Rumbowww.masenlucha.org

Periódico del movimiento al SocialiSmo año 1, volumen 6 noviemBre 2009

Se aBren PuertaS Para villaS del SolPágina 8

mujereS truenan

contra la medicina amarga

Página 6

15 de octuBre: una jornada que deBe continuar Página 4

ataque del goBierno a la claSe oBrera Página 3

loS efectoS dañinoS de la exPloSión gulfPágina 5

¿qué es el movimiento

al Socialismo?El Movimiento al Socialismo es una or-ganización política que lucha por la in-dependencia y el socialismo. Aspiramos a un Puerto Rico libre, democrático, sos-tenible, justo y solidario.Procuramos con el socialismo una alternativa que permita distribuir la riqueza (en la forma de ac-ceso a recursos y oportunidades) y au-mentar la prosperidad de todos y todas. En el MAS sostenemos que un mundo mejor es posible y para esto un Puerto Rico mejor es imprescindible.

Para más información sobre el MAS, co-muníquese al correo electrónico: mas@masenlucha.org o visítenos en www.masenlucha.org.

¿qué es rumbo alterno?Rumbo Alterno es el periódico oficial del MAS, a través del cual la organización publica sus posturas políticas y aporta al verdadero debate de ideas y propuestas con la información que los medios masivos capitalistas suelen obviar en su cobertu-ra. Su temática abarca todos las luchas que adelanten las metas del socialismo en Puerto Rico y el mundo incluyendo las sindicales, comunitarias, ambientales, es-tudiantiles e internacionales.

junta editorial

Nicole DíazCarlos Quirós

Ricardo RodríguezCésar Rosado

Jilynnette CentenoAntonio Rodríguez Banchs

María Miranda

colaboradores en esta edición

Alvin CoutoJosé CórdovaRuth Arroyo

RobertoThomasRoberto PastranaJosé RodríguezHumberto Trías

comisión Política

El Paro Nacional: balance y perspectivas

Se impone una evaluación del Paro Nacional del 15 de octubre. Primero, los logros. Dos concentraciones masivas paralizaron el cen-tro de actividades bancarias y comerciales

en la Milla de Oro (el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha) y en Plaza las Américas (Coalición Todo Puer-to Rico por Puerto Rico). Un contingente de estudian-tes y de la Unión General de Trabajadores bloqueó el expreso las Américas. Posteriormente, parte de la marcha del FASyL también subió al expreso. El trián-gulo entre la UPR en Río Piedras, la Milla de Oro y Plaza las Américas se convirtió en el gran escenario de actividades que paralizaron el centro del Área Me-tropolitana. Acciones en los muelles de estudiantes y varios sindicatos afiliados a la AFL-CIO paralizaron la actividad de camiones. Ya que los miles de traba-jadores que se congregaron eran en su mayoría em-pleados públicos, podemos suponer que sus agencias cerraron parcial o completamente. No hubo clases en las escuelas. En Caguas, un comité del FASyL para-lizó Walmart. Por otro lado, en la calle se palpaba el apoyo al paro. Las concentraciones no fueron en el Capitolio o Fortaleza. La importancia de esto la expli-có Luis Pedraza, portavoz del FASyL: la protesta fue en la casa de los jefes del gobierno, es decir, los pa-tronos y millonarios que gobiernan el país.

Pero el paro también mostró nuestras debilidades. El momento no es para evadir debates. La división genera desánimo. Dos conferencias de prensa, para anunciar dos actividades paralelas provocaron confu-sión en la mayoría que no está organizada ni sindical ni comunitariamente. La masividad de las actividades no puede esconder este hecho. El gobierno se jactó de que no pudimos acordar ni un lugar de reunión. ¿Eran los conceptos (concentración y marcha) o las consig-nas y exigencias (repudio ley 7, APP) tan distintas que exigieran dos actividades? En la marcha de la Coali-ción participaron líderes del PPD, partido patronal, en el cual nadie debe confiar. Pero su presencia no era razón para renunciar a una actividad conjunta, siem-pre y cuando se respetara el derecho de cada sector a expresarse libremente y se compartiera la tarima a la hora de los mensajes. ¿Era tan difícil negociar esto? Por un lado, encontramos la actitud de algunos (no to-dos) los sectores de la CTPR que no quieren unirse con los “radicales” del FASyL para no asustar a líderes religiosos o populares. Hay que abandonar esa actitud, más aún cuando viene acompañada de la arrogancia de plantear que los sindicatos agrupados en el FASyL son una minoría. Por otro lado, en el último sector hay que dejar de actuar como si se pudiera prescindir de la coordinación y el trabajo conjunto con otros sectores sindicales a los que se considera poco consecuentes. Lamentable fue el espectáculo de oradores del FASyL

dedicando sus discursos a atacar no al gobierno sino a la otra concentración. El mérito de su mensaje de lucha, de identificación de la clase patronal, y no sólo del gobierno como el enemigo, se vio opacado por una actitud que no entiende que esta lucha debe contar con todos los sectores. Construir un sector de lucha con-secuente. ¡Sí! Construir un frente unido de todos los sectores. ¡También! Y lo primero se define en la calle, no según las afiliaciones oficiales.

Posteriormente, la CTPR ha tenido el mérito de mantener en el debate público el tema de la huelga general. Dirigentes del FASyL han respondido insistiendo que no basta con hablar de huelga, que hay que prepararla y contar con todos los sectores. Por otro lado, el liderato de la Federación de Maestros habla de unidad. ¿Quién tiene razón? Todos tienen razón. Hace falta la huelga general. Y la unidad. Y contar con todos. El problema es que todo esto se convierte en ocasión no de acción sino de ataques. Lo que el pueblo ve es la constante división y tiradera de unos y otros. La prensa hace fiesta. Rodríguez Ema sonríe. A veces se dice que el “pueblo sabe quién es quién”, que “no tenemos que preocuparnos por la prensa”, etcétera. No es cierto. El pueblo percibe la división. Todas las actividades realizadas después del paro hubiesen sido más exitosas si se hubiesen construido conjuntamente.

No podemos pasar por alto el rol de los estudiantes responsables de la toma del expreso el día 15. Luego de la actividad fueron objeto de ataques por el obispo Vera de la CTPR que les tildó de borrachos. Por otro lado, el mismo día 15, emisarios de la actividad del FASyL intentaron desmovilizarlos, llamándolos a ba-jar del expreso no bien habían logrado cerrarlo (aun-que más adelante los compañeros Ricardo Santos y Figueroa Jaramillo realizaron una importante labor de mediación con la Policía). Consideramos que la actividad de los estudiantes en el expreso fue justi-ficada. Tuvo problemas: la improvisación, la falta de grupo coordinador pre-acordado, de un plan para una hora de retirada, etcétera. Son cosas que deben su-perarse. Sin embargo, este tipo de actividad, el corte de ruta como ya enseña el caso de Argentina, en una sociedad dependiente del automóvil y con grandes niveles de desempleo es y será parte importante de nuestro arsenal de lucha.

Es imperativo acabar con la guerra de palabras. Si no es posible un solo frente o coalición es necesaria la coordinación estrecha de sus actividades. Como indi-camos en nuestro pasado editorial: si no nos unimos tan sólo nos quedará el triste consuelo de echarle al otro la culpa de nuestra derrota. Y eso, a nuestro pue-blo, ni le interesa ni le sirve de nada.

Página 3

La posposición de los despidos de sobre 12,270 empleados públicos para enero del 2010 es sólo uno de los fac-tores que abona a la necesidad de fortalecer la lucha contra las políticas neoliberales del gobierno. Ya portavo-ces gubernamentales han anunciado eliminarán unas 40 agencias públicas a través de un proceso de “reorganiza-ción gubernamental”. Como parte de dicha “reorganización”, la Ley 7 per-mite el traslado de empleados de una agencia a otra e incluso de una clasifi-cación a otra, obligando a los emplea-dos trasladados a comenzar un nuevo período probatorio, aunque lleven 20 años de servicio. Esta potestad que le brinda la Ley 7 a los jefes de agencia seguramente se habrá de utilizar para cometer todo tipo de arbitrariedades e incluso aumentar los despidos de em-pleados públicos.

Pero más allá de la Ley 7 el pueblo trabajador está amenazado por otras medidas que ha tomado o que plani-fica tomar el gobierno. Entre éstas se encuentran:• La descolegiación de los abogados;• La nueva ley de permisos dirigida

a facilitar la construcción en áreas

a m b i e n t a l -mente sensi-tivas;

• La intención del gobier-no de que se constru-yan hoteles y campos de golf en el área denominada co-rredor ecológico del noreste;

• La contrarreforma la-boral para eliminar dere-chos y aumentar la explotación de los trabajadores de la empresa privada;

• La derogación de la ley de cierre para beneficio de las megatiendas;

• La privatización de servicios públi-cos a través de las llamadas “Alian-zas Público Privadas” como forma de beneficiar a un grupito de ricos;

• El desmantelamiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña y la mu-nicipalización de sus funciones.

Como puede verse, son muchas y variadas las acciones que pretende

Ataque del gobierno a la clase obrera en el sector privado

comisión obrera y Sindical

tomar el gobierno en su afán de favo-recer a los ricos extranjeros y del pa-tio. Todos los sectores del pueblo tra-bajador están afectados. El gobierno ha sido claro que está para favorecer a los capitalistas. Ante esta realidad, este no es el momento para el pesi-mismo. Los trabajadores no podemos descansar en nuestro empeño de for-talecer nuestra resistencia y nuestras organizaciones para enfrentar y derro-tar a este gobierno. ¡Afrontemos las tareas del momento!

La Ley 7 trae consigo la precarización de la clase obrera en el sector privado. El año pasado se perdieron sobre 45 mil empleos en la empresa privada y al día de hoy tenemos una tasa de desempleo de 17% equivalente a más 200 mil per-sonas buscando empleos activamente.

A esto, le sumamos que la privatiza-ción trae consigo la pérdida de dere-chos a los obreros; como ejemplo de esta situación, puede ser que ‘Juan’ (nombre ficticio), quien trabaja en edi-ficios públicos, sea despedido. Por los efectos de la ley 7, el servicio que ofrece este empleado unionado (con su plan médico, plan de retiro, derecho a vacaciones, derecho a arbitraje si es in-justamente sancionado) será entonces brindado por una compañía privada que contratará a empleados a tiempo par-cial, sin plan médico, sin vacaciones, trabajando por el salario mínimo, sin plan de retiro y sin un foro a donde asis-tir si es injustificadamente despedido por su patrono. Es un negocio redondo para el gobierno y para la empresa pri-vada. Por un lado, el gobierno no está en la obligación de brindar algún tipo de derecho a los nuevos empleados y el nuevo patrono, que es de la empresa privada, no va a igualar los derechos de los trabajadores que hacían esta labor. Lo mismo va a ocurrir si se impone la privatización en grandes proporciones.

La Ley 7 alienta a los actuales empre-sarios a despedir trabajadores. Con el incentivo de hasta $15 mil dólares por emplear a trabajadores cesanteados del gobierno es un dulce con sabor amargo al final. Podemos tomar el ejemplo de ‘x’ farmacéutica que paga un promedio de $30 mil anuales. Si este patrono despide por cualquier ra-zón a un empleado y se acoge al in-centivo del gobierno, empleando un despedido del gobierno, pagará sólo el 50% de este salario. No sólo esto, el patrono en la empresa privada limitará los derechos del nuevo empleado ya que como nuevo en la empresa no le ofrecerá plan médico, plan de retiro y otros derechos que podía tener el o la empleada que estaba antes en la plaza. Por tanto, el gobierno incentiva a que despidan a miles en el sector privado

Lo peor está por venir…redacción rumbo alterno

Además de ser debatible, el discurso de ‘las cosas están malas’ y ‘ya las ventas no son como antes’ es una mera excusa para no brindar los aumentos que por justicia se merecen los trabajadores y trabajadoras.

y venga una contratación en masa de los empleados despedidos del gobierno por dicho incentivo. Luego, el gobierno se jactará diciendo que los despedidos del gobierno ya lograron ser reclutados. Lo que no dirán es que hubo despidos en masa en el sector privado y lo que hubo fue un reciclaje de mano de obra y precarización del empleo.

Es una realidad que son muchas las compañías del sector privado que desde hace tiempo dan algún tipo de servicio al gobierno, desde reparacio-nes especializadas hasta el vendedor de Pepsi que va a llenar las máquinas expendedoras de refrescos a las agen-cias del gobierno. Claro que, la dismi-

nución en la cantidad de empleados del gobierno tendrá un efecto dominó en estas compañías que dan algún tipo de servicio al gobierno, las cuales re-ducirán también sus empleados.

Es un discurso recurrente el de los patronos en el sector privado cuando están negociando los convenios colec-tivos que utilizan el discurso de ‘las co-sas están malas’, ‘ya las ventas no son como antes’ y el más común ‘por culpa de la crisis no podemos dar aumentos’. Todos estos argumentos, además de ser debatibles, son una mera excusa para no brindar los aumentos que por justicia se merecen los trabajadores y trabajadoras. El ejemplo más claro de

esto es lo que viven los compañeros de la Unión Independiente de la Cer-vecería India, que llevan un año en la mesa de negociación con los patronos. Mientras la empresa duplica sus ven-tas e invierte $80 millones en infraes-tructura y mercadeo, no quiere llegar acuerdos con los trabajadores y traba-jadoras para lograr un convenio justo.

La Ley 7 es catastrófica para la cla-se obrera en el sector privado. El ata-que del gobierno está dirigido contra todos y todas. Es nuestro deber con-solidarnos como una sola fuerza para poder detener la embestida de este gobierno y del capital que lo promue-ve y sustenta.

El pasado 28 de octubre de 2009, los senadores Rivera Schatz, Martínez Maldonado,

Ríos Santiago y las senadoras Peña Ramírez y Burgos Andújar suscribieron un

proyecto de ley (P. del S. 1290) para establecer

la “Ley de Delitos Electrónicos en la Internet” a los

fines de “tipificar como delito la utilización de la red

internet para cometer actos delictivos en contra del

Estado, las personas y la propiedad”. Entre los delitos,

se tipifica como delito grave el atentar contra la moral

de otra persona con difamaciones, injurias, escritos o

imágenes, fotomontajes por vía electrónica o a través

de la red internet. Con este proyecto pretenden

acallar nuestras voces y nuestra creatividad, lo que es un ataque a la libertad de expresión de

nuestro pueblo. En fin, el fascismo sigue desgarrando nuestros derechos democráticos.

otro Proyecto de índole faSciSta

Página 4

¡que se enteren todos y todas que la juventud ha dado el grito de guerra! ¡y de qué manera! Ante la ofensiva del gobierno de “blanquitos” de Fortuño, que despide a miles de se-res humanos sin contemplación y que, como dice la consigna “está vendiendo lo que queda del País”, los y las jóve-nes se han levantado a hacerle frente sin vacilación. Hace más de una déca-da (por no de decir que mas) que no se veía lo que hoy vivimos. El ejemplo más cercano lo es la huelga de la Telefónica (Huelga del Pueblo) y la lucha por Vie-ques y, aun así, lo que se respira en la atmósfera hoy es muy distinto. Es de mucha mayor volatilidad, entrega y lucha “a todas”, en fin, es de pura energía.

Hace ya varias semanas que el es-tudiantado de la Universidad de Puerto Rico y de otras instituciones dio mues-tra de ser la vanguardia de la lucha por la justicia en este País. Con múltiples paros y manifestaciones, no sólo en sus centros de estudio, sino en una gigan-tesca muestra de solidaridad por todo Puerto Rico. En preparación para el Paro Nacional del 15 de octubre, los es-tudiantes de la UPR en Río Piedras co-menzamos tomando las avenidas Pon-ce de León y Universidad ante la mirada impotente de la Policía como respuesta a un cierre patronal en todo el sistema universitario para evitar que el estu-diantado deliberara democráticamente y decidiera que iba a hacer como sector social ante todo lo que está sucedien-do. ¡Ja! Ilusos. Al próximo día se dio la asamblea en el medio de la calle. Allí, se aprobaron innumerables demandas que demuestran la conciencia que tie-ne el estudiantado de su rol social y se consumó la deliberación sobre la parti-cipación estudiantil en el Paro Nacional.

El 15 de octubre miles de estudian-tes de distintos centros de estudio se unieron a otros sectores universitarios para marchar hacia el centro comercial

Plaza las Américas (que ya había anun-ciado que no abriría) paralizando la ave-nida Piñero en el camino. A la altura de la avenida César González, la juventud que allí marchaba decidió que, si la inten-ción era paralizar el País, la mejor mane-ra de hacerlo era detener el expreso Las Américas. Así lo hicimos y comen-zó la paralización por más de 5 ho-ras de la autopis-ta, un hecho sin precedentes en la historia del País.

Nuevamente, la Policía no sa-bía qué hacer. Pero ya entrada la tarde, los uni-formados, deses-perados por haber tenido que limitarse a presenciar a la juventud expresándose con pintura en aerosol y a la gente cele-brando la toma del expreso, comenzaron a provocar una situación violenta a órde-nes del asesino y violador de libertades civiles, José Figueroa Sancha, quien so-brevolaba el área en helicóptero. Mien-tras la Policía se formaba, los que allí estábamos también nos formamos frente a frente a las fuerzas represivas demos-trando que allí no había miedo. Ante tal reacción, la Policía comenzó a movilizar cada vez más guardias, fuerza de cho-que, unidad montada, etcétera. Fue en-

tonces cuando se generó una asamblea para decidir cuál sería nuestra próxima acción, deliberación que se extendió por más de una hora. Durante este tiempo, el reclamo de los manifestantes obligó a la uniformada a retirar a la Mon-tada y a la Fuerza de Choque y hasta

el mismo Figue-roa Sancha tuvo que bajar de su helicóptero ante una asamblea que, según él, no tenía ningún tipo de organi-zación. Tras lar-gos momentos de tensión en los que la Poli-cía se negaba a retirse por com-pleto, los jóve-

nes comenzamos a movernos en una marcha enérgica hacia la UPR a la vez que los oficiales se iban moviendo al otro lado del expreso.

Algunos dirán que ese día no se logró lo que se debió lograr. A esto respon-demos que durante toda esa semana tuvimos a la Policía en vilo y viéndose obligada a respetar nuestro derecho a manifestarnos y llevar a cabo actos de desobediencia civil. Por primera vez en la historia se paralizó el expreso como acto deliberado y abierto. Se ejerció un acto atípico en la historia de este País

de democracia directa en el mismo medio del ex-preso. Cuando se le pre-guntó a uno de los altos oficiales por qué la Poli-cía no daba por acabado su intento de intimida-ción y daba marcha atrás como acto de buena fe, el sujeto contestó: “porque va a desmoralizar a los

Una jornada de lucha memorable que no debe detenerse

roberto thomas ramírez juventud 23 de Septiembre

míos”. Obligamos a la Policía a tener que pensar en la ya maltrecha moral de sus oficiales, que quedaba evidenciada en sus caras. Por esa misma razón, Figueroa Sancha se vio forzado a tergi-versar todo lo que sucedió y decir que los jóvenes nos retiramos por miedo, aún cuando sabe que la salida fue una decisión colectiva, tomada después de más de una hora frente a sus mismos perros.

Ahora bien, no tener miedo no sig-nifica ser imprudente e irresponsable con los que lo acompañan. Lo que sucedió allí fue importante y demues-tra una gran capacidad y disposición de grandes sectores de nuestra socie-dad. Pero la toma del expreso el 15 de octubre fue sólo una batalla, no la guerra. Allí no se iba a transformar el País, pues para hacerlo no hacen falta sólo ganas sino también organización y preparación. Sobre todo, hace falta que los sectores que están dispuestos a dar la batalla estén libres y sanos para las próximas que se avecinan. Además, la pelea no es sólo con la Policía sino con el sistema que tenemos del que la fuerza represiva es una parte. Y si ellos están organizados, para derrotarlos hay que organizarse y darles por dónde no se lo esperan. Sólo así lograremos transformar este País en uno de justi-cia para todos y todas. Las próximas batallas ameritan mayor capacidad de coordinación y disciplina. Eso incluye escoger las batallas y determinar cuá-les son meritorias de total sacrificio.

A la Policía le decimos que allí no ha-bía miedo sino astucia, que las batallas que escojamos dar hasta el final serán las que perderán. Esto significa que lo mejor que podrían hacer es pararse del lado del pueblo. Pues si atacan al pue-blo, éste responderá con toda la fuerza de su corazón.

“Por primera vez en la historia se paralizó el expreso como acto

deliberado y abierto. Se ejerció un acto atípico en la historia de este País de democracia directa en el

mismo medio del expreso.”

A pesar del intento de intimidación de la policía, la juventud se mostró firme y decidida a hacer valer su derecho a protestar.

La Unidad Montada está siendo movilizada constantemente para reprimir a manifestantes.

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Página 5octubre 2009

cataño y las áreas circundantes se sacudieron en la madrugada del viernes 23 de octubre con las explosiones de los tanques de almace-

naje de combustibles en las instalaciones de la Gulf. Como ha ocurrido en diversas ocasiones en diferen-tes países, un gobierno en crisis de aceptación es rescatado por una catástrofe. La catástrofe rescata tanto al gobierno de Fortuño como a una empresa que estaba en graves problemas económicos.

Ante la situación volátil en que el país se encuen-tra, inmediatamente la policía buscó la forma de echar sombras sobre el movimiento social que protesta por el abuso de un gobierno que ha favorecido descarada-mente a los sectores pudientes del país, ganándose el despectivo mote del gobierno de los guaynabitos. De hecho, exigimos que se enjuicie a la mano criminal involucrada, la cual resultó ser la propia compañía y el ejecutivo corrupto detrás de ella. Fortuño debe bus-car los culpables entre sus amigos, sus donantes de campaña. Entre aquellos a los que no les tiembla la mano para sembrar el hambre, el horror y el descon-suelo con tal de defender sus bolsillos. Que busque a los verdaderos terroristas, cómplices suyos. Si tu-viera un mínimo de interés en encontrarlos, no debe darle mucho trabajo, él les conoce. Son aquellos que ponen sus ganancias por encima de nuestras vidas. Que busque los culpables entre los que salivan con los despidos en el gobierno porque ahora se preparan para hacer su agosto. O entre los que les tiene sin cuidado que cientos de familias queden sin casas, sin luz ni agua con tal de ganarse un par de pesos.

Las explosiones hicieron que todo lo que pasaba en el País quedara oculto tras la inmensa pared de humo negro que las instalaciones de Gulf lanzaron al aire. Por ejemplo, horas antes de las explosiones brigadas de AAA fueron a Villas del Sol a destruir las tuberías que llevaban el agua a la comunidad. Un acto que dejó a cientos de familias, con una gran cantidad de niños pequeños e infantes, sin agua. Habiéndoseles cortado anteriormente la luz, toda esta comunidad permanece ahora viviendo en condiciones indignas de seres humanos en pleno siglo 21. Si el estado

destruye su propiedad con tal de desalojar seres hu-manos que buscan un aire de esperanza, por qué po-demos pensar que una empresa no haga lo mismo con tal de salvar sus bolsillos.

El gobierno y CAPECO tienen que explicar cómo es posible que explosiones que retumbaron hasta Trujillo Alto no han producido ni un solo muerto, ni si quiera heridos de gravedad, en unas facilidades que supues-tamente están custodiadas como si fuera una base militar. Tienen que explicar cómo se produce una ex-plosión como ésta, supuestamente en forma acciden-tal por sobrecalentamiento, a una hora del día cuando la temperatura está bajando. Deben explicarnos dón-de estaban los empleados. Un gobierno en crisis y una compañía en crisis salvados por un accidente que resulta demasiado conveniente. Durante tres días, el País se olvidó de los despidos, de los ataques a las comunidades y el resto de las noticias que se ventila-ban a diario en la prensa y en la radio. Ello apenas a un par de semanas de que los despidos masivos de empleados entren en efecto.

Ante la crisis fiscal del gobierno, su interés primor-dial es lograr la indemnización por el gasto incurrido en la operación para apagar el fuego y los daños ma-teriales a los vecinos. Pero ¿dónde queda el daño a la salud sufrido por los que estuvieron expuestos al aire contaminado? Esos daños apenas se empeza-rán a conocer en varios años y probarlos va a ser en extremo difícil, si no imposible. Debemos recordar los efectos en la salud sufridos por los rescatistas que tra-bajaron durante el atentado contra las torres gemelas del 9-11. En nuestro caso el asunto se hace mas gra-ve porque muchos de los bomberos que laboraron en detener el incendio quedarán cesantes en unos días, producto de la ley 7. Además, debemos recordar que en nuestro País estas instalaciones están colocadas dentro de áreas residenciales. Miles de vecinos es-tuvieron expuestos a los vapores de los combusti-bles. Sufrieron de naúseas, dolores de estómago y de cabeza típicos de exposición a estos compuestos orgánicos volátiles. Estuvieron expuestos también a reconocidos cancerígenos producto de la combustión

incompleta de hidrocarburos. ¿Dónde quedan los da-ños sufridos por toda esta gente?

Por otro lado, debemos preguntarnos dónde queda el daño al ambiente, los materiales tóxicos que han ido a parar a los humedales cercanos, a los cuerpos de agua. Si normalmente estos daños quedan impunes, ahora no van si quiera a poder ser evaluados porque los expertos en humedales y manejo de vida silvestre del Departamento de Recursos Naturales fueron otras de las víctimas de la ley 7.

¿Dónde quedan los impactos en el cambio climáti-co y en la calidad de aire de toda el área circundante, en los suelos y cuerpos de agua que recibirán, con la lluvia, los contaminantes orgánicos y lluvia ácida? En nuestro País, los crímenes ambientales quedan prácti-camente impunes porque el sistema se ha estructura-do para defender a aquellos de las clases dominantes que se exceden y abusan del entorno natural. Ya es hora de que nuestro pueblo exija que estos crímenes no queden impunes y se adjudique responsabilidad por actos contra nuestro entorno natural.

Exigimos que se encauce criminalmente a los responsables de estos actos aunque sabemos que nuestros gobernantes tienen dos varas. Una estricta e implacable para tratar a los humildes y una laxa y condescendiente para tratar a sus amigotes y a los de la clase dominante. Solamente la presión del pue-blo trabajador podrá lograr que se haga justicia. Re-cordemos siempre QUE NUESTRAS VIDAS VALEN MÁS QUE SUS GANANCIAS.

josé córdova iturregui especial para rumbo alterno

EFECTOS DE LA EXPLOSIÓN

• Efecto dañino a personas que estuvieron ex-puestas a los productos de la combustión incom-pleta de los combustibles fósiles en los tanques quemados (bioxinas y benzofuranos, los cuales son cancerígenos) y compuestos orgánicos tóxi-cos volatilizados por el incendio.

• Efecto dañino a personas que estuvieron ex-puestas al particulado fino en el humo, que llega a niveles bajos y es respirada por las per-sonas. El particulado, mientras más fino, más peligroso es porque puede llegar más profundo en los pulmones y alveolos y puede causar da-ños respiratorios y hasta cáncer.

• Contaminación de los cuerpos de agua circun-dantes y su vida acuática.

• Efecto dañino por la lluvia ácida.• Contaminación de la vegetación circundante y

de aquella donde se deposite el particulado con-taminado.

• Daño a la cadena alimentaria de esos ecosis-temas.

• Aumento de la contribución de la isla al calen-tamiento global por la liberación de CO2 al aire resultante de la quema de esos combustibles fósiles.

• Peligro a las personas que fueron desalojadas y al regresar limpien sus casas y respiren particu-lado resultante del incendio.

• Aumento en problemas de salud mental.

LA EXPLOSIÓN GULFLo que el viento no se llevó

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TRABAJADORAS TRUENAN

CONTRA“LA MEDICINA AMARGA”

Fortuño y la Legislatura: los peores agresores de las mujeres en Puerto Ricoruth e. arroyo muñozcomisión de derechos democráticos

Bajo copiosos aguaceros intermitentes y al son de bomba, cientos de mujeres resonaron sus calderos, ollas, cacerolas y campanas en un masivo piquete frente a La Fortaleza en con-tra de los miles de despidos gubernamentales, la Ley 7, las APP, el desmantelamiento de la Procuraduría de la Mujer y la intervención cada vez mayor de fundamentalistas en asuntos medulares para el País.

La actividad nocturna, llevada a cabo a finales de octubre, simbolizó un grito feminista en denuncia de la tranquilidad con la que duermen los gobernantes y los responsables de la crisis, siempre inmunes a “la medicina amarga”. Representó, además, la reactivación de la jornada de protestas, luego del exitoso paro nacional, donde las mujeres han asumido un rol protagónico en la lucha contra las medidas neoliberales y an-tiobreras del Gobierno.

Las manifestantes, entre las que se encontraban jefas de familia, sus hijas e hijos, universitarias y hombres solidarios, también exigieron la integración al currículo escolar de una perspectiva de género para atacar las raíces del machismo en nuestra sociedad, la restitución de los servicios para vícti-mas de violencia doméstica, la extensión de las protecciones de la Ley 54 a parejas del mismo sexo, y el fin del discrimen por orientación sexual y por estado civil en los procesos de adopción.

Además de enumerar los atropellos sexistas y clasistas de la Administración Fortuño, las manifestantes denunciaron a fi-guras como el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; la primera dama, Lucé Vela; la senadora Evelyn Vázquez; y la procuradora de la Mujer, Yvonne Feliciano, quien ha per-manecido callada y cruzada de brazos en medio de la crisis socioeconómica que viven las trabajadoras del País.

La manifestación fue convocada por el Movimiento al So-cialismo, Puerto Rico Para Tod@s, Taller Salud, el Proyecto Matria, la Organización Socialista Internacional, el Movimiento Amplio de Mujeres, el Comité Contra la Homofobia y el Dis-crimen, el Caucus de la Mujer del Movimiento Socialista de Trabajadores, el Frente Socialista y el Colectivo Feminista Masfaldas.

roberto Pastrana Pagéscomisión de derechos democráticos

Las mujeres, que somos al menos la mitad de la población mundial, tenemos derecho a una vida libre de discriminación y violencia. Histó-ricamente, la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y hombres se ha manifes-tado en forma de violencia. Por eso, en 1999, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el Día Internacional por la No Violen-cia contra la Mujer, reconociendo así a las her-manas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal: valientes luchadoras dominicanas que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Y es que la violencia contra las mujeres adopta muchas formas – física, sexual, psicológica, económica – y puede ser perpetuada por diversos actores– pareja o ex pareja, particular, patrono, e incluso por el Estado.

Las formas de violencia se relacionan entre sí y producen severos problemas de salud, de productividad, limitan la participación de las mujeres en la vida pública y afectan la libertad individual de cada mujer. Incluso, la vida de aquellas que no son objeto directo o manifiesto de alguna forma de violencia por género está, comoquiera, condicionada por ella: la constante posibilidad de violencia se traduce en precau-ción, estilos de vida limitados y actitudes psico-lógicas preventivas.

En Puerto Rico, tras décadas de lucha de las mujeres organizadas en un movimiento femi-nista pujante, logramos legislación y estructu-ras para combatir la violencia contra la mujer, como la Ley 54 y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Estas conquistas han brindado frutos que, aunque limitados, son la esperanza de miles de mujeres que se apoyan

en estos logros. Las políticas del gobernador, Luis Fortuño, y la Legislatura ahora amenazan nuestros avances.

El Gobierno de Fortuño insiste en que ejecu-tará todos los despidos de la segunda fase de la Ley 7. Originalmente, se proponían lanzar a la calle a cerca de 17,000 servidores públicos el 6 de noviembre. Las protestas y acciones legales han retrasado la ejecución de cerca de 7,000 de estos despidos hasta enero del 2010, pero el in-transigente Gobernador afirma que mantendrá su “medicina amarga” y que, más tarde o más temprano, los despidos se ejecutarán.

Las protestas y manifestaciones contra esta masacre laboral no han cesado. Las mujeres hemos sido protagonistas importantes en esta lucha, y no es para menos. Las mujeres toma-mos la calle para combatir la masacre laboral del Gobierno de Fortuño. El 60% del servicio públi-co es femenino y, a pesar de que el Estado no ha publicado a cuántas lanzará a la calle, proyecta-mos que más de 10,000 mujeres serán víctimas de los despidos masivos. Esto es una agresión, perpetrada por el Estado, que amenaza a miles de mujeres y provoca mayor vulnerabilidad a to-das las mujeres en la isla.

En el Puerto Rico de hoy, 1 de cada 3 hoga-res es liderado por una mujer sola. De estos hogares, el 58% vive bajo el nivel de pobreza. Con la ola de despidos, más mujeres jefas de familia serán empujadas a la pobreza. Es con-senso internacional que la pobreza es un factor que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia por género. Con la masacre laboral de la Ley 7, Fortuño y la Legislatura son los peores agresores de las mujeres en Puerto

Rico, pues nos hacen a todas más vulne-rables.

Como si no fuera suficiente mal, con la Ley 7 han despedido el 75% de las em-pleadas de la OPM: queda así desmante-lada la línea de emergencia de 24 de esta oficina, los servicios legales y las unida-des de monitoreo, propuestas, educación y prevención. Así quedan desprovistas miles de mujeres del limitado apoyo que tras años de lucha habíamos alcanzado. Ésta es una agresión frontal de la Admi-nistración Fortuño a las mujeres del País. Ante todo esto, tomemos la calle. ¡Todas a la huelga general!

Cientos de mujeres marcharon a la Fortaleza para repudiar los múltiples ataques del gobierno. (Foto: Humberto Trías)

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Las mujeres también dijeron presente en la marcha del FASyl de San Juan a la Fortaleza el 6 de noviembre.

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“Frente a la crisis: ¡Integración!” fue la consigna del Segundo Encuentro Sindical de Nuestra América, aus-piciado por la Federación Sindical Mundial y celebrado en Sao Paulo, Brasil, los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2009. Más de un centenar de dirigentes sindicales participaron en el evento, en el que debatieron sobre la crisis del capitalismo, su impacto en el desarrollo de las naciones y en las relaciones laborales, la unidad de la clase trabajadora, los procesos de integración regional, las acciones y desafíos del movimiento sindical, la res-puesta de los trabajadores a las acciones antidemocrá-ticas, el apoyo a los movimientos de solidaridad y a los cambios políticos y sociales del continente.

La Coordinadora Sindical de Puerto Rico fue parte del evento donde participaron Ángel Figueroa Jaramillo y José Rivera de la UTIER, Nydia González de la Unión de Abogados y Abogadas de Asistencia Legal, José Rodrí-guez Vélez del Movimiento Solidario Sindical y miembro del MAS, y Luis Pedraza Leduc de PROSOL-UTIER y portavoz de la Coordinadora.

Las ideas debatidas estuvieron centradas en los si-guientes puntos: la lucha anticapitalista; la participación de trabajadores y sindicatos en procesos alternativos de transformación social; la definición de acciones a nivel continental de apoyo a gobiernos progresistas, de so-lidaridad internacional, en defensa de la integración de los pueblos, de los recursos naturales y acciones de confrontación al neoliberalismo, las transnacionales y el poder del capital.

Al evento asistieron 150 delegados y delegadas de América Latina, el Caribe y una representación de las Centrales Sindicales del país cede. Además, estuvieron presentes invitados de los Sindicatos de Chipre, Congo, India, Japón, Galicia, País Vasco, Portugal y Viet Nam. Puerto Rico fue seleccionado por tercer año consecutivo para formar parte del equipo de trabajo del Tercer Encuentro Sindical de Nuestra América. Para mayor información de este evento visite por internet: http://encuentrosindical.org/.

comisión de relaciones internacionales

Segundo Encuentro Sindical de Nuestra América

¡Defendamos al Movimiento Solidario Sindical!

En la edición de noviembre-diciembre del periódico Bandera Roja se publicó una nota bajo el título: “Trabajadores luchan por democratizar Movimiento Solidario Sindical”. En dicho artículo se informa que unionados de tres talle-res del MSS solicitaron una asamblea extraordinaria que se celebró el 14 de noviembre; que el presidente del MSS, José Rodríguez Vélez, desconoció lo resuelto por la asamblea y que éste in-tenta mantenerse en la dirección de la Unión contra la voluntad de los trabaja-dores. Ante esta tergiversación de los hechos es necesario aclarar lo ocurrido.

La Constitución del MSS dispone que el 30% de los miembros pueden convo-car a una asamblea extraordinaria. El MSS recibió una solicitud de asamblea que incluía 210 firmas, no 300 como se alega en el artículo antes citado. La so-licitud tenía serias deficiencias, pero la más importante fue la falta de notifica-ción adecuada: no se especificó el mo-tivo de la petición. De hecho, la mayo-ría de los que firmaron desconocían el propósito de la asamblea. La matrícula del MSS no podía saber el objetivo de los proponentes quienes mantuvieron en secreto su agenda. Aún así, la Junta decidió dar paso a la petición y convocó sin dilación la asamblea extraordinaria. Como los proponentes de la asamblea no establecieron el objetivo ni propu-sieron tema alguno para incluir en la agenda, la Junta decidió presentar un informe y abrir la discusión. Evidente-mente, la asamblea era de carácter in-formativo, no deliberativo.

Con la participación de apenas 4l miembros de una matrícula de más de 600 trabajadores se celebró la asam-blea extraordinaria el 14 de noviem-bre en Bayamón. La asamblea estaba compuesta por 40 miembros de dos ta-lleres: Suiza e Indulac, y por un miem-bro del taller de Crown Cork. El am-biente de la asamblea estuvo cargado de amenazas de violencia desde antes de comenzar los trabajos. El abogado de la Unión, Manuel Rodríguez Ban-chs, fue recibido con una amenaza de muerte: “hay que matar a este abogado socialista”. Una vez comenzados los trabajos, un grupo vociferante preten-dió imponer de forma estridente y vio-lenta un cambio de agenda, la depo-sición del presidente, la restitución del ex-empleado de la Unión José Adrián López y la celebración de elecciones

para todos los cargos electivos. Ante el señalamiento de la mesa sobre la petición y notificación defectuosas, evi-denciadas por la escasa participación de sólo 41 trabajadores, y sobre que la asamblea no había sido convocada para esos propósitos, aumentó la agre-sividad de los presentes. Amenazaron de muerte al presidente y al levantar-se los trabajos bloquearon la salida del lugar con varios vehículos. En medio de aquella situación irrumpió en el lu-gar el ex-empleado despedido quien no tenía derecho alguno a participar de la asamblea y puso de manifiesto ser uno de los instigadores que está intentando secuestrar al MSS.

José Adrián López fue despedido del MSS porque se negó a representar a un trabajador de Suiza Dairy en un caso de despido. Desde entonces trabaja in-cesantemente contra el MSS e intenta apoderarse del sindicato. En su defec-to, López ha manifestado su deseo de que el MSS le entregue dos talleres: Suiza e Indulac. Desea también que la Unión le entregue las cuotas cobradas hasta el presente en esos talleres. Tras el discurso de “democratizar” al MSS, López manipula a un pequeño grupo de trabajadores con el objetivo de crear un

sindicato del cual vivir al que ha bauti-zado la Nueva Fuerza Sindical (NFS).

Vale la pena preguntar: ¿es democrá-tico que un grupo de 41 trabajadores de una matrícula de 600 deponga al pre-sidente? ¿Es democrático que perso-nas que no son ni empleados ni miem-bros de una Unión intervengan en una asamblea? ¿Es democrático destruir un sindicato si no se consigue un em-pleo de vuelta? ¿Es democrático exigir la entrega de dos talleres bajo el chan-taje de levantar calumnias públicas?

Es lamentable que Bandera Roja, con la publicación del referido artículo, se preste para este tipo de maniobra.

Sugerimos que en el futuro verifiquen la veracidad de los hechos antes de publi-carlos.

Luego de la asamblea los estilos gansteriles y las presiones indebidas se han intensificado. Conociendo lo an-terior responsabilizamos a este sector de cualquier agresión contra cualquier miembro del MSS o sus abogados. Además, hacemos un llamado al mo-vimiento obrero y a las organizaciones progresistas para repudiar este tipo de maniobra y apoyar al MSS ante la agre-sión de quienes anteponen sus intere-ses personales a los intereses de los trabajadores.

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césar a. rosado ramosespecial para rumbo alterno

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La crisis no es culpa del pueblo.

¡Que paguen los ricos!

La comunidad de rescatadores de terreno de Villas del Sol, loca-lizada en Toa Baja, continúa re-escribiendo su historia de lucha y sacrificio. Sesenta y seis familias, a las que se les anotó la rebeldía en el atropellado proceso de des-ahucio que se lleva contra cente-nares de mujeres y niños, podrían estar expuestos a ser lanzados a la calle próximamente.

En las sentencias parciales emitidas, el tribunal de primera instancia condenó a las referi-das familias a marcharse de las viviendas que construyeron con sus propias manos sin garantía alguna de que el gobierno les pro-veerá hogar seguro.

Los abogados y las abogadas de la comunidad apelarán las opresivas sentencias que violan el debido proceso de ley, debido a que no notificaron adecuada-mente a los demandados. Uti-lizaron a la policía ilegalmente para coaccionar e intimidar a los residentes de manera que reci-bieran los emplazamientos y se dieran por notificados.

Las sentencias no reconocen el derecho a la vivienda, a la salud y a la vida. El disfrute de estos derechos ha sido profundamen-te lesionado por una política de mano dura que castiga a los res-catadores como si fueran crimi-nales. Los residentes continúan sufriendo la carencia de los ser-vicios esenciales de luz y agua, los cuales fueron interrumpidos violentamente por las fuerzas del orden público hace tres meses .

Desde entonces, algunas fami-lias han sobrevivido con la ayuda de plantas eléctricas, las cuales contaminan el medioambiente con emisiones dañinas a la salud, que perjudican mayormente a personas con condiciones respi-ratorias. La acumulación de agua en envases abiertos propicia y fa-cilita que el mosquito del dengue

se reproduzca lo cual puede traer consecuencias graves para los niños y envejecientes.

El gobierno de Fortuño y Rodrí-guez Ema viola consistentemente la dignidad de todos estos seres humanos y fomenta la xenofobia. Han expuesto viciosamente a la comunidad al odio público. Los vecinos de la comunidad han sido caracterizados repetidamente por

las autoridades como una comu-nidad de ilegales. Sin embargo, el cuarenta por ciento de las fa-milias son puertorriqueñas y las familias dominicanas son mixtas ya que sus niños y niñas nacieron en nuestro país.

El gobierno no ofrece solucio-nes permanentes a las familias de Villas del Sol. El Departamen-to de la Vivienda alegadamen-te ha ofrecido un programa de vouchers, sección 8 y vivienda en residenciales públicos. Sin em-bargo, hay familias que han ido a solicitar los servicios y los ponen en listas de espera para recibir los mismos. “Sólo ofrecen los

vouchers por seis meses y luego te mandan para la calle. Esto si logras que te alquilen una vivien-da, ya que en este país hay mu-cho discrimen contra las familias dominicanas”, manifestó una resi-dente que no se quiso identificar.

Una puerta se abreEn medio de toda esta vorágine

social surgió una alternativa. La Comisión de Derechos Huma-nos del Colegio de Abogados organizó un taller de salud en la comunidad el pasado 7 de no-viembre en el que participaron estudiantes de varias escuelas de medicina, trabajadores so-ciales y el Colegio de Médicos y Cirujanos, entre otros.

En el referido taller, el doctor Eduardo Ibarra tomó conoci-miento del sufrimiento de las mujeres y niños tras escuchar el testimonio de Maritza de la Cruz, portavoz y líder de la comuni-dad. Consternado por lo que

escuchó, donó a la comunidad 17 cuerdas de terreno en el barrio Factor, en Arecibo, para que los vecinos puedan establecer sus hogares, restablecer la comuni-dad y disfrutar de los servicios esenciales. Los residentes, aún incrédulos, to-maron la noticia con mucho jú-bilo y visitaron esa misma tar-de los predios de la finca en la que fundarían la nueva Villas del Sol.

red de apoyo a villas del SolDesde que el gobierno de Fortuño se enteró de la do-

nación de los terrenos ha cuestionado insistentemente la gesta del médico. Ha requerido en varias ocasiones que retire el ofrecimiento realizado a la comunidad. Entienden los secuaces de Fortuño que esta acción premia a los “invasores” de terrenos y que promueve que más terrenos sean rescatados en el país.

Tras bastidores se dice que el Dr. Ibarra debió haber consultado con Fortuño y haber hecho la donación jun-to al mandatario para lavar su cara de enemigo de la clase trabajadora y las comunidades.

La reacción no se ha hecho esperar. Rodríguez Ema ha iniciado una cruzada en los medios para impedir que los terrenos sean ocupados por los nuevos residentes. Esta sanguijuela de los Fonalledas llamó al Colegio de Ingenieros recientemente y exigió expeditamente un informe provisional que demostrara que los terrenos donados no son aptos para las viviendas.

El Colegio de Ingenieros presentó un informe provi-sional que se preparó en dos días en los cuales expre-sa que los terrenos donados están protegidos y que deben dedicarse a la conservación. Este colegio nun-ca antes ha realizado expresiones públicas a favor del medio ambiente o las comunidades.

Ciertamente, este informe afecta las negociaciones entre las partes que indagan la posibilidad de reconec-tar provisionalmente el agua y la luz a la comunidad y que daría un término adicional al Estado Libre Asocia-do para no tener que pagar a FEMA el dinero que ale-gadamente debe por tener a la comunidad en terrenos supuestamente inundables. Además obligaría a los re-sidentes a tomar el voucher de los seis meses tras no tener alternativas reales de realojo.

Ante este panorama, los residentes de Villas del Sol no tienen otra alternativa que resistir el desahucio y de-fender sus viviendas. Deben unidos buscar alternati-vas que garanticen permanentemente un hogar seguro y preservar la unidad de la comunidad donde se tejen estrechos lazos de solidaridad.

Es deber de todos los trabajadores y trabajadoras defender nuestras comunidades así como defende-

mos nuestros empleos. El Departamento de Vivienda ha anunciado que impactará 10 comunidades más con la re-ceta amarga de Villas del Sol. Se ha declarado enemigo de los rescatistas de terrenos y sólo la acción concertada de las comunidades y grupos de apoyo detendrá esta ofensiva neoliberal que entregaría nue-vas tierras a los desarrollado-res para explotarlas sin pudor alguno. Villas del Sol está en pie de lucha.

A pesar del gobierno,se abren puertas para Villas del Sol

Rodríguez Ema y Fortuño obstruyen esfuerzos

Residentes de Villas del Sol visitan los terrenos donados por Ibarra.

Las lágrimas de júbilo no se hicieron esperar tras el anuncio de Ibarra.

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