REVISTA ECONOMIA

PresentaciónEl numero 6 de la Revista de Economía incorpora una nueva sección denominada “Panorama” enla que se incluirán artículos sobre temas relevantes de la economía española. Abre dicha sección unartículo de Ángel Pes cuya tesis central es que la economía española cuenta con los ingredientesnecesarios para superar la actual etapa de crisis. Es necesario pero que la sociedad española asumael reto de potenciar la actividad emprendedora, cosa que hasta la fecha se ha hecho con poca con-vicción, ya que la experiencia demuestra que los países que avanzan son aquellos que saben apro-vechar el talento de sus ciudadanos. Alicia Montalvo revisa las líneas de actuación más importan-tes que se están llevando a cabo en España en relación al cambio climático, destacando la apuestapor las energías renovables y por el ahorro energético asi como las actuaciones en el campo de lamovilidad, la edificación, la gestión de residuos y la agricultura. Alberto Santamaria y PedroLinares presentan por su parte los resultados obtenidos al estimar, por primera vez en España, loscostes de mitigación del CO2 para los sectores más intensivos en emisiones de la industria talescomo el eléctrico, cemento y acero. Xavier Labandeira y Maria L. Loureiro presentan los resulta-dos de la reciente aplicación de un cuestionario que evalúa la disposición a pagar de una muestrarepresentativa de la población por dos políticas para restringir las emisiones españolas de gases deefecto invernadero y las actitudes de la ciudadanía española sobre diversa opciones en ese ámbito.

El dossier central analiza el funcionamiento del mercado de trabajo en la economía española y loselementos institucionales que condicionan sus resultados. Baste recordar que la tasa de paro, que sehabía reducido hasta el 8,3% el año 2007, ha experimentado un crecimiento exponencial hastaalcanzar el 21,3% de la población activa el primer trimestre de 2011. En este incremento ha tenidoun papel fundamental la fuerte destrucción de empleo (que explica aproximadamente el 70% delaumento en el número de desempleados) pero también el mantenimiento de la tendencia al alza enla población activa. Este último es un rasgo diferencial respecto otros períodos recesivos, en los queel efecto “desánimo” ha frenado el aumento en los activos y ha contribuido a suavizar el alza en elparo. Las características de la crisis actual, con una incidencia superior en el caso de los hombres,ha provocado que este efecto “desánimo” se haya visto compensado por el que podemos denominarun efecto “trabajador añadido”, como parce indicar el hecho que la tasa de actividad de las muje-res haya continuado con una tendencia creciente.

Es evidente, no obstante, que el elemento más importante es la notable destrucción de empleo quese ha producido con la crisis económica, con una pérdida de dos millones de puestos de trabajo entan sólo tres años. Es cierto que la estructura productiva de la economía española, y el sesgo haciael sector construcción y actividades relacionadas en los años de expansión, tiene una importante res-ponsabilidad en este comportamiento. Pero también es indudable que algunos de los elementos ins-titucionales que caracterizan el mercado de trabajo en España han tenido un papel relevante. Así,la elevada tasa de temporalidad (y no sólo en sectores caracterizados por actividad estacional), laregulación de los procesos de despido, el modelo de negociación colectiva, el funcionamiento de losservicios de empleo o la regulación de las políticas laborales activas y pasivas, entre otros, son fac-tores que contribuyen a explicar lo que ha sucedido estos años.

El gobierno ha adoptado diversas medidas con el objetivo de hacer frente a la insostenible situacióndel mercado de trabajo. A mediados de 2010 se aprobó una reforma laboral con la finalidad de faci-litar la transición del empleo temporal al indefinido, clarificar las causas que pueden dar lugar adespidos objetivos y aumentar la flexibilidad interna en las empresas, entre otros. A principios de2011 se ha aprobado también una reforma de las políticas activas de empleo que abre la puerta a lacolaboración público-privada en la intermediación laboral y potencia los itinerarios personalizadospara facilitar la reinserción laboral de los desempleados. Por su parte, los agentes sociales estánnegociando los aspectos que debe incorporar la reforma del modelo de negociación colectiva, unelemento clave para facilitar la adaptación a los cambios en el ciclo económico y evitar que el ajus-te recaiga exclusivamente en cantidades.

El citado dossier se inicia con un artículo de Carlos Álvarez en el que se resumen los rasgos bási-cos del mercado de trabajo en el año 2010. La moderación la menor caída relativa del empleo en uncontexto de estancamiento económico es destacado como uno de los rasgos más relevantes del ejer-cicio del 2010. Florentino Felgueroso señala, por su parte, la regulación contractual y el modelode negociación colectiva como los factores, en especial, responsables de la fuerte destrucción deempleo que ha registrado la economía española en la actual crisis económica. Las reformas estruc-turales –y, entre ellas, la reforma laboral es fundamental– son la única vía para volver a situar a laeconomía en una senda de crecimiento. Según el autor la reforma laboral aprobada el 2010 sigue lalínea continuista de las anteriores y en los primeros meses de aplicación no parece haber tenido unimpacto relevante en el mercado de trabajo. La reforma de la negociación colectiva, aún en fase denegociación en el momento de cerrar este dossier, es un elemento prioritario. El repaso de los prin-cipales rasgos que caracterizan el sistema de negociación colectiva vigente en España continúa conun conjunto de propuestas sobre los aspectos que deberían reformarse y las actuaciones que debe-rían emprenderse.

A continuación Joaquín Trigo, después de un repaso de la evolución de algunos de los principalesindicadores laborales, plantea que el crecimiento económico, como el que ha registrado España, aúncon ser necesario no es suficiente para aportar la cantidad y calidad de trabajo requerido para uncrecimiento sostenible. El artículo propone veintiuna medidas que deberían conducir a una mejoraen el marco laboral reconociendo los derechos existentes. Medidas que abarcan amplios aspectosdel arco laboral, desde el modelo de fijación de salarios, la fiscalidad sobre los rendimientos del tra-bajo, la adecuación de los horarios laborales, las modalidades de contratación, las mejoras forma-tivas, la reforma de las prestaciones por desempleo o las mejoras en la intermediación laboral, entreotras.

Es evidente que la reforma laboral aprobada en 2010 da pasos importantes en algunos de los aspec-tos donde existía un amplio consenso respecto a la necesidad de reforma. El fomento de la ocupa-ción estable y una mayor flexibilidad interna en las empresas se configuran como objetivos clave dela reforma laboral. Rafael Ortiz analiza los cambios introducidos en cuatro de los aspectos funda-mentales del nuevo texto legal: la limitación de la contratación temporal y la promoción de la con-tratación indefinida; la reforma de las causas de despido objetivo; la reforma de los instrumentos degestión para favorecer la flexibilidad interna en las empresas y la racionalización de los agentes queintervienen en la intermediación laboral. El autor señala algunos de los posibles efectos de los cam-bios normativos introducidos en estos ámbitos, pese a reconocer que ha transcurrido poco tiempo

desde su aprobación y que será necesario esperar a ver su aplicación para poder realizar una valo-ración adecuada.

Tras esta visión global, Alfonso Alba se adentra en el análisis de la eficacia del gasto en políticasactivas de empleo. El análisis de los servicios que ofrecen las oficinas de empleo, las característicasde los participantes en los mismos y los efectos sobre las posibilidades de colocación de los deman-dantes centra el análisis de su trabajo. Los resultados muestran el efecto positivo de la participaciónen cursos de formación, efecto que se refuerza si ha habido previamente un servicio de orientación.La reciente reforma de las políticas activas, de hecho, avanza en esta línea de refuerzo de los itine-rarios personalizados y la incorporación en programas de formación.

Maite Blázquez y Ainoa Herrarte analizan, a partir de datos individuales de demandas de empleoy contratos procedentes de registros administrativos de la Comunidad de Madrid durante el perio-do 2005-2010, el empleo y el emparejamiento ocupacional de los individuos que buscan un empleodesde la perspectiva de sus objetivos específicos de búsqueda.

Entre las políticas activas, destacan los diversos programas de fomento del empleo. El artículo deInmaculada Cebrián, Gloria Moreno y Luis Toharia analiza específicamente las políticas destina-das al fomento de la contratación indefinida, una de las principales vías que se ha utilizado enEspaña para intentar luchar contra la dualidad existente en el mercado laboral. La evaluaciónmicroeconómica de estas políticas es especialmente indicada teniendo presente que la reciente refor-ma ha extendido la posibilidad de utilización del contrato de fomento de la contratación indefinidaa la práctica totalidad de colectivos poblacionales.

Pese a la relevancia indiscutible de las políticas activas para garantizar la reinserción laboral, enel caso de la economía española el gasto en políticas pasivas derivada del sistema de prestacionespor desempleo es muy significativo y se ha elevado sustancialmente a raíz del aumento de la tasa deparo con la crisis. Carlos García-Serrano analiza algunos aspectos de la regulación del sistema deprotección por desempleo, una de las áreas de la regulación laboral que no ha sido objeto de aten-ción en la reciente reforma. La duración de las prestaciones, el sistema de control y sanciones esta-blecido y los posibles desincentivos que ello genera son objeto de análisis en este trabajo.

Alberto Vaquero analiza en su trabajo la actual situación de los jóvenes en el acceso al empleo y ala formación en España en el marco económico actual. La reforma laboral se ha acompañado tam-bién de una reforma del sistema de pensiones, con un alargamiento progresivo de la edad de jubila-ción. El logro de resultados positivos en este ámbito dependerá de aspectos como el estado de saluddel individuo. Pilar García-Gómez, Sergi Jiménez-Martín y Judit Vall-Castelló muestran como elestado de salud es un condicionante importante de las tasas de participación laboral de los indivi-duos de más de 55 años. Así, concluyen con la conveniencia de que la reforma del sistema de pen-siones se acompañe de políticas de mejora del estado de salud que permitan posponer las decisio-nes de jubilación.

Completa el dossier una entrevista a Valeriano Gómez, Ministro de Trabajo e Inmigración, en la quese repasan los principales objetivos de la reforma, las medidas aplicadas y la valoración de sus efec-tos.

Los Héroes de nuestro tiempoÁngel PesDoctor en Economía

1.- Los tiempos cambian

El futuro ha sorprendido favorablemente a lamayoría de la población de los países europeosentre los 40 y los 70 años de edad: en elmomento de buscar el primer trabajo abunda-ban las oportunidades, y aunque el trato y lascondiciones salariales de inicio eran discretas,con el tiempo mejoraron sustancialmente; sepercibía como avanzaba el país: las carreterasse arreglaban y seconstruían de nuevas, losautomóviles corrían más, eran más seguros ymás confortables; los hogares incorporabanservicios nuevos: calefacción, teléfonos –enplural– aire acondicionado, acceso a internet;los servicios públicos se ampliaban hasta cubrirla gran mayoría de los ciudadanos...

Este largo ciclo durante el cual la bonanza se haimpuesto al mal tiempo, que empezó despuésde la segunda guerra mundial, muchos europe-os desconocedores de otras épocas lo han inter-pretado como el orden natural de las cosas; unavisión muy diferente de la que tenían suspadres y abuelos, nacidos entre 1870 y 1930,que vivieron periodos de prosperidad –porejemplo los años1880-1914 y, mucho después,el que empezó en el año 1947–, acompañadosde las penurias de la primera guerra mundial,1914-1918, su correspondiente posguerra, la

gran depresión que se inició en el año 1929,seguida de la segunda guerra mundial; los 31años que van de 1914 a 1945 demostraron quees posible hundirse hasta alcanzar abismosinimaginables.

Con la “gran recesión” de los años 2008-2009hemos iniciado el tránsito hacia una etapanueva, inducido por la confluencia de una cri-sis financiera, más una crisis energética, másuna crisis ecológica y medioambiental; la sumade las tres no permite mantener el modelo desociedad vigente, por la misma razón que nin-gún mecánico podría arreglar una máquinaobsoleta, cuando las piezas no funcionan debi-do al desgaste acumulado.

Cuando la crisis se explica como un accidente,al estilo del derramamiento de petróleo en elgolfo de México, las medidas se toman parasuperar dificultades que se consideran momen-táneas, y se busca el responsable, el homólogode la British Petroleum (BP), que en este casosería el “sistema financiero”, al cual se exigeque restablezca el flujo de crédito para que lasempresas vuelvan a producir y los consumido-res a comprar, del mismo modo que BP tuvoque tapar el escape y pagar por los daños cau-sados.

Ahora bien, este punto de vista no considera losaspectos más relevantes de la crisis actual,como por ejemplo la evidencia que el consumocreciente, sobre todo de petróleo y primerasmaterias, no es una solución viable, en unmundo con más de 7000 millones de personascon derecho a una vida digna, que el impactodel crecimiento económico en el medioambiente es insostenible –tal como se ha pro-ducido hasta ahora– y que el endeudamiento

Número 6 - Octubre 20114

Los Héroes de nuestro tiempo

Ángel Pes

Artículo publicado en el nº 63 de la revista “Revista Econòmica de Catalunya”. Mercado de Trabajo. 2011. Edita: Colegio de Economistas de Catalunya

acumulado, después de diez años con tipos deinterés bajos, excede los límites razonables.Desde esta perspectiva, la crisis que ahora vivi-mos se debe al colapso del modelo económicobasado en el uso de los recursos como si fueranilimitados, y superarla nos obligará a respetarlas exigencias de una economía sostenible, parala cual resultan imprescindibles la innovación yla capacidad emprendedora, que se ocupa deintroducirla en la producción de bienes y servi-cios.

Sin embargo, no conviene tirar al niño con elagua sucia del baño. Desde el final de la segun-da guerra mundial, en Europa se ha logrado unbienestar que aconseja renovar el compromisocon los valores de las sociedades que lo hanconseguido, entre los cuales destaca la volun-tad de vivir en un país libre, capaz de ofreceroportunidades a todos los habitantes. Por estemotivo, la plena ocupación se mantiene comoprioridad indiscutible de la política económicay social porque, por dos razones complementa-rias, fundamenta la prosperidad y la inclusiónde los ciudadanos en la comunidad.

En primer lugar, si una sociedad mantiene ocio-sos una parte sustancial de los ciudadanos enedad de trabajar, entre 16 y 65 años, no sepuede permitir unos servicios públicos que ase-guren a todo el mundo el acceso a la sanidad, ala educación, al sistema público de pensiones ya la protección en caso de quedar en paro. Ensegundo lugar, para la mayoría de la poblaciónde los países democráticos, el acceso a la ocu-pación es una condición necesaria para unasociedad justa. La igualdad de oportunidades,hoy en día un componente básico de la justiciasocial, se hace visible cuando todo el mundopuede acceder al sistema educativo y, todavíamás importante, a un puesto de trabajo, puestoque en buena medida la educación se consideranecesaria para facilitar el acceso a la ocupa-

ción. La igualdad de oportunidades en generaltambién requiere la igualdad de oportunidadesa la hora de acceder al mercado laboral que,además de los ingresos, determina también laposición, el prestigio y la integración del indi-viduo a la sociedad.

Las empresas crean puestos de trabajo cuandoesperan crecer, razón por la cual el desarrollose ha convertido en la referencia para medir eléxito de la política económica de los gobiernos;y aunque no hay fórmulas magistrales que loaseguren, los países con mayor éxito tienen encomún la calidad de las instituciones públicas–que inspiran confianza a los inversores– y untejido empresarial capaz de incorporar las nue-vas tecnologías con rapidez.

2.- De la economía de escala a la eco-nomía emprendedora

Durante los años ochenta del siglo XX, en lospaíses desarrollados empezó una revoluciónsilenciosa que, como todas las revoluciones, haremovido ideas muy arraigadas y realidadesque parecían inamovibles; como por ejemploque el progreso material de las sociedadesdependía de las grandes empresas porque, com-paradas con las pequeñas, eran más eficientes,pagaban salarios más elevados, invertían másen investigación y desarrollo, y su actividadarrastraba al conjunto de la economía de unpaís, tanto en dirección ascendente cuando lasventas aumentaban, como en sentido opuestoen los períodos de estancamiento. “Lo que esbueno para la General Motors es bueno para losEstados Unidos”, esta afirmación del presiden-te de GM, el año 1955, resumía la opinióndominante sobre el liderazgo de las grandescorporaciones, no sólo en la sociedad america-na de la época, pues la frase citada, escogiendoen cada caso la empresa apropiada, se podía



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formular en todos los países con economía demercado. Las grandes corporaciones fueron elmotor más potente del progreso económico ytecnológico, hasta muy entrada la década de lossetenta del siglo XX, por la eficiencia quedemostraban en la producción, y por la eficaciacon que incorporaban innovaciones. La econo-mía de escala, la ley según la cual el coste decada unidad producida baja a medida queaumenta el volumen de producción, regía lafabricación de bienes, que había encontrado enla empresa de grandes dimensiones la formamás apropiada para obtener el máximo rendi-miento del trabajo.

El vigor de esta ley, que guió el desarrollo eco-nómico durante décadas, convirtió las grandesempresas, elgobierno y los sindicados en lostres pilares del sistema,como señalaba JohnKenneth Galbraith en el libro “El capitalismoamericano”. Era el tiempo de la economía ad-ministrada, basada en la estabilidad y la homo-geneidad de la producción en gran escala, queparecía imbatible. Sin embargo, los fundamen-tos en que descansaba el éxito de aquella fór-mula se debilitaron a partir de aquel momento,hasta el punto que las empresas del Fortune 500redujeron su cuota en la ocupación en los Esta-dos Unidos del 20% al 8,5%, entre el año 1970y el año 1996.

En primer lugar el consumo de mercancíashomogéneas producidas en masa, muy biendescritas por Henry Ford cuando afirmaba quesus clientes podían escoger el color del auto-móvil, siempre que les gustara el negro, per-dióatractivo con el aumento del bienestar de lapoblación. El gusto por la diversidad ha traídola formación de mercados más reducidos,“nichos”, y una duración menor de la vida delos productos; ambos atributos casan mal conlas cadenas de montaje descritas magistralmen-

te en la película “tiempos modernos” deCharlot.

En segundo lugar la presión de unos consumi-dores más exigentes, y la constatación que lasempresas podían obtener en el mercado, amejor precio, algunos de los servicios produci-dos internamente, cambió la estrategia de lasgrandes compañías, a partir de los años ochen-ta del siglo XX, hacia dos líneas de actuación:concentrarse en el núcleo del negocio –el “corebusiness”– en lugar de seguir con la integraciónvertical de las actividades que se había promo-vido anteriormente, y subcontratar con otrasempresas los trabajos periféricos –“outsour-cing”– como por ejemplo limpieza, seguridad,transporte etc. Esta orientación ha recibido unimpulso decisivo con la formación de una eco-nomía global, que ha permitido aprovechar losmenores costes de los países emergentes paratrasladar hacia ellos gran parte de la produc-ción. Al mismo tiempo, en los países desarro-llados, el peso de la actividad económica se hadesplazado hacia los servicios, un sector en quedominan las empresas de dimensión mediana ypequeña.

Finalmente las nuevas tecnologías, sobre todoel uso de ordenadores y el control numérico,permiten a las empresas pequeñas y medianasproducir series cortas, competitivas con lafabricación a gran escala. El progreso tecnoló-gico impulsa el económico cuando la sociedadcuenta con las instituciones adecuadas paratransformar el uno en el otro. Cuando irrumpentecnologías nuevas, como pasa ahora con laaplicación de los ordenadores en todos losámbitos de la producción, y con el uso deInternet como canal de comunicación y de dis-tribución, todas las actividades tienen queadaptarse al entorno creado por aquellas. Lasdificultades para sustituir los hábitos heredadosse manifiestan con el estancamiento de la pro-



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ductividad, producido por los excesos de inver-sión en sectores, como por ejemplo la construc-ción, retrasados en el uso de las nuevas tecno-logías.

La innovación fluye del conocimiento, motivopor el cual “las ideas, las instituciones, lapoblación y el capital humano son ahora alcentro de la teoría del crecimiento. El capitalfísico ha quedado desplazado a la periferia”(Romer y Jones: The new Kaldor facts, junio2009 http://www.nber.org/papers/w15094). Lapotencia del conocimiento, encapsulado en lasideas que produce, supera la de los activos físi-cos porque, al contrario del que pasa con éstos,el uso de una idea por una persona o empresano excluye que otras también la utilicen.

La diferencia entre ambos activos se explicamejor con un ejemplo. Si tres empresarios seinteresan por un terreno en venta ?el primeropara construir una factoría, el segundo un cen-tro comercial y el tercero un bloque de pisos?cuando uno de ellos compre el solar y edifiquesu proyecto, la ciudad contará con uno de lostres edificios... que excluye a los otros dos. Encambio el software que soporta el Ipod, cuyaproducción ha ocupado centenares de ingenie-ros y otros técnicos informáticos durante años,ahora se puede aplicar tantas ocasiones comoconvenga, e incluso puede inspirar mejoras queotras empresas introducirán para ampliar lasprestaciones del teléfono.

No obstante, el conocimiento no se convierteen motor del progreso económico espontánea-mente, tal como demuestra la experiencia de laantigua Unión Soviética que, a comienzos delos años sesenta del siglo XX, acumulaba unconocimiento científico y técnico en sus uni-versidades y centros estatales, comparable al delos Estado Unidos. A pesar de ello, veinte añosmás tarde, mientras los americanos habían

transformado su economía gracias a la incorpo-ración de la electrónica a la producción y distri-bución de bienes y de servicios, la URSS sehabía anquilosado, con una economía estanca-da y un nivel de vida de la población muy infe-rior al que disfrutaban los ciudadanos america-nos.

Para convertir el conocimiento en el fundamen-to del progreso económico, una sociedad nece-sita las personas capaces de cubrir la distanciaque hay entre el laboratorio y la fábrica, entrelos círculos reducidos de los investigadores ylos miles de consumidores potenciales de lainnovación. El agente que transforma las ideasen activos con valor económico se denominaemprendedor, y florece en las sociedades cuyacultura e instituciones facilitan su actuación.

De hecho, para explicar la divergencia de lastasas de crecimiento económico entre los paí-ses, en el trabajo citado antes, Romer y Jonesseñalan que “las disparidades entre las institu-ciones son la causa fundamental de las ampliasdiferencias en las tasas de crecimiento obser-vadas entre los países con niveles de rentabajos. En cualquier modelo, instituciones ina-decuadas distorsionan el uso del capital y deltrabajo. Nosotros añadimos que también difi-cultan la adopción y la utilización de ideas pro-venientes de los países más avanzados”.

3.- La función del emprendedor, de-terminante

Para escoger un automóvil ponderamos lamarca, la estética del vehículo, las referenciasobtenidas de amigos o familiares, la opinióndel vendedor, etc. aunque finalmente, el precioacota las alternativas entre las que elegiremos.Análogamente, al escoger entre distintos mode-los económicos, en la sociedad hay opiniones



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diversas respecto al grado que debe alcanzar laintervención del estado, o sobre la apertura alcomercio internacional que debe mantener,cuánto debe pesar la carga tributaria, etc. sinembargo, la prosperidad de la sociedad depen-de de la productividad de la economía. Dehecho, el camino que conduce a una economíasostenible, y a la vez capaz de ofrecer condicio-nes de vida dignas a los 7000 millones de per-sonas que forman la humanidad, pasa por eldesarrollo tecnológico y su aplicación a mejo-rar la productividad.

En las tres últimas décadas ha resurgido confuerza la actividad emprendedora como motordel crecimiento, de tal manera que las empresasque nacen (start-ups) alimentan la urdimbre deltejido económico de un país, formado por laspequeñas y medianas empresas. El paso de laeconomía administrada de los años 1940-1980a la economía emprendedora actual, recibió unimpulso decisivo con la revolución tecnológicaproducida por el uso generalizado de los orde-nadores, y por su combinación con las tecnolo-gías de la comunicación, gracias al desarrollode internet. Schumpeter, un economista desta-cado de la primera mitad del siglo XX, subrayóla vertiente innovadora del emprendedor, cuan-do lo definía como aquél que modifica el equi-librio de un mercado introduciendo productosnuevos, o bien sistemas de producción diferen-tes, abriendo mercados hasta entonces inexis-tentes, o bien reorganizándolos, etc.

Asimismo, Israel Kirzner ha destacado la fun-ción del emprendedor como descubridor deoportunidades para realizar beneficios, que nose habían percibido hasta entonces, de cuyaexplotación se deriva un uso más ventajoso delcapital, para toda la sociedad: “Su función (delempresario) es la de realizar el potencial dedesarrollo económico que una sociedad poseeen un momento dado.” En gran medida, este

potencial se realiza transformando el conoci-miento en productos y servicios nuevos.

El bienestar material de los ciudadanos depen-de fundamentalmente de la eficiencia y la rapi-dez con que los adelantos tecnológicos se intro-ducen en la producción y distribución de bien-es y servicios; por este motivo los emprendedo-res –que son los principales renovadores de laeconomía de un país– son insustituibles paraasegurar el progreso material de las sociedades,sobre todo cuando cristalizan nuevas tecnologí-as, que inspiran una renovación especialmenteintensa del tejido empresarial; por ejemplo aho-ra mismo empresas como Microsoft, Apple,Google o Zara, hace sólo treinta años eran des-conocidas o no habían nacido. Creando empre-sas, los emprendedores influyen en la conductade las existentes que, progresivamente, tienenque adoptar las innovaciones introducidas poraquellos, para mantenerse en el mercado. Poreste motivo facilitar que nazcan empresas nue-vas ocupa el primer lugar en la lista de deberespara asegurar el desarrollo económico.

Además, la crisis convierte la creación de pues-tos de trabajo en el objetivo central de la políti-ca económica en todos los países, especialmen-te en España, que con una tasa próxima al 20%,lidera el ranking del paro en los países de laUnión Europea. La aritmética no engaña; siocho de cada diez ocupados trabajan en el sec-tor privado, todo lo que favorece la creación deempresas innovadoras, con elevado potencialde crecimiento, contribuye a hacer crecer laocupación, como lo demuestra que los paísesdonde aumenta más la actividad emprendedora,disfrutan de más crecimiento y de menos paro.(OCDE 2009, Linking Entrepreneurship togrowth). En los Estados Unidos, por ejemplo,casi toda la creación neta de puestos de trabajodesde en el año 1980, se ha producido en firmas



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con menos de cinco años de vida. (FundaciónKauffmann, Where will the jobs come from?).

El protagonismo de los emprendedores en lacreación de puestos de trabajo fundamenta lapredicción siguiente: las sociedades que desta-can por la creación de empresas saldrán de lacrisis más rápidamente porque, gracias a lasinnovaciones que introducirán los emprende-dores, desarrollarán antes que otras las empre-sas sostenibles y con vocación internacional enque se apoyará la economía posterior a la crisis.La trascendencia de este hecho para la sociedadconvierte a los emprendedores en los héroes denuestro tiempo, puesto que asumir los riesgosde la creación y de la expansión de las empre-sas, es el atributo principal de su labor.

En una economía de mercado, los emprendedo-res gozan de libertad para aprovechar las opor-tunidades percibidas, asumiendo el riesgo delfracaso. En este sentido, “el beneficio es, antetodo, el incentivo que utiliza el mercado paraasegurar que las oportunidades se perci-ben”(Kirzner). Para validar la intuición delemprendedor, la prueba de fuego consiste ensuperar el test de los compradores, pues lasventas demostrarán si la oportunidad de obte-ner un beneficio era real o sólo el fruto de suimaginación. La economía de mercado funcio-na como un laboratorio en el que constante-mente se proponen soluciones nuevas, o mejo-ras a las existentes, cuya bondad la establecenlos consumidores mediante sus decisiones decompra.

Conviene destacar la dimensión social del be-neficio, en un doble sentido: En primer lugar, laganancia del emprendedor sólo existe si de laventa del producto o servicio obtiene un impor-te superior al coste de producirlo (incluyendo laretribución del capital invertido).En este caso,se demuestra que los compradores están dis-

puestos a pagar un premio al emprendedor, porhaber cubierto una necesidad que no estabasatisfecha. En segundo lugar, sin el incentivodel beneficio, el progreso material de la socie-dad sería mucho más lento, o incluso nulo,como demuestran dos hechos históricos: la pro-digiosa aceleración del desarrollo económicoque se ha producido en los países con economíade mercado, cuyo origen coincide con la prime-ra revolución industrial, en la segunda mitaddel siglo XVIII;y el repetido fracaso de losregímenes comunistas para mejorar el nivel devida de la población al mismo ritmo que lospaíses libres, debido a la ausencia de la libertadque permite los innumerables intentos de apro-vechar oportunidades a través de la creación denuevas empresas, y a la falta de incentivos paraasumir los riesgos, al prohibir la apropiacióndel beneficio por el emprendedor.

4.- La actividad emprendedora en lasociedad española

En España, la crisis ha enterrado el desarrolloeconómico basado en el binomio construccióny consumo, alimentado por el endeudamientocreciente de las familias. Para sobrevivir conuna demanda más débil, las compañías reducenlos costes –a menudo despidiendo parte de losempleados– y rebajan los precios para defenderlas ventas. A pesar de estas medidas, muchasdesaparecen, porque la reducción del mercadoen última instancia se equilibra con una dismi-nución de la oferta.

Las medidas para superar la crisis tienen quepromover una economía sostenible para elmedio ambiente y financieramente viable, cosaque implica desarrollar actividades nuevas, querespeten el entorno natural y a la vez sean fac-tibles cuando se extienden a todo el mundo.Ahora bien, la elevada tasa de paro y el riesgo



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de exclusión social en que se encuentra unaparte de la población obligan a tomar medidasinmediatas para paliar estos problemas. Lacombinación adecuada entre las medidasimprescindibles a corto plazo y las indispensa-bles para el porvenir es el objetivo de la políti-ca económica actual.

Aumentar el gasto público para mantener laactividad no resolverá el problema, en primerlugar porque con los recursos públicos se sos-tienen actividades antiguas, pero no sepromue-ven las nuevas. Por ejemplo, con el “Plan E” serepararon algunas instalaciones municipales, yel “Plan Renove” sostuvo la demanda de auto-móviles un año. Ahora bien, igual como unaaspirina reduce la fiebre, pero no cura la gripe,una vez agotado el presupuesto nos encontra-mos como antes de gastarlo.

En segundo lugar, los estados se han endeuda-do para aportar los recursos que han evitado laquiebra de los sistemas financieros nacionalesy de algunas empresas grandes, como porejemplo la General Motors en los Estados Uni-dos. De este modo se ha suavizado la caída dela actividad, –la cara positiva de la intervenciónpública– al coste de agravar el problema delexceso de endeudamiento acumulado durantela última década.

El futuro de la economía española depende denuestra aptitudpara potenciar la actividademprendedora, puesto que los países avanzancuando saben aprovechar el talento de sus ciu-dadanos para conseguir que la economía crez-ca, y se organizan de tal manera que las mejo-ras beneficien a la mayoría de la población. Lassociedades progresan cuando proporcionan alos emprendedores la oportunidad de desplegarsus capacidades; lo cual se consigue, en elámbito de la economía, cuando cuentan contres palancas; 1) instrumentos financieros para

aprovechar las posibilidades de crecimiento delas empresas, 2) un marco legal y administrati-vo que hace asumibles los costes de poner enmarcha una empresa, y 3) incentivos que fo-menten la conversión del conocimiento genera-do en las universidades y otros centros deinvestigación en actividad productiva –porejemplo premiar el número de patentes, laslicencias pactadas, el número de empresas cre-adas (espín-off)...

El espíritu emprendedor está vivo en la socie-dad española, de acuerdo con los datos delinforme GEM (Global Entrepreneurship Moni-tor) del año 2009, puesto que el 5,1% de lapoblaciónentre 18 y 64 años se implicó en lacreación de una empresa (start up), o en su con-solidación (baby business). Traduciendo el por-centaje anterior a cifras absolutas, se obtienen1534.000 iniciativas, en muchas de las cuales-participa más de una persona; por lo tanto elGEM 2009 estimaba un número de 2608.000personas implicadas en la creación de empresasnuevas. Estos datos comparan muy bien con lasque se obtienen en otros países de la UniónEuropea que participan en el GEM. Españaocupa el octavo lugar, por delante de Alemania,de Francia y de Italia, y detrás del Reino Unido.

Para los expertos del GEM, en España una delas deficiencias más importantes es la financia-ción de la actividad emprendedora. En el año2009 el capital medio que ha invertido unemprendedor para poner en marcha una inicia-tiva es de 30.000 €, cifra que también es la másfrecuente; de la información recogida, se obser-va que un 62% de los proyectos necesitan fon-dos ajenos para nacer. Este porcentaje superaen diez puntosal del año 2008, y nos adviertedel peso que tiene actualmente el sistema finan-ciero en la creación de empresas.



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No obstante, además del crédito bancario, en lafinanciaciónde empresas de nueva creaciónpar-ticipan inversores privados, la figura de los“business angels”, y las empresas de capitalriesgo. En el año 2009, un 3,03% de la pobla-ción activa ha actuado como business angel,mientras que el 2008 fue un 2,8%. Esta reacti-vación inesperada de la inversión informal hacompensado, cuando menos en parte, la restric-ción del crédito bancario y la insuficiencia delas ayudas públicas. El capital riesgo, se haconvertido en un instrumento fundamental parala financiación de las empresas de nueva crea-ción, sobre todo las más innovadoras.Tal comoseñala el European Privat Equity& VentureCapital Association (EVCA), “contar con unaindustria de capital riesgo en expansión es unacondición necesaria para explotar el ricopotencial de Europa para la innovación y lacapacidad empresarial” (White Paper, marzo2010). Asimismo, en el informe sobre el impac-to económico y social del capital riesgo enEspaña, publicado por ASCRI, (AsociaciónEspañola de Entidades de Capital Riesgowww.ascri.org) se señala que “las compañíasparticipadas por Capital Riesgo crean másocupación, crecen más rápidamente, obtienenmejores resultados e invierten más que lascompañías no financiadas por este colectivo.El Capital Riesgo actúa como ACELERADORDEL CRECIMIENTO.”A pesar de ello, lainversión en “private equity” en España (el0,085% del PIB), no alcanza la mitad de lamedia europea, según los datos de la EVCApara el 2009.

“Doing Business” en España

En momentos de crisis como el actual, convie-ne facilitar el nacimiento de iniciativas empre-sariales, un campo en el que la administraciónpública española puede mejorar sustancialmen-te, según los datos del informe anual “Doingbusiness” que publica el Banco Mundial, donde

se evalúan las facilidades para hacer negociosen 183 países del mundo. En el informe del año2011, España ocupa el puesto 49; sin embargo,cuando nos comparamos con los miembros dela OCDE, sólo la República Checa, Grecia,Italia y Polonia están por detrás.

Destaca la mala posición de España en el pri-mero de los diez ítems valorados: “iniciar unnegocio”, en el que es uno de los países queplantea más dificultades a los nuevos empren-dedores: ocupa el puesto 147 y de la OCDEsólo Grecia, en el puesto 149, está algo peor,por las malas puntuaciones en las cuatro barre-ras que hay que superar para iniciar una empre-sa: los trámites burocráticos–España, con 10permisos exigidos, encabeza los países con losque nos compara el informe–, el tiempo nece-sario para conseguirlos –también somos líderesdestacados con 47 días–, el coste –somos elsegundo país más caro–, y el capital necesariopara empezar una empresa –en esta exigenciaEspaña puntúa mejor–.Además, de acuerdo conla publicación citada, desde el año 2008 Españano ha hecho ninguna reforma para mejorar, apesar de que ocupa uno de los últimos lugaresde la OCDE.

5.- El rol de la universidad

“A pesar de los beneficios que se derivan de lasrelaciones entre la universidad yla empresa,estos vínculos no tienen (en España) la magni-tud deseable, y a pesar de los esfuerzos que serealizan con este objetivo, la transferencia detecnología y la cooperación entre empresas yuniversidades continúa siendo escasa.” (Infor-me CyD 2008)

En la economía del conocimiento, las Univer-sidades tienen una gran responsabilidad en larenovación de nuestra sociedad. Además de laformación y de la investigación, se deben



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implicar en el desarrollo económico y social, através de la transferencia de tecnología, de lageneración de ideas susceptibles de convertirseen actividades empresariales, de la creación depatentes, y de la formación continuada a lolargo de la vida profesional. Empleando laspalabras del profesor Martí Parellada: “La granmayoría de sistemas universitarios nacionaleseuropeos no han hecho nada más que ejempli-ficar lo que se denominó la “paradoja euro-pea”: un gran esfuerzo en la investigación decarácter más básico y una notable insuficien-cia en la transferencia de este conocimiento alsistema productivo. Por lo tanto se plantea,aquí y en todas partes, la necesidad de que lasuniversidades contribuyan al desarrollo econó-mico y social de su ámbito territorial deinfluencia, de una manera más intensa quehasta ahora”.(Martí Parellada. Reformar elgobierno de las universidades. FundaciónRafael Campalans. Colección Informes núm.04, junio 2010).

Para conseguirlo, el gobierno de las universida-des –en línea con lo que hacen la mayoría delos países europeos– tendría que incorporarrepresentantes de la sociedad en un Consejo deGobierno de la Universidad, decisorio en lasactuaciones más estratégicas de aquella y en elnombramiento de las máximas autoridades aca-démicas. El despliegue de un sistema de ges-tión nuevo para las universidades es una condi-ción necesaria para potenciar su papel en laeconomía emprendedora, puesto que la interac-ción del gasto en educación superior con lasreformas organizativas adecuadas, multiplicalos efectos en la transferencia de conocimientoa las empresas, y por lo tanto en la productivi-dad de la economía.

En definitiva, la sociedad española cuenta conlos ingredientes necesarios para superar conéxito la crisis: capacidad emprendedora compa-



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rable con la de los países de la UE más avanza-dos; conocimiento para transferir a las empre-sas, si se aprovechan los recursos invertidos enlas universidades y otros centros de investiga-ción; y un sistema financiero capaz de facilitarrecursos a los proyectos viables.

No obstante, además de contar con los ingre-dientes, para ligar la mayonesa hace falta laenergía del cocinero. Análogamente, la socie-dad española tiene que asumir el reto de poten-ciar la actividad emprendedora, cosa que hastaahora ha hecho con poca convicción, a pesar deque su prosperidad futura depende del entusias-mo con que las administraciones públicas, lasorganizaciones empresariales, los sindicatos,las entidades financieras, el sistema educativoy los medios de comunicación vean en losemprendedores los héroes de nuestro tiempo,pues ellos son los responsables de expandir eltejido empresarial, que esla única base sólidasobre la que se puede mantener una sociedadque ofrezca oportunidades a todos los ciudada-nos.

España y los desafíos del cambio climáticoAlicia Montalvo Directora general de la OficinaEspañola de Cambio Climático.Técnico Comercial y Economista del Estado

Resumen: El cambio climático es unenorme reto ambiental, económico y so-cial, pero a la vez es la oportunidad detransformar nuestro modelo productivoy energético en un modelo sostenible,preparado para afrontar los diferentesretos a los que nuestro país debe hacerfrente en los próximos cincuenta años.En este artículo se revisan las líneas deactuación más importantes que se estánllevando a cabo en España. Se destaca laapuesta por las energías renovables y porel ahorro y la eficiencia energética, secomenta la adaptación a los impactos delcambio climático, así como actuacionesen el ámbito de la movilidad, la edifica-ción, la gestión de residuos y la agricul-tura.

PALABRAS CLAVE: Cambio climático, eco-nomía baja en carbono, emisiones de gases deefecto invernadero, adaptación.

Introducción

Para España, la lucha contra el cambio climáti-co es la oportunidad de transformar nuestromodelo productivo y energético en un modelosostenible preparado para los retos económi-cos, sociales y ambientales a los que nuestropaís debe hacer frente en los próximos cincuen-ta años, que estarán marcados, primero, por unaglobalización creciente de los sistemas econó-micos y financieros, que los hace más vulnera-bles frente a los shocks externos; segundo, porlas variables demográficas, ya que tanto losmovimientos migratorios asociados a fenóme-nos de diversa índole (incluyendo los ambien-tales) como el envejecimiento de la poblaciónde los países desarrollados afectarán a las con-diciones básicas de vida de la humanidad y, portanto, a la seguridad; y, en tercer lugar, de ma-nera muy especial, por los retos ambientales dedimensión global, entre los que se destaca lalucha contra el cambio climático. Todos estosdesafíos requieren de la acción coordinada anivel internacional, pero también de actuacio-nes decididas en el ámbito doméstico, apostan-do por patrones de crecimiento que asegurenuna gestión eficiente de los recursos naturales yambientales, pero que permitan al mismo tiem-po generar nuevos nichos de actividad econó-mica y de empleo de calidad que faciliten unatoma de posiciones tempranas en un mundocada vez más interrelacionado y competitivo,donde se aprecia un nuevo reparto de fuerzasen el escenario geopolítico.

Por ello, podemos afirmar que España ha teni-do la inteligencia de haber querido hacer frentea unos compromisos exigentes de reducción degases de efecto invernadero, tanto en el contex-to del Protocolo de Kioto, cuyo primer periodode cumplimiento culmina en 2012, como mi-


España y los desafíos del cambio climático

Alicia Montalvo

Artículo publicado en el nº 127 de la revista “Revista Economistas”. Economía del cambio climático. Mayo 2011. Edita: Colegio deEconomistas de Madrid

rando hacia el futuro, con el horizonte de 2020e incluso 2050. Esto ha hecho necesario tomarmedidas de amplio calado en todos los secto-res, especialmente en el sector energético conla implantación de energías renovables y ambi-ciosos planes de ahorro y eficiencia energética,que no sólo están permitiendo revertir la ten-dencia de nuestras emisiones, sino que estáncontribuyendo notablemente a reducir nuestradependencia energética y a convertirnos, porprimera vez, en un referente internacional en elámbito de las nuevas tecnologías, en sectorescon alto potencial de crecimiento. La transfor-mación del modelo productivo y energético esla mejor inversión posible en un país comoEspaña que durante las últimas décadas habasado su crecimiento en sectores de escasovalor añadido tecnológico. Por ello, la apuestapor compromisos ambiciosos debe hacerse sinvacilaciones, entendiendo que para que estasnuevas tecnologías estén maduras y puedancompetir con las tradicionales, es necesario tra-bajar sobre la señal precio en una doble direc-ción: por una parte, incorporando el coste aso-ciado a las emisiones de gases de efecto inver-nadero en el precio de las energías de origenfósil y de los productos con una significativahuella de carbono y, por otra, favoreciendoesquemas de apoyo a las energías y tecnologíasbajas en carbono tomando en consideración losbeneficios derivados de la reducción de dichasemisiones. No cabe abordar la lucha contra elcambio climático con visiones cortoplacistas:es necesario tomar las riendas de un proceso detransición, que debe ser justo y equitativo, perodecidido.

El Gobierno de España ha optado por esta víade futuro, pero todavía hay un largo caminoque recorrer. Lo importante es establecer conclaridad el objetivo que se pretende alcanzar amedio y largo plazo. Las decisiones deben estarguiadas por el modelo de país que queremos

tener dentro de 20 años, y no por las inerciasque vienen de un modelo cuyo recorrido ya estácasi agotado. Para ello tenemos que utilizartodo el abanico posible de herramientas quepermitan desde el momento presente desarro-llar las tecnologías necesarias y movilizar lafinanciación pública y privada hacia los secto-res que se pretende potenciar. Es responsabili-dad del Gobierno establecer los objetivos ambi-ciosos, pero también hacerlo sobre la base delconocimiento científico y del análisis de lastecnologías disponibles. A partir de ese mo-mento, hay que desarrollar marcos reguladoresadecuados y estables, y articular las herramien-tas necesarias, poniéndolas a disposición de losagentes económicos y de los ciudadanos. Estaes la vía que España ha venido siguiendo en losúltimos años y que, no sólo no debería abando-narse, sino que debería reforzarse en estemomento de incertidumbre económica en elque son más necesarias que nunca las señalesclaras a los que quieren invertir en sectoresbajos en carbono.

Es cierto que la transformación no es tarea sen-cilla, especialmente en un país como Españaque desde el año 1990, año de referencia delProtocolo de Kioto, hasta 2009 ha experimen-tado un crecimiento acumulado del PIB del62% en precios constantes, un crecimiento desu población en un 20% y un aumento en suRenta per capita del 37%. Conseguir que elaumento de las emisiones de gases de efectoinvernadero (GEI) en el año 2012 se limite a un15% respecto a 1990 tal y como nos hemoscomprometido, no es por tanto un reto sencillo.Sin embargo, estamos en condiciones de cum-plirlo, lo que demuestra el fuerte compromisode España con la lucha contra el cambio climá-tico. Tanto es así que España ha conseguidoque sus emisiones per capita que estaban pordebajo de la media de la UE-15 en 1990 (7,4toneladas por habitante frente a 11,6 de media)



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sigan en 2008 por debajo de la media (9 frentea 11,7 toneladas), mientras que nuestra rentaper capita sí que ha convergido con la media dela UE.

En efecto, las circunstancias socioeconómicasen España han estado marcadas durante losúltimos años por un importante proceso de des-arrollo económico y social y un incremento dela población sin precedentes. El proceso deintegración de España en la Unión Europea,reforzado con la entrada en la Unión Monetariaen el año 1999, ha resultado en un fuerte creci-miento de la economía, superior a la mediaeuropea, tendencia que solamente se ha quebra-do a partir de 2008 como consecuencia de lacrisis económica y financiera internacional. Lademanda energética ha aumentado significati-vamente, tanto en los sectores industrialescomo en el sector servicios, destacando el sec-tor turístico, con una enorme capacidad dearrastre en el sector vivienda y transporte.Precisamente, estos dos sectores, cuyo impactosobre en las emisiones de CO2 es significativo,también han experimentado un crecimiento sinprecedentes debido al aumento de la población,ya que entre 2000 y 2008 entraron en Españamás de 4,5 millones de inmigrantes extranjeros.

Lógicamente, el mayor esfuerzo para contenerlas emisiones se ha producido en el sector ener-gético, con actuaciones muy significativas paralograr la mayor penetración posible de las ener-gías renovables y una mejora de la intensidadenergética. De este modo, la producción eléc-trica de origen renovables representó el 25%del mix de generación en 2009, tan sólo pordetrás del gas natural, mientras que en su con-junto, las energías renovables representaron el12,3% de la energía final, lo que sitúa a Españaen la senda necesaria para alcanzar en el año2020 el objetivo de incrementar esta participa-ción hasta el 20%. Esta evolución constituye un

éxito desde el punto de vista energético, ya queha permitido incrementar la tasa de abasteci-miento energético hasta el 22,8%, y desde elpunto de vista medioambiental.

Por otra parte, de la energía consumida, eltransporte representa más de un 40% del totalnacional y es uno de los principales responsa-bles del crecimiento de las emisiones de GEI.Además, el transporte en España tiene otrascaracterísticas diferenciales respecto a los paí-ses de su entorno: una orografía complicada, lafuerte concentración de la población y la activi-dad económica y un marcado desequilibriomodal, con predominio del transporte por ca-rretera.

La Estrategia Española de CambioClimático y Energía Limpia

En definitiva, las políticas sobre cambio climá-tico en España están estrechamente vinculadasa las acciones en el ámbito energético y por esoel marco principal de actuación es una estrate-gia que incide conjuntamente en ambas cues-tiones: la Estrategia Española de CambioClimático y Energía Limpia (EECCEL) adop-tada en 2007 con el respaldo de las Comu-nidades Autónomas. Esta Estrategia define lasdirectrices básicas de la actuación con un hori-zonte a medio y largo plazo (2007-2012-2020),planteando un abanico de medidas para la con-secución de la reducción de las emisiones deGEI así como para la adaptación a sus efectos.

La Estrategia gira en torno a tres ejes de acciónfundamentales en materia de mitigación: laimplantación eficaz del régimen europeo decomercio de derechos de emisión; las actuacio-nes en los sectores no sometidos al régimen,con especial énfasis en el sector energético; y



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las iniciativas vinculadas al uso de los mecanis-mos flexibles del Protocolo de Kioto.

Para la reducción de las emisiones en los secto-res industrial y de generación eléctrica, laUnión Europea ha apostado por un instrumentoeconómico que asegura la eficiencia de costesen el cumplimiento de los objetivos: el Comer-cio de Derechos de Emisión. Este sistema sepuso en marcha en 2005 y afecta, actualmente,a más de un millar de instalaciones españolas,cuyas emisiones suponen cerca del 45% de lasemisiones totales nacionales. En un período detiempo relativamente breve, no solamente se hadesarrollado el marco jurídico necesario paradar cobertura legal a todos los elementos deeste instrumento, sino que puede considerarseque su implantación ha sido un éxito en lamedida en que todas las instalaciones afectadasestán cumpliendo con sus obligaciones y hanintegrado el coste del CO2 en su estructura decostes, dándose así un paso de gigante en lainternalización de la externalidad. Reciente-mente se ha modificado este marco legal paraadaptarlo a la normativa comunitaria aprobadaen 2009 en el contexto del Paquete de Energíay Cambio Climático de la UE que establece unobjetivo de reducción de emisiones del 20%respecto al año 1990 en 2020. Así, en julio de2010 se adoptó la Ley 13/2010 que se encuen-tra en fase de desarrollo reglamentario.

Uno de los elementos centrales del actual régi-men de comercio de derechos de emisión es elPlan Nacional de Asignación, que determina lacantidad de derechos a repartir y las reglas parasu reparto entre los sectores. Es importante des-tacar que el Plan 2008-2012 establece una asig-nación que puede calificarse de restrictiva paralos sectores sujetos al régimen respecto a laasignación en la fase anterior. Por otro lado, apartir de 2013 una buena parte de la asignaciónde los derechos se hará por subasta, lo que con-

tribuirá en mayor medida a dar una señal precioclara y a orientar por tanto las inversiones conuna visión de futuro.

En cuanto a los sectores no incluidos en el régi-men del comercio de derechos de emisión, losllamados sectores difusos (principalmente elsector transporte y el sector residencial, comer-cial e institucional) el reto más importante esconseguir que las economías domésticas,empresas y organizaciones asuman un cambioestructural en su comportamiento. El objetivofinal es lograr que los consumidores revelen supreferencia por un modelo bajo en carbono yestén dispuestos a pagar por ello, pero éstoexige un marco regulador claro, incentivos (odesincentivos) a determinados comportamien-tos y facilitar el acceso a las herramientas másadecuadas. En el marco de la EECCEL se hanido desarrollando distintos instrumentos de pla-nificación con este fin como el Plan deMedidas Urgentes, aprobado en 2007, el Plande Acción de Ahorro y Eficiencia Energética2008-2012 (E4), las Líneas Estratégicas deLucha contra el Cambio Climático, estableci-das por la Comisión Delegada del Gobiernopara el Cambio Climático en 2008, y los Planesy Estrategias implantados por las ComunidadesAutónomas.

El Plan de Medidas Urgentes incluía actuacio-nes que, sumadas a otras iniciativas ya empren-didas, como el Plan de Energías Renovables2005-2010 o el Código Técnico de la Edifi-cación, situaban las estimaciones de emisionesen el periodo 2008-2012 en un escenario deestabilización. A partir del 2008, se ha seguidoprofundizando en las políticas de cambio cli-mático estableciendo grandes prioridades estra-tégicas que integran el objetivo de reducción deemisiones en los ejes fundamentales de laacción de Gobierno en los sectores con mayorpotencial de reducción, mediante las Líneas



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Estratégicas de lucha contra el Cambio Cli-mático, seis grandes líneas de actuación con unobjetivo de cumplimiento de medio plazo, queafectan a los sectores de transportes, residuos ygestión de estiércoles, edificación, energía,política forestal e Innovación. Entre las actua-ciones emprendidas en este marco destacan laadopción de la Estrategia de MovilidadSostenible, el Plan Nacional Integral de Resi-duos, el Plan de Biodigestión de Purines, elPlan de Ahorro y Eficiencia Energética en losedificios de la AGE o los trabajos para el esta-blecimiento del sistema de CertificaciónEnergética de Edificios nuevos y existentes,que se comentan más adelante.

Mención aparte merece la recientemente adop-tada Ley 2/2011, de 4 de marzo, de EconomíaSostenible que constituye el eje fundamental dela política futura para alcanzar un crecimientoque sea consistente con los objetivos en mate-ria económica, medioambiental y social. LaLey contiene una serie de reformas directamen-te relacionadas con la lucha contra el cambioclimático: la sostenibilidad del modelo energé-tico, la reducción de emisiones, el transporte ymovilidad sostenible y, especialmente relevan-te en el caso español, el impulso del sector dela vivienda desde la perspectiva de la rehabili-tación.

Actuaciones de carácter sectorial

En definitiva, el mayor desafío es conseguir laintegración del componente CO2 en las políti-cas de los sectores que más contribuyen a lasemisiones de GEI en España. La lucha contra elcambio climático es un potente motor de trans-formación tecnológica, y las señales que desdeel Gobierno se den, en consistencia con loscompromisos internacionales, son fundamenta-les para marcar la senda que deben seguir losplanes de inversión empresarial. En particular,

la política energética española se asienta sobretres ejes clave, seguridad de suministro, com-petitividad y sostenibilidad, que son completa-mente congruentes con los objetivos de luchacontra el Cambio Climático. En apoyo de laPlanificación de los Sectores de Electricidad yGas se están ejecutando planes en materia deahorro, eficiencia energética y energías renova-bles como los mencionados Plan de Ahorro yEficiencia Energética 2004-2012 (E4), y elPlan de Energías Renovables 2005-2010(PER), que serán actualizados a lo largo de2011. Además, la Ley de Economía Sostenibleprevé la remisión a las Cortes, antes del verano,de un proyecto de ley que tenga como objetivoel fomento del ahorro y la eficiencia energéticay la promoción de la energía procedente defuentes renovables, lo que conllevará unareducción de las emisiones de GEI y la seguri-dad del abastecimiento energético.

En cuanto al transporte, el Plan Estratégico deInfraestructuras y Transportes (PEIT), aproba-do en julio de 2005, está actualmente en plenafase de desarrollo, siendo una de sus facetasmás destacadas el gran esfuerzo que se está rea-lizando en el transporte por ferrocarril al que sedestina casi el 50% de las inversiones. Por otraparte, en abril de 2009 se adoptó la EstrategiaEspañola de Movilidad Sostenible que estable-ce directrices y medidas en materia de planifi-cación del territorio, el transporte y sus infraes-tructuras, cambio climático y reducción de ladependencia energética, calidad del aire yruido, seguridad y salud y gestión de la deman-da, y otorga especial atención al fomento dealternativas al vehículo privado y al uso de losmodos más sostenibles. En este contexto, elPlan integral para el Impulso del vehículo eléc-trico lanzado en 2010, es una de las actuacionesmás potentes. Igualmente, la Ley de EconomíaSostenible recoge actuaciones en materia detransporte estableciendo las prioridades de la



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planificación estatal en la materia, que se cen-tran en la mejora de la eficiencia y en el des-arrollo del transporte ferroviario, particular-mente para las mercancías. En cuanto a lamovilidad sostenible, la Ley prevé el fomentode los medios de transporte de menor costesocial, ambiental y energético, y regula los pla-nes de movilidad sostenible, supeditando laconcesión de subvenciones estatales al trans-porte público urbano o metropolitano a la pues-ta en marcha de estos planes. Se avanza tam-bién en el fomento de la movilidad sostenibleen las empresas, dando rango legal a la previ-sión de planes de transporte. Pero sobre todomerece la pena destacar que se insta alGobierno a que antes de otoño presente unProyecto de Ley de Movilidad Sostenible que,entre otros objetivos, sentará las bases parareducir las emisiones de GEI.

En lo que se refiere a las medidas relativas a laedificación en los sectores residencial, comer-cial e institucional, otro de los ámbitos dondetodavía es preciso acometer una transformaciónestructural para asegurar su plena consistenciacon un modelo bajo en carbono, destacan sinduda el Código Técnico de la Edificación de2006, que establece la obligación de incorporarcriterios de eficiencia energética y uso de ener-gía solar, térmica y fotovoltaica en los nuevosedificios o los que se vayan a rehabilitar; elnuevo Reglamento de Instalaciones Térmicasde los Edificios, aprobado en julio de 2007 y lapuesta en marcha en 2007 del procedimientobásico para la Certificación de Eficiencia Ener-gética que obliga a certificar los edificios denueva construcción o los que se rehabiliten yque se proyecten a partir del año 2007. Ade-más, en política de vivienda, el plan Estatal deVivienda y Rehabilitación aprobado en diciem-bre de 2008 prevé como uno de sus ejes estra-tégicos la rehabilitación encaminada a la mejo-

ra de la eficiencia energética, así como la utili-zación de energías renovables en el sector.

El último de los sectores cuya evolución havenido determinada por las importantes cir-cunstancias socioeconómicas de los últimosaños es el sector de residuos, en el que se hapuesto en marcha un nuevo Plan NacionalIntegrado de Residuos 2008-2015, con el obje-tivo de que las distintas Administraciones yagentes económicos involucrados cambien deforma significativa la gestión de los residuos enEspaña. El Plan incluye además la Estrategia deReducción de Vertido de Residuos Biodegrada-bles que contribuye de forma especial a la redu-cción de GEI. Por otra parte, el Gobierno haaprobado recientemente un Proyecto de Ley deResiduos que apuesta por la prevención, maxi-mizando el aprovechamiento de los recursos, yla disminución de los impactos adversos de suproducción y gestión sobre la salud humana yel medio ambiente.

Respecto a las actuaciones que se han empren-dido en otros sectores cabe destacar lo relativoal sector agrícola, un sector con un importantepotencial de reducción de emisiones, pero tam-bién uno de los más vulnerables al cambio cli-mático. En particular cabe destacar la puesta enmarcha del citado Plan de Biodigestión dePurines, así como diversas medidas para lareducción del uso de fertilizantes nitrogenados,campañas de comunicación de técnicas de usoeficiente en la agricultura, la incorporación decriterios de eficiencia energética en el Plan deModernización de la flota de tractores agrícolasy el impulso normativo para la migración desistemas de riego por aspersión a sistemas deriego localizado. Las actuaciones en el sectoragrícola tienen además un largo recorrido en loque se refiere a la absorción de dióxido de car-bono, tanto por las propias absorciones del



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suelo como por su vinculación con los sistemasforestales.

Los mercados de carbono internacio-nales: una acción exterior congruente

El tercer pilar de la Estrategia Española parareducir las emisiones de GEI se centra en lasactuaciones realizadas fuera del ámbito domés-tico. La senda de cumplimiento del Gobiernoprevé que para alcanzar el objetivo del 15% seaposible utilizar de forma complementaria a lasacciones nacionales los mecanismos de flexibi-lidad que ofrece el Protocolo de Kioto para laconsecución de sus compromisos. De estemodo, se prevé un aumento de las emisionesdomésticas de un máximo del 37% respecto a1990 y, de los 22 pp que exceden al compromi-so, 20 pueden reducirse con estos mecanismos,siendo los otros 2 pp los correspondientes acaptación de CO2 por el sector forestal. En par-ticular, el Mecanismo de Desarrollo Limpio(MDL) permite, mediante la promoción de pro-yectos bajos en carbono en terceros países,generar créditos que computen para el cumpli-miento de los compromisos de reducción de lospaíses desarrollados.

Para España el MDL es un instrumento de coo-peración clave en la acción internacional contrael cambio climático por su capacidad de pro-mover una economía baja en carbono, generan-do simultáneamente riqueza y prosperidad enlas comunidades locales. La percepción de estaoportunidad determina los criterios que orien-tan la inversión pública española en los merca-dos de carbono: tanto en la elección de las áreasgeográficas de inversión (América Latina) co-mo en la elección de proyectos (preferencia porlos energéticos y de gestión sostenible de losresiduos). La apuesta política de mayor rele-vancia en la región es la creación de la Red

Iberoamericana de Oficinas de CambioClimático (RIOCC), pero junto a ella destaca lafuerte inversión en fondos de carbono gestiona-dos por instituciones financieras multilaterales(Fondo Español de Carbono, FondoBiocarbono y Fondo de Desarrollo de lasComunidades, del Banco Mundial; IniciativaIberoamericana de Carbono de la CorporaciónAndina de Fomento; Fondo de Carbono AsiaPacífico del Banco Asiático de Desarrollo;Fondo Multilateral de Créditos de Carbono delBEI- BERD) en los que España está participan-do con más de 400 millones de euros. Asimis-mo, España participa desde 2008 en fondosdestinados a la adquisición de créditos post-2012 del Banco Mundial, mostrando así suclaro compromiso con los mercados de carbo-no y su papel en la financiación internacional.

Paralelamente, el Gobierno promueve el des-arrollo de Esquemas de Inversión Verde asocia-dos a la compraventa de Unidades de CantidadAsignada que consiguen combinar los objeti-vos de compra de derechos de emisión y pro-mover la transferencia de tecnologías limpias yel desarrollo de sectores de mitigación contri-buyendo a alcanzar los objetivos de cumpli-miento, tanto de España como de los paísesanfitriones.

Este compromiso por una acción exterior con-gruente con un desarrollo bajo en carbono hallevado al Gobierno español a adoptar en 2009el Plan de impulso a la Internacionalización dela economía española en los sectores asociadosal cambio climático, que prevé la utilización delos instrumentos transversales de apoyo a laacción en el exterior de las empresas españolasa favor de aquellas que actúan en sectores bajosen carbono. En definitiva, la lucha contra elcambio climático está siendo también un cata-lizador de la actividad económica en el exte-rior, haciendo posible que empresas con tecno-



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logías punta se implanten en los países conmayor potencial de crecimiento, y que el costede estas tecnologías se haga accesible y compe-titivo.

La captación de CO2: el sector fores-tal

Por último, hay que destacar el hecho de que lasenda de cumplimiento del objetivo del Proto-colo Kioto prevé que un 2% de las reduccionesse hagan mediante absorciones por los sumide-ros naturales. El Plan Forestal Español, ele-mento articulador de la política forestal españo-la, recoge actuaciones concretas para incre-mentar la captación de CO2 por los bosquesespañoles como el aumento de la superficiearbolada a través de repoblaciones con finesprotectores o productores, la forestación de tie-rras agrícolas y la restauración Hidrológico-Forestal. Además, se ha puesto en marcha unplan para la plantación de 45 millones de árbo-les, que se extiende hasta 2012.

El papel de las Comunidades Autóno-mas y las Entidades LocalesPero al abordar las políticas de lucha contra elcambio climático en España es imprescindibledestacar el papel de las Comunidades Autóno-mas en el diseño y aplicación de las mismas,adaptándolas a sus circunstancias particulares,y en el desarrollo de acciones adicionales a lascontempladas desde la Administración Generaldel Estado. Para ello, casi todas las CCAA hanestablecido un marco de actuación, medianteestrategias o planes, y han creado en sus admi-nistraciones la estructura precisa para la correc-ta implantación de las medidas. Además, hanasumido una responsabilidad compartida en laconsecución de los objetivos nacionales y hanestablecido objetivos de reducción basados enla mayoría de los casos en la senda de cumpli-miento para España. Por su parte, muchas

Entidades Locales están trabajando ya para pre-venir el cambio climático y adaptarse a susefectos, utilizando energías renovables, mejo-rando la eficiencia energética del transporte yde la edificación y aplicando criterios de soste-nibilidad en la planificación urbana. El desarro-llo de estas actuaciones en el ámbito de una red,como la Red Española de Ciudades por elClima (RECC), formada por las Entidadeslocales que están integrando la protección delclima en sus políticas municipales, permiteobtener mejores resultados por el aprovecha-miento de las sinergias derivadas de una puestaen común de experiencias y metodologías. LaRECC se constituyó en junio de 2005, ante lanecesidad detectada entre los Ayuntamientos decoordinarse en la lucha contra el cambio climá-tico y los efectos que de éste se derivan, queaumenta la vulnerabilidad de sus localidades yafecta directamente a la población.

En la buena dirección, pero queda ca-mino por recorrerEn definitiva, las actuaciones en materia decambio climático no solamente se han intensi-ficado de manera muy clara en los últimosaños, sino que se han desarrollado dentro de unmarco congruente que tiene por objetivo refor-zar las sinergias y el carácter trasversal de lasmedidas. Todo ello ha llevado a que a partir delaño 2007 se haya revertido la tendencia, y quela evolución de las emisiones respecto al añobase hayan disminuido en 14 puntos porcentua-les hasta situarse en el 126,8%, los mismos queaumentó desde 1998, fecha en la que se firmóel Protocolo.

Es difícil revertir las inercias, y toma su tiempoconsolidar las actuaciones. Por ello, la actua-ción decidida por parte del Gobierno, en el con-texto de una política también clara y de lideraz-go en esta materia en la UE, ha permitidoimplantar progresivamente actuaciones entodos los ámbitos, actuaciones que ahora estándejando ver sus resultados. Es cierto que la cri-sis económica ha incidido en la evolución de



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las emisiones, pero en todo caso se aprecia undesacoplamiento de la evolución del PIB que esel resultado de las medidas adoptadas, especial-mente en el ámbito energético, que deberá to-davía asentarse. Hay que seguir trabajando para

que el cambio sea un cambio estructural, y queemitir deje de ser definitivamente más rentableque no hacerlo, incorporando los costes asocia-dos a los impactos del cambio climático entodas las actuaciones.



Alicia Montalvo

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de España. MARM.

Emisiones proyectadas a 2020. Fuente: MARM

Por esta razón, el reto ha quedado recogido enla Ley de Economía Sostenible, que asume demanera clara y explícita la necesidad de que elGobierno tome las medidas necesarias para elcumplimiento de los compromisos y esfuerzosque correspondan a España en el marco delobjetivo de reducción de las emisiones de GEIde efecto invernadero en el año 2020 de laUnión Europea, actualmente establecido en el

20% respecto a 1990, pero que podría alcanzaruna mayor ambición, tanto en el contexto de lanegociación internacional como en el marco dela Estrategia 2020 de la UE. Con las medidasadoptadas España está en condiciones de cum-plir con estas obligaciones, si bien resultaimprescindible reforzar las actuaciones y, sobretodo, seguir trabajando en el establecimiento delas correctas señales precio.

La adaptación a los impactos del cam-bio climático

Pero no se puede hablar de la política de cam-bio climático en España sin abordar las cuestio-nes relacionadas con la adaptación a sus impac-tos. España es un país especialmente vulnera-ble por su situación geográfica y sus caracterís-ticas socioeconómicas, lo que requiere unaactuación apropiada y puntual para anticiparsey prevenir los efectos de este fenómeno, mini-mizando los riesgos. Así, en 2005 se publicó elInforme Evaluación Preliminar de los Impactosen España por Efectos del Cambio Climáticodonde se analizaban los ecosistemas terrestres,ecosistemas acuáticos y marinos, zonas coste-ras, la diversidad vegetal y la biodiversidadanimal. Además se analizaba la disminución enlas aportaciones hídricas, el aumento de lademanda de riego, la pérdida de fertilidad delsuelo, los cambios en la fisiología de las espe-cies forestales, así como los cambios en la agri-cultura española como consecuencia del incre-mento de la temperatura del aire y de la con-centración de CO2, o cambios en las precipita-ciones estacionales. También eran objeto deestudio otros sectores que se pueden ver afecta-dos por el cambio climático como son el sectorenergético, el sector turístico, la salud e inclusolos seguros. Como resultado de este proyecto,el Gobierno adoptó en 2006 el Plan Nacionalde Adaptación al Cambio Climático que consti-tuye el marco general de referencia para lasactividades de evaluación de impactos, vulne-rabilidad y adaptación al cambio climático enEspaña. Este Plan proporciona la estructuradonde se encajan las diferentes evaluaciones delos sectores, los sistemas y las regiones, y pre-tende facilitar y proporcionar asistencia, deforma continua, a todas aquellas administracio-nes y organizaciones interesadas para evaluarlos impactos del cambio climático en Españaen el sector/sistema de su interés, facilitando

conocimientos sobre el tema y los elementos,herramientas y métodos de evaluación disponi-bles, con objeto de promover procesos de parti-cipación entre todos los involucrados que con-duzcan a la definición de las mejores opcionesde adaptación al cambio climático. En definiti-va, se persigue la adaptación al cambio climáti-co en la planificación de los distintos sectores ysistemas. Una de las herramientas más impor-tantes que se han desarrollado es la generaciónde escenarios regionalizados de cambio climá-tico en España por parte de la Agencia Estatalde Meteorología, elemento que no sólo es piezafundamental para los demás ejes del Plan, sinoque constituye una referencia en el entornointernacional.

El Plan se desarrolla mediante programas detrabajo, que contienen las características princi-pales de las actividades y proyectos de evalua-ción de los impactos, la vulnerabilidad y laadaptación. En 2009 se ha aprobado el segundoPrograma de Trabajo con un marco temporal de4 años, que continúa con los estudios de detalleen curso en los sectores contemplados en elPrimer programa (costas, aguas y biodiversi-dad), y considera nuevos sectores, como sonsalud, agricultura, turismo, bosques ysuelo/lucha contra la desertificación.

Otras actuaciones horizontales

Por último, no puede dejar de mencionarse unapieza fundamental de la política de CambioClimático en España como son las actuacionesen materia de I+D+i. A partir del año 2008 estávigente en España el Plan Nacional de Inves-tigación Científica, Desarrollo e Innovación2008-2011 que incluye una acción estratégicade Energía y Cambio Climático. Pero sin dudalo más destacable en este ámbito es la creaciónen 2008 del Instituto de Investigación sobreCambio Climático (I2C2), en Zaragoza, con el



Alicia Montalvo

objetivo de instaurar un centro de excelenciacientífica nacional e internacional. El I2C2 sededicará a impulsar el análisis y la investiga-ción del cambio climático en España, coordi-nando y complementando las iniciativas exis-tentes, y promoviendo el trabajo de prospectivay desarrollo de herramientas de modelizaciónque ayuden a mejorar el proceso de toma dedecisión en las políticas de lucha contra el cam-bio climático. En diciembre de 2010, se haconstituido el Consorcio del I2C2, y su Con-sejo Rector, órgano supremo de decisión delConsorcio y su Comisión Permanente.

Igualmente, hay que destacar el importantepapel de los programas de información, educa-ción, y sensibilización que incrementan laaceptación social de las políticas y medidas delucha contra el cambio climático, refuerzan suefectividad, capacitan a los ciudadanos paranuevas formas de hacer orientadas tanto a lamitigación como a la adaptación y promuevenla adopción de estilos de vida bajos en carbonoy comportamientos concretos más responsablesfrente al cambio climático. En España, losesfuerzos en información, sensibilización, edu-cación, participación pública son compartidospor un amplio conjunto de instituciones públi-cas y privadas: Gobierno Central, GobiernosAutonómicos, Municipios, Organizaciones nogubernamentales, medios de comunicación yempresas.

Conclusión

El cambio climático es el reto ambiental, eco-nómico y social más importante al que España,y todos los países del mundo, debe hacer fren-te durantes las próximas décadas. Para afron-tarlo es necesario trazar una estrategia demedio y largo plazo, mediante el estableci-miento de objetivos ambiciosos y el desarrollode marcos regulatorios, económicos y financie-



Alicia Montalvo

ros potentes. En España la lucha contra el cam-bio climático se ha planteado como una oportu-nidad para acometer una transformación enprofundidad de nuestro modelo produtivo yenergético. La apuesta por las energías renova-bles y por el ahorro y la eficiencia energética,junto a actuaciones de carácter sectorial en elámbito de la movilidad, la edificación, la ges-tión de residuos y la agricultura está permitien-do revertir la tendencia creciente en nuestrasemisiones de GEI y crear nuevos nichos deactividad económica y de empleo que es nece-sario cultivar. Es importante seguir trabajandopara que la señal precio sea adecuada: el cam-bio climático es un grave problema con impac-tos muy importantes que generarán elevadoscostes económicos. Esto costes deben integrar-se plenamente en el proceso de toma de deci-siones. España ha dado en los últimos añospasos muy significativos en la dirección correc-ta, orientando las decisiones de inversión de lamano de los agentes económicos. Detenerse ovacilar en esta estrategia solamente por razonescoyunturales no es una opción; al contrario,estas circunstancias son las que deben reafir-marnos en la idoneidad de nuestras actuacio-nes, que ahora empiezan a rendir sus frutos yque deben conducirnos al lugar donde de ver-dad queremos estar dentro de veinte años.

Costes de reducciónde CO2 en la industria españolaAlberto SantamaríaPedro Linares Instituto de Investigación Tecnológica,Universidad Pontificia Comillas

Resumen: A las puertas del comienzode la 3ª fase (2013-2020) del proceso deimplantación del mercado de emisionesen Europa (EU ETS) y con numerosascuestiones aún por determinar, la esti-mación de los costes de mitigación deCO2 constituye un elemento importante

para evaluar el coste y el potencial de lasdiferentes medidas reductoras, analizarlos impactos de posibles políticas me-dioambientales, y por último, determinarlos riesgos de fuga de emisiones debidaa la posible pérdida de competitividadde las empresas europeas en los merca-dos mundiales. Este artículo presenta losresultados obtenidos al llevar a cabo esteejercicio por primera vez en España ypara los sectores más intensivos en emi-siones de la industria: eléctrico, cementoy acero.

PALABRAS CLAVE: costes marginales deabatimiento, emisiones de CO2, sectores indus-triales en España.

1 Introducción

Desde la aparición del nuevo mercado europeode emisiones de gases de efecto invernadero(EU-ETS), los sectores industriales tienen unincentivo explícito a controlar sus emisiones deestos gases. Los objetivos de reducción acorda-dos para 2020, o la posibilidad de abandono delmecanismo de asignación gratuita de permisosa ciertas industrias a partir de 2013 son, entreotros, retos que introducen nuevas incertidum-bres en una industria que aún no se ha repuestode los efectos de la crisis económica presenteen nuestro país. Es precisamente en este marcodonde se encuadra la necesidad de evaluar elpotencial de las medidas de reducción de emi-siones y los costes que éstas implican. Este aná-lisis de costes de mitigación de CO2 tiene espe-

cial relevancia en España, donde la tendenciade emisiones de los últimos 20 años no es alen-tadora y el margen de maniobra para cumplirlos compromisos internacionales adquiridos enKioto y Europa se va reduciendo cada día.

El enfoque utilizado habitualmente para la esti-mación de los costes de mitigación de CO2 es laconstrucción de curvas de costes marginales dereducción (curvas MAC): son curvas que rela-cionan distintos grados de reducción en lasemisiones, con el coste marginal de dichareducción. Las curvas pueden construirsemediante la estimación de expertos (McKinsey& Company, 2007), mediante modelos de equi-librio general (Paltsev et al., 2005), o mediantemodelos bottom-up (Hidalgo et al., 2005;Szabo et al., 2006). Evidentemente, cada apro-ximación tiene ventajas e inconvenientes(Kesicki, 2010). Este artículo muestra una pri-mera estimación, mediante modelos bottom-up, de los costes marginales de abatimiento de


Costes de reducción de CO2 en la industria española

Alberto Santamaría · Pedro Linares


CO2 en España para los sectores industrialesmás intensivos en consumo de energía y emi-siones: eléctrico, acero y cemento. El conjuntode dichos sectores representan el 30% del totalde emisiones nacionales.

En la sección 2 se presenta una breve descrip-ción de cuál es la situación de España en cuan-to a emisiones de GEI se refiere. El apartado 3describe una serie de modelos de los sectoresque han sido analizados y cuyos resultados sepresentan en el epígrafe 4. La sección 5 enume-ra las conclusiones.

2 Situación de las emisiones enEspaña

Desde 1990 las emisiones de GEI en Españahan seguido una trayectoria creciente e impara-

ble que solo se ha visto frenada en estos últi-mos años por causas no deseables como laactual crisis económica y financiera. A finalesde 1990 las emisiones registradas fueron de286.62 Mton CO2eq y en aquel momentoEspaña contaba con el permiso, acordado enKioto, de aumentar sus emisiones un 15% res-pecto a ese nivel en 2020, pudiendo llegar sinpenalización a los 330 Mton CO2eq. En laactualidad, las emisiones registradas (405.7Mton CO2eq en 2008), cuya descomposición semuestra en la Tabla 1, superan ampliamente losobjetivos propuestos.

Se puede apreciar en la Tabla 1 que los sectoreseléctrico, cemento, refino y siderúrgico son res-ponsables de más del 80% de las emisionessujetas al comercio europeo. Por otro lado, esdestacable el papel del sector transporte en eltotal de emisiones de GEI.




Tabla 1. Emisiones de GEI en España en 2008 (Ministerio de Medio Ambiente).

3 Modelos sectoriales

Para tratar de estimar los costes de la reducción

de emisiones de CO2 en los principales sectores

emisores de la industria se han utilizado mode-

los bottom-up que tratan de simular el compor-

tamiento de cada uno de estos sectores. Dichosmodelos tratan de minimizar los costes de pro-ducción teniendo en cuenta la demanda a cubriry un objetivo de reducción en las emisiones,permitiendo cambios en las tecnologías emple-adas, el uso de combustibles y materias primas,

o la inversión en nuevas tecnologías. Los secto-res analizados son el cemento, acero y eléctri-co.

3.1 Modelo de cemento

La industria del cemento en España, represen-tada esquemáticamente en la Figura 1, cuentacon dos tipos de centrales: aquellas que se dedi-can al proceso productivo completo (fabrica-ción de clínker y cemento) y aquellas que solofabrican cemento a partir de clínker importado(fábricas de molienda). Una vez producido elclínker (o importado), éste se mezcla con otrasadiciones en unos molinos eléctricos rotatoriospara producir cemento.

No existe diferenciación en el proceso de pro-ducción de cemento. Sin embargo, para produ-

cir clínker si existen diferentes tecnologías dis-ponibles en función de la sequedad de las mate-rias primas empleadas. En España la mayorparte de los hornos de clínker son de tecnologíaseca con precalentador (SECP) o precalentador+ precalcinador (SECPP), las cuales presentanlos rendimientos más altos de la industria. Porotro lado, cabe mencionar los focos de emisio-nes de GEI en este sector. La producción declínker es la responsable del total de emisionesdirectas en esta industria. Aproximadamente el60% de éstas emisiones son debidas a las reac-ciones químicas que sufren las materias primasen el horno, y el 40% restante son debidas a lacombustión. Además se tienen en cuenta tam-bién las emisiones indirectas causadas por elconsumo eléctrico en hornos y moliendas.




Figura 1. Esquema del modelo del sector cementero.

3.2 Modelo de acero

El sector del acero en España se puede modelarcon los dos tipos de hornos existentes: hornosde oxígeno básico (BOF) y hornos por arco

eléctrico (EAF). El proceso que se lleva a cabo

en ambos es completamente distinto: mientras

que en los altos hornos de fundición se parte de

mineral de hierro para producir arrabio, el cual

se introduce en los hornos BOF para fabricaracero, en los hornos de arco eléctrico se sueleintroducir chatarra, quizá con ciertas cantida-des de arrabio u otros constituyentes como elDRI (direct reduced iron), que se funden paraproducir el material final. La Figura 2 esque-matiza el proceso.

La electricidad consumida por los hornos eléc-tricos es 5 veces superior a la consumida por lavía integral, lo que implica un aumento de lasemisiones indirectas de este sector. Por el con-trario, la actividad más intensiva en emisionesse da en las plantas BF-BOF, debido al uso decombustibles fósiles, donde se debe transfor-mar el mineral de hierro en arrabio, consumien-do gran cantidad de energía, y posteriormenteen acero.

Una característica importante de la industriasiderúrgica en España es que, al contrario queen el resto de Europa, la vía principal de pro-

ducción de acero es la eléctrica, con un 75% deltotal de la capacidad instalada (EUROFER –www.eurofer.org).

3.3 Modelo de sector eléctrico

El modelo de generación eléctrica es una ver-sión simplificada del modelo desarrollado en elIIT (Linares et al., 2008) en el que se analizanla operación del sistema y las nuevas inversio-nes necesarias para cubrir la demanda eléctricadurante un período determinado. Este modeloconsidera 14 tipos de tecnologías caracteriza-das en función del combustible usado y su fac-tor de eficiencia, a saber, nuclear, carbón nacio-nal e importado, fuel, gas, ciclos combinados,cogeneración, hidráulica, bombeo, mini hidráu-lica, biomasa, eólica terrestre y marina, y solarfotovoltaica y térmica. El mix energético resul-tante es el que minimiza los costes variables yde inversión, cumpliendo además una restric-ción en el nivel de emisiones permitidas poresta industria.




Figura 2. Esquema del modelo de acero.

4 Resultados

En primer lugar se presenta una sección con los parámetros de entrada más relevantes usados en elestudio, así como sus fuentes. Los modelos del sector cemento y acero optimizan la operación de2008. El análisis presentado para el sector eléctrico corresponde a 2020.

4.1 Parámetros de entrada

La demanda del sector cementero, como se muestra en la Tabla 2, se descompone en los 7 grupos decemento tipo:




Tabla 3. Precio de importación de clínker y cemento.

Tabla 2. Demanda de cemento en España en 2008 (Oficemen).

Debido al supuesto de que la demanda de cemento debe ser cubierta en todo caso, es posible que bajouna restricción fuerte en el nivel de emisiones de CO2 permitidas, la única alternativa viable sea laimportación, bien de clínker o de cemento. Los precios estimados por el autor, basados en informesprocedentes de Oficemen, se muestran en la Tabla 3.

Por otro lado, la capacidad máxima de producción al año, tanto de clínker como de cemento, quedaexpresada en la Tabla 4.

Tabla 4. Capacidad máxima de producción de clínker y cemento (estimación realizada por el autor a partir de Ministerio de MedioAmbiente, 2003).

Por último, cabe citar el valor fijado como referencia base para las emisiones del sector (BAU) quealcanza las 23.7 Mton CO2 al año.

En cuanto al sector del acero, la demanda totalde acero bruto considerada para el período deestudio es de 18 Mton, la cual implica un volu-men base de emisiones de CO2 de 14.16 Mton.

Los costes de importación ascienden a491.5/ton de acero y 206.15 /ton de chatarraimportada (Evans Miranda, 2009). En cuanto alconsumo eléctrico, se considera que un hornoBOF y un horno de arco eléctrico consumenuna media de 0.128 MWh y 0.544 MWh portonelada de acero producida respectivamente(Meyers & Buen, 1993). Los consumos decombustible solo se consideran necesarios en elproceso BOF, y su coste se incluye como costevariable dentro de la estructura de costes deesta tecnología.

El modelo del sector eléctrico devuelve el mixóptimo (menor coste) de generación para cubrirla demanda de energía eléctrica en 2020. Lademanda supuesta es de 295.4 TWh (estima-ción realizada con datos de demanda de REEpara 2008 con un 0.5% de crecimiento anual),parte de la cual debe ser cubierta con renova-bles de acuerdo al objetivo planteado por elgobierno para 2020. Las diferentes centrales degeneración, cuyas características fundamenta-les se exponen en la Tabla 5, han sido agrupa-das en función del tipo de combustible que uti-lizan. Además, el nivel de emisiones base con-siderado para este sector es de 91.5 Mton CO2.

Bajo estos supuestos, los costes marginales deabatimiento para los distintos sectores estudia-dos se presentan a continuación.




Tabla 5. Potencia instalada en España a 2008 (REE)

4.2 Curvas MAC

4.2.1 Cemento

La industria del cemento en España es una delas industrias más eficientes a nivel global yaque la gran mayoría de sus fábricas integran latecnología más eficiente disponible actualmen-te (Ministerio de Medio Ambiente, 2003). Este

hecho ha sido favorecido gracias a la bajahumedad de las materias primas disponibles enEspaña (que evitan un proceso previo de seca-do necesario en la fabricación del clínker), perohace que las alternativas de reducción de emi-siones se limiten a cambios en el mix de com-bustibles empleados y materias primas alterna-tivas con menor contenido en carbono, o a la

importación tanto de clínker como de cemento.La Figura 3 muestra la curva de costes margi-nales de abatimiento para la industria cemente-ra.

Se puede apreciar un rango moderado y relati-vamente bajo de variación en el coste de reduc-ción de CO2. Este valor es fuertemente depen-diente de los precios de importación del clín-ker. Cuando el nivel de emisiones tope fijadopara esta industria decrece un 6% la alternativamás rentable consiste en importar parte de lademanda de cemento gris tipo I (mayor conte-

nido de clínker) con el consiguiente ahorro encombustibles y materias primas para la produc-ción de esa parte de clínker. Si la restricción seendurece, alcanzando una reducción del 15%,los resultados muestran que la quinta parte dela producción de cemento gris se cubriría conimportaciones. Además, reducciones superio-res al 20% obligarían también a prescindir de laproducción de cemento blanco, cubriendo latotalidad de su demanda con importaciones,como se indica en la Figura 4. Para restriccio-nes más elevadas en el nivel permitido de emi-siones, el resultado que se observa es que cuan-




Figura 3. Curva MAC del sector del cemento en España.

Figura 4. Volumen de importaciones de cemento y clínker.

to más estricto es el límite permitido, mayorvolumen de clínker es importado.

Es importante resaltar que desde el punto devista de las emisiones, el elemento clave en laindustria del cemento es el clínker. Las restric-ciones en el nivel máximo de emisiones afectandirectamente a la producción nacional de clín-ker, mientras que la producción de cemento seve indirectamente afectada por este hecho. Larentabilidad en la producción de éste últimodependerá fuertemente del incremento del

coste asociado a su materia prima fundamental,el clínker, como consecuencia de la severidadde la normativa medioambiental que sea esta-blecida.

4.2.2 Acero

El sector del acero presenta aún menos elastici-dad que la industria cementera. Como puedeapreciarse en la Figura 5, el coste de reducciónde las emisiones presenta un perfil bastanteplano y elevado.




Figura 5. Curva MAC del sector del acero.

En primer lugar, y para reducciones menores al10% en este sector, se intenta minimizar el usode mineral de hierro para la producción de arra-bio sustituyendo éste por otras adiciones. Sinembargo, el potencial de esta medida es limita-do debido a la calidad exigida en el productofinal, y los altos costes que conllevarían nuevasinversiones en hornos eléctricos (bajos factoresde emisiones directas) hacen que para cumpliruna restricción decreciente en el nivel máximode emisiones, la alternativa sea, como se apre-cia en la Figura 6, la de abandonar paulatina-mente la producción de acero en hornos BOF ycubrir esa demanda con acero procedente del

extranjero, de forma que para reduccionessuperiores al 40% en las emisiones del sector,la producción en horno tradicional sea nula. Eneste caso, y quizá análogamente al papel quedesempeña el clínker en la industria cementera,el arrabio es un derivado del mineral de hierroy el componente fundamental del acero produ-cido en altos hornos. Su producción es el factorque más emisiones directas introduce en el pro-ceso de fabricación de acero, sin embargo, laposibilidad de importación de arrabio no hasido considerada en este estudio porque no seconocen datos reales de industrias siderúrgicasque lleven a cabo esta práctica.

Por otro lado, hay que destacar la importanciadel precio y disponibilidad de la chatarra en elanálisis de beneficios de la industria siderúrgi-ca española. La chatarra es el componente fun-damental para la producción de acero en hornosEAF y la fuerte volatilidad que presenta su pre-cio (www.steelonthenet.com) hace difícil sumodelado y posterior análisis. Aún así, la con-clusión que puede extraerse a la vista de laFigura 6 es que sólo para reducciones muyseveras de emisiones de CO2, por encima del

50%, el volumen de producción de acero enhornos de arco eléctrico se vería reducido.

4.2.3 Electricidad

El sector eléctrico presenta una mayor elastici-dad a la reducción en las emisiones que los sec-tores expuestos previamente, y a la vista de laFigura 7 se puede observar un rango amplio enel coste marginal en función de diferentes nive-les de reducción.




Figura 6. Evolución de la producción de acero ante restricción en las emisiones.

Figura 7. Curva MAC del sector eléctrico.

Como se aprecia en la Figura 8, las tecnologíasde generación renovables así como la nuclear,no ven afectado su aporte al mix energéticopara los diferentes escenarios de reducción deemisiones propuestos. No así ocurre con el car-bón, cuya tendencia es claramente decrecienteante reducciones en el nivel tope de emisiones,y se presenta como la primera medida de reduc-ción. La parte de demanda que deja de ser aten-dida por centrales térmicas de carbón pasa acubrirse con centrales de ciclo combinado, ali-mentadas con gas, combustible de alto poder

calorífico y menor contenido en carbono, aun-que algo más caro. A la vista de los resultados,y teniendo en cuenta el objetivo de renovablespropuesto por el gobierno a 2020, las centralestérmicas de carbón desaparecerían del mixenergético si las exigencias medioambientalesobligasen a reducir las emisiones del sector porencima del 50%, momento a partir del cual,además, los ciclos combinados también veríanreducido su aporte en pro de un aumento soste-nido de las energías renovables.




Figura 8. Mix de generación eléctrica a 2020 bajo diferentes niveles de emisiones.

5 Conclusiones

El objetivo de este artículo es el de presentar agrandes rasgos el funcionamiento de las princi-pales industrias intensivas en emisiones enEspaña y dar una primera aproximación de enqué nivel y a qué precios pueden afectarles lasdiferentes imposiciones medioambientales quese prevén en un futuro próximo.

Analizando la industria por sectores, se obser-va que el grueso de emisiones en España locompone el sector eléctrico (22%), el sectorcementero (5.8%), el refino de petróleo (3.6%)y la siderurgia (2%). Estos 4 sectores cubren

más del 80% de las emisiones del sector indus-trial, y un 34% de las emisiones totales nacio-nales.

El sector del cemento en España está caracteri-zado por un nivel de eficiencia muy alto en casitodas sus fábricas, ya que la mayoría puedenconsiderarse dentro de las mejores técnicas dis-ponibles (Ministerio de Medio Ambiente,2003), y por tanto, con la tecnología disponibletiene poco margen de maniobra para afrontarrestricciones severas en el nivel de emisiones.Los resultados muestran que los cambios en eluso de combustibles, o en las adiciones delcemento, son medidas con un potencial muy

limitado y la importación de clínker, constitu-yente fundamental del cemento, se presentacomo la solución más evidente para lograrreducciones de emisiones.

Análogamente a lo que ocurre con el sector delcemento, el sector siderúrgico en España es unode los menos intensivos en emisiones directasde Europa debido a la gran penetración delhorno de arco eléctrico en la producción deacero. Esta tecnología presenta ventajas desdeel punto de vista medioambiental con respectoa la tecnología tradicional de alto horno, demanera que incrementos en la severidad de lasrestricciones ambientales involucran una caídapaulatina de la producción de acero en hornoclásico. Por lo tanto, en estos dos sectores, sepuede concluir que la aplicación de medidas dereducción de emisiones, bajo los supuestoscitados, podría derivar hacia una deslocaliza-ción de una parte de la industria, y una posiblefuga de emisiones a otros países con regulacio-nes menos exigentes en este aspecto.

Por último, un análisis del sector eléctricomuestra que la alternativa para reducir emisio-nes en este sector es la progresiva disminucióndel uso del carbón en pro de un aumento de lasplantas de ciclo combinado cuyo combustiblees el gas natural. Además, la integración derenovables en el sistema, medida quizá menosrentable desde un punto de vista puramenteeconómico, ayuda considerablemente a lareducción de las emisiones de GEI en el sector.

6 Referencias

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del mercado EU-ETS. Fase II. Instituto de Investigación

Tecnológica. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, España.

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the cement industry case”. Energy Policy, vol 34, 72-87.




Nuevas Perspectivassobre las PolíticasClimáticas en EspañaXavier LabandeiraCatedrático de Economía, Universidadde Vigo. Director de Economics for Energy

María L. LoureiroProfesora titular de Economía,Universidad de Santiago de Compostela

Resumen: Las políticas de cambio cli-mático tienen un marcado componenteenergético y, por ello, se encuentran enel centro de un creciente debate sobre sudiseño y efectos. En este trabajo se pre-sentan los resultados de la reciente apli-cación de un cuestionario que evalúa ladisposición a pagar de una muestra re-presentativa de la población por dos po-líticas para restringir las emisiones espa-ñolas de gases de efecto invernadero ylas actitudes de la ciudadanía españolasobre diversas opciones en este ámbito.Nuestras conclusiones permiten reconci-liar la elevada concienciación social so-bre estas cuestiones con la aplicación dedeterminadas políticas de precios, a dife-rencia de lo ocurrido en la realidad hastael momento.

PALABRAS CLAVE: Actitudes, precios, cam-bio climático, España

1. Introducción

El cambio climático se ha convertido en unapreocupación importante para buena parte delos habitantes del planeta, especialmente en lospaíses desarrollados (World Wide Views, 2009).En el caso europeo, el Eurobarometer Surveyindica que alrededor de dos tercios de la pobla-ción considera el calentamiento global comouno de los problemas importantes a que seenfrenta la humanidad y favorecen reduccionessignificativas de los gases de efecto invernade-ro (GEI) en el horizonte de 2020 (Eurobaro-meter, 2009). En particular, nuestro país sesitúa por encima de la media europea en la con-sideración del cambio climático como un pro-blema muy serio y, como recoge la aplicaciónque se presenta en este artículo, los ciudadanosespañoles demuestran un elevado interés y pre-ocupación en esta cuestión.

En este trabajo presentamos los principalesresultados de un estudio de valoración contin-gente con el que se obtienen la disposición apagar (DAP) de los encuestados respecto a laspolíticas de reducción de las emisiones de GEIen los dos sectores que más contribuyen adichas emisiones en España (electricidad ytransporte) y sobre un rico conjunto de actitu-des de los ciudadanos sobre alternativas para eldiseño y aplicación de las políticas climáticas.Además de suministrar una información deindudable interés sobre las preferencias socia-les españolas sobre estas cuestiones y poner demanifiesto sus evidentes interacciones con laspolíticas energéticas, el artículo aporta inputsvaliosos para el diseño de las futuras políticasen este campo. Pero este trabajo pretende algomás: explicar por qué hasta el momento noabundan en la práctica instrumentos efectivos


Nuevas perspectivas sobre las políticas climáticas en España

Xavier Labandeira · María L. Loureiro


(particularmente precios) para el control de lasemisiones españolas de GEI.

De hecho, España es hoy probablemente unode los países europeos en los que existe unamayor presión para restringir las emisiones deGEI. Por un lado, por su especial vulnerabili-dad ante fenómenos de cambio climático, dadasu situación geográfica e importancia económi-ca de los sectores primarios y del turismo. Porotro, por la desafortunada evolución de las emi-siones de GEI en las dos últimas décadas, quese sitúan lejos del objetivo de Kioto para nues-tro país y cuyo comportamiento pro-cíclicopodría dificultar la obtención de los ambiciososobjetivos europeos para 2020 en el caso espa-ñol.

El artículo se organiza en cuatro secciones,incluyendo esta introducción. A continuaciónse repasan los resultados de la simulación depolíticas hipotéticas, mayoritariamente basadasen precios, para restringir las emisiones espa-ñolas de GEI. Seguidamente se presenta el pro-cedimiento seguido para obtener la DAP y acti-tudes ante políticas climáticas de la sociedadespañola, con los principales resultados obteni-dos. Por último se recogen las conclusiones ylas referencias bibliográficas.

2. Instrumentos económicos y políti-cas climáticas

En otros trabajos hemos justificado el uso deinstrumentos económicos en las políticas am-bientales (véase por ejemplo, en esta misma re-vista, Labandeira, 2000) puesto que permitenconseguir el objetivo ambiental a mínimo coste(eficiencia estática) e introducen incentivos pa-ra una mejora ambiental continua (eficienciadinámica). Si bien esto es cierto para cualquierproblema ambiental en el que exista un alto

número de contaminadores heterogéneos, en elcaso del cambio climático cobra una importan-cia fundamental. En primer lugar, porque haymuchos contaminadores (prácticamente todoslos agentes de la economía), con una alta hete-rogeneidad que se basa tanto en disparidadestecnológicas intersectoriales (por ejemplo esmuy distinto el proceso de emisión, y las posi-bilidades de descontaminación, en el sectoreléctrico y en el de producción de cemento)como intrasectoriales (básicamente relaciona-das con la distinta obsolescencia tecnológica delos contaminadores). En segundo lugar, porquelos costes asociados a la reducción de emisio-nes, muy generalizadas en cualquier economíacontemporánea, son potencialmente tan eleva-dos que es crucial perseguir las ganancias deeficiencia estática y dinámica.

Es por ello que la literatura empírica sobre laaplicación de políticas contra las emisiones deGEI en España se concentró, desde los añosnoventa del siglo pasado, en la simulación deinstrumentos económicos. En uno de los prime-ros trabajos sobre el asunto, Labandeira yLabeaga (1999) apuntaron la elevada efectivi-dad de un impuesto sobre emisiones de dióxidode carbono (CO2) a un tipo moderado, con una

tendencia a la proporcionalidad en la distribu-ción de la carga. Esto fue confirmado, años des-pués, con una modelización explícita de unareforma fiscal verde cuyo reciclaje de la recau-dación permitía también ganancias en el PIBnacional (Labandeira, Labeaga y Rodríguez,2004). La presencia de dividendos múltiples deesta naturaleza (mejora ambiental y aumentodel PIB) fue confirmada por otros trabajos enlos que los impuestos energéticos simulados,mayoritariamente vinculados a las emisionesde CO2, se utilizaban para reducir los impues-tos sobre el trabajo pagados por los empleado-res (Barker y Köhler, 1998; Conrad y Schmidt,




1998; Bosello y Carraro, 2001; Manresa ySancho, 2001).

Sin embargo, las simulaciones anteriores nofueron seguidas por la aplicación en la prácticade instrumentos económicos para la reducciónde las emisiones de GEI. Todo al contrario:durante los noventa y hasta los primeros añosdel siglo XXI los sucesivos gobiernos españo-les contribuyeron al fracaso de la denominada‘ecotasa’ comunitaria, un impuesto mixto sobrecontenido energético y de carbono, con los con-tinuos bloqueos al amparo de la regla de unani-midad en temas fiscales. Además se siguió unaestrategia de precios energéticos bajos, muyvisible en el caso de la electricidad pero tam-bién en los carburantes de locomoción (con losimpuestos especiales energéticos rozando deforma consistente el mínimo establecido por laarmonización fiscal). Incluso una actuaciónpública de alcance relacionada con los esfuer-zos de reducción de GEI, el sistema español depromoción de renovables, se articuló con unsistema de subvenciones a los promotores ycon transmisión muy imperfecta hacia los pre-cios finales de la energía.

3. Preferencias sociales sobre políticascontra el cambio climático en España

Hasta el momento nos hemos ocupado del con-texto de este trabajo: presiones externas e inter-nas para la reducción de emisiones de GEI enEspaña, fuertes preferencias sociales para elcontrol de dichas emisiones y una escasa mate-rialización en el ámbito de las políticas aplica-das (especialmente con precios). ¿Cuál es larazón para este fenómeno, especialmente cuan-do los resultados de dichas políticas parecentan positivos? ¿Es posible que convivan políti-cas que busquen explícitamente una reducciónde emisiones a través de mayores precios de la

energía con un contexto externo y unas prefe-rencias sociales tan favorables?

Estudiar esa paradoja, esto es, aproximarse a ladefinición y aplicación de las políticas climáti-cas desde otra perspectiva, fue parte del objeti-vo de la aplicación que se resume en este traba-jo y que se basa en Hanemann, Labandeira yLoureiro (2011b). No obstante, también preten-dimos lanzar la máxima luz sobre las opinionesy actitudes de la sociedad española respecto alas políticas climáticas. Los resultados preten-den, además, ser útiles para el futuro diseño delas políticas para el control de las emisiones deGEI españolas y para suministrar resultadosdesde España a la creciente literatura interna-cional sobre estas cuestiones (véase, por ejem-plo, Lee y Cameron, 2008 o Villar y Krosnick,2011).

Nuestra aproximación se basa en la aplicaciónde un cuestionario, cuidadosamente diseñado,sobre una muestra representativa de la pobla-ción española. Como es habitual en este campo,para llegar al diseño final del cuestionario seutilizaron grupos de discusión y además se rea-lizaron pre-tests antes de su aplicación. El cues-tionario contiene cuatro partes separadas: a)introducción, donde se presenta informaciónsobre aspectos relacionados con el cambio cli-mático; b) la valoración de las políticas sobre laelectricidad y gasolina asociadas con la reduc-ción de emisiones de GEI; c) variables actitudi-nales y d) preguntas socio-demográficas.

El texto referido al programa de electricidadindicaba que:

“La electricidad que usamos en hogares yempresas es la causa principal de las emisionesde estos gases en España: el 28% de las emisio-nes totales. El gobierno considera medidas parareducir las emisiones provocadas por la pro-ducción y consumo de electricidad, para en el




2020 reducir un 20% las emisiones existentesrespecto a 1990, mediante un programa parareducir la energía que utilizamos en nuestroshogares y empresas, que incluye exigir a lascompañías eléctricas que produzcan electrici-dad de manera que no emitan gases de efectoinvernadero, por ejemplo a través de energíasrenovables. Además, el gobierno exigirá a lasempresas que utilicen equipos eficaces energé-ticamente y fabriquen productos que cumplanrequisitos climáticos. También continuará regu-lando el precio de la electricidad para los hoga-res, de manera que las compañías eléctricas nopuedan obtener beneficios extraordinarios.”

A los entrevistados se les señalaba a continua-ción que “si el gobierno sigue adelante con esteprograma, es probable que pague por la electri-cidad X euros más al mes (o 12X euros más poraño) hasta aproximadamente el año 2020”,donde X era una de las siete cantidades alterna-tivas monetarias asignadas aleatoriamente.Posteriormente se les presentaba la pregunta“¿estaría usted a favor de este programa?”

En el caso del transporte, el texto utilizado fue:

“La energía que utilizamos en el transporte esla segunda fuente más importante de emisionesde gases de efecto invernadero en España.Representa el 25% de las emisiones y está cre-ciendo muy rápidamente. El gobierno españolestá considerando una política que obligue a lascompañías petroleras a producir combustiblescon menores emisiones de gases de efectoinvernadero de forma progresiva. El coste deesta inversión recaería en buena parte sobre lacompañías, pero también habría algún aumentoen el precio de los combustibles.”

A los entrevistados se les preguntaba si teníancoche y, en caso afirmativo, si se desplazabanen él al trabajo. En caso afirmativo, el textocontinuaba:

“Para reducir las emisiones, las empresaspetrolíferas están desarrollando nuevos tipos de

combustible que producen menos gases deefecto invernadero. Ahora el precio de la gaso-lina o el diésel está en torno a 1 euro por litro.¿Estaría dispuesto a pagar X euros más por añopor todo el combustible que usa para reducirsus emisiones de gases de efecto invernadero alconducir?”

Se realizaron 1200 cuestionarios durante losmeses de mayo y junio de 2010 en territorioespañol. Es de destacar que las característicasde la muestra son muy similares a las de lapoblación, según las encuestas censales delINE. La DAP media fue estimada a través demétodos no paramétricos (véase Hanemann,Labandeira y Loureiro, 2011b) y asciende a 11euros por hogar y mes para el caso de la elec-tricidad y 105 euros por hogar y año para elcaso del transporte. En ambos casos, especial-mente en la electricidad, la seguridad de losencuestados sobre su respuesta es muy elevada:mayoritariamente en una escala de 9 o 10 sobre10.

Cabe destacar la alta DAP por el programaeléctrico, que supone un porcentaje significati-vo del precio de la electricidad en el momentode aplicar el cuestionario. Aun así, esta cifra esconsiderablemente inferior a la obtenida unosmeses antes a través de un cuestionario telefó-nico (Hanemann, Labandeira y Loureiro,2011a), lo que se explica por la gran notoriedadmediática y social que alcanzó la entonces pró-xima cumbre climática de Copenhague. En elcaso del transporte, la DAP es más reducidatanto en términos absolutos como en relativos(en relación con el gasto medio en carburantes),probablemente a causa de que los encuestadosmanifiestan pagar demasiados impuestos sobrelos carburantes de automoción.

Como se indicó en la introducción, y en coinci-dencia con estudios de opinión previos a nivelespañol y de ámbito europeo, los encuestadosmanifiestan un alto interés y conocimiento




sobre el cambio climático y fuertes preferen-cias para su control. La Tabla 1 recoge las res-

puestas de los encuestados a una selección delas principales preguntas actitudinales.




Tabla 1. Selección de preguntas actitudinales

Totalmente Bastante Ni de acuerdo Bastante Totalmente NS/NC de acuerdo de acuerdo ni desacuerdo desacuerdo desacuerdo

A.6. Es mejor gastar en reducir emisiones en 10,87% 23,03% 25,75% 17,17% 14,16% 9,01%los paises envías de desarrollo

A.7. El gobierno nodebería 13,88% 21,75% 22,03% 17,60% 17,88% 6,88%indicar a las empresas qué producir

A.8. Lo mejor para ayudar a los países en vías de 25,46% 39,34% 17,31% 8,44% 5,87% 3,58%desarrollo contra el CC es ayudarles a crecer

A.9. Los fondos de recuperación económica deberían 15,16% 30,47% 28,18% 12,88% 10,01% 3,09% destinarse a mejorar la eficiencia energética de los edificios

A.10. Hogares con consumo muy elevado deberían pagar 32,19% 31,63% 16,45% 8,73% 10,01% 1,00% un precio mayor por la energía

A.11. Losimpuestos sobre la gasolina ya 53,51% 28,04% 10,01% 3,43% 1,43% 3,58%son demasiado elevados




Totalmente Bastante Ni de acuerdo Bastante Totalmente NS/NC de acuerdo de acuerdo ni desacuerdo desacuerdo desacuerdo

A.12. Deben exigirse 29,18% 31,76% 14,88% 14,88% 7,15% 2,15%viviendas más eficientes

A.13. La energía nucleares válida para 17,02% 21,17% 43,20% 5,87% 9,73% 3,00% combatir el CC

A.14. No se deben potenciar paneles solares 26,47% 30,47% 19,74% 9,30% 8,15% 5,87% en áreas naturales

A.15. La mejor manera de luchar contra 52,50% 33,05% 7,15% 3,29% 3,15% 0,86%el CC es la educación

A.16. Habría que dedicar recursos a 18,45% 31,90% 31,33% 7,44% 5,58% 5,29%otros problemas ambientales

A.18. Si se introducen impuestos 40,92% 36,77% 14,02% 3,43% 2,72% 2,15% ambientales deben reducirseotros

Muy dispuesto Algo dispuesto No sé, no estoy Poco dispuesto Muy poco NS/NCseguro dispuesto

A.17.

Disposición a pagar un 6,01% 25,46% 22,32% 14,31% 28,61% 3,29%impuesto contra el CC

Así, en general, la mayoría de los encuestadosmanifiestan que el cambio climático es unfenómeno real y no exagerado (77,3%) sobre elque se deben aplicar políticas correctoras(87,6%). Aunque para los encuestados las

empresas son más responsables del problema ycapaces de su solución (94,7%), buena parte deellos (62,1%) reconoce el importante papel delos hogares. Entre las actitudes destaca tambiénla opinión favorable a un pago mayor por parte

de aquellas familias con mayor consumo ener-gético (63,8%), la consideración de unos im-puestos sobre los carburantes ya excesivamen-te elevados (81,5%). El 38% de la muestra espartidario de que la energía nuclear se utilicepara evitar las emisiones de GEI, frente a un16,6% (y un 43.2% que no se pronuncia). Losefectos negativos de las instalaciones solaressobre las áreas rurales hacen que un 57% de losencuestados se opongan a su utilización gene-ralizada en esos ámbitos.

4. Conclusiones

El ejercicio empírico que se describe somera-mente en este trabajo surgió con tres objetivosfundamentales. En primer lugar, para tratar deexplicar la escasa aplicación de políticas contrael cambio climático a través de la modificaciónde precios energéticos. Aproximaciones ante-riores, generalmente con evidencia empíricapor simulación de políticas en el caso español,demostraban la superioridad, en términos eco-nómicos, de instrumentos de precios para laspolíticas climáticas y sus escasos efectos (nega-tivos) distributivos. Si a esto unimos unas pre-ferencias favorables al control del cambio cli-mático, como demostramos que existen en elcaso español, y las presiones externas e inter-nas para el control de emisiones de GEI, eranecesario buscar alguna interpretación plausi-ble. A partir de los resultados de este trabajo,creemos que la oposición histórica de la pobla-ción española a incrementos de precios energé-ticos puede modificarse con un diseño determi-nado de políticas.

Lo precedente conforma otro de los objetivosdel ejercicio: el establecimiento de pautas parael diseño de políticas viables. De lo observadoen todo el proceso parece evidente que la po-blación española presenta DAPs positivas yrelevantes (especialmente en el caso eléctrico),

tanto en términos absolutos como relativos,cuando los instrumentos de política generanaumentos de precios que serán empleados porlos productores para reducir las emisiones deGEI, preferiblemente mediante el desarrollo yadopción de tecnologías más limpias.

Las preguntas sobre actitudes (Tabla 1) sonespecialmente reveladoras y abordan, por pri-mera vez, la opinión de los ciudadanos españo-les sobre cuestiones clave para las políticas cli-máticas nacionales e internacionales. Es porello que se cumple el tercer objetivo del ejerci-cio: suministrar información comparable con laexistente para otros países y territorios. En estesentido, los ciudadanos descargan buena partede las responsabilidades en este ámbito enempresas y gobiernos. Son, en general, opti-mistas tecnológicos y esperan que en el futurosea más fácil conseguir reducciones en las emi-siones de GEI. A diferencia de lo que ocurre enotros países, la población española es partidariade que España actúe contra el cambio climáticoindependientemente de que lo hagan o no lospaíses en vías de desarrollo. Sin embargo, losciudadanos españoles no son demasiado parti-darios del uso de mecanismos flexibles quepermitan el intercambio de inversión en otrospaíses por emisiones (como el mecanismo dedesarrollo limpio de Kioto), y favorecen lasreducciones de GEI realizadas en España.Pocos están dispuestos a pagar un impuesto cli-mático sin más adjetivos (sin uso de la recauda-ción, en el sentido presentado por los progra-mas evaluados): diez puntos menos que los nodispuestos. No obstante, en torno a un 75% dela población es partidaria de una reforma fiscalverde: aplicación de impuestos contra el cam-bio climático con reciclaje de su recaudaciónpara reducir otros impuestos.




Referencias

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· Bosello, F. y Carraro, C. (2001) “Recycling Energy Taxes.Impacts on a Disaggregated Labour Market”, EnergyEconomics, 23: 569-594.

· Conrad, K. y Schmidt, T. (1998) “Economic Effects of anUncoordinated versus a Coordinated Carbon Dioxide Policyin the European Union: An Applied General EquilibriumAnalysis”, Economic Systems Research, 10: 161-182.

· Eurobarometer (2009) “European´s Attitudes towardsClimate Change”, Parlamento Europeo y Comisión Europea.Disponible en: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_300_full_en.pdf

· Hanemann, M., Labandeira, X. y Loureiro, M. (2011a)“Climate Change, Energy and Social Preferences onPolicies: Exploratory Evidence for Spain”, Climate Re-search, en prensa.

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· Labandeira, X., Labeaga, J.M. y Rodríguez, M. (2004)“Green Tax Reforms in Spain”, European Environment, 14(5): 290-299.

· Labandeira, X. (2000) 'Impuestos y Medio Ambiente',Economistas, 84: 369-374

· Lee, J. y Cameron, T. (2008) “Popular Support for ClimateChange Mitigation: Evidence from a General PopulationMail Survey”, Environmental and Resource Economics, 41:223-248.

· Manresa, A., Sancho, F., 2005. Implementing a double divi-dend: recycling ecotaxes towards lower labour taxes. EnergyPolicy. 33, 1577-1585.

· Villar, A. y Krosnick, J. (2011) “Global Warming vs. ClimateChange, Taxes vs. Prices: Does Word Choice Matter?”,Climatic Change, 105 (1-2): 1-12.

· World Wide News, 2009. “World Wide views on GlobalWarming,” Informe disponible en:http://www.wwviews.org/files/AUDIO/WWViews%20Policy%20Report%20FINAL%20-%20Web%20version.pdf




Mercado de trabajo:balance globalCarlos Alvarez AledoProfesor titular de Economía Aplicada.Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen: El balance del mercado detrabajo español en 2010 refleja el pasodesde una situación de intenso ajuste delempleo en el año anterior a una modera-ción en la variación de sus principalesindicadores en un contexto de estanca-miento económico. Sin embargo, las ele-vadas cifras de desempleo acumulado,como resultado en buena medida de unimpacto mayor que en otros países euro-peos de la caída del empleo enConstrucción y la ausencia de signos derecuperación, configuran un nuevopanorama marcado por los retos dehacer frente a elevadas tasas de parojuvenil y, sobre todo, de gestionar accio-nes de apoyo a un desempleo de larga ymuy larga duración que alcanza ya al 40por ciento del desempleo total.

PALABRAS CLAVE: Estancamiento econó-mico, estructura del desempleo, Paro de LargaDuración, mercado dual, desempleo en Europa.

1. Introducción

El análisis de la situación del mercado de traba-jo español en 2010 requiere enmarcar la evolu-ción reciente de sus principales indicadores enuna triple perspectiva. En primer lugar, en elcontexto temporal de un proceso de ajuste delempleo muy vinculado a una evolución del PIBque, tras pasar por un periodo de desacelera-ción en 2008 y de aguda recesión en 2009, hadesembocado en una situación de estancamien-to económico y relativa moderación en sustasas de variación interanual. En segundo lugar,desde una perspectiva estrictamente laboral, laevolución hacia un mercado de trabajo conmenores descensos de la ocupación traslada elprincipal elemento de preocupación desde elproblema del elevado ritmo de destrucción deempleo hacia el reto de enfrentarse a un nivelacumulado de desempleados que alcanza unacifra de 4,6 millones de personas, de los quecasi 2 millones son ya parados de larga dura-ción. En tercer lugar, desde una perspectivainternacional, la comparación entre lo ocurridoen España y en otros países desarrollados ponede manifiesto que el diferente impacto laboralque la crisis ha provocado está asociado tam-bién a determinadas características estructura-les e institucionales al inicio de la crisis, talescomo la importancia relativa del sector deconstrucción y el grado de utilización de lacontratación temporal. El presente artículoofrece un balance del mercado de trabajo espa-ñol centrado en estas tres perspectivas: la inci-dencia del estancamiento económico, los retosdel elevado desempleo y las peculiaridades delcaso español. Finalmente, algunas breves con-clusiones sintetizan el momento actual y susimplicaciones.


Mercado de trabajo: balance global

Carlos Álvarez Aledo

Artículo publicado en el nº 126 extraordinario de la revista “Revista Economistas”. España 2010. Un balance. Marzo 2011.Edita: Colegio de Economistas de Madrid

2. De la recesión al estancamiento

En los tres primeros trimestres de 2009, coinci-diendo con caídas del PIB próximas al -4 porciento, el ritmo de destrucción del empleo enEspaña alcanzaba tasas interanuales negativasdel -7 por ciento, que suponían descensos deocupación en torno a 1,4 millones de empleosnetos. Durante los tres primeros trimestres de2010, en el contexto de una variación del PIBpróxima a cero, la variación del empleo seguíasiendo negativa, aunque se situaba en una tasamedia interanual del -2,6 por ciento, determi-nando un descenso adicional de ocupados pró-

ximo al medio millón de personas (Gráfico-1).También la población desempleada ha ido sua-vizando su ritmo de variación, aunque situán-dose todavía en una tasa interanual del 12,7 porciento (520 mil parados más), pero lejos delincremento medio anual del 60 por ciento (1,6millones de parados más) de 2009 En cuanto ala población activa, tras los descensos observa-dos en el año anterior, su evolución recuperabatasas ligeramente positivas (0,2 y 0,6 por cien-to) manteniendo la incertidumbre sobre elpapel que tendrá esta variable laboral, comofactor amortiguador o impulsor de las variacio-nes del desempleo en un futuro próximo.




Gráfico 1: Tasas de variación interanual de población activa y ocupada y evolución del PIB en España,2007-2010 (En porcentaje)

Sólo en esta perspectiva temporal, en compara-ción con lo ocurrido en 2009, es posible consi-derar como moderadas tales variaciones, másbien como reflejo de un momento de estanca-miento económico o de desaceleración del pro-ceso de ajuste, que como indicio de un cambio

de tendencia hacia tasas netas positivas de cre-ación de empleo. Esta situación se pone demanifiesto también en las tasas de actividad,ocupación y desempleo (Cuadro-1). La tasa deactividad sigue presentando leves avances yretrocesos, estancándose en un valor en torno al

Fuente: INE (EPA).

60 por ciento desde mediados de 2008. La tasade ocupación, el indicador más significativopor sus implicaciones en la evolución de larenta per cápita y en los ingresos por cotizacio-nes sociales, tras alcanzar un mínimo del 47,8por ciento en el primer trimestre de 2010, con-seguía recuperar un porcentaje ligeramente

superior al 48 por ciento, pero mantenía un

retroceso de 6 puntos porcentuales respecto al

54 por ciento al inicio de la crisis. La tasa de

paro presentó igualmente leves fluctuaciones

en torno a un valor de referencia del 20 por

ciento de la población activa.




Cuadro 1: Balance del mercado de trabajo español 2008-2010. Variables básicas (Miles y %).

(1) Media de los tres trimestres del año Fuente: INE (EPA).

Incluso en este entorno más estable, continua-ron las diferencias en el grado de incidenciasobre los diversos colectivos y sectores produc-tivos que han caracterizado a esta crisis desdesu inicio (Cuadro 2 ver página siguiente). Aun-que con tasas más reducidas, las variacionesinteranuales negativas del empleo de poblaciónmasculina, de población inmigrante y de traba-jadores por cuenta propia seguían duplicando oincluso triplicando en algún trimestre de 2010,las tasas de variación también negativas de lapoblación femenina, de los ocupados de nacio-nalidad española y de los trabajadores asalaria-dos, respectivamente. Por sectores productivos,la destrucción del empleo en Construcciónmantuvo un alto ritmo medio de variaciónnegativa (-12 por ciento). Casi la mitad que unaño antes y con una tendencia claramentedecreciente pero evidenciando la persistenciade un proceso de ajuste aún no acabado en estesector. Tampoco Industria y Servicios conse-

guían aún valores positivos, con tasas inter-anuales del -2,7 y -0,4 por ciento, respectiva-mente. Tal situación resulta especialmente rele-vante en el caso de Servicios ya que, dados lossignificativos descensos en el resto de activida-des productivas, el empleo terciario ha pasadode representar el 66 por ciento del empleo totala principios de 2008 al 73 por ciento en laactualidad, reforzando su condición de sectorclave para lograr la creación de empleo neto.En cuanto a otros colectivos, destaca el repun-te en la destrucción de empleo indefinido en laprimera mitad del año, mientras que el empleotemporal continuó moderando sus tasas negati-vas desde el -18 por ciento de 2009 a tan soloun -2,4 por ciento en el tercer trimestre de2010. Además, los aumentos de empleo asala-riado del sector público siguieron contribuyen-do a compensar parcialmente la persistencia deuna evolución negativa en el sector privado.




Cuadro 2: Balance del mercado de trabajo español 2008-2010. Variaciones interanuales. (Miles y tasas de variación)

(1) Media anual de los tres trimestres del año(2) Porcentaje de asalariados con contrato temporal sobre total de asalariados(3) Medias anuales y medias trimestrales de datos mensuales del periodo Enero-Septiembre de 2010Fuente: INE (EPA), MTIN (Movimiento Laboral Registrado) y elaboración propia.

3. De la destrucción de empleo al ele-vado desempleo

Frente a la menor intensidad del ajuste laboral,el elevado nivel acumulado de desempleadosha pasado a convertirse en el principal elemen-to de preocupación del mercado laboral espa-ñol. En la primera mitad de 2010, la tasa deparo en España alcanzaba el 20 por ciento de lapoblación activa, 2 puntos porcentuales másque en 2009, año en el que se concentró lamayor parte del impacto de la crisis, al pasareste indicador del 11,3 al 18 por ciento. La cifrade parados alcanza un total de 4,6 millones depersonas en términos de la Encuesta de Po-blación Activa y en torno a 4,1 millones en tér-minos de paro registrado en las Oficinas de

Empleo. Si bien no representa el valor más ele-vado de tasa de paro para el conjunto del mer-cado de trabajo español, al ser inferior al 24 porciento alcanzado en el primer trimestre de1994, sí constituye la cifra más alta de desem-pleados, por encima de los 3,5 millones de paroestimado en ese mismo trimestre de 1994, alfinal del periodo de crisis que tuvo lugar entre1992-1993(INE, 2005). También resultan ex-tremos los valores alcanzados a escala regional,agudizándose más que en etapas anteriores lasdivergencias entre Comunidades Autónomascon mayor y menor tasa de desempleo, con por-centajes máximos, próximos al 30 por ciento,en Canarias y Andalucía y tasas mínimas del10-12 por ciento en País Vasco y Navarra(Gráfico-2).




Gráfico 2: Comparación de tasas de paro a nivel nacional y por Comunidades Autónomas en España (Media del periodo I a III Trimestre de 2010, en porcentajes)

Fuente: INE (EPA).

Junto a estos aspectos cuantitativos, la diferen-cia más importante en relación a crisis anterio-res se refiere a su impacto sobre la estructuradel desempleo por colectivos (Cuadro 3 verpágina siguiente). Las características de estacrisis han sustituido el habitual predominio del

paro femenino por el del paro masculino, hastasuponer el 55 por ciento del desempleo total.Por nacionalidad, mientras que la tasa de parode la población de nacionalidad española sesituaba en el 18 por ciento, la de nacionalidadextranjera alcanzaba el 30 por ciento y repre-




Cuadro 3: Evolución del desempleo por colectivos en España (2007-2010).Valores absolutos, estructura porcentual y tasas de paro

(1) Media anual de los tres trimestres del añoFuente: INE (EPA) y elaboración propia.

sentaba una cuarta parte del desempleo total

(mientras que su peso relativo en la población

activa era sólo del 16 por ciento). Por edades,

destacan especialmente las tasas de paro juve-

nil, del 41 por ciento para el colectivo entre 16-

24 años, con un máximo del 61 por ciento para

los jóvenes entre 16-19 años (que además han

reducido su población activa en aproximada-

mente un tercio en tres años) y una tasa tam-bién elevada para el colectivo entre 25 y 29años (25 por ciento). No obstante, aún siendoextremadamente elevados tales indicadores eimportantes sus posibles implicaciones para lainserción de este colectivo de población en susprimeros años de vida laboral, resulta más rele-vante el hecho de que el desempleo de la pobla-ción activa adulta entre 30 y 54 años ha pasadode representar el 52,9 por ciento del desempleototal en 2007 al 58,1 por ciento en 2010. En tér-minos absolutos, ello supone una cifra de des-empleados en torno a 2,7 millones de personas(970 mil en 2007), agudizando su carácter decolectivo mayoritario en el desempleo total yalcanzando tasas de paro en torno al 17 porciento, poco frecuentes para personas en laetapa intermedia o casi final de sus trayectoriaslaborales y con responsabilidades familiares.Por nivel de estudios, el mayor impacto de lacrisis sobre los colectivos con menor nivel edu-cativo se traduce en tasas de paro por encimadel 25 por ciento para la población activa sinestudios, estudios primarios o de Secundaria 1ªEtapa, hasta concentrar el 56 por ciento del des-empleo total. En cambio, el menor efecto rela-tivo sobre la población activa con estudiossuperiores situaba su tasa de paro en el 11 porciento.

La prolongación del periodo de bajo crecimien-to económico y recesión se refleja en la estruc-tura por tiempo de búsqueda de empleo a travésde la creciente importancia de la cifra de para-dos de larga duración y de su peso relativo enel desempleo total. En 2007 la cifra media deparados de larga y muy larga duración era de435 mil personas (el 24 por ciento del total). Enlos tres primeros trimestres de 2010 este colec-tivo alcanzaba una cifra media de 1,9 millonesde personas, el 41,4 por ciento del desempleototal, de los cuales 1,2 millones llevaban entre1 y 2 años buscando empleo (frente a sólo 211

mil en 2007). Esta circunstancia se pone demanifiesto también en los datos EPA de desem-pleo por sectores productivos a través delextraordinario incremento del colectivo deparados considerados “No clasificables” o sinempleo anterior por haber perdido su puesto detrabajo en un sector productivo desde hace unaño o más. De hecho, con un total de 1,8 millo-nes de personas en tal situación, se convierte enel colectivo más numeroso según este criteriosectorial. Le sigue en importancia el desempleoen el sector Servicios con 1,4 millones de para-dos, en Construcción con 530 mil y en Industriacon 272 mil. No obstante, los datos de desem-pleo registrado por sectores en las Oficinas deEmpleo, en los que no se considera el criteriode tiempo desde que se perdió el empleo ante-rior, muestran que en Octubre de 2010 habíacasi 2,4 millones de parados correspondientesal sector Servicios, 725 mil en Construcción y487 mil en Industria.

4. El desempleo español en el contextointernacional: balance actual de lacrisis

La crisis económica y financiera que ha afecta-do a la economía mundial en los últimos añosha tenido, con escasas excepciones, un impor-tante impacto sobre el desempleo. Un recientedocumento conjunto de la OIT y el FMI señalaque la tasa de desempleo ha aumentado un 3por ciento en los países desarrollados desde2007, siendo Estados Unidos y España las doseconomías con un mayor incremento en térmi-nos absolutos, aportando conjuntamente casiun tercio de los 30 millones de desempleadosmás que la crisis ha generado en el mundo. Encontraste, el desempleo apenas ha variado enpaíses como Alemania y Noruega (OIT-FMI,2010). Los tres tipos de factores que más habrí-an influido, según este mismo informe, en la




distinta incidencia del desempleo por paísesson el grado de intensidad de caída de lademanda agregada, el diferente impacto sobredeterminados sectores como el sistema finan-ciero y la Construcción, y el grado de implan-tación de determinadas medidas o institucioneslaborales tales como las modalidades de contra-tación temporal.

El caso español presenta una clara confluenciade estos tres tipos de factores, con un elevadoimpacto de la caída de la Construcción en uncontexto de dualidad laboral. Para contrastaresta perspectiva, en el Cuadro-4 (ver pág.siguiente) se realiza un balance de lo ocurridoen los países de la UE-27 y Estados Unidosentre el primer trimestre de 2008 y mediadosdel año 2010. La ordenación de países en fun-ción del grado de intensidad del aumento de latasa de paro de cada país durante dicho periodo(en términos de números índice), permite apre-ciar que los países más afectados según estecriterio han sido los países bálticos, Irlanda,Dinamarca (que duplica su tasa de paro aunquese mantiene en un nivel bajo), así como EstadosUnidos y España. También son la mayoría deestas economías nacionales las que han experi-mentado mayores incrementos en el número deparados y tasas más negativas de destruccióndel empleo total. En el extremo opuesto, paísescomo Alemania, Luxemburgo, Austria yBélgica, apenas registraron variaciones en latasa de paro e incluso han conseguido saldosnetos positivos de creación de empleo.

Aún más relevante resulta la coincidencia,entre las siete economías citadas con mayoraumento del desempleo, en cuanto a la elevadavariación negativa acumulada de pérdida deempleo sectorial en Construcción, en torno al -

50 por ciento en los países bálticos e Irlanda,del -36 por ciento en España y en torno al -25por ciento en Estados Unidos y Dinamarca. Detodos ellos, España es el país con un peso rela-tivo más elevado del empleo en Construcciónal inicio de la crisis, al representar un 13,2 porciento del empleo total, en contraste con unamedia en la UE y la Zona Euro del 8,4 por cien-to. La existencia de un factor adicional de ele-vada contratación temporal que pudiera agudi-zar los ajustes en un mercado dual en periodosde recesión sólo se observa en el caso deEspaña (31,7 por ciento de asalariados tempo-rales) mientras que en otros países con tasas detemporalidad superiores o próximas al 20 porciento como Portugal, Polonia, Eslovenia yHolanda, las variaciones de empleo y desem-pleo no fueron tan acusadas.

La incidencia de la Construcción en el compor-tamiento diferencial del desempleo español seconfirma al realizar una simple simulación delimpacto que se podría haber producido si laeconomía española hubiera presentado al iniciode la crisis un peso relativo del empleo endicho sector similar a la media europea (8,4 porciento) combinado con una caída del empleo eneste mismo sector similar también a la mediaeuropea (-9,7 por ciento). En estos términos, ysin considerar el efecto negativo adicional quetambién se produjo sobre algunas actividadesindustriales vinculadas a la Construcción, lapérdida de empleo habría dado lugar a unavariación más moderada de la tasa de paro, entorno a 3,5 puntos porcentuales menos que laefectivamente registrada. El resultado habríasido una tasa de paro para España en torno al16,5 por ciento de la población activa, aún asímuy elevada, pero con un diferencial menosextraordinario respecto a otros países europeos.







Cuadro 4: Indicadores de evolución de desempleo, empleo total, empleo temporal y empleo en Construcción en España, UE-27 y Estados Unidos (I Trim.-2008-II-Trim.2010) (*)

(*) Ordenados en función de Indice de variación de tasa de paro en el periodo analizado (excepto datos medios para UE-27 y ZonaEuro. (1) En el caso de Estados Unidos, los datos de empleo se refieren a datos desestacionalizados y estimados como media de los tresmeses considerados en cada periodo analizadoFuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (UE-27) y Bureau of Labour Statistics (Estados Unidos).

5. Conclusiones

La superación de los desequilibrios alcanzadospor el mercado de trabajo español requerirá deelementos adicionales al esperado cambio detendencia en el ritmo de crecimiento económi-co, a su vez dificultado por la elevada tasa deparo ya alcanzada. La mayor intensidad delefecto de la crisis sobre el desempleo españolen relación a otros países europeos invita areflexionar sobre las circunstancias diferencia-les, sobre todo de carácter estructural, tanto enel ámbito productivo como financiero, en quetal proceso ha tenido lugar en nuestro país. Ladualidad del mercado de trabajo ha podidoacentuar más que en anteriores ocasiones lamagnitud del ajuste en combinación con unacrisis centrada en el sector más intensivo en tra-bajo temporal, aunque también puede haberservido para moderar la destrucción de empleoindefinido en otros sectores. La comparacióncon otras economías avanzadas sugiere que,junto a mejoras del marco institucional, unmercado laboral más estable y con menos des-equilibrios, requiere fundamentalmente de unsistema productivo basado no sólo en el impul-so de sectores de demanda interna sino tambiénen una mayor presencia de sectores de mayorvalor añadido y más integrados en la economíainternacional.

Más allá de estos cambios estructurales, el ele-vado desempleo juvenil y una cifra de paro delarga duración que alcanza ya a más de un 8,3por ciento de la población activa, determinanun escenario a corto y medio plazo dominadopor la necesidad de afrontar también importan-tes retos de gestión del desempleo, tanto a tra-vés del reforzamiento de políticas activas deempleo y recualificación, como del sosteni-miento de medidas pasivas de protecciónsocial. La prolongación del periodo total ensituación de desempleo de larga duración hasta,




al menos, 2012 para un porcentaje significativode parados que perdieron su empleo durante lafase de aguda recesión a finales de 2008 y prin-cipios de 2009, incluso si una parte de ellospasa a formar parte de la población inactiva,añade mayor gravedad y singularidad a la situa-ción alcanzada y mayor complejidad a las solu-ciones a adoptar en el futuro inmediato.

Bibliografía

· INE (2005): Enlace de las series de paro 1976-2000 segúnla definición EPA-2002, Instituto Nacional de Estadística,Madrid.

· OIT-FMI (2010): The Challenges of Growth, Employmentand Social Cohesion, Discussion Document, Joint ILO-IMFconference in cooperation with the office of the PrimeMinister of Norway.

Reforma de laNegociaciónColectiva: ¿por qué y cómo?Florentino FelguerosoUniversidad de Oviedo y Fedea

Las instituciones laborales no han sido causan-tes de esta crisis, es tan evidente que nadie lopuede discutir. Sin embargo, un parte sustancialde nuestra profesión si está persuadida que ladestrucción de empleo que ha caracterizado laeconomía Española durante el paso por estagran recesión hubiera sido menos intensa si lasempresas hubieran usado otros mecanismos deajuste. Y de ello, si que son responsables lasinstituciones de nuestro mercado de trabajo, enespecial, la regulación contractual y la negocia-ción colectiva.En dos años, hemos alcanzadorápidamenteuna cifra disparata de parados, nosólo por el estallido de la burbuja inmobiliaria.De forma prácticamente generalizada y siste-mática, las empresas sólo han hecho uso de lavía más sencilla y barata para ajustarse a la cri-sis: el despido o la no renovación de contratos.Al contrario de los demás países de nuestroentorno, el uso de otras vías de ajuste, como elsalarial, el reparto de las horas de trabajo o deotras formas de flexibilidad interna, ha sidoexcesivamente limitado. El castigo impuestopor esta forma de proceder será la carga socialenorme de un desempleo persistente durantelos próximos años, y tener que hacer frente a

los problemas generados por el paro de largaduración.

Quienes se escuden en que la destrucción deempleo se ha concentrado casi en exclusiva enel sector de la construcción, no están viendo losárboles, sólo el bosque. Las altas tasas de pre-cariedad laboral derivadas de una excesivarotación laboral involuntaria, que han marcadoel último período de bonanza, han caracteriza-do a todos los sectores de nuestra economía.Sector a sector, las tasas de temporalidad espa-ñolas son mayores que en la práctica totalidadde los países, casi el doble de la media la UE-27. Incluso en el sector de la Construcción o enel de la Hostelería, deberíamos preguntarnos,por qué esta tasa de temporalidad ha sido ysigue siendo tan elevada en comparación conlos países de nuestro entorno. Deberíamos pre-guntarnos por qué nuestra economía es menosproductiva que las demás en prácticamente latotalidad de los sectores. Por qué nuestro paísmuestradisparidades en las tasas de inseguridadlaboral por colectivos tan elevadas. En particu-lar, por qué tenemos las mayores tasas de pre-cariedad entre nuestros jóvenes y por qué están,de nuevo, pagando un coste tal alto en esta cri-sis. Por qué nuestros salarios reales han segui-do creciendo de forma tan sustancial en elmomento más intenso de esta recesión. En defi-nitiva, porque nuestro mercado de trabajo estan rígido y resulta tan difícil reformarlo.

Mirando ya hacia adelante, sólo podemos insis-tir en un hecho: crear un “nuevo modelo pro-ductivo” que vuelva a situar a la economía es-pañola en una nueva senda de crecimientorequiere ineludiblemente de una serie de refor-mas estructurales que se han dejado de lado enépocas de bonanza. La reforma laboral, no es la


Reforma de la Negocición Coletiva: ¿por qué y cómo?

Florentino Felgueroso


única, pero es una pieza clave. Difícilmente sepodrán afrontar los retos procedentes del cam-bio técnico, de la globalización y del envejeci-miento sin cambios sustanciales en nuestrasinstituciones laborales y en nuestras políticasde empleo, tanto activas como pasivas. El cam-bio de modelo productivo no puede descansaren una regulación laboral caduca, procedentede tiempos pasados donde las características dela economía española y, en particular, del mer-cado de trabajo, diferían sustancialmente de lasactuales. Una regulación contractual que dividea nuestros trabajadores en ciudadanos de pri-mera y segunda clase, que genera desincentivosa la inversión en capital humano en una socie-dad tan deficitaria en esta materia, quefacilita laapuesta de las empresas por un modelo de bajaproductividad, que genera efectos negativossobre el comportamiento de las familias, tantoen sus decisiones de consumo como sobre lastasas de fecundidad. Al margen del momentotan delicado por el que está pasando nuestraeconomía, los efectos perjudiciales de nuestraregulación contractual son ya tan extensos eintensos que ya no cabe errar en la formulaciónde su reforma.

La reforma de la negociación colectiva tambiénes necesaria para que la economía españolapueda aminorar los efectos negativos de estarecesión y pueda emprender los ajustes necesa-rios para hacer frente a tres de sus principalessombras. En el corto plazo, recuperar parte dela competitividad perdida desde nuestra entradaen la zona euro mediante un ajuste de precios.En el medio plazo, revertir la evolución negati-va de la productividad facilitando la reorgani-zación de las empresas y la reasignación de losfactores para avanzar en la adopción de nuevastecnologías y facilitar el desarrollo de los sec-tores que deben ser motor del crecimiento enlos próximos lustros. Finalmente, también debecontribuir aatajar definitivamente los proble-

mas estructurales de nuestro mercado de traba-jo que se han traducido en unas tasas de paro yprecariedad excesivas y una alta volatilidad.

La estructura de nuestra negociación colectivaes resultante de una organización introducidaen época franquista y de una inercia posterior,favorecida en gran medida por los criteriosestablecidos en Estatuto de los Trabajadores.Aunque se han producido intentos de reforma(en 1994 y 1997), las características básicas delsistema de negociación colectiva en España nohan variado sustancialmente desde entonces.

Nuestro sistema de negociación colectiva ado-lece de varias deficiencias: la escasa participa-ción y representatividad las pequeñas y media-nas empresas y de sus trabajadores; un nivelmuy bajo de descentralización que limita lasrespuestas de las empresas ante las perturbacio-nes económicas y los cambios técnicos; unaestructura atomizada de los convenios sectoria-les que impide la coordinación y distorsionanotablemente los salarios relativos; un escasodinamismo y unos mecanismos indiciación in-sensibles al contexto socio-económico

En este momento, en el que existe un amplioconsenso sobre la necesidad de emprenderreformas que permitan retomar la senda de uncrecimiento sostenible, intentar adecuar nues-tro sistema de negociación colectiva a los retosplanteados para las próximas décadas se haconvertido en un objetivo prioritario.

Se ha debatido mucho sobre las principalesdeficiencias de nuestra negociación colectiva,pero se ha avanzado poco. Se ha llegado proba-blemente a un diagnóstico compartido, porsucesivos gobiernos e incluso por sindicatos ypatronales sin aún emprender las acciones deci-sivas para corregirlas. Este diagnóstico vienebien recogido en el pacto tripartito acordado




este 2 de marzo, con el compromiso por partede los interlocutores sociales de llegar a unacuerdo culminar esta reforma por vía del diá-logo, y el compromiso del Gobierno por partede éste de actuar por decreto en caso de que nohaya acuerdo. Al igual que ocurre con la regu-lación contractual, existen distintas alternativasde reforma de la negociación colectiva que ten-drán un mayor menor grado de eficacia.

La regulación actual de la negociación colecti-va acerca de los criterios sobre capacidad y ele-gibilidad para negociar y sobre el ámbito deaplicación de los convenios (la eficacia generalautomática de los convenios de ámbito superiora la empresa, los conflictos de concurrencia deconvenios y la ultractividad de los conveniosvencidos) favoreció la implantación un sistemade negociación coherente, que alcanza un ele-vado nivel de cobertura con cierta autonomía ycon un mínimo nivel de conflictos durante elproceso negociador. Ha resultado muy útildurante el momento de transición, partiendo deuna baja implantación sindical. No obstante,también ha ido configurando una estructura,contenido y práctica negociadora que adolecede cuatro principales deficiencias, cada una deellas con importantes efectos económicos per-versos:

(1) La elevada cobertura de la negociacióncolectiva se alcanza con escasa representa-tividad de facto, especialmente de laspequeñas empresas y sus trabajadores;

(2) el escaso desarrollo de la negociacióncolectiva en la empresa, limitando las res-puestas de las empresas ante perturbacioneseconómicas y cambios técnicos;

(3) el mantenimiento de una negociación colec-tiva de sector muy atomizada en el ámbitoterritorial y poco ajustada a la realidad eco-nómica en el ámbito funcional;

(4) un dinamismo negociador limitado

(5) una importante inercia en la indiciaciónsalarial y en los salarios relativos.

Alta cobertura con escasa representa-tividad de facto

España tiene una de las mayores tasas de cober-tura de la negociación colectiva en el contextode la UE, sustancialmente mayor que Alemaniao el Reino Unido, y similares a las de los paísesescandinavos por ejemplo. Esta tasa de cober-tura se alcanzan en nuestro país sin necesidadde una elevada tasa de afiliación sindical debi-do a nuestra peculiares normas sobre legitimi-dad para negociar y a la extensión erga omnesautomática de los convenios colectivos (efica-cia general).

Por parte, sindical, la legitimidad se obtienecon el criterio el de audiencia electoral. Porparte empresarial, por criterios de afiliación yempleo. Estas reglas combinadas con la de efi-cacia general permiten a uno pequeño númerode organizaciones empresariales y sindicales(las más representativos) influir sobre las con-diciones de una amplísima mayoría de trabaja-dores y empresas, aunque no hayan participadoen las elecciones, ni estén afiliados a un sindi-cato o una patronal. Las organizaciones másrepresentativas a nivel nacional, también tienenel derecho por el principio de “irradiación” aparticipar en la negociación de convenios deámbito inferior al estatal. Una de las ventajasde este procedimiento es que reduce al mínimolos vacíos de cobertura. Sin embargo, la perver-sidad de este proceso se encuentra en los efec-tos negativos que genera para determinadoscolectivos de trabajadores y empresas, en espe-cial las de pequeño y mediano tamaño, que seencuentran al margen del proceso negociador.




Por parte sindical, la representatividad estácondicionada por el censo electoral. En espe-cial, por ley los trabajadores pequeñas empre-sas (menos de 6 trabajadores)y con escasa anti-güedad en la empresa (menos de 1 mes) no par-ticipan en las elecciones. Con estos criterios un30% de los trabajadores asalariados estánexcluidos de las elecciones sindicales (un 41%de los jóvenes de 16 a 24 años). En la práctica,las elecciones tampoco se producen con fre-cuencia en las PYMES de mayor tamaño y laprobabilidad de votar de los trabajadores tem-porales también es baja.

En combinación con la legislación contractual,prevalecen las decisiones que toman aquellostrabajadores que pueden participar en la nego-ciación, por lo general, aquellos que se benefi-cian de una posición más estable por tener uncontrato indefinido y que están empleados enempresas de mayor tamaño. En este sentido, lanormativa favorece la rigidez salarial reforzan-do aún más los efectos generados por la duali-dad contractual tanto sobre el nivel de la tasa deparo como sobre su volatilidad a lo largo delciclo.

Las reglas de representatividad de las asocia-ciones empresariales descansan sobre el con-cepto de afiliación, pero el sistema no se hadotado de medios que permitan conocer demanera fiable la afiliación empresarial y elmarco de referencia de la misma. La reformadel 94, intentó en parte aumentar estos criteriosde representatividad, en términos de ocupación(afiliación del 10 % de las empresas siempreque den ocupación al 10 % de los trabajadores)quedándose corta. Estas reglas marginan enparte a las pequeñas empresas generando situa-ciones en las que los negociadores empresaria-les pueden limitar la competencia, introducien-do barreras a la entrada de otras empresas o

simplemente expulsando a las existentes delmercado.

La experiencia de otros países de nuestro entor-no muestra que se puede alcanzar una altarepresentatividad, con afiliación ylibertad deadhesión a los convenios y o con extensiónadministrativa de su eficacia. Ningún sistemaes perfecto, dado que la extensión acaba redu-ciendo las tasas de afiliación necesarias paranegociar. Sin embargo, alcanzar dichas tasastambién depende de los servicios que puedanofrecer las organizaciones sindicales (por ejem-plos los escandivanos con el Sistema Ghent, degestión sindical de prestaciones por desempleo)y a que se preste especial atención a empresasde forma específica (por ejemplo a las peque-ñas empresas) para incentivar a su adhesión alconvenio.

La descentralización y la flexibilidadinterna

Al igual que en otros país europeos, la altacobertura de los convenios en España, se alcan-za esencialmente con la negociación colectivade ámbito superior a la empresa.En España, sinembargo, la cobertura de los convenios colecti-vos de empresa no ha cesado de caer en las últi-mas décadas. El grado de descentralización denuestra negociación colectiva es muy baja encomparación con los países de nuestro entorno.La razón para ello no se encuentra en unaestructura empresarial con un mayor peso delas pequeñas y medianas empresas. Este fenó-meno se reproduce también en las de mayortamaño.

Además, también es uno de los países conmenor concurrencia de convenios de empresa yde ámbito superior. Los escasos convenios de




empresa se sitúan en sectores en los que noexiste convenio de ámbito superior.

Dos son los aspectos de la regulación que sonresponsables de esta situación:

(1) La no concurrencia: la regulación de losconflictos de concurrencia de conveniosprohibe que los convenios de ámbito infe-rior modifiquen contenidos ya incluidos enotros convenios.

(2) La escasa operatividad de los descuelguesde los convenios de ámbito superior. LaReforma del 2010 (Ley 35/2010), ha gene-rado un importante avance en las posibili-dades de descuelgue, que amplia además aotras condiciones laborales, pero este siguelimitado

De esta forma, el uso de la negociación en elámbito de la empresa para la modificación delas condiciones laborales es realmente limita-do. En consecuencia, no se produce una provi-sión suficiente de flexibilidad interna en lasempresas, limitando la reorganización del tra-bajo o los ajustes salarios necesarios para adap-tarse a los shocks de demanda o cambios técni-cos.

La evidencia disponible en España muestra quelos convenios de ámbito superior han generado,en media, mayores aumentos salariales a lolargo de las tres últimas décadas que los deempresa, mientras que en otros temas negocia-bles como la jornada laboral, ha ocurrido todolo contrario, lo que mostraría que es en esteámbito de negociación en el que se puede sepuede producir un mayor intercambio entreaumentos salariales y otras condiciones labora-les.

Finalmente, los convenios de empresa permitenestablecer salarios relativos más ajustados a la

productividad. Los convenios de ámbito supe-rior, fijan tarifas salariales mínimas que inten-tan comprimir los salarios relativos elevandolos de las categorías profesionales menos cuali-ficadas (provocando más paro e irregularidad),generando en la práctica deslizamientos sala-riales para las más cualificadas. También sedispone de evidencia de que este intento decompresión tienen efectos negativos sobre laformación profesional en la empresa y la movi-lidad laboral, ambos ingredientes sustancialespara el cambio de modelo productivo.

La atomización geográfica y la incon-sistencia funcional de losconveniossectoriales

Nuestra estructura de la negociación colectivatambién se caracteriza por la elevada coberturade los convenios de sector de ámbito provincialy por una definición funcional (agrupación deramas económicas cubiertas por los convenios)ajenas a los cambios y necesidades de la estruc-tura industrial. En los últimos 30 años, y de for-ma persistente más de la mitad de los trabaja-dores cubiertos por convenios lo han sido en elámbito de sector provincial, que en la actuali-dad alcanza la cifra de 1500 convenios. Por elcontrario, el ámbito nacional que llegó a alcan-zar el 30% de cobertura a finales de los años90, ha visto caer dicha coberturaa favor de losconvenios autonómicos. El aumento en elnúmero de este tipo de convenios, aún teniendoun peso menor (9% frente al 25% de los nacio-nales) es otro síntoma de la descentralizaciónterritorial de los convenios de ámbito superior,favorecido, en este caso, por la reforma del año1994.

Esta estructura de los convenios de ámbitosuperior es resultante de dos elementos: laorganización estructural anterior a la aproba-ción del ET en el ámbito territorial y funcional




(las antiguas reglamentaciones por sectores,ordenanzas) y la inercia posterior, favorecidapor los criterios establecidos en el ET. Porejemplo, la irradiación también es responsabledel peso de los convenios provinciales. Conmuy escasas excepciones, esta organización noha sido objeto de la racionalización demandadapor los profundos cambios experimentados porla economía española desde la entrada en laUnión Europea, la apertura al exterior, en gene-ral, y profundos cambios técnicos.

Desde el análisis económico, una estructura dela negociación colectiva que se caracteriza porun elevado grado centralización de ámbito in-termedio (combinada con una escasa negocia-ción colectiva de empresa) resulta ser la peorposible en términos de paro e inflación. Reducelas posibilidades de cooperación entre los re-presentantes de los trabajadores, por un lado, yempresariales, por otro, produciendo tasas deparo más altas.

En esta línea, la evidencia empírica muestraque los aumentos salariales medios durante lasúltimas décadas han sido mayores en los con-venios de ámbito provincial que en los deámbito nacional, pero además también semuestra que estos convenios intentan imponerde una mayor compresión salarial que tienenmayores efectos sobre la formación y la movi-lidad.

En comparación con otros países, nuestra es-tructura es bien distinta, teniendo mayor pesode las provincias con menos sectores. En Fran-cia, por ejemplo, un 66% de los convenios sonde rama nacional, un 23% regional y sólo un10% departamentales o locales.

Escaso dinamismo y las inercias denegociación colectiva Otro pilar de la negociación colectiva en nues-tro país es la ultractividad, que tanto en el casode los convenios de ámbito superior a la empre-

sa como en los de empresa, introduce una iner-cia en la determinación de las condiciones detrabajo por la que, en la práctica, resulta muydifícil modificar condiciones pactadas en elpasado.

Una de las principales muestras de la inercia yel escaso dinamismo de nuestro sistema de ne-gociación colectiva es el mecanismo de indicia-ción basado casi en exclusiva en indicadores deinflación y en la alta presencia de cláusulas desalvaguardia o garantía salarial. En España lamayoría de los convenios colectivos incluyencláusulas de revisión salarial que se traducen enincrementos salariales anuales en función de lainflación observada en el año anterior.En añosrecientes, aproximadamente el 65-67% de losasalariados han estado afectados por este tipode cláusulas, diseñadas para proteger a los tra-bajadores frente a las pérdidas de poder adqui-sitivo de sus salarios cuando la tasa de inflaciónse sitúa por encima de la tasa prevista en elmomento de la negociación salarial. Estas indi-ciaciones son por lo general asimétricas, estoes, no se aplican cuando la inflación real sesitúa finalmente por debajo de la inflación pre-vista que ha servido de referencia para elaumento salarial negociado.

El elevado grado de indiciación salarial es unade las características peculiares del modeloespañol de determinación salarial. El resto depaíses de la Unión Monetaria Europea (con lasexcepciones de Bélgica, Luxemburgo y Finlan-dia) están muy lejos de estos niveles de indicia-ción que generan persistencia de la inflación.Las cláusulas de revisión salarial favorecen losllamados «efectos de segunda ronda», es decir,de retroalimentación de la inflación. De estaforma acaban convirtiendo aumentos transito-rios de la inflación en permanentes, haciendoaún más costoso el control de la inflación. Laevidencia empírica disponible confirma de




hecho que, en conjunto, la inflación en Españaresulta ser más persistente que en el área deleuro y junto con la pobre evolución de la pro-ductividad, es una de las principales causas denuestra pérdida de competitividad.

La experiencia de otros países muestra queaquellos con menores índices de rigidez salarialreal han podido proceder a ajustes distintosdurante este período de crisis. La indiciación enalgunos casos se resuelve por medio de comi-siones tripartitas en las que la inflación no es elúnico indicador relevante. En otros casos, co-mo en Francia, simplemente las cláusulas degarantía salarial están prohibidas por ley.

La inercia en el proceso negociador tambiénqueda reflejada en el mantenimiento de estruc-turas salariales arcaicas que no se ajustan a lasproductividades relativas. Los aumentos sala-riales se aplican a unas tablas salariales que hanexperimentado muy pocos cambios con el pasodel tiempo, dificultando los ajustes relativos desalarios.

En definitiva, existe una coincidencia general,por parte del gobierno, los agentes sociales yexpertos tanto jurídicos como económicos so-bre el diagnóstico de las deficiencias de nuestromodelo de negociación colectiva. Las diver-gencias se producen en el modo en el que se hade producir la reforma: si se ha de ser median-te modificaciones sustanciales en la regulaciónque incentiven a los agentes sociales a cambiarel modelo, o si pueden, de forma autosuficien-te conseguir mejorar el modelo sin (grandes)cambios en la regulación. Quienes no están porla labor de realizar modificaciones legales lasanticipan como “inconstitucionales” y afirmanque pueden cohibir la voluntad negociadora.

Hay una cosa clara: la negociación colectivaestablece un marco suficientemente amplio

para que quepan en ella, buenas y malas prácti-cas. A modo de ejemplo, se pueden compararen detalle dos convenios colectivos antagóni-cos: el Convenio de la Industria Química (CIQ)y el Convenio General de la Construcción(CGC). El primero no debería hacer grandescambios dado que se ha ido adaptando progre-sivamente a las necesidades del modelo pro-ductivo en un sector cada vez más competitivo.El segundo, por el contrario, recoge una buenaparte de las malas prácticas que debería perse-guir eliminar una buena reforma de la negocia-ción colectiva. Centrémonos fundamentalmen-te en aspectos relacionados con la vinculaciónentre productividad y salarios.

Estructura de la negociaciónEn la actualidad, los representantes de los tra-bajadores y empresarios pueden establecer laestructura de la negociación colectiva (NC) ensu sector, en especial, las reglas de concurren-cia, facilitando o dificultando la aparición deconvenios de empresa. En este contexto, unejemplo de buena práctica es del CIQ que esta-blece una estructura de la NC del sector en tresniveles: el convenio nacional, los convenios deempresa (autónomos en sí mismos, salvo quesus firmantes acuerden la supletoriedad delconvenio colectivo nacional) y lospactos deaplicación en las empresas (Art. 1.2 y Art 2CIQ). Además, este convenio tenía regulada laposibilidad de descuelgue salarial (Art. 35).Asu vez, el CGC consideraba que el sector esta-ba “suficientemente cubierto” con otros tresniveles: el convenio y los acuerdos sectorialesnacionales y los convenios provinciales, nodando facilidades ni para convenios ni paraacuerdos a nivel de empresa (Art 11).

Salarios relativos y negociación sobrela masa salarialAmbos convenios establecen remuneracionesmínimas por categorías o grupos profesionales.El CGC fija un abanico salarial mucho más




comprimido, con un mayor salario para las o-cupaciones de menor cualificación y un menorsalario para las de mayor cualificación que elCIQ. De esta forma, impone mayoresdificulta-des al ajuste entre la productividad y los sala-rios, dando pie además a que se generen proble-mas de empleo y movilidad sectorial.

Con la aplicación de aumentos salariales anua-les, las tablas salariales se acaban manteniendoinalteradas a lo largo del tiempo, lo cual impi-de los ajustes de salarios a cambios en la pro-ductividad. Sin embargo, otra de las “buenasprácticas” del CIQ es que también permite rea-lizar ajustes de abanicos salariales dentro delmismo grupo profesional y entre los distintosgrupos profesionales. ¿Cómo? Negociandoaumentos salariales sobre la masa salarial ydejando una reserva para este propósito (1% delos 2,6% de aumento salarial en los años 2008y 2009, Artículo 33 del CIQ). Esta forma dedeterminar los salarios facilita su vinculacióncon la productividad, cambiando los salariosrelativos con el paso del paso del tiempo. Por elcontrario, el CGQ dedica 21 artículos a los con-ceptos y estructura de las retribuciones sin que,en ninguno de ellos (al igual que en la mayoríade los convenios de sector), se atisbe la mínimaposibilidad de que los aumentos salariales pac-tados se puedan distribuir para cambiar lossalarios relativos o primar más un concepto queotros.

Incentivos a la productividad

Otra forma de vincular los salarios a la produc-tividad es estableciendo una parte variable en laretribución total, para que esté vinculada con elrendimiento del trabajador. Datos procedentesde la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo(ECVT) muestran que la proporción de remu-neraciones variables ha caído porque se traba-jan menos horas, el ajuste se ha producido vía

despidos de temporales y se produce menos,dando lugar a menos primas. Pero lo que quedapatente es la bajísima proporción de trabajado-res que perciben una remuneración en funciónde la productividad en la actualidad: sólo un4% frente a un 10% antes de la crisis.

En el año 2008, un 50% de los trabajadorescubiertos por convenios de empresa teníanalguna cláusula sobre incentivos ligados a laproductividad. En los convenios de ámbitosuperior a la empresa, sólo un 20%.

¡Ahora bien, ¿qué pueden hacer los conveniosde sector en esta materia? De nuevo, el CIQ yel CGC nos ofrecenejemplos de buenas y malasprácticas. En su artículo 34, el CIQ estableceque las empresas, de forma voluntaria, podránimplantar un sistema de retribución variableindividual adicional a los incrementos pactadosen función de la consecución de objetivos.Además, en su artículo 9, estable que, en ausen-cia delacuerdo exigido o arbitraje externo, ohasta que no se encuentre una solución víaacuerdo, laudo o resolución judicial, la im-plantación del nuevo sistema de rendimientos ode trabajo será facultad y decisión de laDirección de la Empresa. Por el contrario, elCGC, ilustra lo complicado que puede resultarla implantación de un sistema de incentivos a laproductividad en las empresas. Además de nohacer mención ninguna a retribuciones varia-bles, le dedica ni más ni menos que 17 artícu-los a la regulación de las “tablas de rendimien-tosnormales” para homogeneizarlas en todaslas empresas, creándose una “Comisión Sec-torial de Productividad”, que dictará las oportu-nas normas de homogeneización y se encarga-rá de la revisión de las tablas cuando lo consi-dere oportuno”

En definitiva, son estos sólo unos ejemplos dedos modelos de negociación antagónicos.




Mientras que el CGC representa las “malasprácticas”, el CIQ constituye un compendio de“buenas prácticas” y demuestra que, con elmarco actual, también es posible establecermecanismos que permitan vincular los salarioscon la productividad vía negociación colectiva.El problema es que este convenio, de un sectorfuertemente expuesto a la competencia exte-rior, constituye una rareza en el panorama denuestra negociación colectiva. Lo que prima esel CGC o, peor aún, sectores donde solo exis-ten convenios provinciales que perpetúan unmodelo de negociación colectiva que ya debe-ría pertenecer al pasado. La pregunta es si losagentes sociales pueden conseguir generalizarel modelo del CIQ al resto de sectores sin refor-mas de la regulación. Podemos ser pesimistas:sin reformas no habrá incentivos entre patronaly sindicatos para mejorar el deficiente modelovigente de negociación colectiva.

Propuestas de Reforma de la Negocia-ción Colectiva

Desde Fedea hemos presentado una serie depropuestas para una reforma integral de laNegociación Colectiva. En concreto, dicha re-forma debería articularse alrededor de los cincoobjetivos siguientes, con las modificacioneslegales e institucionales que se apuntan a conti-nuación

1. Para favorecer la descentralización y laflexibilidad interna

Propuesta 1. Concurrencia entre convenios.Dotar a la negociación colectiva de empresa dela misma relevancia potencial con que actual-mente cuenta la negociación de ámbito supe-rior, permitiendo que los convenios de empresapuedan entrar en concurrencia con los conve-nios de ámbito superior.

Propuesta 2. Acuerdos de no aplicación delrégimen salarial. Suprimir el actual límite deduración de los acuerdos de empresa de noaplicación del régimen salarial previsto en losconvenios colectivos de ámbito superior a laempresa, permitiendo expresamente su renova-ción indefinida mediante acuerdo del empresa-rio y los representantes de los trabajadores silas causas que los originaron se mantienen.

Propuesta 3. Descuelgue y arbitraje. Ampliarlo establecido por la Ley 35/2010 sobre el des-cuelgue salarial y las modificaciones sustancia-les de las condiciones de trabajo para los acuer-dos interprofesionales de ámbito estatal o auto-nómico, estipulando que todos los convenioscolectivos incluyan el compromiso previo desometer las discrepancias a un arbitraje vincu-lante.

2. Para reducir la atomización geográfica

Propuesta 4. Eficacia de los convenios. Con-dicionar la eficacia normativa y general de losconvenios colectivos a que las empresas repre-sentadas supongan una determinada proporcióndel empleo, así como del número de empresa-rios, del ámbito de aplicación del convenio, y aque los sindicatos negociadores alcancen lamisma proporción de los representantes de lostrabajadores elegidos en dicho ámbito. El um-bral de representatividad debería reforzarse enlos convenios de ámbito provincial, comarcal olocal. De no darse estos requisitos, el conveniono tendría eficacia normativa y general, restrin-giéndose su aplicación únicamente a las empre-sas representadas en la negociación.

3. Para reducir la inercia en la negociacióncolectiva

Propuesta 5. Limitación de la ultraactividad.Establecer que, cuando haya sido denunciadoun convenio y haya transcurrido un año desde




su vencimiento sin que haya sido posible unnuevo acuerdo o un arbitraje vinculante, decae-rán las cláusulas normativas del conveniocolectivo.

4. Para mejorar la coordinación de la nego-ciación colectiva y recuperar la competitivi-dad

Propuesta 6. Objetivo de competitividad. For-mular un objetivo ambicioso para la recupera-ción de la competitividad exterior, de formaque los costes laborales unitarios crezcan a unritmo inferior a los costes de los países máscompetitivos de la zona del euro, hasta que selogre cerrar la brecha de competitividad acu-mulada.

Propuesta 7. Foro anual de competitividad.Crear un foro anual para la negociación tripar-tita entre el Gobierno y las principales organi-zaciones que representan a los empresarios ylos trabajadores, con el objetivo de firmar unacuerdo interconfederal que establezca indica-ciones sobre el crecimiento salarial compatiblecon el objetivo de competitividad, incluyendoun compromiso de esas organizaciones dehacérselas cumplir a sus estructuras sectorialesy territoriales.

Propuesta 8. Agencia de información y pre-dicción. Crear una agencia independiente res-ponsable de la recolección y distribución dedatos a nivel sectorial en España y en la zonadel euro sobre variables tales como la tasa deinflación, el crecimiento de la productividad yde los salarios, o los flujos comerciales con elexterior, así como de la elaboración de predic-ciones independientes y solventes sobre la evo-lución futura de estas variables a corto y medioplazo. Esta agencia deberá elevar regularmenteal foro anual de competitividad informes públi-cos que contengan las predicciones de esasvariables.

5. Para favorecer las buenas prácticas enmateria de negociación colectiva

Propuesta 9. Cláusulas de revisión y objetivode crecimiento salarial. Se debería tender a noincluir en los convenios colectivos cláusulas derevisión automática de los salarios. En caso deser incluidas, las cláusulas deberían utilizar uníndice de precios de consumo correspondientea la inflación subyacente (Índice de precios delos servicios y de los bienes elaborados noenergéticos) y tener carácter simétrico, es decir,contemplar también revisiones automáticas delos salarios cuando la inflación sea inferior a laprevista en la negociación. Además, en los con-venios nacionales y autonómicos, se deberíanegociar sobre el crecimiento de la masa sala-rial, dejando un amplio margen para su distri-bución entre distintos conceptos de remunera-ción y entre diferentes colectivos de trabajado-res.

Conclusiones

A lo largo de los dos últimos años, se ha deba-tido bastante sobre la necesidad de reformarnuestro mercado de trabajo, en especial, losaspectos relativos a la contratación y a la nego-ciación colectiva. En junio del 2010, se aprobóla enésima reforma laboral, siguiendo la líneacontinuista de las anteriores. Sus primeros re-sultados, pasado ya casi un año desde su apro-bación son poco alentadores. No parece habertenido ningún impacto relevante sobre nuestromercado de trabajo, ni en el volumen total decontratación, ni en los tipos de contratos, ni enlos tipos de despido. No por ello se debería darun paso atrás, sino considerar que ha sido equi-vocada por ser escasamente innovadora. Essólo cuestión de tiempo que se acabe imple-mentando un contrato único, siendo esta laúnica forma de corregir a la larga los efectosperversos generados por 25 años de vigencia deun modelo contractual tan segregador.




En el momento de escribir este artículo, losagentes sociales aún están negociando una pro-puesta de reforma de la negociación colectiva.La información disponible sobre este nuevoproceso de concertación social indica que tam-bién aquí hemos de ser pesimistas: si se consi-gue un acuerdo, sólo será a medias, dejandopasar, de nuevo, una buena oportunidad par alareforma integral de la negociación colectiva,tan necesaria para poder afrontar un futuro eco-nómico, ya por si muy incierto.

Referencias:

- Conde-Ruiz, J.I., F. Felgueroso y J.I García-Pérez (2010)“Las reformas laborales en España: un modelo agotado”,Papeles de Economía Española “La reforma del mercado detrabajo” Nº 124 .

- Conde-Ruiz, J.I., F. Felgueroso y J.I García-Pérez(2011):“ReformaLaboral 2010: Una primera evaluación ypropuestas de mejora”, Fedea, Estudios Económicos 01-2011

- Conde-Ruiz, J.I., F. Felgueroso y J.I García-Pérez (2011):“Elglobo de la reforma laboral se desinfla antes de volar”, Nadaes Gratis, http://www.fedeablogs.net/economia/?p=9849

- Dolado, J.J. y F. Felgueroso (2010): “Propuesta para la reac-tivación laboral en España (Dolado y Felgueroso, Eds.),Fedeahttp://www.crisis09.es/PDF/Propuestareactivacionlaboral.pdf

- Dolado, J.J., F. Felgueroso y J.I. Conde-Ruiz (2011):“Buenas y malas prácticas de la negociación colectiva”,Nada es Gratis(http://www.fedeablogs.net/economia/?p=10204)

- Dolado, J.J., F. Felgueroso y M. Jansen (2010): “El conflic-to entre la demanda de flexibilidad laboral y la resistencia ala reforma del mercado de trabajo en España” , Papeles deEconomía Española “La reforma del mercado de trabajo” Nº124 .

- Fedea (2009): “Propuesta para la Reactivación Laboral enEspaña” (Andrés et al.; www.crisis09.es/propuesta).




- Fedea (2011): “Nueve propuestas para la reforma de la nego-ciación colectiva” (http://www.fedea.net/negociacion-colectiva)

- Felgueroso, F. (2010):Reforma laboral: ¿funciona?, Nada esGratis, http://www.fedeablogs.net/economia/?p=8328

El marco laboralnecesarioJoaquín Trigo PortelaDirector Ejecutivo, Fomento del TrabajoNacional

Resumen: Cuando se estanca la activi-dad económica y se hunde el empleo serecurre a aplicar medidas de políticamonetaria y/o fiscal y, si éstas son inca-paces de cambiar la tendencia, se necesi-ta cambiar el marco institucional, que eslo que se suele mencionar como refor-mas estructurales. Las instituciones com-prenden tres ámbitos: a) las normas quepermiten exigir o impedir algo a otros,b) las organizaciones públicas que ela-boran las normas, vigilan el cumpli-miento y castigan el incumplimiento y,c) los usos y costumbres que permitenuna razonable anticipación del compor-tamiento de los demás. Si las tres estánen la misma orientación se refuerza laconfianza, bajan los costes de transac-ción y hay un alto uso de los recursosproductivos del país. En caso contrariolos derechos atribuidos a cada persona uorganización son difíciles de exigir yejecutar, los recursos se utilizan sóloparcialmente y el crecimiento económi-co está por debajo de su potencial.

1.- La trayectoria laboral en España:1980-2010

El diferencial de paro registrado en España, encomparación con la media de la UE, evidenciaun desajuste del ordenamiento laboral español,que sigue anclado en la orientación autárquicade la postguerra, cuando la economía cerradano tenía competencia externa ni necesitaba ir avender con lo que las empresas carecían de aci-cate innovador y del empuje de la demanda,con lo que se limitaban a despachar lo existen-te. La innovación era lenta, la fiscalidad suave,la regulación sencilla y estable, la falta deinformación dificultaba la comparación con elexterior. El régimen ganaba legitimidad con elpleno empleo, con política de viviendas baratas–obra sindical del hogar, unidades vecinales deabsorción …–, congelación de alquileres yotras políticas paternales y asistenciales entrelas que se incluían sanidad, pensiones y ajustede salarios a la inflación.

El pleno empleo era facilitado por la emigra-ción y las remesas que llegaban a las familias,por el bajo coste del petróleo y otros factores,entre los que deben contarse el maná del turis-mo y drásticos ajustes para estabilizar la econo-mía y la moneda. En ese marco se contrataba depor vida sin temor a contingencias externas …hasta que se produjo la primera subida delpetróleo y quedó claro que el aislamiento sólopodía ser transitorio mientras que, la alternati-va de la eficiencia, la innovación y el progresorequería la integración en el proceso mundialde división del trabajo.

Desde 1958 la población ha crecido un 52%pasando desde 29,8 millones hasta los aproxi-madamente 45,4 millones de la actualidad. Elvolumen de empleo superó en ese año, por pri-


El marco laboral necesario

Joaquín Trigo Portela


mera vez, la cifra de doce millones, pero se per-dió al año siguiente y no se recuperó hasta1964. La ocupación volvió a bajar de los docemillones en 1979 y no recuperó de nuevo esacifra, consolidándola, hasta 1988, esto es, tresdécadas más tarde. Esto recuerda que cualquiersituación es susceptible de empeorar y que elcrecimiento continuado requiere un esfuerzopersistente para mejorar el entorno productivopara promover la eficiencia, la calidad y lainnovación. Sin ese acicate pueden producirseretrocesos que persisten durante años. En cam-bio, a lo largo de este medio siglo la jornadalaboral se ha ido reduciendo desde las 45 horassemanales de 1958 –que hoy, oficialmente, nocumplen ni siquiera los empresarios (44) que esel grupo de jornada laboral más dilatada–hastalas apenas 35 que, según el INE, realizan losasalariados del sector privado.

Es una incongruencia que se mantenga el enfo-que laboral de mediados del s. XX cuando enlos años 2008 y 2009, en proporción del PIB, laimportación de bienes y servicios, medida enporcentaje del PIB ascendiera al 59 y 49,4%.Más aún, con un volumen de importacionespersistentemente mayor que el de exportacio-nes, de modo que según la contabilidad nacio-nal de España, en la serie 1980-2009 sólo hubosaldo exterior positivo en los años 84-86 y 95-97.

En una economía abierta, con innovación con-tinua y rápida, con unas fiscalidad y regulaciónpesadas y cambiantes, aumento de los nivelesde las Administraciones Públicas y dependen-cia del marco regulado desde Bruselas, la pre-sión competitiva -externa e interna- impidenprogresar con el enfoque precedente. Cualquierempujón, como el acuerdo preferente con la UEque ayudó a exportar sin tener que abrir el mer-cado interior, o la entrada en la UE, que com-portó una lluvia de inversión extranjera y, a

finales de los 90 la adopción del euro, ofreciófinanciación abundante y barata, lo que permi-tió como en los casos anteriores, una épocabreve de crecimiento seguida de brusca caídade empleo. La imposibilidad de manipular lamoneda y las restricciones fiscales derivadas deuna administración pública muy cara, exigenuna normativa laboral distinta basada ensupuestos realistas, entre los que no entra elcontrato vitalicio ni la judicialización sistemá-tica de la relación laboral.

El cuadro n. 1 (página siguiente) permite apre-ciar la brecha entre el crecimiento del númerode personas activas y el de ocupadas. En losúltimos 30 años, desde 1980 hasta 2010 sólohubo una tasa de paro inferior al 10% en tresejercicios, con la cifra de tasa de paro más bajaen el 8,3% y 10 años por encima del 20% conuna cifra máxima del 24,1%. Estas cifras exce-den con mucho a los promedios de los países dela UE, o de la OCDE, y aconsejan cambios queaporten los estímulos adecuados para aportar ymantener los puestos de trabajo que den opor-tunidades profesionales a las personas y conti-nuidad al crecimiento económico del país

La tasa de actividad, esto es, el porcentaje delas personas en edad activa (entre 15 y 64 años)que está ocupada o que busca empleo activa-mente, estaba, según los datos del cuadro n. 2(página siguiente), en 1980 en el 59,9% deltotal de la población frente al 66,4% en lamedia de la U.E. lo que supone estar un 6,5%por debajo. En 2009 la situación se ha inverti-do de modo que, aunque en el conjunto de laOCDE la tasa de actividad global sube 5,1 pun-tos porcentuales -un 7,7%- el aumento enEspaña asciende a los 14,1 puntos que equiva-len a un 23,5%. Como quiera que el número deocupados totales sube en 6,5 millones la cifracorrespondiente al año 2010 supone un aumen-to del 54,7% pero, en ese período, el número de







Cuadro 1

parados creció en 3.080 millones, lo que signi-fica un aumento de más del 200%.

La evolución del mercado laboral en Españatiene un aspecto positivo en lo concerniente alaumento de la tasa de actividad y –paralela-mente, pero a un ritmo inferior- del empleo. Delos dos procesos centrales que lo explican, elaumento de la tasa de actividad femenina y elauge de la inmigración, el primero es establemientras que el segundo, al menos una parte delmismo, es susceptible de alguna reducción ensituaciones recesivas, pero sin una profundidadque le permita desnaturalizar la tendencia glo-bal. Otros aspectos, como por ejemplo las osci-laciones del paro y la trayectoria de la jornadalaboral han persistido en las pautas previas.

El cuadro n. 3 recoge la comparación interna-cional de las tasas de paro. Desde 1980 la deEspaña está continuamente por encima de lasmedias correspondientes a la UE y la OCDEpero con un componente indeseado adicional,




Cuadro 2

Cuadro 3

el de exceder el doble de la cifra de los dosagregados y los dos países recogidos.

La duración de la semana laboral muestra gran-des discrepancias entre los distintos grupos.Así, entre el de mayor dedicación, los emplea-dores y el de menor, los asalariados públicos,hay 11,3 horas, lo que significa que los prime-ros trabajan en promedio un 32 por ciento másde tiempo que los últimos. La tendencia des-cendente parece detenerse en el último ejerci-cio, lo que probablemente puede imputarse a lainfluencia de la recesión económica que obligaa mayor dedicación para contrarrestar las ten-siones de un mercado con menor demanda,mayor competencia y presión a la baja de losprecios.

2. Componentes de la reforma laboralen España

Lo expuesto con anterioridad señala el marcoen el que el crecimiento económico, siendonecesario, en insuficiente para aportar los pues-tos de trabajo y la calidad del empleo que deseael país y quees necesaria para un crecimientosostenido. La necesidad de la adaptación puedeser cuestionada por quienes pueden pensar queles perjudica y, probablemente, tienen capaci-dad de presión suficiente como para atrasar suadopción. La defensa de los denominados dere-chos conquistados o meramente consolidados,suele ser acérrima, especialmente cuandopuede comportar cambios en pautas de com-portamiento habituales, por lo que parece razo-nable buscar un horizonte que garantice la efi-ciencia económica y ofrezca oportunidades rea-




Cuadro 4

les y deseables sin cuestionar las expectativasde quienes ya están en esa situación.

Es aceptable que el marco que debe ubicar loscriterios adecuados reconozca los derechosexistentes, para quien los ha conseguido y man-tenido, pero sin que esto cuestione las posibili-dades de mejora de las condiciones y expecta-tivas de los que carecen de ocupación. Lasmedidas que siguen responden a ese propósito.

I.- Crecimiento de la inversión pública y pri-vada basada en la promoción del ahorrointerno. La promoción del ahorro internorequiere que se le remunere adecuadamente,esto es, un interés real neto que justifique larenuncia al consumo. Con el exceso de emisiónmonetaria de la última década se redujo lanecesidad de apelar al ahorro privado, la retri-bución de los depósitos bancarios fue muy bajay la demanda de crédito –espoleada por su bajocoste– excesiva.

El doble problema de exceso de financiación yla dependencia del exterior explica la gravedadde la crisis en curso. La deuda empresarial acomienzos de 2010 estaba en torno a dos vecesel PIB, la deuda de las familias era de cuantíasimilar al PIB y la del sector público en torno al60% del PIB. Esto supone que, con un tipo deinterés del 3% el pago de intereses ascenderíaal 10,8% del PIB. Como quiera que la parte deesa deuda precedente del exterior estaba entorno a los 1,75 billones de euros, el costefinanciero filtrado al exterior representaba,aproximadamente, el 4,75% del PIB que, coin-cide con la caída del PIB en 2009, lo que enotras palabras permitiría decir que si esa deudafuera interior, España no estaría en recesión.

Recurrir a la financiación externa es una posi-bilidad legítima pero no una obligación ymucho menos de esta cuantía, entre otras cosas

porque agrava la situación en momentos comoel presente. Así pues, sería adecuado facilitar laacumulación de capital de las empresas. Paraello conviene recordar que, en base al DoingBusiness y el Instituto de Estudios Económi-cos, la imposición total sobre las empresas en2009 ascendía en España al 56,9% del benefi-cio mientras que en Alemania quedaba en el44,9%, en los Países Bajos el 39,3% y en elReino Unido un 35,9%. Sugerir una situacióncomo la de Alemania es más que razonable.

II.- Descenso de la tasa natural de paro. Seconoce con el nombre de NAIRU (NonAccelerating Inflation Rate of Unemployment).Es el nivel porcentual que representa el parorespecto a la población activa, siendo éstaaquella en la que todas las personas que deseantrabajar en las condiciones retributivas existen-tes pueden hacerlo. La tasa natural de paroincluye el paro friccional, esto es, el de las per-sonas que buscan empleo tras el fin de los estu-dios o tras cambiar de residencia, y un paroestructural, producido por sectores en declive(textil) o por los que mejoran su productividady prescinden de ocupación (agricultura).

Un país con incentivos a la búsqueda deempleo, con posibilidad de empleo estable yexpectativas de carrera profesional tiene unatasa de paro natural más bajo que otro en dondeel oportunismo permite compatibilizar el cobrodel subsidio de paro con actividades retribuidasno declaradas o tolera la incapacidad laboralfingida. En los años 80 la estimación de esatasa, obtenida por dos instancias diferentes dela Administración Estatal obtuvo cifras porcen-tuales del 14% y el 18% que, en comparaciónde otros países de la OCDE parecían extrema-damente altas. En realidad, en el período 1990-2009 rebasaba el 14%, lo que aconseja optarpor estímulos a la búsqueda de empleo, desin-




centivos a la continuidad en el paro y apoyo ala creación de empleo autónomo.

III.- Ajuste de las modificaciones salariales alos aumentos de competitividad. El IPC esmás un problema que un indicador relevantepues apenas informa de disfunciones en el mer-cado. Si se usa como guía lleva a que el aumen-to de costes se traslade a precios y se pierdacompetitividad frente a competidores externos.Para prevenir esta eventualidad conviene cen-trarse en el aumento de la productividad rele-vante, esto es la que abarata el coste de produc-ción y mejora la capacidad de ganar nuevosmercados.

IV.- Reducir el coste laboral no salarial, don-de se incluyen impuestos, cotizaciones a laseguridad social, aportaciones a FOGASA y aformación continua, incluyendo los días debaja (entre el 4º y el 14º) por los que las empre-sas deben pagar, aunque carecen de capacidadde supervisión y los que la seguridad social nohace seguimiento de la causa, enfermedad oaccidente que lo origina.

V.- Reducir el tipo marginal de la renta detrabajo. Se trata de reducir el desincentivo aso-ciado a que el esfuerzo adicional de la horaextra que se reduce con el aumento de la pre-sión fiscal y con el pago adicional de costessociales que no gravan a quienes precisamentese esfuerzan menos. Esta situación favorece, endonde es posible, la no declaración de esa acti-vidad adicional.

VI.- Flexibilizar la regulación laboral en losámbitos laboral, funcional, geográfico, hora-rio, interno y externo. El avance en el conoci-miento, los cambios en la tecnología, las nor-mas, las expectativas de los clientes y la pre-sión competitiva obligan a una innovación yreinvención constante. Esto es incompatible

con la pretensión de continuidad en la mismaplaza y con idéntica actividad. Lo que frena laadopción de iniciativas o retrase la introduc-ción de medidas innovadoras o de ajuste frenael crecimiento y debilita la calidad de servicioa los clientes.

VII.- Mejora del tratamiento de la incapaci-dad temporal. El lapso entre el cuarto y deci-moquinto día de baja debe pagarlo la empresay, sin embargo ésta carece de medios y potestadpara supervisar la evolución de la persona enbaja. Las mutuas podrían hacerse cargo de esafunción, lo que frenaría las posibles tentacionesoportunistas y mejoraría la eficiencia producti-va al reducir los ajustes impuestos por la ausen-cia de las personas en baja. Asimismo frenaríalas entradas en el ámbito de la SeguridadSocial, con un efecto reductor de los costes yun impulso al aumento del PIB.

VIII.- Compatibilidad de horarios laboralesy escolares a fin de facilitar el traslado de niñosa las escuelas y el cumplimiento de sus horariosa los padres. Esta medida sería más eficaz si enlas grandes aglomeraciones de empresas sepueden establecer parvularios y escuelas deenseñanza primaria.

IX.- Adecuar los diferentes niveles educati-vos a las exigencias del mercado laboral yfacilidad para un reciclaje continuo. Ademásde la formación financiada con las cotizacionesde empresas y trabajadores conviene ampliarlas opciones de cursos de actualización queofrezcan las Facultades Universitarias y lasEscuelas de Formación Profesional.

X.- Promover la creación de actividades eco-nómicas a través de mecanismos como el dela capitalización de las prestaciones por des-empleo. Esa posibilidad se eliminó en 1993alegando tres deficiencias: El importe aportado




era insuficiente para crear algo viable, sólo cre-aba empleo en el sector servicios y había mu-cho fraude. Ninguna de estas explicaciones eraválida. En primer lugar porque el conjunto de lainversión recogida en el PIB y repartida entre elempleo del país daba una cifra individual infe-rior a la que aportaba la capitalización de losdevengos del pago y eso sin considerar quepara el derecho a la prestación mediaba el des-pido que, por otra parte daba derecho a unaindemnización apreciable que se añadía a laaportación pública. En segundo lugar, el em-pleo creado en ese momento se limitaba algenerado en el sector servicios, como sueleocurrir en el conjunto de los países desarrolla-dos que valoran muy positivamente la nuevacreación de empleo en este sector. El argumen-to del fraude nunca se cuantificó. Tampocopudo compararse con prácticas irregulares deotros ámbitos. Los estudios que se hicieronsobre esa experiencia señalaban un alto gradode satisfacción de los que participaron en ella,su voluntad de intentarlo de nuevo en caso defracaso de la primera iniciativa así como larapidez, la profundidad y la pertinencia de lasexperiencias obtenidas.

XI.- Evitar que prestaciones por desempleose conviertan en sustitutivas del salario apli-cando tres procedimientos. A) Incentivar larapidez en la búsqueda de empleo compartien-do con quien lo consigue el ahorro obtenido alreducir los pagos por desempleo. B) Reducirlas prestaciones a medida que se alarga elperiodo de inactividad y C) Requerir que sededique a actividades formativas compatiblescon la labor de búsqueda de ocupación adecua-da.

XII.- Mejorar los procesos de obtención dedatos sobre el paro real y eliminar las distor-siones que pueden darse en fuentes suscepti-bles de ser alteradas. Añadir información

complementaria acerca de las actividades edu-cativas que eliminan de las cifras de desempleoa quienes la reciben.

XIII.- Mejorar la mediación en el mercadode trabajo, que puede ser más precisa si losorganismos públicos compatibilizan sus me-dios con los que ofrece el sector privado. Laproporción de las colocaciones realizadas a tra-vés de las oficinas públicas presenta proporcio-nes diferencias según provincias, pero es muybaja en todos los casos y tanto menos cuantomayor y más sofisticada es la relación laboral.En grandes ciudades puede estar claramentepor debajo del 5% mientras que en ámbitosrurales representa una proporción mayor. Lareducción de efectivos funcionariales en estaactividad, donde obviamente son de poca utili-dad, permitiría asignarlos a funciones de másrelevancia.

XIV.- Adecuar la regulación sobre huelgas yconflictividad laboral a pautas que las consi-deren un último recurso que, por otra parte,no debería causar daños o molestias a las per-sonas ajenas al conflicto y, caso de materiali-zarse ese daño, los perjudicados deberían teneruna compensación adecuada, rápida y fácil dereclamar.

XV.- Las empresas contratan para produciry crecer. Si despiden es –con raros casos pato-lógicos– por imperativo de la situación y encontra de su voluntad y con un alto coste, queincluye pagos por despido, por salarios de tra-mitación, por asesoría legal ... así como inquie-tud y tensiones del resto de la plantilla, presio-nes sindicales, deterioro de imagen y otras,entre las que no es la menor dar la cara antealguien que ha cumplido con sus obligacioneslaborales. El despido se produce cuando lasituación se ha deteriorado, la caja está exhaus-ta y es difícil obtener crédito para pagar indem-




nizaciones ya que el/los empleado/s se va lle-vándose el dinero y, probablemente, orientán-dose a donde más valen, esto es, a la competen-cia.

En el mundo de hoy el despido suele ser justi-ficado, procedente y necesario, esto es, unanecesidad forzada por un imperativo sobreveni-do, que es lo opuesto a un capricho. La reduc-ción de plantillas, las mejoras en la productivi-dad y la calidad de la producción, son impera-tivos que pueden, si cambia la coyuntura, darlugar a una recuperación. Sin embargo la expe-riencia persiste y mientras subsiste aconsejaque el nuevo empleo sea temporal, lo que limi-ta las expectativas de contratados y contratan-tes. A menos que el marco legal se adapte a unarealidad en la que el despido existe y, por tantodebe anticiparse y, como otras contingencias,se debe provisionar.

La provisión del despido evita las dificultadesque le acompañan, en cuanto a acceso a crédi-to, su coste y otros más. Considerar a las provi-siones por despido o, alternativamente, a laprima de aseguramiento que cubra esos gastos,como gastos fiscalmente deducibles. La dota-ción podría ser voluntaria, centrarse en los nue-vos derechos devengados, abarcar una cifra quecorresponda a más del 30% de la plantilla yconfigurarse como un todo no asignado perso-nalmente. Esa suma podría invertirse en activi-dades ajenas a la empresa siempre que los pro-ductos financieros en que se inviertan tuvieranliquidez. Si se llega a una suma razonable esadisponibilidad actúa como un quitamiedos queelimina la reticencia a transformar los contratostemporales en indefinidos.

Las modalidades de la provisión son muchas ytodas discutibles: ¿Se parte del nuevo derechoo se añade algo del acumulado?, ¿se hace paracada persona o por un porcentaje del total de la

plantilla?, ¿se externaliza en forma de depósito,inversión o deuda pública o queda en la empre-sa?, ¿es una alternativa razonable el pago de unseguro que garantice el derecho del empleado?,¿debe considerar la cuantía del derecho proce-dente o cualquier otro caso?.

XVI.- Un modelo de contrato único queacabe con la posibilidad de que cualquierdespido individual pueda ser consideradocomo improcedente, con la implicación adi-cional de la judicialización del proceso –másgasto legal y tiempo detraído de la gestión– yque las indemnizaciones aumenten debilitandola tesorería de las empresas. Ese contrato debe-ría tener una indemnización similar a la hoyvigente para casos de despido procedentes yacumularse con el tiempo hasta cierto tope. Lasempresas contratan para producir y crecer, nopara despedir, lo que hacen cuando se ven for-zadas por las circunstancias y en ningún casodesean perder empleados y dinero. La combi-nación de este modelo de contrato por tiempoindefinido con la provisión adecuada, permiti-ría que tras el comienzo de la recuperación sealcanzara con rapidez el nivel de empleo conse-guido en 2007.

En sentido contrario, el abanico de contratoslos hace prolijos y poco útiles, por cuanto todospropenden a ser calificados de improcedentes yacabar en los juzgados, obligando a los jueces aevaluar informaciones y circunstancias que,vistas desde el exterior son susceptibles devaloraciones dispares que arrojan ruido y con-fusión sin permitir una evaluación certera, quesería más viable -aunque también difícil- si laprueba de la improcedencia corriera a cargo deldemandante.

XVII.- Duración de la jornada laboral.Lospaíses que combinan las mayores tasas de acti-vidad laboral y duración de jornada laboral,




como los EE.UU. y el Japón, son los que tienenmenor nivel de paro. Esto se consigue gracias aun efecto doble. Por el lado de la producción, elcoste de la inversión en activo fijo se puedediluir en una mayor producción, lo que permiteabaratar el precio y acceder a mercados másamplios sin reducción del margen unitario. A suvez, la mayor producción directa requiere demás servicios complementarios, como contabi-lidad, ventas, transporte y almacenamiento etc.Por el lado del gasto de las personas empleadasse va a una reconfiguración del consumo, quese vuelve más intensivo en compras de servi-cios como restauración y otros, al tiempo quese gasta más dinero y tiempo a la compra y pre-paración directa de alimentos. Así, puede decir-se que es el empleo el que crea más ocupación,del mismo modo en que la producción facilitael aumento del consumo, mientras que, en sen-tido contrario, la reducción de la actividadredunda en la caída de lademanda.

En el lado opuesto a este enunciado hay paísesque consiguen una alta productividad por horatrabajada, como Alemania y Francia, que hacecuatro-cinco décadas tenían unas cifras paraeste indicador muy por debajo de los EE.UU.–en torno a un 30% menor– en cuanto a la pro-ducción por hora y en un número de horas tra-bajadas por año muy parecido. En la actualidadhan conseguido la misma productividad porhora pero su renta per cápita se mantiene a lamisma distancia en cuanto a la renta per cápita.La causa está en la reducción de jornada, queparece haber absorbido las ganancias en efi-ciencia. A su vez esa reducción, por una partese explica por el aumento en la presión fiscal yelevada progresividad que lleva a reducir elpico adicional de producción más grabado y,por otro lado, se sustenta en un sistema de pro-tección social muy completo, especialmentecomparado con los EE.UU., que combina unasanidad y una educación de gran calidad pro-

porcionada por el Estado y financiada con losingresos fiscales, mientras que en los EE.UU.la presión fiscal es más baja y poco progresiva.La opción por uno u otro sistema se sustenta enpreferencias formadas en diferentes entornoslegales y marcos culturales que, si bien permi-ten cambios ocasionales, no favorecen los cam-bios drásticos.

XVIII.- Actividad productiva prelaboral.Las prácticas que hacen los estudiantes enempresas, instituciones públicas o en cualquierámbito productivo, especialmente las que sehacen en otros países son útiles porque aportanampliación de miras, experiencias relevantes yfacilitan la posterior inserción en la vida pro-ductiva haciéndola más rápida. En muchas oca-siones dan pie a encontrar un primer empleo y,en todo caso, mejoran el currículum personalde cualquier joven. Algunas entidades educati-vas ayudan a encontrar empresas en las querealizar estas prácticas y supervisan la actua-ción y aprendizaje recibido, aunque también,en ocasiones, esperan que se les pague por laoferta que han hecho, lo que suele ser cuestio-nado por los discentes y quienes les ofrecen laoportunidad de acercarse a la vida laboral. Elaumento de estas opciones requiere eliminarprejuicios acerca de la baja calidad de la activi-dad que realizan y similares al tiempo que sefacilita la relación entre el estudiantado y lasempresas.

Es conveniente que también los profesores pue-dan beneficiarse de esa posibilidad que ampliael abanico de experiencias y situaciones perso-nales que son comunes en los profesores uni-versitarios en los EE.UU., lo que redunda enmadurez y en mejora de conocimientos perso-nales, al tiempo que da a la empresa o institu-ción receptora la posibilidad de ver enfoquesdiferentes.




IXX.- El retiro. La mejora del entorno laborales incompleta si no toma en considera el retiro.También en este campo afectado por una incor-poración al mercado laboral cada vez más tar-día, a pesar de la eliminación del servicio mili-tar obligatorio. La retirada precoz apoyada enprejubilaciones, condiciones específicas paraalgunos colectivos, someras declaraciones deincapacidad etc. y, por otro lado, una amplia-ción continua de la esperanza de vida que no seacompaña del mantenimiento de la salud y lalucidez. El estímulo que se ofrece para instar auna vida laboral más dilatada es poco atractivo,pues solo se elimina la cotización a la Segu-ridad Social y la compensación adicional paraquien opta por atrasar el fin de la vida laboral,en forma de incremento de pensión es baja.Añádase la inadecuación de los planes de pen-siones privados y se tiene un nuevo ámbito deestudio y debate que escapa a estas líneas.

XX.- Costes de transacción. Estos costesincluyen los pagos que se han de hacer en con-cepto de asistencia letrada, gestiones ante lasadministraciones públicas tanto por la contrata-ción como por el cese de la relación laboral asícomo el coste de oportunidad de atender a estasfunciones en lugar de a la tarea propiamenteempresarial tendente a la satisfacción de lasdemandas de los clientes. Las empresas gran-des tienen departamentos especializados yrecurren a gestores capacitados con un costepor persona que puede ser menor que el quedeben soportar empresas pequeñas. Éstasdeben asignar un tiempo valioso que redundaen pérdida de productividad y descenso de mar-gen. La racionalización de estos procedimien-tos, en un país de PYMES como España,redundaría en mejoras de eficiencia significati-vas.

Es conveniente que la negociación de las rela-ciones laborales se realice a nivel de empresa,

sin que el descuelgue respecto a los acuerdosasumidos en ámbitos más altos sea laborioso nicostoso y permita adecuar los costes laborales ala realidad de la provincia o localidad implica-da así como a las posibilidades de cada empre-sa y a las preferencias de los trabajadores que,por ejemplo, podrían preferir una participaciónen beneficios en lugar de un aún aumento pre-fijado, lo que beneficiaría a todas las partes enpresencia si los empleados pueden aportarmejoras en la eficiencia y sugerencias valiosasen la organización de la producción.

XXI.- Transparencia en las retribuciones. Elformulario en que aparecen las percepciones delos trabajadores recoge sólo una parte de loscostes en que incurre la empresa. En el cuadron. 5 (página siguiente) se puede apreciarparatres categorías profesionales la diferencia entrelo que percibe el trabajador, recogido en laparte inferior, y lo que ese trabajador cuesta a laempresa, expuesto en la parte superior.Diferenciales lo bastante importantes comopara que ambas partes consideren que la rela-ción en que incurren es asimétrica, de modoque el trabajador cree que cobra poco y quien lecontrata piensa que rinde poco. El problemaestá en que, con la asimetría informativa,ambas partes tienen razón. Si no se ha solven-tado esta limitación informativa, que se remon-ta a más de medio siglo, se debe, probablemen-te, a que, los trabajadores por cuenta ajena, conuna información más completa, serían más exi-gentes a la hora de valorar los servicios y pres-taciones que reciben desde las Adminis-traciones Públicas, lo que podría redundar endescrédito de éstas y en aumento de las exigen-cias. Por otra parte, la transparencia contribuyeal esmero en la actuación de quienes están alservicio de los contribuyentes.







Cuadro 5

LA REFORMADEL MERCADO DE TRABAJO1

Rafael Ortiz CervellóAbogado-Socio responsable del árealaboral de GARRIGUES (Barcelona)

1.- Sean mis primeras palabras para agradecer alos organizadores de esta Jornada sobre la Re-forma del Mercado de Trabajo, que hayan teni-do la amabilidad de contar con mi persona paraintervenir en la misma, invitándome a exponercual es mi parecer al respecto.

Debo señalar en este sentido que valorar laReforma Laboral (en adelante RL) si caer en sudescalificación por agresiva para unos, y porinsuficiente para otros no es tarea fácil.

Si a esto unimos el tortuoso y largo caminorecorrido que ha dejado en sus márgenes el fra-caso de un diálogo social, un sin fin de vario-pintas y variadas propuestas (entre las más aire-adas sobresalen la del contrato único, la desju-dialización de determinados conflictos, el aba-ratamiento del despido) y sus contrarias, ade-más de un azaroso “iter” de elaboración que hapasado por la promulgación de una normaurgente como fue el Real Decreto Ley 10/2010,de 16 de junio y su posterior tramitación comoProyecto de Ley que, tras los trámites parla-mentarios oportunos, se ha transformado en laLey 35/2010, de 17 de septiembre (en adelanteLRMT). Si además tenemos en cuenta los di-versos posicionamientos políticos estratégicos

que han estado presentes en todo momento ali-ñados con una huelga General, digamos que“preavisada” por no decir “pactada”, podría-mos iniciar un debate que seguramente no es deeste foro y además ha dejado de ser actual.

Es por ello que me gustaría plantear mi inter-vención desde un punto de vista pragmático,formulando una serie de preguntas: ¿Qué hace-mos con la Ley 35/2010, de 17 de septiembre,teniendo en cuenta que es el instrumento jurídi-co que tenemos en la actualidad para dirigir ygestionar las empresas y los RRHH? Pareceevidente que hay que ser crítico tanto en losaspectos positivos como en los negativos quecontenga y denunciar, si existen, aquellascarencias que más se encuentren a faltar, en unanorma que ha sido especialmente esperada paraver si mediante su aplicación, se podía iniciar lasenda de la recuperación del empleo, o por lomenos la desaceleración significativa de sudestrucción.

2.- Conviene en primer lugar, recordar cualesson los objetivos de esta RL.

En el preámbulo de la LRMT se señala contoda claridad que tales objetivos son principal-mente fomentar el empleo estable y lograr unamayor flexibilidad interna en las empresas, tra-tando de evitar con ello el número de extincio-nes de contratos de trabajo ante situaciones decrisis.

Para ello se instrumentalizan cuatro tipos demedidas a saber:

1ª.-Limitación de la contratación temporal ypromoción de la contratación indefinida. Nue-


La reforma del mercado de trabajo

Rafael Ortiz Cervelló


vo tratamiento de otras modalidades contrac-tuales.

2ª.- Reforma de las causas empresariales deldespido objetivo.

3ª.- Reforma de instrumentos de gestión parafavorecer la flexibilidad interna en las em-presas.

4ª.- Racionalización o “normalización” de losagentes que intervienen en la intermediaciónlaboral o favorecen la contratación, dando en-trada a los agencias privadas de colocaciónpara que de forma autónoma o mediante conve-nio, colaboren con los servicios públicos deempleo, así como liberalizando las actuacionesde las Empresas de Trabajo Temporal en deter-minadas actividades hasta la fecha legalmenteprohibidas.

Pero tratemos de analizar cada una de ellas, sinnecesidad que en el análisis lleguemos a deta-llar aspectos muy específicos, por cuanto eltiempo de esta exposición es limitado.

A) La limitación de la contratación temporal ypromoción de la contratación indefinida. Sepretende desarrollar mediante la regulación detres instrumentos:

a) La limitación temporal de la duración de lamodalidad contractual por obra o serviciodeterminado, que pasa de tener una duraciónindeterminada acorde conlo que durara laobra o el servicio y que a partir de la entradaen vigor de la norma será como máximo detres años, prorrogables por 12 meses más, siasí lo contempla la negociación colectivasectorial. Transcurrido dicho plazo, los traba-jadores adquirirán la condición de fijos en laempresa. Solución legal que rompe absoluta-mente con la naturaleza jurídica de este tipode contratos y que además plantea un serio

problema a la descentralización empresarialpues no explica qué debe hacerse en aquellossupuestos en que las contratas o subcontratastengan una duración mayor del tiempo quepueden durar los contratos de trabajo que sesuscriban para esa obra o servicio determina-do que por su propia naturaleza no son inde-finidos.

Por otra parte y sujeto a un régimen transito-rio de implantación, que finalizará en 2015,se encarece la indemnización por expiracióndel término en los contratos temporales, quepasa de 8 a 12 días por año trabajado.

Junto a esta limitación del contrato de obra yservicio determinado, se retocan las dos mo-dalidades de contratos formativos: prácticasy formación.

Las modificaciones más destacadas del con-trato en prácticas podrían resumirse en lassiguientes:

· Duración 2 años.

· Se incluye el “Certificado de profesionali-dad” de acuerdo con lo previsto en la LO5/2002”, como título habilitante para lacontratación.

· Se aumenta el plazo de suscripción de 4 a 5años posteriores a la obtención del título (7años si se trata de personas discapacitadas).

· No se puede utilizar si la persona ya ha sidocontratada en prácticas en la misma u otraempresa.

· Los títulos de Grado, master y doctorado nose consideran la misma titulación, si bien nose puede contratar por uno inferior si ya seha utilizado la titulación superior.

Las modificaciones del contrato para la for-mación de mayor interés son:

· Podrá celebrarse con trabajadores quecarezcan de titulación, mayores de 16 y




menores de 21 años. Hasta 31.12.2011, ellímite de edad será de 25 años.

· Se prevé que la cualificación profesionalobtenida sea objeto de acreditación.

· La retribución del primer año se fijará porconvenio colectivo, sin que pueda ser infe-rior al Salario Mínimo Interprofesional(SMI), en proporción al tiempo trabajado.El segundo año, no será inferior al SMI.

· Se establece un régimen especial para loscontratos suscritos con anterioridad a 18 dejunio de 2010.

· Se prevé un régimen especial en la DT 9ªpara los trabajadores discapacitados.

· La acción protectora de la Seguridad Socialcomprenderá todas las contingencias, situa-ciones protegibles y prestaciones de aque-lla, incluido el desempleo, que cotizará deconformidad con lo previsto en la DA 49ª.

· Por último, debo hacer referencia al art. 11de la Ley (se entiende la 35/2010), por elque se establecen las bonificaciones de cuo-tas a la Seguridad Social en este tipo decontratos2.

b) Reforzamiento de la prohibición de encade-namiento de contratos temporales ya con-templada en el art. 15 del Estatuto que, a lossupuestos ya existentes, añade la referenciaal mismo puesto de trabajo, a la situación degrupo y a los casos de sucesión y subroga-ción empresarial. Esta limitación no afecta alos contratos formativos, de relevo o de inte-rinidad, ni a los celebrados en el marco deprogramas públicos de empleo, ni los cele-brados por empresas de inserción.

Este endurecimiento de la prohibición deencadenar contratos, cuyo cómputo se esta-blece a partir de la fecha de entrada en vigordel RDL 10/2010, es decir el 18 de junio de2010, va a plantear algunos problemas añadi-dos a los ya existentes a los Departamentos

de RRHH de las empresas, especialmente enlos supuestos de subrogación ya que deberánredoblar esfuerzos para controlar especial-mente los meses de trabajo con contrato tem-poral que lleven algunos de los trabajadoresprocedentes de dicha subrogación, lo cual sedeberá tener en cuenta en las “due dilligen-ces” previas a las modificaciones mercanti-les de sucesión.

c) Incremento de la posible utilización del con-trato indefinido de fomento del empleo. Enrealidad lo que se hace es aumentar el núme-ro de colectivos que pueden ser contratadosbajo esta modalidad e incluir algunossupuestos de transformación de contratostemporales en indefinidos. La propuesta deCEOE a este respecto era que esta modalidadcontractual se generalizara para todo tipo decolectivos. Manera de, con el tiempo, rebajarel coste de la indemnización por despido.

Cabe recordar a este respecto que en estamodalidad contractual, si el empresario des-pide mediante un supuesto de despido objeti-vo y luego reconoce que es improcedente oasí se declara judicialmente, la indemniza-ción que corresponde al trabajador es de 33días de salario por año de servicio con ellímite de 24 mensualidades.

Ello no obstante, la indemnización por despi-do disciplinario declarado improcedentesigue siendo de 45 días de salario con el topede 45 mensualidades, aunque el trabajadoresté contratado bajo esta modalidad contrac-tual.

Otras dos cuestiones a destacar son lassiguientes:

Se entenderán válidas las transformacionesde contratos temporales o de duración deter-minada en indefinidos para el fomento de lacontratación indefinida (temporal antes de 18de junio/2010 o posterior hasta 31/12/2011)




una vez transcurrido el plazo de 20 días hábi-les establecido en el ET a contar desde lafecha de la transformación.

Igualmente supone un cambio respecto de lasituación actual, el hecho de que si el traba-jador contratado con contrato indefinido defomento alega que la utilización del procedi-miento de despido objetivo no se ajusta aderecho porque la causa real del despido esdisciplinaria, corresponderá al mismo lacarga de la prueba.

B) En cuanto a la reforma del despido objetivopor causas empresariales (arts. 51 y 52 c) delET), debo señalar que es la estrella de laReforma Laboral, aunque no forma parte delobjeto de la misma, pues así se desprende delpreámbulo de la Ley.

De alguna manera, el debate se ha centrado enesa especial modificación legal, habiéndosediscutido sobre si lo que se pretendía con lamisma era el abaratamiento del despido, la des-judialización de la materia, la eliminación de laautorización administrativa en los ERES, laelaboración de un listado cerrado de causas, deque si la misma supone un gran perjuicio paralos trabajadores mientras que los empresariosla consideran insuficiente y un largo etcétera,que ahora y aquí es imposible acabar de orde-nar.

En mi opinión, lo cierto es que deberemosesperar para ver sus efectos, a la forma en quese pronuncien los Tribunales sobre ella. Demomento lo que podemos afirmar es que lareforma se concreta (a falta del correspondien-te desarrollo reglamentario) de la siguientemanera:

a) Se reunifican las causas del despido objetivopor motivos empresariales (art.52 c ET) y lasdel despido colectivo (art. 51.1 ET) que antes

se definían para cada uno de los supuestos, locual no tenía ningún sentido, pues la diferen-cia entre ambos era simplemente el númerode trabajadores afectados.

b)Se redefine la causa económica en los si-guientes términos:

Se contemplan tres situaciones diferenciadasque pueden sustentar la extinción de los con-tratos de trabajo: En este sentido y partiendode una situación económica negativa de laempresa se señalan como supuestos legaleslas pérdidas actuales, las pérdidas previstas yla disminución persistente del nivel de ingre-sos que puedan afectar a la viabilidad o a lacapacidad de mantener el volumen deempleo, debiendo el empresario acreditar losresultados económicos y justificar que de losmismos se deduce la razonabilidad extintivapara preservar o favorecer su posición com-petitiva en el mercado.

Desaparece del juicio de razonabilidad eladverbio “mínimamente” que lo acompaña-ba en la redacción dada a este punto en elReal Decreto-Ley 10/2010 y que de algunamanera rebajaba el grado de aquella.

c) Se ejemplifican, en relación con las otras trescausas (técnicas, organizativas y producti-vas), algunos supuestos de referencia paracada una de ellas, exigiendo la norma que alos efectos extintivos la empresa deberá acre-ditar la concurrencia de alguna o algunas yjustificar que de las mismas se deduce larazonabilidad (nuevamente desaparece elmínimamente) de la decisión extintiva, paracontribuir a prevenir una evolución negativade la empresa o a mejorar la situación de lamisma a través de una más adecuada organi-zación delos recursosque favorezca su posi-ción competitiva en el mercado o una mejorrespuesta a las exigencias de la demanda.




Aunque en apariencia, el redactado de estosartículos pudiera parecer algo más flexibleque el anterior, es lo cierto que se endurececon respecto al contemplado en el RealDecreto Ley 10/2010 y en última instancia elproblema de inseguridad sobre el ajuste jurí-dico de la decisión extintiva de la empresapermanece, pues se sigue encomendando aJueces y Tribunales del Orden Social de laJurisdicción, la determinación de la concu-rrencia o no de las causas alegadas.

Además quedan por resolver otros problemasaplicativos relacionados expresamente conlas estructuras empresariales (empresa, cen-tro de trabajo, grupo de empresas, empresasmultinacionales), con los medios de prueba(perdidas previstas) o con determinadasjusti-ficaciones como por ejemplo las referidas ala viabilidad de la empresa.

Como complemento de lo anterior, permítan-me indicar que en relación con el despidoobjetivo (individual o plural, por debajo delos umbrales) se han producido dos modifi-caciones que habrá que tener en cuenta:

La primera hace referencia al período de pre-aviso del despido que pasa de ser de 30 díasa 15.

Y la segunda que es que se suprime comocausa de nulidad el incumplimiento de losrequisitos formales en la comunicación detales despidos.

d) Igualmente se modifica el despido objetivopor causas de inasistencia al trabajo (justifi-cadas e injustificadas) contemplado en el art.52 d) del ET, si bien se trata de una modifi-cación de tono muy menor, pues consiste enreducir del 5% al 2,5% el absentismo global,cuando en el trámite del Senado, se habíasuprimido cualquier referencia al mismo.

C) Reforma de instrumentos de gestión parafavorecer la flexibilidad interna en las empre-sas.

Son varios los aspectos tratados en la RMT conla pretensión de “flexibilizar” la gestión internade los RRHH en la empresa.

a) El primeroal que me referiré es el relativo ala suspensión del contrato de trabajo o reduc-ción de la jornada por causas económicas,técnicas, organizativas o de producción.

La primera cuestión que aclara la norma esque es necesario, tanto si el expediente afec-ta a un trabajador como a un gran número deellos tramitar el correspondiente expedienteadministrativo de autorización ante laAutoridad Laboral (ERE temporal). Lasegunda es que requierela realización delperiodo de consultas previsto en el art. 51.4del ET pero, reducido a la mitad. Y la terce-ra, que durante los períodos de suspensión seprohíben las horas extraordinarias, excep-ción hecha de las realizadas por causa defuerza mayor.

Con ocasión de la suspensión de los contra-tos se promoverá el desarrollo de jornadasformativas para los afectados para incremen-tar su polivalencia o empleabilidad.

Por lo que se refiere a la reducción de la jor-nada (lo que se ha venido en denominar elsistema alemán, que por cierto y como essabido ya existía en nuestro ordenamientojurídico) se entiende por tal la disminucióntemporal de entre un 10 y un 70 por ciento dela jornada de trabajo computada sobre labase de una jornada diaria, semanal, mensualo anual.

Estos dos supuestos, han sido bonificados demanera importante y además los trabajadoresafectados pueden recuperar el desempleoconsumido, en el supuesto de que después de




la suspensión se produjera la extinción de suscontratos. De forma muy esquemática estasmedidas quedarían de la siguiente forma:

Ampliación hasta un 80% de la bonificaciónde las cuotas empresariales a la SeguridadSocial por contingencias comunes cuando laempresa incluya, en los EREs concluidoscon acuerdo, medidas para reducir los efec-tos de la regulación temporal, para favorecerel empleo en la misma y de medidas de fle-xibilidad para conciliar la vida laboral yfamiliar.

Esta medida será aplicable a las solicitudesde regulación de empleo presentadas desdeel 1.10.2008 hasta el 31.12.2011, si bien elcompromiso de empleo será de 6 mesescuando se trate de solicitudes de regulaciónde empleo presentadas desde el 1.01.2010hasta el 31.12.2011.

Cuando autorizado un expediente de suspen-sión y posteriormente se autorice la extinciónde los contratos por vía administrativa o judi-cial o se extinga el contrato por causas delart. 52.c del TRET, los trabajadores tendránderecho a la reposición de la prestación pordesempleo por el mismo número de días quehubieren percibido el desempleo total o par-cial durante la suspensión con un límitemáximo de 180 días, siempre que:

Las resoluciones administrativas o judicialesque autoricen las suspensiones o reduccionesde jornada se hayan producido entre el 1.10.2008 y 31.12.2011.

El despido o resolución administrativa o ju-dicial de extinción se produzca entre el 18 dejunio de 2010 y 31.12.2012.

b)El segundo aspecto, es la modificación delrégimen jurídico de la Modificación sustan-cial de las condiciones de trabajo (MSCT),contemplado en el art. 41 del ET.

Es uno de los objetivos de la reforma, peroque desde mi punto de vista no ha quedadobien resuelto. Veamos, de momento, los cam-bios operados:

En primer lugardestacar que ahora el períodode consultas deja de ser de mínimos parapasar a ser de máximos. De esta forma, nopodrá ser superior a 15 días. Es importantesubrayar que si concluye con acuerdo se pre-sumirá que concurren las causas justificati-vas y solo podrá ser impugnado por dolo,fraude, coaccióno abuso de derecho. Sin per-juicio, eso está claro, de las acciones indivi-duales que puedan ejercitarse.

Se incluye la distribución del tiempo de tra-bajo junto con el horario entre las materiassujetas al procedimiento.

En caso de inexistencia de representantes delos trabajadores, esa si que es una novedadimportante especialmente para los sindica-tos, se establecen dos posibilidades represen-tativas a elección de éstos. O bien designar aunos representantes (3) de entre los propiostrabajadores, que estarán legitimados a todoslos efectos para alcanzar los acuerdos quecorrespondan, o bien hacerse representar poruna comisión de igual número de miembros,designados, según su representatividad, porlos sindicatos más representativos y repre-sentativos del sector al que pertenezca laempresa y que estuvieran legitimados paraformar parte de la comisión negociadora delconvenio colectivo de aplicación a la misma.

Debe emitirse por parte del empresario unacomunicación a los trabajadores afectadospor la decisión empresarial con antelación de30 días a la fecha de efectos, en caso de queel período de consultas concluya sin acuerdo.

Una aparente novedad es el tratamiento quese hace de los supuestos en que la modifica-ción se refiera a condiciones de trabajo esta-




blecidas en convenios colectivos reguladosen el Titulo III del TRET (de sector o empre-sariales). Ésta se podrá efectuar en todomomento por acuerdo y mediando períodode consultas y podrá versar sobre las siguien-tes materias: Horario y distribución del tiem-po de trabajo, régimen de turnos, sistema deremuneración, sistemas de trabajo y rendi-miento y funciones.

Acordada la modificación debe darse trasla-do a la Comisión Paritaria del ConvenioSectorial.

En caso de discrepancia se acudirá a los pro-cedimientos extrajudiciales de solución deconflictos

Lo cierto es que la modificación no resuelvelo fundamental, que es ¿Qué sucede si no hayacuerdo para adaptar los cambios necesa-rios? Las salidas que se indican desde lalegalidad, vinculadas a los sistemas extraju-diciales de solución de conflictos, con unavelada orientación al arbitraje obligatorio, noson de recibo y plantean más problemas einconvenientes que soluciones prácticas.

Pensemos simplemente en la posibilidad deque un convenio colectivo impusiese la obli-gación de un arbitraje a las partes en conflic-to o legitimase a una de ellas a promover unarbitraje sin acuerdo con la contraria. ¿Cómose escogería el árbitro si una de ellas no estu-viera interesada en someterse? ¿Cómo sefijaría la fórmula de la controversia? ¿Cuálesserían los efectos de la insumisión?

c) El tercer aspecto, es menor porque menoresson las modificaciones operadas. Me refieroa la movilidad geográfica. Simplemente con-vendrá recordar los siguientes aspectos:

Que la reforma se refiere especialmente altraslado colectivo, que para su operatividaddeberá ir precedido de un periodo de consul-tas no superior (antes no inferior) a 15 días

que podrá ser sustituido por la aplicación deun procedimiento de mediación o arbitraje.

En los supuestos en los que no exista repre-sentación legal de los trabajadores los meca-nismos de representación opcional son losmismos que he puesto de manifiesto al anali-zar la modificación sustancial de las condi-ciones de trabajo.

Y recordar por último que Los procedimien-tos en tramitación a la entrada en vigor de laLey, se regirán por la norma vigente en elmomento de su inicio.

d)El cuarto aspecto a comentar y que ha susci-tado mucho debate es el abono directo porparte del FOGASA (Fondo de GarantíaSalarial), con carácter temporal, de indemni-zaciones por extinción de contratos indefini-dos posteriores a la entrada en vigor de lanorma (dt. 3ª de la l/35).

El FOGASA, (habrá que recordar que senutre exclusivamente con aportacionesempresariales) abonará 8 días de salario poraño de servicio como parte de la indemniza-ción de contratos de carácter indefinido(ordinarios o de fomento del empleo) cele-brados a partir del 18.06.2010, cuando seextingan por causas de despido objetivo(art.52 TRET) y despido colectivo (art.51TRET)o del art. 64 de Ley Concursal.

Las condiciones exigidas, a la espera deregulación reglamentaria posterior, son lassiguientes:

Contrato de al menos un año de duración (losde duración inferior la indemnización la debeabonar íntegramente el empresario) y consta-tar el salario diario que sirvió para el cálculoen la comunicación escrita.

No obstante esta nueva regulación, el abonodel 40% de la indemnización legal en empre-sas de menos de 25 trabajadores, en caso de




contratos indefinidos anteriores a 18.06.2010se regirá por el art. 33.8 ET.

Digo que esta medida es temporal, de hechosi computamos plazos su eficacia se limita aunos pocos meses, ya que a partir del 1 deenero de 2012 deberá empezar a funcionarotro invento de la Reforma que es el denomi-nado Fondo de Capitalización, que responde(no exactamente en mi opinión) según se hadicho, al llamado modelo austríaco. No obs-tante, modelo austríaco y modelo español nopueden ser homogéneos. En primer lugar porla enorme diferencia de población activa queexiste entre los dos países yen segundo lugar,porque Austria es un país con una tasa dedesempleo tradicionalmente muy baja, cosatotalmente contraria a lo que ocurre desgra-ciadamente en España.

La previsión que se contempla, por decirlobrevemente, es quea través del mismo el tra-bajador acumula una cantidad de dinerosatisfecha directamente por el empresarioque puede utilizar para supuestos de despido,movilidad geográfica, actividades de forma-ción o jubilación.

D) Y veamos finalmente el cuarto elemento dela Reforma que se centra en la racionalizacióno “normalización” de los agentes que intervie-nen en la intermediación laboral o favorecen lacontratación, dando entrada a los agencias pri-vadas de colocación para que de forma autóno-ma o mediante convenio, colaboren con los ser-vicios públicos de empleo, así como liberali-zando las actuaciones de las Empresas deTrabajo Temporal en determinadas actividadeshasta la fecha legalmente prohibidas.

Sobre las agencias de colocación, decir que lasprincipales modificaciones se operan sobre laLey de Empleo (Ley 56/2003), pero que tienenrepercusiones en otras disposiciones generales

como son el propio ET, la Ley General de laSeguridad Social o la Ley de Infracciones ySanciones en el Orden Social (Art. 16.2 y 3 delET, Art. 231. 1 de la LGSS y Art. 16 de laLISOS)

De forma muy esquemática, se puede señalarque en este ámbito, lo primero que se modificaes el propio concepto de intermediación y quea continuación sigue esa nueva posibilidad delos agentes privados de participar en mayormedida en una parte de las políticas de empleo.

• Veamos las modificaciones más importantesvinculadas a las agencias de colocación:

Se amplía la definición de la intermediaciónlaboral, reconociendo también como tal laactividad destinada a la recolocación de lostrabajadores excedentarios, cuando hubierasido acordada en planes sociales o programasde recolocación (art. 20 de la LE).

Se observa un cierto recelo del legislador a laparticipación de los agentes privados, ya queinsiste una y otra vez en que la intermedia-ción tiene el carácter de servicio público, conindependencia del agente que la realice.

Se da nueva definición y regulación de lasagencias de colocación, legalizándose tam-bién las que tengan ánimo de lucro (art. 21bis LE).

Para poder actuar como tales agencias sehace necesaria la obtención de una autoriza-ción del Servicio Público de Empleo (SPE) yse contemplan posibles infracciones y san-ciones en caso de ejercicio sin su obtención.

Tal autorización podrá ser solicitada por per-sona física o jurídica y las actuaciones que selleven a cabo podrán ser de forma autónomapero en coordinación con los SPE o median-te colaboración, siendo única y con validezpara todo el territorio español.




Como obligaciones genéricas (además de lasque se dicten reglamentariamente), las Agen-cias deberán:· Suministrar a los SPE la información que sedetermine por vía reglamentaria.

· Respetar la intimidad y dignidad de los tra-bajadores y cumplir con las normas deProtección de datos (PD).

· Elaborar y ejecutar planes específicos parala colocación de colectivos con dificultadesde acceso al mercado de trabajo.

· Disponer de sistemas electrónicos compati-bles y complementarios con los de los SPE.

· Cumplir con la normativa vigente en mate-ria laboral y SS.

· Cumplir con las normas de accesibilidaduniversal de las personas con discapacidady velar por la correcta relación entre carac-terísticas de los puestos ofertados y el perfilacadémico y profesional requerido.

• Por lo que a las modificaciones operadas enel régimen jurídico y de funcionamiento delas Empresas de Trabajo temporal (ETT) ypor tanto en la Ley 14/1994 se puede señalarlo siguiente:

Se ofrece una garantía para los trabajadorescedidos de aplicación de iguales condicionesesenciales como si hubieran sido contrata-dosdirectamente por la empresa usuaria.

Se define el contenido de lo que debe enten-derse por condiciones esenciales: Remune-ración, jornada, horas extras, periodos dedescanso, trabajo nocturno, vacaciones ydías festivos.

Por lo que respecta a la remuneración, estaserá la del Convenio Colectivo (CC) aplica-ble a la usuaria. Comprende las percepcionesfijas y variables del puesto de trabajo y debeincluir la parte proporcional al descanso se-manal, las pagas extras, los festivos y lasvacaciones.

Es responsabilidad de la usuaria la cuantifi-cación de las percepciones finales del traba-jador.

Se reconoce el derecho de los trabajadorescedidos a que se les apliquen las mismas dis-posiciones que los de la usuaria en materiade protección de las mujeres embarazadas yen periodo de lactancia y de los menores, asícomo la igualdad de trato. Igualmente enmateria de comedor, guardería y otros servi-cios comunes

Cuando el contrato de haya concertado portiempo determinado el trabajador tendráderecho a percibir una indemnización econó-mica a la finalización del Contrato de Puestaa Disposición (CPD) equivalente a la parteproporcional que resultaría de abonar12 díasde salario por año trabajado. Esta indemniza-ción puede ser prorrateada a lo largo de lavigencia del contrato.

Como compendio de las obligaciones de laempresa usuaria, se pueden señalar lassiguientes: · Responsabilidad subsidiaria (o solidaria ensu caso) de las obligaciones salariales y deS. Social así como de la indemnización eco-nómica derivada de la extinción del contra-to de trabajo.

· Reglamentariamente se establecerá la docu-mentación que la ETT, debe suministrar a lausuaria.

· Información a los trabajadores cedidos delas vacantes que se produzcan en la empre-sa.

· Una cuestión importante a destacar y quesupone una liberalización para la actividadde las ETT es la supresión de las limitacio-nes o prohibiciones que hasta la fecha esta-ban vigentes en toda una serie de sectoresque la propia Ley recoge. Desde esta pers-pectiva y a partir de 01.04.2011, incluida laestablecida en la L. 30/2007, de contratosdel sector público, desaparecen tales prohi-biciones, salvo que la negociación colectivasectorial, antes de 31 de marzo de 2011,incidida en ellas, por razones basadas en elinterés general sobre protección de los tra-bajadores, garantía del buen funcionamien-to del mercado y evitación de abusos.




· Por otra parte se adapta la Ley de Infra-cciones y Sanciones en el Orden Social a lanueva situación y se mantienen las prohibi-ciones de la DA. 2ª de la LETT, por ser ocu-paciones de especial peligrosidad para lasalud de los trabajadores.

Y en fin, señoras y señores, eso era cuanto teníaque exponer. Espero haber cumplido bien yfielmente el encargo encomendado, les agra-dezco muchísimo su atención y quedo a su dis-posición para que en el coloquio podamos




ANEXO I

1. Previsión de incentivos para facilitar el acceso a un puesto de trabajo.

1.1 Contratación indefinida inicial

CONTRATO A INCENTIVAR Incentivo (anual) Duración (años)

• Jóvenes desempleados con problemas para encontrar trabajo (RD383/2008, RD 1917/2008, 800 3RD 1975/2008, LPGE 2009 y RDL 2/2009 y Art. 10 Ley 35/2010)

- Mujeres 1.000 3

• Desempleados maduros larga duración (Art. 10 Ley 35/2010) 1.200 3

- Mujeres 1.400 3

• Trabajadores discapacitados (Art. 2.2 Ley 43/2006)

- Generales 4.500

- Mayores 45 (agravados ) 5.700

- Mujeres (agravadas) 5.350

- Discapacidad severa (superagravados) 5.100 Toda la vigencia

- Mayores 45 (superagravados) 6.300

- Mujeres (superagravadas) 5.950

- Discapacitados en Centros Especiales de Empleo 100 %

- Discapacitados reincorporados tras IP(Art. 2.3 RD 1451/1983) 50 % 2

- Víctimas de violencia de género o doméstica 1.500 4

- Desempleados en situación exclusión social (Art. 2.5 Ley 43/2006) 600 4

debatir sobre las mil y una dudas que la Re-forma Laboral nos ha dejado sobre el tapete.

Notas

1Artículo basado en la ponencia desarrollada en la Jornadaorganizada por el Colegio de Economistas sobrela necesidadde la Reforma Laboral en12 de noviembre de 2010.

2 Se acompaña como Anexo I un cuadro explicativo de las boni-ficaciones a la contratación.




2. Previsión de incentivos para el mantenimiento del empleo

2.1 Transformación de contratos de duración determinada

COLECTIVO O CONTRATO QUE SE INCENTIVA Incentivo (anual) Duración (años)

• Transformación de contratos temporales: formativos, relevo y sustitución por jubilación anticipada (Art. 10.3 Ley 35/2010) 500 3

- Mujeres 700 3

• Transformación contratos temporales con mujeres reincorporadas al mercado de trabajo tras parto o adopción (Art. 4.2 Ley 43/2006) 1.200 4

• Transformación contratos formativos o de fomento de empleo de trabajadores discapacitados (Art. 2.2.1 Ley 43/2006)

- General 4.500

- Mayores de 45 años (agravados) 5.700


- Discapacidad severa (superagravados) 5.100 Toda la vigencia

- Mayores de 45 años (superagravados) 6.300


- Discapacitados en Centros Especiales de Empleo 100%

2.2 Conciliación de la vida laboral y familiar


• Trabajadores con contrato en suspensión por riesgo durante Durante la embarazo o lactancia natural, por maternidad o paternidad suspensión(Disposición adicional II Ley 12/2001) 100% contrato

• Contratos indefinidos de trabajadoras suspendidas por maternidad o excedencia de cuidados de hijos que se reincorporen al mercado de trabajo los dos años siguientes al inicio del permiso (Art. 4.2 Ley 43/2006) 1.200 4 años

• Cambio de puesto de trabajo por razón de riesgo durante el embarazo o durante lactancia natural Vigencia (Disposición adicional V Ley 26/2009) 50% del cambio




2.3 Trabajadores maduros


• Contratos indefinidos con trabajadores de 59 años o más con una antigüedad en la empresa de al menos 4años (Disposición adicional IV Ley 26/2009). 40% 1

• Contratos indefinidos de trabajadores de 60 años o más que Incremento Vigenciaacrediten, por lo menos, 5 años de antigüedad en la progresivo del contratoempresa (Art. 4.1 Ley 43/2006) desde el 50%

• Trabajadores de 65 años o más que acrediten 35 años Vigencia o más cotizados (Art. 112 bis y disposición del contrato adicional XXXIII LGSS) 100%

2.4 Trabajadores afectados por ERE temporal


• Trabajadores en situación de suspensión del contrato o reducción temporal de jornada de trabajo autorizada por ERE (Art. 1 Ley 27/2009. Actualización apartado 2 bis 50% al 80% Desempleo yañadido por la Ley 35/2010 permite aumento bonificación <240 días hasta 80%. Art. 1.4 Ley 27/2009)




3. Incentivación excepcional de la contratación temporal


• Victimas de violencia de género o doméstica Vigencia(Art. 2.4 Ley 43/2006) 600 del contrato

• Desempleados en situación de exclusión social Vigencia(Art. 2.5 Ley 43/2006) 500 del contrato

• Trabajadores discapacitados con contrato de fomento de empleo de personas con discapacidad (Art. Art. 2.2.4 VigenciaLey 43/2006) 3.500 del contrato

- General 3.500

- Mayores de 45 años (agravados) 4.100


- Mujeres y mayores de 45 años (agravados) 4.700 Toda la Vigencia

- Discapacidad severa (superagravados) 4.100 del contrato

- Mayores de 45 años (superagravados) 4.700


- Mujeres y mayores de 45 años (superagravados) 5.300

• Trabajadores discapacitados con contrato de prácticas (Disposición adicional II.1 ET. Solo cuota empresarial Vigenciapor contingencias comunes) 50% del contrato

- Concertado por Centro Especial de Empleo. 100% Vigencia del contrato

• Trabajadores discapacitados con contratos para laformación (Disposición adicional II.3 ET. Disposición Vigenciatransitoria IX de Ley 35/2010 50% del contrato

- Concertado por un Centro Especial de Empleo Vigencia (Art.2.3 Ley43/2006) 100% del contrato

• Mayores 52 años beneficiarios de subsidios por desempleo (Art. 228 LGSS y disposición transitoria 3.3 Ley 45/2002. 50% 12 meses

• Contrato para la formación (Art. 11 Ley 35/2010. 100%Cot. Sociales Vigencia empresa y trabajadores del contrato

• Contratos de interinidad

- Sustitución, mediante desempleados de trabajadores durante la suspensión de contrato por riesgo en embarazo, Vigencia lactancia, paternidad o maternidad (Art. 1 RD-Ley 1998.) 100% del contrato

- Suspensión de trabajadores durante suspensión de 95% 1º año contrato por excedencia por cuidado de hijo o familiar 60% 2º año (Disp. Adicional XIV ET.) 50% 3º año




- Sustitución de trabajadores víctimas de violencia de genero durante suspensión de contrato o cambio de centro Vigenciade trabajo (Art. 21.3 Ley Orgánica 1/2004). 100% del contrato

- Sustitución de trabajador discapacitado en situaciónde IT por otro trabajador discapacitado Vigencia(Disp. Adicional IX Ley 45/2002) 100% del contrato

• Contrato en prácticas con personal investigador en Vigencia formación (Disp. Adicional II R.D 63/2006) 30% del contrato

Los servicios de empleo: cuáles son, quiéneslos reciben y cómoinfluyen sobre la colocaciónAlfonso Alba RamírezUniversidad Carlos III de Madrid

Este artículo es un resumen de un infor-me elaborado dentro del proyecto Pano-rama Laboral, financiado conjuntamentepor la Comunidad de Madrid y el FondoSocial Europeo. Las opiniones vertidasaquí no coincidan necesariamente conlas de la Comunidad de Madrid.Agradezco al Servicio Regional deEmpleo y al Observatorio Regional deEmpleo de la Consejería de Empleo,Mujer e Inmigración de la Comunidadde Madrid las facilidades para acceder alos datos utilizados.

Introducción

En este artículo se presentan los resultados deun estudio empírico sobre los servicios deempleo. Se responde a las siguientes preguntas:Qué servicios de empleo se ofrecen, quiénesparticipan en los servicios de empleo y quéefectos tienen sobre la colocación de los de-

mandantes de empleo que se encuentran para-dos.

Para responder a estas preguntas se han utiliza-do datos proporcionados por la Consejería deEmpleo, Mujer e Inmigración de la Comunidadde Madrid. Se han cruzado tres fuentes: 1)demandas de empleo registradas, 2) serviciosrecibidos por los demandantes de empleo y 3)contratos de trabajo registrados. Más concreta-mente, el estudio se basa en las demandas y losservicios de empleo que se inician a lo largo de2006 y en los contratos de trabajo que se ini-cian en el periodo 2006-2008. Elegimos lasdemandas que se inician a lo largo de 2006 porvarias razones. En primer lugar, porque paraeste año disponemos de información completapara todo el año a partir de los ficheros estadís-ticos mensuales con la nueva descripción deregistro SISPE, vigente a partir de mayo de2005. En segundo lugar, porque es un año sufi-cientemente alejado del comienzo de la crisiseconómica, finales de 2007.

Para responde a la primera pregunta planteadase caracterizan los servicios de empleo recibi-dos por los demandantes de empleo. Ademásde las tasas de participación, interesa fijarse encuándo se inician dentro de su periodo dedemanda de empleo y qué duración tienen. Elsiguiente asunto que se trata se refiere a quié-nes son los demandantes que participan, segúngénero, edad y nivel educativo. Para profundi-zar en la respuesta a esta pregunta se estimanmodelos logit que permiten obtener la probabi-lidad de participar en la formación según unaserie de características personales de losdemandantes y de circunstancias asociadas a sudemanda de empleo.

La motivación principal de estas dos primerassecciones del trabajo es caracterizar la tipologíade servicios prestados a los demandantes de


Los servicios de empleo: cuáles son, quiénes los reciben y cómo influyen sobre la colocación

Alfonso Alba Ramírez


empleo y conocer a los demandantes de empleoque reciben tales servicios. Este conocimientoes útil para la planificación y gestión de laspolíticas de empleo. Hay que tener en cuentaque el demandante de empleo puede optar porparticipar en los servicios de empleo por inicia-tiva propia o ser invitado por el servicio públi-co de empleo a participar bajo la promesa deque mejorarán sus expectativas de empleo.Parece lógico suponer que habitualmente ladecisión de participar es el resultado de la vo-luntad del demandante y de las indicacionesdadas por el servicio de empleo de forma más omenos directa. Aunque no disponemos de in-formación sobre los mecanismos que llevan ala participación, si esperamos entender mejorlos procesos de asignación de servicios compa-rando a los demandantes que participan con losque no participan.

La tercera pregunta que se trata de responder eneste estudio es cómo influye la participación enlos servicio de empleo sobre su colocación.Responder a esta pregunta requiere un uso ex-tremadamente cuidadoso de los datos disponi-bles. La complejidad de la relación entre la par-ticipación de los demandantes de empleo enpolíticas activas y la colocación exige un plan-teamiento claro y preciso sobre cómo se mideel impacto de las primeras sobre la segunda. Enesta investigación también se considera el tipode contrato a través el cual el demandante seinserta en el empleo. Es decir, se profundiza enla posible influencia de la participación en ser-vicios de empleo sobre la colocación analizan-do las características de dicha colocación entérminos de la presumible estabilidad delempleo conseguido.

Finalmente, para profundizar en la relación en-tre los servicios de empleo y la colocación serealiza una discusión sobre la relevancia de lasecuencia en la que los demandantes de empleohan participado en los servicios. Esto es impor-

tante porque a veces el usuario transita por ser-vicios de tutoría o atención personalizada antesde ser derivado a servicios de formación. Sólose apuntan algunas cuestiones interesantes parainvestigar el posible efecto diferencial sobre lacolocación de varias secuencias de servicios.

A través de los resultados de este estudio espe-ramos arrojar luz, aunque sea escasa, sobre laimportancia de la coordinación entre la ofertade servicios de empleo y la intermediaciónlaboral. Por un lado, la estimación de la proba-bilidad de participar en los servicios de empleopermite sugerir qué demandantes deben serobjeto de atención preferente pues sus mayoresnecesidades de ayuda para la colocación noestán siendo satisfechas. Si no se están otorgan-do los servicios de empleo adecuados será másdifícil proporcionarles la mejor intermediaciónposible. Dicho de otra manera, los servicios deempleo y, en particular la formación, son unacondición necesaria pero no suficiente para quelos esfuerzos de colocación se vean debida-mente recompensados.

Por otro lado, una aproximación a la estima-ción de los efectos de los diferentes serviciosde empleo sobre la colocación nos permiteconocer qué servicios responden mejor al obje-tivo de acelerar la salida del paro. En ningúnmomento se plantea en este trabajo la realiza-ción de un análisis coste-beneficio. Es decir, nose trata de comparar los beneficios de un servi-cio de empleo en particular con los costes quela realización de dicho servicio conlleva. Sólose trata de saber si el recibir algún servicio deempleo o uno en particular, tiene un efectodiferencial positivo sobre la colocación deldemandante de empleo. Dada la sencillez de lametodología utilizada, la respuesta que seobtiene en este trabajo es meramente indicati-va.




I. El Marco institucional y conceptual

Uno de los grandes objetivos de la política deempleo es mejorar la inserción en el mercadode trabajo. Para ello se apela a la eficacia de losservicios de empleo y a la integración de laspolíticas activas y pasivas, afianzando la pro-tección frente al paro y fortaleciendo los meca-nismos para acelerar la vuelta a un empleo decalidad. Uno de los servicios de empleo que seinspiran en esta directriz es el diseño de un iti-nerario de inserción laboral a partir de un com-promiso de actividad, con una tutoría indivi-dualizada y con la incorporación a programasde empleo y/o formación (Real Decreto 735 de8 de mayo de 1995 y Orden del Ministerio deTrabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de1998, entre otras normas). Esta misma metodo-logía inspira la reciente reforma de las políticasactivas (Real Decreto-ley 3/2011, de 18 defebrero, de medidas urgentes para la mejora dela empleabilidad y la reforma de las políticasactivas de empleo).

La tutoría individualizada consiste en la asigna-ción al demandante de empleo de un tutor deempleo que, durante todo el desarrollo del pro-grama le prestará una atención individualizadaasesorándole, acordando y realizando el segui-miento, y/o actualización, al menos mensual-mente, de su itinerario de inserción laboral,proponiendo y evaluando las acciones de mejo-ra de la colocación e informando, en su caso, delos incumplimientos de las obligaciones contra-ídas. A partir de la admisión al programa y enel plazo máximo de quince días se establece elitinerario de inserción laboral. Éste consta delos siguientes elementos: a) La entrevista pro-fesional, mediante la cual el tutor de empleocompletará y actualizará la información profe-sional sobre el demandante de empleo que yafigura en los servicios públicos de empleo yque resulte necesaria para definir con exactitudsu perfil profesional; b) la elaboración de un

plan personal de inserción laboral, en funciónde las características personales, profesionalesy formativas detectadas en la entrevista.

Asimismo, el tutor de empleo promoverá laselección del demandante de empleo en losprocesos de gestión de las ofertas de colocaciónde los servicios públicos de empleo cuando superfil profesional cumpla con los requisitosplanteados por el ofertante. Finalmente, si en elplazo de los cuarenta y cinco días siguientes ala admisión en el programa el trabajador no seha reincorporado a un trabajo, los serviciospúblicos de empleo, en función de sus disponi-bilidades y atendiendo al itinerario que se hayadeterminado como más adecuado para su inser-ción laboral gestionarán, con prioridad sobreotros colectivos, la incorporación del deman-dante en alguno de los siguientes planes o pro-gramas:

a) Programas de formación para proporcionaral trabajador las cualificaciones requeridaspor el sistema productivo y conseguir suinserción laboral cuando carezca de forma-ción profesional específica o su cualifica-ción resulte insuficiente o inadecuada.

b) Programa de talleres de empleo, para laadquisición de la formación profesional y lapráctica laboral necesaria que facilite lareincorporación al mercado de trabajo.

c) Planes de empleo para la contratación dedesempleados en la realización de obras yservicios de interés general y social, paraproporcionar al desempleado la adquisiciónde práctica profesional adecuada.

d) Otras actuaciones que incrementen las posi-bilidades de inserción laboral, tales comolas acciones de apoyo a la búsqueda deempleo y las de información y asesoramien-to al autoempleo.




Como queda expuesto en los párrafos anterio-res, la atención al demandante de empleo paraacelerar su obtención de un puesto de trabajoestá claramente estructurada desde el punto devista legislativo. Menos evidente es cómo secoordinan y se integran las diferentes accionesque están llamadas a concurrir en el demandan-te de empleo. La clave para una asignación ade-cuada de servicios de empleo está en la infor-mación que maneja el gestor de cada caso. Porotro lado, se presume que aquél posee ciertomargen de discrecionalidad para decidir quéservicios son los que mejor pueden ayudar aldemandante a colocarse. En este sentido esimportante distinguir entre servicios más o me-nos intensivos y servicios de formación. Puestoque los servicios de formación son los queabsorben mayores recursos, el gestor debe pon-derar con cuidado la necesidad de enviar aldemandante de empleo a un curso de forma-ción.

No solamente existe una amplia tipología deservicios que varían en complejidad y coste.Dentro de cada tipo de servicio, su intensidades un factor correlacionado con su coste y cabeesperar también con su beneficio. En el caso dela formación los cursos más largos son tambiénlos más caros. Esto implica que, dada la restric-ción presupuestaria, el gasto en políticas acti-vas debe optimizarse reduciendo el número departicipantes en los diversos servicios confor-me aumenta su coste. Ello requiere que el ges-tor de los servicios conozca bien las necesida-des relativas de los demandantes y la capacidadde éstos para aprovechar los recursos que seponen a su disposición.

II. ¿Cuáles son los servicios de em-pleo, cuándo se reciben y cuántoduran?El Cuadro 1 presenta la clasificación de los ser-vicios de empleo recibidos por los demandan-tes de empleo que inician un alta en 2006 en la




Comunidad de Madrid por género. La primeracolumna contiene una agrupación de serviciossegún rasgos que nos permiten aglutinarlos.Esta agrupación será utilizada en el resto delestudio. La segunda columna del Cuadro 1 con-tiene el código utilizado por el Servicio Públicode Empleo Estatal (SPEE) y la tercera columnacontiene la descripción del servicio. Se ha ele-gido el año 2006 por las razones indicadas en laintroducción. Además, se han seleccionado lasdemandas de empleo con alta a lo largo de 2006porque interesa que nos fijemos en el tiempoque transcurre entre el alta de la demanda y elinicio del servicio.

Más específicamente, el criterio seguido paraelaborar el Cuadro 1 es el siguiente. Se hanseleccionado todas las demandas de empleoque se han dado de alta a lo largo de 2006. Sehan buscado los servicios recibidos por estosdemandantes tales que la fecha de inicio delservicio está comprendida dentro de 2006.Cuando el individuo ha recibido más de un ser-vicio se elige el último, dando prioridad a laformación. Es decir, si un demandante recibe

formación y otro servicio posterior a lo largodel periodo de alta de la demanda se seleccionael servicio de formación. Entendemos quepuede haber una secuencia de servicios deempleo que acaban en un curso de formación.

Como pone de manifiesto el Cuadro 1, la for-mación, la atención personalizada y la tutoríaindividual son los servicios con más peso rela-tivo. En este sentido hay que aclarar que, debi-do a la metodología seguida, la existencia de unservicio diferente al de formación implica queno ha habido formación a lo largo de la deman-da de empleo seleccionada en 2006 para esedemandante. Como se ha explicado en el párra-fo anterior, este hecho se debe a la forma en quese han seleccionado los servicios de cadademandante a lo largo de su demanda de em-pleo con alta en 2006.

El Gráfico 1 contiene la tasa de permanencia enel paro antes de la fecha de inicio del serviciode empleo iniciado en 2006. Es decir, este grá-fico permite apreciar el tiempo transcurridoentre el día en que se inicia el alta de la deman-




da y el día en que se inicia el servicio. Este datoes muy importante porque indica, entre otrascosas, la posible demora en el inicio del servi-cio. En parte por su propia naturaleza, la aten-ción personalizada parece el servicio más tem-prano. Nótese que la agrupación de servicios seha hecho por similitud: tutoría (del código 100al 130), atención personalizada (140 a 220),formación (310-340) y fomento y otros progra-mas (410 a 930). En adelante seguiremos estaagrupación. Los valores en meses se obtienenpor redondeo al entero más próximo al dividirpor 30 los días resultantes de restar las fechasde inicio del servicio y de alta de la demanda deempleo.

¿Cuánto tiempo permanece el demandantecomprometido con el servicio? Esto es relevan-te para su posible aceptación de una oferta detrabajo. Como se puede apreciar en el Gráfico2, la inmensa mayoría de los servicios de tuto-ría y de atención personalizada se inician yfinalizan en el primer mes desde el alta de la

demanda. Sin embargo, como es lógico, el ser-vicio de formación se extiende durante muchomás tiempo. Esto significa que el demandanteque participa en la formación sufre lo quepodríamos llamar el “efecto cerrojo”. Esto es,durante el tiempo que realiza la formación noestá disponible para trabajar, lo que no impideque el alumno no pueda abandonar la forma-ción para aceptar un puesto de trabajo.

Para entender mejor el dato anterior convienefijarse en cuántas horas se dedican a los dife-rentes servicios. Según los datos que se utilizanen este estudio, la duración media de la forma-ción está en torno a 337 horas para los hombresy 296 horas para las mujeres. El tiempo mediodedicado a los servicios de atención personali-zada es de una hora. El número medio de horasdedicado a la tutoría, considerablemente máselevado entre las mujeres que entre los hom-bres: 7,7 horas frente a 4 horas, respectivamen-te.




III. ¿Cuál es la tasa de incidencia delos servicios de empleo y quiénes par-ticipan?

¿Cuál es la tasa de incidencia de los serviciosde empleo sobre el conjunto de individuos queinscriben su demanda a lo largo de 2006 en laComunidad de Madrid? En torno al 16 % de loshombres y el 17 % de las mujeres que iniciaronsu demanda de empleo en 2006 recibieron almenos un servicio de empleo en su primeraocurrencia de alta como demandante en dichoaño. Conviene aclarar en este punto que algu-nos servicios no se han tenido en cuenta por serobvios, tal es el caso del llamado “actualizacióncurricular o reclasificación”.

La formación la reciben el 7,5 % tanto entre loshombres como entre las mujeres. El segundoservicio en importancia por su incidencia es laatención personalizada, en torno al 5 % entrelos hombres y de un 4,5 % entre las mujeres.Finalmente se encuentra la tutoría que presentauna incidencia mayor entre las mujeres queentre los hombres, 4 % frente al 2,5 %, respec-tivamente. Cuando se tiene en cuenta la edad serevela un hecho claro: entre los demandantesde empleo de 55 años o más la incidencia de laformación es extremadamente reducida.Cuando se tiene en cuenta el nivel educativo, seidentifican colectivos de demandantes que par-ticipan relativamente menos en los servicios deempleo tales como los que tienen más edad ymenos estudios. Destaca la elevada incidenciade los servicios de empleo, especialmente laformación, entre los hombres con estudios deformación profesional, tanto de nivel mediocomo superior. También es elevada la inciden-cia de los servicios de empleo entre los hom-bres y las mujeres con edades comprendidasentre 20 y 29 años que han completado un nivelde estudios de diplomatura o de licenciatura.

Finalmente, hemos realizado un análisis multi-variante a través de un modelo logit. Los resul-tados se presentan en el Cuadro 2 (páginasiguiente). La variable explicada tomar el valor1 si el individuo participa en algún servicio deempleo a lo largo del alta de su demanda deempleo en 2006 y cero en otro caso. En lugarde presentar los coeficientes de las variablesexplicativas se presentan los llamados “oddsratios” o ratios de probabilidad. En el modelologit, el “odds ratio” de un coeficiente de unavariable mide cómo dicha variable influyesobre el riesgo de que ocurra la opción queestudiamos (recibir un servicio de empleo)relativo al riesgo de que ocurra la alternativa dereferencia (no recibir servicio de empleo). Unvalor mayor que la unidad del ratio de probabi-lidad implica que aumenta el indicado riegorelativo, un valor menor que la unidad implicaque disminuye dicho riesgo relativo.

Los resultados contenidos en el Cuadro 2 (pági-na siguiente) confirman las pautas observadasanteriormente y, además, permiten avanzar enla consideración de otras variables que sonrelevantes para explicar la probabilidad de par-ticipar en los servicios de empleo. Disponemosasí de los rasgos más destacados del demandan-te de empleo con mayor probabilidad de parti-cipar en las políticas de empleo.

Entre los hombres, la nacionalidad españolasupone un diferencial en la probabilidad muysignificativo. Entre las mujeres, la nacionalidades menos determinante de la participación enservicios de empleo. La edad no está asociada ala probabilidad de participar en los servicios deempleo de igual manera entre hombres queentre mujeres. Si bien tanto hombres comomujeres de más edad participan mucho menos,los hombres más jóvenes participan relativa-mente más que las mujeres más jóvenes, encomparación con los grupos de mediana edad







en cada uno de los géneros. En cuanto al niveleducativo, la diferencia más destacada entrehombres y mujeres se refiere a la posesión deun nivel de estudio de diplomatura, pues obtie-ne un signo positivo para los hombres y negati-vo para las mujeres, en comparación con unnivel de estudios de bachillerato.

En las regresiones también se incluyen unaserie de variables que han resultado muy signi-ficativas y con el mismo signo para hombres ypara mujeres. El demandante de empleo tieneuna mayor probabilidad de participar en losservicios de empleo si se dan las siguientes cir-cunstancias: se clasifica como parado, recibe

prestación por desempleo o pertenece a lo queel servicio público de empleo estatal llama un“colectivo especial”1.

Por otro lado, las dos variables “segunda alta dedemanda” y “tercera alta o más” se refieren aque la demanda que estamos considerando parael individuo en cuestión no es la primera que hatenido en 2006 sino el orden que indica lasvariables mencionadas. Sólo en algunos casosla demanda no es la primera entre los indivi-duos que tienen más de un alta en 2006. Sonaquellos que no tuvieron ningún servicio en laprimera o sucesivas altas pero sí lo tuvieron enun orden superior. Sólo en este caso hemosoptado por seleccionar el alta que sí lleva aso-ciado un servicio de empleo. Aunque estavariable es muy significativa debido a la formaen que se ha seleccionado la muestra, se inclu-ye porque el criterio de selección es necesariapara estudiar los efectos de los servicios deempleo sobre la colocación.

Finalmente, la regresión cuyos resultados sepresentan en el Cuadro 2 contiene otras varia-bles explicativas que no se presentan en dichocuadro. Son variables ficticias referidas a laUnidad Administrativa de Gestión (UAG) quepodemos asimilar a las oficinas de empleo ex-tendidas por toda la geografía de la Comunidadde Madrid. Se han incluido estas variables por-que se considera que en parte reflejan las cir-cunstancias asociadas con la zona geográficade residencia del demandante de empleo y queello puede influir sobre la participación en ser-vicios de empleo.

IV ¿Cómo influyen los servicios deempleo sobre la colocación y sobre eltipo de contrato?

Los estudios microeconómicos sobre el impac-to de las políticas activas sobre la salida del

paro en España son escasos. Cabe citar los dostrabajos siguientes, de menos a más recientes:

1. “Efectos de las políticas de formación adesempleados”, de F. Javier Mato Díaz yBegoña Cueto Iglesias, en Revista deEconomía Aplicada, nº 46, vol. 26, 2008,págs. 61-83. Este artículo utiliza una mues-tra pequeña de individuos que han recibidoformación a través de un programa deempleo de ámbito regional. Obtiene resulta-dos positivos sobre la posible influencia dela formación sobre la obtención de unempleo.

2. “Do training programmes get the unemplo-yed back to work?: A look at the Spanishexperience”, de Alfonso Arellano, Revistade Economía Aplicada Número 53 (vol.XVIII), 2010, págs. 39 a 65. Este estudioutiliza datos proporcionados por el INEM yobtiene resultados en el mismo sentido queel estudio anterior.

Otros estudios que no utilizan datos microeco-nómicos pero que se refieren a las políticasactivas en España son los siguientes:

a) “Do Active Labour Market Policies Matterin Spain?”, de M.A. Davia C. García-Serrano, V. Hernanz, M.A. Malo y L.Toharia. Publicado en J. De Koning y H.Mosley (editores): Labour market policyand unemployment, Edward Elgar, 2001,págs. 137-160.

b) ¿Sirve la formación para el empleo?, de A.Lope Peña, P. López Roldán y C. LozaresColina (coords.), Consejo Económico ySocial, Madrid, 2000.

c) “Políticas de mercado de trabajo en Españay en Europa”, de F. Sáez, Papeles deEconomía Española, nº 72, 1997, págs.309-325.




La escasez de estudios sobre las políticas acti-vas en España implica que disponemos de esca-sos resultados empíricos sobre la relación entrelos servicios de empleo y la probabilidad decolocación.

Para analizar la influencia de los servicios deempleo sobre la colocación nos centramos en elsubconjunto de demandantes de empleo que seencuentran parados. La clasificación de losdemandantes de empleo como tales se reflejaen el registro de la demanda en virtud de loscriterios aplicados por el servicio público deempleo. La colocación la definimos como laobtención de un contrato en los primeros 12meses desde que se da de alta la demanda, si elindividuo no recibe ningún servicio; o desde elfinal del servicio, en caso de recibirlo.

El Cuadro 3, contiene la diferencia en las tasasde colocación según se haya participado en ser-vicios de empleo o no. Se obtiene un diferen-cial de casi cinco puntos porcentuales a favorde los demandantes que recibieron servicios deempleo. Cuando consideramos las tasas decolocación según el tipo de servicio recibido se

obtiene que las acciones de fomento y otrosprogramas están asociados con las tasas decolocación más elevadas, seguidas por lasacciones de formación.

Puesto que la calidad de la colocación es tam-bién relevante, el Cuadro 3 contiene tambiénlas tasas de colocación según el tipo de contra-to conseguido. De nuevo destacan los serviciosde fomento y de formación por llevar asociadasmayores tasas de colocación a través de un con-trato indefinido que el resto de servicios o queel hecho de no haber recibido ningún servicio.Ni la tutoría ni la atención personalizada pare-cen favorecer el empleo estable en compara-ción con no haber recibido ningún servicio deempleo.

Aunque estos resultados descriptivos son inte-resantes, necesitamos realizar un análisis multi-variante sencillo. Para ello estimamos unmodelo logit donde la variable explicada tomael valor uno si el demandante encuentra trabajoal año de terminar el servicio si ha recibidoalgún servicio o al año del alta de la demandasi no ha recibido ninguno. En la primera colum-




na del Cuadro 4 se presenta el ratio de probabi-lidad. Efectivamente, el Cuadro 4 muestra quea excepción del servicio de tutoría, los demásservicios de empleo tienen un efecto diferencialpositivo sobre la colocación frente al hecho deno haber recibido ningún servicio.

El orden de importancia de la influencia de losservicios sobre la colocación es el ya comenta-do: fomento, formación y atención personaliza-

da. Un resultado muy claro es que las mujeresparecen beneficiarse en mayor medida de laspolíticas activas que los hombres. Según elCuadro 4, la influencia de los servicios de em-pleo y en particular de la formación es mayorsobre la colocación de las mujeres que sobre lacolocación de los hombres. La diferencia en laprobabilidad de un impacto positivo entre losgéneros es muy elevada. El ratio de probabili-dad asociado al coeficiente de la variable que




refleja haber recibido formación es 1,04 entrelos hombres y 1,27 entre las mujeres. Esto sig-nifica que la probabilidad de colocaciónhabiendo recibido formación en relación a laprobabilidad de colocación sin haberla recibidoes 1,04 veces superior entre los hombres y 1,27veces superior entre las mujeres. Así, pues, laformación contribuye en mayor medida a lacolocación entre las mujeres que a la coloca-ción entre los hombres.

La diferencia en los ratios de probabilidad entrehombres y mujeres también es elevada en cuan-to a la influencia de los servicios de fomento yotros programas relacionados. Esto se debe enparte al hecho de que las mujeres son conside-radas en muchos casos como un colectivo des-favorecido para el que existen medidas defomento del empleo especialmente diseñadaspara ayudar a su inserción laboral.

La influencia de otras variables, además de losservicios de empleo, tales como la edad, elnivel educativo, etc. no presentan ninguna sor-presa. Recibir prestación, el orden de la deman-da y pertenecer a un colectivo especial sonvariables muy significativas explicando la pro-babilidad de colocación de los demandantes deempleo al cabo de un año del registro de sudemanda si no reciben servicios y al cabo de unaño de finalizar el servicio si lo han recibido.

En las regresiones también se han incluidovariables ficticias referidas a la unidad admi-nistrativa de gestión, concepto asimilable a lasoficinas de empleo distribuidas por el territoriode la Comunidad de Madrid. Es importante quetengamos en cuenta esta variable porque reco-ge en parte las dificultades de colocación aso-ciadas con el área territorial en la que residepresumiblemente el demandante de empleo.

La siguiente pregunta que nos formulamos eneste artículo es si los servicios de empleo influ-yen sobre el tipo de contrato conseguido por eldemandante parado. Nos interesa dilucidar silos servicios de empleo aumentan la probabili-dad de obtener un contrato indefinido o perma-nente. Para ello hemos estimado un modelomultinomial logit donde se contemplan las dosposibles vías de colocación: el contrato indefi-nido y el contrato temporal. El Cuadro 5 contie-ne los resultados para el conjunto de hombres ymujeres. También se han estimado regresionespara hombres y para mujeres, por separado,pero no se presentan los resultados aunque sí secomentan en el texto.

La primera columna de cada cuadro contiene elllamando “relative risks ratio” en el programaestadístico Stata. Aquí lo traducimos comoratio de riesgo relativo. En el modelo logit mul-tinomial, manteniendo el resto de variablesexplicativas constantes y variando en una uni-dad la variable explicativa, el ratio de riesgorelativo asociado a esta variable indica el factorde cambio esperado en el riesgo relativo de unacierta alternativa o categoría en comparacióncon la alternativa o categoría de referencia. Ennuestro caso las tres alternativas son, obtenerun contrato indefinido, obtener un contratotemporal y no obtener un contrato. Ésta últimaes la alternativa o categoría de referencia en elmodelo logit multinomial.

Efectivamente, los programas de fomento y losprogramas de formación no sólo influyen posi-tivamente sobre la obtención de un contratotemporal sino que también favorecen una colo-cación más duradera. Por su parte, la tutoríatiene un efecto negativo sobre la obtención deun contrato indefinido para el conjunto de hom-bres y mujeres.




Según los resultados del Cuadro 5 (páginasiguiente), el ratio de riego relativo de obtenerun contrato indefinido relativo a no obtenerlopor parte de un demandante que ha seguido uncurso de formación frente a un demandante queno lo ha seguido se espera que aumente en unfactor de 1,11, siempre que las otras variablesdel modelo se mantengan constantes. El factorde aumento correspondiente para un contratotemporal es 1,17.

Si comparamos los resultados contenidos en losCuadros 4 y 5, de nuevo los beneficios parecenser más elevados para las mujeres que para loshombres. Tanto entre hombres como entre mu-jeres, la atención personalizada influye positi-vamente sobre la obtención de un contrato tem-poral pero no de un contrato indefinido. Entrelos hombres, los servicios de fomento tienen unimpacto positivo muy elevado sólo sobre laprobabilidad de obtener un contrato indefinido.Por su parte la influencia de estos servicios enel caso de las mujeres es positiva para ambostipos de contratos.

V. ¿Es relevante la secuencia de servi-cios para la colocación ?

Como se ha explicado en las secciones anterio-res, cuando el demandante de empleo recibevarios servicios a lo largo del tiempo que man-tiene la demanda en alta hemos optado porseleccionar el último servicio recibido sólocuando no hay un servicio de formación ante-rior. Cuando éste es el caso, siempre elegimosel servicio de formación y analizamos la colo-cación a partir del momento en que finalizadicha formación. Esto implica que si nos fija-mos sólo en el servicio de formación estamosignorando que el mismo ha podido estar prece-dido o propiciado por una tutoría o por unaatención personalizada. En esta sección vamos

a considerar la relevancia de la secuencia deservicios que puede desembocar en formación.

Efectivamente, tal como se ha explicado en laprimera sección de este estudio, si en un ciertoplazo después de la admisión en un programade tutoría el trabajador no se ha reincorporadoa un trabajo, los servicios públicos de empleo,en función de sus disponibilidades y atendien-do al itinerario que se haya determinado comomás adecuado para su inserción laboral gestio-narán, con carácter prioritario sobre otroscolectivos, la incorporación del demandante enprogramas de formación. El objetivo es propor-cionar al trabajador las cualificaciones requeri-das por el sistema productivo y conseguir suinserción laboral cuando carezca de formaciónprofesional específica o su cualificación resulteinsuficiente o inadecuada.

Cuando se realiza el cruce entre el serviciorecibido en primer lugar y el servicio que lesigue en los casos en los que los demandantesreciben dos servicios de empleo se compruebaque en muchos casos el segundo servicio es unarepetición del primero, cuando no es así elsegundo servicio es, en la mayoría de los casos,un servicio de formación. Concretamente, latutoría y la atención personalizada preceden unbuen número de servicios de formación.Relativamente, esta secuencia es más frecuenteen el caso en que el primer servicio es de aten-ción personalizada que en el caso en que es detutoría.

Asimismo, también se observan situaciones enlas que un primer servicio de formación esseguido por un servicio de tutoría o atenciónpersonalizada. Frente a continuar con otros ser-vicios, lo más frecuente es que una acción for-mativa sea seguida de otra acción formativa.




Hemos identificado las tres pautas de secuen-cias de servicios que pueden considerarse comovariables explicativas adicionales de la proba-bilidad de colocación: 1) De una acción de tu-toría a otra de formación; 2) de una acción deatención personalizada a otra de formación; 3)de una acción formativa a otra acción formati-va.

Debido a que este artículo rebasa ya el límiteestablecido no se presentan los cuadros conte-niendo las estimaciones. Sin embargo, sí co-mentamos los resultados. La secuencia de ser-vicios que parte de una tutoría o atención per-sonalizada y finaliza en un curso de formaciónes muy significativa a la hora de explicar lacolocación. Hay que aclarar que las ocho varia-bles ficticias construidas en relación con laspolíticas activas son mutuamente excluyentes.Esto nos permite comparar los ratios de proba-bilidad. Hemos notado que los valores paradichos ratios de probabilidad tienden a ser máselevados para las variables que recogen lasecuencia de servicios que derivan al deman-dante hacia la formación, incluso cuando talsecuencia consiste en dos acciones de forma-ción seguidas, que cuando es la formacióncomo único o primer servicio.

También hemos investigado la influencia dife-rencial de las secuencias de servicios sobre eltipo de contrato. También en cuanto al tipo decontrato obtenido por los demandantes deempleo que han participado en servicios deempleo la secuencia de los mismos es muy sig-nificativa para explicar la colocación a travésde un contrato indefinido, salvo en el caso de lasecuencia iniciada con una tutoría. Hemos no-tado de nuevo cómo la mayoría de las variablesque recogen una secuencia hasta la formaciónobtienen ratios de riesgo relativo más elevadosque el obtenido por la variable que recoge laformación sin secuencia previa.

A la luz de estos resultados podemos afirmarque la influencia positiva de la formación sobrela colocación se acentúa cuando la acción for-mativa está precedida de un servicio de orienta-ción. Podemos interpretar este resultado comola consecuencia lógica del diseño de un itinera-rio de inserción hacia el empleo. El objetivo delitinerario es acelerar el proceso de inserción y,de alguna manera, optimizar el uso de losrecursos disponibles para las políticas activasdel mercado de trabajo.

Resumen y conclusiones

Este estudio ha intentado responder a tres pre-guntas relevantes, ahora más que nunca porqueen un contexto de crecientes restricciones pre-supuestarias se plantea la eficacia de gasto enpolíticas activas. Las preguntas son las siguien-tes: 1) ¿Qué servicios de empleo reciben losdemandantes de empleo, cuándo los reciben ycuánto duran?; 2) ¿Cuál es la tasa de incidenciade los servicios de empleo sobre los demandan-tes de empleo, quiénes son los demandantesque participan en los servicios y qué los dife-rencia del resto de demandantes?; y 3) ¿Cómoinfluyen los servicios de empleo sobre la colo-cación y, en particular, sobre el tipo de contra-to obtenido por los demandantes de empleoparados, teniendo también en cuenta la secuen-cia en que se reciben los servicios?

A través de una selección cuidadosa de losdemandantes que inician el alta de su demandaa lo largo de 2006 y de los servicios que reci-ben a partir del alta de la demanda de empleohemos sido capaces de ofrecer respuestas preli-minares a estas preguntas. Una ventaja de losdatos utilizados es que son la población y nouna muestra de la misma. Esto otorga mayorcredibilidad a los resultados obtenidos en estetrabajo.




Modestamente hemos contribuido a llenar elvacío en la investigación sobre los servicios deempleo y sus efectos sobre la colocación. Elresultado es un paso modesto en la evaluaciónde las acciones de empleo y, en particular, de lamás costosa de todas ellas, la formación. Laparticipación en cursos de formación, al menosen el ámbito de la Comunidad de Madrid, tieneun efecto positivo y muy significativo sobre laobtención de un contrato y, más concretamente,sobre la obtención de un contrato indefinido.Este efecto se refuerza cuando la formación vaprecedida de servicios de orientación, presumi-blemente porque de esta manera se está reali-zando una mejor asignación de los recursos for-mativos.

Aunque la tutoría aislada no parece tener unefecto positivo, sino más bien negativo en algu-nos casos, cuando dicha tutoría desemboca enuna acción formativa, las consecuencias para lacolocación son claramente favorables.Asimismo, nuestros resultados sugieren la ne-cesidad de profundizar en los servicios de aten-ción personalizada, pues a pesar de su cortaduración y escaso coste, parecen tener un efec-to muy positivo sobre la colocación. Sería inte-resante analizar las diferencias entre los servi-cios de tutoría y de atención personalizada paraentender mejor el porqué de la disparidad sobresus efectos sobre la colocación.

Lógicamente, de estos resultados podemosextraer importantes lecciones para la política deempleo en España y en la Comunidad deMadrid en particular. Queda pendiente sin em-bargo la realización de un estudio sobre la com-paración del coste y el beneficio de los servi-cios de empleo. Este ejercicio es más necesariosi cabe en un entorno de fuertes restriccionespresupuestarias como el que se configura parala economía española en los próximos años.




Notas

1 En este colectivo se incluyen a los demandantes que reúnenuna o varias de las siguientes características: estudiante,demandante con perfil comunitario, prejubilado, pensionistapor jubilación, pensionista por invalidez, solicitante benefi-ciario de subsidio agrario, demandante que exporta la presta-ción, demandante emigrante con voluntad de regreso, autó-nomo, demandante de otros servicios, demandante solicitan-te de exportación de la prestación que solicita intermedia-ción, demandantes extracomunitarios con condiciones espe-cíficas para el acceso al empleo, demandante de serviciosprevios al empleo, solicitante/beneficiario de renta agraria,trabajador/perceptor a tiempo parcial, demandante en situa-ción de exclusión social.

Bibliografía

· Alfonso Arellano, “Do training programmes get the unem-ployed back to work?: A look at the Spanish experience”,Revista de Economía Aplicada Número, nº 53, vol. 18, 2010,págs. 39-65.

· M.A. Davia C. García-Serrano, V. Hernanz, M.A. Malo y L.Toharia “Do Active Labour Market Policies Matter inSpain?”, en J. De Koning y H. Mosley (editores): Labourmarket policy and unemployment, Edward Elgar, 2001, págs.137-160.

· F. Javier Mato Díaz y Begoña Cueto Iglesias, “Efectos de laspolíticas de formación a desempleados”, Revista deEconomía Aplicada, nº 46, vol. 26, 2008, págs. 61-83.

· A. Lope Peña, P. López Roldán y C. Lozares Colina(coords.), ¿Sirve la formación para el empleo?, ConsejoEconómico y Social, Madrid, 2000.

· Felipe Sáez, “Políticas de mercado de trabajo en España y enEuropa”, Papeles de Economía Española, nº 72, 1997, págs.309-325.

Cualificación, emparejamiento ocupacional y versatilidad profesional (*)Maite BlázquezAinhoa Herrarte (*)Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: En este artículo se analiza elempleo y el emparejamiento ocupacio-nal de los individuos que buscan unempleo desde la perspectiva de sus obje-tivos específicos de búsqueda. A partirde datos individuales de demandas deempleo y contratos procedentes de regis-tros administrativos de la Comunidad deMadrid durante el periodo 2005-2010, seexaminan las características personalesy laborales que favorecen el ajuste ocu-pacional, entendiéndose que éste se pro-duce cuando existe coincidencia exactaentre la ocupación demandada y la ocu-pación en el contrato. Complementaria-mente, el no emparejamiento permite a-nalizar el grado de versatilidad profesio-nal entre las distintas ocupaciones, ob-servándose que en ocasiones el no ajus-te implica mejoras ocupacionales, mien-tras que en otros casos se produce undesaprovechamiento de capital humano.

PALABRAS CLAVE: cualificación, empareja-miento ocupacional, ajuste ocupacional, versa-tilidad profesional

1. Introducción

Son muchos los aspectos a tener en cuenta a lahora de determinar el éxito laboral de las perso-nas que buscan un empleo. En ocasiones seanaliza la probabilidad de encontrar un empleocomo medida del mismo. Sin embargo, aunqueeste aspecto es muy importante, también lo sonlas características de dicho empleo. Referente aestas últimas, resulta de especial interés el gra-do en el que estas características se ajustan enmayor o menor medida al objetivo de búsquedapor parte de los demandantes de empleo. Unbuen ajuste en este sentido conlleva efectospositivos tanto a nivel individual como agrega-do. Así, un mercado laboral con una elevadatasa de emparejamiento entre ofertas y deman-das registrará menores tasas de paro, menoresperiodos de duración en el desempleo, menorrotación laboral, menor riesgo de sobre-educa-ción, así como menor riesgo de falta de cober-tura en determinadas ocupaciones (ver Elliot,1991). La calidad de la gestión de la interme-diación entre oferentes y demandantes ejerceigualmente un efecto considerable sobre lainserción laboral de los jóvenes, como pone demanifiesto la literatura disponible en diferentespaíses fuera de España (Ryan, 2001) y enEspaña (Blázquez, 2005 y Herrarte y Sáez,2007, Mato y Cueto, 2008).

A partir de los datos de los registros administra-tivos de las Oficinas de Empleo, el presente tra-bajo estudia el ajuste entre oferta y demanda detrabajo, medido éste a través de las tasas deempleo y del emparejamiento entre la ocupa-


Cualificación, emparejamiento ocupacional y versatilidad profesional

Maite Blázquez · Ainhoa Herrarte


ción demandada por el trabajador y la ocupa-ción en el puesto de trabajo para aquellos indi-viduos que acceden a un contrato laboral. Porotro lado, y cuando no se produce un empareja-miento ocupacional exacto, examinamos elgrado de versatilidad de los distintos perfilesprofesionales, especialmente entre ocupacio-nes. Este análisis de la versatilidad puede resul-tar útil en la tarea de intermediación llevada acabo por los Servicios Regionales de Empleode las distintas comunidades autónomas, espe-cialmente a la hora de establecer la programa-ción de la tipología de servicios dirigidos adichos demandantes, y que tienen como princi-pal objetivo mejorar sus probabilidades deempleo.

La base de datos utilizada supone una contribu-ción significativa a la literatura dirigida a estu-diar el ajuste entre oferta y demanda de trabajo,ya que permite comparar directamente lascaracterísticas de la ocupación demandada porel trabajador y la ocupación que desarrolla en elpuesto de trabajo. Trabajos anteriores (ver porejemplo Alba, 1993; Dolado et.al., 2000; Albay Blázquez, 2004, para el caso español), hancentrado su atención en la relación entre loslogros educativos del trabajador y los requisitoseducativos del puesto de trabajo a la hora deanalizar el ajuste laboral. Sin embargo, aunquela formación constituye un buen punto de refe-rencia, la disponibilidad de información sobreocupaciones permite realizar un análisis muchomás completo y riguroso. Así, la base de datosutilizada permite por un lado relacionar el nivelde estudios de los demandantes de empleo conel tipo de ocupaciones demandadas por los mis-mos. Y por otro lado analizar el grado de ajus-te entre dichas ocupaciones y las que finalmen-te acaban desempeñando para aquellos indivi-duos que acceden a un contrato laboral.

2. El Servicio Regional de Empleo:Registros de demandas y contratos

Las Oficinas de Empleo constituyen una de lasvías de búsqueda de empleo por parte de losindividuos. Los datos utilizados para el presen-te trabajo han sido proporcionados por elServicio Regional de Empleo de la Comunidadde Madrid, y comprenden el periodo 2005-2010. Por un lado, los datos de los registros dedemandas de empleo que incluyen informaciónsobre las características de los demandantes, yentre ellas la “ocupación demandada”1, Y porotro lado, los registros de los contratos labora-les.

Dentro del registro de demandas, los indivi-duos se clasifican según estén en una situaciónadministrativa de “alta”, “baja” o “suspensióntemporal”. Las altas pueden generarse por va-rios motivos: por inscripciones que se registranpor primera vez a iniciativa de los trabajadores;por inscripciones derivadas de la colocación ycomo paso previo al registro del contrato labo-ral presentado por el empleador; por reactiva-ción de una demanda ya inscrita que se encon-traba en baja; o por traslado de un servicio deempleo a otro. Las bajas son los cambios desituación de una demanda de empleo por habertenido el demandante una colocación, o bienpor no haber hecho la renovación de la deman-da en la fecha fijada. Por último, las suspensio-nes temporales de la demanda se producen porrazones administrativas internas a la oficina.

Para el objeto del presente trabajo se ha selec-cionado una muestra de demandantes deempleo en base a los siguientes criterios. Enprimer lugar, del fichero de demandantes sehan considerado solo las situaciones adminis-trativas de “alta” o “baja”2. En segundo lugar ydebido al gran tamaño de la base de datos ori-ginal que contiene el universo de demandantes




de empleo a lo largo del periodo 2005-2010 seha seleccionado, en el caso de individuos queaparezcan con varias situaciones administrati-vas (varias demandas de empleo), únicamentela última de ellas. Adicionalmente, para aque-llos individuos cuya última situación adminis-trativa es de “baja”, se procede al cruce deinformación con los registros de contratos. Denuevo, y como consecuencia del elevado tama-ño de dichos registros, se ha optado por selec-cionar el último contrato observado para cadaindividuo. La muestra final analizada está for-mada por 1.142 miles de demandantes deempleo, de los que 578 mil han tenido una bajapor colocación, pudiendo estudiarse en estecaso el emparejamiento ocupacional.

3. Emparejamiento ocupacional y ver-satilidadSe entiende que existe “emparejamiento ocu-pacional” cuando la ocupación demandada porel individuo al inscribirse como demandante deempleo coincide con la ocupación observada enel contrato registrado para dicho individuo3.Dicho emparejamiento puede calcularse condiferente nivel de desagregación dependiendodel detalle considerado en la codificación de lasocupaciones. Los registros administrativos delos servicios públicos de empleo, permiten cal-cular el emparejamiento ocupacional hasta cua-tro dígitos de la Clasificación Nacional deOcupaciones (CNO-94), si bien, en el presentetrabajo utilizaremos un nivel de desagregaciónde dos dígitos.

Respecto al emparejamiento ocupacional espreciso matizar algunos aspectos. En primerlugar, el emparejamiento está condicionado aque el individuo haya accedido a un empleo.Adicionalmente, existen diferencias importan-tes en el perfil de las ocupaciones demandadaspor unos y otros individuos, motivadas funda-

mentalmente por su diferente capital humano.Mientras que los trabajadores más formadosdemandan mayoritariamente puestos en ocupa-ciones con alto grado de cualificación, comoCientíficos o como Técnicos, los individuosque sólo poseen estudios obligatorios deman-dan preferentemente empleos en ocupacionescomo Trabajadores no cualificados, como Ar-tesanos o también como Vendedores y trabaja-dores de servicios. Por su parte, el colectivo depoblación con estudios medios demanda funda-mentalmente puestos como Administrativos,seguidos por empleos como Vendedores y tra-bajadores de servicios y también como Téc-nicos (Cuadro 1, ver pág. siguiente).

A estas diferencias hay que añadir que lasvacantes que se producen en el mercado de tra-bajo se distribuyen de manera desigual entre lasdistintas ocupaciones, dando lugar a que lacobertura de determinadas ocupaciones seamayor. En el Cuadro 1 se observa que las ocu-paciones más demandadas son las incluidas enel grupo de Trabajadores no cualificados,mientras que la ocupación en la que se produ-cen más vacantes y consecuentemente máscontratos es la de Vendedores y trabajadores deservicios. Los Trabajadores no cualificados se-rían la segunda ocupación en número de con-tratos mientras que los Vendedores y trabajado-res de servicios son la segunda ocupación másdemandada.

En la última columna de dicho cuadro se hacalculado una tasa de cobertura, definida comoel porcentaje de contratos que se producen enuna determinada ocupación respecto del totalde demandas existentes para esa misma ocupa-ción. La mayor tasa de cobertura se da en lasocupaciones de Vendedores y trabajadores deservicios, registrándose una cobertura del64,6% de las demandas, seguida por los Ad-ministrativos y los Técnicos. Por el contrario,los valores más bajos se observan entre los




Artesanos y trabajadores cualificados de in-dustria y construcción, los Directivos y losTrabajadores cualificados en agricultura.

Como señalábamos, la existencia de un buenajuste entre las características de los trabajado-res y las de los puestos de trabajo constituye unelemento importante para determinar el éxitolaboral de las personas que buscan empleo.Procedemos, por tanto, a analizar el empareja-miento ocupacional, calculando un indicadorque se ha denominado Tasa de EmparejamientoOcupacional (TM). Dicha tasa mide el porcen-taje de individuos para los que se ha observadoun emparejamiento ocupacional entre la ocupa-ción demandada y la ocupación en el contratoconsiderando dos dígitos de la CNO-94, res-pecto del total de demandas que han tenido uncontrato. Dado que dicho emparejamiento sólo

puede observarse cuando ha habido un contra-to, resulta necesario considerar además la tasade empleo (TE), definida ésta como el porcen-taje de demandas que han tenido una bajaadministrativa por colocación.

En primer lugar se realiza un análisis descripti-vo de la tasa de empleo y la tasa de empareja-miento según las características personales delos individuos y del puesto de trabajo, ponien-do especial énfasis en las diferencias según elcapital humano acumulado de los demandan-tes. En segundo lugar, interesa conocer si elemparejamiento ocupacional es más o menosintenso en determinadas ocupaciones. Final-mente, para aquellos casos en los que no se pro-duce un emparejamiento ocupacional, se anali-zará la versatilidad profesional implícita de lasdistintas ocupaciones.




Cuadro 1. Demandas, Contratos y Tasa de cobertura según grandes grupos ocupacionales

Primarios: Incluye hasta primera etapa de E.S.O.Secundarios: Incluye segunda etapa de E.S.O, formación profesional grado medio y otra formación e inserción laboralTerciarios: Incluye formación profesional grado superior y estudios universitarios Nota: No incluidas Fuerzas ArmadasFuente: Elaboración propia, Registros Administrativos del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Los resultados de la tasa de empleo y la tasa deemparejamiento se presentan en el Cuadro 2.En términos generales la tasa de empleo es del53,1%, siendo ésta más elevada entre la pobla-ción con estudios terciarios y estudios secunda-rios. Por su parte, la tasa de emparejamiento

ocupacional resulta, en general, baja pues supo-

ne un 28,4% en el conjunto de la muestra. El no

emparejamiento, por su parte, nos permitirá

examinar la versatilidad profesional entre ocu-

paciones con niveles de cualificación similares.




Cuadro 2. Tasa de empleo y tasa de emparejamiento ocupacional según características personales y del último contrato (En Porcentaje)

TE: Tasa de empleo (% de demandas que han tenido una baja por colocación)TM: Tasa de emparejamiento ocupacional (% de demandas que han tenido un emparejamiento ocupacional exacto respecto totaldemandas que han tenido un empleo) (1) Incluye Prácticas, Discapacitados y Otros(2) El tamaño de la empresa sólo se conoce para el 67,2% de la muestra. Los datos de la tabla están referidos a dichos casos.

Desde el punto de vista del nivel formativo, seobserva que el emparejamiento es más elevadoentre la población menos formada (30,2% entrelos demandantes con estudios primarios), sien-do los individuos con estudios medios los queregistran menores tasas (25%), lo que suponeque se trata del colectivo de trabajadores conuna mayor versatilidad profesional.

Las mujeres registran tanto mayores tasas deempleo (54,8%) como de emparejamiento ocu-pacional (29,5%). Este comportamiento serepite también al diferenciar por niveles de es-tudios, si bien en términos de empleo las dife-rencias a favor de las mujeres son más acusadascuando se atiende al colectivo de poblaciónmás formada, mientras que las diferencias res-pecto al emparejamiento se minimizan.

Se observa además una clara relación inversaentre edad y empleo, aspecto que puede gene-ralizarse a todos los niveles de estudios. Res-pecto al emparejamiento ocupacional el efectode la edad es justo el contrario. Esta relaciónpositiva viene determinada en gran medida porla mayor experiencia laboral de los individuosadultos, los cuales definen con mayor precisiónsus demandas de empleo consiguiendo así unmayor emparejamiento.

Respecto a la experiencia en la ocupación de-mandada se observa que aquellos individuossin experiencia previa presentan mayores tasasde empleo, resultado que podría explicarse porla mayor flexibilidad de este colectivo a la horade aceptar un empleo. Sin embargo, para todoslos niveles educativos el emparejamiento ocu-pacional aumenta con la experiencia en la ocu-pación.

Atendiendo a las características del puesto detrabajo, las cifras sugieren una relación inversa

entre rotación laboral y emparejamiento ocupa-cional, efecto que se repite al diferenciar porniveles educativos, aunque en el caso de lapoblación con estudios terciarios las diferen-cias son mínimas.

Respecto al tipo de contrato se aprecian meno-res tasas de emparejamiento entre aquellos quehan accedido a un contrato fijo (27,8%) queentre los que se ocupan con un contrato tempo-ral (29,2%). Esta diferencia parece indicar que,ante la posibilidad de poder acceder a un con-trato de carácter fijo, los demandantes deempleo estarían dispuestos a emplearse en ocu-paciones que no necesariamente coinciden consu preferencia respecto a la ocupación en elpuesto de trabajo. En el mismo sentido actúa lavariable tamaño de la empresa pues el empare-jamiento resulta inferior cuando el contrato seha producido en una empresa grande.

Resulta importante conocer también cuáles sonlas ocupaciones en las que se produce un mayorajuste ocupacional. Dado que el emparejamien-to sólo puede observarse cuando se ha produci-do un contrato, el Cuadro 3 presenta una tasa deemparejamiento ocupacional absoluta o corre-gida (TMA), que es el resultado de multiplicarla tasa de empleo por la tasa de emparejamien-to. Esta tasa equivale al porcentaje de deman-das que han tenido un emparejamiento exactorespecto del total de demandas existentes paraesa ocupación, permitiendo corregir el hechode que hay ocupaciones que registran mayorestasas de empleo.

Esta tasa muestra que los mejores resultados entérminos conjuntos de empleo y emparejamien-to ocupacional se alcanzan entre los Vende-dores y trabajadores de servicios, cuya tasa deemparejamiento absoluta resulta superior al24% (un 60% más que la media). En una




segunda posición se encuentran los Científicos,cuya tasa se aproxima al 18%. Por el contrario,los valores más bajos se registran entre los

Trabajadores cualificados en agricultura ypesca y los Directivos, con cifras del 6,2% y8,5% respectivamente.




Cuadro 3. Tasa de empleo, Tasa de emparejamiento ocupacional y Tasa de emparejamiento ocupacional absoluta según ocupación demandada (En porcentaje)

TE: Tasa de empleo (% de demandas que han tenido una baja por colocación)TM: Tasa de emparejamiento ocupacional (% de demandas que han tenido un emparejamiento ocupacional exacto respecto totaldemandas que han tenido un empleo) TMA=TE*TM. Tasa de emparejamiento ocupacional absoluta (% de demandas que han tenido un emparejamiento ocupacional exac-to respecto total demandas) Fuente: Elaboración propia, Registros Administrativos del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

La siguiente cuestión relevante es conocer elgrado de versatilidad de las diferentes ocupa-ciones cuando no se produce un emparejamien-to ocupacional exacto, pues ello no tiene porqué implicar un mal emparejamiento o un des-ajuste entre vacantes y oferentes de empleo,sino que, dependiendo del capital humano delos trabajadores, los demandantes pueden estarcualificados para desempeñar ocupacionesalternativas. Para ello en el Cuadro 4 se presen-tan varios indicadores. La primera columnarecoge una Tasa de emparejamiento ocupacio-nal ampliada, que considera conjuntamente elemparejamiento ocupacional en sentido estric-

to (dos dígitos) más aquellos casos en los queno habiéndose producido un emparejamientoexacto, sí se ha producido dicho emparejamien-to dentro del gran grupo ocupacional (un dígi-to). La segunda columna mide la Tasa de noemparejamientos, es decir, el porcentaje de in-dividuos para los que no se ha producido ni unemparejamiento exacto ni ampliado. La distri-bución de esta segunda tasa es la que nos per-mite analizar el grado de versatilidad de lasocupaciones. El panel derecho del Cuadro 4muestra la distribución de la tasa según las ocu-paciones en el contrato.

La mayor tasa de emparejamiento ocupacionalampliada (casi del 55%) se da en los Ven-dedores y trabajadores de servicios. Para losque demandaron esta ocupación y no consi-guieron emparejamiento exacto ni ampliado seobserva que casi la mitad de ellos se dirigenhacia ocupaciones del grupo de Administra-tivos (14,4%) y del grupo de Técnicos (6,7%).En estos casos resulta claro que el no empare-jamiento, lejos de ser algo negativo, pareceestar ligado a una mejora ocupacional. Sinembargo, un porcentaje también importante(17,4%) acaban desempeñando empleos NoCualificados, lo que podría calificarse de des-censo ocupacional. No obstante, hay que apun-tar que del 53,6% de demandantes que solicita-ron ocupaciones de empleos No Cualificados yque no consiguieron un emparejamiento ensentido amplio, casi un 23% acaban en emple-os como Vendedores y trabajadores de servi-cios. Por tanto, el flujo neto de demandantesentre estos dos grupos ocupacionales presenta

un pequeño sesgo a favor de aquellos quedemandaron ocupaciones del grupo de NoCualificados y acabaron empleados en algunaocupación del grupo de Vendedores y trabaja-dores de servicios.

Respecto a los Científicos, aunque sus resulta-dos son favorables en el sentido de que el noemparejamiento sólo afecta al 53% de losdemandantes, el no emparejamiento en estecaso resulta especialmente costoso en términossociales, pues el mayor capital humano –medi-do en años de estudio– se concentra precisa-mente en estas ocupaciones, elevando signifi-cativamente el coste de oportunidad derivadodel no emparejamiento. Así, del 53% mencio-nado anteriormente la mayoría se dirigen haciaocupaciones de Técnicos (18,8%) y Adminis-trativos (20,5%), suponiendo en este últimocaso un claro desaprovechamiento de capitalhumano.




Cuadro 4. Tasa de emparejamiento ocupacional, Tasa de emparejamiento a 1 dígitoy matriz de versatilidad profesional (En porcentaje)

Tasa de emparejamiento ampliada: % de individuos que consiguen un emparejamiento ocupacional a 2 o a 1 dígito.Tasa de no emparejamiento: % de individuos que no consiguen un emparejamiento ocupacional a 2 ni 1 dígito.(1) Años medios de estudio calculados a partir de microdatos de la Encuesta de Población Activa.

La ocupación con menor grado de empareja-miento son los Trabajadores cualificados enagricultura y pesca. La mayoría de las perso-nas que no encuentran empleo en dicha ocupa-ción acaban ocupándose como Trabajadores nocualificados (un 40,2%), si bien un 15,8% lohacen como Vendedores y trabajadores de ser-vicios y otro 15,3% como Artesanos y trabaja-dores cualificados de industria y construcción.Mientras que en el primer caso el desajusteparece claramente un aspecto negativo, no re-sulta tan obvio en los otros dos, donde el des-ajuste indicaría la existencia de versatilidadentre ocupaciones con perfiles similares en tér-minos de cualificación.

El segundo grupo de ocupaciones con menorgrado de emparejamiento son los Directivos.En este caso la distribución entre las ocupacio-nes resulta más homogénea, aunque la mayoríade los demandantes que no encuentran empleocomo Directivos, acaban ocupándose comoTécnicos (un 22%) o como Científicos (un21,4%), mientras que otro 19,3% lo hacencomo Administrativos.

Para los demandantes que solicitaron ocupacio-nes del grupo de Técnicos el desajuste alcanzael 65,7%. En estos casos la ocupación de desti-no mayoritaria es la de Administrativos (21,6%),aunque también hay un importante trasvasehacia ocupaciones clasificadas como Cientí-ficos (14,8%) que lejos de suponer un descensoocupacional podrían suponer una mejora.

Hay que mencionar también el hecho de quecasi un 5% y un 8% de los demandantes que noconsiguen un emparejamiento como Directivosy Técnicos respectivamente terminen empleán-dose como Trabajadores no cualificados, supo-niendo un claro descenso ocupacional.

Por último, cabe mencionar, que para los de-mandantes que solicitaron ocupaciones dentrode los grupos de Artesanos y Operadores y queno consiguieron un empleo ni en la misma ocu-pación ni dentro de la familia ocupacional, lasocupaciones mayoritarias de destino pertene-cen al grupo de No cualificadas.

4. Conclusiones

En este artículo hemos analizado algunos deter-minantes del éxito laboral de los individuos quebuscan empleo. Utilizando los datos de losregistros administrativos de la Comunidad deMadrid (registros de demandas y contratos),nos hemos centrado en las tasas de empleo y enlas tasas de emparejamiento ocupacional, asícomo en el grado de versatilidad de los distin-tos perfiles profesionales. Analizar estos tresfactores conjuntamente puede resultar útil en latarea de intermediación llevada a cabo por losServicios Regionales de Empleo de las distintasCCAA, especialmente a la hora de establecer laprogramación de la tipología de servicios diri-gidos a dichos demandantes.

Atendiendo al nivel de cualificación de losdemandantes de empleo los resultados mues-tran una clara relación positiva entre el nivel deestudios y las probabilidades de empleo. Sinembargo, las mayores tasas de emparejamientoocupacional se observan entre los individuosmenos formados.

Según la ocupación demandada, los mejoresresultados en términos conjuntos de empleo yemparejamiento ocupacional se alcanzan en lasincluidas dentro del grupo de Vendedores y tra-bajadores de servicios. Además, cuando anali-zamos la versatilidad de estas ocupaciones conlas de otros grupos ocupacionales, se observaque entre los demandantes que solicitaron unaocupación dentro de este grupo y que no consi-




guieron un ajuste ocupacional, casi la mitad seemplearon en ocupaciones de los grupos deTécnicos y Administrativos, lo que supone unaclara mejora ocupacional.

En segundo lugar se sitúan los demandantesque solicitaron ocupaciones del grupo de Cien-tíficos. Sin embargo, en este caso las principa-les ocupaciones de destino de aquellos deman-dantes que no consiguieron un ajuste, fueronlas de Técnicos y Administrativos, suponiendoespecialmente en este último caso un claro des-aprovechamiento de capital humano.

Por último, son las ocupaciones del grupo deTrabajadores cualificados en agricultura lasque registran los peores resultados en términosde empleo y emparejamiento ocupacional. Entérminos de versatilidad, encontramos que unporcentaje importante se dirige hacia ocupacio-nes del grupo de No Cualificados, lo que puedeir ligado a un descenso ocupacional, mientrasque otro porcentaje importante lo hace haciaocupaciones de los grupos de Vendedores y tra-bajadores de servicios y Artesanos.

Notas:

(*) Los autores agradecen los comentarios realizados por el pro-fesor Felipe Sáez así como la financiación recibida por laConsejería de Empleo, Mujer e Inmigración de laComunidad de Madrid (Proyecto Panorama Laboral).Cualquier error u omisión es responsabilidad de los autores.

1 El trabajador puede indicar en su solicitud más de una ocu-pación demandada, si bien consideramos que la especificadaen primer lugar es la que más se ajusta a su perfil de cualifi-cación.

2 Como se ha señalado, existe una tercera posibilidad, la deno-minada “demanda suspendida”, cuyo peso en conjunto sólorepresenta un 1% del total de demandas.

3 Se considera el último contrato registrado.




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Una evaluaciónmicroeconómica de las políticas activas destinadas afomentar el empleode carácter indefinidoen España1

Inmaculada CebriánGloria MorenoLuis TohariaDepartamento de Fundamentos de Economía e Historia EconómicaUniversidad de Alcalá

1. Introducción: evolución de los pro-gramas de fomento del empleo indefi-nido en España

El mercado de trabajo español tiene una seriede problemas endémicos entre los que destacael abundante número de contratos temporalesque se firman y que han dado lugar a quedurante más de dos décadas, en España sehayan registrado niveles de temporalidad quehan llegado a afectar a más de un tercio de lapoblación asalariada. Este problema ha sidotratado a lo largo de diversas reformas labora-les que han ido buscando la manera de contenereste tipo de contratación al tiempo que se logra-ba fomentar el empleo indefinido. Entre las

medidas que se tomaron en su día destacan lasque estuvieron encaminadas a recuperar elprincipio de causalidad de la contratación tem-poral que se había perdido en la reforma delEstatuto de los Trabajadores en el año 1984,mientras que se ponían en práctica fórmulasque desincentivaban el uso de la contratacióntemporal e incentivaban el uso de la contrata-ción indefinida. En este sentido destacan lareforma de 1997, los cambios legislativos de2001-2002 y sobre todo, la reforma del año2006. Estas reformas se sostenían sobre dospilares básicos. Por un lado, se establecía unsistema de bonificaciones a las cuotas de laseguridad social que permitía el abaratamientode los costes laborales para las empresas, y porotro lado, se introducía en el sistema una nuevamodalidad de contrato indefinido que conlleva-ba un coste de despido de 33 días por año tra-bajado con un máximo de 24 mensualidades,en lugar de los 45 días por año trabajado con unmáximo de 42 mensualidades.

La reforma aprobada en 1997fue la primera queverdaderamente introdujo medidas con la fina-lidad de aproximar los costes laborales, tantolos directos, como los de extinción de los con-tratos indefinidos y los temporales. El acuerdoalcanzado por los agentes sociales y el gobier-no pretendía limitar el uso de la contratacióntemporal de larga duración, incentivando el usode la contratación indefinida o la conversióndel contrato temporal en un contrato indefini-do. A tal fin, se plantearon dos grandes medi-das: en primer lugar, los agentes sociales pacta-ron la creación de una nueva modalidad de con-tratación indefinida, que se articuló con carác-ter transitorio hasta mayo de 2001, que conlle-vaba unos menores costes de extinción demodo que la indemnización en caso de despido


Una evaluación microeconómica de las políticas activas destinadas a fomentar el empleo de carácter indefinido en España

Inmaculada Cebrián · Gloria Moreno · Luis Toharia


improcedente quedaba establecida en 33 díasde salario por año trabajado con un máximo de24 mensualidades(Ley 63/1997). Por otra parte,el gobierno agregó al proceso unas ayudas eco-nómicas a la contratación indefinida en formade bonificaciones de las cotizaciones a laSeguridad Social (Ley 64/1997). En un princi-pio, estos dos programas iban dirigidos a losmismos colectivos de trabajadores. Estosincentivos económicos que rebajaban el costedel factor trabajo tenían de vigencia dos años,excepto en el caso de los desempleados mayo-res de 45 años para los cuales, el periodo boni-ficado coincidía con la vigencia del contrato.En la práctica, estas bonificaciones conseguíanigualar, en los casos generales, los costes labo-rales esperados de un trabajador temporal y deun indefinido que fuera despedido al cabo dedos años (Malo y Toharia, 1999).

En los años siguientes, se produjeron algunoscambios interesantes. En 2001, el nuevo con-trato de fomento del empleo indefinido se con-virtió en definitivo al darse vigencia permanen-te a la norma reguladora(Disposición AdicionalPrimera, Ley 12/2001), al tiempo que se produ-cía una progresiva separación entre los colecti-vos a los que se dirigían las medidas de bonifi-cación de las cotizaciones y este contrato defomento. Así, las conversiones de los contratostemporales a indefinidos dejaron de ser objetode las bonificaciones salvo en el caso de loscontratos formativos, sólo podían acogerse lacontrato de fomento aquellas transformacionesque tuvieran lugar antes del 31 de diciembre de2003 y sólo para los contratos temporales sus-critos con anterioridad a la Ley. Además, estaley dejó fuera de los colectivos bonificables alos jóvenes menores de 30 años. Así mismo, seimpuso una indemnización de ocho días a lafinalización de los contratos temporales causa-les más utilizados, una medida añadida de

reducción de las diferencias de costes de extin-ción.

La reforma del sistema de prestaciones del año2002 (ley 45/2002) introdujo un cambio másdesde el punto de vista de las diferencias decostes entre los contratos temporales y los con-tratos indefinidos. En efecto, esa ley, al estable-cer una nueva regulación de los salarios de tra-mitación, hizo que el coste del despido se vol-viera cierto y de efecto inmediato, con tal deque el empresario aceptara que se trataba de undespido improcedente y depositara la indemni-zación correspondiente en el juzgado de losocial en las 48 horas posteriores al despido, sintener que pagar salarios de tramitación. El costede extinción de los contratos indefinidos dismi-nuyó por dos vías: en primer lugar, por lasupresión de los salarios de tramitación; ensegundo lugar, por la eliminación de la incerti-dumbre del proceso de despido. Desde esa ley,puede decirse que el despido en España es, enla mayoría de los casos, libre, aunque no gratui-to (Malo y Toharia, 2008).

Esa situación se mantuvo hasta la reforma de2006, aprobada tras el Acuerdo para la Mejoradel Crecimiento y del Empleo (ACME) firma-do por los agentes sociales (Ley 43/2006). Estareforma proponía la adopción de nuevas medi-das de redefinición de los incentivos a la con-tratación indefinida, siempre en la línea deacercar los costes laborales de los temporales ylos indefinidos. Así, se extendió el uso del con-trato de fomento de la contratación indefinidapara las conversiones, siempre y cuando loscontratos temporales hubieran sido celebradosantes del 31 de diciembre de 2007. Después deesa fecha, el único tipo de conversiones que sepodría llevar a cabo era a través del contratoindefinido ordinario con indemnización de 45días por año de servicio en lugar de los 33 díasde los indefinidos de fomento de empleo.




Además de las conversiones, los colectivos quepodían ser contratados bajo esta modalidadcontractual,eran los mismos que los fijados enla Ley 12/2001: jóvenes entre 16 y 30 años,mayores de 45 años, desempleados con almenos 6 meses de antigüedad en una oficinapública de empleo, minusválidos y mujeresempleadas en profesiones con una baja partici-pación femenina. Por otra parte, se introdujo unnuevo programa de bonificacionesy un planextraordinario para incentivar la conversión decontratos temporales en indefinidos. Este planextraordinario se dirigía a todos los contratoscelebrados con anterioridad al 1 de julio de2006 que se transformaran en indefinidos antesdel 1 de enero de 2007, exceptuando las con-versiones de los contratos formativos, de relevoy sustitución que sí mantuvieron las bonifica-ciones en caso de que se produjera la conver-sión.

Sin embargo, a pesar de la implementación deestas medidas que lograban aproximar los cos-tes entre las modalidades de contratación inde-finida y temporal, el número de contratos tem-porales seguía creciendo al tiempo que la con-tratación indefinida también lo hacía, en partepor el periodo expansivo que vivía la economíaespañola con muy buenos niveles de creaciónde empleo. Ahora bien, el crecimiento delempleo indefinido no se produjo al mismoritmo que el del temporal y además, los contra-tos indefinidos, en ninguna de sus modalidades,no parecían estar jugando un papel esencial enla mejora de los niveles de estabilidad laboral.

Todos estos hechos y circunstancias justificanla conveniencia de realizar una evaluación delos posibles efectos de las medidas de fomentode la contratación indefinida, ya sea a través delos programas de bonificación a las cuotas de laSeguridad Social o mediante el abaratamientode los costes de despido de los contratos de

fomento, de modo que también se pueda intro-ducir alguna reflexión sobre la nueva reformalaboral (Real Decreto-ley 10/2010, de 16 dejunio; Ley 35/2010, de 17 de septiembre). Estareforma tiene como objetivo último reducir ladualidad del mercado de trabajo español intro-duciendo nuevos límites a la contratación tem-poral, favoreciendo a la contratación indefini-da, reduciendo los costes para las empresas dela extinción de los contratos temporales e inde-finidos, al mismo tiempo que se promuevenmecanismos de flexibilidad interna de lasempresas.Entre las medidas dirigidas a reducirla dualidad del mercado de trabajo, debida a laexistencia de contratos temporales e indefini-dos, cabe destacar la extensión del contrato defomento de la contratación indefinida, introdu-cido originalmente por la reforma de 1997.Estamodalidad contractual se considera que no hasido capaz de promover suficientemente elacceso a contratos de carácter indefinido de loscolectivos que más dificultades encuentran enla actualidad para obtenerlos, motivo por el quese extiende a todos los colectivos de trabajado-res, quedando únicamente fuera los desemplea-dos por un periodo inferior a3 meses. Además,también admite la posibilidad de que se acojana este tipo de contratos todas aquellas transfor-maciones de contratos temporales en contratosindefinidos.

El trabajo que se presenta a continuación resu-men las principales conclusiones del estudiorealizado por Cebrián, Moreno y Toharia en2010 con el objetivo de valorar hasta qué puntolos programas de fomento del empleo indefini-do han ayudado a que los trabajadores partici-pantes mejoren sus resultados laborales, facili-tando no sólo su entrada en las nuevas modali-dades de contratación indefinida, sino tambiénfavoreciendo su estabilidad laboral.




Cuando se realiza una evaluación microeconó-mica hay que tener en cuenta que ésta adolecede ciertos problemas. Por un lado, la evalua-ción microeconómica de las políticas activasdel mercado de trabajo relativas a programasconcretos requiere de técnicas micro-economé-tricas que no siempre pueden tener en cuentaadecuadamente los posibles efectos indirectosque se producen más allá de los que afectan alos participantes en los programas. Ademáspara conocer el efecto neto sobre los individuossiempre se debe contar con un grupo de controlcon el que comparar los resultados del grupoparticipante en la acción, lo cual no es posiblesiempre. Por otra parte, para realizar una eva-luación microeconómica rigurosa es necesariocontar con datos accesibles y de calidad. Noobstante, debido a la limitación de la informa-ción disponible, muchas evaluaciones de pro-gramas tienden a estudiar los resultados de losindividuos tras su participación en un periodode tiempo muy corto, lo que puede impedir unavaloración adecuada de la viabilidad y efectivi-dad de la política activa. Además, en la mayorparte de los estudios las variables que indicanresultados son muy reducidas, fijándose sobretodo en los niveles de empleo, siendo muypocos los estudios en los que se valora la rela-ción existente entre las políticas activas y laduración de los empleos. Es por ello que algu-nos de los resultados de este estudio proporcio-nan información relevante y en cierta medidanovedosa, ya que no sólo se dispone de grupode control, sino que también se dispone deinformación en el tiempo de manera que sepuede analizar la estabilidad de los contratosfirmados en el periodo comprendido entre eldía 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de2009. Esto ha sido posible gracias a la realiza-ción de un cruce de dos fuentes de datos, laMuestra Continua de Vidas Laborales (MCVL),en sus ediciones desde 2005 hasta 2009, y losregistros administrativos de contratos propor-

cionados por el Servicio Público de Empleopara esos mismos años2. De esta manera se haconseguido añadir a la información aportadapor la MCVL, algunas variables extraídas delos datos procedentes del registro de contratos(nivel de estudios, tipo de ocupación, tipo deindemnización por despido improcedente), porlo que se dispone de una información másamplia que la que ofrecen los dos tipos de datospor separado, y que permite además reconstruirla vida laboral de los individuos que han inicia-do al menos un episodio de empleo indefinidoa lo largo de estos cinco años e identificar eltipo de indemnización por despido que conlle-va el contrato.

Los estudios realizados por los autores ponende manifiesto que, a pesar de ser cierto que elnúmero de contratos firmados bajo la modali-dad de fomento del empleo indefinido ha sidoreducido en comparación con el resto de con-tratos indefinidos firmados (sólo representan entorno al 30 por ciento del total de contratos fir-mados entre 2005 y 2009), tras la reforma delaño 2006 la probabilidad de acceder al empleoindefinido bajo esta modalidad experimenta unaumento notable. Entre otras razones, se en-cuentra el hecho de que esta reforma permitie-ra nuevamente que la transformación de contra-tos temporales en contratos indefinidos sepudiese acoger a este tipo de contratos hasta el31 de diciembre de 2007. Esto viene a indicarque la reducción de la indemnización, en casode producirse un despido improcedente, tieneun efecto positivo a la hora de determinar laentrada en un empleo indefinido. Ahora bien,esta circunstancia no implica que la relacióncontractual vaya a ser permanente, sino simple-mente que no se conoce si tendrá final. Por estarazón, una cuestión importante a tener en cuen-ta es la duración de estos empleos de modo quese pueda valorar en qué medida estos empleosen realidad son estables. En este caso, el análi-




sis realizado viene a concluir que no hay unadiferencia significativa entre los costes de des-pidos ligados a cada tipo de contrato, sino quees más bien el carácter del contrato, es decir, sies inicial o por transformación de un contratotemporal, lo que determina que el empleo gocede una duración mayor.

Este trabajo se estructura en esta introducción,seguida de un apartado con un breve análisisdescriptivo sobre la tipología de contratos quese va a analizar. En el siguiente apartado seincluyen los resultados de un estudio sobre laprobabilidad de acceder a las diferentes moda-lidades de contratos indefinidos. El últimoapartado presenta un análisis sobre la estabili-dad de los contratos indefinidos, basado en elestudio de las duraciones de los episodios deempleo indefinido. Finalmente se resumenalgunas de las principales conclusiones.

2. Descripción de los tipos de contra-tos indefinidos

La tipología de contratos indefinidos que se uti-liza en este trabajo diferencia entre cuatromodalidades: contratos iniciales sin bonifica-ción, referidos como contratos ordinarios, con-tratos iniciales bonificados, contratos por trans-formación de un temporal en un indefinido,denominados conversiones, que pueden ser cono sin bonificación. Adicionalmente se incorpo-ra la información sobre el tipo de indemniza-ción por despido improcedente que tienen, demodo que se clasifican según ésta sea de 45días por año trabajado con un máximo de 42mensualidades, referida en ocasiones como“mayor despido”, o de 33 días por año trabaja-do con un máximo de 24 mensualidades, refe-rida como “menor despido”. De este modoresultan 8 categorías de contratos3, tal y comose presentan el cuadro 1.

La información contenida en el cuadro 1 esresultado de la explotación de la base de datosformada por la MCVL, en sus versiones 2005-2009, enlazada con los registros de contratosdel SPEE. Los datos se refieren a los valorespoblacionales obtenidos tras el enlace. Hay quemencionar que en dicho enlace no se incluyena los trabajadores con nacionalidad extranjera,así como algunos casos que se han filtrado porno coincidir la información de la MCVL y laprocedente de los registros de contratos. Elresultado es una muestra de 177.425 contratos,que elevados a valores poblacionales alcanzanla cifra de 4.435.625 episodios de empleo enlos que el contrato registrado es de carácterindefinido4.

El cuadro 1, además de los valores absolutospoblacionales, recoge el porcentaje que repre-sentan los casos que se acogen a la DAP de laLey 45/2001, lo que indica la proporción decontratos que se acogen al “menor despido” encada categoría de contrato y para cada sexo.También se presentan los valores porcentualesde la distribución de varones y mujeres segúnel tipo de contrato que tengan, así como el pesode las mujeres en el conjunto total de observa-ciones.

Un primer resultado que hay que señalar esque, en el conjunto del periodo, la categoría decontratos que más registros refleja y que tienemás peso en el conjunto de casos analizados esla de aquellos contratos iniciales sin bonifica-ción y con mayor indemnización en caso dedespido, de modo que esta categoría identificatodos aquellos casos en los que el contrato nose acoge a ninguna medida de fomento de lacontratación indefinida. Por sí sola representaun tercio del total de los contratos indefinidosrealizados en el periodo. Así mismo, también esimportante destacar que la siguiente categoríaen volumen de contratación está formada porlas conversiones de contratos temporales encontratos indefinidos que no se acogen tampo-co a ninguna medida de fomento.




Por otro lado, la principal diferencia que seaprecia entre hombres y mujeres es que la pro-porción de contratos indefinidos ordinarios esmayor en el caso de los varones, mientras quela decontratos iniciales bonificados es mayoren el caso de las mujeres. Evidentemente esteresultado tiene que ver con el hecho de que elcolectivo femenino ha tenido durante el perío-do analizado la posibilidad de que su contrata-ción inicial se pudiese acoger a determinadasbonificaciones de carácter específico para estastrabajadoras. De igual forma, se observa que laparticipación de las mujeres en los contratosiniciales bonificados supera el 50 por ciento, loque indica que no solo es la forma de contrata-ción indefinida más extendida entre las muje-res, sino también que es el tipo de contrato enel que hay más mujeres que hombres.

El peso de los contratos indefinidos acogidos almenor despido puede verse, que en general,tanto para hombres como para mujeres, esmenor que el de los que no se acogen a esta dis-posición y dentro de éstos, son los contratosiniciales bonificados los que presentan un pesomayor. Destaca especialmente la escasa inci-dencia que tiene esta menor indemnización pordespido en el caso de los contratos iniciales nobonificados. La distribución porcentual entrehombres y mujeres muestra que en ambos ca-sos, los contratos iniciales bonificados son losque mayoritariamente se acogen a este tipo deindemnización por despido más baja, aunquetienen más peso entre los hombres, a pesar deque los contratos de las mujeres recurren más aeste tipo de indemnización.

La tendencia que se observa a lo largo del perí-odo 2005-2009 permite afirmar que la entradaen vigor de la reforma de junio de 2006 supusouna clara aceleración del número de contratosindefinidos firmados. Naturalmente, el periodoextraordinario abierto por la reforma de 2006

que permitía la realización de conversionesbonificadas y con “menor despido” conllevó unnotable incremento de las conversiones de con-tratos temporales, tanto bonificadas como delas no bonificadas. Pero también los contratosindefinidos ordinarios aumentaron de formamuy notable. Aunque también hay que señalarque la tendencia al incremento de las conver-siones se mantiene una vez terminado el perio-do estipulado por la ley. Este resultado guardarelación con el elevado “peso muerto” de lasbonificaciones a las conversiones5, ya que pare-ce que muchas empresas, a pesar de no poderoptar a las bonificaciones decidieron seguirhaciendo conversiones, así como también pue-de interpretarse que el aumento de contratosordinarios podría responder a esa misma situa-ción. En general, puede decirse que la reformasupuso un impulso a todas las formas de con-tratación indefinida.

En relación con el uso del contrato de fomentodel empleo indefinido, según la DAP Ley12/2001, las distintas categorías de contratosbonificados se acogen en proporciones varia-bles a esta indemnización con menor despido.Destaca el hecho de que, a pesar de que loscontratos indefinidos iniciales no bonificadosson más numerosos que el resto, se acogen enuna proporción muy pequeña al menor despido,mientras que el peso en el resto de categoríasde contratación indefinida, aunque no es mayo-ritario, sí es comparativamente mucho mayor.

3. Análisis de la probabilidad de acce-der a uno u otro tipo de contrato inde-finido

Una forma de completar el análisis descriptivode la tipología de contratos indefinidos que seregistraron entre 2005 y 2009 resulta de lacombinación de las variables disponibles en un




modelo econométrico de elección multivarian-te para estudiar cómo cada una de ellas afecta ala probabilidad de que un episodio de empleoesté asociado auno u otro tipo de contrato, ade-más de que pueda acogerse a la indemnizaciónen caso de despido improcedente de 45 o de 33días por año trabajado.

Se presentan dos tipos de modelos estimadospara explicar la probabilidad de acceder a unou otro tipo de contrato en función de una seriede variables explicativas: sexo,edad, nivel deestudios6, comunidad autónoma del centro detrabajo, tipo de empresa,tamaño del estableci-miento, rama de actividad y ocupación, ademásde la variación del empleo como variable decontrol del ciclo económico. La diferencia en-tre ellos estriba en que en el primero de losmodelos no se incorpora como variable expli-cativa el tipo de indemnización por despido,mientras que en el segundo sí. Los resultadosde estos modelos se resumen en los dos gráfi-cos siguientes, pudiéndose analizar el detalledel conjunto de las estimaciones en el cuadro 1del anexo. En estos cuadros se recoge el valorde la probabilidad relativa de que el episodioobservado estuviese registrado con un contratode un determinado tipo de fomento del empleoindefinido (indefinido inicial bonificado o con-versión, con o sin bonificación) en lugar de conun contrato ordinario, que corresponde a uncontrato inicial no bonificado. Cuando el valorde la probabilidad sea mayor que la unidad seinterpreta como que ese episodio es más proba-ble que se acoja a un tipo de contrato que noseaindefinido ordinario, mientras que la proba-bilidad se interpretará al contrario cuando elvalor esté por debajo de la unidad, y si la pro-babilidad relativa no resulta significativa suvalor será uno.

En primer lugar, según se desprende del gráfi-co 1, hay que destacar que se observan efectos

inmediatos muy claros de la reforma, sobretodo en el caso de los contratos registradoscomo una conversión. En efecto, durante lostrimestres que comprenden el periodo especialde bonificación de las conversiones, desde juliode 2006 hasta 1 de enero de 2007, las probabi-lidades relativas de que tuviera lugar una con-versión de este tipo fueron muy elevadas, espe-cialmente en el último trimestre del año 2006.Resulta muy posible que las empresas se ade-lantaran para poder acogerse al períodoextraordinario de bonificaciones, ya que a par-tir de ese momento, la probabilidad cae nota-blemente reflejando así la respuesta que se da ala entrada en vigor de la imposibilidad de utili-zar bonificaciones. Al mismo tiempo, se obser-va que las conversiones no bonificadas gananprotagonismo tras la retirada de las conversio-nes con bonificación. No cabe duda es de quetras la puesta en marcha de la reforma y con laconsiguiente desaparición de las conversionesbonificadas, la probabilidad relativa de las con-versiones no bonificadas aumenta notablemen-te, manteniéndose por encima de la unidaddesde el cuarto trimestre de 2006.

Por el contrario, el efecto de la reforma sobrelos contratos iniciales bonificados no se apreciaclaramente en las probabilidades relativas, entodos los períodos están muy próximas a la uni-dad y apenas hay cambios, exceptuando laetapa más cruda de la crisis económica. Estoindica que los contratos iniciales bonificadosjuegan un papel muy similar al de los contratosordinarios (iniciales no bonificados), ya que laprobabilidad relativa de acceder con un contra-to inicial bonificado es ligeramente superior ala de los ordinarios, pero sólo hasta la llegadade la crisis en el tercer trimestre de 2007, yaque a partir de ese momento su probabilidadcae ligeramente por lo que ganan algo más deprotagonismo los contratos ordinarios. Desdeel año 2009 se aprecia una leve mejoría de la




probabilidad de acceder con un contrato inicialbonificado, aunque es poco significativa.

A la vista de estos resultados no se puede afir-mar que se produjeran unos efectos muy clarosde la reforma de 2006, excepto en el caso de lasconversiones con bonificación en el periodoextraordinario, y sin bonificación tras él. Losefectos de la reforma sobre los contratos inicia-les bonificados no son claros de modo que, entodo caso, lo que parece observarse es un efec-to transitorio inicial tras la aprobación de lareforma, que no se explica como en el caso delas conversiones por la existencia de un perío-do extraordinario de bonificaciones. Además,aunque la crisis pudiera estar detrás la reduc-

ción posterior, no se puede obviar que tambiénpodría tratarse de falta de efectividad de loscambios en el sistema de bonificaciones intro-ducidos. Sin embargo, con el objetivo de com-probar cómo incide el tipo de indemnizaciónpor despido en los distintos contratos se ha esti-mado un nuevo modelo cuyos resultados sereflejan en el gráfico 2.

Un resultado sorprende e interesante sobre laincidencia del tipo de indemnización sobre lasprobabilidades relativas es que la inclusión deesta variable hace que disminuyan notablemen-te todas las probabilidades relativas de accedera los diferentes tipos de contrato de fomentodel empleo indefinido frente a los contratos




Gráfico 1.Probabilidades relativas de acceder a un contrato bonificado o a una conversión,

con o sin bonificación, respecto a un contrato ordinario por trimestres, 2005-2009 (Estimación sin indemnización en caso de despido) (Categoría de referencia: II trimestre de 2005,intervalos de confianza estimados al 95 por ciento) (Fuente: Enlace MCVL-registro de contratos)

ordinarios. Es decir, esta reducción de las pro-babilidades podría estar reflejando que lasempresas tienen muy en cuenta a la hora decontratar el tipo de indemnización, de modoque la indemnización más cara (a igualdad delas demás variables) disminuye la probabilidadde acceder a cualquiertipo de contratos indefi-nidos no ordinarios.

Otro resultado relevante de estos modelos esque la probabilidad de las conversiones nobonificadas se mantiene alta, por encima de launidad, mientras que se reduce notablementelos contratos ordinarios de los contratos inicia-les bonificados y las conversiones bonificadas.Esta circunstancia viene a indicar que cuandouna empresa firma un contrato con un trabaja-

dor resulta más relevante el coste del potencialdespido que el tipo de bonificación a la quepueda acogerse el contrato, y que las conversio-nes no bonificadas son en cierta medida contra-tos que podrían ser iniciales ordinarios, si noexistiese la posibilidad de realizar una conver-sión de un temporal en un indefinido, con elconsiguiente efecto “peso muerto”.

4. Análisis de la duración y estabilidadde los contratos indefinidos

Este apartado analiza la estabilidad de los con-tratos indefinidos desde diferentes perspecti-vas. Por un lado, se realiza un análisis descrip-tivo de la probabilidad bruta de que el contrato




Gráfico 2.Probabilidades relativas de acceder a un contrato bonificado o a una conversión, con o sin bonificación,

respecto a un contrato ordinario por trimestres, 2005-2009 (Estimación con indemnización en caso de despi-do) (Categoría de referencia: II trimestre de 2005, intervalos de confianza estimados al 95 por ciento)

(Fuente: Enlace MCVL-registro de contratos)

continúe vigente el último día del periodo deobservación, así como de la duración media dedichos contratos. Y por otro lado, se presentanlos resultados de un modelo de análisis multi-variante para descontar los efectos que otrasvariables pudieran ejercer sobre la duración delos episodios de empleo, además del tipo decontrato e indemnización por despido.

En primer lugar, se presenta el porcentaje decasos en los que el episodio de empleo con uncontrato indefinido se inició en algún momentodel periodo de observación y seguía en vigor elúltimo día, el 31 de diciembre de 2009. De estaforma se conoce la proporción de contratos quese iniciaron cada año y que continúan vigentesal finalizar el periodo de observación.

Un primer resultado interesante tiene que vercon los contratos que se iniciaron en el año2005, ya que los contratos ordinarios, es decir,aquellos de carácter inicial que no se beneficiande ninguna bonificación, se muestran como losmás inestables, tanto porque el porcentaje delos que permanecen en vigor es el más bajo(entre el 23 y el 25 por ciento, según el tipo decoste despido que conlleve) como porque laduración media también es la más baja (inferiora los 800 días, que en términos relativos equi-vale a una duración del 47 por ciento del totaldel tiempo potencial). Además, se observa queaquellos que están sujetos a una indemnizaciónpor despido menor (recuérdese que son sólo un5 por ciento en esta categoría de contratos) tie-nen una estabilidad incluso menor, cualquieraque sea también el indicador utilizado. En cam-bio, en el extremo opuesto se encuentran loscontratos realizados como una conversión deun contrato temporal en indefinido. No cabeduda de que, ya sean conversiones bonificadaso no, con cualquiera que sea el tipo de indem-nización por despido que conlleven, presentanel porcentaje de supervivencia más elevado en

comparación con el resto de los contratos, asícomo también presentan las duraciones mediasy relativas más altas.

No obstante, hay muchos factores que puedenestar ayudando a que la estabilidad se muestreen mayor o menor grado en unos u otros tiposde contrato. Por ello, es conveniente introducirotros elementos en el análisis que ayuden aentender mejor estos comportamientos.En estesentido, se presenta a continuación los resulta-dos de la estimación de un modelo de duraciónque ayuda a explicar qué factores inciden demanera determinante sobre la duración de losepisodios de empleo con contrato indefinido, yademás permite tener en cuenta el momento deinicio del episodio y la posibilidad de que exis-ta algún tipo de censura por la derecha de estosepisodios.

El modelo de duración responde a una regre-sión de Cox. Con esta metodología se trata deanalizar el riesgo de que se rompa una relaciónlaboral basada en un contrato indefinido. Paraello, se especifica que la variable dependientees el número de días que dura un episodio decontrato y se añaden como variables explicati-vas el tipo de contrato interaccionada con eltipo de indemnización en caso de despido a laque se acoge el contrato, así como el sexo, laedad y nivel de estudios,el momento en el quetuvo lugar el inicio de la relación especificadoen trimestres, la comunidad autónoma de afilia-ción, la rama de actividad, la ocupación y eltipo y el tamaño de la empresa. Además se aña-den otras dos variables más, una que identificael momento del ciclo económico, a través de latasa de variación trimestral del empleo, y otraque recoge los años transcurridos desde quetuvo lugar el primer alta del individuo en el sis-tema de la Seguridad Social, como aproxima-ción a su experiencia laboral y al tiempo quelleva en el mercado de trabajo.




Uno de los resultados7 más sorprendentes deeste modelo es que las diferencias de coste dedespido no afectan a los contratos ordinarios, nia los iniciales bonificados de menor despido,ya que el coeficiente no es significativamentedistinto del valor de referencia, por lo que secomportan igual que los contratos ordinarioscon indemnización por despido de 45 días. Porlo demás, el orden de estabilidad relativa semantiene como en el análisis de probabilidadbruta visto anteriormente, de modo que loscontratos que son conversiones de un temporalen un contrato indefinido presentan un mayor

grado de estabilidad que los contratos iniciales,quedando éstos ordenados primero los ordina-rios y a continuación los bonificados. Estosresultados se pueden ver claramente en el grá-fico 3, en el que se presentan los perfiles desupervivencia estimados utilizando comovariable explicativa el tipo de contrato.

Otro resultado interesante a tener en cuenta a lahora de valorar la estabilidad de los contratosindefinidos es que a los dos años de vida de uncontrato, el 50 por ciento o más de todos lostipos de contratos ha dejado de existir y esto




ocurre tanto en el análisis empírico bruto comoen el neto. Además, la tendencia descendente semantiene posteriormente hasta tal punto quesólo el 30 por ciento de las conversiones (algomás las bonificadas que las que no lo están) yel 20 por ciento de los contratos iniciales semantienen vigentes al finalizar el periodo. Siobservamos los resultados del Gráfico 3, los

porcentajes de supervivencia finales mejoran

ligeramente en el caso de las conversiones,

pero igualmente empeoran algo en el caso de

los contratos iniciales bonificados, aunque no

se aprecian diferencias destacables con los no

bonificados, ni tampoco por tipo de indemniza-

ción en caso de despido.




Gráfico 3. Perfiles de supervivencia de los diferentes tipos de contratos y la correspondientes indemnización en caso

de despido, estimados a partir de un modelo de Cox con variables explicativas, 2005-2009. (Fuente: enlace de MCVL y registro de contratos)

En suma, el resultado de la estabilidad y dura-ción de los contratos es siempre el mismo, demodo que puede concluirse que aquellos con-tratos que resultan de una transformación de uncontrato temporal en un contrato indefinido sonmás estables, tanto los que se benefician dealgún tipo de bonificación, como los que no,

aunque en el caso de las conversiones bonifica-das, este comportamiento podría en parte venirexplicado por el efecto positivo que puede estarejerciendo la percepción de la propia bonifica-ción. En el extremo opuesto se encuentran loscontratos iniciales, aunque dentro de este grupose muestran más estables aquellos contratos

que no tienen ningún tipo de bonificación, esdecir, los llamados contratos ordinarios.

En relación con el efecto del coste del despidosobre la estabilidad de los contratos indefinidossólo se puede añadir que no queda demasiadoclaro. En el análisis descriptivo se observa quelos contratos acogidos a una mayor indemniza-ción por despido tienden a durar más tiempo.Ahora bien, según los resultados del modeloestimado, esta circunstancia cambia. Así, loscontratos por conversión acogidos al contratode fomento del empleo indefinido y que porconsiguiente tienen un coste por despidoimprocedente menor, se muestran siempre másestables, aunque esta característica pierde prác-ticamente la significatividad en el caso de loscontratos iniciales. Por ello, no se puede extraerningún resultado concluyente sobre el efectodefinitivo que ejerce la indemnización por des-pido sobre la duración del contrato.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta lacorta vida del 50 por ciento de los contratosindefinidos, ya que a los dos años de vida handesaparecido, llegando incluso a descendernotablemente este porcentaje en el espacio tem-poral observado, quedando en algunos casossólo un 20 por ciento de los contratos inicialesregistrados.

5. Conclusión

A modo de conclusión, tras el análisis realizadose pueden extraer los siguientes resultados:

En primer lugar, el mercado de trabajo pareceresponder a los estímulos que introducen lasdiversas medidas de fomento del empleo inde-finido, aunque principalmente su efecto se per-cibe en el momento inmediato del cambio, pos-teriormente tienden a diluirse.

En segundo lugar, las diversas reformas, y enparticular la de 2006, no han alterado la pautaprincipal de estabilidad contractual. Los con-tratos que son conversiones de un contrato tem-poral en un indefinido son los contratos queresultan más estables desde el punto de vista desu duración. En cambio, los contratos inicialesbonificados no parecen conseguir romper elestigma de contratos inestables; recuérdese queestos contratos van dirigidos principalmente aaquellos colectivos más afectados por la tem-poralidad, por lo que su implementación puedeestar sometida a dosis elevadas de inestabilidadligada al propio puesto de trabajo. Por otraparte, los contratos ordinarios, que son los con-tratos iniciales no bonificados, tampoco pare-cen ser mucho más estables.

En tercer lugar, el análisis realizado pone demanifiesto que las empresas responden espe-cialmente a la posibilidad de poder contratarcon un coste futuro de despido más bajo alpoder acogerse a una indemnización menor encaso de que tuviesen que poner en marcha undespido de carácter improcedente.

En cuarto lugar, el coste de la indemnizaciónpor despido, sin embargo, no parece que tenganingún papel relevante cuando se materializa lafinalización del contrato. Prácticamente no e-xisten diferencias suficientemente significati-vas entre los contratos cuando se valora elpapel de la indemnización por despido y se des-cuentan los demás efectos.

Una posible reflexión a tener en cuenta de encualquier reforma del mercado de trabajo es elpapel que están jugando las conversiones en elentramado contractual del mercado de trabajoespañol, ya que cualquiera que sea el tipo deanálisis realizado, este tipo de contratación sepresentan como un modelo más atractivo y másestable que el de los contratos indefinidos ini-




ciales, independientemente de que pueda estarsujeta a algún tipo de bonificación. Al mismotiempo, no debe olvidarse que un porcentajeelevado de los contratos indefinidos registradostienen una duración relativamente corta, demodo que a los dos años, aproximadamente lamitad de ellos ya no existen.

Notas

1 Este estudio presenta algunos de los resultados obtenidos enel proyecto “Evaluación microeconómica de los programasde fomento del empleo indefinido a partir de datos de los ser-vicios públicos de empleo y de la Muestra Continua de VidasLaborales” que ha sido financiado por el programa FIPROSde la Dirección General de la Seguridad Social, y realizadopor los autores en el año 2010.

2 Esto ha sido posible gracias a la disposición y colaboracióndel Servicio Público de Empleo Estatal y de la Dirección Ge-neral de Ordenación de la Seguridad Social para la obtenciónde ambas fuentes de información y su enlace.

3 No se consideran ni los contratos realizados con personasque sufren algún tipo de discapacidad, ni los contratos queson fijos discontinuos, ya que se trata de tipologías querequieren un análisis específico.

4 Debe recordarse, que la MCVL recoge información sobre el4 por ciento de la población que tuvo algún tipo de relacióncon la Seguridad Social en el año, por lo que para obtener elvalor poblacional basta con multiplicar por 25.

5 Este efecto denominado “peso muerto” fue analizado condetalle en el estudio Toharia et al, 2007.

6 La información sobre nivel de estudios sólo está disponiblea partir del segundo trimestre del año 2005, por lo que elnúmero de episodios incluidos en el análisis se ha reducido a162.962.

7 Los resultados completos del modelo se encuentran en elcuadro 2 del anexo.

Bibliografía

· Cebrián, I.; Moreno, G. y Toharia, L (2010): “Evaluaciónmicroeconómica de los programas de fomento del empleoindefinido a partir de datos de los servicios públicos deempleo y de la Muestra Continua de Vidas Laborales” próxi-ma publicación Ministerio de Trabajo e Inmigración.




· Malo, M.A., y Toharia, L. (1999),“Costes de despido y crea-ción de empleo en España”, Economistas, nº 80, págs. 308-316.

· Malo, M.A. y Toharia, L. (2008), “The Automatic Nature ofDismissals in Spain: Dismissal-at-will under Civil Law”,inWalter R. Levin (ed.) Political Economy Research Focus,Nova Science Publishers, NY, 2008, págs. 109-119.

El sistema de protección pordesempleo: evidenciapara la revisión de algunos aspectoscontrovertidosCarlos García-Serrano*Universidad de Alcalá

Resumen: Este artículo examina el SPDespañol haciendo referencia a tres cues-tiones que normalmente se aducen comoejemplos de mal funcionamiento del mis-mo y, por tanto, como factores suscepti-bles de modificación y mejora: la exis-tencia de una normativa laxa y su aplica-ción poco exigente en cuanto a las san-ciones a los perceptores por no cumplircon su obligación de búsqueda activa deempleo; los períodos tan prolongados dederecho a la prestación que hacen queuna fracción importante de perceptorespasen largos períodos en el desempleo(lo que caracterizaría a España como unpaís con mucho paro de larga duración);y el desincentivo de las prestaciones pordesempleo, en parte como consecuenciade los dos factores anteriores, sobre labúsqueda de trabajo y la salida del paro.

1. Introducción

Una de las áreas relacionadas con el funciona-miento del mercado de trabajo que no ha sidoobjeto de atención en la reciente reforma de lanormativa laboral (Ley 35/2010 de 17 de sep-tiembre de medidas urgentes para la reformadel mercado de trabajo), en la que se modificannumerosos artículos del Estatuto de los Traba-jadores, de la Ley de Procedimiento Laboral yde la Ley sobre Infracciones y Sanciones en elOrden Social, es el sistema de protección pordesempleo (SPD). A pesar de ello, es previsibleque el gobierno acometa algún tipo de modifi-cación del mismo en los meses próximos, a lavista de la secuencia de acontecimientos quevienen sucediendo desde comienzos de 2010.

En este contexto, no hay que perder de vistaque toda reforma debe ser encuadrada en elmarco más general de la equidad (funciónredistribución) y la eficiencia (función seguro)del diseño de cualquier sistema de protecciónpor desempleo, es decir, hasta qué punto dichosistema cumple con el propósito de cubrir ade-cuadamente las situaciones de pérdida de ingre-sos provocadas por la pérdida del empleo, porun lado, y en qué grado las prestaciones pordesempleo influyen en los procesos de salidahacia el empleo de los trabajadores parados,por otro lado.

El objetivo de este artículo consiste en exami-nar el SPD español haciendo referencia a trescuestiones que normalmente se aducen comoejemplos de mal funcionamiento del mismo y,por tanto, como factores susceptibles de modi-ficación y mejora: la existencia de una norma-tiva laxa y su aplicación poco exigente en cuan-to a las sanciones a los perceptores por no cum-plir con su obligación de búsqueda activa de


El sistema de protección por desempleo: evidencia para la revisión de algunos aspectos controvertidos

Carlos García-Serrano


empleo; los períodos tan prolongados de dere-cho a la prestación que hacen que una fracciónimportante de perceptores pasen largos perío-dos en el desempleo (lo que caracterizaría aEspaña como un país con mucho paro de largaduración); y el desincentivo de las prestacionespor desempleo, en parte como consecuencia delos dos factores anteriores, sobre la búsquedade trabajo y la salida del paro. La revisión deestas tres cuestiones puede arrojar alguna luzsobre algunos elementos del sistema que pue-den ser objeto de reforma1.

La organización del artículo es la siguiente. Enla sección 2, se describe brevemente el SPDespañol y se ofrecen algunos datos sobre laevolución del número de beneficiarios y lasaltas y las bajas en el sistema. En la sección 3,se pasa revista a los factores que se han men-cionado, presentando en algunos casos nuevaevidencia basada en el análisis de la informa-ción aportada por la Muestra Continua de VidasLaborales (MCVL). La sección 4 ofrece lasconclusiones del artículo.

2. El sistema español: descripción nor-mativa y evolución de los beneficiarios

2.1. Breve descripción normativa2

Como sucede en la mayoría de los países de laOCDE, el SPD español está organizado en tor-no a dos tipos de prestaciones: las contributivas(seguro de desempleo) y las asistenciales (sub-sidio de desempleo). Las prestaciones contribu-tivas (PC) están destinadas a los trabajadoresque han perdido su empleo y han cotizado du-rante un determinado período, lo que les daderecho a percibir una prestación cuya dura-ción guarda una cierta relación con el tiempocotizado y cuya cuantía también está en rela-ción con el salario percibido previamente. En

cuanto a las prestaciones asistenciales (PA),pretenden atender a situaciones de necesidad depersonas que, encontrándose en situación dedesempleo, no tienen acceso a las PC (porhaberlas agotado o por no haber cotizado eltiempo necesario para tener derecho a percibir-las) y normalmente no guardan relación con elnivel anterior de salarios.

Para poder recibir una prestación por desem-pleo el trabajador debe “poder y querer traba-jar” (para lo cual debe inscribirse como deman-dante de empleo y suscribir un “compromiso deactividad”) y encontrarse en “situación legal dedesempleo”. Esta situación es la que se generaante la pérdida del empleo (por finalización delcontrato, por despido o por otras circunstan-cias) o la resolución voluntaria del trabajador(por traslado de puesto que exija cambio deresidencia, por modificación sustancial de lascondiciones de trabajo, por ser víctima de vio-lencia de género o por “causa justa” –comoimpago de salarios o incumplimiento de otrasobligaciones por parte del empresario–). Por lotanto, el sistema cubre a todos los trabajadorespor cuenta ajena excepto los que tengan uncontrato de formación, los funcionarios públi-cos, los trabajadores del servicio doméstico ylos trabajadores sin experiencia laboral ante-rior.

Para tener acceso a las PC, se exige al trabaja-dor haber cotizado al menos 1 año dentro de los6 años anteriores a la situación de desempleo.La duración de la prestación es aproximada-mente igual a un tercio del período cotizado(con un mínimo de 4 meses y por períodos quevan de 2 en 2 meses hasta llegar a un máximode 24). Y la cuantía (tasa bruta de sustitución)se fija en el 70 por ciento de la base reguladora(que es el salario medio por el que se ha cotiza-do en los seis meses anteriores a la pérdida delempleo) durante los primeros 6 meses y en el




60 por ciento el resto. Sin embargo, la cuantíade la prestación está sometida a mínimos ymáximos (107-225 por ciento, 107-200 porciento y 80-175 por ciento del Indicador Pú-blico de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)mensual incrementado en una sexta parte), se-gún que el trabajador tenga dos o más hijos a sucargo, uno o ninguno, respectivamente3. Ade-más, desde 1994 las prestaciones por desem-pleo están sujetas al pago del IRPF4.

En el caso de las PA, el trabajador debe carecerde rentas de cualquier naturaleza que superen el75 por ciento del SMI, excluida la parte propor-cional de las pagas extraordinarias. Además,debe encontrarse en alguna de las situacionessiguientes: (1) haber agotado una PC y tenerresponsabilidades familiares (dependiendo dela edad del trabajador –mayor o menor de 45años– y de la duración de la PC agotada, elnúmero total de meses de prestación puede irdesde 18 hasta 36 meses, por períodos semes-trales renovables); (2) haber agotado una PC y,no teniendo responsabilidades familiares, sermayor de 45 años (en este caso, la prestacióndura 6 meses); (3) tener más de 52 años y habercotizado lo suficiente para tener derecho a unapensión de jubilación, en cuyo caso tiene dere-cho a la PA hasta el momento de la jubilación;(4) ser un emigrante retornado, liberado de pri-sión o inválido declarado parcial o totalmentecapaz para trabajar, en cuyo caso el derecho esde 6 meses prorrogable hasta un máximo de 18meses; (5) no haber podido acceder a una PCpero haber cotizado al menos 6 meses en losúltimos 6 años (en este caso, el trabajador tienederecho a 6 meses de PA, que se eleva a 21 sitiene responsabilidades familiares); (6) nohaber podido acceder a una PC pero haber coti-zado al menos 3 meses, siempre que tenga res-ponsabilidades (en este caso, tiene derecho atantos meses como ha cotizado: 3, 4 ó 5).

Dos características más de las PA son las si-guientes. La cuantía de la PA es fija e igual al80 por ciento del IPREM (en el año 2010, 426euros/mes). Y el criterio de responsabilidadesfamiliares también conlleva un criterio de ren-tas, ya que se define como tener a cargo a sucónyuge, hijos menores de veintiséis años, ma-yores de esa edad discapacitados o menores de18 años acogidos, y que la renta del conjunto dela unidad familiar, incluido el solicitante, divi-dida por el número de miembros que la compo-nen no supere el 75 por ciento del SMI (475euros/mes), excluida la parte proporcional delas pagas extraordinarias. No se consideranfamiliares a cargo los que perciban rentas supe-riores al 75 por ciento del SMI.

Hay otros dos programas que merecen menciónaparte: el de los trabajadores eventuales agra-rios de Andalucía y Extremadura y el programade la Renta Activa de Inserción. El primero estádestinado a un colectivo de características sec-toriales y territoriales muy específicas, por loque no se entrará en más detalles. En cuanto alprograma de Renta Activa de Inserción (RAI),supone una ampliación de la protección pordesempleo asistencial para personas mayoresde 45 años (y menores de 65) que carecen derentas (el solicitante y su familia), llevan másde un año inscritas como demandantes de em-pleo y no tienen derecho a percibir ninguno delos subsidios mencionados anteriormente5.

De la descripción anterior, cabe concluir que elSPD español tiene una cobertura prácticamentetotal en el momento de la pérdida de empleo;sólo quedan fuera del sistema, con caráctergeneral, las personas que han trabajado menosde 6 meses en los últimos 6 años (aunque lasque tienen responsabilidades familiares y hantrabajado al menos 3 meses sí tienen derecho);la prestación tiene una duración que puede lle-gar en algunos casos a los cinco años en total(sumando la PC y PA), aunque está condiciona-da al tiempo cotizado y a la carencia de rentas




individuales y familiares; y cubre una variedadde situaciones no específicamente relacionadascon el desempleo, como son el caso de losmayores de 52 años o los beneficiarios de laRenta Activa de Inserción, colectivos ambos demuy difícil ocupabilidad (véase Toharia et al.,2006).

2.2. Evolución del número de beneficiarios

El Gráfico 1 presenta la evolución del número(en media anual) de beneficiarios del sistemade protección por desempleo en España en susdistintas facetas: prestación contributiva, pres-tación asistencial, renta agraria y renta activade inserción (RAI).




Gráfico 1 Evolución del número medio de beneficiarios del sistema de protección por desempleo

en España, 1984-2010 (medias anuales; 2010, datos hasta noviembre). Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales (Ministerio de Trabajo e Inmigración).

Comenzando por los programas más reducidosen términos de beneficiarios, puede decirse queel número de perceptores del subsidio agrariosiguió una suave tendencia ascendente hasta1990, momento en que se aprobó un decreto dereforma que produjo un claro descenso delnúmero de personas acogidas al mismo, estabi-lizándose el mismo en torno a los 200.000beneficiarios medios al año desde 1992, aun-que con una tendencia decreciente desde 2003.En cuanto a los beneficiarios de la RAI, sunúmero ha venido creciendo lentamente desde

el año en que se creó (2000), duplicándoseentre 2008 y 2010 hasta superar los 120.000.

El número de perceptores de prestaciones asis-tenciales creció entre 1984 y 1987, como con-secuencia de la aplicación de la Ley deProtección por Desempleo de 1984, y nueva-mente desde 1989 hasta 1993, especialmenteen 1992 y 1993. Esta aceleración producida enestos dos años estuvo relacionada tanto con lacrisis de empleo de comienzos de los noventacomo con la reforma de 1992, por el trasvasedel sistema contributivo al asistencial de los

Nota: a partir del mes de agosto de 2009, la prestación asistencial incluye la prestación por desempleo extraordinaria aprobada porReal Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto (“Programa temporal de protección por desempleo e inserción”).

perceptores que hubieran cotizado entre 6 y 11meses. A partir de entonces, su número se redu-jo hasta situarse por debajo de 400.000 duranteel período 2000-2006. Sólo a partir del 2007 losbeneficiarios de prestaciones asistenciales hanvuelto a aumentar, situándose en el año 2009 encifras similares a las de 1993 y en 2010 (hastanoviembre) en cifras aún mayores.

Finalmente, por lo que respecta a los percepto-res de prestaciones contributivas, su número seredujo de unas 500.000 personas en el período1984-1986 a algo más de 400.000 en el período1987-1989; a partir de 1990 inicia un fuerteascenso que lleva el número de beneficiarios amás de 800.000 en 1993; a partir de ese año,cuando se deja sentir plenamente la reforma de1992, junto con las medidas complementariasde finales de 1993, el número de perceptoresvuelve a disminuir de forma acusada, hastasituarse en una cifra en torno a las 450.000 per-sonas en 1998-2000; desde este último año seaprecia un continuo incremento de los benefi-ciarios, acelerado en el año 2008 como conse-cuencia, evidentemente, de la crisis económica,llegando en 2009 a un nivel nunca alcanzadoantes (más de 1.600.000 perceptores).

En conjunto, el sistema de protección por des-empleo, tras mantenerse entre 1985 y 1989 encifras situadas en torno a 1,1 millones de per-ceptores medios al año, aumentó de forma acu-sada hasta alcanzar casi los 2 millones en 1993,para descender posteriormente y situarse a fina-les de la década de 1990 en niveles algo infe-riores a los de diez años antes. Desde el año2000 el número de perceptores no ha dejado decrecer, hasta llegar a alcanzar los 1,8 millonesen 2008 y superar los 3 millones en 2010.

Sin embargo, cuando estas cifras se ponen enrelación con el tamaño de la población activa(según los datos en media anual de la Encuestade Población Activa, EPA), lo que se observa esque la proporción de trabajadores que pasan

por el sistema es bastante estable en períodosexpansivos (el 7-8 por ciento en 1985-1990 yen torno al 6 por ciento en 1998-2007), situán-dose en picos del 12-13 por ciento en el fondode las recesiones.

El Cuadro 1 (página siguiente) ofrece algunosdatos adicionales sobre el sistema de protec-ción por desempleo para el período 2001-2008referidos a las altas y las bajas de beneficiarios.En cuanto a la evolución, tanto las altas comolas bajas de beneficiarios aumentaron de formasostenida durante 2001-2007 y de maneraabrupta en 2008: las altas pasaron de 2,8 millo-nes en 2001 a 4 millones en 2007 y a 5,5 millo-nes en 2008; y las bajas pasaron de 3,1 millo-nes en 2001 a 3,9 millones en 2007 y a 4,6millones en 2008.

La mayor parte de las altas (dos tercios en2001) corresponden a terminaciones de relacio-nes de carácter temporal, principalmente con-tratos temporales, pero su peso ha ido disminu-yendo durante el período al tiempo que aumen-taban las entradas por cese de contratos indefi-nidos (que han pasado de suponer el 10 porciento de las altas al 18 por ciento). Las altaspor agotamiento (corresponden a altas en con-tributivas tras el agotamiento de las asistencia-les) también han aumentado en los últimos dosaños. Durante todo el período el volumen dereanudaciones ha crecido al mismo ritmo quelas altas totales, manteniéndose su peso entorno al 47 por ciento del total.

Por lo que respecta a las bajas de beneficiarios6,dado el carácter expansivo del período 2001-2007, las bajas por colocación han ido aumen-tando en términos absolutos y relativos, pasan-do de suponer el 45 por ciento del total al 60por ciento, al tiempo que las bajas por agota-miento de la prestación se han reducido del 40por ciento al 28 por ciento. En el año 2008 yase observa un ligero descenso de las bajas porcolocación y un pequeño repunte de las bajaspor agotamiento.




3. Análisis de tres aspectos del SPDespañol

3.1. La normativa de infracciones y sancio-nes, y su aplicación

Parece existir la opinión popular de que enEspaña es posible estar cobrando la prestaciónpor desempleo y “no hacer nada” sin que elloproduzca efecto alguno sobre la percepción dela prestación porque no existe una normativa deinfracciones y sanciones y, en caso de que lahubiera, no se aplica. Como vamos a ver, sinembargo, dicha normativa existe desde hacetiempo (texto refundido de la Ley deInfracciones y Sanciones en el Orden Social–Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 deagosto-) y, además, se aplica.

Con respecto a la normativa, ésta clasifica lasinfracciones en leves, graves y muy graves. Las

infracciones leves son las siguientes: no com-parecer, previo requerimiento, ante la entidadgestora de las prestaciones en la forma y fechaque se determine; no comparecer, previo reque-rimiento, ante el servicio público de empleo,las agencias de colocación sin fines lucrativos olas entidades asociadas, o no renovar la deman-da de empleo en la forma y fecha que se deter-mine; no devolver en plazo (5 días) el corres-pondiente justificante de haber comparecidopara cubrir las ofertas de empleo facilitadas porel servicio público de empleo o las agencias decolocación; y no cumplir las exigencias del“compromiso de actividad”, siempre que laconducta no esté tipificada como otra infrac-ción leve o grave.

En cuanto a las infracciones graves, éstas pue-den ser: no comunicar las bajas en las presta-ciones en el momento en que se produzcansituaciones de suspensión o extinción del dere-




Cuadro 1. Altas y bajas de beneficiarios del sistema de protección por desempleo en España, 2001-2009. Fuente:

Anuario de Estadísticas Laborales.

cho o cuando se dejen de reunir los requisitospara el derecho a su percepción; y rechazar unaoferta de empleo adecuada; o negarse a partici-par en los trabajos de colaboración social, pro-gramas de empleo o acciones de promoción,formación o reconversión profesional ofrecidospor el servicio público de empleo o las entida-des asociadas.

Finalmente, las infracciones muy graves sonlas siguientes: actuar fraudulentamente con elfin de obtener prestaciones indebidas o superio-res a las que correspondan, o prolongar indebi-damente su disfrute mediante la aportación dedatos falsos, la simulación de la relación labo-ral y la omisión de declaraciones legalmenteobligatorias; compatibilizar la percepción conel trabajo por cuenta propia o ajena (salvo en elcaso del trabajo a tiempo parcial en los térmi-nos previstos en la normativa); la connivenciacon el empresario para la obtención indebida; yla no aplicación o la desviación en la aplicaciónde las prestaciones que se perciban según losque establezcan los programas de fomento deempleo (como el pago único de las prestacionespor desempleo).

Las sanciones aplicadas están en función deltipo de infracción cometida y van desde la sus-pensión del derecho a la extinción. En el casode las infracciones leves, se sancionan deacuerdo con una escala que implica la pérdidade las prestaciones por un mes (primera infrac-ción), tres meses (segunda infracción) o seismeses (tercera infracción) y llega hasta laextinción (cuarta infracción). En el caso de lasinfracciones graves, se sancionan de acuerdocon una escala que implica la pérdida de lasprestaciones por tres meses (primera infrac-ción) o seis meses (segunda infracción) y llegahasta la extinción (tercera infracción). En elcaso de las infracciones muy graves, se sancio-nan con la extinción de la prestación (si la tras-

gresión de las obligaciones afecta al cumpli-miento y conservación de los requisitos quedan derecho a la prestación, la entidad gestorapuede suspender cautelarmente la misma hastaque la resolución administrativa sea definitiva).

¿Se aplica esta normativa? Aunque lo idealsería contar con datos individuales, los datossobre bajas en las prestaciones por desempleopublicados en el Anuario de Estadísticas Labo-rales nos aportan algo de luz sobre esta cues-tión. Como se ha mencionado más arriba, lagran mayoría de las bajas se produce bien porcolocación del beneficiario bien por agota-miento de la prestación, pero también hay otrotipo de bajas debidas a la sanción/baja cautelar,la emigración o la jubilación/invalidez (y otrascausas). Pero como puede verse en el Cuadro 1,la proporción de bajas producidas por baja cau-telar y sanción (que incluye las suspensiones dela prestación por infracciones leves y las extin-ciones por reincidencia en infracción leve o porinfracciones graves o muy graves) estuvo situa-da en torno al 3 por ciento del total de bajashasta el año 2006, creció por encima del 4 porciento en 2007 y 2008 y ha vuelto a cifras infe-riores al 3 por ciento en 2009. Cuando se dis-tingue entre el nivel contributivo y el asisten-cial (datos no mostrados), se detecta una dife-rencia importante: la proporción de bajas poresta causa es más elevada en el caso de las pres-taciones asistenciales (4 por ciento en 2004-2006, casi el 6 por ciento en 2007 y más del 6por ciento en 2008-2009) que en el caso de lasprestaciones contributivas (algo menos del 3por ciento en 2004-2006, el 3,7 por ciento en2007-2008 y el 2 por ciento en 2009).

En niveles, estos datos implican que la bajacautelar y por sanción se aplicó a 112 mil per-sonas en 2004 y a 237 mil en 2009. La mayorparte de las mismas corresponde al nivel contri-butivo; por ejemplo, de las 237 mil en 2009,




135 mil fueron de perceptores de prestacióncontributiva, 94 mil de prestación asistencial ycasi 8 mil de la RAI.

En resumen, en esta subsección se ha presenta-do la normativa de infracciones y sancionesexistente en España y se ha comprobado quedicha normativa se aplica, pues hay un númerorelativamente importante de beneficiarios deprestaciones por desempleo que causan bajacautelar y por sanción. Valorar si la aplicaciónes estricta o no y si este número es elevado obajo requeriría un análisis más profundo y unacomparación con la realidad de otros países quese encuentra fuera de los objetivos de este tra-bajo pero que merece sin duda una atención porparte de los investigadores y de las autoridades.

3.2. La duración de los períodos de desem-pleo

Como se ha explicado en la sección anterior, laduración potencial de la PC depende del tiem-

po que los individuos hayan estado ocupadosen el período de referencia de seis años antes depasar a la situación legal de paro. Sólo aquellosque hayan estado ocupados al menos seis añostendrán derecho a recibir la PC por el períodomáximo (24 meses). El Cuadro 2 ofrece la dis-tribución de los beneficiarios de prestacionescontributivas y su evolución.

Como puede verse, a medida que se fue conso-lidando la expansión económica del período2002-2007, fue aumentando el volumen debeneficiarios de prestaciones contributivas (de500 mil a 780 mil) y se fue produciendo unaligera reducción del peso de los derechos cortos(4 ó 6 meses) y cortos-medios (8, 10 ó 12meses), un incremento de la importancia de losderechos medios-largos (14 a 22 meses) y unmantenimiento del peso del derecho máximo(24 meses). En 2008, con el empeoramiento dela situación económica y el aumento del des-empleo y de los beneficiarios, se observa una




Cuadro 2. Derecho potencial de los beneficiarios de prestaciones contributivas en España, 2001-2009.

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales.

reducción de la importancia de los últimos y unaumento de la de los períodos potenciales cor-tos-medios, mientras que en 2009 sucede locontrario, como consecuencia de la prolonga-ción de la crisis del empleo y de su impacto en

trabajadores con antigüedades en la ocupaciónmás largas. En cualquier caso, de acuerdo conestos datos, los perceptores contributivos conperíodos potenciales máximos suponen el 25-30 por ciento del total.

Esta información tiene varias limitaciones. Poruna parte, se refiere al stock de perceptores noal flujo de entradas en el sistema. Por otraparte, no es informativo sobre la duración efec-tiva de los episodios de desempleo, ya quepodría suceder que quienes disfrutan de perío-dos potenciales cortos tiendan a agotar la pres-tación mientras que quienes disfrutan de perío-dos potenciales largos no agoten la prestación ysalgan al empleo antes de la finalización delperíodo de derecho.

Esto nos lleva a la necesidad de analizar doscuestiones. La primera es si el sistema españoles más generoso que el de otros países europe-os. Si la respuesta es afirmativa, ello implicaríaque dicha generosidad podría explicar en partela eventual mayor duración efectiva de los perí-odos de paro en España. La segunda cuestión essi la duración de los episodios de desempleo estan larga como se dice, es decir, si el paro delarga duración es relevante en España.

Con respecto a la primera cuestión, como lacomparación de los sistemas de protección pordesempleo vigentes en los países desarrolladosresulta difícil de realizar, ya que dichos siste-mas son por definición complejos, debido a queexisten umbrales mínimos y máximos que afec-tan a la prestación efectivamente percibida, lacuantía de la prestación puede irse reduciendocon el paso del tiempo y determinados colecti-vos pueden acceder a una prestación asistencialcuando se produce el agotamiento de la contri-butiva, para facilitar esta comparación Malo yGarcía-Serrano (2010) analizan cuatro dimen-siones (véase también Toharia et al., 2009): lascondiciones de acceso al sistema, la duraciónde las prestaciones, las tasas de reposición (osustitución) de la renta y el gasto agregado enprotección por desempleo. La conclusión a laque llegan es que, con las cautelas menciona-das, los resultados sugieren que el sistema de

protección por desempleo en España se sitúa enel nivel medio de la duración y la intensidadprotectora, bastante similar al de otros paísesde la Unión Europea como Francia o Alemania.

En cuanto a la segunda cuestión, es posible uti-lizar al menos dos fuentes de datos que aportaralgo de luz. En primer lugar, la EPA permiteconocer el número de trabajadores paradossegún el tiempo que llevan buscando empleo.El Gráfico 2 (página siguiente) proporciona laevolución de los mismos agrupados en cincocategorías. El paro de larga duración se refierea un tiempo de búsqueda de un año o más (lasdos últimas categorías). Los datos del gráficomuestran que la proporción de parados de largaduración se redujo de forma continuada duran-te la expansión económica que se inició en lasegunda mitad de los noventa (con la únicaexcepción de 2002-2003), situándose en 2008en poco más del 20 por ciento. Con la crisis delempleo, el paro de larga duración ha aumenta-do fuertemente.

El problema que presentan estos datos no essólo que no se refieren a episodios completosde desempleo sino, sobre todo, que son datosde stock por lo que sufren de stock samplingbias, lo que tiende a sobreestimar la duraciónmedia del paro ya que es más probable obser-var un período largo que uno corto en elmomento de la entrevista. Una forma de resol-ver este problema es utilizar datos de nuevosentrantes en el desempleo (flujos) y seguirlosen el tiempo con el objetivo de tener informa-ción de la duración de los episodios completosde paro.

Este tipo de información se puede construir conla EPA y con la MCVL. En el primer caso,como la muestra se va renovando por sextoscada trimestre, los hogares entrevistados per-manecen en la muestra durante seis trimestres




consecutivos, lo que permite enlazar la infor-mación de los mismos individuos a lo largo deun año y medio. Sin embargo, esta informaciónpresenta al menos tres problemas: no permiteconstruir duraciones exactas, porque no seconoce ni la fecha concreta en que el individuoentró en el paro ni la fecha concreta en quesalió (como mucho, es posible construir dura-ciones en meses); la ventana de observación esrelativamente corta, lo que impediría ver cuán-do terminan los episodios de paro más largos; ypuede presentar inconsistencias en la sucesiónde los episodios de paro y empleo (por ejemplo,

porque no capte episodios cortos de empleo–inferiores a tres meses-, lo que tendería asobreestimar la duración de los episodios deparo) y en el tiempo que los parados llevan bus-cando empleo (porque se basan en la memoriade los entrevistados). La ventaja de la MCVLes que permite superar estos problemas, puestoque se basa en los registros de la SeguridadSocial, por lo que dispone de la fecha de alta yde baja en los empleos que haya podido tener eltrabajador, lo que permite conocer exactamentela duración de los episodios de empleo y des-ocupación7.




Gráfico 2. Evolución de los parados según el tiempo de búsqueda de empleo, 1996-2010.

Fuente: EPA, segundos trimestres.

Toharia et al. (2009) han analizado los datos dela MCVL siguiendo la vida laboral de los indi-viduos que finalizan episodios de empleo enalgún momento de los años 2004 o 2005. ElCuadro 3 contiene información (la duración

media y la distribución) de las duraciones delos episodios de desocupación hasta queencuentran un empleo de dos colectivos de tra-bajadores (aquellos que pierden un empleo ypasan a recibir una prestación por desempleo y

aquellos que pierden un empleo y no acceden alsistema de protección), mientras que el Gráfico3 ofrece los histogramas del tiempo de desocu-pación hasta la vuelta al empleo. Esta informa-ción se refiere a los episodios de empleo quefinalizan en 2005 (la de los episodios de 2004es muy similar).

Como puede verse en el cuadro, los individuosque pierden un empleo y no acceden a presta-

ciones por desempleo permanecen fuera delempleo (en el paro o en la inactividad) unamedia de 122 días con los datos de 2005 (139días con los datos de 2004). En torno a la mitadde estos episodios duran entre 15 y 60 días (laduración mediana está precisamente en dosmeses), aunque hay un grupo de episodios nadadespreciable (uno de cada cuatro) que duraalrededor de 5 meses o más.




Cuadro 3. Duración media y distribución de la duración (en días) de los episodios de desocupación de los individuos

que transitan entre dos episodios de empleo. MCVL, episodios de empleo que finalizan en 2005. Fuente: Toharia et al. (2009).

En cuanto a los individuos que pierden elempleo y acceden al SPD, es posible distinguirentre los períodos de percepción de prestacio-nes y los períodos completos de desocupación.La duración media de los primeros (paro prote-gido) es de unos 4 meses, mientras que la dura-ción media de los segundos (períodos de noempleo) es de casi 5 meses. Esto significa que,en media, quienes pierden un empleo y accedenal SPD tienden a agotar las prestaciones y aestar cerca de un mes sin percibirlas antes deencontrar un empleo.

Sin embargo, la información contenida en elcuadro nos indica que de todos estos episodioscasi el 25 por ciento finaliza con el acceso a unempleo en un mes o menos y el 50 por cientofinaliza en un empleo antes de los tres meses, yque apenas hay diferencias entre el período depercepción de prestaciones y el período com-pleto de no empleo. Las diferencias parecenconcentrarse en los episodios más largos: mien-tras que hay un 10 por ciento de los episodiosde desempleo protegido con duraciones supe-riores a 245 días en 2005 (255 días en 2004),

* Con el término duración de la "desocupación" se quiere recoger la suma de la duración del desempleo protegido y no protegido (des-pués de abandonar la prestación) de los perceptores de prestaciones por desempleo

hay un 10 por ciento de los episodios de des-ocupación con duraciones superiores a 324 díasen 2005 (342 días en 2004). Esta información

sugiere que quienes tienen períodos largos dederecho tienden a salir hacia el empleo antesdel agotamiento de la percepción.




Gráfico 3. Histograma del tiempo que tardan en volver al empleo los individuos que no acceden a una prestación y los

que sí acceden a una prestación, y de la duración de la prestación de estos últimos. MCVL, episodios deempleo que finalizan en 2005. Fuente: Toharia et al. (2009).

Además, a la vista del gráfico cabe decir quequienes perdieron un empleo y no acceden alsistema de protección salen hacia el empleo enuna buena proporción (casi un 50 por ciento)durante los dos primeros meses en el desem-pleo, aunque estas salidas van disminuyendo alo largo del tiempo y luego crecen entre los 6 ylos 12 meses. En cuanto a quienes pierden unempleo y pasan a recibir una prestación, lassalidas hacia el empleo se van incrementandohasta los dos meses (a un nivel inferior al delcolectivo anterior), luego se reducen y aumen-tan considerablemente entre los 6 y los 12meses.

¿Cómo reconciliar la información aportada porla EPA y la MCVL? El panorama sobre el des-empleo (al menos, hasta que comenzó la crisisdel empleo en 2008) es que la mayoría de losperíodos de paro son breves pero una parteimportante del desempleo observado en undeterminado momento es de larga duración.Dicho de otro modo, la mayoría de los episo-dios de desempleo que se observan en un perí-odo de tiempo (uno o dos años) duran poco; sinembargo, una parte relevante del problema delparo de la economía se puede atribuir a unnúmero relativamente bajo de trabajadores (cony sin prestaciones por desempleo) que no tie-

nen empleo durante largos períodos de tiempo.De hecho, la mayor parte de los episodios deparo con prestaciones son de corta duración(igual que los episodios de paro sin prestacio-nes), de modo que las duraciones medias efec-tivas de ambos tipos de episodios no son muydiferentes: la mitad de los períodos de paro conprestaciones duran tres meses o menos frente ados meses o menos en el caso de los períodosde paro sin prestaciones. La diferencia entre loscolectivos de perceptores y no perceptores seencuentra, sobre todo, en los episodios más lar-gos, que en todo caso suponen un parte reduci-da del total (menos del 10 por ciento).

3.3. La salida del paro de perceptores y noperceptores

La teoría económica convencional predice quela percepción de prestaciones por desempleosupone un desincentivo a la búsqueda deempleo. Esta es la explicación teórica que sesuele utilizar para explicar los resultados empí-ricos de que los perceptores de prestaciones pordesempleo presentan una menor probabilidadde salida del paro en comparación con los noperceptores. Por tanto, el mecanismo implícitoentre las prestaciones y la salida del paro seríala búsqueda de empleo, que se supone resultainfluida por la percepción o no de prestacio-nes8.

Hay pocos trabajos que han estudiado previa-mente el vínculo entre prestaciones y búsquedaen España (García Mainar y Toharia, 2000;Ahn y García-Pérez, 2002; y Garrido y Toharia,2003). Los resultados de estos trabajos sugie-ren que las prestaciones no afectan a la proba-bilidad relativa de que los perceptores de pres-taciones reciban ofertas de empleo (puesto quesus actividades de búsqueda no se ven afecta-das por la percepción, en comparación conotros parados no perceptores) pero influyennegativamente en la probabilidad relativa de

que las ofertas sean aceptadas (dado que la dis-ponibilidad de los perceptores es menor que lade los no perceptores), por lo que en principiocabría pensar que la percepción de prestacionespor desempleo reduce la probabilidad de quelos parados salgan de su situación y alarga laduración de los episodios de desempleo.

¿Es esto lo que encuentran los estudios sobre larelación entre percepción de prestaciones ysalida del paro en España? Por una parte, hayestudios que utilizan datos administrativos delServicio Público de Empleo Estatal (SPEE)sobre perceptores de prestaciones (Históricodel Sistema de Prestaciones, HSIPRE), que tie-nen una limitación: sólo se observan percepto-res de prestaciones, es decir, no existe un grupode control (no perceptores) con el que compa-rar la conducta de los perceptores. Sus resulta-dos indican que la duración potencial del dere-cho resulta una variable significativa a la horade explicar el proceso de salida de los percep-tores de PC, sobre todo en el caso del grupo quetiene el máximo derecho legal de 24 meses,cuyas tasas de salida son claramente inferioresa las de los demás grupos (Cebrián et al., 1995,1996). Además, en cuanto a la tasa de sustitu-ción (la relación entre la cuantía de la presta-ción y el salario anterior) o el nivel de las pres-taciones, su efecto desincentivo sobre la proba-bilidad de volver a encontrar empleo es relati-vamente pequeño o nulo, si bien este efectomedio oculta cierta heterogeneidad: es mayorpara duraciones efectivas cortas-medias, perodesaparece para duraciones más largas, lo quecoincide con los hallazgos en otros países(Cebrián et al., 1995, 1996; Jenkins y García-Serrano, 2004). Finalmente, la utilización con-junta de los datos de prestaciones del SPEE conotros procedentes de la Seguridad Social parauna muestra de trabajadores en el período1999-2002 (Alba et al., 2007) permite compa-rar la salida de los perceptores y de los no per-




ceptores de forma general, obteniéndose quequienes perciben prestaciones salen hacia laocupación más lentamente que quienes no reci-ben prestaciones.

Por otra parte, hay estudios que utilizan losdatos de la EPA enlazada, que permite el segui-miento de los individuos durante seis trimestresconsecutivos. La información de la EPA sobrelas prestaciones por desempleo es limitada, yaque se refiere solamente a si el individuo reci-be prestaciones o no (aunque esto permite dis-poner de un grupo de control), pero no permiteconocer el nivel de las prestaciones ni la dura-ción del período de derecho ni distinguir entrePC y PA. Un estudio realizado con los datos dela EPA enlazada es el de Bover et al. (2002).Estos autores, utilizando datos para los varonesreferidos al período 1987-1994 y seleccionandoa los parados que llevan menos de tres mesesen su situación en el momento inicial de laobservación, encuentran que la percepción deprestaciones reduce la salida del paro, aunqueel efecto es variable en el tiempo, siendo supunto máximo a los tres meses de duración ydesapareciendo prácticamente a partir de losnueve meses9.

Cantó y Toharia (2003) investigan si los resul-tados obtenidos por Bover et al. (2002) son sen-sibles al período de análisis elegido, al métodode identificación de las personas que han perdi-do su empleo y al horizonte temporal al que serefiere la salida del paro. Para ello, el períodode análisis (1992-2003) se divide en dos sube-tapas (1992-1998 y 1999-2003); la identifica-ción de los nuevos parados se realiza mediantedos métodos alternativos (seguir a las personasque están ocupadas en la primera entrevista yparadas en la segunda, para analizar a continua-ción su situación; o seguir a las personas queestán desempleadas en la primera entrevista ydicen llevar menos de tres meses en su situa-

ción –éste el método seguido por Bover et al.,2002-); y la probabilidad de salir del paro seanaliza en dos horizontes temporales (un tri-mestre después y cuatro trimestres después).Sus resultados son muy nítidos para el período1999-2003, ya que en este caso ninguna de lascategorías de parados que cobran prestacionesmuestra una probabilidad de salida hacia elempleo significativamente menor que el grupode referencia (quienes no cobran y la antigüe-dad en su último empleo fue inferior a un año)con ambos métodos de identificación10.

Finalmente, también hay estudios que han co-menzado a utilizar los datos administrativos dela MCVL. Los resultados de las estimacionesrealizadas por Toharia et al. (2009) indican quela tasa de salida hacia el empleo es menor si elindividuo percibe una prestación que si no lapercibe, por lo que el episodio de desempleo esmás prolongado en caso de percepción. Peroexisten diferencias según el tipo de prestación:la probabilidad de salida es más elevada paralos perceptores de PC en comparación con losde la PA y, sobre todo, los del subsidio demayores de 52 años. Este resultado es similar alobtenido por Toharia et al. (2006). Al mismotiempo, la duración del empleo anterior mues-tra una clara relación negativa con la probabili-dad de salida: cuanto más tiempo se pasó en elempleo, más baja es la tasa de salida hacia elempleo y más largo el episodio de no empleo.En otra especificación en que ambas variablesse combinan, distinguiendo entre quienes noperciben prestaciones y quienes perciben pres-taciones (y estuvieron menos de un año, entreun año y seis años, o seis o más años), tratandoen este último caso de aproximar la duraciónpotencial del derecho de los perceptores, losresultados obtenidos son similares a los ante-riores en el sentido de que los perceptores conduraciones potenciales más largas presentanprobabilidades de salida inferiores.




Estos resultados indican que la simple compa-ración entre perceptores y no perceptores(como se hace en algunos estudios) oculta laheterogeneidad existente dentro del grupo debeneficiarios, no sólo por tipo de prestaciónsino también por duración potencial del dere-cho. Resulta evidente que los resultados queindican sin más que los beneficiarios de presta-ciones presentan probabilidades de salida haciael empleo menores que los no perceptores seencuentran afectados por el hecho de que deter-minados grupos (perceptores del subsidio demayores de 52 años y preceptores de PC conderechos largos) presentan tasas de salidas rela-tivamente bajas. Además, el período de obser-vación de la salida es importante, puesto quelos no perceptores tienden a salir más rápida-mente en el muy corto plazo pero la proporciónde salidas es igual al cabo de un año (cuando secomparan no perceptores y perceptores conperíodos de derecho cortos).

Los resultados obtenidos pueden ponerse enrelación con los encontrados en otros trabajosque utilizan los datos de la EPA (Toharia, 1998;Cantó y Toharia, 2003), en el sentido de que losbeneficiarios con duraciones más prolongadasen su último empleo presentan probabilidadesde salida hacia el empleo menores y que los noperceptores tienden a salir más rápidamente enel corto plazo que los perceptores cuando secompara un trimestre con el siguiente pero nocuando la ventana de observación es un año oun año y medio. Este último hallazgo podríaindicar que, aunque los no perceptores salenmás rápidamente del paro, también vuelvenmás rápidamente al desempleo, por lo que esigual de probable encontrar a un perceptor quea un no perceptor en la situación de ocupaciónen el medio plazo. Si esto es así, el supuestoefecto desincentivador de la salida del parohacia el empleo estaría compensado por unamayor permanencia en el empleo y una menor

probabilidad de salida desde el empleo hacia elparo de los beneficiarios de prestaciones pordesempleo (o, al menos, de una parte de ellos).

Para analizar esta cuestión, se utilizan los datosde la MCVL referidos a los individuos que per-dieron su empleo, pasaron a la desocupación(paro o inactividad) y posteriormente volvieronde nuevo a la ocupación utilizados anterior-mente. La información básica se ofrece en elCuadro 4.

En el panel superior se encuentra la informa-ción que distingue entre perceptores y no per-ceptores. Como puede verse, en media los tra-bajadores que perciben prestaciones por des-empleo tras perder su empleo proceden deempleos más prolongados (242 días frente a134 días) y se mueven hacia empleos tambiénmás prolongados (181 días frente a 142 días) encomparación con los trabajadores que no perci-ben prestaciones. La duración mediana de losempleos de los no perceptores se sitúa en 1-1,5meses, mientras que la duración mediana de losempleos de los perceptores se encuentra en 2,5-3 meses, lo que significa que la mitad de losempleos duraron como mucho ese tiempo.

En el panel inferior del cuadro se ofrece unainformación similar a la anterior pero referidaexclusivamente a los beneficiarios de presta-ciones por desempleo entre dos episodios deempleo, lo que permite distinguirlos según eltipo de prestación que reciben. Puede compro-barse que existen diferencias sustanciales entrelos tres grupos de perceptores: los beneficiariosde PC pasan menos tiempo en el paro y mástiempo en el empleo que los beneficiarios delos dos tipos de subsidios.

Por tanto, la adopción de una perspectiva tem-poral más amplia permite comprobar que los noperceptores muestran tasas de salida del paro




más elevadas y tienen duraciones más cortas delos períodos de no empleo, pero al mismo tiem-po provienen de y se mueven hacia empleosmenos duraderos, lo que indica que sus tasas de

salida de la ocupación y de entrada en el paroson también más elevadas en comparación con(al menos una parte de) los perceptores de pres-taciones.




Cuadro 4. Duración media y mediana (en días) de los episodios de empleo anterior, desocupación y empleo posteriorde los individuos que transitan entre dos episodios de empleo, distinguiendo entre perceptores y no percep-

tores de prestaciones. MCVL, episodios de empleo que finalizan en 2004 y 2005. Fuente: Toharia et al. (2009).

Nota: Para los perceptores de prestaciones se puede distinguir la duración efectiva del período total de desocupación y la duración delperíodo cubierto por las prestaciones. Entre paréntesis está la duración media y mediana del paro protegido de los perceptores de pres-taciones.

4. Conclusiones

Este artículo ha tratado de examinar el SPDespañol haciendo referencia a tres cuestionesque normalmente se aducen como ejemplos demal funcionamiento del mismo: la existenciade una normativa laxa y su aplicación poco exi-gente en cuanto a las sanciones a los percepto-res por no cumplir con su obligación de bús-queda activa de empleo; los períodos tan pro-longados de derecho a la prestación que hacen

que una fracción importante de perceptorespasen largos períodos en el desempleo; y eldesincentivo de las prestaciones sobre la bús-queda de trabajo y la salida del paro.

Con respecto a la primera cuestión, se ha com-probado que en España existe una normativa deinfracciones y sanciones y que además se apli-ca, pues hay un porcentaje nada desdeñable delas bajas del sistema que se debe a bajas caute-

lares y sanciones. En todo caso, un línea deinvestigación de interés consistiría en analizaren profundidad este aspecto y comparar lasituación española con la de otros países conobjeto de valorar si la aplicación de la normati-va es estricta o no y si el número de bajas porinfracción o sanción es elevado o bajo.

En cuanto a la segunda cuestión, la distinciónentre episodios de desempleo y personas en elparo es clave, ya que cuando se utiliza la infor-mación (longitudinal) sobre episodios se com-prueba que la mayor parte de los mismos sonde corta duración pero una parte importante deldesempleo observado en un determinadomomento con datos de personas (transversal) esde larga duración. Dicho de otro modo, la ma-yoría de los episodios observados duran poco;sin embargo, una parte relevante del problemadel paro de la economía se puede atribuir a unnúmero relativamente bajo de trabajadores (cony sin prestaciones por desempleo) que no tie-nen empleo durante largos períodos de tiempo.

Finalmente, por lo que respecta a la terceracuestión, la revisión de la literatura empíricareferida al caso español sugiere que los percep-tores permanecen en la situación de paro mástiempo que los no perceptores, en media. Sinembargo, hay dos aspectos que deben destacar-se: primero, el efecto negativo de la percepciónde prestaciones sobre la salida hacia el empleose concentra sobre todo en el colectivo de quie-nes tienen derechos largos (porque han estadoen el empleo seis años o más); y segundo, esteefecto es importante a muy corto plazo perotiende a desaparecer a medio plazo, al estarligada la mayor propensión de salida a la fuer-te rotación existente en el mercado de trabajo.

La nueva evidencia existente con los datos dela MCVL para el período 2004-2007 (Tohariaet al., 2009, 2010) tiende a confirmar algunos

de los aspectos anteriores, sobre todo lo quetiene que ver con el horizonte temporal: aunquelos no perceptores realizan transiciones hacia elempleo más rápidas también presentan duracio-nes de los empleos más cortas, lo que significaque también vuelven al paro rápidamente, porlo que el supuesto efecto desincentivador de lasalida del paro hacia el empleo estaría compen-sado por una mayor permanencia en el empleoy una menor probabilidad de salida del empleohacia el paro de los beneficiarios de prestacio-nes por desempleo. Esto implicaría la existen-cia de un segmento de trabajadores que entrany salen del empleo muy deprisa y que quedan almargen del sistema de protección social, y otrosegmento de trabajadores más estables tanto enel empleo como en el desempleo, lo cual esta-ría relacionado con el fenómeno de la recurren-cia.

En definitiva, la evaluación de la eficiencia delsistema de prestaciones por desempleo deberealizarse adoptando una perspectiva temporaly de historia laboral más amplia, no examinan-do simplemente la salida del paro de los indivi-duos. Cuando se hace esto, resultan discutibleslas conclusiones de política económica acercade los posibles efectos beneficiosos que unareducción de las prestaciones por desempleopodría producir en el nivel de paro. Por ejem-plo, Arranz et al. (2009) muestran que la reduc-ción del nivel de prestaciones tras la reforma de1992 tuvo un efecto muy pequeño sobre la tasade salida de los perceptores –nulo en el caso delos perceptores con duraciones potenciales cor-tas–.

Esto no quiere decir que el sistema de protec-ción por desempleo no deba retocarse. Si lo quese pretende es caminar hacia un sistema de fle-xiseguridad que combine flexibilidad para lasempresas y seguridad para los trabajadores(entendida en el empleo y no en el puesto de




trabajo), serán necesarios cambios que afectenal gasto en las políticas del mercado de trabajo(los países que suelen ofrecerse como modelos–Dinamarca y Holanda– destacan por un mayorgasto en políticas pasivas, de mantenimiento derentas, pero también en políticas activas); a laarticulación de ambos tipos de políticas (enten-dida como doble derecho y no como participa-ción en las activas a cambio de la renta que serecibe en las pasivas), concentrando al princi-pio del período de derecho las actividades for-mativas y, en general, las políticas activas; a laprofundización en la personalización de los ser-vicios de asesoramiento y seguimiento en labúsqueda de empleo y al incremento de suintensidad, sobre todo para grupos específicos(jóvenes, buscadores de primer empleo, para-dos de larga duración); y a la potenciación delos servicios públicos de empleo con másrecursos materiales y humanos (no hay queolvidar que la cifra de trabajadores de los servi-cios públicos de empleo por parado en Españaes una de las más bajas de Europa).

Notas

* El autor agradece la financiación del Ministerio de Ciencia eInnovación (proyecto ECO2010-19963).

1 Otros aspectos relacionados con la eficiencia del sistema,como pueden ser su financiación, su cobertura o su grado degenerosidad, no se tratan aquí (sobre los dos últimos aspec-tos, véase Toharia, 1997, Toharia et al., 2009, y Malo yGarcía-Serrano, 2010).

2 Una descripción más detallada puede encontrarse en Toharia(1997) y Toharia et al. (2009).

3 El IPREM sustituye desde el año 2004 al Salario MínimoInterprofesional (SMI) como referencia para prestacionespor desempleo y otras ayudas sociales (concesión de ayudas,becas, subvenciones, etc.).

4 El pago de las prestaciones conlleva el abono de las cotiza-ciones sociales correspondientes a las contingencias de en-

fermedad y vejez, cotizaciones que son pagadas en su mayorparte por el Servicio Público de Empleo Estatal.

5 La duración es de 11 meses y la cuantía es la misma que lade la PA. En el caso de emigrantes retornados, se les eximedel requisito de los doce meses de inscripción, en el caso delas personas con discapacidad se les exime del requisito de laedad y en el de las víctimas de violencia de género se lesexime de los requisitos de la edad y el período de inscripción.

6 Las posibles causas son las siguientes:

- “Agotamiento de la prestación” incluye la extinción delderecho a la prestación por haber agotado el periodo deduración de la misma.

- “Colocación” agrupa la suspensión de la prestación por larealización de un trabajo por cuenta ajena o propia portiempo inferior a 12 o 24 meses, respectivamente, y laextinción si el tiempo es superior a 12 o 24 meses, salvoen el caso del subsidio de trabajadores eventuales agrariosen que, si las jornadas trabajadas están sujetas al RégimenEspecial Agrario, no dan lugar a la extinción del derecho,aunque sí a su suspensión. A partir de la entrada en vigordel Real Decreto Ley 5/2002, posteriormente derogadopor la Ley 45/2002, también se incluyen las readmisionesen el puesto de trabajo que se producen por conciliación opor sentencia firme.

- “Capitalización de la prestación” solo afecta a los benefi-ciarios perceptores de una prestación de nivel contributivoque capitalizan la misma para incorporarse como sociostrabajadores a una Cooperativa, Sociedad Laboral, o comotrabajador por cuenta propia.

- “Emigración” recoge las suspensiones de la prestación portraslado al extranjero para realizar un trabajo o perfeccio-namiento profesional por tiempo inferior a 6 meses, y lasextinciones del derecho a la prestación si el tiempo essuperior a 6 meses.

- “Jubilación e invalidez” engloba las extinciones del dere-cho por pasar el beneficiario a ser perceptor de una pen-sión por jubilación o invalidez (total, absoluta o gran inva-lidez) y las extinciones por el cumplimiento de la edadordinaria de jubilación, salvo que no tenga derecho a lapensión por esta contingencia.

- “Baja cautelar y sanción” se incluyen las suspensiones dela prestación por infracciones leves y las extinciones porreincidencia en infracción leve o por infracciones graves omuy graves.

- “Otras causas” recoge las suspensiones de la prestaciónpor cumplimiento de condena que implique privación delibertad, por pasar a cobrar la prestación por incapacidadtemporal o maternidad y las extinciones de la prestaciónpor fallecimiento del beneficiario y por renuncia volunta-ria al derecho, la suspensión de la prestación por recursodel empresario a la declaración de improcedencia del des-pido y las extinciones o pérdidas de trabajo compatiblecon la prestación y cualquier otra causa no recogida ante-riormente de forma expresa.




7 Para una introducción a la MCVL, véase Durán y Marcos(2006), Argimón y González (2006), Durán (2007) o GarcíaSegovia y Durán (2008).

8 Una revisión detallada de los estudios que han investigado laposible incidencia negativa de las prestaciones por desem-pleo en la búsqueda de empleo y en la probabilidad deencontrar empleo puede encontrarse en Toharia et al. (2010).

9 Arranz et al. (2010) utilizan la EPA enlazada distinguiendocuatro tipos de salida del paro: hacia el empleo indefinido,hacia el empleo temporal, hacia el autoempleo y hacia lainactividad.

10 En un estudio previo, Toharia (1998) considera períodos deobservación de un año en vez de trimestre a trimestre y plan-tea una variable que combina percepción de prestaciones yperíodos de derecho imputado (vía duración del empleo ante-rior). Sus resultados sugieren que las prestaciones por des-empleo ejercen una influencia negativa clara en la probabili-dad de salida del paro de los trabajadores que estuvieronmucho tiempo (al menos seis años) en su anterior empleo,resultado coincidente con el de Cebrián et al. (1995, 1996)mencionado antes.

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Los jóvenes, el accesoal empleo y la formaciónAlberto Vaquero1

Departamento de Economía Aplicada.Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense, Universidad de Vigo

RESUMEN: Las limitaciones al accesoal empleo por los jóvenes es una cues-tión económica de naturaleza estructu-ral. Tradicionalmente este grupo de po-blación se ha visto obligado a optar porpuestos de trabajo menos estables y coninferior remuneración, desempeñandosu labor en peores condiciones laborales.Y todo esto a pesar del aumento delcapital humano en España, que ha per-mitido disponer de la generación de jó-venes mejor preparados de toda la histo-ria y el elevado crecimiento económicodurante los últimos veinte años.

Adicionalmente la fuerte crisis económi-ca iniciada a finales de 2007 ha reducidoen gran medida los escasos resultadospositivos en el acceso al empleo para losjóvenes, logrados durante la anteriorépoca de bonanza. El objetivo de esteartículo es analizar la actual situación de

los jóvenes en el acceso al empleo y a laformación en España en el marco econó-mico actual.

PALABRAS CLAVE: acceso al empleo, for-mación, jóvenes.

1. Introducción

Mejorar la capacidad de inserción laboral delos titulados, tanto no universitarios como uni-versitarios, es una constante en todas las agen-das políticas. En la última década el proceso decolocación en el mercado de trabajo se ha con-vertido en algo cada vez más largo y complejo.Esto es debido a que los jóvenes son muchomás propensos al desempleo y se mueven conmayor rapidez entre situaciones de empleo,paro e inactividad. Unido a lo anterior, se cons-tata que el trabajo conseguido no siempre resul-ta de calidad y bien remunerado, además decomprobarse una alta rotación laboral.

El objetivo de este artículo es estudiar, para elcaso español y desde una óptica comparada, lasituación de los jóvenes en el acceso al empleoy la formación. Para ello tras esta introducción,el segundo apartado se centra en analizar lasituación educativa en España para el colectivojuvenil. El tercer apartado estudia el acceso alempleo de los jóvenes en España, tratandoespecialmente los problemas y limitaciones alas que se enfrentan para lograr un empleo esta-ble y de calidad. El cuarto apartado trata de jus-tificar la necesidad de introducir cambios en elsistema educativo y en el mercado laboral paramejorar el acceso de los jóvenes al empleo.Finalmente, se establecen una serie de conclu-siones a partir de los resultados obtenidos.


Los jóvenes, el acceso al empleo y la formación

Alberto Vaquero


2. La situación educativa de los jóve-nes en España desde la óptica compa-rada

En 2008 el porcentaje de alumnos que obtuvoen España un título de segunda etapa deEducación Secundaria fue del 73%, una cifraque recoge un notable aumento si la compara-mos con el 66% de 2001. Sin embargo, todavíaqueda mucho camino por recorrer hasta llegaral 80% de la media de la OCDE o al 83% de la

UE-192 (gráfico 1). Estas diferencias son espe-cialmente importantes para el colectivo mascu-lino, ya que las cifras para las mujeres se ase-mejan mucho a los resultados internacionales.Además, uno de cada cuatro jóvenes deja laescuela con un nivel de estudios inferior a laeducación secundaria superior (OECD, 2007),una de las tasas de abandono más elevadas dela OCDE, lo que dificulta en gran medida lassalidas laborales.



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Gráfico 1: Tasas de graduación en segunda etapa de educación secundaria, 2008 (En porcentaje)

Fuente: Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2010. Informe Español, Ministerio de Educación (2010). Nota: Porcentaje de graduados en segunda etapa de Educación Secundaria sobre población en la edad típica de graduación.

Este resultado parece justificarse en base alreducido número de estudiantes que se gradúanen los Ciclos Formativos de Grado Medio(OCDE, 2010), 38% en España frente al 44% y52% en la OCDE y la UE-19, respectivamente(gráfico 2, ver pág. siguiente). Lo anterior con-forma, sin duda, un handicap importante a lahora de optar por un empleo, ya que la relaciónentre el sistema educativo y el mundo laboral

es, a todas luces, bastante débil puesto que lasprácticas se encuentran generalmente restringi-das a los alumnos de formación profesional. Dehecho, éstos presentan unas altas tasas de colo-cación al finalizar sus estudios, lo que les per-mite una mayor rentabilidad inmediata de laformación recibida, debido, en gran medida, alas prácticas realizadas durante la etapa forma-tiva.

En los últimos años la tasa de titulación en edu-cación terciaria en España ha mejorado, aunquetodavía se constatan diferencias con la OCDE yla UE-19. Así, para el caso de la educación ter-ciaria tipo A (aquella que comprende los estu-dios superiores de enfoque teórico-académico)

la evolución desde 1995 muestra un importante

crecimiento de la tasa de titulación desde el

18,3% al 33,1% en 2008, aunque en los últimos

años se abre la brecha con la OCDE y se man-

tienen las diferencias con la UE-19 (gráfico 3).



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Gráfico 2: Tasas de graduación en segunda etapa de educación secundaria por programas, 2008 (En porcentaje)

Fuente: Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2010. Informe Español, Ministerio de Educación (2010). Nota: Porcentaje de graduados en segunda etapa de Educación Secundaria sobre población en la edad típica de graduación.

Gráfico 3: Evolución de las tasas de titulación en Educación Terciaria, tipo A, 1995-2008

Fuente: Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2010. Informe Español, Ministerio de Educación (2010). Nota: Porcentaje de individuos que han obtenido un título en Educación Terciaria tipo A, respecto a la edad típica de obtención de ladicha titulación.

La literatura económica señala la fuerte rela-ción entre inversión en educación y mercado detrabajo, siendo una constante que un mayortiempo destinado al aprendizaje se traduce enuna mejora de los resultados. Además, los titu-lados en educación secundaria y terciaria for-man el grupo de empleados que más riquezagenera, tanto en términos de rentabilidad socialcomo privada.

Así, tanto en España como en la UE-19 y laOCDE la tasa de paro se reduce a medida queaumenta el nivel educativo, especialmente parael colectivo femenino. Además, comparandolos resultados de 2007 y 2008, se observa comoel aumento del desempleo generado por laactual crisis económica ha afectado especial-mente al grupo de personas que sólo tienen es-tudios obligatorios (6,4 puntos porcentuales) yen menor medida a los que han realizado edu-cación terciaria (0,7 puntos). Así, completar laeducación secundaria supone una reducción demás de 8 puntos en la tasa de desempleo portérmino medio de la OCDE, unas cifras simila-

res a las obtenidas en España, por lo que no dis-poner de una cualificación mínima de Educa-ción Secundaria superior se traduce en unafuerte rémora para encontrar un trabajo(OCDE, 2010).

El 23% de la población entre 25 y 29 años conun título superior en la OCDE desempeñaba en2007 un trabajo que precisaba un nivel de for-mación inferior al recibido, esto es, se encon-traba sobrecualificada para el trabajo. Para elcaso español este porcentaje asciende al 44%.Un dato que contrasta con el 20% de Alemaniao el 17% de Suecia.

Paralelamente se está produciendo una falta deadecuación de los estudios cursados al trabajodesempeñado por los jóvenes, que se traduceen una pérdida de capital humano y una menorrentabilidad de la educación (gráfico 4). Ade-más, en los últimos años parece constatarse unapérdida de los diferenciales de ingresos relati-vos entre educación superior y el resto de nive-les educativos (Vaquero, 2010).



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Gráfico 4: Desajustes entre educación y ocupación de los jóvenes, 25 a 29 años, 2007 (En porcentaje)

Fuente: Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2010. Informe Español, Ministerio de Educación (2010).

Así, en 2007 disponer de unos estudios supe-riores suponía un 38% más de ingresos quetener sólo la segunda etapa de EducaciónSecundaria Obligatoria, cuando en la OCDE elindicador ascendía al 53%. En términos absolu-tos, el beneficio medio obtenido por un varóncon titulación superior es de 146.000 dólares,mientras que solo con una titulación de secun-daria superior la cifra sería de 68.000 dólares.Para el caso español las cuantías anteriores se-rían de 83.235 dólares y 57.883 dólares paraestudios superiores y secundaria superior, res-pectivamente, lo que manifiesta una menor ren-tabilidad relativa de las enseñanzas superiores(Ministerio de Educación, 2010).

Las causas de este resultado hay que atribuirlasno sólo a la escasa adecuación de la oferta aca-démica de títulos universitarios a la realidadlaboral, que con la adaptación al Espacio Euro-peo de Educación Superior es de esperar que secorrija, al menos en parte, sino también al pro-pio tejido productivo español que no siemprepuede garantizar las oportunidades laborales alos titulados universitarios. Así, en no pocasocasiones los titulados de una provincia o co-munidad autónoma se ven obligados a abando-nar su residencia habitual, incluso a trasladarsea vivir al extranjero, por la falta de oportunida-des laborales. Esto obedece a que el modeloproductivo español se caracteriza por una fuer-te especialización en actividades con escasovalor añadido, intensivas en personal con bajasnecesidades formativas y con reducidas inver-siones en innovación.

A pesar de lo anterior, la Comisión Europea(2009) señala que el 35% de los nuevos emple-os exigirán cualificaciones de alto nivel en2020 y que el 50% precisarán de una formaciónde nivel medio, por lo que resulta justificable lanecesidad de seguir apostando por realizarestudios universitarios, aunque, como se ex-

pondrá más adelante, sería conveniente practi-car algunas reformas de inmediato.

3. El acceso al empleo de los jóvenesen España desde una perspectivacomparada

A finales de 2010 más de cinco millones dejóvenes menores de 25 años en la UE- 27 seencontraban inmersos en el complejo procesode buscar un empleo. El principal problema alque se enfrentaban es que una parte significati-va de este colectivo veía mermadas notable-mente sus posibilidades de éxito al no disponerde la formación necesaria o por la ausencia oescasa experiencia laboral previa.

Sin duda, la fuerte crisis económica que esta-mos padeciendo desde finales de 2007 ha inci-dido especialmente en las oportunidades labo-rales de los más jóvenes, dificultando su acce-so al empleo. Así, ha aumentado en más de unmillón el número de jóvenes europeos que bus-can un empleo desde el comienzo de la crisis.Estas cifras arrojan una tasa de paro en julio de2010 para este colectivo del 20,2%, casi seispuntos más que en 2008, llegando a suponer enEspaña el 41% de los jóvenes (21% en 2008),siendo el país que mayor empleo juvenil hadestruido en los últimos tres años.

Unido a lo anterior, los jóvenes europeos vivencon mayor intensidad los problemas de la inse-guridad laboral, encadenando contratos labora-les temporales hasta que consiguen un empleoestable. En julio de 2010 alrededor del 40% delos trabajadores europeos menores de 25 añosen la UE-27 tenían un empleo temporal, alcan-zado en España una tasa cercana al 60%. Asi-mismo, el porcentaje de contratos a tiempo par-cial por exigencia del empresario ascendía al27% en la UE-27 (33% en España).



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Además, el tiempo de permanencia de los jóve-nes en situación de desempleo se ha agravadoen los últimos años. El 6% de los parados quellevaban a principios de 2010 más de un año enesta situación en la UE-27 eran jóvenes entre18 y 25 años, una cifra que ascendía al 11% enel caso español, cuando hace tres años era laquinta parte.

A pesar de disponer de la formación y prepara-ción adecuada, la mayor parte de los jóvenespermanece en esta situación durante muchosaños, por la reticencia de los empleadores encontratarlos de forma indefinida, en parte comoconsecuencia de la fuerte protección laboral delos contratos fijos, lo que desalienta a su trans-formación.

Adicionalmente, en 2008 alrededor del 10% delos jóvenes europeos entre 18 y 25 años no tra-bajaban ni tampoco seguían un plan de forma-ción para incrementar sus posibilidades de em-pleo. En España este porcentaje ascendía al14%, una de las tasas más altas de la UE-27. Lasituación contraria se observaba en Dinamarcay Holanda con apenas un 4% en esta situación.

Sin duda, el reducido apoyo para encontrar untrabajo, sobre todo en los casos de jóvenes conprofundas carencias en competencias básicas oaquellos que tienen dificultades para acceder yseguir en los programas formativos reglados,dificulta en gran medida conseguir un empleo.A lo anterior hay que añadir la fuerte segmen-tación del mercado de trabajo, que supone rele-gar a los más jóvenes a empleos “de segunda”,caracterizados por una alta temporalidad,menor retribución y peores condiciones labora-les que dificultan las expectativas laborales delos más jóvenes.

Todo lo anterior hace necesario la aplicación demedidas urgentes para mitigar el problema deacceso de los jóvenes al mercado laboral, asícomo la permanencia en el mismo. Desde la

perspectiva comunitaria la Comisión Europeapresentó en 2009 el Informe Sobre una estrate-gia de la UE para la juventud: inversión ycapacitación, donde se establecían los princi-pios a seguir para mejorar el acceso al empleoa los jóvenes y más recientemente, en septiem-bre de 2010, la iniciativa Juventud en Movi-miento, dentro de la estrategia Europa 2020,para tratar de que la educación y la formaciónse ajusten mejor a las necesidades de los jóve-nes, animándoles a realizar una parte de la for-mación en otro país, aumentando las posibili-dades de empleabilidad de los jóvenes y mejo-rando su acceso al mercado laboral. La tabla 1(ver pág. siguiente) resume las principales ac-tuaciones previstas en los próximos años. Porel momento no existe una actuación similardesde la perspectiva nacional en España.

4. La necesidad de introducir cambiospara mejorar el acceso al mercado detrabajo

4.1 Cambios en la educación terciaria

Aunque resulta evidente que al finalizar su for-mación universitaria los jóvenes egresados nosuelen alcanzar el empleo al que aspiran, no esmenos cierto que a medida que aumentan losaños de experiencia se va produciendo unaimportante mejora en las condiciones laboralesde los titulados, reduciéndose las situaciones deprecariedad laboral.

No obstante, es necesario señalar que en losúltimos años se ha estrechado el diferencialsalarial con aquellos que tienen educaciónsecundaria y que el fuerte aumento del númerode egresados universitarios está provocandoque el título se convierta en un criterio más deselección, aunque en realidad no se precisen losconocimientos adquiridos para el empleo al quese opta.



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Tabla 1: Acciones principales de la estrategia Juventud en Movimiento

Fuente: Estrategia Juventud en Movimiento, Comisión Europea (2010).

Sin embargo, es preciso matizar lo anterior, yaque más que un stock de titulados universita-rios escasamente aprovechado, lo que realmen-te parece constatarse es la existencia de un des-equilibrio entre la formación que escogen nues-tros jóvenes y lo que realmente necesitan lasempresas.

Es preciso tener en cuenta que el actual merca-do laboral es muy cambiante y que el sistemaeducativo no siempre logra adaptarse con laceleridad a la nueva realidad. De esta forma,nos encontramos sectores o profesiones con unexceso de oferta de titulados y otros en las quelas empresas manifiestan que no siempre en-

cuentran candidatos debidamente cualificados.Este sería el caso de la sobreoferta de egresadosuniversitarios en la rama de Humanidades y enmenor medida en Ciencias Sociales y Jurídicas,situación que cohabita con la escasez de titula-dos en el área de Ingeniería. Por lo tanto, resul-ta necesario introducir cambios significativosen la enseñanza terciaria.

En primer lugar se precisa realizar un ejerciciode reflexión acerca de la oferta de títulos uni-versitarios y los conocimientos y competenciasque se imparten en las aulas. Los estudios uni-versitarios necesitan reducir su carga teórica yser más aplicados, en base a las necesidadesque realmente solicitan los empleadores. Es deesperar que el reciente proceso de adaptaciónde nuestras titulaciones universitarias al Espa-cio Europeo de Educación Superior, que poten-cia las competencias profesionales de los estu-diantes3 en vez de centrar todo el proceso deaprendizaje en el proceso educativo tradicional,y la cada vez mayor presencia de las demandasde formación de los empleadores en la Uni-versidad, mejoren la adecuación de nuestrastitulaciones a lo que realmente demanda elmercado de trabajo. Puesto que es un procesoreciente, todavía no hay resultados que permi-tan medir la incidencia de estos cambios.

En segundo lugar es preciso seguir apostandopor un mayor conocimiento de lenguas extran-jeras, una de las asignaturas pendientes desdehace muchos años. Sin duda, esto favoreceránotablemente la movilidad de nuestros estu-diantes (Vaquero, 2010).

En tercer lugar hay que potenciar el desarrollodel conocimiento a través de las nuevas herra-mientas informáticas, en especial la incorpora-ción de las Tecnologías de la Información y laComunicación (TICs) al proceso de aprendiza-je. La transversalidad de las mismas favorece

su aplicación con independencia de los conteni-dos impartidos y favorece el aprendizaje.

En cuarto lugar es necesaria la realización demás prácticas profesionales durante la etapaformativa, puesto que esta tarea favorece nota-blemente la posterior inserción laboral de losegresados y proporciona un mayor acercamien-to a la realidad a la que se enfrentarán los alum-nos al finalizar su etapa formativa.

En quinto lugar se debe seguir apostando por lamovilidad de los estudiantes, tanto a nivel na-cional como internacional, para que al menosun período de su formación lo realicen fuera desu lugar habitual de estudios, al ser una de lascuestiones más valoradas por los empleadores.

Finalmente, resultaría conveniente facilitar alos estudiantes información sobre las salidaslaborales de la titulación cursada, por ejemplo,duración del tiempo de búsqueda de empleo alfinalizar los estudios, tasa de colocación, tipode trabajo conseguido o retribución estimada,entre otros, lo que ayudará notablemente a laelección de la titulación (Comisión Europea,2009 y 2010).

4.2 Cambios en la enseñanza secundariaobligatoria

En el nivel educativo de enseñanza secundariaobligatoria es preciso que España continúe conla medidas establecidas en la Ley Orgánica deEducación (LOE) para reducir el excesivo a-bandono escolar para el grupo de 18 y 24 añosantes de finalizar la etapa formativa obligatoria(31,9% en 2008, una tasa más del doble de lamedia de la UE-19, 14,9%, y casi 20 puntos porencima del objetivo europeo para 2010)4

(Ministerio de Educación, 2010). Para ello esnecesario realizar un esfuerzo especial en aque-llos colectivos con dificultades especiales deaprendizaje, que son los más propensos a aban-



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donar la enseñanza. Este sería el caso en losalumnos con barreras idiomáticas5 o culturales,que aconsejan realizar un esfuerzo adicional(Pérez Esparrells y Vaquero, 2009).

En segundo lugar, es necesario mejorar lastransiciones desde la escuela al mercado labo-ral, de forma que los jóvenes que finalizan laescuela tengan las competencias que les va asolicitar el mercado de trabajo. En este sentidolos llamados programas de “segunda oportuni-dad” destinados a aquellos que abandonanantes de tiempo la escuela, posibilitan el des-arrollo de este tipo de competencias (San Se-gundo y Vaquero, 2009).

En tercer lugar, es necesaria la realización demás prácticas en empresas, con independenciadel camino escogido (Bachillerato o FormaciónProfesional), lo que facilitará una transiciónmucho más suave y con mejores resultados almercado laboral. Para ello resulta convenientecontar con la participación de las empresas enel diseño curricular, ya que son las que mejorconocen los recursos con los que debe contar elestudiante para el acceso al empleo.

En cuarto lugar, hay que seguir apostando porla alternativa de la formación técnico profesio-nal haciéndola más atractiva, dada las altastasas de acceso al empleo y el reducido tiempode búsqueda de un trabajo acorde con la titula-ción cursada.

Finalmente, y tal como se señaló para las ense-ñanzas universitarias, es necesaria una mayorapuesta por el dominio de otras lenguas y porun creciente uso de las TICS en los procesos deenseñanza.

4.3. Cambios en el mercado laboral

Unidos a las modificaciones anteriormenteseñaladas es necesario introducir algunos cam-

bios en el mercado laboral. El mercado de tra-bajo español se encuentra fuertemente segmen-tado, de forma que hay empleos “de primera” y“de segunda”, de ahí que sea urgente modificarla actual situación. Es precisamente en este últi-mo grupo a donde acceden nuestros jóvenestitulados, con importantes limitaciones parapasar al grupo de trabajadores estables. A partirde OECD (2007) se pueden señalar una serie delíneas de actuación para el caso español.

En primer lugar, es posible que la reticencia delos empresarios ante el pago de las elevadasindemnizaciones por el despido de los trabaja-dores jóvenes con escasa o reducida experien-cia laboral pueda estar detrás de este resultado.Una forma de minorar este efecto podría ser elestablecimiento de una indemnización gradualen función del tiempo trabajado anteriormente.Unido a lo anterior, se podría aumentar el perí-odo de prueba en los contratos indefinidos, yaque en España este tiempo es uno de los redu-cidos de la OCDE, facilitando un mejor ajustedel perfil del trabajador con las necesidadesreales de las empresas. Ambas cuestiones nodeben considerarse como una pérdida de dere-chos laborales de los trabajadores más jóvenes,sino como medidas para mejorar las dificulta-des de encaje entre oferta y demanda de traba-jo para este colectivo.

En segundo lugar, habría que evitar el abuso ala contratación temporal recurrente para losmás jóvenes, enlazando contratos de trabajo deduración determinada hasta el máximo autori-zado, para cubrir un puesto de trabajo de natu-raleza indefinida.

En tercer lugar sería recomendable hacer res-ponsables económicamente a las empresas quedespiden de forma continuada a los más jóve-nes para evitar hacerlos trabajadores fijos, unavez que finaliza el tiempo máximo de los con-



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tratos temporales. Una posible medida seríaque sufraguen contribuciones sociales más al-tas o paguen más impuestos cuando, de manerasistemática, optan por este mecanismo6.

En cuarto lugar, se deberían mejorar los nivelesde inserción laboral de los servicios públicos deempleo. Sólo 3 de cada 100 jóvenes que acudena ellos encuentran empleo a través de esta vía.Por lo tanto, resulta necesaria una mayor aten-ción para este colectivo, creando programasespecíficos que ayuden a su recolocación y noplantear alternativas generalistas con escasatrascendencia práctica.

5. Conclusiones

Si bien el acceso al empleo para los más jóve-nes siempre ha estado presente en las agendaspolíticas, este objetivo cobra actualmente másfuerza como consecuencia del fuerte empeora-miento de las condiciones laborales de estecolectivo.

Es preciso, por lo tanto, apostar por solucionesrápidas y eficientes de forma que el importantecapital humano que tienen nuestros jóvenespueda ser aprovechado por los empleadores.Para eso es necesario introducir cambios tantoen la formación preuniversitaria como universi-taria, así como en el mercado de trabajo. Nohacerlo relegaría a nuestros egresados a situa-ciones laborales precarias y con escasos visosde mejora. Desde la óptica pública y privada sedebe hacer todo lo posible para mejorar lasexpectativas laborales de la generación de jóve-nes mejor preparados de la historia de España.El futuro económico de España pasa por mejo-rar lo antes posible el acceso al empleo denuestros jóvenes.

Notas:

1 El autor agradece los comentarios de la profesora SaraFernández López de la Universidad de Santiago deCompostela.

2 A pesar de las importantes diferencias se comprueba una sig-nificativa reducción del indicador español respecto a laOCDE y la UE-19, que ha disminuido desde los doce puntosen 1995 a los siete en 2008 (OCDE, 2010).

3 Algunos ejemplos podrían ser la capacidad de resolución deproblemas, la actitud positiva hacia nuevos retos, la capaci-dad de trabajo en equipo, la predisposición para asumir res-ponsabilidades o el liderazgo.

4 Las tasas de abandono escolar temprano en 2008 fueron paraEspaña del 38% y 25,7% para hombres y mujeres, respecti-vamente y del 16,9% y 12,9% para los mismos colectivos enla UE-27.

5 En el curso 2008-2009 el 55,9% de la población estudianteextranjera de educación secundaria procedía de países dondeno se habla el castellano.

6 Se trataría de utilizar un sistema similar al empleado en algu-nos países europeos para evitar el despido improcedente delos trabajadores de más edad. En Holanda a las empresasactúan de esta formar se les aumentan los impuestos; enBélgica deben participar en el pago de los gastos destinadosa ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo.

Bibliografía:

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Alberto Vaquero

· Pérez Esparrells, C. y Vaquero, A. (2009): “La financiaciónde la enseñanza obligatoria en un contexto de cambios demo-gráficos y sociales”, en Papeles de Economía Española,núm. 119, pp. 228-247, Fundación de la Cajas de Ahorro,Madrid.

· San Segundo, M.J. y Vaquero, A. (2009): “El sistema educa-tivo español y la formación permanente”, XVIII Reunión dela Asociación de Economía de la Educación, Valencia.

· Vaquero, A. (2009): “Educación superior y empleo: La situa-ción de los nuevos titulados ante el mercado laboral”, pp.159-182 en Fernández, M.; Montuega, V. y Riveiro, D. (eds.)El mercado de trabajo en España: Otros aspectos relevantes,Ediciones Lostrego, Santiago de Compostela.

· Vaquero, A. (2010): “Capital humano y su composición”,Economistas, núm. 123 (extraordinario), pp. 235-241,Colegio de Economistas de Madrid, Madrid.



Alberto Vaquero

Salud, mortalidad y participación laboral en España*Pilar García-GómezErasmus University Rotterdam

Sergi Jiménez-MartínUniversitat Pompeu Fabra, BarcelonaGSE y FEDEA

Judit Vall-CastellóRobert Solow Postdoctoral Fellow yCRES, Universitat Pompeu Fabra

Resumen: En este trabajo analizamoslas tendencias de participación en eda-des avanzadas en relación al estado desalud y la mortalidad. Nuestras conclu-siones preliminares son pesimistas enrelación al efecto de las mejoras de saludsobre la participación laboral de los tra-bajadores en edad avanzada. Mostramosque a pesar de las importantes mejorasde la mortalidad observadas en los últi-mos 40 años, las tasas de participaciónde los hombres en edad avanzada soninferiores a las observadas a finales delos años 70. En el caso de las mujeres,las mejoras de participación observadasen años recientes son debidas a otrosfactores, principalmente educativos yculturales. Para el conjunto de los traba-

jadores en edad avanzada mostramosque la participación tiene una fuerte de-pendencia de indicadores de estados desalud objetivables y no tanto de lasexpectativas autopercibidas de estado desalud o supervivencia.

PALABRAS CLAVE: participación laboral, sa-lud, mortalidad, invalidez. JEL Classification: J11, I18, H55

1. Introducción

Las tendencias demográficas subyacentes enEspaña, como en muchos otros países de laOCDE, son muy desfavorables. El aumento dela esperanza de vida al nacer se ha visto acom-pañado de un aumento de la esperanza de vidaa los 65 años. Mientras que en 1960 las muje-res de 65 años esperaban vivir 15,3 años más,en 2008 las expectativas eran de 21,9 más.Mejoras similares en la esperanza de vida seobservan también entre los hombres (de 13,1en 1960 a 18,0 en 2008) (Eco-Salud OCDE,2010). Como consecuencia de estas mejoras enla esperanza de vida se han producido mejorasnotables en las tasas de mortalidad específicaspor edades en los últimos 50 años en Españapara los mayores de 55 años. La medida en queestos cambios se traducen en mayor capacidadde trabajo depende, entre otros factores, de laevolución del estado de (mala) salud. En conse-cuencia, una reducción en la tasa de mortalidadespecífica de cada grupo de edad sólo se tradu-cirá en un aumento de la población capaz detrabajar a edades más avanzadas, si la apariciónde discapacidades se retrasa en el ciclo vital o,


Salud, mortalidad y participación laboral en España

Pilar García-Gómez · Sergi Jiménez-Martín · Judit Vall-Castelló


si alternativamente, las posibilidades de seguirtrabajando aun teniendo alguna discapacidad seajustan en consecuencia.

El objetivo principal del trabajo es analizar lastendencias en la participación de la fuerza detrabajo en relación a las tendencias de la morta-lidad y la salud. En particular, exploramos lassiguientes cuestiones: ¿Se traducen las mejorasde la mortalidad a edades más avanzadas enuna mayor participación? ¿Afecta la salud au-topercibida a la participación en edades másavanzadas? ¿Afectan las expectativas de vidaautodeclaradas a la participación laboral enedades avanzadas?

En primera instancia analizaremos dichas cues-tiones desde una óptica descriptiva en base adatos de la Human Mortality Database, lassucesivas encuestas de salud españolas y laencuesta de población activa, para más adelan-te tratar de dar una respuesta cuantitativa aalguna de ellas usando datos de las dos prime-ras olas de la encuesta de Salud, Envejeci-miento y Jubilación en Europa (The Survey ofHealth, Ageing and Retirement in Europe,SHARE). SHARE es una base de datos microsobre la salud, el estado socioeconómico y lasredes sociales y familiares de los individuos de50 y más años.1

Las conclusiones preliminares son pesimistasrespecto al efecto de la mejora en el nivel desalud en la vinculación laboral de los trabajado-res de edad avanzada, ya que muestran que apesar de las grandes mejoras en las tasas demortalidad entre las personas mayores enEspaña, las tasas de empleo de las personasmayores de cincuenta y cinco son muy inferio-res a las observadas a finales de los 70. Por otrolado, encontramos la disminución de las tasasde mortalidad no necesariamente va de la manocon mejoras en la salud de la población.

Finalmente, comprobamos que la participaciónlaboral en edades avanzadas está relacionadacon el estado de salud (más real que autoperci-bido) y que las expectativas de vida influyenrelativamente poco sobre la participación labo-ral.

El resto del documento se estructura comosigue. En la sección 2 se revisan los datos his-tóricos sobre mortalidad, estado de salud y par-ticipación en la fuerza de trabajo, y se analizaevolución durante los últimos treinta años. Enla sección 3 se analiza empíricamente, en basea datos de la muestra española del SHARE, larelación entre la participación, la mortalidad dela salud y el estado. Por último, la sección 4concluye.

2. Tendencias históricas

Desde la introducción de los primeros progra-mas de protección social y aseguramiento laesperanza de vida en España ha experimentadouna profunda mejoría: según la Human Morta-lity Database (edición 2010) la esperanza devida en 1930 era de sólo 51.3 años para muje-res y 47.46 para hombre, en 1960 alcanzó 71.65(mujeres) y 66.66 (hombres), y en 2008, 84.07(mujeres) y 77.58 (hombres). Sin embargo, laparticipación laboral no ha ido de la mano conla evolución de la esperanza de vida, sino másbien al contrario. Al objeto de aumentar nuestracomprensión del problema, en esta secciónanalizamos las tendencias históricas observa-das en la economía española sobre participa-ción en edades avanzadas y las ponemos enrelación a las tendencias de mortalidad y esta-do de salud.

2.1. Mortalidad

Los incrementos de la esperanza de vida alnacimiento observados en el último siglo tam-




bién se han visto reflejados en incrementos dela esperanza de vida a los 65. Mientras que en1960 las mujeres de 65 años de edad esperabanvivir 15.3 años más, en 2008 esperaban 21.9años más. El nivel de mejora para los hombreses similar (de 13.1 en 1960 a 18.0 en 2008 -

OECD Health Data, 2010). Quizás más impor-tante es el hecho de que, desde 1960, las caídasmás importantes de la mortalidad se han obser-vado en el grupo de mayores de 65 años tal ycomo muestra la figura 1 para hombres y muje-res.




Figura 1. Tasas de mortalidad según el género y edad. 1960, 1985 y 2006.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Human Mortality Database

La Figura 1 también muestra que la caída de lastasas de mortalidad observada de 1960 a 1985es similar a la caída observada de 1985 a 2006.Además, vemos que las tasas de mortalidad delos hombres evolucionan con un cierto retrasorespecto a la de las mujeres ya que la curva delos hombres para 1985 se sobrepone a la demujeres de 1960. En consecuencia, deberíamosesperar mejoras adicionales de la esperanza devida y las tasas de mortalidad, especialmentepara los hombres

Como es bien conocido, este fenómeno no esexclusivo del caso español. La mortalidad se hareducido notablemente en los últimos 50 años

en prácticamente todos los países avanzados.Cabe reseñar que aunque están bien documen-tadas las diferencias según el nivel de educa-ción (ingreso), los hábitos y (menos) las condi-ciones laborales, la caída afecta a todos losindividuos de toda condición. Una forma alter-nativa y original de ver los datos se presenta enlas figuras 2 y 3, que muestran a qué edad unapersona en el año Y tiene un nivel de mortali-dad equivalente a la de un individuo de 65 añosde edad en 1960.

Tal y como se puede observar, en 2006, lamujer de mortalidad equivalente a la de 65 (60)en 1960 tiene 74.8 (71.5) años de edad, es

decir, 9.9 (10.5) años más. Alternativamente, elhombre de mortalidad equivalente a la de 65(60) en 1960 tiene 72.7 (68.6) años de edad, esdecir 7.7 (8.6) años más. Nótese, el diferencialentre hombres y mujeres ha seguido, aparente-mente, aumentando en los últimos 45 años

(aunque probablemente la tendencia en la déca-

da más reciente refleje una cierta compresión).

En consecuencia mientras que los hombres

reciben la pensión un promedio de 8 años más,

las mujeres la reciben 10.




Figura 2. Edad de mortalidad equivalente. España. Mujeres. 1960-2006


Figura 3. Edad de mortalidad equivalente. España. Hombres. 1960-2006


Estas tendencias, como ya hemos comentado yilustra la Tabla 1 para el caso de los hombres,no son exclusivas del caso español. Al contra-rio, se observan en la mayoría de países avan-zados, siendo las ganancias mayores para los

japoneses y americanos y relativamente meno-

res en los países nórdicos, esto último debido a

que su nivel de mortalidad ya era relativamen-

te bajo en 1960




País Primer año Mortalidad Edad mort. Ganancia Primer año equivalente en 2005 en años

Bélgica 1960 3.53 72.8 7.8

Canada 1961 3.26 73.4 8.4

Dinamarca 1961 2.69 70.0 5.0

Francia 1960 3.22 73.5 8.5

Alemania 1960 4.15 73.2 8.2

Italia 1960 3.06 72.8 7.8

Japon 1960 3.56 75.0 10.0

Holanda 1960 2.35 69.7 4.7

España 1960 3.54 71.9 6.9

Suecia 1960 2.37 71.4 6.4

Reino Unido 1960 3.53 73.4 8.4

Estados Unidos 1960 3.84 74.1 9.1

Tabla 1. Ganancias en mortalidad equivalente de 1960 a 2005.

Fuente: Milligan y Wise (2011), Tabla 1.

2.2. Una primera mirada a mortalidad yestado de salud

Sería razonable esperar que la caída de la mor-talidad especialmente en edades avanzadasfuera acompañada de una notoria mejoría de lasalud declarada. Así ocurre en un gran númerode países, tal y como se muestra en la Figura2.4 en Milligan y Wise (2011). Sin embargo, taly como se ilustra en la figura 3, en el caso espa-ñol (también para el Reino Unido) encontramosque la caída de la mortalidad no va acompaña-da con una caída de la fracción con salud“menos que buena”

En García-Gómez et al (2010) no encontramosningún aumento de “achaques” (enfermedades)que ayude a explicar esta diferencia en el nively la persistencia de la declaración del estado desalud. ¿Quizás sea porque cuando se nos pre-gunta a los españoles por el estado de saludtenemos una cierta tendencia a sobrevalorarnuestros “achaques”? Sin duda, una buena pre-gunta sin, de momento, una respuesta adecuada

3.2. Tendencias de Salud

En la sección anterior mostramos que ha habi-do importantes avances en las tasas de mortali-

dad de los individuos mayores de 55 en los últi-mos 50 años. El traslado de estas mejoras amayor capacidad de trabajo depende, en granmedida pero no exclusivamente, de la evolu-ción de la (mala) salud. En consecuencia, re-ducciones adicionales de las tasas de mortali-dad según la edad se trasladarán en un incre-mento en la fracción de población capaz de tra-bajar a edades avanzadas si la edad promediode aparición de discapacidades relacionadascon el trabajo crece. Este sería el caso si lahipótesis de compresión de la morbilidad2

(Fries, 1980) se cumpliera. Sin embargo, la lite-ratura internacional no es concluyente al res-pecto (Mackenbach et al. 2008). Por ejemplo,la evidencia en varios estudios que analizan lastendencias de la discapacidad en US desde1980 sugieren que aunque las tasas de preva-lencia para los individuos mayores de 60 handecrecido, las tasas de prevalencia para los gru-pos de edad más jóvenes parecen no habercaído e, incluso, aumentado. (véase Crimmins

et al 1999; Lakdawalla et al. 2004; Bhattachar-ya et al. 2008).

Al objeto de arrojar algo de luz sobre las ten-dencias del estado de salud en España usamosdatos correspondientes a 1987, 1993, 1995,1997, 2001, 2003 and 2006 de la EncuestaNacional de Salud (ENS), disponible en la webdel Ministerio de Salud y Política Social(www.msps.es). La ENS es una encuesta desección cruzada representativa de la poblaciónresidente, que recoge información sobre estadode salud y características socioeconómicas delos individuos en la muestra. La encuesta con-tiene muestras separadas para adultos y niños.Las figuras que presentamos están basadas enla muestra de adultos. Además, todos los esta-dísticos que presentamos están calculados enbase a los factores de elevación o pesos pobla-cionales, por lo que son representativos de lapoblación española.




Figura 4. Mortalidad vs fracción con menos estado de salud “menos que bueno”. Hombres 60-64

Las Figuras 5 y 6 muestran la evolución delestado de salud autopercibido para hombres ymujeres en los grupos de edad 50-54 y 60-64,respectivamente,. Los resultados están basadosen las respuestas a la pregunta “¿cómo valorasu estado de salud en los últimos 12 meses?”.Mostramos el porcentaje a cada edad y géneroque reconoce estar en muy buena o buena saludy el porcentaje que manifiesta esta en saludregular, buena o muy buena. Para los hombreslos gráficos no muestran en ningún caso una

mejora en la salud autopercibida significativo.Para las mujeres la evolución es ligeramentepositiva cuando se mira la evolución del estadode salud muy bueno y bueno, mientras que nose observan mejoras cuando se incluyen tam-bién las que manifiestan salud regular. Estosresultados sugieren que hay una fuerte hetero-geneidad a la hora de manifestar en estado desalud regular, ya que deberíamos observar unclaro gradiente en las respuestas según el grupode edad.




Figura 5. Evolución del estado de salud autopercibido según la edad. Hombres.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Salud

Figura 6. Evolución del estado de salud autopercibido según la edad. Mujeres.


Ante la escasa información que parece propor-cionarnos la evolución del estado de salud, ana-lizamos la evolución de las limitaciones para eltrabajo. Las Figuras 7 y 8 muestran la evolu-ción del porcentaje de individuos con algunalimitación para el trabajo en las dos semanasanteriores a la entrevista y el porcentaje que hasufrido algún accidente en el año previo, para

hombres y mujeres de 50-54 y 60-64, respecti-vamente. Dos hechos destacan poderosamente:primero, el porcentaje de individuos con algu-na limitación o que han sufrido algún acciden-te se ha incrementado notablemente para am-bos sexos en los últimos 20 años; segundo, ob-servamos un claro gradiente de edad para lasmujeres, ausente para los hombres.




Figura 7. Evolución de las limitaciones de salud según la edad. Hombres


Figura 8. Evolución de las limitaciones de salud según la edad. Mujeres.


El primer hecho nos parece francamente sor-prendente (especialmente en lo que respecta alas limitaciones para el trabajo). Creemos queello es debido a cambios en el “concepto” delimitación para el trabajo, que se ha hechomucho más riguroso con el tiempo, y a la apa-rición o reconocimiento de nuevas enfermeda-des o limitaciones profesionales.

2.3 Tendencias de participación en edadesavanzadas

En esta sección se proporcionan alguna eviden-cia gráfica sobre las tendencias de la fuerza detrabajo por grupos de edad y género. Los datossobre empleo, desempleo y discapacidad pro-vienen de la Encuesta de Población Activa(EPA). La EPA es una encuesta de rotación tri-

mestral realizado por Instituto Nacional deEstadística (INE). El tamaño de la muestra pre-vista se compone de alrededor de 64.000 hoga-res con aproximadamente 150.000 individuosadultos. Aunque la encuesta se viene realizandodesde 1964, los archivos de la sección transver-sal sólo están disponibles a partir de 1977. Elcuestionario de 1977 fue modificado en 1987,en el primer trimestre de 1992, en 1999 y 2004.La EPA proporciona una información muydetallada sobre participación y trabajo, la edu-cación y el ambiente familiar, pero, al igual quela mayoría de las encuestas de participaciónlaboral europeas, no hay información de sala-rios o de estado de salud. El período de referen-cia para la mayoría de las preguntas es la sema-na antes de la entrevista.




Figura 9. Tasa de empleo según el grupo de edad y género

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPA

En el mismo espíritu, las figuras 11 (hombres)y 12 (mujeres) (ver pág. siguiente) muestran laevolución del porcentaje de individuos que seautoclasifican como incapacitados permanentecuando se le preguntó en la EPA acerca de susituación laboral en la semana anterior. Debetenerse en cuenta que hubo un cambio en laencuesta en 1987 que afecta a los números indi-cados. Antes de 1987 se dispone de informa-ción acerca de un estado, mientras que a partirde 1987 las personas pueden verse hasta en tresestados diferentes. Esto implica que algunosindividuos podrían informar incapacidad per-manente y seguir haciendo, por ejemplo, un tra-bajo voluntario o pagado. Esta multiplicidad derespuesta se traduce en un aumento en el por-centaje de personas con discapacidad a partirde 1987, siendo la discontinuidad mayor entrelos grupos de mayor edad.

Los datos muestran que, tanto para hombres ymujeres, el porcentaje de personas con discapa-cidad permanente es mayor entre los grupos demayor edad, aunque la diferencia entre gruposde edad es mayor para los hombres. Por lo querespecta a las tendencias, para los hombres noobservamos en patrón creciente en el tiemporespecto a la prevalencia de la discapacidad. Sique observamos, en cambio una cierta tenden-cia creciente, especialmente en los grupos demayor edad, para las mujeres, seguramenteinducida por la mayor exposición al trabajo(fuera del hogar) en los años más recientes. Encualquier caso, Benítez-Silva et al. (2010)muestran para el caso español que la incidenciade la invalidez (por motivos económicos) estáfuertemente ligada al ciclo económico, siendoésta mayor cuanto peor sea el estado del ciclo.




Figura 10. Tasa de desempleo según el grupo de edad y género





Figura 11. Evolución de la tasas de invalidez según el grupo de edad. Hombres.


Figura 12. Evolución de la tasas de invalidez según el grupo de edad. Mujeres


2.4 Salud, mortalidad y participación labo-

ral

Los datos de la Figura 9 muestran que las tasas

de empleo de los hombres de 50-64 años de

edad disminuyeron durante los años 80 hastamediados de los 90 y, aunque han aumentadoligeramente en la última década, están lejos delas tasas observadas en 1980. En esta sección secombinan los datos sobre el estado de salud y

participación en la fuerza laboral. No vamos amostrar las cifras para las mujeres ya que elaumento de participación debido a la sustitu-ción de generaciones poco educadas poco par-ticipativas enmascara cualquier otra relación.

En primer lugar, seguimos a Shoven (2010), yanalizamos, desde una óptica diferente, la rela-ción entre tasas de empleo y tasas de mortali-dad en diferentes puntos en el tiempo.Entonces, bajo el supuesto que los individuosde que individuos con un mismo nivel de mor-talidad tiene aproximadamente un estado desalud equivalente, podemos evaluar cómo cam-bian en el tiempo las tasas de empleo para unmismo estado de salud. La Figura 13 presentala tasa de empleo en 1980, 1990, 2000 y 2006(último año del que tanto el empleo como losdatos de mortalidad están disponibles) paracada riesgo de mortalidad para los hombres.

Las conclusiones que podemos extraer de laFigura 13 son de alguna manera diferentes delas obtenidas antes. En primer lugar, nos encon-

tramos con que las tasas de participación nohan aumentado, más bien al contrario, paraindividuos de mortalidad equivalente. Por otrolado, disminuye la tasa de empleo, no paratodos los individuos, sino para aquellos cuyoriesgo de mortalidad es al menos 0.5 por cien-to. Consistentemente, la disminución en eltiempo es mayor entre los grupos con mayoresriesgos de mortalidad en la medida en que lastasas de empleo de los grupos de riesgo de mor-talidad que es por lo menos el 1 por ciento sehan reducido a la mitad. Mirando los datos deuna forma alternativa, vemos que la tasa demortalidad asociada a una probabilidad deseguir empleado de 0.6 era de 1.75 por cientoen 1980, pero fue sólo el 1 por ciento 26 añosdespués. Por lo tanto, los hombres de 2006 conuna probabilidad de seguir empleados del 60por ciento tienen son más “saludables” quehombres de participación equivalente en 1960.

Como se ha dicho anteriormente, los indivi-duos con el mismo riesgo de mortalidad nonecesariamente se enfrentan a la misma situa-




Figura 13. Evolución de la tasa de empleo según la tasa de mortalidad. Hombres.

ción sanitaria ya que las mejoras tecnológicaspodrían haber ayudado a disminuir los riesgosde mortalidad específicos de la edad, pero acosta de una mayor prevalencia de la discapaci-dad. Con el fin de arrojar algo de luz sobre esto,nos centramos en la evolución de las tasas deempleo utilizando la información sobre la saludautopercibida y la existencia de una limitaciónde trabajo utilizando los datos de la ENS.

La Figura 14 muestra las tasas de empleo enrelación al estado de salud autopercibido.Hemos agrupado la autoevaluación de la saluden dos categorías: la salud buena o muy buena(líneas finas en la figura) y una salud regular,mala o muy mala (líneas gruesas en la figura)..Los datos muestran que las tasas de empleo delas personas con mala salud son mucho másbajas en comparación con sus pares sanos entrelas personas menores de sesenta años. Másconcretamente, entre los hombres de 50-54 quereportan estar en mal estado de salud sólo unsesenta por ciento sigue trabajando, mientrasque este número supera el 80 por ciento entrelos relativamente sanos. Nótese que las tasas de

empleo de individuos sanos y menos sanosconvergen a partir de los 60, edad a partir de lacual la jubilación juega un papel predomínate.

La segunda característica se muestra en laFigura 14 es que las tasas de empleo de las per-sonas mayores de cincuenta y cinco en buenestado de salud habían caído desde 1987 hasta1997 y, aunque se observa una cierta recupera-ción en 2006, las tasas de empleo siguen sien-do inferiores a los observadas en 1987. Estoestá en consonancia con los datos mostradosanteriormente. La evidencia relativa a las per-sonas con mala salud es menos clara y pareceque las tasas de empleo de este grupo se hanmantenido estables en el tiempo.

En conjunto, la evidencia presentada aquísugiere que el estado de salud es una variableimportante en la determinación de la tasa deactividad entre las personas menores de sesen-ta años, pero se vuelve menos importante amedida que los incentivos del sistema de pen-siones se vuelven más poderosos.




Figura 14. Evolución de la tasa de empleo según el nivel de salud autopercibida. Hombres. ENS

3. Participación, salud y expectativasde vida

En esta sección presentamos evidencia, usandodatos de las dos primeras olas del SHARE paraEspaña, sobre la relación entre participación,estado de salud (aproximado tanto por la saludautopercibida como por la prevalencia deenfermedades de larga duración y las limitacio-nes para trabajar) y expectativas de sobrevivirdiez años o más.

En la Tabla 2 presentamos los resultados de tresejercicios complementarios. En las cuatro pri-meras columnas presentamos un análisis de laprobabilidad de participar en 2004 (columnas 1y 2) y 2007 (columnas 3 y 4). En las dos últi-

mas, presentamos un análisis de la probabilidadde dejar la fuerza laboral en 2007 (segunda olade la encuesta), condicional a participar en2004 (primera ola de la encuesta). En todos loscasos, estimamos un modelo probit y presenta-mos los efectos marginales, aunque los coefi-cientes estimados están disponibles bajo reque-rimiento. La especificación considerada esrelativamente simple e incluye: el género, nivelde educación, variables ficticias de edad (60 y65), estado de salud autopercibido y de mejorade estado de salud (sólo en el análisis de lasegunda ola), variables ficticias de larga enfer-medad y limitaciones para el trabajo y, final-mente, una autovaloración de la esperanza devida.




SHARE 2004 SHARE 2007

Participación 50-69 Participación 50-69 Salida fuerza laboral 50-69

Salud mala/regular -0.1185* -0.0175 -0.0449 0.0203 -0.0103 -0.0748

(-2.468) (-0.323) (-0.775) (0.326) (-0.110) (-0.810)

hombre 0.3044*** 0.3033*** 0.2905*** 0.2953*** -0.1914** -0.1784**

(8.884) (8.709) (6.217) (6.282) (-2.976) (-2.732)

hom*salud mala/regular -0.1449* -0.1303 -0.1379* -0.1295* 0.2365 0.2357

(-2.178) (-1.909) (-2.281) (-2.107) (1.775) (1.756)

Edad 60 0.0819 0.0975 0.0725 0.0765 0.0117 0.0022

(1.234) (1.441) (0.957) (0.990) (0.098) (0.018)

Edad 65 -0.1059 -0.1052 -0.2260*** -0.2187*** 0.3258* 0.3077*

(-1.718) (-1.693) (-5.606) (-5.331) (2.157) (2.003)

universitario 0.2209*** 0.1960*** 0.1601** 0.1549** -0.0486 -0.0271

(4.029) (3.469) (2.770) (2.663) (-0.746) (-0.403)

Prob. vivir 10 años más 0.0013** 0.0010 0.0006 0.0005 -0.0000 0.0002

(2.643) (1.945) (1.140) (0.838) (-0.017) (0.211)

Larga enfermedad -0.1634*** -0.0329 0.0199

(-4.248) (-0.732) (0.305)

Limitaciones -0.0816* -0.1663*** 0.2068*

(-1.965) (-3.665) (2.537)

Empeoramiento salud -0.0757 -0.0218 0.1503 0.0807

(respecto ola anterior) (-1.631) (-0.427) (1.805) (0.955)

R-cuadrado 0.105 0.130 0.130 0.151 0.078 0.100

Observaciones 1063 1063 621 621 303 303

Tabla 2. Participación, estado de salud y expectativas de mortalidad.SHARE 2004 Y 2007. Efectos marginales en un modelo PROBIT.

Los resultados obtenidos están en consonanciacon las expectativas a priori y los resultadosapuntados en la literatura previa (Romero et al,2002): encontramos que ser hombre y educadoaumenta la probabilidad participar y que tenerpeor estado de salud o tener 65 años la dismi-nuye notoriamente. Algo más sorprendente esel hecho de que la mala salud tiene mayor efec-to sobre los hombres que sobre las mujeres. Esimportante notar que el efecto de la (mala)salud autopercibida se desvanece cuando con-trolamos por la prevalencia de larga enferme-dad y de limitaciones para el trabajo, que sonindicadores mucho más precisos sobre la capa-cidad de trabajo que el propio estado de saludautopercibido.

Mención aparte merece la variable sobre la pro-babilidad de sobrevivir diez años más sobrevi-vir. Observamos que en ambos casos (2004 y2007), una mayor probabilidad está asociada auna mayor participación en el mercado laboral,aunque el efecto sólo es significativo en la pri-mera ola. En todo caso, el efecto es pequeño, enningún caso mayor del uno por cierto. Por otrolado, observamos que esta misma variable notiene prácticamente efecto sobre la probabili-dad de abandonar la fuerza laboral, tal y comose muestras en los dos últimas columnas de laTabla 2.

4. Conclusiones

En este trabajo mostramos que a pesar de lasgrandes mejoras observadas en términos demortalidad en las últimas décadas, la tasa deempleo de los individuos mayores de 55 esmenor que la observada a finales de los 70. Dehecho, la caída de la participación es mayor sicomparamos cohortes con el mismo nivel demortalidad, que individuos de la misma edaden diferentes momentos del tiempo.

Por otra parte, la disminución de las tasas demortalidad no necesariamente va de la manocon las mejoras en el estado de salud autoperci-bido de la población, ya que la evidencia des-criptiva sobre las tendencias del estado de saludno es concluyente. Por un lado, existe ciertaevidencia que sugiere un deterioro de la salud,tal y como el incremento del porcentaje quemanifiesta haber reducido su actividad debido aun problema de salud sugiere. Adicionalmente,encontramos que el estado de salud es unavariable importante en la determinación de latasa de actividad entre las personas menores desesenta años, pero se vuelve menos importantea partir de esta edad, momento a partir del cuallos incentivos a la jubilación se hacen más rele-vantes.

Finalmente los resultados de nuestro ejercicioempírico, confirman que la participación labo-ral disminuye con el estado de salud, especial-mente en lo que respecta a los indicadores másobjetivos, y que no reacciona, al menos en unamagnitud significativa, a las expectativas devida de los individuos.

Estos resultados pueden tener cierta relevanciapara entender como los individuos puedenreaccionar ante cambios normativos, comopuede ser el incremento de la edad normal dejubilación. Si el estado de salud es un determi-nante importante, pudiera ser que los mismosreaccionaran jubilándose antes, aun a costa deuna pensión algo menor. En consecuencia, unabuena reforma del sistema de pensiones ha deser acompañada de políticas de mejora del esta-do de salud que permitan a los individuos pos-poner sus decisiones de retiro.




Notas

* Agradecemos la financiación recibida del Ministerio deCiencia e Innovación a través del proyecto ECO2008-06395-C05. García-Gómez agradece el apoyo financier del programMarie Curie Intra-European Fellowships de la UE.

1 En la primera ola de SHARE, la cual tuvo lugar en 2004, par-ticiparon once países europeos. Estos países representan lasdistintas regiones de Europa, desde Escandinavia(Dinamarca y Suecia) hasta el Mediterráneo (España, Italia yGrecia) pasando por la Europa Central (Austria, Francia,Alemania, Suiza, Bélgica, y Holanda). Israel también parti-cipó en la primera ola, recogiendo los datos en 2005-2006. Asu vez, dos de los nuevos países miembros de la UE, laRepública Checa y Polonia, así como Irlanda se han unido aSHARE y participaron en la segunda ola de SHARE, quetuvo lugar en 2006-2007. Actualmente se está desarrollandoel trabajo de campo de la tercera ola de la encuesta, SHARE-LIFE, en la que se recogerá las historias vitales retrospecti-vas de los individuos de la muestra de SHARE. Para una des-cripción de la participación española véasehttp://www.share.cemfi.es.

2 La hipótesis de compresión de la morbilidad de Fries (1980)plantea que las enfermedades se concentrarán al final de lavida si la aparición de discapacidades se retrasa.

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Entrevista a Valeriano GómezMinistro de Trabajo e Inmigración

Gemma García

En primer lugar, reiterarle el agradeci-miento por haber aceptado la entrevistapara este número de la Revista Econó-mica de Catalunya que tiene por objetoanalizar y evaluar algunos de los rasgosfundamentales del mercado de trabajoen España y algunas de las medidasrecientemente aprobadas por el Gobier-no en el ámbito laboral. Creo que nocabe duda que la crisis ha puesto demanifiesto otra vez la existencia dealgunas disfunciones en el mercado de

trabajo en España en la medida que, ante caídas de la actividad similares a las de algu-nos países vecinos el aumento de la tasa de paro ha sido mayor: desde 2007 ésta haaumentado en doce puntos. El gobierno ha tomado la iniciativa en algunos aspectosaprobando una reforma laboral a mitad del año pasado, adoptando recientemente unareforma de las políticas activas de empleo y tiene sobre la mesa la reforma del mode-lo de negociación colectiva, a la espera de un próximo acuerdo entre los agentes socia-les.


Entrevista a Valeriano Gómez, Ministro de Trabajo e Inmigración

Gemma García


¿Considera que estas medidas son suficien-tes para atajar la dualidad y la elevada vola-tilidad existente en el mercado de trabajo enEspaña?.

Yo creo que hay una coincidencia en la profe-sión en cuanto al análisis de nuestro mercadode trabajo en el sentido de que nuestra mayorvolatilidad y mayor tasa de temporalidad teníaun componente estructural y también tenía al-gún componente de lo que podríamos denomi-

nar elementos institucionales. Desde el puntode vista estructural, el más destacado es quetenemos una estructura productiva en que laconstrucción y algunas ramas del sector servi-cios (hostelería y turismo más estacional) com-plican cualquier tarea de aproximación a lastasas de temporalidad vigentes en otros paíseseuropeos. En el caso español, durante la crisis -la gran recesión como la hemos denominado- laclave, en mi opinión, se halla en el componen-te estructural. Hemos perdido aproximadamen-

te dos millones de empleos, de los cuales, unmillón doscientos mil empleos se han perdidoen la construcción y, a la luz de los datos de laafiliación recientemente conocidos, todavía noha culminado el ajuste en la construcción. Unmillón doscientos mil en construcción, unoscuatrocientos cincuenta mil en ramas de laindustria y de los servicios directamente vincu-lados (que aprovisionan de inputs) al sector dela construcción, es una cifra que nos aproxima-ría a que casi tres de cada cuatro empleos per-didos lo son en el ámbito del sector de la cons-trucción y sectores vinculados a ella.

Por ello, en mi opinión –y sin despreciar lasnecesidades derivadas de defectos de nuestrodiseño institucional y a los que la políticapública debe hacer frente– existe un compo-nente estructural básico. Esta es una reformaque tiene su origen en esa situación, en unaexplosión en su día no controlada del sector dela construcción que pasó de 1,1 millones deempleos en 1994 a 2,7 millones, sólo el sectorde la construcción sin la industria auxiliar, en el2007: o sea que se multiplicó por dos veces ymedia en tres lustros. Sabemos la razón deaquella explosión, pero debemos saber tambiénque su estallido no hubiese sido resuelto conpolíticas vinculadas a nuestro diseño institucio-nal.

¿Considera que una parte de esa explosiónen el empleo del sector construcción se viotambién favorecida por esa dualidad en elmercado de trabajo que facilitaba, o conti-núa facilitando, la contratación temporal y,así, la creación de empleo en períodos deexpansión y la destrucción en los períodos derecesión?

Es una interpretación sugerente, el problema esque en el caso de la construcción podemos ha-blar de un sector con una estructura laboral, una

estructura institucional absolutamente distintaque los demás. Existen dos grandes tipos decontratos temporales en España: el contratoeventual por circunstancias de producción,pensado para puntas de producción, excesos dedemanda, que tienen que ser rápidamente aten-didos o estacionalmente atendidos, no perma-nentes; y el contrato de obra y servicio determi-nado, que procede, en su diseño, del antiguocontrato de obra. El contrato de obra era el con-trato típico del sector de la construcción; esmás, es el fijado en su convenio colectivo. Laconstrucción, con una de los marcos contrac-tuales más flexibles, utiliza intensamente todaslas formas de contratación eventual y es, porsupuesto, el que tiene mayor tasa de temporali-dad, en torno al 60%. El problema actual en elsector no es de rigidez, sino de exceso estériladquirido a lo largo de quince años, y que alestallar no hay remedios del tipo alemán a tra-vés de expedientes de regulación de empleocon reducción temporal de jornada mantenien-do la empresa. Esa actividad no se va a poderrecuperar en mucho tiempo.

Por todo ello, el razonamiento basado en losfactores institucionales de excesiva rigidez ennuestro contrato fijo y de costes diferencialesentre fijos y temporales –que yo comparto enmuchos aspectos– no tienen tanta relevancia enla explicación de la crisis específica españolaentre 2008 y 2011 como la que tuvieron en elpasado.

En cuanto a la reforma laboral que se apro-bó en 2010 ¿Qué aspectos destacaría?¿Puede considerarse, pese a que el creci-miento es muy débil como para generar em-pleo, que está dando ya algún fruto?

En España podemos hablar de las reformas del82-84, de la de 1994, de las del período 96-98con la primera legislatura del PP, de las refor-



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mas de 2001 y 2002 (con la introducción de loque podemos denominar despido exprés) yfinalmente de la reforma de 2006 y la de 2010.Cada cinco o seis años hay una reforma laboralcon mayor o menor calado y ese es un períodode tiempo razonable para evaluarlas, para verqué efectos estaba teniendo. Creo que en elcaso de una reforma que lleva meses desde suaprobación y aún con crecimiento negativo, esrazonable dar un tiempo suficiente (no sola-mente real, sino tiempo de expansión económi-ca) para ver cómo funciona en condiciones denormalidad y cuáles son los efectos que produ-ce en el tránsito perseguido desde el empleotemporal al indefinido, uno de sus objetivos.

Así, un primer objetivo de la reforma es quehaya menos empleo temporal y más empleoindefinido. Para que ello sea posible es necesa-rio que el empleo indefinido sea más flexiblede lo que lo es actualmente. Para ello la refor-ma establece instrumentos como la ampliaciónde los colectivos que pueden acogerse a loscontratos de fomento de la contratación indefi-nida, con menos coste de despido, o la intro-ducción de más facilidades para la modifica-ción de las condiciones de trabajo (cambios enla jornada, en la organización funcional del tra-bajo o en los salarios) en las empresas. Así, laaplicación de las cláusulas de descuelgue sala-rial será posible bastando exclusivamente elacuerdo en la empresa y, si no existe ese acuer-do, estableciendo la posibilidad de un arbitraje.

El objetivo último de la reforma es contribuir aque cuando la economía adquiera un grado develocidad suficiente sea posible la transforma-ción de una parte de esa temporalidad no justi-ficada por la realidad productiva y económicahacia el empleo indefinido. Precisamente unaparte de nuestras ineficiencias son debidas a lasdeseconomías que produce la temporalidad enEspaña y, efectivamente, tenemos un grado de

temporalidad no justificado por la estructuraproductiva.

Algunos aspectos importantes de la reforma seempiezan ahora a desarrollar en reglamentos.Entre ellos, la reforma planteaba avanzar hacialo que podemos llamar el “modelo alemán”, esdecir, facilitar que las empresas se ajusten víacambios en sus relaciones laborales internas(suspensión parcial o temporal del contrato) yevitar los despidos. En estos momentos, hay un30% de trabajadores afectados por expedientesde regulación por reducción de jornada frente aprácticamente un 0% antes de la reforma y otro35 o 36 % son suspensiones. Ello indica quetambién había un problema de mal diseño y deestímulos quizá adversos que fue resuelto porla reforma.

Otro dato significativo es que la transformaciónde contratos temporales en indefinidos defomento está siendo muy alta. Antes de la refor-ma eran 20.000 más o menos los que se trans-formaban y, con los últimos datos, están siendo120.000; hay un tránsito hacia ese indefinidomás flexible, con menos coste de despido. Hay,también, más contratos a tiempo parcial, queestán creciendo ya el 7%.

Continuamos, no obstante, teniendo un proble-ma que se describe bien y que se solventa peor.Tenemos un mercado de trabajo en el que bastaun preaviso de 48 horas para despedir una per-sona. Desde el año 2002, la ley 45/2002 permi-te que, sin causa alguna, bastando un preavisoy pagando el coste del despido improcedenteuna persona sea despedida. El 85% de los des-pidos generados en plena crisis se deben a esaley, el resto son despidos colectivos y algúntipo de despidos en los que no se utiliza esa ley.El juego de los estímulos es enormementefavorable a esa vía. Cuando hablemos de despi-do tenemos que tener en cuenta este marco ins-



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titucional. Hablar de un cambio en profundidaden el conjunto de nuestro marco tiene que po-ner muchas cosas a la vez en orden, y tratar decorregir ese esquema de estímulos. Soy de losque piensan que es un esquema que hace muyfácil un despido cómodo y costoso y tendría-mos que avanzar hacia una fórmula de despidomás barata y algo más costosa en cuanto a suregulación, a su justificación. Este es el esque-ma idóneo, es el esquema que tienen otros paí-ses cuyos modelos habitualmente nos gustan.Una parte del debate, creo que por fortunasuperado, en España respecto al contrato únicoes el reconocimiento de que no podemos tenerun único coste de despido, sino que debe dife-renciarse entre despidos improcedentes y des-pidos con causa. La discusión pasará a serentonces respecto del coste y del mecanismo dedevengo de la indemnización.

De hecho, sorprende que en un momento decrisis económica y con una situación proble-mática para muchas empresas los despidoscontinúen siendo improcedentes, acudiendoa esa vía porque al final, aunque es caro, esla rápida. ¿Considera que el intento de clari-ficar las causas de despido objetivo va a serefectiva?. ¿Se registra algún cambio en esadirección tras la reforma?

Hemos notado algún pequeño aumento, dos otres puntos porcentuales, en los despidos obje-tivos. Poco, pero es que nosotros venimos deun mundo en el cual los despidos objetivoscayeron desde la última gran crisis que llegarona alcanzar el 25% de todos los despidos hastaapenas superar el 14% de los despidos, unapeso marginal. No deja de ser tremendo que enun país que ha tenido una crisis estructural tangrande como la que ha tenido apenas haya des-pidos objetivos. Y la razón hay que buscarla enel hecho de que seguimos teniendo un modelo

con un despido fácil por la vía del preaviso de48 horas.

Es cierto que sólo podemos hablar de dos o trespuntos de crecimiento hasta ahora, pero debe-mos tener presente que están pendientes aúndesarrollos de la ley. Así, el reglamento –queestá siendo sometido a informe del Consejo deEstado– que especifica la definición de previ-sión de pérdidas y los requisitos que debencumplir las empresas para acogerse al despidoobjetivo es clave. La reforma prevé también eldespido objetivo cuando se produzcan dos añosde pérdidas en la empresa. Es la primera vezque nuestra legislación laboral utiliza la palabrapérdidas (antes se hablaba de situación negati-va) lo que supone una clarificación de las cau-sas.

Los sindicatos están –y han estado histórica-mente– de acuerdo en buscar un tipo de despi-do que esté mejor protegido en las causas, quesea dialogado, que sea un despido razonable yque el coste tenga menos importancia. Cuandohaya una justificación para el despido, el costedebe ser menor, de veinte días como establecela legislación. Clarificar las causas de despidopor causas económicas era un objetivo declara-do de la reforma. Creo que aumentará el núme-ro de despidos objetivos que se tramiten a tra-vés de esta fórmula, y aumentará más en cuan-to terminemos el reglamento que está pendien-te de informe del Consejo de Estado. Aún así,con un esquema como el que tenemos de despi-do, digamos así, exprés veremos recuperar elnivel de los despidos objetivos pero siguenhabiendo estímulos muy importantes para eldespido con 48 horas de preaviso.

En otro ámbito de consideraciones, los datosreferidos a la intermediación laboral mues-tran que las colocaciones que gestionan los



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servicios públicos de empleo son relativa-mente reducidas. ¿Considera que los servi-cios públicos de empleo funcionan de formaeficiente y en qué medida la colaboracióncon las agencias privadas de colocación pue-de contribuir a mejorar este grado de inter-mediación de los servicios públicos?

La intermediación es la parte de sus competen-cias en las que son menos eficientes, pero debodecir que en los países que tienen más éxito eneste asunto logran tasas de intermediación queno están superando el 30%. La intermediaciónpública con tasas de 60 o del 70% es un fenó-meno propio de la postguerra, propio de la pri-mera fase de consolidación de los servicios decolocación públicos y de la etapa de la cons-trucción europea y del nacimiento de las políti-cas activas del mercado de trabajo. No obstan-te, ello no sirve para justificar lo que está ocu-rriendo en España, donde la dimensión de laintermediación pública es muy baja, en torno al4 o al 5% (en algunas comunidades puede lle-gar al 10% y en otras sólo alcanza un 3%).Estos datos creo son corregibles al alza y ellose ha conseguido en países en que ha habidouna buena colaboración entre instituciones pri-vadas y públicas. Dinamarca y Holanda son losmejores ejemplos que conocemos.

En este aspecto debe tenerse constancia de quenunca ha habido competencia real entre institu-ciones públicas y privadas en esta materia, osea que lo que avance lo privado, no va a ser acosta del sector público. Las objeciones sindi-cales en este asunto deben ser, creo yo, limita-das. Aquellas cosas que el sector público nopuede asumir porque no tiene dimensión parahacerlas directamente las puede hacer concerta-damente con el sector privado, que ya ha adqui-rido un tamaño incluso superior al del sectorpúblico. Eso hemos buscado por la vía de lanueva regulación, la que aprobamos en Di-ciembre, esperemos que lo consigamos.

En el tema de las políticas activas de empleo,la reciente reforma se ha orientado a poten-ciar la orientación, la formación y el estable-cimiento de itinerarios personalizados parafacilitar la transición del desempleo alempleo. ¿Cómo se va a hacer compatible esteobjetivo en un horizonte de austeridad pre-supuestaria y reducción del gasto?

Lo que hemos hecho ha sido incrementar enotros 1.500 el número de promotores, que seañaden a 1.500 orientadores que existen desde2006, y que ya se habían aprobado en anteriorlegislatura. La plantilla total de los serviciospúblicos de empleo económicos dedicada apolíticas activas, sin contar la administraciónde las políticas pasivas, es de 7.500, o sea quecon estas dos medidas hemos aumentado en3.000. El volumen de recursos humanos dedi-cado a este tipo de materias en los serviciosautonómicos es un 40% más de los que habíaantes de 2006 destinados a la promoción delempleo.

Por otro lado, en el plan Prepara –anteriormen-te, Prodi– estamos viendo que el número depersonas que, una vez que han agotado las pres-taciones, se insertan en el nuevo programa sonmenos que anteriormente, es decir, parecedetectarse un menor volumen de personas queacaban su prestación por desempleo sin encon-trar empleo.

Los años 2010 y 2011 son excepciones en loque se refiere a gasto en políticas activas: elvolumen de recursos destinado a políticas acti-vas decreció por primera vez en mucho tiempo.El problema es que estamos gastando mucho enpolíticas pasivas: treinta mil millones de eurosen 2009 y 2010. En 2011 el gasto será algo me-nor dado que ya se está notando que las entra-das son menores y que la permanencia mediaen el desempleo es también menor. Pero treintamil millones es casi el triple de lo que gastába-



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mos en la etapa previa a la crisis y no hemosaumentado las cotizaciones sociales. Ha sidotodo aportación del Estado que, a su vez, sefinancia con tributos. Este es el mayor esfuerzode solidaridad con los parados que nunca hahecho la sociedad española desde la crisis delos noventa. Viendo la dimensión y la intensi-dad de la crisis –y sin contar con el arma de lapolítica de tipo de cambio como tuvimos en losnoventa- no hemos querido reducir el esfuerzoen desempleo. La política de tipo de cambio teconcede mayor velocidad de recuperación yésta era la primera vez que no la teníamos yexistían dudas sobre la velocidad de recupera-ción. En otro caso, probablemente se hubieradiseñado otro tipo de política de empleo, conmayor gasto en políticas activas y menos enpasivas como hicimos en los noventa, peroahora no se trataba, ni se trata, de provocar unaruptura social.

Las políticas activas son esenciales. Tenemosque gastar más en políticas activas, pero este noes el momento de quitarle recursos a la pasivaporque la velocidad de recuperación está sien-do más lenta de la que se hubiera registrado enpresencia de una política con capacidad demanejo del tipo de cambio.

Y aunque sé que es un tema que está ahoraen manos de los agentes sociales, me gustaríapreguntarle si puede indicarnos qué aspec-tos considera cruciales para un modelo denegociación colectiva y si se aceptará cual-quier acuerdo al que lleguen los agentessociales sin fijar ninguna condición.Asimismo, ¿considera que deben reformarseaspectos como la indexación salarial?

Los objetivos, en mi opinión, deben ser, en pri-mer lugar, una negociación colectiva que con-ceda más capacidad de reacción y de adapta-ción de las empresas al ciclo, con mayor flexi-

bilidad interna. Una reforma que haga más fácila las empresas o bien alcanzar acuerdos en suseno para modificar las condiciones laborales obien someter aquellos aspectos donde no pue-dan alcanzarse acuerdos a arbitrajes relativa-mente rápidos, bien organizados, bien estructu-rados, técnicamente solventes y relativamentesencillos, mucho más sencillos que los actua-les. Para que esto sea posible, hace falta ade-más un esfuerzo general de las ComunidadesAutónomas y del Estado para tener más mediosen mediación y arbitraje. Cataluña, donde exis-te un compromiso por parte de las organizacio-nes empresariales con los sistemas de media-ción y arbitraje, es una excepción en esto.

Un segundo objetivo debe ser tener la posibili-dad de descuelgue salarial tal y como se con-templa en la reforma laboral. En tercer lugar,buscar soluciones a los problemas de bloqueomotivados por la imposibilidad de renovar unconvenio cuando pierde su vigencia. Se trata degenerar estímulos para que la renovación delconvenio se haga con más facilidad, y se hagatambién incorporando más materias y buscandoequilibrios nuevos y no partiendo siempre deuna base sobre la que se negocia. En este senti-do hemos planteado una fórmula que nos pare-cía razonablemente equilibrada, con un plazopara negociar suficientemente amplio de uno odos años y, vencido ese plazo, después ir obli-gadamente, porque lo prevé el convenio, a unproceso de arbitraje, generando estímulos posi-tivos para cerrar el convenio tanto para elempresario como para el sindicato.

En definitiva, pues, mayor capacidad de adap-tación interna, posibilidad de descuelgue, unasolución equilibrada a la vigencia de los conve-nios, una progresiva pérdida de papel de losconvenios sectoriales provinciales y su sustitu-ción progresiva por convenios sectoriales esta-tales y autonómicos y de empresa. Pero esto



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último teniendo en cuenta que tenemos un teji-do con predominio de empresas de pequeñadimensión que pueden tener dificultades parallevar a cabo la negociación de un convenio.Respecto a la ultractividad, la fórmula queplantea el Gobierno no tiene porque planteargraves dificultades, pero siempre me gustaponer un ejemplo a este respecto: Henry Ford,cuando pocos países tenían leyes que regulabanla negociación colectiva, afirmaba que él prefe-ría empezar el año nuevo con paz social, ydecía “luego ya tendré tiempo de complicarmela vida en mis factorías y empezaremos a que-rer hacer cambios, pero yo el año nuevo, prefie-ro empezar sin conflictos sociales como conse-cuencia de que pierde vigencia el convenio”.Busquemos una solución intermedia, entre lafosilización de la negociación colectiva y elquerer hacerlo todo de nuevo cada año. Seguroque es lo más eficiente, un siglo entero de pro-gresos no puede haberse equivocado en esto.

En la fijación de salarios, debemos tener encuenta que hemos mantenido un diferencial deinflación persistente con la media europea yello conduce a que nuestros interlocutoressociales tengan acusadas reticencias a ir haciaun modelo, que sería sensato, que establezcalos aumentos salariales en función de algúnindicador de inflación europea.

Nuestro esquema de negociación viene de unmodelo –el de la transición y los pactos de laMoncloa– que estableció que los aumentossalariales se fijaban según la inflación previstay no la pasada con el objetivo de reducir lastensiones existentes en los precios. Asimismose contempla el ajuste de los salarios ante sor-presas al alza en el comportamiento de los pre-cios. Ello nos ha funcionado. Debemos tenerpresente que si prescindimos de la inflaciónfutura o de algún mecanismo de previsión y eli-minamos la indexación tendremos que estar



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dispuestos a escoger una inflación próxima, lamás próxima al momento en que se negocia.Sindicatos y empresarios no tendrían ningúnproblema en apelar a una regla como ésta.

En la actualidad tenemos un acuerdo vigentepara 2010, 2011 y 2012, que contempla un cre-cimiento nominal de salarios por debajo de lainflación (esperada y real). No es un mal acuer-do en la perspectiva de recomposición del ex-cedente empresarial. Pensar que los salarios senegocien sin tener de ninguna forma en cuentalo que puede ser el coste de las cosas de las queuno vive no parece razonable.

Muchas gracias

Muchísimas gracias a vosotros.

REVISTA ECONOMIA

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