¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y de ... · PDF...

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    Son vinculantes los pronunciamientos dela Comisin y de la Corte Interamericana

    de Derechos Humanos?(control de constitucionalidad

    y convencionalidad)

    Juan Carlos Hitters

    SUMARIO: I. La justicia trasnacional y su influencia en el derecho interno. A. Desarrollo progresivo; B. El deber los Estados de adaptar el derecho interno. II. Control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. A. Generalida-des; B. Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisin Interamericana? El valor de las Recomendaciones. C. Son vinculantes los fallos de la Corte Interame-

    ricana? III. Final.

    I. La justicia trasnacional y su influenciaen el derecho interno

    A. Desarrollo progresivo

    A modo de introito es dable poner de resalto la incidencia que progresivamente1 ha tenido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la legislacin interna, a tal punto que poco a poco y por su influencia se han ido modificando diversas ins-tituciones locales de forma y de fondo para adaptarlas a este nuevo esquema sustan-cial (que nace de los tratados y del ius cogens) y adjetivo (con fuente en la Carta de la OEA, las Convenciones y en los Reglamentos).2

    Hace algn tiempo hubiera sido impensable para los cultores de las ciencias jur-dicas en general, y del derecho internacional en particular, imaginar que los pronun-

    1 NIKKEN, Pedro, La proteccin internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Civitas, 1987.

    2 Corte IDH, Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisin Interame-ricana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convencin Americana sobre Derechos Huma-nos), Opinin Consultiva OC-19/05 del 28 de noviembre de 2005, Serie A No. 19, prr. 13 b.

    Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucionalnm. 10, julio-diciembre 2008, pp. 131-156.

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    ciamientos y las directivas o Informes emitidos por entes cuasi-judiciales y judiciales en el caso la Comisin Interamericana Derechos Humanos y la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos respectivamente podran meterse en la corriente sangunea de los distintos pases con tal fuerza como para lograr trastrocar sensible-mente ciertas normas locales, incluyendo a las de linaje constitucional.

    Podemos sealar desde ese punto de mira que el modelo aqu abordado ha produ-cido un doble efecto, esto es, por un lado la aparicin de decisiones o Informes de estos organismos trasnacionales controladores de la actividad local (en cualquiera de sus tres poderes);3 y por otro la incorporacin de una serie de preceptos (los trata-dos y las convenciones internacionales) que se han colado en el mbito nacional y que aparecen como directamente operativos (self executing). Tal cual lo hemos remarcado en trabajos anteriores este fenmeno ha adquirido tanta altitud que a ningn abogado que inicia hoy un proceso de cualquier tipo ni al juez que debe resolverlo le pue-de pasar inadvertido que el pleito no termina ya como antes dentro de la frontera, sino que puede trascender sus lmites y dirigir sus pasos hacia una senda trasnacional.

    Quin hubiera pensado hace apenas unas dcadas en semejante evolucin en favor del ser humano y contra los desbordes del Estado? (que siempre resulta legiti-mado pasivo en estos andariveles que tramitan fuera de los limbos nacionales). A quin se le hubiese ocurrido en tal poca, por ejemplo, que la propia Corte Suprema de la Nacin Argentina con muy buen tino hubiera dicho en el Caso Simn4 luego de un desarrollo progresivo de su jurisprudencia, que el derecho local queda supeditado al Internacional de los Derechos Humanos en los delitos de lesa humani-dad y que este ltimo ejerce una especie de tutela sobre aqul; o que en el Caso Bula-cio5 ciertas decisiones firmes del ms alto cuerpo de justicia del pas (como por ejem-plo la prescripcin de la accin penal) pudieran derretirse al acatar pronunciamientos de la Corte Interamericana Derechos Humanos?

    De ah entonces que resulta menester recortar el rostro del sistema interamerica-no para verlo con nitidez y comprender a cabalidad estos notables y plausibles adelan-tos y reacomodamientos que han aparecido a raz de la jurisprudencia parida por los rganos del Pacto de San Jos de Costa Rica; por supuesto sin olvidar en tal sentido las decisiones de los organismos de la ONU, de la Corte Europea de Derechos Hu-manos y del Tribunal de la Unin Europea, las que directa o indirectamente vienen ejerciendo una notable influencia en el sector interno de nuestro continente.6

    3 MORELLO habla de soberana compartida, Movidas y reservas de la dimensin Trasnacional del Derecho, Revista La Ley, Buenos Aires, 2004-B, p. 1350.

    4 Corte Suprema Nacional; Simn, Julio H. y otros, sent. 14-junio-2005, La Ley, Buenos Aires, 29 de julio de 2005, comentado por Gregorio Badeni.

    5 Vase, Corte Suprema Nacional; Espsito, Miguel ngel s/ incidente de prescripcin, E. 224. XXXIX, fallo del 23-septiembre-2004.

    6 Como dice BIAVATI, Es difcil encontrar en los ordenamientos modernos un rgano judicial

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    Se ha configurado as lo que hemos llamado siguiendo a Cappelletti la di-mensin supranacional del derecho del proceso y de la justicia7 con la evidente inten-cin de que el respeto de las libertades humanas logre un nivel metanacional y unifor-me (lex universalis).8

    En tal perspectiva, es dable reiterar, que como consecuencia de dicha evolucin, el clsico control de constitucionalidad realizado dentro de los pases por rganos centra-lizados (concentrado), o fragmentariamente por cualquiera de los jueces (difuso)9 se ha tornado a partir de entonces mucho ms fascinante y abarcador, dndole cabida al contralor de convencionalidad.

    Queremos de esta manera enfatizar el valor que ha adquirido ese derecho sin fronte-ras; y mostrar la doble influencia que en nuestro mbito continental tiene la Conven-cin Americana sobre Derechos Humanos al poner en marcha, por un lado un control supranacional (a travs de la Comisin y de la Corte Interamericana); y por otro y ello es quiz lo ms importante al haber implantado un plexo normativo (art. 75 inc. 22 de la Constitucin Nacional) por medio de tratados y convenciones interna-cionales que entra en el torrente jurgeno local, y se convierte en derecho positivo, por ejemplo el de rectificacin y respuesta (o derecho de rplica), o la doble instancia en los andariveles del derecho criminal.

    B. El deber de los Estados de adaptarel derecho interno

    En los casos antes citados la Corte IDH, a travs de su control de convencionalidad le ha echado mano a los artculos 1.1 y 2 de la Convencin, que obligan a los pases a respetar los derechos y libertades reconocidos por ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio (art. 1.1); debiendo adoptar las respectivas disposiciones internas al Pacto de San Jos (art. 2).

    En tal aspecto no debemos olvidar que segn la Corte para cumplir con el man-

    que haya contribudo al desarrollo de la Unin Europea como lo ha hecho la Corte que funciona dentro de dicho mbito. Aade el autor que el Derecho Comunitario como hoy se la conoce probable-mente no existira sin el esfuerzo eficaz y silencioso de tal cuerpo ubicado en el palacio urbano de la periferia del Gran Ducado de Luxemburgo. BIAVATI, Paolo, La Corte di Giustizia dellUnione Euro-pea, en Coloquio, Administracin de Justicia en Iberoamrica y Sistemas Judiciales Comparados, Mxico, octubre de 2005.

    7 CAPPELLETTI, Mauro, Acceso a la Justicia. Conclusiones de un proyecto de investigacin jur-dico-sociolgica, trad. Juan Carlos Hitters, JA, 1981-III-810/814.

    8 HITTERS FAPPIANO, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ediar, 2006, t. I, 9; HITTERS, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ediar, 1999, t. I, p. 29.

    9 Sobre los diversos sistemas de control de constitucionalidad, vase, NOGUEIRA ALCAL, Hum-berto, Justicia y Tribunales Constitucionales en Amrica del Sur, Editorial Jurdica Venezolana, Caracas, 2006, pp. 173 y ss..

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    dato del aludido art. 2, es necesario: 1) el dictado de normas y 2) el desarrollo de prcticas conducentes al acatamiento efectivo de los derechos y libertades consagrados en el pacto de marras. Por ello como ya lo dijimos resulta obligatorio suprimir los pre-ceptos y las prcticas de cualquier naturaleza que entraen una violacin de las garantas10 previs-tas en la Convencin.11 Este deber general del Estado Parte implica que las medidas del derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile), para el cual el Estado debe adaptar su actuacin a la normativa de proteccin de la convencin12 (el entre-comillado nos pertenece).

    Desde antiguo13 tal Tribunal ha establecido que en una sociedad democrtica los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantas, y Estado de Derecho, constituyen una trada, en la que cada componente se describe completa, y adquiere sentido, en funcin de los otros, criterio ratificado en cada momento.14

    Corroborando lo expuesto no se le ha escapado a esa institucin que una norma consuetudinaria generalmente aceptada apunta a sealar que el Estado debe adaptar sus normas locales para asegurar el cumplimiento de los tratados sobre esta materia.15

    Es importante repetir que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos pivotea sobre dos cuadrantes fundamentales, por un lado el valor del derecho de gentes,16 y por otro la influencia de los tratados17 y de la jurisprudencia internacional.18

    10 Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C No. 127, prr. 120.

    11 Corte IDH, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, Sentencia 11 de marzo 2005, Serie C No. 123, prr. 91; Caso Lori Berenson Meja, Sentencia de 25 de noviemb