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CLAUDIO SPIGUEL

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA)

Dirección electrónica: cspiguel@huapi.net

ALCANCES Y LÍMITES DEL IMPULSO NACIONALIZADOR DEL

PRIMER PERONISMO (1946-1949):

LA INDUSTRIA Y EL PAPEL DEL CAPITAL EXTRANJERO

Este artículo busca puntualizar y discutir los alcances y límites del impulso

nacionalizador del primer gobierno peronista, de 1946 a 1949, plasmado jurídicamente en

la Reforma constitucional de ese año. En el marco de específicas condiciones

internacionales, se aborda también la relación entre la ideología y la puesta en práctica de

aquel proyecto económico, sus variaciones en el tiempo y las características de la burguesía

industrial argentina de la época.

El nacionalismo económico del proyecto peronista

Desde sus inicios, la propia conformación del peronismo como movimiento político, así

como el triunfo político y electoral de Perón, estuvieron marcados por el conflicto con los

Estados Unidos. La campaña del embajador Braden contra el gobierno militar surgido en

1943, y en particular contra Perón, campaña con la cual confluyó el accionar de toda la

oposición –tanto la políticamente democrática como la oligárquica y conservadora– resultó

en una clara intromisión de la potencia del Norte en la vida política nacional. En esas

condiciones los sucesos de la movilización popular del 17 de octubre de 1945 y el singular

respaldo obrero y popular logrado por el líder argentino plasmaron no sólo un movimiento

de reivindicación de reformas sociales, de democratización política y de afirmación de la

voluntad popular. También reflejaron una reacción antiimperialista de masas, que Perón

capitalizó y que marcó profundamente el origen de su movimiento. Una reacción que más

allá del repudio a la intromisión extranjera en los asuntos internos, brotaba del balance que

gran parte de la sociedad había extraído de los años 30. Una década en la que la

restauración conservadora en los marcos de la crisis mundial había otorgado una gran

visibilidad a las relaciones de subordinación económica y política de la Argentina al capital

y mercados extranjeros, en particular al Imperio británico.

2

Por otra parte, las políticas económica y exterior de los primeros gobiernos peronistas se

postularon explícitamente como dirigidas a afirmar la independencia económica del país

(una de las “tres banderas” del peronismo), en contraste con un pasado caracterizado por las

relaciones de dependencia respecto de las grandes potencias.

Así, junto al componente de reformas sociales, en particular en beneficio de los

asalariados, la consiguiente expansión del mercado interno y el impulso deliberado a la

industrialización sustitutiva de importaciones, es decir el reformismo social y el

industrialismo que sin duda caracterizaron al proyecto peronista y que aparecen

frecuentemente como rasgos fundamentales del mismo en los estudios sobre el período,

debe también tomarse en cuenta el nacionalismo económico, presente tanto en su doctrina

como, en diverso grado y medida, en sus políticas económica y exterior. Este componente

no siempre aparece incorporado al análisis del peronismo clásico (1946/55) en la mayor

parte de la producción histórica, en particular en la historiografía económica, salvo en su

dimensión ideológica o discursiva. Este componente de nacionalismo económico es el que

nos proponemos analizar en estas páginas.1

Como es sabido, el proyecto económico del primer gobierno peronista buscaba afirmar

la protección y expansión de la industria existente hasta convertirla en el sector hegemónico

en la economía argentina, con el protagonismo del capital industrial nacional y el Estado,

compatibilizando este objetivo con las conquistas obtenidas por los asalariados y el

conjunto de reformas sociales a través de la expansión del mercado interno. El crecimiento

de la industria había seguido el camino de la sustitución de importaciones como

consecuencia primero de los efectos de la crisis mundial del 29 sobre la economía

argentina, efectos luego potenciados por las condiciones, muy contradictorias, creadas por

la Segunda Guerra Mundial (escasez de maquinarias e insumos y a la vez una amplificación

de la protección espontánea para la producción local). Se habían multiplicado los

establecimientos industriales y la población asalariada. Si en los primeros pasos

determinantes de ese crecimiento industrial jugaron un papel central los sectores

monopolistas de capital extranjero y grupos de grandes capitalistas locales asociados al

mismo, lo cierto es que al finalizar la Segunda Guerra existía en la Argentina una amplia

1 Este trabajo forma parte de las actividades del proyecto UBACyT (2011-2014) 01/W644 “Los grupos de

poder económico y la cuestión de la dependencia en la Argentina. Proceso histórico y enfoques teóricos”,

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

3

capa de burguesía media vinculada a las actividades industriales que reclamaba protección

y fomento por parte del Estado.2 Es preciso tomar en cuenta además que en sus inicios el

gobierno peronista pudo contar con ciertas condiciones económicas y políticas favorables,

aunque con claroscuros, para el despliegue de esos objetivos: Acreencias argentinas de

divisas, debido al dislocamiento del comercio internacional en tiempos de guerra; una fugaz

coyuntura de tres años, en la inmediata posguerra, de buenos precios y demanda para los

productos exportables argentinos, fruto de la destrucción de Europa y sus acrecentadas

necesidades. Desde una perspectiva más abarcadora jugó su papel, favoreciendo los

márgenes de maniobra gubernamentales, el debilitamiento económico y político de los

vínculos de carácter dependiente con Gran Bretaña y las otras potencias de Europa,

vínculos que habían sido hegemónicos en la economía y el poder en la historia anterior de

la Argentina hasta ese momento.

En contraste, se deben tomar en cuenta también los aspectos desfavorables de las

condiciones de la inmediata posguerra. El parque industrial argentino se encontraba

descapitalizado, requiriendo imperiosamente bienes de capital que no se fabricaban en el

país. Esto constituía un “cuello de botella” del proceso industrial fruto de la ausencia de una

industria pesada y expresión del carácter dependiente de la Argentina en vías de

industrialización. Por otro lado, el gran peso de EE.UU., nueva potencia hegemónica

mundial, enfrentada al ascenso del peronismo. El país del Norte era el proveedor potencial

de esos bienes, escasos y caros, sobre los que pesaban en la posguerra cuotas de

exportación y restricciones. Esto relativizaba, analizando los términos del intercambio, los

buenos precios que obtenía Argentina por sus exportaciones primarias en esos primeros

años. A esto se agregaba la “escasez” de dólares, problema mundial y con incidencia

particular en la Argentina, por cuyas exportaciones recibía divisas europeas inconvertibles,

excepto el breve lapso de vigencia de la convertibilidad de la esterlina que se cerró a

mediados de 1947. Por su parte, EE.UU. no compraba la producción argentina, se

autoabastecía y más tarde pasó a competir activamente con ella en el mercado mundial de

granos. Además, buena parte de las acreencias argentinas, fruto de la venta a crédito de

carne a Gran Bretaña durante toda la guerra, no eran de libre disponibilidad: se encontraban

2 Ciafardini, Horacio. “La Argentina en el mercado mundial contemporáneo”, en Crisis, inflación y

desindustrialización en la Argentina dependiente, Ed. Ágora, Buenos Aires, 1990, p.43-44.

4

“bloqueadas” en Londres, hecho que, como es sabido, condicionó todas las negociaciones

bilaterales de esos primeros años, incluyendo la nacionalización de los ferrocarriles

británicos.

Los Instrumentos de la política económica

Para llevar adelante sus objetivos, el gobierno peronista heredó los instrumentos del

intervencionismo de Estado conservador de los años 30 (control de cambios, aranceles

aduaneros, Juntas Reguladoras de la producción, estructura de tratados bilaterales de

comercio), instrumentos que modificó y utilizó en función de los nuevos objetivos

nacionalistas-industrialistas de su proyecto, implementando a su vez otros nuevos. Se

sostuvo también en medidas adoptadas durante el régimen militar: reforma de las relaciones

laborales, congelamiento de los arrendamientos rurales, creación del Banco de Crédito

Industrial. Ya en marzo de 1946, la nacionalización del Banco Central, antes organismo

mixto con participación de capitales financieros externos, brindó al gobierno el control

estatal de todos los depósitos bancarios y restringió las operatorias tradicionales del capital

financiero extranjero. También permitió orientar decisivamente el crédito y la fijación de

tasas de interés favorable o de subsidio a la actividad industrial.

Por otra parte, junto con la repatriación de la deuda pública y los controles financieros y

de las divisas, el nuevo gobierno proclamó la necesidad de evitar la toma de préstamos y el

endeudamiento público externo.

Estos instrumentos fueron ampliados con una política de nacionalizaciones de servicios

públicos y con el despliegue de una importante e inédita actividad empresaria del Estado

como inversor en emprendimientos básicos.

El IAPI, la política agropecuaria y el comercio exterior

Con respecto a la actividad del Estado jugó un papel importante la operatoria del

Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que afectó sobre todo a las empresas

trasnacionales exportadoras de cereales. Por medio de esa institución estatal se produjo una

nacionalización parcial del comercio exterior, que fue una de las reformas más

significativas de la política económica del primer peronismo. De modo similar a

organismos estatales de compra de productos alimenticios que habían desarrollado los

5

principales países beligerantes y que constituyeron verdaderos cárteles que eliminaron la

competencia entre los compradores y regularon los precios del mercado, la Argentina creó

su propio organismo estatal.3 Este virtual monopolio estatal de venta de las exportaciones

primarias del país, que constituían la principal fuente de divisas con las que se financiaba

el proceso de industrialización, absorbió las funciones de las Juntas Reguladoras de Granos

y encaró la comercialización externa de las cosechas argentinas.4

El IAPI, se instituyó en principio como un área perteneciente al Banco Central,

manejada directamente por Miguel Miranda, (hasta el ´47 presidente del Banco Central,

luego poderoso superministro, presidente del Consejo Económico Nacional). El organismo

pasó a ser el único comprador interno de los cereales y oleaginosas a los precios de

adquisición fijados por el Estado. Destinaba en primer lugar una parte para el consumo

interno, lo que contribuía a impedir la elevación de los precios de los alimentos (una

política de precios relativos favorables a la industria) y luego procedía a la colocación de

los saldos exportables.

En este último sentido, fue un poderoso instrumento de la política comercial externa del

gobierno peronista, puesto que negociaba directamente con los representantes de las

entidades estatales de los países compradores, en el marco de la política de tratados

comerciales bilaterales. Esa estructura de tratados se desplegó en los marcos del agudo

desequilibrio del mercado capitalista mundial. Aunque surgía en contradicción con los

postulados del retorno al multilateralismo y al comercio libre por “canales privados” que,

en forma teórica, preconizaban los EE.UU., que buscaban constituirse en el centro

hegemónico mundial de una anunciada nueva era “global” de la posguerra, proyecto que

rápidamente mostró sus límites.

Al mismo tiempo, en el mercado nacional el IAPI centralizó la compra a precio fijo de

los productos agrícolas a los productores. Aún cuando ciertas cantidades de cereales se

comerciaban por canales privados, lo fundamental se canalizaba a través del IAPI: las

empresas exportadoras lo adquirían al IAPI al precio fijado y lo embarcaban.

3 Por otra parte otros proveedores mundiales de alimentos también los implementaron, como Canadá,

Australia y los EEUU. 4 Sobre el IAPI, ver Novick, Susana, IAPI, auge y decadencia, CEAL, Buenos Aires, 1986.; Rapoport, M.

Historia Económica, Política y Social de la Argentina. Ariel, Bs. As., 2005, págs. 354-357.

6

Así mismo las oleaginosas eran comercializadas externamente en forma directa por el

IAPI. Este compraba la materia prima y la destinaban al sector industrial para su

procesamiento, para luego colocar el aceite en el mercado internacional.

En un principio, las exportaciones de carnes, cueros, grasas y sebos, fueron realizadas

parcialmente por el Instituto, aunque tempranamente cesó su operatoria. Desde 1948/9 las

exportaciones cárnicas pasaron a ser canalizadas directamente por los grandes frigoríficos

norteamericanos y británicos. Esta retirada gubernamental configuraba una concesión al

capital monopolista extranjero predominante en los frigoríficos. Estos constituían un

eslabón clave de las relaciones tradicionales con Gran Bretaña, potencia que mantenía su

gravitación como fundamental mercado comprador de carnes. Detrás de las concesiones a

los frigoríficos se jugaron repetidas veces presiones conjuntas de británicos y

norteamericanos (propietarios estos últimos de las firmas hegemónicas de la industria

frigorífica e interesados en este rubro en particular en respaldar a Londres en las

negociaciones comerciales con la Argentina). En el marco de las negociaciones del

gobierno argentino con Estados Unidos, el embajador Messersmith buscó y obtuvo el

compromiso de Perón de no nacionalización de los frigoríficos, tópico sobre el que existían

reclamos del movimiento obrero y dentro del propio peronismo. En suma, con la

desvinculación del IAPI de las exportaciones cárneas se manifestaba uno de los límites al

nacionalismo económico del gobierno.5

Internamente la operatoria del IAPI, al constituirse en único comprador, produjo un

debilitamiento pronunciado de los lazos que ataban al productor a la gruesa cadena de

comercializadores e intermediarios, que tradicionalmente canalizaban la producción, y que

culminaba en las grandes casas oligopólicas comercializadoras de cereales, en las que

dominaba el capital extranjero.

Al mismo tiempo, al retribuir al productor con dinero argentino calculado al valor

oficial, el atraso cambiario notorio de los comienzos del gobierno justicialista y las

diferencias logradas en las negociaciones internacionales en aquella coyuntura inicial de

buenos precios y demanda, permitían al Estado obtener recursos, una porción de super-

ganancias extraordinarias que respaldaban su proyecto económico de expansión de la

5 Ver para las negociaciones argentino-norteamericanas Rapoport, M. y Spiguel, C. Relaciones Tumultuosas,

Los Estados Unidos y el primer peronismo. Emecé, Buenos Aires, 2009, pág. 221.

7

industria y de las actividades urbanas. Así, además de reducir la cadena de intermediación,

afectaba los ingresos monopólicos que anteriormente detentaban los grandes oligopolios

internacionales (Bunge, Dreyfuss, De Ridder, La Plata Cereal) y sus subsidiarios locales.

En este aspecto, con el rol del IAPI, se plasma el impulso nacionalizador del primer

peronismo, en términos de restricción de las ganancias del gran capital extranjero o

intermediario local vinculado a la agroexportación.

Por otro lado, al fijar un precio más bajo que el internacional en el mercado local

afectaba en principio (también) al conjunto de proveedores; sin embargo, en el caso de los

últimos eslabones de la cadena, los agricultores arrendatarios se veían compensados tanto

por la reducción de las cadenas de intermediación que previamente les habían impuesto su

poder de monopolio como por los otros aspectos de la política agraria peronista, en

particular el congelamiento de los arriendos rurales y luego la nueva ley de arrendamientos

y aparcerías del año 1948, que restringió la renta del suelo.

Así, aunque en un principio los diversos sectores del agro expresaron su descontento con

respecto a la política de precios y el IAPI, posteriormente las organizaciones gremiales

representativas de los chacareros y arrendatarios dejan de manifestar su oposición a la

política del gobierno en conjunto con la Sociedad Rural, como lo registran los documentos

diplomáticos norteamericanos. Por otra parte, a partir de la crisis económica del 49, el rol

del IAPI se invertirá en cuanto a la política de precios, pasando a subsidiar al agro.6

Las medidas reformistas de la política agraria del peronismo, legitimadas por Perón con

la formulación de que la tierra debía ser “un bien de producción y no de renta”, implicó una

estabilización del arrendatario en su unidad de explotación y una reducción de la renta

terrateniente, al amparo de la relativa inflación que acompañó el proceso de crecimiento

industrial de la época. Ello contribuyó, en parte, a un proceso de parcial y relativa

desconcentración de la propiedad, con la propietarización de un sector de los arrendatarios.

Sin embargo, en el largo plazo, junto con la evaporación de planteos iniciales surgidos

dentro del peronismo a favor de una reforma agraria efectiva que eliminara el monopolio de

la tierra tradicional en el país, las medidas que limitaron las condiciones de percepción de la

renta del suelo redundaron en una contracción de la oferta de tierras y una reacción de

6 Ciafardini, Horacio. “La Argentina en el mercado mundial contemporáneo”. Op. cit., pp. 49-50

8

desinversión por parte de grandes propietarios terratenientes y compañías que, aún

debilitados, seguían detentando dicho monopolio y eran claramente opositores al gobierno.

Este fenómeno se visualizó a fondo con la crisis de 1951-52, cuando las sequías

operaron catalizando las tendencias antedichas, que por otra parte se inscribían en un

horizonte ya presente de estancamiento agropecuario pampeano desde los años ´30. La

impotencia de las reformas peronistas con respecto a las condiciones de producción en el

agro, para liberar sus fuerzas productivas en beneficio tanto del mercado interno como de

las exportaciones, sumada a la insuficiencia de la industria pesada para generar un

desarrollo más autosostenido, estuvo en la base del problema de las “divisas” que

condicionaron la emergencia de la crisis económica, (con la imposibilidad además de los

valores acumulados en la industria para transformarse en medios de pago internacionales)

En síntesis, uno de los instrumentos que manifiestan los alcances y, a la larga, también

los límites del nacionalismo reformista del primer peronismo fue el accionar del IAPI. Este

fue objeto de una cerrada oposición de las grandes casas comercializadoras de cereales

radicadas en el país y, en el exterior, por parte de los círculos del capital financiero, la

prensa y los ámbitos gubernamentales de los Estados Unidos y de países europeos. A

contramano de cómo operaban organismos similares en los países centrales o en otros

países proveedores, la crítica de la diplomacia norteamericana y británica pretendía

legitimarse en términos ideológicos en el principio teórico de que el comercio debía ser

desarrollado a través de “canales privados” exclusivamente. En realidad, se defendían los

intereses de las grandes compañías cerealeras trasnacionales, restringidas en su operatoria

por el IAPI y se cuestionaba la activa política de defensa de los precios de venta que el

Estado argentino en esos años desarrolló bajo la gestión de Miranda. Esta política, como ha

demostrado J. Fodor, buscaba en realidad contrarrestar el pronunciado deterioro de los

términos del intercambio que afectaba al sector externo argentino con referencia a los

precios de bienes de equipo y materias primas escasas que la industria argentina requería

agudamente para su expansión.7

7 La política de precios de Miranda era, desde ya, criticada cerradamente por el establishment y el gobierno

británico pero también fue uno de los elementos críticos en las negociaciones argentino-norteamericanas,

en tanto y en cuanto una de las prioridades de EE.UU. era garantizar el abastecimiento barato a la Europa

capitalista y en particular a su principal aliado, el Reino Unido, en pos de la reconstrucción de la posguerra y de las prioridades estratégicas de la “contención del comunismo”. Ver Fodor, J., “Perón´s

policies for agricultural exports, 1946-1948: dogmatism or common sense?” en Rock, David (ed.).

9

Las Nacionalizaciones y el “estado empresario”: las consecuencias de su

expansión

Otro aspecto significativo lo constituyó la política de nacionalizaciones de servicios

públicos, que marcaron el “fin de la hegemonía británica” sobre la economía argentina.8

El repliegue del capital británico dio lugar a la decisiva nacionalización de los

ferrocarriles: fue un proceso de negociaciones muy condicionadas por el importante rol

comprador del mercado británico para las exportaciones argentinas y la existencia de las

libras argentinas “bloqueadas” en Londres, fruto de las exportaciones de carne a crédito

hechas durante la guerra. También jugó su papel en esos condicionamientos la política de

Estados Unidos. Aunque los intereses norteamericanos procuraban desplazar al capital

británico en el Río de la Plata, Washington buscaba que ello se produjera preservando a su

socio principal en Europa.

Así, fruto de esos condicionamientos y de la propia línea reformista del gobierno, resultó

un proceso de nacionalización negociado, con concesiones a los accionistas británicos en

términos de precio, hechas por la Argentina para asegurar la afluencia de libras convertibles

en el comercio bilateral (esto durante el breve período de vigencia de convertibilidad de la

libra). Al mismo tiempo, la Argentina descartó la inicial propuesta de una compañía mixta

que preservaría las posiciones británicas a costa de una inyección de capital por parte del

Estado argentina. A la vez, la medida ponía en manos del Estado argentino enormes

activos, que incluían otros medios de transporte e instalaciones portuarias, que podían

convertirse en una palanca fundamental para el desarrollo económico nacional. Por otra

parte, otras nacionalizaciones afianzaron el curso “estatista”.

En gran parte como resultado de ese proceso, a fines de 1949 el stock de capital

extranjero establecido en la Argentina apenas alcanzaba los 1.255 millones de dólares –un

Argentina in the Twentieth Century, University of Pittsburgh Press, Pisttsburgh, 1975; Fodor, J.

“Argentina´s Nationalism: myth or reality”. En Di Tella, G. y Dornbusch, R. The political economy of

Argentina, 1946-198. Macmillan, Londres, 1989. 8 Ver Skupch, Pedro, “El deterioro y fin de la hegemonía británica sobre la economía argentina 1914-1947”

en Panaia, M.; Lesser, R. y Skupch, P.; Estudios sobre los orígenes del peronismo /2, Siglo XXI, Buenos

Aires, 1975; y del mismo autor “La crisis externa británica de 1947, el Plan Marshall y la Argentina, XXI

Jornadas de Historia Económica, Caseros (Buenos Aires), 2008.

10

5,4% del capital fijo total del país, menos de la mitad del nivel de 1945 (15, 4%)–. Se trata

de estimaciones que solo toman en cuenta la inversión directa, no encubierta a través de

asociaciones o prestanombres, pero de todas formas da cuenta de un proceso significativo.

Esta importante reducción de la presencia directa del capital extranjero instalado en el

país había comenzado a producirse desde la guerra pero avanzó en estos primeros años del

gobierno peronista, en un período de expansión de la inversión y de la producción, en

particular industrial. Era la resultante no sólo del proceso, abierto con la guerra, de

repliegue del capital europeo, predominante en el país hasta entonces, sino también del

impulso nacionalizador del nuevo gobierno. La reducción afectó principalmente al capital

británico: el mismo contaba en 1945 con el 53,3% del total de capital extranjero instalado y

vio reducida su participación al 20%. La participación norteamericana también disminuyó

en volumen aunque, en términos relativos al total del capital extranjero remanente, pasó

por primera vez en la historia del país, a ser predominante.

En este aspecto, la reforma constitucional del año 1949 consagraba en el plano jurídico

un proceso operado a lo largo de la década que se intensificó durante el primer gobierno

peronista, con su impulso reformador. El artículo 40 de la nueva constitución reformada,

además de facultar al Estado a intervenir en la economía y a monopolizar actividades

económicas en función del interés general, postulaba la propiedad imprescriptible e

inalienable de la Nación sobre todas las fuentes naturales de energía y la propiedad y

explotación estatal de los servicios públicos.

Fue un proceso que implicó un importante grado de nacionalización del aparato

productivo, en contraste con los grados previos de control extranjero en el pasado argentino

y también con la realidad de otros países dependientes.

La inversión extranjera

Por otra parte, respecto de la llegada de nuevas inversiones extranjeras, la política

implementada por el gobierno no promovió, hasta el estallido de la crisis de 1951-52, la

radicación de empresas foráneas. En particular, a partir de 1947, desde el retorno a la

inconvertibilidad mundial de la libra esterlina y la agudización para la Argentina del

problema de la “escasez de dólares”, se impusieron límites a la remisión de utilidades de las

empresas extranjeras radicadas en el país (un 5% de ganancias anuales sobre el capital

11

declarado). Esas restricciones, sumadas a las normas que regulaban el régimen de

repatriación de capitales, desalentaron el arribo de nuevas inversiones, por lo cual y hasta la

nueva ley de 1953, durante el segundo gobierno de Perón, en el movimiento de la inversión

extranjera predominó la capitalización de ganancias. A fines de 1949, el stock de capital

extranjero establecido en el país apenas alcanzaba los 1.255 millones de dólares, menos de

la mitad del nivel de 1945. Por otra parte, durante la inmediata posguerra los flujos

fundamentales de inversión norteamericana no se dirigían América Latina (a excepción del

caso del petróleo de Venezuela) sino a Europa Occidental y Japón.9

El nacionalismo económico había implicado un avance importante sobre las empresas de

propiedad extranjera, especialmente en el área de los servicios públicos e inversiones

ligadas a la vieja estructura agro-exportadora, aunque, matizando ese cuadro y en el marco

de esa pronunciada disminución cuantitativa, la presencia de capitales foráneos en los

sectores monopolistas de la industria manufacturera y en algunos rubros como los

frigoríficos y la energía eléctrica era, cualitativamente, significativa.

En cuanto a su origen, como ya se ha mencionado el proceso de nacionalizaciones había

contribuido a reducir la presencia de los capitales británicos, por lo que el capital

estadounidense pasó a predominar relativamente, representando en 1949 el 26,1% de la

inversión extranjera total (excluidos los títulos públicos), radicado sobre todo en diversas

ramas industriales no tradicionales y en la industria de la carne.10

Participación del capital extranjero

(en % del capital fijo total en el país)

Años %

1913 47,7

1931 30,0

1940 20,4

1945 15,4

1949 5,4

9 Rapoport, M y Zaiat, A., Historia de la Economía argentina.,(2008), págs. 291-303

10 En 1955, alcanzaría el 30% del total del capital extranjero, a la vez que crecería la presencia en los años 50

del capital francés, alemán e italiano, con la llegada de nuevas inversiones. Ver Rapoport, M. y Zaiat, A.,

Historia de la Economía Argentina del Siglo XX, Pagina 12, Buenos Aires, 2008, págs.291-300; las cifras

en su totalidad han sido extraídas de Esteban, Juan C., Imperialismo y Desarrollo Económico, Ed.

Palestra, Buenos Aires, 1961, págs. 71 y 79-83.

12

Capitales británicos sobre total de K extranjero

Años %

1931 56,2

1945 53,3

1949-1955 20,0

Capital norteamericano

(participación sobre el total del capital extranjero)

Años %

1931 18,8

1934 22,2

1945 21,3

1949 16,1

1955 30,0

Otro rubro fue la política financiera internacional del gobierno peronista que

complementaba el impulso nacionalista junto con la política comercial de la Argentina, con

la operatoria estatal del IAPI y los convenios bilaterales, y el curso nacionalizador,

proteccionista y “estatista”. En 1946 llegó a la Argentina una primera misión del Fondo

Monetario Internacional para entrevistarse con Perón, quien encargó a un conjunto de

técnicos el estudio de la propuesta de incorporación hecha a la Argentina: La adhesión fue

descartada. Contrastando con Brasil, que participó de su creación y se incorporó

oficialmente el 14 de enero de 1946, la Argentina se mantuvo fuera del FMI y del Banco

Mundial durante toda la década peronista, e ingresó recién a los organismos financieros

internacionales con la “Revolución Libertadora”, siendo la última república

latinoamericana en adherirse. Perón declararía sobre el Fondo Monetario en su estilo

campero que “se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo”.11

11

Para una historia de las relaciones argentinas con el FMI. Ver Brenta, Noemí, Argentina atrapada.

Historia de las relaciones con el FMI, 1956-2006, Ed. Cooperativas, Buenos Aires, 2008.

13

Por otra parte, con la repatriación de la deuda pública y los controles financieros y de las

divisas, el nuevo gobierno proclamaba la necesidad de evitar la toma de préstamos y el

endeudamiento público externo, posición que mantuvo en términos generales hasta 1955.12

Nacionalismo y capitalismo de estado

Las nacionalizaciones del gobierno peronista tuvieron un amplio respaldo popular y se

produjeron en el contexto de un intenso sentimiento y posicionamiento crítico, tanto en las

filas del oficialismo como de una parte de la oposición, con respecto al papel del capital

extranjero y a las relaciones de dependencia tradicionales del país: era un posicionamiento

que surgía del balance social de la “década infame” de 1930, del régimen oligárquico y sus

enormes concesiones al capital foráneo, así como del funcionamiento de los servicios

públicos en manos de consorcios monopolistas extranjeros. La propia ala “intransigente” de

la Unión Cívica Radical opositora defendía el nacionalismo económico y criticaba al

gobierno peronista por lo que consideraban concesiones efectuadas al capital extranjero,

desde el primer período.

Esta realidad política la reflejó con perspicacia en sus memorias el embajador James

Bruce, embajador norteamericano desde mediados de 1947 hasta 1949: “la nacionalización

de empresas de propiedad extranjera „esenciales para el bien del Estado‟ ha tenido siempre

un fuerte atractivo, como lo muestra la nueva constitución. Esta es la política de Perón, y

también el ideal de una gran mayoría de argentinos, pro y anti Perón”, y alertaba: “aquellos

argentinos que resienten la influencia de EEUU, Gran Bretaña y otros países extranjeros

compraron la idea de que los extranjeros no cuentan con esa (influencia) en la Unión

Soviética”.13

A las empresas nacionalizadas se debe agregar la expansión de la actividad empresaria

del Estado como inversor en emprendimientos básicos. Por ejemplo, en la expansión de la

12

En un contexto de negociaciones argentino-norteamericanas y ante los primeros signos de la crisis

argentina que se manifestaron en 1949, la Argentina aceptó en 1950 un crédito del Exim-Bank por $125

millones de dólares. Fue un crédito comercial destinado a saldar deudas comerciales pendientes con

exportadores norteamericanos, y a reeditar el flujo de importaciones norteamericanas requerida por la

industria. Tomado por un conjunto de bancos oficiales y privados, con garantía del Banco central, y

presentado por el gobierno como mero instrumento de comercio, fue criticado por la oposición como una

claudicación respecto de los postulados invocados en su momento por el gobierno en materia de préstamos

internacionales . Ver Rapoport, M. y Spiguel, C, Relaciones Tumultuosas op. cit. pp.324-325. 13

Bruce, J, Those perplexing Argentines, Longman, New York, pág 294, 1953.

14

flota mercante estatal y la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la creación de Aerolíneas

Argentinas, la explotación de carbón, usinas eléctricas y otras obras de infraestructura, con

la creación de Agua y Energía Eléctrica, empresas metalúrgicas y de otras ramas: Contó

con las integradas en el complejo Dirección Nacional de Industrias del estado-DINIE-, con

base en las empresas de propiedad enemiga confiscadas al final de la guerra, y que sirvieron

de eslabón del complejo sidero-metalúrgico nacional, etc.14

Esta significativa ampliación resultante del “área estatal de la economía” o Capitalismo

de Estado bajo el gobierno peronista, sumada a la disminución de la presencia directa del

capital extranjero instalado en el país -fundamentalmente el vinculado al aprovechamiento

de la vieja estructura agro-exportadora- y conjugada con el avance de la industrialización

sustitutiva mercado-internista modificaron parcialmente el funcionamiento de la economía

argentina y su inserción internacional, condicionando en diversos planos el proceso

económico y social de las dos décadas siguientes, hasta la última dictadura instaurada en

1976 y las hondas transformaciones regresivas que provocó.

La significación y consecuencias de esa ampliación de la propiedad e inversión estatal

en el proceso argentino de aquellos años requiere ciertas precisiones históricas y

conceptuales, vinculadas al carácter dependiente de la formación económica y social del

país. En las economías capitalistas, consideradas en general, la inversión estatal y el

funcionamiento de empresas estatales apuntan a crear condiciones y satisfacer necesidades

generales del funcionamiento de la economía y la sociedad en beneficio del proceso de

valorización y acumulación de capital. En determinadas condiciones, períodos históricos y

actividades, ante la imposibilidad o la inconveniencia para el capital privado de hacerse

cargo de esos emprendimientos, el Estado opera como “capitalista colectivo ideal”, en

beneficio del proceso general de la acumulación y de los intereses de la burguesía del país.

Esta intervención del Estado como “empresario” es aún más necesaria y evidente en la

etapa monopolista del capitalismo en la cual, en diverso grado según períodos y países, el

Capitalismo de Estado es una realidad en todas las economías capitalistas desarrolladas, un

eslabón fundamental de una cadena única en que se entrelazan actividad estatal y empresa

14

Ver, para el origen del DINIE, Harispuru, A., Gilbert, J. Regalsky, A., “La junta de Vigilancia, el Estado y

la porpiedad enemiga” en Ciclos en la historia, la economía y la sociedad, Nº 19, Buenos Aires, 1er.

semestre de 2000.

15

privada, en beneficio de la burguesía monopolista.15

En la inmediata posguerra, por

ejemplo, el Capitalismo de Estado se expandió en Europa Occidental, debido a las

consecuencias de la guerra, la debilidad de las burguesías y las necesidades de la

reconstrucción. 16

En este sentido la expansión del área capitalista de Estado en la Argentina de la época,

considerada en abstracción de las especificidades de la formación económico-social del

país, de su carácter de país dependiente, aparece respondiendo a una necesidad idéntica:

garantizar condiciones para la valorización y acumulación del capital. Sin embargo, de un

análisis más concreto y específico se desprende que la importante expansión del “área

estatal de la economía” en la Argentina de los años 40, al operarse sobre la base de la

disminución de la presencia directa del capital extranjero, en contradicción con el carácter

dependiente de la estructura económica y social argentina y de su inserción tradicional en el

sistema internacional, implicaba al igual que otros procesos similares, anteriores y

posteriores en América Latina, no solo una “estatización” en general, sino en particular una

parcial “nacionalización”, en el sentido de la reducción de los grados de control por parte

del capital extranjero de ramas y servicios claves. En la medida en que la política

económica y sus reformas apuntaba con la expansión de la industria, a beneficiar a la

burguesía industrial, en particular a la de capital nacional, histórica y económicamente

débil frente al capital monopolista extranjero y sus intermediarios y socios oligárquicos, el

funcionamiento del “área estatal de la economía” en rubros claves podía constituirse en

palanca decisiva para su propia acumulación. Así el grado y envergadura de las

nacionalizaciones y expansión de la actividad estatal, debe vincularse al conjunto de la

política económica, que reflejaba el carácter nacionalista-industrialista de lo esencial de las

reformas promovidas por aquel gobierno 17

Por otro lado, como lo probó el golpe militar de 1955 que derrocó al gobierno peronista,

en el largo plazo el Estado se conservó como instrumento de reproducción de los intereses

15

Considerado históricamente, el Estado siempre “interviene”; lo que cambia son sus modalidades y áreas de

“intervención”. 16

En tiempos de crisis como en el presente, los Estados de las grandes potencias se hacen cargo de empresas

gigantescas para salvarlas de la ruina, en beneficio también del funcionamiento de la economía capitalista

y de los intereses de uno u otro sector de la clase dominante. 17

Este encuadre es fundamental pues en los países dependientes y en la Argentina en particular también

habían existido y existirían “estatizaciones” operadas, como en los años 30, no en desmedro sino a favor

del salvataje de intereses extranjeros y sus socios e intermediarios locales, amenazados de quiebra.

16

dominantes tradicionales en la sociedad argentina. En esas condiciones el “área estatal de la

economía” comenzó a ser reducida y descapitalizada por la mayoría de los gobiernos y

dictaduras posteriores, y por el otro, su función esencial, hasta las privatizaciones de los

años 90, no radicó ya en crear condiciones para la expansión del capital y la burguesía

industrial nacional.

Por el contrario, con las políticas “desarrollistas”, de distinto signo, de industrialización

a través de la captación de inversión extranjera, hasta la década del 70 el área capitalista

de Estado operaría como palanca para la acumulación del capital monopolista extranjero y

de grandes grupos capitalistas intermediarios y asociados al capital financiero imperialista

de distintas potencias: Esto sucedió a partir del control y utilización de las empresas

estatales a favor de grandes empresas contratistas, proveedoras y receptoras de privilegios

monopólicos y subsidios. Así, luego del derrocamiento del gobierno peronista, la

inestabilidad política y la sucesión de golpes de Estado, que encuentran sus raíces en la

agudización de las contradicciones sociales fundamentales, tuvieron también como

trasfondo la lucha por el control del gobierno entre distintas camarillas civiles y militares,

lucha que reflejó crecientemente la rivalidad entre distintas fracciones de las clases

dominantes asociadas a distintos intereses imperialistas. Esas pugnas tuvieron

precisamente como uno de sus factores impulsores la consecución del predominio de una u

otra corriente en el control de las empresas estatales y su utilización para potenciar por la

vía “burocrática” la acumulación de intereses extranjeros rivales a través de grupos

económicos intermediarios y socios oligárquicos.18

A partir de 1976, con la dictadura videlista, las empresas estatales fueron utilizadas para

potenciar la toma de préstamos y el endeudamiento público, no en función de su propia

lógica empresaria sino al servicio de la especulación financiera y la “fuga de capitales”. El

resultado fue una pronunciada descapitalización, desguace e “ineficiencia” de las empresas

estatales, hechos que serían utilizados por la prédica neoliberal para la creación de opinión

pública a favor de las privatizaciones-extranjerizaciones directas de los años 90, con las

consecuencias conocidas.

18

Ver Rapoport, M. y Spiguel, C., “Modelos económicos, regímenes políticos y política exterior” en Sombra

Saraiva, J. F (Ed.). Political Regimes and Foreign Policies: A comparative approach, Instituto Brasileiro de

Rela oes Internacionais, Brasilia, 2003

17

Los límites del impulso nacionalizador

En suma, la expansión de las nacionalizaciones afectó la operatoria del antiguo capital

extranjero (sobre todo británico) vinculado a la economía agro-exportadora y al capital

bancario; restringió la operatoria de los grandes oligopolios comercializadores de cereales;

limitó, en condiciones de escasez de divisas, las condiciones para la remisión de dividendos

al exterior; redujo al mínimo los flujos financieros al exterior. Sin embargo no cuestionó ni

en la práctica ni en sus postulados doctrinarios al capital extranjero invertido en la industria

manufacturera, donde pese al importante peso de los empresarios nacionales, contaba con

posiciones monopólicas de envergadura.

Por el contrario, desde la perspectiva del proyecto industrial esbozado y de los actores

económicos en que se sustentaba, contemplar el “aporte” del capital extranjero –en tanto

fuera regulado y orientado en beneficio de los objetivos del Estado como lo plantearía

explícitamente, en una segunda etapa de repliegue y apertura negociadora, la ley de

inversiones extranjeras del año 1953– era un elemento de política económica que el

gobierno peronista consideró siempre y buscó activamente poner en práctica luego de la

crisis económica de 1951-1952.

Ya hemos mencionado también los límites de la política nacionalizadora respecto de los

grandes frigoríficos exportadores, en los que predominaba desde antes el capital

norteamericano. Por el otro lado, y contrastando con el caso de otros servicios públicos, una

rubro fundamental que permaneció en manos extranjeras fue la electricidad del Gran

Buenos Aires, provista por la Compañía Argentina de Electricidad (CADE), originada a

principios de siglo en inversiones alemanas y luego sucursal de un holding internacional

con sede en Bélgica, pero donde se entrelazaban diversos capitales, norteamericanos y

alemanes.19

19

La investigación de sus operatorias ilícitas en los años 30, realizada durante el gobierno militar instaurado

en 1943 (Informe Rodríguez Conde) fue archivada, sin embargo, por el gobierno de Perón, contrastando el

caso con el de la nacionalización de usinas eléctricas de la American Foreign Power, (ANSEC) en el

interior del país, que dio lugar a litigios posteriores y estuvieron presentes en la agenda diplomática de las

relaciones con los EEUU. La CADE no fue afectada y conservó posiciones, presionando y obteniendo del

Estado subsidios, etc, aun cuando en la materia el gobierno a través de la expansión de Agua y Energía

Eléctrica y planes de inversiones estatales en usinas y de diversificación de la matriz energética nacional

pareció adoptar una “estrategia indirecta” con respecto a la CADE. Ver Araujo, R, Perón y la CADE, Ed.

Punto de Encuentro, Buenos Aires, 2009. Ver Rapoport, M., op.cit., Historia económica.., págs. 340-341.

18

Perón solía distinguir entre un capital extranjero “parasitario”, que asociaba a la

estructura agroexportadora tradicional del país, y un capital extranjero “productivo”, que

afirmaba podría contribuir, con la regulación y orientación del Estado, a la ampliación del

aparato industrial local, al que concebía como eje rector del desenvolvimiento económico

nacional. “[…] El aporte de capitales resulta un factor beneficioso para las naciones

infraevolucionadas, a condición de que […] sean de buena fe. Porque así como la

penetración humana de grupos inadaptables o minorías invasoras son un peligro y una

rémora para los países, la incorporación de capitales de especulación, explotación o

colonización es un peligro y constituye un azote para la economía de los países en

formación.”

Respecto del capital “parasitario”, al que cuestionaba, agregaba: “[…] La mayoría de

los consorcios capitalistas que actuaron en el país, con la complacencia culposa de los

gobiernos, fueron empresas que realizaron maniobras especulativas con grave quebranto

para la economía de la nación. Algunas ingresaron al país con diez o veinte millones de

pesos de capital, se instalaron y luego recibieron créditos de los bancos argentinos por cien

millones de pesos. Así, con el aporte de este dinero argentino, giraron utilidades sin límites

a su país de origen, sobre los ciento diez o ciento veinte millones del total capitalizado. Era

una manera inicua de descapitalizarnos, utilizando nuestro propio dinero, mediante el

recurso del crédito y con el cuento del „aporte de capitales extranjeros‟ […]”. 20

Esta distinción conceptual entre dos tipos de capitales extranjeros se articulaba con las

características del proyecto económico implementado y con las ideas predominantes en

sectores de la burguesía industrial nacional que reclamaban protección y divisas para

importar bienes de capital, contemplando que si la economía era incapaz de obtenerlas por

la vía de las exportaciones, podía apelarse a la inversión extranjera para solucionar ese

cuello de botella y avanzar en otros nudos de la industrialización por sustitución de

importaciones: Así lo plantea el informe de la propia Confederación General Económica,

(central representativa en ese período de los empresarios nacionales expandidos bajo la

gestión peronista) luego de una misión a los EEUU en 1954.21

Se trata de lo que podría

denominarse una tendencia a la adaptación “desarrollista” en la burguesía industrial,

20

Descartes (Juan Domingo Perón), Política y Estrategia, pp. 15-21, 11 de enero de 1952. 21

Ver Rapoport, M. y Spiguel, C., Relaciones Tumultuosas..., pp.378-379.

19

correlativa de los límites que la estructura dependiente y latifundista del país aún imponía,

pese a las reformas peronistas, al desarrollo productivo y a la movilización del ahorro

nacional por el Estado, requerida para nuevas inversiones en industria pesada. Eran límites

que se manifestaron en la crisis de 1951-1952 con virulencia y marcaron obstáculos

difíciles de superar para las reformas nacional-industrialistas, desde la perspectiva

gradualista basada en la ideología de conciliación de clases que predicaba el movimiento

político gobernante, y también dado el corto aliento transformador en general del

empresariado nacional en el que se apoyaba la política económica. Un “cortoplacismo” de

ese sector social, como aparece en los análisis económicos sobre la industria argentina, que

estuvo determinado por su ubicación intermedia en la estructura social argentina y por su

propia historia. Un sector social constreñido históricamente por la dependencia y el

monopolio de la tierra, que marcó los límites de su potencialidad nacionalista, en aquel

período que fue sin embargo la “época de oro” de la burguesía industrial nacional.22

En ese sentido, aunque el fenómeno del peronismo histórico y su gobierno abarca

múltiples facetas históricas, sociales y culturales, su política económica estuvo

condicionada estrechamente por las vicisitudes de ese sector social y pueden interpretarse

los alcances y límites de las reformas económicas nacionalistas del gobierno como

simétricas y correlativas a los alcances y los límites del nacionalismo empresario de la

época. El proyecto económico del peronismo se basó en la extensión de la industrialización

sustitutiva en general, sobre la base de la protección del Estado y de la expansión del

mercado interno, a través de una pronunciada redistribución del ingreso a favor de los

asalariados y la industria. Del conjunto de los hechos de la política económica y de sus

formulaciones discursivas puede determinarse que apuntaba, a grandes rasgos, a lograr la

protección y expansión de la industria existente hasta convertirla en el sector hegemónico

en la economía, con el protagonismo del capital industrial nacional y el Estado,

secundarizando al capital extranjero y a la clase terrateniente, evitando conmociones

revolucionarias y compatibilizando la búsqueda de la hegemonía económica para la

burguesía nacional industrialista con las conquistas obtenidas por los asalariados y el

22

Spiguel, C., “de la Independencia a la dependencia”, en Mateu, C., Argentina en el Bicentenario de la

Revolución de Mayo. Historia y perspectivas, Ed. La Marea, Buenos Aires, 2010, pp. 12-56

20

conjunto de reformas sociales implementadas por el gobierno, a través de la expansión del

mercado interno. Fracasó en ese objetivo y el gobierno fue derrocado.

Las percepciones de la diplomacia norteamericana frente al proceso de

industrialización y el nacionalismo peronista.

Luego del ascenso de Perón a la presidencia en 1946, una línea dentro de la diplomacia

norteamericana buscó aprovechar las dificultades del gobierno para obtener divisas y

movilizar el ahorro nacional en función de inversiones en la industria pesada, impulsando

una estrategia negociadora con la Argentina con el objetivo de capitalizar las oportunidades

del proceso de industrialización para los proveedores e inversores norteamericanos,

desplazando definitivamente la influencia británica y europea. Fue la estrategia inicial del

primer embajador, G. Messersmith (que reemplazó a S. Braden que había protagonizado el

enfrentamiento en 1945). En octubre del ´46, ya informaba al Departamento de Estado que

el plan industrialista del nuevo gobierno se llevaría adelante y sugería que sería de interés

de EEUU participar como proveedor.23

Esa línea de acción de la diplomacia

norteamericana se reeditaría con fuerza más tarde a partir de 1953 en la etapa de repliegue

y adaptación del gobierno peronista a los límites impuestos por la crisis de 1951-1952.

Messersmith cultivó estrechas relaciones con el Presidente con el objetivo de influir

sobre el gobierno para que orientara sus propósitos industrialistas de un modo compatible

con los intereses norteamericanos, limitando su “estatismo” y abdicando del nacionalismo

económico “autárquico y egoísta”, como lo calificaban los funcionarios y representantes de

Gran Bretaña y EE.UU.

Aunque reconocía la gravitación de los partidarios del nacionalismo económico

encarnados en la figura de Miguel Miranda, (presidente del banco Central y del IAPI) el

embajador estadounidense buscó apelar al “pragmatismo” presidencial, contando con la

necesidad argentina de las importaciones norteamericanas, de modo de impulsarlo a

23

Messersmith a Clayton, USNA, DS 835.50/ 10-2146. Esta orientación del embajador apoyaba el interés,

en esta etapa inicial, de los exportadores norteamericanos y también de empresas norteamericanos que

buscaban lograr convenios con el Estado argentino para la construcción de una planta siderúrgica

(Bettlehem Steel), de fundición de cobre (Allis Chalmers), de ensamblado de automóviles y camiones

(Kaiser) o la explotación petrolera (Standard Oil), propuestas que no se concretaron .Más tarde , en la

década del 50 se reeditaría el interés de empresas norteamericanas como la Kaiser para invertir en la

Argentina aprovechando su expandido mercado interno.

21

moderar el “estatismo” nacionalista en aras del “multilateralismo” y una política económica

más “libre-empresista”. Messersmith, como muchos funcionarios norteamericanos, aunque

se oponían a las tendencias “estatistas”, promotoras del nacionalismo “autárquico” que,

aseguraban, sólo podría generar industrias “ineficientes” y poco “sólidas”, partían de que

un cierto desarrollo industrial y una diversificación productiva en América Latina

fortalecería la influencia económica norteamericana, impulsando las exportaciones y la

inversión de sus capitales, contemplando para ello el apoyo y la acción estatal en esa

dirección.

Durante su gestión como embajador, defendió la posibilidad de orientar al gobierno

argentino en ese sentido. El embajador hacía notar a sus superiores que el rumbo

“estatizante” tendiente a la nacionalización en rubrosclaves reflejaba una tendencia mundial

extendida, incluso de gobiernos “moderados”. Un argumento que también solía utilizar

Perón en la defensa de su política económica, alegando el ejemplo del gobierno laborista de

Gran Bretaña y sus amplias nacionalizaciones frente a los críticos “libre empresitas”. En

ciertas oportunidades, ante las objeciones de los diplomáticos frente a la expansión de las

nacionalizaciones, el presidente argentino solía alegar que se trataba a veces de medidas

tomadas por funcionarios nacionalistas “extremos” o por autoridades provinciales como era

el caso de compañías eléctricas, frente a los cuales el gobierno nacional, aseguraba,

actuaba como moderador.24

Más allá de las modalidades tácticas de ambas partes en las conversaciones sobre la

perspectiva de las relaciones económicas argentino-norteamericanas, Messersmith buscaba

apoyarse en los aspectos del pensamiento de Perón que podían favorecer sus objetivos.

De todas formas, y pese a esta arista de la política económica peronista y de las

concepciones sobre las que procuraba apoyarse el embajador norteamericano para obtener

concesiones, considerada de conjunto el desarrollo de la política económica del gobierno

argentino entraba en conflicto con los intereses empresarios norteamericanos y las políticas

económicas que Washington defendía y propiciaba para América Latina y los países

dependientes –aunque no en Europa y su propio país-. No se trataba sólo de principios

ideológicos en materia económica. Las compañías americanas y el establishment de EEUU

criticaban el nacionalismo económico del gobierno.

24

Messersmith a Byrnes 30/10/1946, Messersmith Papers 1814.

22

Las tácticas de los diplomáticos estadounidenses a partir de entonces apuntaban a

objetivos de carácter económico y político: capitalizando las dificultades económicas y

financieras en el sector externo argentino, cada vez más graves a partir de mediados de

1947, buscaban hacer abdicar progresivamente al gobierno peronista de su política

económica, apuntando al fracaso y desplazamiento del superministro Miranda y los

nacionalistas que consideraban “extremistas” y buscando influir en Perón a través de los

considerados “moderados” y partidarios de la conciliación.

Un Informe de Inteligencia del Departamento de Estado de mediados de 1948

fundamentaba esa estrategia y sus blancos: “Los nacionalistas a ultranza, máximos

responsables de que el gobierno argentino no llegara a un arreglo con las compañías

petroleras extranjeras, estuvieron en desacuerdo con Miranda, a quien se considera el

arbitro final en cuestiones de política económica y quien presuntamente favorecería las

inversiones estadounidenses. Sin embargo, Miranda, pese a su adhesión teórica a favor de

la empresa privada, también ha hecho mucho para desalentar a los inversores

estadounidenses. La gran expansión del IAPI (blanco de los ataques de los nacionalistas

como un foco de coimas y corrupción) fue reduciendo gran parte del negocio de esas

compañías que operaban en la Argentina. Mientras que Miranda ampliaba el ámbito de su

gestión hasta abarcar una amplia gama de importaciones, y también casi todas las

exportaciones. Sin embargo, las políticas adoptadas por Miranda para resolver situaciones

de emergencia y poder manejar la economía a su manera, tales como la de limitar el envío

de remesas al exterior, desalentaron a las empresas extranjeras. Además, al ver que su

programa era atacado, y al igual que los nacionalistas, culpó abiertamente a los Estados

Unidos por la situación en que se encontraba la Argentina e insistió en que ésta estaba en

condiciones de lograr su propia salvación sin la ayuda de ellos”.

En última instancia, concluía: “Si el gobierno es incapaz de pagar por su

industrialización con dólares obtenidos libremente, por su cuenta, como aparentemente

había previsto hacerlo, debe pagarlo en concesiones y garantías para las compañías

norteamericanas [...] Pero estas concesiones a los inversores extranjeros involucran un

cambio en la naturaleza de la política argentina, exterior e interna, tal como la desarrolla el

actual gobierno”.25

25

“Argentine Foreign Policy” OIR N° 4714,USNA, DS. 1948

23

Esta ultima consideración estratégica ilustra con crudeza tanto las percepciones y la

política general de Estados Unidos frente al gobierno peronista como también los límites de

las reformas nacionalistas, límites en los que se apoyaría el accionar de Washington, y más

en general el de los capitales extranjero y de sus socios internos durante los años 50,

particularmente a partir de la crisis de 1951-52.

También la estrategia esbozada por los funcionarios norteamericanos permite

comprender por qué la embrionaria adaptación “desarrollista” del empresariado nacional y

del gobierno en la década del 50, ya señalada, se revelaría a la larga ilusoria : finalmente

fracasaría la voluntad del segundo gobierno peronista de conciliar condiciones atractivas

para la inversión extranjera con regulación estatal al servicio de la protección del mercado

interno y el capital nacional y del logro de mayores avances en un desarrollo autosostenido

de la economía, (esos eran los propósitos declarados del gobierno peronista al implementar

a partir de 1953 la nueva ley de inversiones extranjeras y abrir las negociaciones petroleras

con la Standard Oil).26

Con posterioridad al golpe de Estado de 1955 y en los años 60, con la implementación

plena de las estrategias desarrollistas se revelaría la medida en que la penetración del

capital extranjero en la industria y su asociación con grandes grupos monopolistas de gran

burguesía intermediaria socavarían de conjunto el peso alcanzado por el capital nacional y

el mercado interno y agudizarían la “vulnerabilidad externa” de la economía argentina. Fue

el proceso de la “industrialización dependiente”.

Pero el fracaso de las tácticas conciliadoras con respecto al capital extranjero

implementadas por el gobierno peronista en su segundo gobierno no se manifestó tanto en

el plano económico como en la evolución dela correlación de fuerzas sociales y en el plano

político: El golpe de Estado de 1955 puso de manifiesto que, pese al importante grado de

control que el peronismo, (en tanto movimiento representativo de intereses sociales

heterogéneos a las élites” tradicionales), llegó a tener sobre sectores claves del aparato

estatal y pese al importante peso alcanzado por el nacionalismo industrial, incluyendo a las

Fuerzas Armadas, a la hora decisiva el Estado argentino respondió a su esencia histórica de

instrumento de los sectores dominantes tradicionales. De allí, que pese al debilitamiento,

26

Ver M. Rapoport y C. Spiguel, “The United States, Argentina and the end of the first Perón government,

1953-1955” en D. Carter and R. Cliffon, (Ed.)War and Cold War in American Foreign Policy,1942-1962,

Palgrave, London, 2002

24

durante aquella década de la posguerra, de los vínculos de dependencia que ataban a la

economía argentina a las grandes potencias, de la importante expansión de la industria

nacional y de las nacionalizaciones, con la correlativa disminución de la presencia directa

del capital extranjero en la estructura económica argentina, en esa coyuntura se manifestó

dramáticamente un elemento estructural que caracteriza los vínculos de carácter

dependiente de la Argentina: a diferencia de las sociedades coloniales, la dependencia, es

decir el predominio del capital extranjero y a través del mismo, los vínculos con las grandes

potencias, se vehiculiza principalmente a través de la asociación subordinada de las clases

dominantes locales: terratenientes y sectores de gran burguesía intermediaria local.27

27

Ver Spiguel, C., “De la Independencia a la dependencia”, op.cit., pp.30-36; también "La dependencia

argentina y sus bases sociales internas: Una evaluación historiográfica en torno a la gran burguesía

intermediaria del capital extranjero." Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Nº 7. Marzo 2012-Febrero

2013, Volumen II.