírida plantea como una de lascondiciones de vulnerabilidad de las comunidades el tema del desplazamiento yconcluye que “ha sido la causa principal de crecimiento poblacional del munici-pio que no cuenta con la capacidad de respuesta operativa de atención a lapoblación desplazada que en los últimos 10 años ha recibido 685 familias con untotal de 3.281 personas, siendo el mayor número de familias desplazadas deorigen indígena de la zona rural del municipio y el departamento”33.

El departamento de Guaviare posee una base más sólida para articular una res-puesta institucional, aun cuando los recursos con que se cuenta son escasosfrente a la magnitud de la problemática, que se ha acentuado en los últimosmeses, de manera que la administración municipal de San José del Guaviaretuvo que requerir un mayor compromiso de la administración departamental ydel nivel nacional para atender a las familias que a diario arriban en situación dedesplazamiento a este municipio.

Sin embargo, la presencia de organismos humanitarios internacionales comoACNUR y el CICR, organizaciones como Pastoral Social, aunados al trabajodecidido de entidades como el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la administra-ción municipal, ha permitido la constitución de espacios de coordinación y la ar-ticulación de esfuerzos para atender a la población víctima del desplazamiento.

En municipios como Miraflores se observan mayores limitaciones para avanzaren una respuesta institucional articulada y acorde con la dinámica del conflicto yel desplazamiento forzado. En este sentido, la administración municipal ha con-vocado a las autoridades departamentales y a organismos internacionales paraque se sumen a un esfuerzo conjunto que permita articular una respuesta institu-cional sólida frente a las víctimas del desplazamiento forzado.

En atención a las recomendaciones formuladas en el Informe de Riesgo 002-08por parte del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, laadministración municipal ha solicitado a la delegación territorial de Acción Socialoportunidad en la entrega de la Atención Humanitaria de Emergencia; asesoría a

32- Alcaldía municipal de La Primavera, de-partamento del Vichada. Plan de desarrollomunicipal 2008-2011. «Una Administracióncon sentido social». Pág. 143.33- Alcaldía municipal de Puerto Inírida, Se-cretaría de Gobierno. Plan Integral Único.2008. Pág. 59.


• 41 •

la Defensoría del Pueblo para el diseño de una estrategia de prevención deldesplazamiento forzado en el municipio, y ha requerido un mayor compromisode la gobernación para brindar atención a las familias desplazadas que se en-cuentran en el municipio.

Un primer avance en este nivel quedó planteado tras la sesión del Comité muni-cipal de atención efectuado el 12 de noviembre de 2008, y consiste en la puestaen marcha en Miraflores del grupo de apoyo técnico a los comités municipales,conformado por ACNUR, Gobernación del Guaviare, Defensoría del Pueblo yAcción Social. Este grupo busca apoyar la identificación de la problemática deldesplazamiento forzado a nivel municipal y departamental, y enfocar desde allí laconstrucción de Planes Únicos de Atención que respondan a la realidad regionaly se constituyan en referentes para exigir un mayor compromiso del GobiernoNacional dada la dimensión del desplazamiento en el Guaviare.

En el departamento de Vaupés se observa un menor desarrollo institucional, dedonde se derivan fuertes limitaciones para responder a una situación de conflictocreciente que afecta cada vez más a la población. La responsabilidad de formu-lar y ejecutar una política pública que atienda la problemática del desplazamien-to forzado ha sido encargada al Observatorio Social del Vaupés; espacio desdeel cual se ha empezado a avanzar en la caracterización del fenómeno y en eldesarrollo de acciones puntuales de respuesta, específicamente presionadas porel Informe de Riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo para los municipiosde Mitú, Carurú y Pacoa en el mes de mayo de 2008, elevado al nivel de AlertaTemprana para el municipio de Carurú, y por el Informe de la Comisión deacompañamiento a la Asamblea de la Asociación de Autoridades Tradicionalesdel Alto Vaupés, ASATAV, efectuada en el mes de junio.

A pesar de lo anterior, persisten dificultades en materia de atención de emergen-cia, de manera que aún se presentan retrasos en la provisión de ayudas de hastaun mes para las personas que arriban a la capital departamental. Las dificultadesde transporte que existen al interior del departamento siguen constituyendo ba-rreras para la atención oportuna a la población; así por ejemplo, en el municipiode Carurú las familias desplazadas tienen dificultades para reclamar los subsi-dios que entrega Acción Social, por cuanto éstos sólo pueden ser reclamadospersonalmente en la sede del Banco Agrario en Mitú, de manera que el trans-porte que debería cubrir una persona para hacer este trámite puede resultar máscostoso que el mismo monto que recibiría por esta vía.

En materia de soluciones duraderas los avances son aún menores; de maneraque las condiciones de vida de la población desplazada son muy precarias, y losrecursos dispuestos para desarrollar programas en este nivel resultan insuficien-tes. Se hace necesario por lo tanto un mejor acompañamiento por parte de lasentidades de orden nacional, así como un mayor esfuerzo presupuestal que com-pense la brecha de recursos con que cuentan estos departamentos para desa-


• 42 •

rrollar inversiones de gran envergadura, como las que se requieren para atenderla situación de la población víctima de desplazamiento.

En resumen, los planes de desarrollo ofrecen una visión general del tema dedesplazamiento y proponen algunas soluciones, especialmente en el plano de lasalud, la educación y en menor medida con el tema de vivienda, y estabilizaciónsocioeconómica; hay un reconocimiento de que la situación de desplazamientodesborda las capacidades y recursos institucionales, a lo que se asocian confrecuencia las situaciones de desempleo y seguridad.

Los programas están diseñados de forma muy somera y los rubros que seproponen para su ejecución son de carácter estimativo; un acompañamientoen el desarrollo de los programas y metas que están planteados harían máseficiente el impacto de esos programas, pero para ello también es requerido elseguimiento de los organismos de control como la Procuraduría y la Contralo-ría, a fin de garantizar la transparencia de los mismos, que en el pasado no seha presentado.


• 43 •

4. Conclusiones y recomendaciones

Desde sus informes anteriores, Codhes ha insistido en la necesidad de que elEstado y sus instituciones hagan presencia efectiva suroriente colombiano. Sien-do el área que conforman estos departamentos uno de los principales teatros deoperaciones del Plan Consolidación, resulta indispensable el fortalecimiento delas instituciones civiles, el acompañamiento a las autoridades locales desde elnivel nacional, en particular en lo relativo a la protección y seguimiento de lasituación de las comunidades indígenas.

Para el Estado y para algunos sectores de la sociedad colombiana, el surorientesigue siendo una periferia cuya única importancia reside en los recursos extrac-tivos que pueda tener, y la posibilidad de vincularlos a los circuitos del mercadoy el capital. No deja de ser una paradoja que las comunidades hayan sido inte-gradas al mercado en principio, desde un producto ilegal como la coca, que seconvirtió y aún sigue siendo el articulador de las economías locales.

En ese sentido los planes de erradicación, tanto de aspersión como manuales,adolecen de una contraparte productiva que mantenga los ciclos comercialescreados por la economía ilegal. La visión imperante de lucha antidrogas, asícomo la consideración sesgada de que la respuesta militar es la solución a losproblemas estructurales de esta parte del país, tienen como consecuencia unareproducción endémica de los factores estructurales de la violencia y por ende,una mayor vulnerabilidad de los derechos humanos y las consecuencias perver-sas que ello acarrea.

Debido a la proyección económica que tienen los agrocombustibles y la extrac-ción de petróleo en los departamentos del suroriente y a la presión sobre la tierraque esto acarrea, se requiere un cubrimiento más amplio del programa de pro-tección de tierras, que ya ha emitido medidas de protección en municipios comoMapiripán.

La ausencia inminente de las entidades centrales que tienen que ver con las co-munidades indígenas es una constante en la región. Teniendo en cuenta que unnúmero importante de estas comunidades han sido declaradas en vía de extin-ción y que han sido víctimas de desplazamiento forzado o están en alto riesgo deserlo, los mecanismos de atención municipales y departamentales son desbor-dados, pues su mayor alcance es el ofrecimiento de atención humanitaria y el


• 44 •

acceso a los programas que maneja Acción Social. La inoperancia de las institu-ciones frente a las garantías constitucionales que derivan del reconocimiento dela diversidad étnica y cultural, son una grave omisión y exigen medidas claras ycontundentes de parte de las autoridades nacionales orientadas a la protección yrestablecimiento de derechos.

El balance que deja el 2008 muestra igualmente la necesidad de establecer unacompañamiento a las autoridades departamentales y municipales para la puestaen marcha de los PIU y de mecanismos claros para la atención de la poblaciónen situación de desplazamiento, que se manifiesten de manera operativa en pro-gramas y acciones concretas. Así mismo, es importante el desarrollo de unacoordinación interdepartamental para la atención de las problemáticas en laszonas limítrofes de difícil acceso, que aborde los temas de situación humanitaria,riesgo y población vulnerable.

De manera imperiosa es necesario exigir que las acciones de la fuerza públicacontemplen de forma estricta las medidas estipuladas sobre bienes protegidos34,al momento de elaborar campamentos o la realización de patrullajes, específica-mente en el caso de las escuelas e internados, en los cuales la presencia de lafuerza pública constituye un riesgo indirecto35.

Frente a la magnitud del reclutamiento de menores en esta región, se hace nece-sario fortalecer las redes de protección para prevenir este delito. En este senti-do, sólo la garantía en el acceso a oportunidades de vida para los niños, niñas yadolescentes se constituiría en una medida de largo plazo para evitar su vincula-ción a grupos al margen de la ley, que se presenta en algunas zonas como laúnica alternativa de vida para los menores.

En la agenda de las instituciones humanitarias debe estar el fortalecimiento delas comunidades indígenas. Para ello se requiere del concurso de las organiza-ciones indígenas de carácter nacional y de un intercambio fluido de experienciasque ayuden a la conformación de entidades indígenas locales, como también aldesarrollo de mecanismos de protección desde las comunidades. Así mismo hayque fortalecer y auspiciar la coordinación de las organizaciones de desplazadosen la región a fin de que tengan real injerencia en la formulación de la políticapública en sus localidades.

Una de las experiencias importantes a la que se debe dar continuidad y frecuen-cia es el intercambio de información entre distintos organismos humanitarios quetienen trabajo en la región, además de las acciones conjuntas que se llevaron acabo durante el 2008, es importante que desde allí se fomente un encuentro opanel sobre la situación humanitaria que involucre a otras instancias de carácterinstitucional, académico, etc., a fin de hacer más visibles a la vez que abrir eldebate público sobre las problemáticas y perspectivas regionales en temas hu-manitarios y de derechos humanos.

34- De acuerdo con lo estipulado en el artí-culo 53 del Protocolo Adicional I y artículo 16del Protocolo adicional II, así como la Con-vención de La Haya de 1954.35- Durante las visitas a terreno, Codhesobservó con frecuencia la presencia de sol-dados armados al interior de institucioneseducativas o en proximidades a las mismas.


• 45 •

Ane

xos

Anexo 1

COMPARATIVO DE INDICADORES DE CONFLICTOARMADO EN LA REGION 2005/2008

2005


• 46 •

2006


• 47 •

2007


• 48 •

2008


• 49 •

2009

Retornos sin restitución:regreso seguro al desarraigo.

Una marco conceptual y metodológicoaplicado para la valoración de los retornos

de población en situación de desplazamientoen Colombia desde el enfoque

de los derechos humanos.

JORGE ARTURO SALCEDO R.


• 50 •


• 51 •

Según la normatividad vigente el Estado colombiano está en la obligación degarantizar el retorno de la población desplazada y que este conduzca a la re-construcción sustentable de sus proyectos de vida colectivos e individuales, enlos términos que lo definen los Principios Rectores de los Desplazamientos In-ternos (1998), los Principios sobre los Derechos de las Víctimas (2005) y losPrincipios sobre la Restitución de Viviendas y de Patrimonio (2005). Para lo-grarlo, señalan la responsabilidad estatal de generar condiciones que posibilitenla seguridad, la dignidad, la voluntariedad, la no discriminación y la reparación(prioritariamente la restitución de las viviendas y las tierras), el acceso pleno a lajusticia, la reintegración, garantizar la no repetición de las causas del desplaza-miento, el conocimiento público de la verdad sobre los hechos que lo generaron,y espacios de participación que potencien las iniciativas de retorno autónomasde las comunidades.

Sin embargo, como ha sido documentado por la Corte Constitucional mediantela Sentencia T-025 de 2004 y Autos de seguimiento, persiste en Colombia unestado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con la observancia de losderechos de esta población. Ha advertido la Corte que la prevención de lascausas del desplazamiento incluyendo el acceso a la justicia y las garantías de norepetición, la estabilización socioeconómica en sus componentes productivo yde tierras, y la reparación integral de las víctimas y su derecho preferente a larestitución patrimonial, son algunos de los componentes que registran el mayorrezago en la ejecución de la política a pesar de que son componentes estratégi-cos de la misma. Con base en lo anterior y en particular del Auto 178 de 2005que dedica buena parte a los retornos, partimos del supuesto que el ECI seacentúa para los retornos, porque en este escenario los componentes más reza-gados de la política pública son necesariamente concurrentes para su viabilidadcomo solución duradera de una forma como no sucede en el reasentamiento o laintegración en recepción. En efecto, la viabilidad de estos dos últimos escenariosno depende, en el grado en que sí dependen los retornos, de la prevención deldesplazamiento y de la devolución de tierras y bienes, ya que alternativas comoel asentamiento en sitios menos vulnerables como las grandes ciudades frente aataques a desplazados provenientes de actores armados y la indemnización ocanje patrimonial en sitios diferentes al de expulsión, posibilitan alternativas desoluciones duraderas. Lo anterior se ve reflejado también en la percepción de la

1. I

ntro

ducc

ión


• 52 •

población en situación de desplazamiento a través de múltiples encuestas deintención que si bien desearían prioritariamente retornar no están dispuestos ahacerlo por la ausencia de garantías.1

Contrasta con todo lo anterior la perspectiva del Gobierno Nacional que ha fijadolos retornos como prioridad de su política pública sin que se conozca el grado derealización de derechos de dichos supuestos retornados. La importancia de losretornos para el Gobierno se explica por el hecho que estos se constituyen para eldiscurso oficial en un indicador del éxito de la política de “seguridad democrática”que estaría garantizando condiciones de seguridad para los retornados, en el mar-co de un supuesto avance hacia una situación de posconflicto.

En cualquier caso, sea en medio del conflicto o en la perspectiva de un poscon-flicto es pertinente contar con herramientas para valorar y orientar los retornos:en un contexto de conflicto interno por el reto que significa para los retornos laseguridad en el marco de una prevención de las causas de los re-desplazamien-tos y re-victimizaciones que se ve desbordada por la persistencia de una violen-cia política degradada que no cesa. Y en el posconflicto, porque dependiendode la forma en que las demandas de protección, devolución de tierras y territo-rios de la población desplazada sean tenidas o no en cuenta en un eventualproceso de paz entre los actores armados ilegales y el Gobierno los retornospodrían tener las garantías que en el contexto de conflicto no tienen, o por elcontrario, amenazar la sustentabilidad misma del posconflicto si los derechos delas víctimas del desplazamiento no son suficientemente observados. Por la im-portancia del tema, CODHES con el auspicio del ACNUR consideraron nece-sario desarrollar una investigación centrada en la construcción de una metodolo-gía para valorar los procesos de retorno desde el enfoque de los derechos hu-manos de cara a la formulación documentada y sustentada de propuestas deajustes a la política pública en esta materia. En este sentido, tomando como basede referencia la norma, la bibliografía temática sobre el tema, fuentes primarias ytres casos esta investigación buscó de forma panorámica, formular una metodo-logía de valoración de los retornos de población desplazada que permita extraerlecciones para el ajuste de la política pública en la materia.

En la primera parte de este documento se construye el marco conceptual y me-todológico de valoración del cumplimiento de la normatividad que deben orien-tar los retornos a partir de un modelo de análisis construido sobre variables queinciden tanto en el fenómeno migratorio del retorno como en el proceso de res-titución de derechos de la población que regresa a sus lugares de origen: elconflicto armado y la violencia sociopolítica degradada, las economías y políti-cas regionales desde una perspectiva de hábitat, las respuestas institucionales, yla caracterización y capacidad de agencia de la población desde el punto devista individual, familiar y organizativo. En la segunda parte se analizan los trescasos significativos con base en elementos de la metodología propuesta en laprimera sección. La última parte concluye y recomienda ajustes a la políticapública de retornos con base en los resultados de las dos secciones iniciales.

1- Según la Comisión de Seguimiento a laPolítica Pública de Atención al Desplazamien-to, la II Encuesta Nacional de Verificación(2007) habría arrojado una intención deretorno de solo 3.1% entre dicha población.Ver Comisión de Seguimiento a la PolíticaPública. «VI Informe a la Corte Constitucio-nal», pp. 36, Bogotá, 2008.


• 53 •

2. Construyendo un marco conceptualpara la valoración de los retornos desde

el enfoque de los derechos humanos.

La metodología de valoración le apunta a la generación de incidencias a favor dela calidad de vida de la población desplazada más allá de una mirada estricta-mente académica, por lo cual se fundamentan en un enfoque de derechos huma-nos en línea con instrumentos normativos vigentes en diálogo con el estado delarte de los marcos conceptuales sobre los retornos. Por marco conceptual ymetodológico de análisis y valoración nos referimos a una forma de describir,interpretar y valorar los retornos en línea con el enfoque de derechos, indepen-diente de los métodos de investigación o instrumentos metodológicos que seutilicen para recoger y procesar la información. Este marco pretende ser deutilidad para investigaciones al margen de si se fundamentan en herramientasestadísticas mediante la aplicación de encuestas, en correlaciones entre las ante-riores y series estadísticas, y/o mediante la aplicación de encuestas, talleres par-ticipativos u observación directa externa. Mas que proponer herramientas deinvestigación o instrumentos metodológicos, proponemos en esta parte un mar-co conceptual para valorar la información de los retornos independientementede la forma en que esta se recoja y sistematice.

2.1 Referentes de la normatividad para garantizar los de-

rechos de la población desplazada en el marco del retorno.

Los principios Deng, Bassiouni y Pinheiro adoptados por la ONU, basados enel Derecho internacional de los Derechos Humanos, el Derecho InternacionalHumanitario, Derecho de Refugiado sobresalen como los instrumentos más com-pletos para definir y proteger los derechos de la población desplazada que re-torna o desea retornar.

Los “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos” (Deng: 1998) son losmás comprehensivos de los tres para el abordaje de los retornos: El Principio 15establece el derecho a no ser devuelto forzosamente al lugar del desplazamiento; el28 establece criterios de voluntariedad, seguridad, dignidad, reintegración; el 29 lano discriminación, la participación plena e igualitaria, el acceso igualitario a los


• 54 •

servicios públicos, la recuperación de sus propiedades o en su defecto la in-demnización adecuada; y el 30 el derecho a acceder en el marco del retorno a laasistencia internacional. Estos principios se plantean de forma muy general.

En segundo lugar, los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de lasvíctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos ydel derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener repara-ciones” (Bassiouni: 2005) son un referente para la garantía de los derechos de lapoblación desplazada retornada en su condición de víctima, que incluye obliga-ciones específicas de los Estados en la reparación integral de las violaciones dederechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, básica-mente los derechos al acceso igual y efectivo a la justicia, a la reparación ade-cuada, efectiva y rápida, y a la información sobre las violaciones. En cuanto a lareparación, señala que la misma debe ser proporcional, oportuna y flexible, yregirse por criterios de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción ygarantías de no repetición.

En tercer lugar nos basamos en los “Principios sobre la Restitución de viviendasy de patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados inter-nos” (Pinheiro: 2005), que abordan de forma precisa la relación entre restituciónde bienes y retornos de población desplazada. Desarrollan parte de los plantea-mientos de los Principios Rectores relacionados con los retornos articulándolosa los preceptos de la justicia transicional y restaurativa en la calidad de víctimasque les asiste, avanzado un concepto de derecho al retorno para los desplaza-dos internos. Recomiendan privilegiar las restituciones por encima de las indem-nizaciones siempre que se puedan, como el escenario ideal de justicia restaura-tiva para los desplazados, independiente de si retornan o no. Señala que debeser un tribunal independiente el que declare si existe “imposibilidad real” para larestitución de los bienes al margen de los intereses políticos que pueden presio-nar para que se opte por la indemnización y no la restitución.

Parten de la base que la adecuada restitución patrimonial de los desplazadosque deciden o no retornar es función directa de la superación de conflictos so-ciales que degenerados en violencia física, puedan, en el posconflicto, amenazarla sustentabilidad de la paz.2 Subyace la idea que el desplazamiento es una estra-tegia en sí misma buscada para la acumulación de propiedades mediante el des-pojo, por lo que una política efectiva de restitución ayuda a prevenir el desplaza-miento. Plantean que si bien la restitución de los bienes patrimoniales es unacondición necesaria para retornar, a la inversa no lo es: el derecho de restituciónde las viviendas y patrimonio de los desplazados no está sujeto a la concrecióndel retorno, es independiente.

Se consideran también situaciones mixtas en las que es necesario indemnizarpérdidas que se generen con ocasión de la situación de abandono y conflicto.Establecen la igualdad de género en su aplicación específicamente para los ca-sos del retorno y recalcan en el derecho a la libertad de circulación por el territo-

2 COHRE. «Comentarios de los Principios deNaciones Unidas sobre la Restitución de lasViviendas y el Patrimonio de los Refugiados ylas Personas Desplazadas». 2005.


• 55 •

rio, incluyendo la obligación de los Estados de prevenir situaciones de confina-miento, que para el caso de los retornos aplica a garantizar las condiciones deseguridad de los mismos cuando se realizan en contexto de conflicto interno o deriesgos de violaciones a los DDHH y DIH. Definen también las garantías quedeben otorgárseles a los terceros ocupantes de buena fe, y la judicialización delos de mala fe; asuntos a resolver: desalojos de los terceros en condiciones dedignidad, seguridad.

Los Principios Rectores se encuentran en línea con los de Víctimas y Viviendas yPatrimonio: las garantías de acceso a la justicia y de conocimiento de la verdad soncondiciones para la seguridad en la medida en que la sanción judicial de los perpe-tradores de las violaciones y revelación de la verdad sobre dichos hechos ayuda aprevenir nuevas violaciones; la dignidad depende directamente de la reparaciónintegral de las víctimas ya sea mediante la restitución y/o la indemnización de laspropiedades perdidas o usurpadas así como adecuados niveles de rehabilitación ysatisfacción; la voluntariedad depende de las opciones para lograr seguridad ydignidad en todos los contextos de soluciones duraderas (reasentamiento, retor-nos e integración); la no discriminación está asociada a la igualdad entre hom-bres y mujeres, en la garantía de sus derechos patrimoniales y la reintegracióncon las medidas de reparación, rehabilitación y plena satisfacción entre otras.Los instrumentos atrás mencionados son principios generales por lo que la pre-cisión del alcance de sus contenidos es uno de los objetivos de este trabajo.

2.2 Estado del arte de los marcos conceptuales y metodoló-

gicos para la valoración de los retornos en Colombia.

Las metodologías utilizadas por las diversas fuentes se pueden agrupar entrecuantitativas, cualitativas y mixtas, alrededor de las cuales analizamos los mar-cos conceptuales subyacentes a las anteriores. Para hacerlo nos concentramosen los principales estudios y programas de investigación sobre retornos, sin pre-tender abarcar la totalidad de investigaciones sobre el tema.

2.2.1 Estudios con énfasis en métodos cuantitativos.

La economista Ana María Ibáñez y otros, han desarrollado entre el 2004 y el2008 investigaciones sustentadas en bases de datos del RUT de la PastoralSocial alrededor de la identificación y análisis de los “determinantes” del deseodel retorno con base en modelos explicativos de las decisiones de migranteseconómicos.3 Para hacerlo, parten del supuesto que el deseo de retornar seasemeja más al deseo de migrar por razones socioeconómicas que al desplaza-miento forzoso que es involuntario, no obstante precisan las diferencias del re-torno frente a una migración netamente económica por el papel que juega endicha decisión las condiciones de seguridad y los procesos de victimización.Con base en lo anterior elabora un perfil del retornante al correlacionar medianteregresiones, variables de las características de la población desplazada con varia-

3- «Acceso a tierras y desplazamien-to forzado en Colombia» del 2004, CEDE;«Hacia una política proactiva parala población desplazada» de 2005,CEDE; «La población desplazada enColombia: Examen de sus condicio-nes socioeconómicas y análisis delas políticas actuales» del 2007, DNP;«La política pública para atender ala población desplazada: ¿Cuálesdeben ser las funciones de las au-toridades locales?» de Diciembre de2008, realizado por The Brookings – BernProject; «El desplazamiento forzoso enColombia: un camino sin regreso ala pobreza» auspiciado por Uniandespublicado en el 2008 en su capítulo «El re-

torno: una alternativa en los procesos de

posconflicto».


• 56 •

bles del proceso de desplazamiento, y variables de los territorios del retorno yrecepción. Parte de la premisa que la población desplazada desea retornar cuandola utilidad esperada de hacerlo es mayor que la utilidad esperada de permaneceren recepción.

Las variables relativas a las características de la población desplazada selec-cionadas son el tipo, tamaño y valor del patrimonio abandonado, la estructurafamiliar, pertenencia o no a organizaciones sociales, la ocupación antes deldesplazamiento y las oportunidades de recuperación de patrimonio abando-nado percibidas. Las variables del proceso de desplazamiento seleccionadasson el motivo del desplazamiento (reactivo o preventivo), el perpetrador, eltipo de victimización de miembros del hogar, duración y distancia del despla-zamiento. En cuanto a los territorios de retorno y recepción se consideran laexistencia de actores armados ilegales, la presencia de fuerza pública, las opor-tunidades económicas, niveles de desarrollo social y gobernabilidad y las tasasde homicidios en recepción.

En este modelo de análisis no se considera el papel que podría jugar la políticapública en determinar el deseo del retorno a pesar que el grueso de las variablesseleccionadas tiene relación directa con la responsabilidad del Estado en garan-tizar las condiciones de seguridad, dignidad, voluntariedad y las demás definidasen los Principios Rectores. Concluye que las posibilidades de un retorno exitososolo se dan si existe la intención entre la población desplazada así como políticaspúblicas de promoción centradas en la población que desea y tiene el perfil parahacerlo. Según este razonamiento la poca disposición entre la población despla-zada para retornar es uno de los principales problemas para la política pública,conclusión que es lógica al basarse en un modelo analítico que no considera elpapel del Estado en determinar el deseo del retorno. Por lo anterior, se desco-noce el hecho que si bien la intención de retornar entre la población en situaciónde desplazamiento es baja, esto puede deberse a la ausencia de garantías derealización de los derechos de la población desplazada en este escenario porparte del Estado, ya que los que tienen el perfil para hacerlo según este modelo,son los menos vulnerables. En otras palabras, concluye que las políticas públicasen materia de retorno deberían focalizarse en quienes tienen el perfil para retor-nar, lo que desconoce el hecho que el perfil para retornar es generado por elpapel predominante que desempeña el Estado (por acción o por omisión) en laformación de las variables que se identifican influyen en el deseo del retorno.

Parte del supuesto que el retorno es la mejor alternativa para muchos hogares enun escenario de posconflicto, debido a que la recuperación del choque vivido sefacilita porque el proceso de asimilación es más sencillo en el municipio de ori-gen, hay más conocimiento de los mercados laborales y productivos, de lasredes sociales y de las reglas institucionales formales e informales. Lo anteriorparte de una supuesto estático de los territorios expulsores, cuando en muchoscasos el desplazamiento vehicula cambios en el orden total de dichos territoriospor parte de los actores armados que se consolidan como hegemónicos.


• 57 •

2.2.2 Estudios con énfasis en metodologías cualitativas.

En segundo lugar, el principal estudio de carácter cualitativo especializado sobrelos retornos y sus políticas públicas fue elaborado por ILSA en el 2006 “Des-plazamiento y retorno: balance de una política”, el cual establece un diálogoentre una perspectiva jurídica derivada del enfoque de derechos con una partici-pativa de orden antropológico, a partir de la cual se construye una metodologíapara valorar los retornos desde el enfoque de derechos como es percibido des-de las diferenciaciones culturales de las comunidades directamente involucradasbajo las categorías de los Principios Rectores, estableciendo relaciones de inter-dependencia entre los anteriores. Estudia los primeros tres años de la primeraadministración Uribe, concentrándose en analizar tres casos de retornos entrepoblaciones étnicamente distintas: Bojayá-Chocó (afro descendiente), El Naya-Cauca (indígena) y San Carlos-Antioquia (mestizo). Esta investigación es la quemás desarrolla el alcance de los Principios Rectores y se constituye en una guíapráctica para valorar de forma participativa los retornos. Definen los retornoscomo un proceso que inicia a partir del momento en que la población decideretornar y termina con la estabilización socioeconómica de las familias, divididoen dos momentos: “Antes del regreso o reasentamiento” y “Para la reintegra-ción”. Alrededor de dichos momentos se ha establecido el grado de cumpli-miento de los principios de dignidad, voluntariedad y seguridad, participación,no discriminación y reparación partiendo de la interdependencia de los mismos.La interdependencia de los Principios se desarrolla metodológicamente en unamatriz de evaluación donde los Principios se articulan con principios interdepen-dientes, variables, indicadores, preguntas sobre qué medir para operar el indica-dor, y observaciones. De acuerdo con las dos fases de los retornos (antes ydespués) se construyeron las definiciones: La voluntariedad se define en el con-texto del desplazamiento forzado como la capacidad humana, individual o co-lectiva, para tomar la decisión del retorno y concretar dicho deseo, y con laposibilidad de incidencia (participación) en la reconstrucción de sus vidas; lafalta de voluntariedad sucede entonces cuando los sujetos de derechos solotienen una única opción que no les deja más remedio que acomodarse, y por lotanto tiene que ver con las condiciones de dignidad en el sitio de asentamientotemporal y la proyectada para el retorno, condiciones que incluyen no solo lagarantía integral de los derechos conculcados incluyendo tanto la garantía de norepetición y la restitución patrimonial, como el restablecimiento del ordenamien-to global del territorio y del tejido social de las comunidades afectadas por eldesplazamiento. Se concluye entonces que el principio de voluntariedad depen-de directamente de los demás principios, que son la medida del grado de liber-tad para elegir el lugar de asentamiento definitivo entre las alternativas posibles,donde la dignidad incluye también el grado de integración y no discriminación enel sitio de asentamiento temporal, la seguridad incluye la información disponibley veraz sobre la situación de la zona del retorno y las condiciones de seguridaden la zona receptora; la reparación en particular las posibilidades reales de res-titución de bienes necesarios para la supervivencia; las condiciones psicosocia-les y culturales en la zona receptora y expulsora. El principio de participación


• 58 •

antes del retorno tiene que ver con la capacidad de las personas y colectivospara agenciar su propio destino, donde los medios logísticos y los tiempos cultu-ralmente adaptados para la participación se convierten en aspectos críticos quela institucionalidad pública debe garantizar y respetar. Se menciona la responsa-bilidad estatal como un criterio adicional que aunque no es un principio estable-cido, es la base de todos los Principios donde la disponibilidad de recursos y lacapacidad de gestión se anotan como especialmente críticos. En segundo lugar,relacionada con la segunda fase de reintegración, la dignidad entendida como larealización integral de los derechos de dicha población, incluye el respeto a ladiferencia étnico-cultural entendiéndola en su dimensión de vulnerabilidad histó-rica, los derechos sobre la tierra y el territorio, y el autogobierno político y pro-ductivo, la garantía de verdad y justicia. La seguridad la precisan en función delimpacto del conflicto armado con la zona afectada, como corredor estratégico,zona de refugio, de obtención de recursos económicos para el conflicto o elinterés económico en sí mismo. Como causas de inseguridad se definen: amena-zas, ubicación de instalaciones de la fuerza pública, la dinámica del conflictoarmado, la vinculación al conflicto de la población civil, el reclutamiento forzado,la regulación social armada, la imposibilidad de atención estatal, y la percepciónde seguridad, y aspectos más amplios de seguridad como la alimentaria, am-biental, entre otras, la participación, la no discriminación por la situación de des-plazamiento o por condiciones étnicas; las restituciones o indemnizaciones quefuncionan cuando se respetan los ordenamientos territoriales previos, y la res-ponsabilidad estatal.

Por su parte CODHES, si bien no ha desarrollado investigaciones especializa-das sobre los retornos de población desplazada, ha abordado el tema en diver-sos documentos manteniendo como hilo conductor la hipótesis que los procesosde retorno promovidos por las diferentes administraciones nacionales registranuna carencia estructural de garantías para su adecuada realización de acuerdocon los estándares internacionales de derechos humanos específicos para losretornos. Dicha hipótesis se ha comprobado desde tres perspectivas metodológi-cas: una analítica desde la cual se construyen y/o se aplican conceptos para com-prender la naturaleza de los retornos, otra periodística mediante la cual se da cuen-ta de forma cotidiana de hechos concretos de retorno o relacionados con retornosy finalmente una estadística que busca demostrar algunas hipótesis desde un fun-damento cuantitativo a partir principalmente de la aplicación de encuestas.

La perspectiva analítica se ha fundamentado en un enfoque de derechos huma-nos alrededor de los Principios Rectores de los Desplazamientos evidenciandolas falencias en las políticas públicas y situaciones fácticas de vulneración o ries-go de vulneración de derechos de la población retornante por la falta de volun-tariedad al priorizar en la política los retornos, sin ofrecer al mismo tiempo lasgarantías suficientes para que sean sostenibles, principalmente la ausencia deseguridad y las dificultades para lograr la estabilización socioeconómica, lo cualha sido analizado también desde la óptica de los enfoques diferenciales para loscasos afro, indígena y mujeres4. Ha planteado interrogantes sobre los criterios

4- CODHES y varios. «Lineamientos para unPlan integral de Prevención y Protección delImpacto Desproporcionado y Diferencial delDesplazamiento Forzado sobre las MujeresColombianas». Bogotá. 2008.; Suárez, Har-vey y otros. «El desplazamiento forzado indí-gena en Colombia - La ley del silencio y latristeza», CODHES


• 59 •

de selección de los beneficiarios de los programas de retornos, la protección delos derechos de los ocupantes y poseedores de buena fe que ocuparon los pre-dios de la población desplazada y llamando la atención a diferenciar los retornosde las reubicaciones en la política estatal.5 Ha ligado el análisis de los retornos ala construcción de paz afirmando que los primeros solo serán viables si se garan-tizan sus condiciones mediante acuerdos humanitarios y de paz entre el Gobier-no con los actores armados y se depuren de las fuerzas armadas y el aparatoestatal en general comportamientos corruptos violatorios de los DDHH y DIH6.Entre los estudios especializados pertinentes para los retornos se destacan elestudio sobre confinamiento, y los estudios diferenciales para población afro-descendiente y el enfoque de género. El de confinamiento avanza en definir si-tuaciones en las que si bien no necesariamente se registran desplazamientos for-zosos, sí se presentan vulneraciones graves y masivas a los DDHH y DIH de lapoblación civil no combatiente, definición que es de mucha utilidad para evaluarposibles situaciones de confinamiento de población retornada, y para explicaren este marco procesos de retornos forzosos coaccionados por los actores ar-mados. Desde los enfoques diferenciales se muestra cómo no es posible identi-ficar en el registro oficial de desplazados las personas afrodesplazadas que hanretornado ni de los programas para atenderlos. En segundo lugar ha registradodesde una perspectiva de comunicación para el desarrollo hechos de retornoscon la función de alertar a la opinión pública sobre situaciones de vulneración deDDHH y DIH. CODHES registró la ocurrencia de cincuenta (50) casos con-cretos de retornos colectivos entre 1998 y 2008, entre otros sucesos relaciona-dos con lo anterior. Dichos registros son muy puntuales y dan cuenta de formamuy general de los retornos como hechos migratorios y en ocasiones del con-texto en que se desarrollaron.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ensus dos evaluaciones de la política pública de atención integral a la poblacióndesplazada valora los alcances y limitaciones de la política gubernamental delretorno, desde una perspectiva de derechos humanos. Para hacerlo, contrastanel marco de política pública gubernamental con los preceptos de la normatividadvigente principalmente los Principios Rectores para hacer sugerencias de ajuste.Igualmente, valora el cumplimiento de metas del gobierno en materia de retornosy la forma en que se construyen indicadores sobre los retornos por parte delGobierno. Algunas de sus recomendaciones las sustentan en estudios de caso.

2.2.3 Estudios con metodologías mixtas.

Se destaca la consultoría elaborada por Econometría en el 2008 a solicitud de laUnidad Técnica Conjunta ACNUR-Acción Social que no pretendió evaluar losretornos de población desplazada ni la política pública, sino generar insumos deinformación para ajustar el Protocolo de Retornos de Acción Social a partir delanálisis de 30 retornos. El proceso metodológico se dividió en un componentecualitativo y otro cuantitativo: el cualitativo correspondió con el análisis del mar-co jurídico, de dos casos internacionales con base en fuentes secundarias, y con

5- CODHES. «Colombia: ¿Contra Quién es laguerra?», Bogotá, 2002.6- CODHES «Confinamiento», Bogotá, 2008.


• 60 •

la construcción de instrumentos e indicadores, el trabajo de campo y la estructu-ración de los estudios de caso de las experiencias de retorno nacionales selec-cionadas. Para Econometría la garantía de objetividad del estudio se fundó en elhecho que la valoración de los indicadores fue realizada mediante la observaciónexterna y directa por los investigadores, donde la población desplazada-retor-nada no participó ni de la definición de las categorías de análisis, buscando conesto evitar valoraciones sobre criterios diferenciales en los indicadores seleccio-nados. Algunos de los indicadores aplicados son adoptados por la Corte Cons-titucional en sus Autos sobresaliendo por su ausencia indicadores relacionadoscon la tenencia y situación de las tierras. Se definieron dos fases del proceso deretornos para la aplicación de los indicadores: la del retorno propiamente dichoy la de estabilización que es asimilable al periodo posterior al regreso que com-prende según el estudio la restitución de sus derechos. La metodología consistióen calificar de 1 a 5 cada indicador de acuerdo al grado de realización del mismopor parte del equipo investigador, donde 1 es el peor escenario y 5 el mejor deacuerdo a las categorías definidas para cada escala. El componente cuantitativose desarrolló mediante el análisis de componentes principales consistente en laidentificación de los factores de éxito que reduce las variables interrelacionadasentre sí a un número menor de factores independientes unos de otros, procesoque se lleva a cabo a través de una combinación lineal de variables, donde elgrado de las correlaciones establece la jerarquía de los factores descriptivos delgrado de éxito-no éxito de los casos, agrupándolos entre los de resultado y loscondicionamientos que son medios para dichos resultados, escogiendo las co-rrelaciones entre las variables componentes más significativas. El análisis se rea-lizó de forma independiente a ambas fases, las cuales al ser correlacionadas nofueron significativas. Entre las principales limitaciones de este estudio se encuen-tra el hecho que la selección de los casos a analizar no se hizo con criterios designificancia estadística sino por las decisiones de un Comité supervisor, al care-cer de elementos consultivos a la población involucrada y no divulgar la califica-ción de los casos entre exitosos y no exitosos. Se concluye con lecciones apren-didas señalando que la voluntariedad no radica solo en los incentivos para retor-nar sino también en la ausencia de desincentivos para no hacerlo; frente a ladignidad concluye que el Estado debe garantizarla no solo en los procesos deretorno sino también en los de reubicación e integración local; que es fundamen-tal la participación con garantías de organizaciones de desplazados en la tomade decisiones, y reconocer la posición de mujeres y jóvenes en las anteriores. Enrelación con la seguridad, se concluye que los retornos no pueden ser parte deestrategias cívico-militares porque aumentan el riesgo para la población civil nocombatiente, y desvían la función de protección de las fuerzas armadas a la queestán llamadas y en la que radica la confianza de la población: la medida es elrespeto por los derechos humanos y no la ganancia de lealtades por el ofreci-miento de bienes y servicios económicos y sociales. Referido a la re-integraciónse señala la necesidad de diferenciar las políticas sociales generales para el casode la población desplazada y no confundir dichas ayudas con la reparación, asícomo reforzar el acompañamiento psicosocial.


• 61 •

Por su parte la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención alDesplazamiento no ha realizado un estudio especializado sobre los retornos depoblación desplazada, no obstante dicho componente de la política es aborda-do en varios de sus informes, principalmente desde dos perspectivas: por unlado, desde la aplicación de la I y II Encuesta Nacional de Hogares en el 2007y en el 2008 respectivamente, donde se ha indagado sobre la intención de retor-nar, y los condicionantes que motivan o inhiben dicho deseo entre la poblaciónencuestada; y por el otro, desde el análisis socio-jurídico de las implicaciones dela política pública vigente de atención a desplazados y de la justicia transicionalpara garantizar o no el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de lapoblación desplazada, en especial la restitución patrimonial que como se ha vis-to, es una condición necesaria para posibilitar retornos dignos y seguros. Final-mente, proponen una serie de indicadores de goce efectivo de derechos para elcaso del retorno que ligan a los retornos con los preceptos de la justicia transi-cional y los Principios Rectores. En cuanto a los presupuestos metodológicos, sepropone adoptar el enfoque de los indicadores estructurales, de proceso y resulta-do, entendidos estos últimos como los de goce efectivo de derechos adoptadopor la Corte, los estructurales hacen referencia a la existencia de una normatividadacorde con la necesidad, y la de proceso mide las políticas específicas que adoptael Estado para lograrlo. En este marco se precisan indicadores específicos parala población desplazada en situación de retorno desde la perspectiva del dere-cho a la reparación y sus diversos componentes, tanto desde la perspectiva delresultado del goce del derecho como desde la perspectiva instrumental.

A manera de conclusión puede decirse que si bien los retornos no han sido untema estudiado a profundidad en comparación con el grueso de investigacionesproducidas sobre el desplazamiento forzoso, la producción especializada en eltema ha venido creciendo en cantidad y calidad. No obstante, no existe aún unestudio o programa de investigación que pretenda dar cuenta del universo de losprocesos de retornos sucedidos en Colombia durante las dos últimas décadas, ytampoco existen líneas de base sobre estos. Tan diversas como las fuentes dedocumentación sobre el desplazamiento son las metodologías y enfoques paravalorar los retornos, destacándose la ausencia de consenso en torno a la formaen que se puede medir el cumplimiento de los Principios Rectores de los Des-plazamientos Forzosos. La corriente de investigación desarrollada por Ana MaríaIbáñez avanza en proponer un modelo para identificar los determinantes deldeseo del retorno entre la población desplazada con base en las característicasde la población, del proceso de desplazamiento y de los territorios expulsor yreceptor sin que la variable “política pública” sea considerada en el modelo; elde Econometría avanza en proponer una metodología para la valoración delgrado de éxito-fracaso de los retornos propiamente dichos diferenciando la fasedel retorno de la de estabilización a los cuales aplica indicadores algunos de loscuales están formulados en clave de GED; el de ILSA en proponer una metodo-logía de valoración participativa del contenido de los Principios Rectores delDesplazamiento desde la cosmovisión de las comunidades aplicable a las fasesdel proceso de desplazamiento y retorno; y tanto los anteriores como COD-


• 62 •

HES, ACNUR y la Comisión de Seguimiento avanzan una forma de contrastarlos enunciados y contenidos de la política pública con la normatividad interna-cional e interna contenida en los Principios Rectores, y lo anterior con situacio-nes fácticas documentadas a partir tanto de la contrastación de fuentes como deltrabajo en campo participativo y la observación directa. Finalmente, todas lasinvestigaciones dan por supuesto lo que es el retorno de población desplazadasin que se analice en detalle la definición.

2.3 Propuesta conceptual para la valoración de los retor-

nos de población desplazada.

Se compone de tres secciones: primera, una precisión de lo que son los retornosy las dimensiones que deben ser consideradas a la hora de describir la formas demovilidad espacial que puede tomar; segunda, las fases que cursa todo procesode retorno como migración y como proceso hacia el goce efectivo de derechos;tercera, criterios para valorar el grado de éxito-fracaso de los retornos con baseen los Principios Rectores de los Desplazamientos priorizando los sectores po-blacionales entre los desplazados que presentan mayor vulnerabilidad para re-tornar en el contexto actual.

2.3.1 Definición de retorno: dimensiones para la caracterización de laforma migratoria del retorno.

Pareciera existir total claridad sobre lo que significa un retorno en la dimensiónde movilidad espacial. Sin embargo, una revisión en detalle muestra múltiplesposibilidades de rutas migratorias que varían según las combinaciones posiblesentre: a) el tipo de localidades que involucra, b) ordenamiento urbano o rural delas zonas del retorno y de recepción temporal, c) nivel de permanencia o esta-cionalidad del regreso, d) relación con los predios productivos y/o de residenciaa los que se retorna, y e) tipo de tenencia de estos últimos.

La definición gubernamental establecida en el Protocolo de Retornos reduce el“lugar o localidad” del retorno al municipio o la vereda de residencia o actividadeseconómicas habituales, las define como permanente por lo que no considera lasposibilidades mixtas de migración cíclica hacia los lugares de trabajo y/o residen-cia7. En cuanto a la definición proponemos una concepción integral que incluya: almunicipio y las subunidades político-administrativas, tales como corregimientos yveredas para la zona rural y comunas y barrios para la zona urbana; los retornoscirculares y no solo los definitivos; que los diferencie si se hacen desde y haciazonas urbanas o rurales; que especifique si se retorna al sitio de residencia y pro-ducción, o a alguno de los dos; que diferencie si se regresa o no al (los) predio(s)exacto(s) donde se residía o realizaban las actividades económicas habituales osi alguna de estas actividades son reasentadas o relocalizadas en predios distin-tos a los de origen; que considere las formas de tenencia de la tierra: poseedo-

7- «Es el regreso e integración de la pobla-ción desplazada a la localidad de residenciao al lugar donde realizaba las actividadeseconómicas habituales, es decir es regresoal lugar de residencia con el ánimo de per-manecer en ella o el equivalente al entornodel municipio o vereda, de una persona uhogar que se hubiese desplazado por lascircunstancias descritas en el artículo Prime-ro de la Ley 387/97. La reubicación, enten-dida como alternativa de estabilización so-cioeconómica definitiva de un hogar en si-tuación de desplazamiento, es la decisiónlibre y voluntaria de la población desplaza-da a determinar un lugar distinto al habitualde residencia de donde fue desplazado, parainiciar su proceso de estabilización. Dichareubicación puede ser rural o urbana. Elretorno o reubicación, como posibilidad devida y por consiguiente, la estabilización so-cioeconómica de la población en situaciónde desplazamiento, es un proceso que impli-ca la materialización en reconstrucción delproyecto de vida individual, familiar y comu-nitario en el lugar de origen, y de otro lado,una capacidad de respuesta institucionalefectiva y per tinente en cada uno de loscomponentes considerados en el proceso».Acción Social. «PROTOCOLO PARA EL ACOMPA-ÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE RETORNO OREUBICACIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA.Segunda Versión», pp. 5, Bogotá, 2006


• 63 •

res, arrendatarios, aparceros, tenedores, propietarios, tanto en predios de usocolectivamente como individual. Proponemos la siguiente definición general:

“El retorno es la migración permanente o cíclica de población

desplazada a la localidad en la cual tenía su lugar de residencia y/

o actividades económicas habituales de la cual se vio forzada a

desplazarse por la violencia”.

A partir de esta definición, se propone el siguiente marco para describir losretornos:

En el Corema 1 se detallan los dos primeros niveles descriptivos de los retornos:los “lugares o localidades” que involucra según el tipo de zonas expulsora yreceptora según su naturaleza urbana y rural, y se pueden diferenciar si se tratade retornos permanentes o circulares. En este sentido, se pueden apreciar losposibles flujos de retorno de acuerdo con las posibilidades intra e intermunicipa-les (o intra e intercorregimentales) entre zonas urbanas y rurales, y al interior deestas. Esta definición incluye dentro de los retornos reasentamientos prediales alinterior de la unidad político-administrativa de donde se es desplazado.

Corema No. 1Retornos escala departamental o municipal entre y al interior y entre

zonas urbanas y rurales

Cuadro No. 1Posibilidades de retorno según ámbito de desplazamiento

** La permanencia puede deberse a diversas razones: porque existe una seguridad relativa, porque se opta por resistirante la amenaza de desplazamiento de los actores armados o por que se encuentra confinado. El retorno aquí se definecomo la integración de uno, varios o todos los miembros del hogar en uno de los ámbitos de donde se fue expulsado yasea por la presencia permanente o cíclica en el tiempo siempre y cuando se logre habitar o producir sistemáticamente.


• 64 •

El Cuadro No. 1 muestra las posibilidades de retornos dependiendo del o lossitios de donde se fue desplazado y a donde se retorna según el uso que se ledaba: fue desplazado solo del lugar de residencia pero se mantiene la actividadproductiva en el sitio donde se desarrollaba, entonces se retorna al primero y sepermanece en el segundo, y lo mismo a la inversa; si se desplaza de los dosámbitos de vida existen tres posibilidades: que se regrese a ambos sitios, que seregrese a uno de los dos y el otro se relocalice en el caso productivo o seareasentado en el caso de la residencia. En los siguientes coremas se puedenapreciar estas posibilidades.

Se propone diferenciar los casos del retorno al predio donde se desarrollaban yasea las actividades económicas, o de residencia, y el retorno con reasentamiento alas anteriores cuando las mismas no coinciden. Y finalmente, varía si se trata deretornos hacia territorios titulados colectivamente de comunidades afros e indíge-nas: se puede retornar al territorio pero reubicar al interior del mismo el sitio deresidencia como es el caso de las Comunidades de Paz o Zonas Humanitarias deCurvaradó y Cacarica en el (Chocó), o San José de Apartadó que sin tenertitulación colectiva tienen tierras de propiedad colectiva en donde se reasentó elsitio de residencia de numerosas familias desde los cuales realizan la explotaciónde sus predios individuales. En el Cuadro 2 se muestran estas posibilidades:

Cuadro No. 2Posibilidades de retorno según el sitio de desplazamiento,

localidad de y predio de regreso


• 65 •

Como se muestra en el Cuadro 2 se registran al menos 12 posibilidades deretorno teniendo en cuenta el lugar del que se fue desplazado, y el uso dado a lalocalidad y predio a donde se regresa. Las posibilidades de la 1 a la 6 corres-ponden al desplazamiento tanto del predio de residencia como del(los) predio(s)de actividades económicas habituales, pero se diferencian así: La 1 podría lla-marse un retorno exacto o total, porque se regresa a los mismos predios deresidencia y actividades económicas de donde fue expulsado. En la posibilidad2, se retorna al municipio donde se desarrollaban ambas actividades, pero solose regresa al predio exacto donde se producía y se reasienta en el mismo muni-cipio el sitio de residencia. La 3 retornan al municipio o unidad político-adminis-trativa de origen donde se residía y producía, pero regresa solo al predio exactode residencia y relocaliza en la misma unidad político-administrativa el sitio deproducción. La 4 regresa a la unidad político-administrativa de donde se residíay producía, pero se regresa a un(os) predio(s) de residencia y de actividadeseconómicas distintos al(los) de origen. La 5 se regresa solo al municipio y prediodonde se residía y se reubica en otro municipio el predio de producción. En la 6se regresa a la localidad de residencia pero se asienta en otro predio de la mismay en otro municipio relocaliza el sitio de trabajo. En el 7 se regresa solo almunicipio y al predio donde se desarrollaban las actividades económicas habi-tuales, pero se reasienta en otra localidad la residencia. En el 8, se regresa soloal municipio donde se producía pero se reubica el lugar de trabajo en otro sitio yse reasienta la residencia en otra localidad. En los casos 9 y 10 se es desplazadosolo del lugar de actividades económicas habituales y se regresa en el primercaso al predio exacto de trabajo, y en el segundo se reubica dicho sitio detrabajo, permaneciendo en ambos casos el lugar de residencia del que no sedesplazó. Y en los casos 10 y 11, se es desplazado solo del lugar de residenciapermaneciendo el lugar de producción, y se retorna al municipio de residenciaen el primer caso al mismo predio y en el segundo a un predio diferente. Esteanálisis es válido tanto para los desplazamientos entre unidades político-admi-nistrativas diferentes como al interior de dichas unidades, sean estas municipios,distritos, o corregimientos, veredas, comunas y barrios. En los Coremas del 2 al11 se grafican algunas de dichas posibilidades:

*En todos los coremas, aplican tanto para desplazamientos por fuera de la unidad político-administrativa respectiva comopara desplazamientos al interior de la anterior. Por eso solo se expone en este corema a la manera de ejemplo.

Corema 2 Posibilidad 1 de retornos


• 66 •

Este nivel de precisión tiene implicaciones en las formas o rutas para lograr elrestablecimiento y reparación de derechos dependiendo si se regresa o no alpredio exacto, principalmente, en cuanto a los derechos patrimoniales y accesoa la tierra y la vivienda se refiere, a la integración familiar cuando se trata dehogares divididos entre las zonas de recepción y retornos, entre otros. (Cuadro

Corema 3 Posibilidad 2 de retornos

Corema 4Posibilidad 6 de retornos

Corema 5Posibilidad 9 de retornos


• 67 •

4). Con base en la definición de retorno y las posibilidades que existen del mis-mo, se analizan a continuación las categorías y variables que inciden durantetodo el proceso del retorno, empezando por la situación antes de la violencia, enmedio de la misma, el momento y forma del desplazamiento, la recepción en unlugar ajeno, la decisión de retornar y sus determinantes, el regreso y el procesode integración, estabilización y reparación que le sigue, analizando de formatransversal el papel que debe desempeñar la política pública en todo el proceso.

2.3.2. Las fases del retorno

En el Cuadro No. 3 se proponen fases y momentos del retorno, antes de laviolencia cuando se registraba normalidad comunitaria, pasando por el momen-to en que llega la violencia y sus protagonistas, que se traduce posteriormente enla migración forzosa, el momento de llegada al sitio de acogida temporal, elinstante de la toma de decisiones de retornar, el regreso propiamente dicho, lapermanencia en sitio y la consolidación del retorno por un proceso integral dereparación y restablecimiento de derechos. En este esquema, el regreso al lugarde expulsión no equivale a la cesación de la situación de desplazamiento, estaúltima cesa cuando se garantizan los derechos de esta población en su condiciónde víctima del desplazamiento. De igual forma, con el regreso la migración forza-da da paso a una migración en la dirección inversa, sin por este solo hecho dejede cesar la condición de víctima en situación de desplazamiento. Nótese cómopermanecer en el sitio de retorno mediante la resistencia o el confinamiento nonecesariamente significa el éxito del retorno, el cual debe medirse por el gradoen que se garantizan los derechos integralmente considerados.

Cuadro No. 3Etapas del proceso de desplazamiento y retorno

2.3.3 Un modelo conceptual para valorar el nivel de éxito de los retornos.

La política pública para garantizar el goce de los derechos de la población des-plazada debe considerar una doble dimensión de intervención: por un lado la


• 68 •

atención y reparación directa y diferenciada a los sujetos individuales y colecti-vos de derechos en situación de desplazamiento que optan por retornar median-te su vinculación a programas y servicios estatales, y por el otro, la intervenciónen el contexto del retorno mediante la transformación de las estructuras norma-tivas, sociales, políticas, económicas y territoriales que amenazan o dificultan elproceso de reparación y restablecimiento de dichos derechos.

Considerando esta doble dimensión de la política pública (sujetos y contextosdel retorno) se desarrolla en esta parte un marco de valoración de los resultadosde la misma para garantizar el derecho al retorno de todos los sujetos en situa-ción de desplazamiento en condiciones de seguridad, dignidad, voluntariedad,participación, no discriminación, re-integración y reparación, teniendo en cuen-ta las diferentes fases de los retornos mencionados. De igual forma proponeacciones afirmativas de corte diferencial para cada uno de los Principios consi-derando los niveles de vulnerabilidad.

Desde el enfoque de derechos propuesto el nivel de éxito de un retorno e(R) debevalorarse en función del grado en que el Estado garantiza el goce efectivo de losderechos (GED) de la población desplazada en todas las fases del retorno. Vistoesto de forma más detallada se puede decir que el éxito de un retorno e(R) depen-de de la proporción de población desplazada en un momento y lugar determina-dos que decide regresar %(R), por las condiciones de voluntariedad de quienes lohicieron como de quienes se quedaron en recepción c(V), por el goce de dere-chos en el proceso de regreso c(T), por el del porcentaje de personas retornadasque permanecen en el territorio %(P) y del grado en que se garantiza el goceefectivo de derechos de la población desplazada en dicho lugar GED; así:

e(R)= %(R)8 x c (V) x c(T) x %(P) x GED.

donde un retorno es más exitoso en la medida en que una mayor proporción depoblación desplazada en un mismo evento retorna, lo hacen de la forma másvoluntaria posible, las condiciones del viaje de regreso son las óptimas, se lograla permanencia y arraigo en el territorio de la mayor proporción de retornantes,y se garantiza el máximo nivel de goce de derechos entre estos. La valoracióndel GED entre la población retornada debe hacerse aplicando a la poblaciónque retorna los indicadores ya definidos para el conjunto de la población despla-zada por parte de la Corte Constitucional que se corresponden con los PrincipiosRectores como se muestra para cada uno de los anteriores. A continuación pre-sentamos una propuesta de precisión del alcance y contenido de cada uno:

La seguridad está referida a la protección de los derechos civiles y políticos de-pendientes de la seguridad pública, como el derecho a la vida, a la integridad física,a la libertad, a no ser desplazado, a no ser coaccionado, desaparecido, torturado,al debido proceso, al acceso a la justicia, a la verdad, a no ser confinado, librelocomoción, organización, asociación, expresión, reunión, a la garantía de no re-petición, a la restitución patrimonial, entre otros. Para lograrlo, el Estado debe

8- El índice de retornos %(R) se puede cal-cular como el porcentaje que representa eltotal de la población retornada (#pr) sobreel número total de población que salió des-plazada, ya sea en el mismo evento o en eltiempo en un territorio determinados (#pd):%(R)= (#pr*100)/ (#pd)


• 69 •

prevenir estructuralmente las causas del desplazamiento, las violaciones a los de-rechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Puede valo-rarse en función de la democratización y depuración de la institucionalidad me-diante la judicialización de los perpetradores y sus redes de apoyo, el conocimien-to de toda la verdad y la garantía de no repetición, y desde una perspectiva másamplia, adelantar un proceso de paz con los actores armados ilegales que incluyalos derechos de las víctimas. Deben ser sujetos de acciones afirmativas diferencia-les en materia de seguridad las víctimas que se desplazaron de forma reactiva yque han sufrido las peores formas de vulneración a sus derechos, como asesinatos,desapariciones, atentados, torturas, masacres, violencia sexual, reclutamientos, entreotras, así como las desterradas de regiones en la mira de intereses macroeconómi-cos y políticos donde su patrimonio predial fue usurpado u ocupado por terceros,destacando las víctimas de crímenes de Estado. Para valorar el cumplimiento deeste Principio son pertinentes los indicadores adoptados mediante Autos 109 y116 sobre el derecho a la vida, a la integridad, prevención del desplazamiento,seguridad personal y libertad, y garantías de no repetición y acceso a justicia.

La dignidad es el concepto más comprehensivo ya que supone la realizaciónplena del conjunto de los derechos humanos. En forma restrictiva puede definir-se como el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, colectivosy del medio ambiente de la población retornada o que decide retornar efectiva-mente. En este sentido, la garantía de la dignidad debe incluir al menos9: losmedios para la movilización y transporte dignos desde el sitio de recepción tem-poral hasta el del retorno, la reconstrucción oportuna de la infraestructura deservicios, comunitaria y de movilización de las zonas expulsoras, incluyendo elretorno de los servicios sociales (como educación, salud, apoyo familiar, apoyonutricional, cultural, político y social) y de las autoridades civiles cuando hayansido desplazadas; el restablecimiento de los ordenamientos territoriales, políti-cos y económicos del territorio del retorno como estaban antes del desplaza-miento; la reconstrucción de la capacidad productiva tanto a nivel individualcomo colectiva, incluyendo el restablecimiento de las cadenas de comercializa-ción comunitarias, de producción, el acceso a servicios de asistencia técnica,créditos blandos, capital semilla no reembolsable, apoyo empresarial y asociati-vo, y acompañamiento a mediano plazo; la garantía de protección de la ofertaambiental en la zona del retorno; el apoyo para la reconstrucción colectiva de lasorganizaciones sociales y del tejido social de las personas desplazadas que re-tornan. Entre quienes no tenían propiedades prediales deben promoverse pro-cesos de adquisición de vivienda y tierras vía reforma agraria y/o urbana dentrode la obligación solidaria del Estado con las víctimas. Por las dificultades querepresentan para el retorno, deben ser sujeto de políticas diferenciales en mate-ria de acceso a tierras y viviendas la población desplazada que no tenía dere-chos patrimoniales prediales en las zonas de expulsión, o que teniéndolos no seencontraban plenamente formalizados, aquellos cuyos predios eran de menortamaño, priorizando en todos los casos a los hogares de jefatura femenina y conmayor número de hijos, y los discapacitados. Los hogares uniparentales o conjefatura femenina manifiestan mayores dificultades para iniciar y consolidar activi-

9- OCHA, «Guía para la aplicación de losPrincipios Rectores de los DesplazamientosInternos», 1999. www.internal-displace-ment.org


• 70 •

dades productivas en la zona del retorno, con mayor dificultad si es actividadagrícola y pecuaria, y son más vulnerables a la ausencia de servicios sociales deeducación, salud y bienestar familiar. La dignidad de los retornos podría valorarsecon base en los indicadores adoptados por la Corte Constitucional mediante Au-tos 109 y 116 de subsistencia mínima, vivienda, salud, educación, alimentación,generación de ingresos, identidad, estabilización socioeconómica complementa-dos con una batería de indicadores asociados y complementarios sobre el contex-to territorial en que se realizan dichos retornos que mida el grado en que las estruc-turas económicas, sociales y políticas de las localidades y regiones a donde seretorna, facilitan o no el GED incluyendo derechos de carácter colectivo.

La voluntariedad puede entenderse como el ejercicio de la libertad de elección dellugar de residencia y producción, y depende directamente del grado en que esténgarantizados todos los demás principios tanto en recepción como en retorno oreasentamiento, y en la medida en que la decisión sea libre de coacciones, infor-mada plenamente, participativa y no discriminatoria. Es decir, debe medirse por unlado, como la existencia de al menos una alternativa al retorno (reasentamiento ointegración en recepción) en las cuales el Estado ofrezca posibilidades reales deseguridad, dignidad, reparación, no discriminación, integración y reparación; y porel otro, como la escogencia de dicha alternativa sin presión alguna. Deben priori-zarse para el ejercicio de la voluntariedad las poblaciones cuyo goce de derechosen recepción está por debajo del mínimo definido por la Corte Constitucional ensus sentencias, principalmente los casos en que se encuentran expuestas a situa-ciones de inseguridad en recepción y ausencia de oportunidades laborales y malacalidad de hábitat, sus derechos en recepción temporal para que la toma de deci-siones se haga en ejercicio de la libre voluntad. Deben considerarse seriamente enla toma de decisiones sobre el retorno el punto de vista y expectativas de losjóvenes quienes tienden a integrarse afectivamente con mayor facilidad al entornode recepción temporal en mayor grado que los adultos y adultos mayores. Sevalora como negativo para la voluntariedad la existencia de cualquier tipo de per-miso o aprobación para el retorno. Se deben evitar a toda costa los retornosforzosos como re-desplazamientos hacia situaciones de confinamiento.

La participación está directamente relacionada con la garantía de la poblacióndesplazada de influir en el proceso institucional de acompañamiento y apoyo alretorno, no solo en aspectos operativos sino también los sustantivos y estructu-rales incluyendo la verificación comunitaria de las condiciones de seguridad, dandoespecial relevancia a los jóvenes y a las mujeres. Para el caso de las comunida-des indígenas y afrodescendientes, los procesos de participación deberán seguirlo reglado por la OIT para la realización de consultas con dicha población. Paraque la participación sea efectiva, debe valorarse el grado en que el Estado ga-rantiza el suministro a la población desplazada de información oportuna, actua-lizada, veraz, completa y exacta sobre todos y cada uno de los aspectos delproceso de retorno, en especial en torno a las cuestiones de seguridad física,material y jurídica en sus lugares de origen. Especial importancia adquiere eldiagnóstico de las capacidades y potencial organizativo de las comunidades des-


• 71 •

plazadas, para lo cual es necesario tener en cuenta la tradición organizativa deuna comunidad, a la estructura de liderazgo y toma de decisiones, de moviliza-ción de recursos, de gestión de alianzas estratégicas, y de interlocución conmovimientos sociales, el Estado, empresarios y los actores armados. El tamaño(individuales, masivos o éxodos) y niveles de organización social, son factoresque inciden en la decisión y posibilidades del retorno, y de su estabilización,donde se presume que los desplazamientos entre más masivos y organizadospor la comunidad sean más probabilidades de retorno habrá, al calor de la sen-sación de protección que genera el colectivo, y por sus posibilidades de inciden-cia en la política pública para exigir protección tanto a desplazamientos preven-tivos como a reactivos. Por otro lado, entre menos organizados y más individua-les sean los desplazamientos, se presume mayor sentimiento de inseguridad ymenor capacidad de incidencia en la política pública al ser también menos visi-bles. Las acciones afirmativas deben focalizarse entonces hacia población noorganizada, en general mestiza, dado que los indígenas y afros cuentan con unamayor tradición en este sentido y entre los últimos que registren menores nivelesde organización. Para valorar el grado de cumplimiento son pertinentes los indi-cadores adoptados por la Corte Constitucional mediante Auto116 para medir elgoce efectivo del derecho a la participación.

La reintegración más que corresponder a un derecho en particular, se refiere allogro de la convivencia entre retornados y receptores, y el restablecimiento deltejido social y arraigo. En este sentido, tiene también una dimensión más colectivaque individual. Son pertinentes los indicadores adoptados por la Corte Constitu-cional mediante Autos 109 y 116 de goce del derecho a la reunificación familiar.

La no discriminación se asocia directamente al ejercicio del derecho a la igual-dad, para lo cual la definición puede ampliarse no solo a la necesidad de nodiscriminar a la población por su situación de desplazamiento y condición devíctimas, sino también hacia los casos de población desplazada en condiciones ysituaciones adicionales de vulnerabilidad en un enfoque diferencial. Se debenvalorar qué tan eficaces son las medidas para atender a las especiales necesida-des de las mujeres y los niños, en garantizarles el acceso efectivo y equitativo alos medios de vida y los servicios básicos, entre ellos la educación, y para hacerreal el derecho de la mujer a la plena igualdad en lo que respecta a la vivienda yla restitución de sus bienes, en particular los derechos de acceso, control, pro-piedad, posesión y herencia. Igualmente revisar en las localidades receptoras sien los los Planes de Desarrollo Local y de Ordenamiento Territorial se incluyenlos proyectos de vida de la población retornante. Son pertinentes para valorareste principio la aplicación de los indicadores adoptados por la Corte Consti-tucional mediante Auto 116 de enfoques diferenciales a nivel de: niños, niñas yadolescentes; pertenencia étnica y cultural, género y discapacidad.

La reparación tiene como posibilidades la restitución, la indemnización, la reha-bilitación, las medidas de plena satisfacción, entre otras. Especial atención de-ben recibir las comunidades étnicas que no cuentan con territorios legalizados.


• 72 •

Los retornos deben procurar en primera instancia la restitución de los predios dequienes tenían derechos patrimoniales sobre los mismos. Pero no deben repa-rarse solo las pérdidas patrimoniales inmobiliarias, también deben compensarseel daño emergente y lucro cesante que sufrieron y los daños de bienes no inmo-biliarios. Para los casos en que no sea posible la restitución inmobiliaria, se valo-ra el papel del Estado en compensar e indemnizar como forma subsidiaria. Cuandola comunidad afectada lo prefiera, en los casos de retorno al sitio de residenciao producción pero de reasentamiento del primero y/o de relocalización del se-gundo, debe procurarse la indemnización mediante el canje de predios o la ad-quisición de tierra y viviendas por sobre el otorgamiento de subsidios. Los indi-cadores adoptados por la Corte Constitucional mediante Auto 116 relativo alos derechos de las víctimas del desplazamiento a la reparación (restitución, in-demnización, rehabilitación, satisfacción) son pertinentes para valorar el cumpli-miento de dicho Principio. Se deben valorar las acciones a favor de hogaresencabezados por mujeres y con mayor número de hijos que registran dificulta-des para la recuperación de sus predios. Reparar todos los daños de los quesean responsables las autoridades, que incluye la obligación de restaurar la infra-estructura, es decir, el saneamiento, el suministro de agua, gas y electricidad, loscaminos y las tierras que hayan sido dañados o destruidos; en particular, losEstados no cobrarán a los desplazados que regresen los costos de los serviciosusados por quienes hayan habitado temporalmente las viviendas de los despla-zados; y condonar deudas por pagos pendientes de los mismos atribuibles aldesplazamiento forzado.

Finalmente en el Cuadro No. 4 se propone un esquema de actuación en funciónde los Principios de Dignidad y Reparación de acuerdo con las diferentes posi-bilidades de retorno señaladas.

Cuadro No. 4Posibilidades de reparación patrimonial, compensación y restablecimientosegún tipo de retorno, tenencia predial y usos de los predios abandonados.


• 73 •

3. Los casos regionales.

Se seleccionaron los casos de un listado de retornos reportados por AcciónSocial como acompañados por el Estado: Turbo (Antioquia), El Charco (Nari-ño) y Toribío (Cauca). Más que ser representativos los casos son significativosporque cumplen con los siguientes criterios: Se encuentran ubicados en macro-regiones focalizadas por CODHES en su análisis de coyuntura reciente: norte ysuroccidente costero y andino, uno de los casos el desplazamiento sucedió enotro gobierno, y los otros dos durante los dos gobiernos Uribe, todos los retor-nos sucedieron durante el Gobierno Uribe. Los casos contemplarán situacionesdiferenciales de riesgo y amenaza que originaron el desplazamiento, incluyendotodos los actores del conflicto como una acción directa intencional y no comoacciones colaterales, son los retornos más grandes registrados durante la admi-nistración Uribe, son cada uno representativo de tres etnias: indígenas, afrodes-cendientes y mestizos; y los tres ofrecieron condiciones de seguridad básicas enterreno para el trabajo de campo del investigador. En las visitas se realizaroncontactos directos con la población retornada, sus líderes y organizaciones, suterritorio, así como con autoridades locales y departamentales, organizacionesde la sociedad civil y de cooperación internacional. En las entrevistas se recogie-ron las percepciones y experiencias de los interlocutores y sus organizaciones enel proceso de retorno, y en algunos casos información documental y de archivosobre dichos procesos.

3.1 Antecedentes del desplazamiento

Turbo ha sido estratégico para los actores armados porque es un corredor demovilidad a través de las estribaciones de la Serranía de Abibe y el puerto haciael Caribe e interno hacia el Río del Atrato por donde salen y entran todo tipo demercancías legales e ilegales, por tener las mejores tierras del Urabá y una de lasmejores de Antioquia, registrando la mayor área destinada al cultivo del plátano,la segunda en producción de banano de exportación, la mayor ocupación de laganadería extensiva y la mayor y más diversificada producción de otros produc-tos agrícolas, así como las mayores reservas forestales de la región. El retornoen Turbo se enmarca en un proceso desde mediados de los 80, de desplaza-miento forzoso y desarticulación de la base social campesina y sindical, em-prendido principalmente por grupos paramilitares de diversos órdenes que hi-


• 74 •

cieron de este municipio su epicentro de expansión regional y nacional con nopocos casos de complicidad oficial, y por los esfuerzos de las diferentes guerri-llas de resistir la ofensiva estatal y paraestatal. El arrasamiento de la poblacióncivil campesina generó un acelerado proceso de despojo de las mejores tierrasde los desplazados a manos de paramilitares que consolidó un modelo agroexportador en manos de empresarios legales e ilegales.10 En lo político se tradu-jo en el control del poder electoral e institucional expresado en la participaciónde sectores claves de las elites políticas de Turbo en alianza con grupos parami-litares, destacándose el Pacto de Urabá, región donde se registraron votacionesatípicas.11 En este municipio se desmovilizaron 646 paramilitares de los BloquesBananero y Elmer Cárdenas de las AUC en el 2004 y 2006, respectivamente.

El retorno de El Charco fue el segundo más grande durante la administraciónUribe y se llevó a cabo en territorios titulados a comunidades afros organizadasalrededor de sus respectivos consejos. Las comunidades retornadas percibenque su municipio es estratégico por las potencialidades de articulación a losmercados globales legales e ilegales de la cuenca del Pacífico, la producción dehoja de coca y su procesamiento, la movilidad acuática (fluvial y marítima) quepermite sacar la cocaína del país, ingresar precursores químicos, dinero, armas ypersonal; por sus potencialidades de explotación agrícola, forestal, pecuaria yde biodiversidad, así como para la producción de oxígeno, y los planes guber-namentales para el Pacífico en materia de conectividad, generación de energía,infraestructura vial y de transporte y equipamientos sociales, buscando la articu-lación de dichos territorios a los mercados nacional e internacional. El municipiofue dominado históricamente por las FARC que aprovecharon el vacío estatalpara hacer de esta localidad una zona de refugio y retaguardia gracias a la pro-tección que les brindaba las dificultades de acceso y la espesura selvática; dereclutamiento gracias a la precaria situación socioeconómica de la misma; detránsito y abastecimiento gracias la movilidad acuática que representa el Pacíficocolombiano y las redes de ríos y caños, y de captación de recursos económicosa través de la promoción de los cultivos de coca que hicieron de ese municipio elaño 2002 el epicentro subregional de producción de esa planta en el norocci-dente de Nariño, llegando a tener a finales de ese año según la Vicepresidencia1.024 hectáreas sembradas de coca. El paramilitarismo incursionó desde el 200012

con el fin de contener la presencia guerrillera y disputarle el control del territorioy sus recursos estratégicos incluyendo los cultivos de hoja de coca. Sin embar-go, los desmanes de este grupo generaron un proceso social poco visto en elpaís de resistencia civil que se tradujo en su expulsión a manos de las comunida-des del casco urbano de El Charco en el 2002, quienes solicitaron la presenciay protección de las autoridades. El ELN ha hecho presencia aunque marginal.

El retorno de Toribío, Jambaló y Caloto el tercero más grande durante la adminis-tración Uribe reportado por Acción Social. Ocurrió en territorios que hacen partede resguardos legalizados y titulados colectivamente a sus comunidades siendo elepicentro del sector indigenista mejor organizado del país: la Asociación de Cabil-dos Indígenas del Norte del Cauca. La crisis humanitaria que ha vivido esta subre-

10- Esto ha sido analizado por diversas fuen-tes destacándose el estudio de CODHES(1999) que muestra cómo Turbo fue uno delos municipios que más población desplaza-da con vínculos rurales expulsó en Antioquiaentre 1985 y 1994 . Ver también Gaviria,Carlos Felipe, y Muñoz, Juan Carlos. «Des-plazamiento forzado y propiedad de la tierraen Antioquia 1996-2004», En Revista Lectu-ras de Economía 66 de la Universidad deAntioquia, pp. 25, Medellín, 2007. Econo-metría «Estudio de caso del retorno de Tur-bo», UTEC, Bogotá, 2008.11- López Claudia y Sevillano Oscar. ‘Balan-ce político de la parapolítica Observatoriodel Conflicto Armado, Corporación Nuevo ArcoIris,’ 2008. Corporación Nuevo Arco Iris. «Loscaminos de la alianza entre paramilitares ypolíticos.», Bogotá, 2007.12- Corporación Nuevo Arco Iris. «Revista Ar-canos No 13», Bogotá, 2007.


• 75 •

gión con epicentro en Toribío caracterizada por los sucesivos e inacabados proce-sos de desplazamiento-retorno-re-desplazamiento tiene como trasfondo, por unlado el carácter estratégico de dicho territorio para las FARC por su ubicación,sus condiciones de tipo geográfico y sociopolíticas que les ha permitido desde sufundación a mediados de la década de los 60 hacer de Toribío un corredor demovilidad y de aprovisionamiento, una zona de extracción de recursos económi-cos del cultivo y procesamiento de estupefacientes, de reclutamiento dadas lasprecariedades socioeconómicas y de escudo humano gracias a la fortaleza delmovimiento indígena que exige y reivindica ante todos los actores armados, inclui-da la fuerza pública, el respeto por la autonomía e integridad del territorio y comu-nidad indígena; y por el otro, los esfuerzos de sectores gubernamentales y elitespolíticas y económicas regionales de contener por un lado el poderío militar guerri-llero y por el otro, las conquistas agrarias y políticas del creciente movimientoindigenista que no pocas veces son estigmatizados como aliados de la subversión,y que en todo caso ven en los indígenas una amenaza dado que representan unmodelo alternativo de ordenamiento territorial basado en la propiedad colectivade la tierra, el asociacionismo y la solidaridad horizontal entre sus miembros.

3.2 El proceso de desplazamiento

Se trató en los tres casos de retornos de población que salió desplazada masiva-mente en algunos de los éxodos más grandes de la historia nacional, ocasiona-dos por ataques fuertes y de alta intensidad contra dichas comunidades, lo quegeneró el despoblamiento acelerado de los territorios en periodos cortos detiempos, siendo el caso de Turbo el proceso de más larga duración (según Ac-ción Social de 3 años)13, y los de El Charco y Toribío generados por eventospuntuales en el tiempo. En los dos últimos casos se trató de desplazamientos yretornos más canalizados por las propias comunidades a través de sus instan-cias representativas como Consejos Comunitarios y Resguardos a diferencia delcaso de Turbo que no tuvo dicha posibilidad. En Turbo el desplazamiento fueclaramente reactivo, generado por los intereses de grupos económicos y políti-cos regionales de apropiarse de las tierras y territorios de zonas de economíacampesina considerados de valor estratégico. En El Charco y Toribío, los com-bates entre fuerza pública y las FARC fueron los generadores del desplazamien-to que tuvo características de preventivo, no obstante la desproporción en el usode la violencia de parte de los grupos enfrentados fue interpretada por dichascomunidades no como un efecto colateral sino como un fin en sí mismo buscan-do atemorizar a la población y reducir sus niveles organizativos.

3.3 La situación en recepción temporal.

En Turbo no se tiene información precisa sobre la situación de derechos de lapoblación desplazada que retornó cuando se encontraba en los sitios de asenta-

13- Turbo sufrió las peores tasas de homici-dios a nivel nacional y fue el segundo muni-cipio con más masacres entre 1993 y 2008,con 20 que dejaron 170 víctimas. SegúnCODHES en Urabá entre 1993 y 2002 hubo65 masacres que dejaron 449 víctimas. COD-HES. «COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS Y LOSPAÍSES VECINOS FRENTE AL DESPLAZAMIEN-TO FORZADO». Boletín No. 57, Bogotá, 2004.


• 76 •

miento temporal. Según Acción Social la población retornante no habría salidode Urabá desplazándose internamente en Turbo y hacia Apartadó y Necoclí. Sinembargo, otras fuentes señalan que el retorno se hizo principalmente desde losdepartamentos de Córdoba de municipios como Tierra Alta, Lorica, Valencia,Montería y desde Sucre en el municipio de Ovejas. Para las fuentes no guberna-mentales durante el desplazamiento estas familias se movilizaron hacia Córdobadebido a que precisamente migraron como colonos o campesinos hacia Turbodurante las décadas de los 60, 70 y 80, migraciones que implicaron la construc-ción de redes de parentesco y compadrazgo que les permitieron acudir a lassolidaridades en el momento del desplazamiento. El desplazamiento de El Char-co se hizo principalmente desde su cabecera urbana, centros poblados cerca-nos, Buenaventura y Tumaco hacia las zonas rurales, en pésimas condiciones deatención lo que habría generado y propiciado dicho retorno.

En Toribío, Jambaló y Caloto en una clara expresión del nivel organizativo al-canzado por el movimiento indigenista, previendo la agudización del conflictopusieron en práctica desde finales de la década de los 90 una estrategia decontingencia para el manejo de los desplazamientos forzosos en sus territoriosbuscando contener al máximo la pérdida de población de los territorios indíge-nas como una forma de resistencia civil ante los actores armados legales e ilega-les en conflicto. Tanto los desplazamientos como los retornos son manejadospor las autoridades indígenas tradicionales en lo que llaman el “Plan de VidaMinga en Resistencia de los Pueblos Indígenas” mediante el cual garantizan queel desplazamiento se haga al interior de los territorios indígenas previniendo lapérdida de población y manteniendo el arraigo a pesar de los desplazamientostemporales. El que los desplazamientos y retornos sean principalmente internosa los municipios y territorios indígenas ha contribuido a la invisibilización de di-cha dinámica por parte del Estado, que en cabeza de Acción Social tiende adesconocer y no registrar los desplazamientos interveredales. En este sentido,la principal fuente de atención humanitaria en emergencia proviene de las mismascomunidades indígenas que han previsto una serie de albergues temporales quedenominan sitios de “Asamblea Permanente” dentro de sus territorios, alrede-dor de los cuales cuentan con cultivos y pie de cría que les permite atender lasnecesidades alimentarias de la población cuando se encuentra desplazada. Sibien los indígenas reconocen la existencia del desplazamiento forzoso, la estra-tegia que ellos adoptan para afrontarle se enmarca dentro de los procesos deresistencia que consiste en desplazamiento hacia distintas partes del territorioafectado o incluso hacia otros territorios bajo la conducción de las autoridadesindígenas hasta que cese la amenaza. En tal sentido, muchos de los desplazadosindígenas no se consideran a sí mismos como desplazados y retornados así elproceso que vivan encaje dentro del significado que la sociedad nacional le otorgaa dichas categorías. Y ellos tienen claro que la situación de desplazamiento debeser reparada integralmente por el Estado.


• 77 •

3.4 La decisión y el proceso de regresar

El índice de retornos es diferente en los tres casos: mientras que en Turbo secalcula que retornó el 95% de la población que salió desplazada en el mismoevento, en El Charco habrían retornado alrededor del 68% y en Turbo el 29%.En el caso de Turbo, hay consenso en que los retornos sucedieron al margen dela institucionalidad oficial, algunos al parecer promovidos por jefes de las AUCdesmovilizados que buscaban por ese medio legitimar su proceso de desmovili-zación ante los tribunales de Justicia y Paz. Dado que al margen de la institucio-nalidad no se conocen registros de los procesos de toma de decisiones de retor-nar. En El Charco, la decisión de regresar fue tomada de forma colectiva por losConsejos Comunitarios motivada principalmente por la ausencia de condicionesde hábitat, salud y alimentación básicas en los sitios de recepción temporal,regreso que habría contado con un apoyo mínimo de la Alcaldía y Acción Socialcomo se verá más adelante. En el caso de Toribío, Jambaló y Caloto, el regresose realizó mediante consulta a todas las personas en situación de desplazamientoorientado por las autoridades tradicionales en los sitios de Asamblea Permanen-te, para lo cual no se registra el apoyo del Estado.

3.5 Dinámica de la movilidad espacial de los retornos.

En el caso de Turbo se trató de retornos rural-rural y urbano-rural y urbano-urbano intermunicipal dado que la población retornó desde zonas rurales demunicipios vecinos de Antioquia, Córdoba y Sucre así como de Medellín yMontería principalmente regresando de forma dispersa y no organizada; el de ElCharco fue urbano-rural intramunicipal porque la población terminó en su granmayoría concentrada en el casco urbano del municipio y centros poblados cer-canos desde donde retornaron, y en menor proporción urbano-rural intermuni-cipal porque algunos retornaron desde Buenaventura, Cali y Tumaco. En Tori-bío el retorno fue principalmente rural-urbano intramunicipal porque la pobla-ción se desplazó en su mayoría desde el casco urbano cuando fue destruido porel intento de toma hacia las zonas rurales a los sitios de Asamblea Permanente,registrándose en menor proporción desplazamiento rural-rural intramunicipal.

En Turbo el retorno se inició varios años después del desplazamiento y se hizodesde mayores distancias, contrario a lo que pasó en forma en Toribío y ElCharco donde la mayoría de la población no se desplazó por fuera del municipioy el retorno se hizo meses después del desplazamiento. En el caso de Turbo lapoblación fue desplazada de sus ámbitos de residencia y producción económicaen las zonas rurales, lo mismo que en El Charco, mientras que en Toribío fuerondesplazados de ambos ámbitos los que salieron expulsados del casco urbano, ysolo del ámbito de residencia los que salieron desplazados al interior de laszonas rurales conservando la posibilidad de continuar con la explotación econó-mica de su territorio durante el periodo de desplazamiento como forma de resis-


• 78 •

tencia. El retorno en Turbo se ha hecho principalmente por antiguos dueños de latierra (poseedores principalmente) hacia los corregimientos de expulsión dondela población se ha reasentado en sus centros poblados sin que en la mayoría delos casos haya logrado recuperar y restituir sus predios de vivienda y produc-ción. Los casos de población que era arrendataria de predios cuando se des-plazó que han retornado lo han hecho a los mismos predios o a nuevos prediosque les han ofrecido. En El Charco y en Toribío, el retorno se hizo a los territo-rios titulados colectivamente logrando recuperar los predios tanto de residenciacomo de producción económica. En Turbo se presume por algunos pobladoresque sus tierras están siendo ocupadas por personas que si bien se presentancomo retornantes, son percibidas como repobladores, algunos de mala fe. Mien-tras que en el caso de Turbo el despojo predial se percibe generado por losintereses de grandes propietarios de la zona de acumular más tierras, en losotros dos casos la titularidad colectiva ha impedido el robo, no obstante en elcaso de El Charco la comunidad retornada percibe que no ha podido recuperarel control de su territorio, que se sienten amenazados por la expectativa de de-sarrollo de macro-proyectos por fuera de su gobernabilidad, mientras que losindígenas sí han logrado mantener la integridad jurídica y económica de sus terri-torios incluso a pesar de la presencia de actores armados y combates perma-nentes en el mismo.

3.6 Conclusiones: El goce efectivo de derechos en los retornos en función de los Principios Rectores.

En relación con la seguridad.

Los actores armados ilegales replegados o reeditados mantienen su ca-pacidad de atacar a la población, en medio de una percepción general deimpunidad: En los tres casos analizados, las causas que dieron origen al despla-zamiento se mantienen prácticamente inalteradas: En Turbo la presencia y con-trol armado de los nuevos grupos paramilitares articulados a redes políticas yeconómicas que les dieron origen, se convierte en una amenaza directa contralos retornados donde la población se siente confinada principalmente por lasAutodefensas Gaitanistas de Colombia. Igualmente las guerrillas mantienen cier-ta capacidad de atacar a la población civil que visualizan como aliada de susenemigos. Todo lo anterior se evidencia en el mantenimiento de acciones violen-tas como masacres, asesinatos selectivos, re-desplazamientos, amenazas, des-apariciones, entre otras. En el caso de El Charco y Toribío si bien las estructurasmás grandes de las FARC se encuentran replegadas de ciertas zonas por unamayor presencia militar del Estado, estas mantienen la capacidad de golpear a lapoblación civil cuando perciben por alguna desobediencia de sus órdenes sinque la fuerza pública sea capaz de brindar una protección efectiva a la pobla-ción. En El Charco se percibe una nueva ofensiva de grupos paramilitares y denarcotraficantes en cabeza de las “Águilas Negras” y “Los Rastrojos” intimidan-do a líderes de población retornada que son estigmatizados como auxiliadores


• 79 •

de la guerrilla, y amenazas de esta última contra la población que erradique lahoja de coca. En el Charco el SAT de la Defensoría del Pueblo en sus informesde riesgo y notas de seguimiento se advierte de un alto riesgo para la poblacióncivil, lo que se evidencia con la ocurrencia de re-desplazamientos individuales ymasivos, amenazas y detenciones arbitrarias. En Toribío, Jambaló y Caloto laseguridad del retorno la brinda la propia comunidad a través de la Guardia Indí-gena y los protocolos comunitarios de protección que han adoptado en el marcodel Plan de Vida Minga Resistencia. En ninguno de los casos se habría aplicadolo relativo a la seguridad contemplado en el Protocolo de Retornos de AcciónSocial. Esta situación se acompaña de la grave impunidad que afecta a las vícti-mas del desplazamiento forzado, dado que dicho delito prácticamente no hasido judicializado.

El enfoque cívico-militar de la intervención estatal aumenta el riesgo deinseguridad de la población civil no combatiente y de la institucionalidadhumanitaria encargada de atenderla. Por el contrario, el enfoque cívico-militar de sus acciones en dichos territorios en el marco de los CCAI se convier-te en una fuente adicional de riesgo para dichas poblaciones, ya que el intentopor vincularlas como apoyo de las labores contrainsurgentes y antinarcóticos dela fuerza pública es seriamente castigada por las guerrillas o grupos paramilitaresy de narcotraficantes, que como se explicó atrás, mantienen su capacidad deatacar a la población civil. Igualmente, el enfoque cívico-militar que se le estádando a la atención social en los territorios afectados por desplazamientos yretornos ha puesto en alto riesgo a las entidades civiles encargadas de atender-los, que como en el caso de Acción Social o el ICBF han restringido su alcanceterritorial por las amenazas que reciben de los actores armados ilegales, a su vezque aumentan el riesgo de la población que accede a sus programas bajo dichoesquema. Esta situación, sumada a la falta de garantías para los retornos hainhibido el acompañamiento de prácticamente todas las agendas de coopera-ción internacional a los procesos de retorno. En El Charco, por ejemplo, sepercibe como una amenaza para su seguridad la iniciativa del Gobierno de vin-cularlos al conflicto mediante acciones cívico-militares por las retaliaciones de laguerrilla contra estas, así como la impunidad frente a presuntos atropellos demiembros de las FFMM que generaron desplazamiento.

Respeto al DIH en cuanto a evitar “escudos humanos”. Teniendo en cuentaque para los desplazados fue claro el hecho que las acciones armadas con inter-posición de población civil (Toribío y El Charco) o de ataque directo e intencio-nal contra la población ejecutadas por la fuerza pública en el marco de supuestasoperaciones coordinadas con grupos paramilitares (Turbo) fue si no el principalfactor de riesgo para sus vidas e integridad sí uno de los principales, el retornofue posible en parte por la esperanza que generaron las promesas oficiales deevitar la repetición de dichas situaciones. En este sentido, para los retornantes lomás importante no eran las supuestas garantías de control territorial y replieguede las guerrillas que afirmaban haber logrado los representantes gubernamenta-


• 80 •

les mediante los ataques precedentes a los éxodos, sino el cese del fuego oficial yde los combates en las zonas vitales para la población civil. Por otro lado, si bienen los tres casos los bombardeos, los combates con interposición de poblacióncivil y los ataques indiscriminados a la población fueron justificados por la fuerzapública como acciones legítimas de combate a las guerrillas, la población despla-zada percibió un uso de la fuerza y la violencia excesivamente desproporcionadogenerando la percepción que al calor de los choques esporádicos que se da entrelos bandos armados, la verdadera intención de las fuerzas estatales es atacar a lapoblación civil para desplazarla. Dicha percepción ciudadana interpreta como unaexcusa los combates oficiales contra la insurgencia, que se ejecutan supuestamente“para proteger a la población civil de la amenaza guerrillera”. Esta intencionalidadquedó evidenciada en el caso de Turbo donde se ha denunciado que al calor de lassupuestas o reales actividades contrainsurgentes, la verdadera intención era des-plazar a la población campesina mediante acciones coordinadas con paramilitares.

El asentamiento permanente de la fuerza pública en zonas cercanas a las activi-dades de la población civil retornada más que ser una garantía de tranquilidad seconvirtió en no pocas ocasiones en una razón más de inseguridad dado el riesgode encontrarse de nuevo en medio del fuego cruzado ante posibles ataques gue-rrilleros, y por los posibles señalamientos de colaboración con el Estado porparte de los anteriores, con mayor fuerza cuando las instalaciones militares o depolicía se ubican en medio de centros densamente habitados como el caso delcasco urbano de Toribío.

Los líderes de la población retornada se encuentran en extrema despro-tección frente a actores armados y sus aliados. En todas las situaciones esnotoria la omisión del Estado en su deber de brindar protección a los líderes de lasorganizaciones de población que han retornado, sobresaliendo el caso de Turbo yUrabá, en donde han sido amenazados y asesinados líderes que encabezabanprocesos de restitución de tierras. En el caso de El Charco la gravedad de lasamenazas no se acompaña de medidas de protección proporcionales ni adecua-das al riesgo que las mismas generan para líderes de los Consejos Comunitarios yde organizaciones de población desplazada. En Toribío, las autoridades indígenastradicionales no cuentan sino con la protección que les brindan sus organizaciones.En todo el país agencias de Naciones Unidas como OCHA, ACNUR y el AltoComisionado para los Derechos Humanos se abstienen de participar en procesosde retorno por considerar que los mismos se realizan sin garantías para la pobla-ción y porque también se hace en la lógica de acciones cívico-militares que anula laneutralidad del campo humanitario requerida para estos procesos. Si bien en losretornos suelen estar acompañados por militares, posterior a los mismos se desa-rrollan jornadas cívico-militares propiamente dichas que buscan encuadrar los re-tornados en los procesos de inteligencia militar, violando el DIH en cuanto al prin-cipio de distinción entre combatientes y no combatientes.

Entre la resistencia civil y el confinamiento subordinado. Mientras que en elcaso de Turbo se hace casi que evidente la subordinación de las organizaciones y


• 81 •

personas retornadas al actor armado ilegal hegemónico en el municipio, en Toribíoy en menor medida en El Charco, las comunidades organizadas intentan con ma-yor o menor éxito mantenerse neutrales frente a los actores en conflicto, incluyen-do la fuerza pública, en verdaderos actos de resistencia civil, donde los indígenasregistran mayores tasas de retorno que los afrodescendientes. La permanencia delos retornantes en el territorio no se explica entonces por la protección que deberíagarantizar el Estado sino por acciones de resistencia civil en Toribío y El Charco, yde subordinación en situaciones de confinamiento en Turbo.

El Protocolo en materia de seguridad no se cumple. En los tres casos estu-diados no se conoce de la aplicación del Protocolo de los Retornos en materiade seguridad, donde la situación de Turbo es la más grave dado que se trató deretornos realizados al margen de la institucionalidad. El Protocolo debe conside-rar la diferenciación entre retornos reactivos y preventivos tomando en cuenta yconsultando la percepción de la población desplazada, ya que son ellos al en-contrarse en medio de la situación los que pueden juzgar hasta dónde es una, laotra, o las dos. Con base en este, en los casos de Turbo y El Charco se habríatratado de desplazamientos reactivos, es decir, donde el ataque a la poblacióncivil y su consecuente desplazamiento fue un objetivo deliberadamente buscadopor las partes en conflicto, con excepción del caso de Toribío donde dicha idease le atribuye más a las FARC que atacaron de forma desproporcionada alcasco urbano de dicho municipio buscando destruir el puesto de policía y redu-cir a los agentes. En este último caso, se percibe que la policía no presta ningunafunción de protección a la comunidad dado que por tratarse de un municipiototalmente indígena, se cuenta con la guardia indígena para mantener el orden yla convivencia pacífica. Más bien la ubicación del puesto de policía en medio dedos colegios, la iglesia, la alcaldía y varias viviendas a pesar del ataque perma-nente y sistemático de las FARC, no ha posibilitado su reubicación por parte delGobierno, independiente de los civiles muertos, heridos y desplazados que hadejado el casi permanente fuego cruzado desde esa instalación. En necesario enlas encuestas de satisfacción que eventualmente se realicen sobre los retornosde población desplazada, al indagar sobre la percepción de seguridad de lascomunidades, tener en cuenta que en muchas ocasiones la población ha aumen-tado su umbral del dolor en cuanto a la tolerancia frente a situaciones de insegu-ridad, sobre todo en municipios como Turbo que han sufrido genocidios incom-parables y políticas de tierra arrasada, en no pocas ocasiones con complicidad onegligencia estatal. La gente puede percibir como seguridad situaciones que nolo son, por razones como por ejemplo la hegemonía de un solo actor armadoque funge como para o contra-estado, en situaciones de confinamiento.

3.7 En relación con la dignidad

Restablecimiento de los ordenamientos territoriales construidos social-mente por los desplazados. En la política pública de retornos no se considera


• 82 •

el restablecimiento de los ordenamientos territoriales que construyeron los habi-tantes de dichos territorios antes de ser desplazados, dado que en algunos casosel retorno se produce hacia dinámicas de ordenamiento que han transformadoprofundamente el territorio. En efecto, el caso de Turbo es el más dramático enese sentido, ya que los desplazados salieron como dueños de una tierra en terri-torios caracterizados por economías campesinas, y regresaron como aparceroso jornaleros en latifundios construidos mediante el despojo de sus propiedades.Igualmente, salieron expulsados como organizaciones políticas y sociales autó-nomas y regresaron subordinados a los nuevos órdenes políticos impuestos porlos actores hegemónicos que se beneficiaron de la crisis humanitaria que sufriódicho municipio.

Distinguir retornos de legitimación de repoblamientos. Se requiere verifi-car la autenticidad de los retornos para que bajo dicha política no se encubranprocesos de repoblamiento de territorios despojados por paramilitares de basessociales afectas a dicho proyecto buscando por esa vía legitimar su dominio yeliminar cualquier posibilidad que los verdaderos dueños de las tierras logrenrestituirlas, que puede ser en parte el caso de Turbo, donde no hay propiedadcolectiva y se percibe que muchos de los que se “legalizaron” como retornantesen realidad no lo son.

Retornos sin restitución: regreso seguro al desarraigo. Si bien los en ca-sos de Toribío y El Charco los riesgos de enajenación forzosa de los predios ybienes raíces de la población desplazada tienen menores posibilidades de serconsumadas como un efecto del desplazamiento, la restitución de los bienesmuebles, pertenencias y haberes de la población desplazada es de vital impor-tancia para lograr su estabilización y reparación integrales, con mayor razón enlos casos en que la fuerza pública es la responsable de dicho despojo.

En el caso de Turbo la imposibilidad real para lograr la restitución de los prediosusurpados u ocupados se constituye en el principal impedimento para lograr lareparación de sus derechos patrimoniales y el restablecimiento de su calidad devida, dada la conexidad que los mismos tienen con los derechos a la vivienda, altrabajo y a conservar la propiedad legal o legítimamente obtenida, caso en elque también aplica lo dicho para los otros dos de restitución o indemnización delas pérdidas y daños en sus bienes muebles y haberes.

La inseguridad afecta la “confianza inversionista” de los retornantes. ElGobierno Nacional, como responsable primario de mantener el control del or-den y seguridad públicas como condición para el ejercicio pleno de los dere-chos, debe garantizar la protección integral de las comunidades retornadas, dadoque la inseguridad crónica que sufren no les posibilita tener un horizonte de in-versión productiva de mediano y largo plazo, por el temor que les genera elriesgo de salir nuevamente desplazados y perder todo el esfuerzo invertido, lasposibilidades de extracción económica de los actores armados, y en el caso deEl Charco por las fumigaciones indiscriminadas que han afectado proyectos de


• 83 •

seguridad alimentaria y productivos promovidos por la misma Acción Social y laAlcaldía local. En este sentido, la política de promoción de la confianza inversio-nista debería ser más democrática en el sentido de considerar de fondo las con-diciones de la población que retorna.

Los proyectos de estabilización económica siguen siendo de baja cober-tura y poco sostenibles. Para el caso de la población que ha retornado, seregistra una dramática desprotección del Estado a nivel de proyectos viables ycon cobertura a nivel de generación de ingresos o vinculación laboral, situaciónque amenaza seriamente la sustentabilidad de los proyectos.

El Estado debe abolir la expropiación arbitraria de los colonos que nopueden retornar. En cumplimiento de los Principios Pinheiro, el Estado colom-biano debe abolir lo contemplado en los Artículos 7 del Decreto 2007 de 2001y 130 de la Ley 1152 de 2007 que condicionan el reconocimiento de los dere-chos patrimoniales adquiridos por los colonos que son, dado que como se hamostrado el Estado mismo no está en condiciones de garantizar las condicionespara que los retornos sean sustentables.

El subregistro de los desplazamientos intraveredales e intraurbanos sig-nifica la desatención de los retornos respectivos. Si la población que sedesplaza a nivel intraveredal e intraurbano no es reconocida como tal por Ac-ción Social, los retornos por definición carecerán de la mera expectativa de seracompañados.

El Estado no ha garantizado los derechos sociales de los retornados. Enlos tres casos analizados, se percibe entre la población retornada la tendenciadel Estado a considerar que no tiene la obligación de llevar servicios sociales a lapoblación que retorna si esta no los tenía antes del desplazamiento.

3.8 En relación con la voluntariedad.

Revisar posibles retornos inducidos. En el caso del municipio de Turbo nose descarta la posibilidad que algunas de las personas que retornaron de zonasde influencia paramilitar como Córdoba, lo hayan hecho coaccionadas por di-chos grupos, por lo que debe prestarse especial atención a dichos casos.

Retornos como nuevos desplazamientos. Algunas de las personas que re-tornaron a Turbo provenientes de la Comuna 13 de Medellín lo hicieron comoun nuevo desplazamiento forzoso hacia el lugar de origen del desplazamientoinicial, al huir de los actores armados ilegales que controlan dicha Comuna. Eneste caso deben brindarse todas las garantías para el acceso a la atención huma-nitaria en emergencia, y alternativas de reasentamiento si el sitio del retorno noofrece condiciones minimas.


• 84 •

Es necesario una visión integral de la voluntariedad. En los tres casos nose conoció del ofrecimiento por parte del Estado de procesos de reasentamien-to en condiciones mínimas de goce de derechos, que le hubieran permitido a lapoblación escoger entre al menos dos opciones mínimamente dignas. Los retor-nos en todos los casos se hicieron presionados por la precariedad de la situaciónde recepción, donde el caso de los indígenas en Toribío se destaca como apartepor la concepción de arraigo a la tierra que los mueve.

3.9 En relación con la participación.

En el caso de las comunidades étnicas se deben aplicar los mecanismosde consultas previas y en todos los casos profundizar la participación.En El Charco la participación en el retorno no surtió el requisito de consultasprevias a las que tenían derecho por ser afrodescendientes. En todos los ca-sos, la participación de las comunidades en la evaluación de las condicionesde seguridad fue mínima, y la misma estuvo en cabeza de los organismos deseguridad estatales.

3.10 En relación con la no discriminación y con la reinte-gración.

No existe una política diferencial de retornos a nivel étnico. Tanto en elcaso de Toribío como de El Charco, no se observan ajustes diferenciales alprotocolo de retornos ajustados al contexto sociocultural respectivo.

Los repoblamientos de población que se legaliza como retornada puedegenerar tensiones y conflictos. Especialmente preocupante se presenta lasituación de Turbo en términos de la reintegración de los retornados dado que eltrasfondo del despojo de los predios de los desplazados, y la llegada de pobla-ción que se dice retornada pero que al parecer no lo es, puede derivar en con-flictos por la tenencia y propiedad de los predios abandonados, donde se perci-be, el Estado no tiene un liderazgo claro.

3.11 En relación con la sustentabilidad de los retornos:

De los tres retornos el que se evidencia como menos vulnerable es el caso deToribío, pero no por efecto de la intervención estatal, que en todos los casos sepresenta como insuficiente, sino por la fortaleza de la organización social indíge-na que resiste en el territorio al confinamiento y al conflicto armado, sin quedicha resistencia se traduzca necesariamente en un mejoramiento de las condi-ciones socioeconómicas y de seguridad de la población. Por otro lado, el retor-


• 85 •

no de El Charco se muestra extremadamente vulnerable tanto por la inseguridadcomo por la desatención del Estado y las fumigaciones indiscriminadas que afectanla seguridad alimentaria, la salud y las iniciativas productivas. Por último, el casode Turbo como retorno disperso, se presenta como especialmente crítico encuanto a las condiciones de dignidad, dadas las particulares dificultades para larestitución de los predios abandonados o usurpados.


• 86 •

4. Recomendaciones generalesde política pública

Desarticulación entre la normatividad específica de atención a la pobla-ción desplazada y la normatividad de Justicia y Paz: Según Uprymny ySafón (2008) esta desarticulación afecta los derechos de la población en situa-ción de desplazamiento, y dificulta especialmente la realización del derecho alretorno a pesar de que las autoridades estatales encargadas de coordinar suimplementación son muchas veces las mismas. La llamada Justicia Transicionalno menciona de forma explícita a la población desplazada como sujeto de aten-ción específica, no obstante hace una mención puntual a la misma en lo relacio-nado con la restitución de los bienes. Si bien el Código Penal tipifica el delito deldesplazamiento forzoso, el cual puede ser cometido por miembros de la fuerzapública, la Justicia Transicional no cubre los derechos de las víctimas de miem-bros de las anteriores, lo que plantea serios interrogantes para los derechos de lapoblación victima de las FFMM que decida retornar.

Progresiva regresión del marco normativo de atención a la poblacióndesplazada víctima de la violencia política y débil protección del derechoa la restitución: A pesar que la expedición de la Ley 387 de 1997 no conside-ró a los desplazados como víctimas de un delito a ser reparadas y les dio untratamiento similar al de las víctimas de catástrofes naturales, representó en elpapel un significativo avance para la protección efectiva de los derechos de lapoblación en situación de desplazamiento en general, y para el ejercicio del de-recho al retorno digno en particular. Sin embargo, dicho avance se ha intentadorevertir por medio de las sucesivas reglamentaciones de la misma, que con ex-cepción de parte del Decreto 2007 de 2001, se han constituido en esfuerzosrestrictivos del enfoque garantista de los derechos de la población desplazadade dicha Ley. En este contexto, las principales reglamentaciones y regresiones alos alcances de dicha Ley que vulneran especialmente el derecho al retorno, sehan producido durante las administraciones del Gobierno Uribe, mediante dosgrandes estructuras normativas estrechamente ligadas: por un lado el bloquenormativo regulatorio del Estatuto de Desarrollo Rural, y por el otro, la llamadaLey de Justicia y Paz. Ambas estructuras normativas antes que articularse yarmonizarse con el marco legal y normativo específico de garantía de los dere-chos de la población en situación de desplazamiento que se articula alrededor dela Ley 387 de 1997, menoscaban las posibilidades de retornos dignos, seguros


• 87 •

y voluntarios, al no garantizar la realización efectiva del derecho a la restitu-ción de los bienes y patrimonio de la población desplazada víctima de losgrupos armados legales e ilegales, y en especial víctima del paramilitarismo, y alprivilegiar en la norma las opciones indemnizatorias. Mediante ambos bloquesnormativos, las opciones del retorno a los predios usurpados y abandonados sereducen significativamente, privilegiando los reasentamientos urbanos o rurales,algunos de los cuales son clasificados por el gobierno como retornos cuando serealizan hacia la unidad político-administrativa expulsora así no se lleven a cabohacia los predios usurpados. Dentro de las opciones indemnizatorias el Gobier-no abiertamente ha priorizado los instrumentos tradicionales de reforma agrariamediante el subsidio para la adquisición de tierras en detrimento de la opción delcanje, que solo se aborda de forma subsidiaria al primero, lo que en la prácticasignifica una priorización por la adquisición de tierras nuevas por la vía del sub-sidio en detrimento de la recuperación, así sea para el Estado, de los prediosabandonados de la población desplazada. El marco normativo de protección yrestitución de bienes de la población desplazada no protege los bienes y prediosurbanos a pesar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se lo propo-ne, lo cual no ha sido desarrollado y afecta a los desplazados de las zonas urba-nas, lo que hace menos viable aun las opciones de retorno. La norma y losmarcos de política tampoco contemplan la protección de los bienes muebles nilas mejoras producidas por el esfuerzo campesino sobre sus predios, ni contem-pla trato diferencial hacia etnias y mujeres, y la ruta de protección individual estálimitada a propietarios excluyendo otras formas de tenencia14. Y tal vez lo máspreocupante, no se ha desarrollado un marco normativo diferencial para la res-titución efectiva de los predios usurpados u ocupados por terceros para el casode la población desplazada.

Lo anterior configura una suerte de desprotección del derecho a la restitución delas víctimas del delito del desplazamiento forzoso, por medio del cual los usur-padores logran consolidar y legalizar los nuevos órdenes territoriales generadospor el paramilitarismo en su accionar así como mantener y consolidar las estruc-turas de la propiedad de la tierra que lograron mediante el desplazamiento for-zoso de campesinos y pobladores urbanos.

Violación del Principio de Restitución de Tierras y Viviendas en el Artí-culo 7 del Decreto 2007 del 2001, y en el Artículo 130 de la Ley 1152 de2007 que independiza el respeto a los derechos patrimoniales de la po-blación desplazada al retorno. En la normatividad citada el retorno aparececomo un requisito o trámite que vulnera derechos, lo que es contrario al bloquede constitucionalidad que incorporó los Principios Pinheiro a la normatividadinterna. Y vulnera derechos patrimoniales porque dado el estado de cosas in-constitucional predominante en la política pública de atención a la poblacióndesplazada, incluyendo los retornos, las posibilidades del retorno en condicio-nes de respeto integral a sus derechos son muy reducidas. Desconoce tambiénlos derechos patrimoniales asociados a las mejoras privadas y comunitarias quelas personas y comunidades desplazadas construyeron con su esfuerzo. Aunque

14- Procuraduría General de la Nación, Pro-yecto Control Preventivo y Seguimiento a lasPolíticas Públicas en Materia de Reinsercióny Desmovilización, Capítulo 2, Seguimiento ala protección de las víctimas del conflicto enmateria de bienes patrimoniales. Descripción,Análisis y Seguimiento, Bogotá, ProcuraduríaGeneral de la Nación, 2006, pág. 238


• 88 •

la Ley 1152 contempla la posibilidad de dar continuidad al trámite de titulaciónde baldíos exige el retorno vinculado al “aprovechamiento del predio” podríainterpretarse como cumplido el requisito si se demuestra el “aprovechamientodel predio”, aunque no se habite en el predio donde se produce. A pesar quecon esa interpretación se pueden lograr mayores posibilidades de garantizar elderecho patrimonial de los desplazados, es en todo caso discriminatoria porquemantiene el sentido de “expropiación arbitraria y sin indemnización del patrimo-nio” de las personas que no regresan a habitar el predio abandonado. Incluso, la“recuperación” por parte del Estado de los llamados baldíos de la poblacióndesplazada que no puede retornar al ser presentado este último como un requi-sito, aumenta la marginalidad de la población desplazada y puede incluso gene-rar violencia, por la oposición que presenta tanto la familia perjudicada, como latensión que produce entre esta y los nuevos adjudicatarios. El requisito del re-torno para la adjudicación de baldíos es inconstitucional ya que viola el derechoa la restitución de los desplazados como víctimas, y el derecho fundamental aconservar la propiedad legítimamente adquirida.15 La recuperación del Estadode baldíos no hace diferencias entre la gran propiedad y los minifundistas, por loque la Ley en este aspecto es profundamente regresiva. La titulación de losbaldíos no concede un derecho sino que los formaliza, no obstante para losoperadores de la política dicha titulación parece como un favor que el Estadodispensa a unos campesinos sin tierra.

Priorización retórica del retorno y tratamiento indistinto con los reasen-tamientos: Si bien la priorización del retorno dentro de la política pública deestabilización socioeconómica de población desplazada es el común denomina-dor de las administraciones Samper, Pastrana y Uribe, también es común la faltaen la normatividad y en el marco de política tanto de atención a población des-plazada como de Justicia y Paz, de instrumentos prácticos, operativos y diferen-ciales para llevarlos a cabo de acuerdo con los estándares internacionales en lamateria, en especial para garantizar la opción preferente a la restitución comoforma de reparación patrimonial. Dicha falta de instrumentos se expresa tam-bién en el tratamiento indiferenciado entre los retornos y las “reubicaciones” y enel acento indemnizatorio de la política de reparación y atención a la poblacióndesplazada contenido en la normatividad de Justicia y Paz y del Estatuto Ruralse corresponde en la práctica con una política de reasentamientos. Dicha homo-geneización desconoce el hecho que los retornos comportan elementos especí-ficos en cuanto a la forma de proteger y reparar el patrimonio, la tierra y lavivienda, así como para garantizar la seguridad de los desplazados. Mientras enel retorno la restitución es una condición necesaria para la dignidad y seguridaddel mismo, en el reasentamiento la opción de la indemnización o el canje seconvierte en la principal opción para la reintegración así la restitución siga siendouna posibilidad válida para los reasentados. Con la Administración Uribe se creaun instrumento específico para los retornos conocido como el Protocolo de losRetornos que no tiene rango ni de Ley ni de Decreto, sino de instrucción admi-nistrativa y que también lo aborda de forma indistinta con los reasentamientos.Se recomienda precisar el Protocolo de Retornos con base en lo ordenado por


• 89 •

la Corte Constitucional, y diferenciando las rutas de actuación frente a las posi-bilidades que adquieren la movilidad espacial de los retornos.

En conclusión, mientras la política pública de atención a la población desplazadaque se implementa en torno a la Ley 387 de 1997, sus desarrollos legales yjurisprudenciales ha priorizado durante todos los gobierno el retorno por sobreel reasentamiento o la integración definitiva en el lugar de asentamiento temporal,la política de Justicia y Paz y el Estatuto de Desarrollo Rural han priorizado laindemnización por sobre la restitución patrimonial de las víctimas invisibilizandoademás las especificidades de la población desplazada en materia de reparacióny reducido el alcance de los derechos a la verdad y la justicia para los desplaza-dos, con lo cual se ha generado una triple vulneración: al priorizar el retorno porsobre las opciones de reasentamiento o integración se vulnera el principio devoluntariedad, y al priorizar la indemnización por sobre la restitución se vulnerael principio de dignidad, y al reducir el alcance de la verdad y la justicia para lapoblación desplazada se vulnera el principio de seguridad ante la ausencia degarantías de no repetición. Lo anterior muestra como existe una desarticulaciónentre la política de justicia y paz, la de desarrollo rural y la de atención a lapoblación desplazada que afecta en últimas la realización integral de los dere-chos de los desplazados, principalmente por la desarticulación que existe en lapolítica entre el bajo perfil que tiene la restitución para la misma con la importan-cia estratégica de esta para lograr la sustentabilidad de la población desplazadaa nivel de vivienda, trabajo, seguridad alimentaria, participación, entre otras.


• 90 •

Bibliografía

Fuentes oficiales

· Acción Social. “Protocolo para el acompañamiento a los procesos de re-torno o reubicación de población desplazada”. Segunda Versión, Bogotá, 2006.

· Alcaldía de Toribío. “Plan Integral Único Municipal de Atención Inte-gral a la Población Desplazada por la Violencia”, Toribío, 2008.

· Alto Comisionado para la Paz. “Proyectos Productivos para la Paz:Informe final de gestión”, Bogotá, 2007.

· Contraloría General de la Nación. “Informe Especial: Protección debienes patrimoniales de la población desplazada”. Bogotá, 2008.

· Corte Constitucional, Sentencias SU-1150 de 2000 y T-025 de 2004.

· Corte Constitucional. Autos de seguimiento a T-025, Bogotá.

· Defensoría del Pueblo. “Informe Defensorial sobre el DesplazamientoForzado por la Violencia en Colombia”, Bogotá, 2001.

· Defensoría del Pueblo. “Informe de Riesgo No. 10 de 2007. Sistema deAlertas Tempranas”. Bogotá, 2007.

· Defensoría del Pueblo. XIV Informe del Defensor del Pueblo al Congre-so, Bogotá, 2008.

· Ministerio de Defensa. “Informe Anual de DDHH y DIH”. Bogotá,CO, 2001.

· Presidencia de la República, “Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 ElSalto Social”, pp. 58 y 59, Bogotá, 1994.


• 91 •

· Presidencia de la República, “Estado Comunitario: desarrollo para to-dos”, pp. 66, Bogotá, 2006.

· Procuraduría General de la Nación, Proyecto Control Preventivo y Se-guimiento a las Políticas Públicas en Materia de Reinserción y Desmovilización,Capítulo 2, Seguimiento a la protección de las víctimas del conflicto en materiade bienes patrimoniales. Descripción, Análisis y Seguimiento, Bogotá, Procura-duría General de la Nación, 2006.

· Procuraduría General de la Nación. Oficio enviado a la Corte Constitu-cional. Bogotá, mayo 8 de 2007.

· Vicepresidencia de la República. Observatorio del Programa presidencialde derechos humanos y DIH. “Dinámica reciente de la confrontación armada enel Urabá Antioqueño”. Bogotá, septiembre de 2006.

· Vicepresidencia de la República. “Dinámica espacial de las muertes vio-lentas en Colombia 1990-2005”. Bogotá, 2006.

· Vicepresidencia de la República. Diagnóstico Departamental de Antio-quia, Bogotá, 2007.

· Vicepresidencia de la República. “Diagnóstico Departamental del Cau-ca.”, Bogotá, 2007.

· Vicepresidencia de la República. “Diagnóstico Departamental de Nari-ño.”, Bogotá, 2007.

· Vicepresidencia de la República. “Impacto de la Política de SeguridadDemocrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los derechos hu-manos”, Bogotá, 2008

Fuentes no oficiales nacionales

· Andrade, Luis E. “Tierra y desplazamiento en Colombia: crisis huma-nitaria por el control del territorio”. Organización Nacional Indígena de Co-lombia, ONIC, 2005.

· CINEP. Archivos de Noche y Niebla.

· Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).“Desplazados en Soacha: Huellas de nunca borrar”. Bogotá, 1999.

· CODHES. “Un país que huye.” Bogotá, 1999.


• 92 •

· CODHES. Boletines de 1999 a 2008.

· Comisión Colombiana de Juristas. “REVERTIR EL DESTIERRO FOR-ZADO: PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS TERRITORIOS USUR-PADOS”. Bogotá, 2006.

· Comisión Colombiana de Juristas. “Colombia: el espejismo de la Justiciay la Paz. Balance sobre la aplicación de la Ley 975 de 2005”, Bogotá, 2007.

· Comisión Colombiana de Juristas. “Boletín No. 26: Aprobada Ley quelegaliza la usurpación armada de tierras”, Bogotá, 2008.

· Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el desplazamientoforzado. Informes I al XI “Proceso nacional de verificación de los derechosde la población desplazada”. Bogotá, 2008 y 2009.

· Comunidad de Paz de San José de Apartadó. “Cronología de agresionescontra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y población de la zona,con posterioridad al 7 de agosto de 2002”.

· López Claudia y Sevillano Óscar. “Balance político de la parapolíticaObservatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris”, 2008.

· Corporación Nuevo Arco Iris. “Los caminos de la alianza entre paramili-tares y políticos”, Bogotá, 2007.

· Corporación Nuevo Arco Iris. “Revista Arcanos No 13”, Bogotá, 2007.· Etnia y Política. “La guerra, el acceso a los recursos naturales y laorganización campesina”. Bogotá, 2005.

· Forero, Edgar. “El desplazamiento interno forzado en Colombia”.Fundación Ideas para la Paz y otros, Bogotá, 2003.

· Fundación Seguridad y Democracia. “Conflicto y minas anti persona enColombia”. Bogotá, 2006.

· Fundación Seguridad y Democracia. “BOLETÍN ESPECIAL DE ATA-QUES DE LOS GRUPOS IRREGULARES Y LOS NARCOTRAFICAN-TES A LA FUERZA PÚBLICA”, Bogotá, 2005. “Evolución reciente del con-flicto armado. Análisis de la coyuntura Julio-septiembre de 2006”, En Coyuntu-ra de Seguridad, 2006.

· Fundación Seguridad y Democracia. “Evolución reciente del conflicto ar-mado. Análisis de la coyuntura Enero-Marzo de 2007”, En Coyuntura de Segu-ridad, 2007.


• 93 •

· Fundación Seguridad y Democracia. “Conflicto y minas anti persona enColombia”, En Coyuntura de Seguridad, 2007.

· Fundación Seguridad y Democracia. “El rearme paramilitar”, InformeEspecial. 2007

· Gaviria, Carlos Felipe, y Muñoz, Juan Carlos. “Desplazamiento forzado ypropiedad de la tierra en Antioquia 1996-2004”, En Revista Lecturas de Eco-nomía 66 de la Universidad de Antioquia, Medellín, 2007.

· Ibáñez, Ana María y Querubín, Pablo. “Acceso a tierras y desplaza-miento forzado en Colombia”. Uniandes-CEDE, Bogotá, 2004.

· Ibáñez, Ana María. CEDE; “Hacia una política proactiva para la pobla-ción desplazada”, de 2005.

· Ibáñez, Ana María. “Estabilización económica de población despla-zada”. Fundación Ideas para la Paz. Bogotá, 2006.

· Ibáñez, Ana María y Velásquez, Andrea. “El proceso de identificaciónde víctimas de los conflictos civiles: una evaluación para la población des-plazada en Colombia”, Uniandes-CEDE, Bogotá, 2006.

· Ibáñez, Ana María. DNP; “La población desplazada en Colombia:Examen de sus condiciones socioeconómicas y análisis de las políticas ac-tuales”, del 2007.

· Ibáñez, Ana María. “La política pública para atender a la poblacióndesplazada: ¿Cuáles deben ser las funciones de las autoridades locales?”de Diciembre de 2008, realizado por The Brookings – Bern Project.

· Ibáñez, Ana María. CEDE “El desplazamiento forzoso en Colombia: uncamino sin regreso a la pobreza” auspiciado por Uniandes publicado en el 2008en su capítulo “El retorno: una alternativa en los procesos de posconflicto”.

· ILSA. “Desplazamiento y retorno: Un balance de la política pública”,Bogotá, 2006.

· Mencoldes, “EL DERECHO A UN RETORNO CON GARANTÍAS:Análisis y evaluación de la política pública”, Bogotá, 2003.

· Mesa Mujer y Conflicto Armado. “Informe sobre violencia sociopolíti-ca contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia: 2002-2006”. Bogotá, 2006.

· Mesa Nacional de Incidencia. “Por el derecho a la verdad, la justicia y lareparación con perspectiva de género”. Iniciativas de Mujeres Colombianas porla Paz”, Bogotá, 2005.

· Mondragón, Héctor. “El estatuto rural: la legalización del despojo”, 2007.www.viva.org.co


• 94 •

· Ortiz, Diana Patricia. “Movimiento Migratorio en el Marco del Conflicto.Desplazamiento Forzado Interno hacia Pereira”. Universidad Tecnológica dePereira, Pereira, 2006.

· Ramírez, Ana Carolina. “Desplazamiento Interno Forzoso en Colombia:Producción Académica y Política Pública”. Universidad Nacional de Colombia,Bogotá, 2003.

Medios de comunicación.

· El País, Revista Cambio, Revista Semana, El Tiempo.

Organismos multilaterales y/o de cooperación internacional.

· En ACNUR. “Estado actual de los procesos de reubicación de poblacióndesplazada en predios adjudicados en el Departamento Antioquia por el Inco-der en el periodo 2004–2007”, Medellín, 2007.

· ACNUR. Balances de la Política de Atención al Desplazamiento In-terno Forzado en Colombia realizados, Periodos 1999-2002, 2002-2004,2004-2007. Bogotá.

· CICR. “Informe anual Colombia 2007”, Bogotá, 2008.

· COHRE. “Comentarios de los Principios de Naciones Unidas sobre laRestitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las PersonasDesplazadas”. 2005.

· Consejería de Proyectos. “El regreso a casa - El retorno de desplazadosinternos a la zona de guerra en el Catatumbo”, Bogotá, 2003.

· IRC. “Proyecto de educación en emergencias. Informe desplazamientomasivo - municipio de El Charco marzo de 2007 a corte de octubre de 2.008”.Pasto, 2008.

· International Crisis Group. “LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS DECOLOMBIA.” Informe sobre América Latina No. 20 – 10 de mayo de 2007.

· Lerma, Carlos Alberto. “El derecho a la educación en Colombia”.FLAPE, Bogotá, 2007.

· Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación racial,Recomendación general Nº XXIII relativa a los derechos de los pueblos indíge-nas, 51º período de sesiones, doc. A/52/18, anexo V, 1997, párr. 5.


• 95 •

· Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación racial,Recomendación General N°. XXII relativa al artículo 5 de la Convención y a losrefugiados y las personas desplazadas, párr. 2. c., 49º período de sesiones, doc.A/51/18, 1996, párr. 2.c.

· Naciones Unidas. Principios Rectores de los Desplazamientos Internos,1998.

· Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el derecho de lasvíctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos ydel derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener repara-ciones, 2005.

· Naciones Unidas. Principios sobre la Restitución de viviendas y de patrimo-nio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos. (Pinheiro)

· MAPP-OEA. “SÉPTIMO INFORME TRIMESTRAL DEL SECRE-TARIO GENERAL AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LA MISIÓNDE APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA”. CP/doc.4148/06

· OCHA. “Informe de Situación Humanitaria Mayo-Junio de 2007”, Salade Situación Humanitaria, 2007.

· OCHA. Infogramas Antioquia, 2007 y 2008.

· OCHA. “Sala de situación humanitaria. Infograma del Cauca: Octubre de2007”, Bogotá, 2007.

· OCHA. “Humanitarian_Situation_Analysis_Sheets_Narino_2004_-_2007_-_14_april_2007”, 2008.

· Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos. “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los De-rechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, 2008.

· UTEC ACNUR-ACCIÓN SOCIAL. “Factores de éxito y retos en losprocesos de retorno de la población desplazada.” Econometría, Bogotá, 2008.


• 96 •

Sur Oriente? - Codhescodhes/images/biblioteca/DocCODHES14-Sur... · 2014-09-20 · miento de medios...

Documents

Transcript of Sur Oriente? - Codhescodhes/images/biblioteca/DocCODHES14-Sur... · 2014-09-20 · miento de medios...