Sentencia de La Sala de Casación Penal Sobre Art 403 Del Copp

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Sentencia del 10 de junio de 2014, caso Miguel Ángel Nazario Alcaras Banco, Sala de Casación Penal del TSJ: El Código Orgánico Procesal Penal, regula de manera específica el orden procesal que debe seguir el Juzgado en Función de Juicio, para emitir pronunciamiento en la Audiencia de Conciliación, en los procedimientos seguidos en casos de delitos de acción dependiente de instancia de parte. Específicamente, el artículo 403, del referido texto normativo, obliga al órgano jurisdiccional a pronunciarse en el orden siguiente: “Pronunciamiento del Tribunal de no prosperar la conciliación , el Juez o Jueza pasará inmediatamente a pronunciarse acerca de las excepciones opuestas, las medidas cautelares y la admisión o no de las pruebas promovidas. En caso de existir un defecto de forma en la acusación privada, el acusador o acusadora, si ello fuere posible, podrá subsanarlo de inmediato (…)” (Resaltado de la Sala). De igual forma, el artículo 404, eiusdem, agrega que:“Celebración del Juicio Oral y Público. Caso de no haber prosperado las excepciones, o cuando éstas no hubieren sido interpuestas, el Juez o Jueza convocará a las partes a la celebración del juicio oral y público, que deberá celebrarse en un plazo no mayor de diez días, contados a partir de la celebración de la audiencia de conciliación (…)” (Resaltado de la Sala).De las disposiciones antes citadas se puede colegir que, en caso de no prosperar la conciliación las partes, el órgano jurisdiccional está obligado a pronunciarse, en primer lugar, respecto a las excepciones opuestas por las partes, ya que son de previo y especial pronunciamiento. De igual forma, dichas disposiciones normativas, establecen que el pronunciamiento respecto a la admisión o no de las pruebas promovidas y si estas son suficientes para convocar la celebración del juicio oral y público, tiene como presupuesto indispensable, que no hayan prosperado las excepciones opuestas o éstas no hubieren sido interpuestas. Respecto a las características y regulaciones de todo acto procesal, la Sala de Casación Penal, ha sido clara al establecer que: “(…) Todo proceso no deja de ser un que hacer formal, donde los sujetos procesales en sus distintas dimensiones tienen que conducir su actividad y voluntad para la ejecución del acto y su ulterior legitimidad, según las reglas previstas en la ley. No hay acto procesal sin forma externa circunscrita por condiciones de tiempo, modo y lugar, todo lo cual debe aparecer regulado mediante reglas determinadas y determinables que en ningún caso pueden ser consideradas meros formalismos, pues el cumplimiento de los principios que informan el proceso penal y la sujeción a las formas, lugar y lapsos de los actos del proceso, considerados ‘ex ante’ y plasmados en la legislación son en definitiva el fin último del Derecho Procesal Penal, donde el Principio del Debido Proceso apunta a la reglamentación procesal con base en leyes preexistentes, que hace el Estado para asegurar que los procedimientos tengan un curso determinado; curso ese que no le está dado a las partes subvertir (…)” (Sentencia N° 988, del 13 de julio de 2000). De lo anterior surge evidente que la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, en el caso que nos ocupa, además, violentó el orden legal establecido en los artículos 403 y 404 del Código Orgánico Procesal Penal. Para emitir su fallo, la Corte de Apelaciones ni siquiera hizo mención a la oposición de excepciones por parte de la Defensa, así como tampoco, determinó si la decisión del Juzgado de Juicio, que declaró procedente las excepciones opuestas, estaba o no ajustada a Derecho, por lo que, sin dictar pronunciamiento alguno respecto a las excepciones, entró directamente a conocer sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas en la acusación privada para ordenar la apertura a juicio, subvirtiendo con tal proceder el orden legal establecido, que obliga al pronunciamiento sobre las excepciones, previo a la resolución sobre las pruebas ofrecidas, su pertinencia y suficiencia para ordenar la celebración del juicio oral y público. Aunado a ello, ordenó la celebración de una nueva Audiencia de Conciliación, estableciendo como presupuesto obligatorio para el Juez de Juicio que deba celebrarla, emitir pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas por el acusador privado y su suficiencia para ordenar la apertura a juicio oral y público, ocasionando con tal resolución, graves desórdenes procesales, dado que en la nueva Audiencia de Conciliación, debería existir pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas y a la orden de apertura a juicio, independientemente de cualquier resolución respecto a las excepciones opuestas, todo a los fines de acatar la orden impartida por la referida Corte de Apelaciones.Por las razones precedentemente expuestas y dada la entidad de las graves irregularidades cometidas por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, que atentan contra el debido proceso y la justicia, consagrados en los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación Penal, considera que lo procedente y ajustado a Derecho es declarar CON LUGAR la solicitud de avocamiento, presentada por el ciudadano abogado Juan Luis Martínez Luccani, Defensor Público Décimo Penal, adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Anzoátegui, asistiendo al ciudadano MIGUEL ÁNGEL NAZARIO ALCARAS

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El 10 de junio de 2014 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró con lugar una solicitud de avocamiento que aclara que para dictarse una medida cautelar en casos de delitos de acción dependiente de instancia de partes debe agotarse la vía conciliatoria.

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  • Sentencia del 10 de junio de 2014, caso Miguel ngel Nazario Alcaras Banco, Sala de

    Casacin Penal del TSJ:

    El Cdigo Orgnico Procesal Penal, regula de manera especfica el orden procesal que debe seguir el Juzgado en Funcin de Juicio, para emitir pronunciamiento en la Audiencia de Conciliacin, en los procedimientos seguidos en casos de delitos de accin dependiente de instancia de parte. Especficamente, el artculo 403, del referido texto normativo, obliga al rgano jurisdiccional a pronunciarse en el orden siguiente: Pronunciamiento del Tribunal de no prosperar la conciliacin , el Juez o Jueza pasar inmediatamente a pronunciarse acerca de las excepciones opuestas, las medidas cautelares y la admisin o no de las pruebas promovidas. En caso de existir un defecto de forma en la acusacin privada, el acusador o acusadora, si ello fuere posible, podr subsanarlo de inmediato () (Resaltado de la Sala). De igual forma, el artculo 404, eiusdem, agrega que:Celebracin del Juicio Oral y Pblico. Caso de no haber prosperado las excepciones, o cuando stas no hubieren sido interpuestas, el Juez o Jueza convocar a las partes a la celebracin del juicio oral y pblico, que deber celebrarse en un plazo no mayor de diez das, contados a partir de la celebracin de la audiencia de conciliacin () (Resaltado de la Sala).De las disposiciones antes citadas se puede colegir que, en caso de no prosperar la conciliacin las partes, el rgano jurisdiccional est obligado a pronunciarse, en primer lugar, respecto a las excepciones opuestas por las partes, ya que son de previo y especial pronunciamiento. De igual forma, dichas disposiciones normativas, establecen que el pronunciamiento respecto a la admisin o no de las pruebas promovidas y si estas son suficientes para convocar la celebracin del juicio oral y pblico, tiene como presupuesto indispensable, que no hayan prosperado las excepciones opuestas o stas no hubieren sido interpuestas. Respecto a las caractersticas y regulaciones de todo acto procesal, la Sala de Casacin Penal, ha sido clara al establecer que: () Todo proceso no deja de ser un que hacer formal, donde los sujetos procesales en sus distintas dimensiones tienen que conducir su actividad y voluntad para la ejecucin del acto y su ulterior legitimidad, segn las reglas previstas en la ley. No hay acto procesal sin forma externa circunscrita por condiciones de tiempo, modo y lugar, todo lo cual debe aparecer regulado mediante reglas determinadas y determinables que en ningn caso pueden ser consideradas meros formalismos, pues el cumplimiento de los principios que informan el proceso penal y la sujecin a las formas, lugar y lapsos de los actos del proceso, considerados ex ante y plasmados en la legislacin son en definitiva el fin ltimo del Derecho Procesal Penal, donde el Principio del Debido Proceso apunta a la reglamentacin procesal con base en leyes preexistentes, que hace el Estado para asegurar que los procedimientos tengan un curso determinado; curso ese que no le est dado a las partes subvertir () (Sentencia N 988, del 13 de julio de 2000). De lo anterior surge evidente que la decisin dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Anzotegui, en el caso que nos ocupa, adems, violent el orden legal establecido en los artculos 403 y 404 del Cdigo Orgnico Procesal Penal. Para emitir su fallo, la Corte de Apelaciones ni siquiera hizo mencin a la oposicin de excepciones por parte de la Defensa, as como tampoco, determin si la decisin del Juzgado de Juicio, que declar procedente las excepciones opuestas, estaba o no ajustada a Derecho, por lo que, sin dictar pronunciamiento alguno respecto a las excepciones, entr directamente a conocer sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas en la acusacin privada para ordenar la apertura a juicio, subvirtiendo con tal proceder el orden legal establecido, que obliga al pronunciamiento sobre las excepciones, previo a la resolucin sobre las pruebas ofrecidas, su pertinencia y suficiencia para ordenar la celebracin del juicio oral y pblico. Aunado a ello, orden la celebracin de una nueva Audiencia de Conciliacin, estableciendo como presupuesto obligatorio para el Juez de Juicio que deba celebrarla, emitir pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas por el acusador privado y su suficiencia para ordenar la apertura a juicio oral y pblico, ocasionando con tal resolucin, graves desrdenes procesales, dado que en la nueva Audiencia de Conciliacin, debera existir pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas y a la orden de apertura a juicio, independientemente de cualquier resolucin respecto a las excepciones opuestas, todo a los fines de acatar la orden impartida por la referida Corte de Apelaciones.Por las razones precedentemente expuestas y dada la entidad de las graves irregularidades cometidas por la Sala nica de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Anzotegui, que atentan contra el debido proceso y la justicia, consagrados en los artculos 49 y 257 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casacin Penal, considera que lo procedente y ajustado a Derecho es declarar CON LUGAR la solicitud de avocamiento, presentada por el ciudadano abogado Juan Luis Martnez Luccani, Defensor Pblico Dcimo Penal, adscrito a la Unidad de Defensa Pblica del estado Anzotegui, asistiendo al ciudadano MIGUEL NGEL NAZARIO ALCARAS

  • BLANCO. En virtud de la anterior declaratoria y de conformidad con lo establecido en el artculo 25 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, as como, los artculos 174 y 175 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, se decreta la NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia dictada por la Sala nica de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Anzotegui, el 22 de octubre de 2013, quedando sin efectos jurdicos todos los actos subsiguientes, salvo lo relativo al avocamiento. En consecuencia, se REPONE la causa al estado que una Sala de la Corte de Apelaciones, distinta a la que conoci, resuelva los recursos de apelacin interpuestos por el ciudadano abogado Jos Antonio Marn, Apoderado Judicial del ciudadano Jorge Luis Gaviria Linares (vctima-acusador) y dicte nueva sentencia, prescindiendo de los vicios aqu sealados.