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Revista de Información y Debate ● Julio de 2007 Nº 27 www.revistapueblos.org

Integración regional > La inmersión de Uruguay en el modelo neoliberal - Brasil: del discurso a lapraxis - Ambivalencias internas y proyección externa de la revolución bolivariana - La diversidad deapuestas de Argentina

Centroamérica privatizada > Servicios públicos a merced de las transnacionales en El Salvador- La lucha hondureña por el agua - Panamá: paraíso fiscal y punto de mira de las inversionesespañolas - Nicaragua a oscuras - Luchas de Costa Rica para la esperanza - ¿A quién beneficia laactividad minera en Guatemala?

Los acuerdos de libre comercio > Espejismo y realidad del TLCAN - Cuartoaniversario del TLC de Chile y EE UU - Colombia: narcotráfico y finanzas mundiales

Una nueva vía > Descentralizaciones y control transnacional en Bolivia - La posibilidad de una nueva hegemonía en Ecuador

PueblosNº 27 (II época)

Julio de 2007Periodicidad trimestral

Fundada en 1995Segunda época ● 2002

Editada porPueblos

C/Gran Vía, 40 ● 5º ● oficina 228013 ● Madrid

CoordinadorLuis Nieto Pereira

ResponsableAloia Álvarez Feáns

Consejo EditorialAsociación Paz con Dignidad ● Centro de

Iniciativas para la Cooperación batá (CIC-batá)● Centro de Asesoría y Estudios Sociales

(CAES) ● Entrepueblos ● Instituto dePromoción de Estudios Sociales - Navarra

(IPES-Navarra) ● Mugarik Gabe - Euskadi ●

Ángeles Díez ● Jaume Botey ● Carlos GómezGil ● Agustín Maraver ● Adolfo Rodríguez Gil ●

Carlos Taibo

Consejo de RedacciónLuis Nieto Pereira, Juan Pablo Crespo, Carles Girbau,

Pascual Serrano, Aloia Álvarez Feáns, Decio Machado, Andrea Gago Menor

Corresponsal en Centroamérica:Luis Miranda

(redacció[email protected])●

Diseño: Amani KonanMaquetación: Manuel Ponce

FotografíaMª José Comendeiro

IlustraciónPaula Cabildo

Colaboración gráficaOscar Holguín, Cristina Rocha Novoa, Indymedia,

Xoán García, ConsumeHastaMorir, James A.Rodríguez, Rosario Gómez, Norberto Szerman,Decio Machado, Ecologistas en Acción, Bloque

Popular (Honduras), Red Nacional de Defensa delConsumidor (Nicaragua), Marco A. Velázquez

Navarrete, Oscar Paciencia, Elena Pérez.

Entidades colaboradorasJusticia i Pau de Cataluña, Instituto Galego de

Análise e Documentación Internacional

AgradecimientosGema Jové, Pedro Ramiro, Erika González y todas

aquéllas entidades y personas que han hecho posiblela elaboración de este número.

ImpresiónImgraf Impresores, S.L.

Depósito legalM.47.658-1999

ISSN1577-4376

AdministraciónTel./Fax: 91 523 38 24

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Portada

Oscar Holguín, “el machete con dos filos”

De origen campesino, Oscar Holguín ha trabajado en labores agrícolas en mu-chas regiones de Colombia. Como ilustrador autodidacta y dibujante especializa-do en la creación de tiras cómicas e historietas alimenta su labor artística de la re-alidad que vive día a día.

A sus 32 años ha creado ya 1175 superhéroes, entre los que destacan persona-jes como los siguientes: Happy Man, Alucinógeno, Electric Man, El Boicot, ElHombre Reacción, El Rojo Vivo, El Hombre Pesado, Blindado o El Anónimo, porejemplo.

Ha sido ilustrador en distintas regiones de Colombia en campañas instituciona-les dedicadas al medio ambiente, ecología y producción agrícola campesina, así co-mo a la concienciación y la construcción de resistencias contra la violación de losDerechos Humanos. “Pantanito”, “Las ranas de azul”, “El Cangrejo Custodio y susamigos”, “Veneno en los Andes”, “Ferchin y la cultura del reciclaje”, “Economíacampesina”, “Memoria histórica y cultural”, “Construcciones sociales” y “La Tie-rra Prometida” se encuentran entre sus trabajos más destacados.

Actualmente ilustra el periódico Periferia de Colombia con su tira cómica “LaFamilia Periferia”. Asimismo, elabora el cómic “Pueblo Libre” para la Red Juve-nil de Medellín.

Información y debate ● PUEBLOS ● Julio ● 2007 ● 3

Sumario

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Integración regionalUruguay > La inmersión en el modelo neoliberal (Raúl Zibechi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5Brasil > Del discurso a la praxis. ¿Dónde quedó la revolución? (Luis Ventura) . . . . . . . . . . . . . .8Venezuela > Ambivalencias internas y proyección externa (J. Torres y Mauricio Matus) . . . . .11Argentina > Diversidad de apuestas en un escenario global (Julio C. Gambina) . . . . . . . . . . . . .14

Centroamérica privatizada El Salvador > Servicios públicos a merced de las transnacionales (CDC) . . . . . . . . . . . . . . . .17Honduras > La lucha por el agua (Decio Machado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Panamá > Paraíso fiscal y punto de mira de las inversiones españolas (Decio Machado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Nicaragua > Privatiza que privatizarás, que sin luz los dejarás (Jesús Carrión Rabasco) . . .26Costa Rica > Ejemplos de lucha para la esperanza (Ismael Arnaiz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Guatemala > ¿A quién beneficia la actividad minera? (Andrés Cabanas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Los acuerdos de libre comercio México> TLCAN: epejismo y realidad (Marco A. Velázquez Navarrete) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Chile > Cuarto aniversario del TLC con EE UU (Hugo Fazio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Colombia > Narcotráfico y finanzas mundiales (Luis Alfredo Burbano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Una nueva vía Bolivia > Descentralizaciones y control transnacional (CEDIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44Ecuador > La patria vuelve: la posibilidad de una nueva hegemonía (Virgilio Hernández Enríquez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Recursos (OMAL)

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4 ● 2007 ● Julio ● PUEBLOS ● Información y debate

Editor

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Editorial

Las promesas incumplidas de las reformas neoliberales

Resulta desolador revisar las es-tadísticas sobre distribución dela riqueza y garantías sociales

en América Latina. Y es que, despuésde África, esta región es la segundaque padece una mayor desigualdad enel mundo. Más del 40 por ciento de lapoblación vive en la pobreza y la ma-yor parte de la ciudadanía no puede ac-ceder a los servicios públicos funda-mentales. Desde la década de losochenta, el servicio de la deuda se haincrementado más del doble, con loque su pago devora la mitad de los in-gresos por exportaciones de bienes yservicios. Además, el mercado de tra-bajo se basa en el sector informal, queprovee ochenta de cada cien nuevospuestos, mientras se estima que el ni-vel salarial real es inferior al de 1980.

Esta situación es el resultado de laaplicación punto por punto de las me-didas neoliberales durante los últimos25 años. Porque el hecho es que las re-formas estructurales promovidas porlas Instituciones Financieras Interna-cionales (el Banco Mundial, el FondoMonetario Internacional o el BancoInteramericano de Desarrollo) como laúnica salida posible para superar ladesigualdad, la corrupción política y lacrisis económica que azotaban a la re-gión, no han servido para que dismi-nuya la pobreza y la indigencia en lasdos últimas décadas. Aunque la versiónoficial insiste en que América Latinase ha modernizado al abrir sus merca-dos a los capitales extranjeros, la rea-lidad es que las inversiones de las cor-poraciones multinacionales no hancontribuido a proporcionar bienestarpara la población: lejos de avanzar en

la reducción de las desigualdades, loque han hecho las empresas transna-cionales es aprovecharse de ellas en supropio beneficio.

La ideología neoliberal se concre-tó en el cumplimiento del llamadoConsenso de Washington, por el que seprivatizaron las compañías estatales, seliberalizaron los mercados y se redujola intervención gubernamental en lasactividades productivas. Así, se fue mi-nimizando el papel de los Estados, queabrieron el camino a las grandes mul-tinacionales extranjeras modificandolas leyes de forma conveniente para susintereses. Sectores como los de la ener-gía, la banca, las telecomunicaciones,los recursos naturales, la educación, lasalud y el agua, principalmente, fueronel destino elegido por los capitales fo-ráneos, que eran los que, supuesta-mente, iban a traer el tan ansiado pro-greso para la región. Pero la verdad esque, en nombre de ese progreso, se fuedespojando al Estado, pieza a pieza,del control de los sectores clave de laeconomía, que quedaron así a mercedde los intereses transnacionales.

Con la excusa de la ineficacia delas empresas públicas, que se atribuíaa su utilización con fines políticos, almalgasto de los recursos y a la co-rrupción generalizada, se puso en mar-cha un proceso de venta de los activosestatales que no cumplió las expecta-tivas generadas. En muchas ocasiones,las privatizaciones se llevaron a caboa través de operaciones fraudulentas(como en el caso de la venta de lacompañía chilena Enersis a Endesa,del mexicano Bancomer al BBVA ydel gigante petrolero argentino YPF a

Repsol) y se produjeron cuando de-tentaban el poder gobiernos muy po-co democráticos, como el de Fujimo-ri en Perú y Pinochet en Chile.

La ausencia de una adecuada pla-nificación pública unida a la lógica dela máxima rentabilidad económica hi-zo estragos. Por ejemplo, en el caso fi-nanciero, gran parte de los capitales fo-ráneos se apresuraron a salir de Argen-tina en cuanto “olieron” cierta inesta-bilidad económica, acelerando y agra-vando la entrada del país en la crisis enel año 2001. O, en el ámbito energéti-co, tanto la fragmentación del sistemaeléctrico como el intento de amortizarde una forma rápida sus inversionesllevaron a que las multinacionalesefectuasen racionamientos de electri-cidad, que tuvieron repercusiones so-bre las condiciones económicas y so-ciales de la población de Chile en elaño 1999, así como de la de RepúblicaDominicana (2002 y 2003) y Nicara-gua (2006), entre otros casos. Y eso porno hablar de las desastrosas conse-cuencias que ha tenido para los pueblosy ecosistemas de la región toda esta ce-sión de soberanía que sólo ha buscadofavorecer a las corporaciones transna-cionales.

Más de dos décadas después deque América Latina emprendiera el ca-mino de las reformas estructurales quedebían configurar un nuevo panoramaen el continente, lo que sí parece claroes que la realidad social, política y eco-nómica latinoamericana permite com-probar quiénes han sido los beneficia-rios de todo el proceso: las elites polí-ticas y económicas de la región y de losprincipales países inversores.❑


Urugua

y

La inmersión en el modelo neoliberal

Integración regional

La primera de estas oleadas estu-vo caracterizada por las privati-zaciones y el desmonte de los

Estados nacionales a favor del capitalfinanciero y de las grandes multina-cionales del Norte, en particular las eu-ropeas. Ese primer neoliberalismo fuefrenado en gran medida por una oposi-ción organizada en movimientos so-ciales. Sin embargo, tras la crisis mun-dial de los años 1998-2002, avanza enel continente una nueva oleada neoli-beral. La deuda externa ya no se en-

cuentra en el centro del debate, lugarque ahora ocupa el papel del continen-te en las estrategias de acumulación decapital. A grandes rasgos, observamosfuertes inversiones en minería y la ex-pansión de los cultivos de soja, mien-tras que, más recientemente, vemosque algunos países líderes como Bra-sil pugnan por convertirse en grandesexportadores de biocombustibles. Setrata de una “reprimarización” de lasexportaciones tras una crisis que dejómaltrecho el vulnerable aparato indus-trial regional.

La región en su conjunto tiende aconvertirse en proveedora de commo-dities para el llamado mundo desarro-llado, tanto para Estados Unidos y Eu-ropa como para los países asiáticosemergentes. Algunos analistas estimanincluso que el Mercosur, donde déca-das atrás florecía una prometedora in-dustria, tiende a convertirse en una “re-pública sojera” transfronteriza que se

acerca a una producción de100 millones de toneladas,lo que representa casi el 70por ciento de las exporta-ciones mundiales de soja.Los impactos sociales yambientales son evidentes.En Brasil, la soja es la prin-cipal causa de la deforesta-ción de la Amazonía, mien-tras que en Argentina y Pa-raguay provoca la expul-sión en masa de pequeñosy medianos productores.

En el continente convi-ven tres grandes modelosen torno a los que se arti-culan los procesos de acu-mulación actual: la soja yel maíz transgénico, la pas-

ta de celulosa y la minería a cielo abier-to en las regiones de la cordillera andi-na. Los tres provocan graves repercu-siones sobre las comunidades y, porañadidura, ninguno está destinado almercado interno sino a abastecer lasnecesidades de la producción industrialy el forraje que demandan las zonas ypaíses donde es más intenso el creci-miento económico. Es decir, los tresgrandes modelos buscan la acumula-ción de capital.

Este triple modelo tiene ahora lavista puesta en los biocombustibles,con el objetivo de satisfacer las nece-sidades de las grandes potencias, enparticular los Estados Unidos, de di-versificar su matriz energética para dis-minuir la dependencia del petróleo. Laexpansión de los cultivos transgénicos,la instalación de nuevas y más grandesplantas de celulosa y el exponencialcrecimiento de los cultivos de caña deazúcar en Brasil, líder mundial en la

Raúl Zibechi*

La reciente gira delpresidente George W.

Bush por cinco países deAmérica Latina parece

estar modificando larelación de fuerzas en la

región, y de modo muyparticular en

Sudamérica. En Brasil,Luiz Inácio Lula da

Silva y Bush acordaronun vasto plan para la

expansión de laproducción de etanol a

partir de la caña deazúcar, acuerdo que se

consolidó con laposterior visita de Lula aCamp David a finales de

marzo. En Uruguay, el presidenteestadounidense y Tabaré Vázquez

consolidaron el acercamientocomercial y diplomático en el que

ambos gobiernos trabajaban desdehacía más de un año. Estos

acuerdos forman parte de lo quepodemos llamar la “segunda oleada

neoliberal”.

Indy

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Urugua

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ese país. Nunca había sido tan eviden-te la brecha entre distintos gobiernosprogresistas y de izquierda de la re-gión: la gravedad de la situación queestá provocando la nueva oleada neo-liberal llegó a enfrentar a los principa-les gobiernos que integran el Merco-sur, puesto que discrepan en casi todoslos puntos de la agenda común.

Brasil es el primer exportador y,tras Estados Unidos, el segundo pro-ductor mundial de etanol. Pero mien-tras el etanol estadounidense, basadoen el maíz, tiene baja productividad yafecta a su precio como alimento, laproducción a partir de caña de azúcarcoloca a Brasil en la vanguardia mun-dial del etanol. Un acuerdo de largoplazo con Brasil permitiría a EstadosUnidos tres objetivos centrales: diver-sificar la matriz petrolera reduciendosu dependencia de las importacionesde Venezuela y del Medio Oriente, de-bilitar a Venezuela y a sus aliados, yfrenar la integración regional motori-zada por los hidrocarburos, que habíacobrado vuelo a lo largo de 2006. Esteplan reaviva los mismos objetivos quetuvo que aplazar Bush en noviembrede 2005 al fracasar el ALCA en laCumbre de Mar del Plata.

No es casual que Hugo Chávez ha-ya criticado frontalmente el etanol co-mo alternativa al petróleo: “lo que Es-tados Unidos pretende es imposible.Para sostener con etanol su estilo de vi-

da habría que sembrar con maíz de cin-co a seis veces la superficie del plane-ta Tierra”, dijo en su programa sema-nal. Agregó que la expansión de loscultivos afectará a los alimentos, queserán más caros; y a los suelos, que sedegradarán más por el uso de agroquí-micos; a la vez que se fortalecerá “latendencia al monocultivo para alimen-tar las plantas de etanol”. Las críticasde Chávez fueron completadas por Fi-del Castro, quien dijo que “la idea deusar alimentos para producir combus-tibles es trágica, es dramática”, ya que“nadie tiene seguridad de a dónde vana llegar los precios de los alimentoscuando la soja se esté convirtiendo encombustible”.

Si consideramos que la actual co-yuntura que vive la región es muy gra-ve es porque puede producirse una pro-longada inflexión que afectará tanto alos pueblos como a los gobiernos de iz-quierda. Hilando fino, el problema noes ni Bush ni Estados Unidos. Ellos ha-cen su juego, como siempre lo hicie-ron. Con el proyecto del etanol emer-ge una nueva-vieja alianza: la de laselites globales, expresada en algunosgobiernos de la región.

Entre los principales promotores dela Comisión Interamericana de Etanol,creada en diciembre, figuran dos per-sonajes claves: Jeb Bush, ex goberna-dor de Florida, a quien muchos acusandel fraude electoral que facilitó el ac-ceso a la persidencia de su hermano en2000; y el brasileño Roberto Rodri-gues, presidente del Consejo Superiorde Agronegocios de San Pablo y ex mi-nistro de Agricultura durante los pri-meros cuatro años del gobierno de Lu-la. Rodrigues, el hombre del agrobusi-ness en el gobierno brasileño, está dis-puesto a deforestar la Amazonía y a ex-pulsar a millones de campesinos de sustierras para lubricar la acumulación decapital.

Esto indica que Brasil, que estarágobernado los tres próximos años porun Lula que no podrá volver a ser ree-legido, está apostando a una integraciónregional muy similar al ALCA pero li-derada por las elites de Sâo Paulo, conintereses parcialmente diferentes a las

producción de biocombustibles, sonuna de las principales apuestas de losgobiernos de Néstor Kirchner, TabaréVázquez y Luiz Inácio Lula da Silva,entre otros.

La integración no avanzaCon los nuevos gobiernos progresistas,y pese a esfuerzos como el desarrolla-do por Brasil para impulsar el comer-cio Sur-Sur, las exportaciones de pro-ductos industrializados decaen mien-tras se incrementan las de commoditiesy materias primas. Éstas se dirigen so-bre todo hacia Estados Unidos, que seconsolida como el principal mercadoen buena parte de los casos. En para-lelo, los esfuerzos para acelerar y pro-fundizar la integración regional que serealizan tras el fracaso del ALCA en laCumbre de Mar del Plata (Argentina),en noviembre de 2005, no parecen su-ficientes ante el impetuoso avance deesta segunda oleada neoliberal.

A diferencia de la primera oleadaneoliberal privatizadora de los 90, mo-nitoreada por gobiernos conservado-res, la actual está siendo impulsada porlos nuevos gobiernos progresistas. Silos movimientos resistieron con em-peño y coraje la primera, la relación defuerzas actual hace mucho más com-pleja la oposición. Las diferentes posi-ciones de los gobiernos progresistas yde izquierda están frenando el procesode integración regional. Por ejemplo,algunos de los proyectos que resultanclaves, como el Gasoducto del Sur, es-tán paralizados; y el Banco del Sur,creado a comienzos de 2007 por Vene-zuela y Argentina, se encuentra conenormes dificultades para incluir a to-dos los países y enfrenta la oposiciónde Brasil.

En algunas ocasiones estas dife-rencias se convierten en un enfrenta-miento político abierto. A comienzosde marzo, cuando Bush y Tabaré Váz-quez estaban reunidos en la residenciapresidencial de Colonia, a escasos 50kilómetros, en Buenos Aires, HugoChávez encabezó un acto antimperia-lista con el apoyo del presidente ar-gentino Néstor Kirchner y de buenaparte de los movimientos sociales de

Las diferentes posiciones de los gobiernos progresistas y de izquierda de la región están frenando el proceso

de integración regional

“ “Para sostener con etanol el estilo de vidade EE UU habría que sembrar con maízde cinco a seis veces la superficie delplaneta Tierra, según Hugo Chávez

“ “


Urugua

y

elites estadounidenses y euro-peas pero con muchos aspec-tos en común. En primer lugar,comparte la idea de libre co-mercio, es decir, una integra-ción asentada en la produccióny exportación a la medida delos mercados mundiales. Ensegundo lugar, para potenciarla exportación de las mercan-cías a los mercados más im-portantes, Brasil impulsa unvasto plan de obras denomina-do IIRSA (Integración de laInfraestructura de la RegiónSudamericana) que beneficiaa las empresas brasileñas,puesto que son las llamadas aimplemenar el grueso de lasobras, pero también a las gran-des empresas de ese país liga-das a las multinacionales.

El papel de UruguayEn este panorama de ofensivade los Estados Unidos y difi-cultades de la integración re-gional se inserta la sopren-dente actitud del gobiernouruguayo de Tabaré Vázquez,proclive a firmar un Tratado de LibreComercio (TLC) con Washington. Es-te gobierno es un firme defensor, des-de el 1 de marzo de 2005, de las im-portantes inversiones de empresas decelulosa como Botnia (Finlandia), EN-CE (España) y Stora Enso (Suecia),que pretenden construir los mayoresemprendimientos en la región. La plan-ta de Botnia comenzará a funcionar ha-cia fines de 2007, pese al grave con-flicto fronterizo con Argentina que haprovocado su construcción.

De modo coherente con su pasadoy programa, el Frente Amplio1 se opu-so a la construcción de estas plantasmientras estuvo en la oposición. Argu-mentaba que el país no debía ingresaren la senda de los cultivos forestalesmasivos, pues conllevan problemas de

particular los ministerios deEconomía y de Industria y Co-mercio) promueve la rupturacon el Mercosur y la firma deun TLC con Estados Unidos.No resulta sencillo explicaresta postura. Sólo puede com-prenderse si se considera queel gobierno uruguayo ha apos-tado por las alianzas entre eli-tes y se siente motivado por laurgencia de conseguir altas ta-sas de crecimiento. En estesentido, parece sentirse des-lumbrado por los “éxitos” deun país como Chile, atribuidosa su estrecha relación conWashington. Los sectores quedesde la izquierda promuevenotra política no poseen ni laconvicción ni la claridad depropuestas suficientes para al-terar el rumbo tomado.

En la izquierda uruguaya,como en buena parte de las iz-quierdas del continente, hacetiempo que se dejó de lado eldebate sobre las alternativas almodelo actual. Incluso se fuedebilitando la idea de lograr

un cambio y construir una ética dife-rente, basada en el compromiso con losmás pobres. Su lugar ha sido ocupadopor las ansias de poder, como si todo elproyecto de la izquierda pudiera resu-mirse en ganar el gobierno, suponien-do que lo demás llegará por añadidura.Pero hay algo más, que tal vez sea lodecisivo: intentar salir del modelo he-gemónico supone arriesgarse a crisispolíticas, sociales, económicas e insti-tucionales. Las elites tienen la sufi-ciente fuerza y apoyo nacional e inter-nacional como para desestabilizar a losgobiernos que se atrevan a intentarcambios y, ante el temor a la desesta-bilización, los presidentes progresistasy de izquierda retroceden como formade esquivar problemas.❑

sostenibilidad ambiental y crean muypocos puestos de trabajo. Sin embargo,apenas llegó al gobierno, el Frente Am-plio cambió de opinión: ahora argu-menta que el país necesita inversionesy que éstas son positivas para el des-arrollo económico y para superar losproblemas de desocupación y pobreza.La política económica del gobierno deVázquez se ha alineado con las pro-puestas del Fondo Monetario Interna-cional (FMI) y el Banco Mundial, de-jando de lado cualquier posibilidad deensayar o buscar alguna alternativa almodelo neoliberal.

Pero lo que más llama la atenciónes que buena parte del gobierno (en

* Raúl Zibechi es periodista uruguayo y analistainternacional. Investigador de los movimientos

sociales latinoamericanos, es autor de los librosGenealogía de la Revuelta (2003) y Dispersar el

poder. Los movimientos como poderesantiestatales (2006).

Brasil está apostando a una integraciónregional muy similar al ALCA pero liderada

por las elites de Sâo Paulo“ “

1 El Frente Amplio es una coalición de partidospolíticos uruguayos que abarca el espectro delcentro-izquierda. Fue fundado el 5 de febrerode 1971.

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Brasil

Pero en enero de 2007 el ambien-te era diferente. Las calles esta-ban más silenciosas y muchas

banderas rojas se quedaron en casa. Elgrito de fiesta dio paso a un simple res-piro de alivio desapasionado. En el esce-nario político regional, el fortalecimien-to de figuras como Chávez y Kirchner, ola ascendencia de nuevas experienciascomo Morales (Bolivia) o Correa (Ecua-dor), habían relegado al brasileño al ex-tremo centro de la izquierda latinoame-ricana, donde el pragmatismo se rinde ala lógica dominante y las grandes causasse abandonan con apatía. Lo que cuatroaños antes era una certeza, ahora se con-vertía en una pregunta que creaba ciertaangustia: ¿representa este gobierno a lossectores populares? Responder a esto noes simple, pero algunos elementos nospueden ayudar.

crear este escenario electoral: el sala-rio mínimo aumentó un 40 por cientodurante los primeros cuatro años conLula en el poder, situándose hoy en tor-no a los 380 reais (unos 140 euros).

Se llevó a cabo una ofensiva de“formalización” del subempleo (quenormalmente afecta a sectores popula-res), alcanzando la cifra de cuatro mi-llones de empleos regularizados. La in-flación se controló y el precio de losproductos de primera necesidad semantuvo estable o incluso sufrió unareducción, principalmente en el sectoralimentario. El Programa Bolsa-Fami-lia, baluarte de la política social lulis-ta, llegó a beneficiar a 40 millones depersonas. En 2006, según los estudios,ocho millones de brasileños abando-naron la condición de población pobreo extremamente pobre. En el lado in-

Del discurso a la praxis¿Dónde quedó la revolución?

Luis Ventura Fernández*


El 1 de enero de 2007, Luiz InácioLula da Silva iniciaba su segundo

mandato como presidente de Brasil.Cuatro años atrás, ese mismo día,las calles de Brasilia se vestían de

fiesta. Cientos de miles de personassalían para celebrar la llegada al

poder del líder sindicalista.Banderas y camisetas rojas daban

color al grito alegre de losmovimientos populares y de la

izquierda brasileña. Quien estaba enla calle era el pueblo, y en aquel

momento no se tenía ninguna dudade que el nuevo gobierno

representaba a los sectorespopulares. Fuera de Brasil, Lula

representaba un nuevo liderazgo yla posibilidad de un gobierno

popular enraizado enreivindicaciones históricas.

Es evidente que Lula gobierna por-que fue votado por los sectores popu-lares. Fueron de nuevo ellos los que re-condujeron a Lula al segundo manda-to. Según las encuestas, apenas el 11por ciento de sus electores procede delas clases alta y media-alta, mientrasque el 56 por ciento de los que gananmenos de 250 euros por mes votaron aLula. En un país en que la educaciónaún no está democratizada, sólo el seispor ciento de los electores de Lula ha-bía terminado el curso superior.

Varios son los factores que lleva-ron al pueblo a decidir este voto. Porun lado, la llegada al poder del Partidode los Trabajadores era fruto de unaconquista colectiva y pocos movi-mientos sociales se resignaban a dar laoportunidad por perdida. Por otro lado,algunos datos económicos ayudaron a

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Brasil

verso de la pirámide, las clases más al-tas vieron caer su renta disponible enun 18 por ciento.

Estos datos pueden ayudarnos acomprender el voto popular a Lula pa-ra un segundo mandato pero no nos ex-plican si este gobierno representó real-

mente o no los intereses delos sectores populares.

Cuatro años de luces y sombrasEl primer gobierno de Lu-la no consiguió desarrollarpolíticas realmente trans-formadoras. Fortaleció,con estructuras y recursos,políticas sociales asisten-cialistas y proteccionistasque, en buena parte, here-dó ya de gobiernos ante-riores pero a las que dotóde nueva simbología, co-mo el conocido Fome Ze-ro (Hambre Cero). El pro-grama Bolsa-Familia ga-rantiza para las familiaspobres una ayuda que pue-de oscilar entre 16 y 33 eu-ros al mes, dependiendodel número de hijos. Aun-que teóricamente estasmedidas van asociadas aotras políticas de forma-

ción y apoyo para alternativas econó-micas (como microcréditos), se ahoganen una burocracia enorme y no consi-guen convertirse en nada más que entoneladas de papel.

Hubo, sí, un aumento del gasto pú-blico en educación y salud, y hubotambién una serie de medidas de trans-ferencia de ingresos, pero no existióuna política decidida de redistribuciónde renta. Mientras las políticas socia-les exigen diez mil millones de realespor año del erario público, esta mismacaja debe pagar hasta cien mil millo-nes para el empresariado en títulos dedeuda pública.

Lula hipotecó su gobierno a la cre-ación de un nuevo escenario económi-co de mayor estabilidad y confianzapara después poder ejecutar las refor-mas estructurales necesarias que hicie-

ran de Brasil el país que todos soñaban.En ese sentido, mantuvo el país en uncrecimiento medio del tres por ciento,cifra moderada para las expectativascreadas pero que, junto a otras medi-das, permitió una situación de estabili-dad.

Brasil concluyó a finales de 2003su relación con el Fondo Monetario In-ternacional (FMI) por cumplimiento demetas, negándose a la firma de nuevosacuerdos. Estabilizó el índice de des-empleo y consiguió un superávit pri-mario medio cercano al cinco por cien-to. La moneda nacional se valorizó, lle-vando al dólar y al euro a sus nivelesmás bajos desde la creación del real ysin perjudicar la “competitividad” delos productos brasileños en el merca-do internacional. Al contrario, la ba-lanza comercial es positiva para Brasily el llamado “índice de riesgo” baja aniveles históricos.

Esa estabilidad tiene otra cara si seanaliza desde la perspectiva de las rei-vindicaciones populares. El montantemayor del superávit primario se dedi-ca al pago de la deuda pública. En2005, el gobierno de Lula había paga-do 27.600 millones de dólares ameri-canos en concepto de deuda externa.Mientras, la economía nacional se es-tancaba con tasas de interés elevadas.El sector bancario fue el mayor bene-

ficiado de estos cuatro años, alcanzan-do tasas de lucro históricas en 2004 (elcaso de los grupos Itaú o Bradesco fueel más notorio).

El primer gobierno de Lula termi-nó sin hacer frente a las principales rei-vindicaciones de los movimientos po-pulares, principalmente a las referen-tes a las reformas agraria y política. Encuanto a la primera, no cumplió su pro-mesa de asentamiento de familias cam-pesinas en el número previsto, y tam-poco modificó de manera mínima laestructura de la propiedad de la tierra.Sólo en la región amazónica, poco másde 25.000 grandes propietarios poseenhoy tanta tierra como los dos millonesque representan pueblos indígenas,afrodescendientes, seringueiros1 ycampesinos de la región.

Lula privilegió al sector agroin-dustrial y a la agricultura para exporta-ción, principalmente de granos, au-mentando los incentivos, expandiendola frontera agrícola y liberando lostransgénicos. Incluso así, el índice deviolencia contra pequeños agricultorese indígenas creció durante estos cuatroaños, manteniéndose la impunidad.Como es habitual cada año, en abril de2007 fueron centenas las marchas porla Reforma Agraria que serpentearon alo largo de carreteras y ciudades brasi-leñas con banderas del MST, recor-dando la matanza de campesinos en El-dorado dos Karajás (1996) y reivindi-cando mejoras en el campo. Mientras,800 líderes indígenas acamparon de-lante del Palacio de Planalto, frente algobierno que, posiblemente, peor aten-dió y garantizó los derechos de los pue-blos indígenas en Brasil.

Los movimientos sociales y popu-lares, constructores del proceso políti-co durante tres décadas, han venido su-friendo un desgaste y una crisis deidentidad fuerte, planteándose si sen-tirse gobierno y/o sociedad civil. Elsincretismo político perjudicó a esta úl-tima que perdió su capacidad de movi-lización y de reivindicación de trans-formaciones sociales más profundas.

El sincretismo político gobierno-sociedadcivil perjudicó a esta última, que perdió su

capacidad de movilización y dereivindicación de transformaciones

sociales más profundas

“ “Lula hipotecó su gobierno a la creación

de un nuevo escenario económico de mayor estabilidad y confianza paradespués poder ejecutar las reformas

estructurales necesarias

“ “

1 Recolectores de caucho.


Brasil

* Luis Ventura Fernández es trabajador social y antropólogo. Desarrolla su actividad en Brasil

desde 2002 como laico con la iglesia católica.Trabajó cuatro años con pueblos indígenas

y actualmente continua su labor en la periferiade Boa Vista, capital de Roraima, extremo Norte

de Brasil.

Integración regionalProyección internacionalLa política internacional de Lulatiene prioridades aparentementeclaras: fortalecimiento del Merco-sur como estrategia no sólo co-mercial sino también política; finde las negociaciones del ALCA;consolidación de alianzas Sur-Sur(principalmente con India o Sud-áfrica, creación del G-20) y de-fensa tanto de los intereses de lospaíses agrícolas en las negociacio-nes de la OMC como de una am-plia reforma de los organismosmultilaterales.

Brasil es la economía másfuerte dentro del Mercosur y subalanza comercial con los otrospaíses es altamente ventajosa. Elnúcleo del gobierno defendía unMercosur con división proporcional depoderes e influencia, aunque tuvieranque aceptar un modelo más equitativode organización. Aún así, su apuestapor el Mercosur parece clara. Brasilejerció la presidencia de turno en el se-gundo semestre de 2006 y, en el dis-curso inicial, Lula expuso que la fuer-za simbólica del grupo hacía posibleenterrar definitivamente la dependen-cia latinoamericana frente a EstadosUnidos y Europa. Consiguió en esetiempo la incorporación de Venezuelay atrajo el interés de Bolivia.

En el ámbito suprarregional, Lulaquiere presentarse como un negocia-dor duro en el mercado internacional,defendiendo la retirada de los subsi-dios a los productos agrícolas. Respe-tado por Europa y EEUU, imprime unespíritu pragmático, reconociendo“cesiones” que los países agrícolas de-berían realizar. Cree en su capacidadpara ganar el apoyo de los grandes pa-ra proyectos de lucha contra la pobre-za. Fue el primer gobernante invitadoa un Foro Social Mundial (Porto Ale-gre, 2003), rompiendo un tabú entrelos organizadores, y tres días despuésse sentaba en la mesa de Davos, des-orientando a unos y a otros. Para susasesores, Lula conquistaría legitimi-dad para representar los intereses po-pulares en cualquier escenario. Paraotros, no funcionó.

nes de reais en medidas que, segúnel gobierno, estimularán la econo-mía y harán crecer el país. Princi-palmente son inversiones públicasen grandes obras de infraestructura,vivienda y saneamiento. Entre lasmás polémicas se encuentra el tras-vase de aguas del río San Franciscopara uso de grandes proyectos agrí-colas, o la construcción de las hi-droeléctricas de Belo Monte (en elrío Xingu) y de Juari (en el río Ma-deira), ambas sin estudio previo deimpacto ambiental ni consulta conlas poblaciones que habitan por tra-dición esos territorios.

En minoría de nuevo en el le-gislativo y con el Partido de losTrabajadores desestructurado porlos episodios escandalosos de co-

rrupción, Lula formó su segundo go-bierno sobre la base de una gran coali-ción con partidos de centro-derecha. Aellos entregó ministerios sensibles, co-mo Salud, Trabajo o Agricultura, loque nos ayuda a prever por dónde vanlas líneas de este nuevo gobierno.

Por último, un nuevo elemento en-tra con fuerza a inicios de 2007 en el es-cenario: el biocombustible. Tras Esta-dos Unidos, Brasil es el principal pro-ductor, actual y en potencia, de etanol.Ambos gobiernos acordaron en marzoaumentar la producción, extendiendolos cultivos de maíz y caña de azúcar, yambos se dicen capaces de modificar to-da la estructura energética mundial gra-cias a la producción de biocombustible.

La novedad, nada buena, es la de-cisión de Brasil de llegar a acuerdos bi-laterales con EE UU, fuera del marcoregional y contribuyendo a la divisióninterna. Todo esto sucede en un mo-mento en el que se discute en el Mer-cosur un gran acuerdo marco sobre po-lítica energética común y en el que lasrelaciones de Brasil con Bolivia se re-sienten por causa de la explotación degas natural en el país vecino.❑

Más lejos de los sectorespopularesTres episodios marcan las pistas de loque acontecerá en este nuevo mandatode Lula. El día después de las eleccio-nes, el presidente definía claramente susprioridades para estos cuatro años. Des-considerando las voces amigas que leaconsejaban recuperar su relación his-tórica con las demandas del movimien-to social, Lula apuntó como prioridadabsoluta un crecimiento económico delcinco por ciento y la superación de loque él mismo denominó “obstáculos pa-ra el desarrollo”: medio ambiente o de-mandas indígenas y quilombolas2.

En febrero de 2007 presentó a la so-ciedad su nueva bandera: el Plan deAceleración del Crecimiento (PAC),una inversión de más de 500 mil millo-

Lula se encuentra en el extremo centro dela izquierda latinoamericana, donde el

pragmatismo se rinde a la lógicadominante y las grandes causas se

abandonan con apatía

“ “

2 Habitantes de los quilombos, palabra de origenafricano que designa los emplazamientos don-de vivían los esclavos que huían de las planta-ciones y del dominio de sus señores.

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Ambivalenciasinternas

y proyecciónexterna

Juan Torres López y Mauricio Matus López*

El proceso revolucionario deVenezuela constituye la referencia

más importante para el cambiosocial que pueda darse en el

continente latinoamericano en laspróximas décadas. Pero es un

proceso complejo y paradójico, y porello no siempre fácil de entender. Noes casualidad, por ejemplo, ni que la

izquierda de otros países tardaratanto en percatarse de su indudable

calado y dejara de considerar aHugo Chávez como un simple

iluminado, ni que ahora se dentantas posiciones de apoyo acrítico.

Para entender tanto lo que suce-de en Venezuela como su pro-yección externa hay que tener

en cuenta algunas cuestiones esencia-les. A veces ha sido mal entendido elque buena parte de la clase obrera in-dustrial (no muy extensa pero privile-giada, dada su mayoritaria adscripcióna la industria petrolera) no haya apo-yado de forma expresa el proceso re-volucionario o, quizá mejor dicho, queno haya sido realmente el sujeto socialque lo ha conducido. Se trata de algoque ha ocurrido también, con sus di-ferencias, en Bolivia y Ecuador. Essencillamente la consecuencia de que

el proceso revolucionario surja al mis-mo tiempo que un nuevo sujeto políti-co: el formado por grupos socialeshasta ahora desheredados, completa-mente excluidos de las expresionesmás elementales de la ciudadanía.

La conversión en sujeto político dela legión de desheredados y excluidosque había sembrado el neoliberalismoproporciona a los procesos políticosque cuentan con su apoyo una fuerzaextraordinaria y singular. Así se pusode relieve en la respuesta al golpe deabril de 2002, cuando los propios par-tidos quedaron superados por la mo-vilización espontánea de quienes has-ta hace poco eran invisibles. Esta in-visibilidad anterior lleva a que buenaparte de la oposición diga que Chávezha traído la pobreza al país: cegadospor sus privilegios no veían que, porejemplo, el 89 por ciento de los niñosentre cuatro y quince años eran pobresen 1998. Pero, al mismo tiempo, la na-turaleza singular de este nuevo sujetopolítico (en su gran mayoría un autén-tico lumpemproletariado) trae consi-go problemas cuya solución requieremuchísimo tiempo.

La revolución no puede consistirsolamente en dar, en redistribuir, esdecir, en invertir la lógica rentista pe-

ro manteniéndola indefinidamente. Esnecesario renovar el rumbo producti-vo, el concepto de sociedad, el pro-yecto estratégico, los valores y los su-jetos sociales. Y todo ello ha de surgirde un país sin recursos formativos ge-neralizados, sin suficiente potencialendógeno y sin redes sociales conso-lidadas.

Dos espacios de democraciaLa Constitución es un texto avanzadoy novedoso, pero también el marco so-bre el que se asienta un concepto re-novado del poder y de la participaciónpopular como base de la democraciamás auténtica: sostiene, incluso conmás fortaleza que en otros países, lademocracia formal. Para entender elproceso revolucionario hay que saberreconocer a los nuevos actores políti-cos, que no necesariamente se visibi-lizan con claridad, sino que actúan yse fortalecen en la vida diaria de loscentros de trabajo, de las cooperativas,de los barrios, de las escuelas o de lasnuevas Misiones1.

1 Cada una de estas iniciativas sociales tiene unobjetivo específico, orientado a favorecer la se-guridad, la salud, la educación y la justicia so-cial. Son creadas por el Estado pero gestiona-das por las comunidades.

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Integración regionalEs imprescindible que este nuevo

tipo de democracia conviva con elejercicio de la democracia formal quela Constitución no desprecia sino que,por el contrario, también impulsa ytrata de fortalecer. Por el contrario, hasido la oposición, incapaz de actuar enlibertad y pluralidad, quien ha queridodinamitar sus instituciones para debi-litar el proceso revolucionario.

La interdependencia necesaria en-tre las dos democracias constituye unproblema de difícil planteamiento y alque no siempre se le está dando lo quedesde fuera pudiera parecer una bue-na solución. La creación de un Parti-

una revolución. Las políticas redistri-butivas tienen un efecto positivo in-discutible en las condiciones de vidade los venezolanos, pero en el campoeconómico aparecen también espaciosambivalentes. Por un lado, el gobier-no ha sido capaz de realizar una ges-tión macroeconómica que ni siquierael Fondo Monetario Internacional hapodido condenar, puesto que los prin-cipales registros convencionales hanmejorado progresivamente: creci-miento, inflación, deuda, tipo de cam-bio, recaudación fiscal...

Al mismo tiempo, el gobierno im-pulsa una estrategia a largo plazoorientada a consolidar una nueva es-tructura productiva basada en el des-arrollo endógeno de sus recursos y ca-paz de superar la típica desvertebra-ción, desindustrialización y depen-dencia que genera el neoliberalismo.Para ello promueve nuevos tipos depropiedad (principalmente a través decooperativas) y modos de gestión delos recursos, mediante la puesta enmarcha de una ambiciosa reformaagraria.

Por otro lado, el abrir nuevas víasde desarrollo productivo obliga a dis-poner de recursos hasta ahora en ma-nos de poderes oligárquicos y a ven-

cer los obstáculos de la gran propie-dad. Esto es fundamental porque, porregla general, en el ámbito de la nue-va economía se carece de los soportesestructurales (mercados, redes detransporte, sinergias empresariales...)imprescindibles para consolidar loscambios con celeridad. Además, la es-trategia macro de gestión más o me-nos convencional de la demanda agre-gada requiere cierto equilibrio y pac-to con los grandes poderes, así comomantener un cierto respeto a los pará-metros estructurales tradicionales dela economía, especialmente en elcampo financiero.

Esa ambivalencia, a menudo fran-ca contradicción, produce en ocasionesefectos indeseables: pervivencia derestos del poder oligárquico y dema-siada frustración y fracasos en la pues-ta en marcha de experiencias alternati-vas. La consecuencia común es la per-sistencia de graves vicios estructurales,como el altísimo grado de corrupcióno la inexistencia de una administraciónpública mínimamente eficiente. Con-tra lo primero no se avanza suficiente-mente, mientras que contra lo segundose han creado las Misiones, una autén-tica administración paralela que no hapodido suplir hasta ahora la funda-mental carencia de partida.

La proyección externaLas lecturas más simplistas de la pro-yección exterior de la revolución boli-variana quieren hacer creer que el pa-pel referencial de Venezuela en todo elcontinente latinoamericano deriva delas veleidades personales del presiden-te Chávez, a quien presentan como em-peñado en convertirse en una especiede nuevo Bolívar. En nuestra opinión,las reflexiones continuas sobre el cam-bio en Venezuela y los procesos que sedan en otros países de la región son in-evitables y se basan en razones muchomás profundas.

En primer lugar, hay que tener encuenta que el nuevo sujeto político alque nos hemos referido (personasdesheredadas y excluidas invisibili-zadas) no existe sólo a nivel nacionalsino continental. Por otro lado, la na-

El proceso revolucionario surge al mismotiempo que un nuevo sujeto político,formado por grupos sociales hasta ahora desheredados y excluidos

de la ciudadanía

“ “La renovación del rumbo productivo, del

concepto de sociedad y del proyectoestratégico ha de surgir de un país sinrecursos formativos generalizados, sin

suficiente potencial endógeno y sin redessociales consolidadas

“ “

do Único, por ejemplo, disminuiría elapoyo social sin que esté claro que sir-va para sumar fuerzas. Lo mismo po-dría decirse de otras medidas que de-bilitan la función del legislativo en fa-vor del ejecutivo, algo natural en lospaíses que se nos presentan constante-mente como ejemplarmente democrá-ticos pero que, quizá, no debería dar-se en un proceso que persigue serejemplar desde el punto de vista de lademocracia protagónica.

Una gestión económicaambivalenteVenezuela es el primer país rico (aun-que empobrecido) en el que se hace


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turaleza de los procesos que inevita-blemente hay que poner en marchalleva a quien los inicia a actuar en unespacio internacional en el que ya esinexcusable encontrar la referencia yla presencia de Venezuela.

En tercer lugar, sabemos que elmás mínimo rechazo a las propuestasde integración de EE UU, que impli-can definitivas y tremendas desventa-jas para las economías latinoamerica-nas, ponen sobre la mesa otro tipo dealianzas alternativas, que Venezuelapromueve con especial interés para for-talecer su propio proceso interno. Y,por último, las reflexiones de las quehablábamos se basan también en la po-sibilidad de llevar a cabo programas deredistribución y bienestar a escala con-tinental, dada la riqueza de Venezuela.Como es natural, esto suscita una enor-me simpatía y favorece la puesta enmarcha de proyectos de integración ba-sados en principios solidarios clara-mente contrarios a los neoliberales. Ló-gicamente, el problema de esta inevi-table conexión entre el proceso vene-zolano y la política general del conti-nente es que suscita temor en los gran-des poderes, y muy especialmente enEstados Unidos.

Los grandes ejes de la proyecciónexterior de la revolución van muchomás allá de lo que los medios impe-riales quieren hacer ver y, al contra-rio de lo que éstos divulgan, no se re-ducen a las caricaturizadas interven-ciones de Chávez en foros, encuen-tros o cumbres. Muy al contrario: lasdecisiones tomadas por Venezuela enel terreno internacional se han idodesarrollando con éxito y a una velo-cidad que ni los más optimistas hu-bieran pronosticado. Podemos con-cretarlas en cinco ejes principales deactuación:

•. Se han modificado estratégi-camente las alianzas en la región,renunciando a la Comunidad Andi-na e ingresando como socio delMercado Común del Sur. Este cam-bio ha alejado a Venezuela de lospaíses que negocian tratados de li-bre comercio con Estados Unidos(Colombia y Perú) y la ha acercado

a los que impulsan un modelo re-gional (Brasil y Argentina).

• Se han fortalecido las alianzas yla cooperación económica con aque-llos países que han elegido gobiernoscercanos políticamente y que no dis-ponen de recursos financieros inme-diatos para consolidar las primerasetapas de sus mandatos (Bolivia, Ni-caragua y Ecuador).

• Los lazos bilaterales con Argen-tina y Brasil se han intensificado gra-cias a la creación del Banco del Sur,que concentrará 7.000 millones dedólares de las reservas internaciona-les de los tres países. También se hacomprado deuda pública de estos go-biernos, que en el caso argentino seestima que alcanzó los 1.500 millo-nes de dólares.

• Se han consolidado alianzas con

los países que hoy en día representanlos contrapesos más importantes a lahegemonía global estadounidense(China e Irán, principalmente).

• Se ha desarrollado una políticade cooperación energética (en Cen-troamérica, Ecuador y China) e im-pulsado la creación de la Organiza-ción de Países Productores y Expor-tadores de Gas del Sur (con Bolivia yArgentina).

Venezuela está logrando estrecharalianzas geopolíticamente estratégi-cas, configurando un bloque de paí-ses que no comparten los plantea-mientos de la hegemonía norteameri-cana. En este marco, la inestabilidaddel mercado energético retrasa laanunciada caída de precios y el im-pulso a los biocombustibles para re-emplazar el petróleo, en el que se ba-sa, de momento, la obtención de re-cursos por parte de Venezuela.

Sin embargo, en el ámbito exter-no nada está dicho aún. En primer lu-gar, los componentes capitalistas dela economía china son más fuertesque nunca y el abastecimiento exter-no que realiza el país asiático pareceresponder más a lógicas de mercadoque geopolíticas.

En segundo lugar, porque aunquela voluntad de apoyo de algunos go-biernos de la región sea fuerte, elmargen político en el que se muevenes reducido. Así, el presidente Lulase ve obligado a acompañar los gui-ños hacia, por ejemplo, el Banco delSur, de guiños hacia el otro costado(apoyando acuerdos energéticos conBush desde Camp David). Una do-ble apuesta que dificulta alcanzarequilibrios globales más avanzados.

No hay que perder de vista, fi-nalmente, la posibilidad de que Es-tados Unidos retome e incluso au-mente la presión ejercida sobreAmérica Latina una vez que co-mience a liberarse de “sus compro-misos” en Oriente Medio.❑

* Juan Torres López es catedrático de Economíade la Universidad de Málaga y colaborador

habitual de Rebelión. Mauricio Matus López esdoctor en Economía e investigador contratado

en la Universidad de Málaga.

Publicaciones de Juan TorresLópez sobre Venezuela:

En Ágora, Revista de Ciencias Sociales,ha publicado en 2007, junto con Mau-ricio Matus López y Francisco J. Cal-derón Vázquez: “La Misión “VuelvanCaras” y la estrategia bolivariana dedesarrollo endógeno” (nº 14) y “La po-lítica económica del gobierno boliva-riano” (nº 15).

“Venezuela: Las piezas del puzzle boliva-riano”. Contrapunto de América Latina,nº 6 (octubre-diciembre de 2006).

Como coordinador: Venezuela a contra-corriente. Los orígenes y las claves dela revolución bolivariana. Icaria, 2006.

“¿De quién es el Banco Central de Vene-zuela?” Rebelión (11-10-2005).www.rebelion.org

“Hugo Chávez no veranea en Marbella”.En Pascual Serrano (Coord.), Mirandoa Venezuela. Editorial Hiru. San Se-bastián, 2004.

Con Alberto Montero Soler ha escrito losartículos “¿Hay más pobres en Vene-zuela con Hugo Chávez?” en Rebe-lión (6-10-2004) www.rebelion.org y“¿Ha hundido Chávez la economíavenezolana?” en Pascual Serrano(Coord.), Mirando a Venezuela. Edi-torial Hiru. San Sebastián, 2004.


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Diversidad de apuestas en un escenario global


El desempleo sigue siendo eleva-do pese a los datos favorables,puesto que a comienzos de

2007 el índice era del 10,1 por ciento yla población bajo la línea de la pobrezase mantiene en registros elevados (31,8por ciento). La situación es de recupe-ración e incluso de reactivación, perocon asignaturas pendientes en materiasocial. La política económica restable-ció el ciclo de negocios del capital he-gemónico y no parece modificar sus-tancialmente el cuadro de beneficiariosy perjudicados en el país. El desempleoy la pobreza se han convertido en datosestructurales pese a que, desde la crisis,aquel bajó del 21,5 al 10,1 por ciento y

la pobreza descendió desde el 57 al31,8 por ciento indicado.

Las reformas estructurales de la dé-cada de los noventa se concentraron enla modificación de la relación entre elcapital y el trabajo, provocando unafuerte precariedad en el empleo y la ba-ja de los salarios. El cuarenta por cien-to de la fuerza de trabajo se mantienede forma irregular y en este aspecto lamejora es muy escasa, a pesar de los3,4 millones de nuevos puestos gene-rados gracias a la recuperación y el cre-cimiento de la economía. La cifra depoblación desempleada o subemplea-da es similar.

Esta precariedad es concomitantecon el cambio de funciones del Estado.Las privatizaciones de los noventa seconsolidan pese a que éste recupera demanera transitoria la gestión de algu-nas empresas en crisis, como las rela-tivas al correo, aguas y espacio radioe-léctrico, además de alguna concesiónde líneas de ferrocarril. El Estado hacreado una nueva empresa de petróleo,ENARSA, con capital mixto y que en-cuentra desarrollo a partir de su aso-ciación tanto con capitales privadosaplicados a la explotación petrolera co-mo con Petróleos de Venezuela(PDVSA).

Julio C. Gambina*

La profunda crisis sufrida porArgentina a finales de 2001

conmocionó el sistema mundial. Elgobierno de Fernando de la Rúa fuederribado por una revuelta y el país

vivió un periodo de convulsión: cayóla producción, se produjo un

crecimiento acelerado del desempleoy de la pobreza, un aumento de la

fuga de capitales, de depósitos en elsistema financiero y un impago a

parte de sus acreedores externos. Lasituación es muy distinta en 2007.

En los últimos cuatro años, elcrecimiento del PIB da cuenta de la

recuperación con tasas que seencuentran en un promedio del

nueve por ciento acumulativo. Estecambio se observa tanto en la

capacidad de consumo del sectorpúblico y las franjas de altos y

medianos-altos ingresos como en lainversión y el saldo positivo del

comercio internacional.


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En materia de inserción interna-cional, la nueva dinámica política deAmérica Latina ha creado condicionesque hacen posible modificar el marcounilateral de relaciones privilegiadascon EE UU vigente hacia el comienzodel siglo XXI. En noviembre del 2005,en la IV Cumbre de las Américas (ce-lebrada en Mar del Plata, Argentina),la unión de Venezuela y los cuatro pa-íses del Mercosur obstaculizó la inten-ción de EE UU de reabrir las negocia-ciones sobre el ALCA.

Argentina y los cambios en la regiónHacia finales del siglo XX y comien-zos del XXI se producen importantescambios que transforman el panoramade América Latina. Entre estas modi-ficaciones se encuentra la ofensiva delcapital (finales de los ochenta y pri-meros años de los noventa), materiali-zada en la subordinación a la receta ne-oliberal conocida como el Consenso deWashington: achicamiento del gastopúblico, estabilización macroeconó-

Otro de los fenómenos destacadoslo constituye el levantamiento zapatis-ta de Chiapas (México) en 1994, laemergencia del Foro Social Mundialen Porto Alegre (Brasil) en 2001 y,también ese mismo año, la puebladaargentina. Este último proceso alimen-tó tanto las esperanzas de otros puebloscomo las movilizaciones dirigidas arevertir las nefastas consecuencias quesobre los sectores populares causaronlas Políticas de Ajuste Estructural du-rante los años de ofensiva del capital.

La agenda del capital transnacionalintentaba mantener a comienzos del si-glo XXI su ofensiva a favor de la libe-ralización de la economía. Se habíandesarrollado las negociaciones para lacreación de tratados de libre comercio,así como variados acuerdos que ase-gurarían la defensa y promoción de lasinversiones externas. Serían protoco-los suscritos en los noventa para con-dicionar los cambios a futuro. Ese es elprincipal problema que hoy enfrentacualquier proyecto político que pre-tenda avanzar hacia cambios profun-dos en la región.

El signo de los gobiernos vecinoses diferente al de la década de los no-venta y en todos ellos se critican las po-líticas hegemónicas de aquellos años,más allá de la vía que cada uno hayapuesto en marcha para mejorar la cali-dad de vida de una población empo-brecida por causa de las reaccionariaspolíticas aplicadas. Eso lleva a que elpapel del Mercosur como articuladorde un mercado comercial privilegiadose haya visto reducido, ya que quedóafectado por las devaluaciones de Bra-sil (1999) y Argentina (2002).

Los intercambios comerciales rea-lizados en el marco del Mercosur habí-an alcanzado su apogeo en 1998. Hoy,pese a las declaraciones de promociónde nuevos gobernantes de la región, sudeclive no se detiene. La gran novedades la incorporación de Venezuela, cues-tión que crea un gran debate sobre elproyecto mismo del Mercosur: ¿tende-rá hacia el objetivo socialista sustenta-do por la revolución bolivariana o se-guirá el rumbo capitalista que define elresto de los asociados?

La experiencia de Venezuela revo-luciona la política latinoamericana ycrea debate sobre las influencias en laregión y los proyectos de desarrollo. Aun lado se encuentra la confrontacióncon EE UU, puesta de manifiesto re-cientemente en la gira que Bush y Chá-vez realizaron simultáneamente, cadauno por cinco países. Al otro, la dispu-ta acerca de la iniciativa regional crea-da entre Brasil y Venezuela. En el pri-mer caso se enfrentan socialismo e im-perialismo, en el segundo, los dos paí-ses que pretenden liderar el Sur delcontinente.

Argentina se encuentra entre lostres actores. Es impensable su recupe-ración económica y política sin el con-senso y la ayuda internacional de Was-hington. Desde EE UU se avaló la re-negociación de la deuda en default (im-pagada), lo que culminó con una im-portante quita a los acreedores en ma-yo del 2005 y en el pago anticipado alFondo Monetario Internacional (FMI)de todas las acreencias en enero de2006. Argentina reestructuró su deuda

mica, privatizaciones, apertura de laeconomía y orientación más favorableal mercado.

Simultáneamente se hacen visiblesmovimientos populares que cambiaráncon el tiempo la correlación de fuerzaspolíticas. En 1989 se produce el “cara-cazo”, que explicará el ascenso de Hu-go Chávez al gobierno de Venezuelapor tres periodos consecutivos, con laimpronta del socialismo del siglo XXIen la renovación de su mandato en ene-ro de 2007. Estos movimientos se ha-cen ver también en las movilizacionescelebradas en 1992 con motivo de los500 años de colonización y que expli-can cambios en Bolivia y Ecuador.

La “pueblada” argentina alimentó tanto lasesperanzas de otros pueblos como lasmovilizaciones dirigidas a revertir lasnefastas consecuencias provocadas

durante los años de ofensiva del capital

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con aval de la principal potencia capi-talista. Es también cierto que pese a laspujas comerciales existentes entre losempresarios brasileños y argentinos, laasociación de Kirchner y Lula funcio-nó en varias ocasiones, entre ellas pa-ra frenar el intento por retomar la agen-da del ALCA. También se menciona lanecesidad de actuar conjuntamente pa-ra frenar el empuje bolivariano por elsocialismo.

Pese a todo, Argentina terminósiendo el principal socio de Caracasen el Cono Sur a nivel económico.Comparten el emprendimiento de Te-lesur, un intento de comunicación al-

Pese a las pujas comerciales existentesentre los empresarios brasileños y

argentinos, la asociación de Kirchner yLula funcionó en varias ocasiones, entreellas para frenar el intento por retomar la

agenda del ALCA

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Integración regionalternativa a la ejercida por los mono-polios multimedia que operan en laregión, así como también múltiplesiniciativas asociadas al petróleo, ali-mentación, finanzas y transferencia detecnología.

¿Cuál es, entonces, la opción inter-nacional de Argentina? Ya no suscribela unicidad de sus relaciones privile-giadas con EE UU y navega entre va-rias opciones económicas, políticas eincluso culturales: la respuesta guber-namental en cuanto a la inserción in-ternacional de Argentina esla diversidad. La reinser-ción en el mercado finan-ciero mundial llega con lanormalización de los pagosinternacionales de su deu-da pública pero, sin embar-go, fue Venezuela quien seconvirtió en el prestamistade última instancia con lacompra de más de 4.000millones de dólares en bo-nos públicos.

Perspectivas de ladualidadPero, ¿se puede mantenerla diversidad de apuestasen el escenario global? Esun interrogante que mere-ce una reflexión sobre lasperspectivas del sistemamundial y sus influencias sobre Ar-gentina. En un escenario de expansióny crecimiento a nivel mundial, el de-bate incluye el aterrizaje de la econo-mía estadounidense y la reciente de-cisión de aminorar el crecimiento dela economía china. Argentina es vul-nerable a ambas variables, puesto quesu crecimiento se encuentra vincula-do al incremento de la demanda chi-na de sus productos primarios. Chinacrece basándose en inversiones exter-nas, principalmente de EE UU, y almismo tiempo financia con su exce-dente líquido las demandas emergen-tes del doble déficit (fiscal y comer-cial) del país del Norte. Esta situacióngenera el encarecimiento de los re-cursos naturales, de lo que se benefi-cia Argentina.

transnacionales en cuanto a tecnologíay gestión del agronegocio.

La posibilidad de desarrollar unaalternativa proviene del aliento a unaintegración productiva, comercial y fi-nanciera alternativa, modificando elrumbo de la inserción internacional.Suscrito por cuatro países, Venezuela,Cuba, Bolivia y Nicaragua, esto es loque sugiere el ALBA, que desde Cara-cas se completa con acuerdos econó-

* Julio César Gambina es profesor de EconomíaPolítica en la Facultad de Derecho de la

Universidad Nacional de Rosario y presidentede la Fundación de Investigaciones Sociales y

Políticas, entidad adherida al ConsejoLatinoamericano de Ciencias Sociales

(CLACSO). Integrante del comité directivo deCLACSO.

El Banco del Sur podría llegar a acumularen todo el Cono Sur unos 20.000 millones

de euros, apenas la mitad de los recursos de los que dispone el Banco

de Desarrollo de Brasil

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Este país crece gracias al incremen-to de la competitividad generada a par-tir de la devaluación de enero de 2002,que triplicó el tipo de cambio en el mo-mento de la crisis (fines del 2001) y fueprovocada especialmente por la coyun-tura internacional. Argentina no puedeincidir más que marginalmente en estavariable y en general se adecua a la mis-ma. En esta línea, apuesta por la sojatransgénica, algo peligroso teniendo encuenta su carácter monoproductor y lapotenciación de la dependencia de las

micos que involucran a distintos paí-ses, entre ellos a Argentina.

Allí deben registrarse desde la ini-ciativa de crear un Banco del Sur a in-tegrar capital con el diez por ciento delas reservas internacionales de los pa-íses. Venezuela y Argentina, promo-tores de la iniciativa, sumarían enconjunto unos 7.000 millones de dó-lares y empujan la incorporación deotros países. Si todo el Cono Sur seuniese, podrían acumularse unos20.000 millones de dólares para pro-

yectos productivos de ca-pital regional. Esta cifraapenas corresponde a lamitad de los recursos delos que dispone el Bancode Desarrollo del Brasil,lo que pone en duda el in-terés de todos los paísespor seguir ese rumbo.

La puesta en marchade Petroamérica (empren-dimiento energético co-mún denominado así porla diplomacia venezolana)puede crear sólidos víncu-los que afectan a uno delos problemas centrales denuestro tiempo. Pero eldebate sobre el rumbo dela región y las opcionesrelativas a la civilizacióna construir va mucho más

allá, pues contempla necesariamentecuestiones como la soberanía alimen-taria, las comunicaciones conjuntas oel financiamiento.

El interrogante final se encuentra enla opción escogida por el gobierno ar-gentino y por su pueblo para un futurocercano: el acercamiento a Brasil paraun proyecto de independencia dudosacon respecto a la potencia hegemónicao, por el contrario, el fortalecimiento delas alianzas con Venezuela para un des-arrollo socialista en el siglo XXI.❑

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Centroamérica privatizada

Los procesos de privatización de losservicios públicos han propiciado un

intencionado debilitamiento del roldel Estado y la conformación de

monopolios u oligopolios privados.Asimismo, han causado un fuerte

impacto que afecta a los intereses delas personas consumidoras, que sehan visto desprotegidas frente a los

abusos de las empresastransnacionales y afectadas por el

encarecimiento de las tarifas (enalgunos casos con subidas de hasta

el cien por cien).

El Salvador: los servicios públicos a merced de las transnacionales

Los procesos de privatización delos servicios públicos en Cen-troamérica tomaron fuerza en la

década de los noventa, iniciados de for-ma entusiasta por los gobiernos con elapoyo financiero de entidades interna-cionales como el Banco Mundial(BM), el Fondo Monetario Internacio-nal (FMI) y el Banco Interamericanode Desarrollo (BID).

Es a mediados de esa décadacuando el gobierno salvadoreñoimpulsa simultáneamente la refor-ma en los sectores eléctrico y detelecomunicaciones, aprovechan-do el contexto mundial triunfantedel neoliberalismo, las simultáne-as reformas del Estado que se es-taban impulsando en la región ylas (intencionadas) deficienciasde los prestadores estatales deservicios públicos, que seencontraban en la mira delos privatizadores.

En El Salvador fueronlos servicios públicos deenergía eléctrica y telefo-nía los primeros en priva-tizarse, mientras que en el

presa el control de casi el 79 por cien-to del mercado y dejó el restante 21 porciento en manos de PPL.

Las empresas generadoras térmicasfueron adquiridas por DUKE Energy yEl Paso, también de los Estados Uni-dos. Posteriormente se inició el proce-so de concesión de la generación geo-térmica, que fue adjudicada a la trans-nacional Enel Group, de origen italia-no. Como puede observarse, en el ca-so de la distribución de energía eléctri-ca la privatización se convirtió en elpaso de un monopolio público a un oli-gopolio en manos de empresas priva-das: no existe competencia entre lasempresas sino una clara posición dedominio y de reparto de mercado.

También en telefoníaLa situación es muy similar en cuantoa los servicios de telefonía, ya que conla venta en 1998 de la empresa estatalANTEL (Administración Nacional deTelecomunicaciones) se abrieron laspuertas a la instalaciónde nuevas transnacio-nales. Uno de los argu-

mentos utilizados pa-

Centro para la Defensa del Consumidor (CDC)*

servicio de agua potable el Estado aúnse mantiene como el mayor prestador,a través de la Administración Nacionalde Acueductos y Alcantarillados (AN-DA). Se vislumbra sin embargo su in-minente privatización, prevista me-diante la implementación de nuevasmodalidades de prestación del serviciocomo la ya conocida figura de las con-cesiones.

La aprobación de la Ley Generalde Electricidad (octubre de 1996) faci-litó y aceleró la venta de las empresasestatales de distribución de energíaeléctrica y de generación térmica. Lasprimeras las compraron las transnacio-nales AES-Corporation y PensylvaniaPower & Light (PPL), ambas estadou-nidenses, así como por Electricidad deCaracas (Venezuela). Esta última fueposteriormente adquirida por AESCorporation, lo que permitió a esta em-

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Centroamérica privatizadara la privatización de la te-lefonía en el país fue el deque se generaría competen-cia en el mercado, lo quetraería servicios de calidad,mejores tarifas y mayor co-bertura.

Han pasado nueve añosdesde la privatización y loque puede observarse en ElSalvador es un mercado detelefonía fija controlado mayoritaria-mente (el 90 por ciento) por una solaempresa, CTE-Telecom1. El diez porciento restante se reparte entre la espa-ñola Telefónica (3,5 por ciento), Tele-móvil (3,1 por ciento), El SalvadorNetwork (1,7 por ciento) y otro con-junto de empresas con apenas el 1,7por ciento de participación. Con sedeen Luxemburgo, Telemóvil (MillicomInternacional Cellular, S.A, MIC) esuno de los operadores celulares líderesa nivel mundial.

En el caso de la telefonía móvil, sonprincipalmente cuatro las empresas quese reparten el mercado, tres de ellas conmayor participación: CTE-Personal (32por ciento), Telefónica (30 por ciento),Telemóvil (29 por ciento) y Digicel, decapital estadounidense-venezolano (9por ciento). CTE S.A. de C.V., que du-rante los primeros cinco años fue pro-piedad de la transnacional francesaFrance-Telecom, está hoy en manos deAmérica Móvil. Esta empresa mexica-na es la actual propietaria del 95,2 porciento de las acciones de CTE, lo queconsolida su posición de dominio en elmercado salvadoreño.

Como ya hemos mencionado,CTE S.A. de C.V. es el mayor opera-dor de telefonía fija y uno de los prin-cipales participantes en telefonía mó-vil, pública y servicio de Internet.Además, CTE-Telecom (ahora con sumarca Claro) brinda otros servicios:arrendamiento de canales, transmi-sión de datos, televisión vía satélite,venta y alquiler de equipos de teleco-municaciones, edición de directorios,contestación de llamadas tipo call

center e interconexión a su red localde operadores nacionales de larga dis-tancia, de servicio local y de compa-ñías de celulares.

Se estima que en 2005 los ingresosde CTE, S.A. de C.V. ascendieron a445,9 millones de dólares, lo que re-presenta un incremento del 7,06 porciento con respecto al año anterior.Dentro de los rubros de mayor ingresode la compañía resalta la telefonía fijanacional, con el 42 por ciento de los in-gresos generados en el 2005.

Lecciones ¿aprendidas?Las experiencias privatizadoras de losservicios públicos en El Salvador noshan ofrecido importantes lecciones. Enprimer lugar, la lamentable y tibia ac-tuación de los gobiernos, que se han con-vertido en defensores de los intereses delas empresas transnacionales y han de-jado a un lado su verdadero papel comodefensores del interés público, particu-larmente expresado en la defensa de losderechos de los consumidores.

A lo anterior se suma la creación denuevos marcos legales (Ley General deElectricidad2 y Ley de Telecomunica-ciones3) e institucionales (Ley Orgáni-

ca de la Superintendencia Ge-neral de Electricidad y Tele-comunicaciones, SIGET4)que, en lugar de fortalecer laactuación del Estado comoregulador, han facilitado la li-bre operación de las empre-sas. Así, SIGET es una enti-dad reguladora que parece ve-lar por los intereses de las em-presas transnacionales y la

defensa de las inversiones privadas, aúna costa de debilitar el rol vigilante delEstado y perder su autonomía e inde-pendencia.

Una muestra del papel poco diligen-te de la autoridad reguladora la constitu-yen las decisiones tomadas a favor de losintereses empresariales. Citamos tres deellas: la firma de contratos entre opera-dores nocivos al consumidor, la demorapara realizar reformas a la Ley Generalde Electricidad y los sustanciales atrasosque suponen el incumplimiento de im-portantes reformas aprobadas en 2003.Estas últimas nacieron como resultadode una presión social que perseguía lo-grar beneficios para el interés del país ylos usuarios del servicio.

En el caso de la telefonía el Estadotambién ha tomado decisiones queafectan a los consumidores, como lafirma de un contrato con CTE-Telecomque aprueba incrementos progresivosde las tarifas o la falta de iniciativa pa-ra corregir irregularidades y reformarla Ley de Telecomunicaciones (algoque no se ha hecho desde su formula-ción en 1998).

Por otro lado, tras nueve años deoperación de empresas privadas en lossectores de telefonía y electricidad pue-de comprobarse la tendencia hacia laconcentración tanto del capital accio-nario como de los mercados de servi-cios. En relación al primero se obser-va como, por ejemplo, la empresaCTE-Telecom ha concentrado su par-

A nueve años de las privatizaciones, el noventa por ciento del mercado de

telefonía fija está controlado por una solaempresa, CTE-Telecom

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1 CTE: Empresa de Telecomunicaciones de ElSalvador.

2 Decreto Legislativo nº 843 (octubre de 1996).

3 La Asamblea Legislativa aprobó una primeraLey de Telecomunicaciones (Decreto Legislati-vo nº 807, de 9 de octubre de 1996) que pos-

teriormente fue derogada y sustituida en 1997por la actual Ley de Telecomunicaciones (De-creto Legislativo nº 142, de 21 de noviembre).

4 Decreto Legislativo nº 808, de septiembre de1996. Como su nombre indica, SIGET vela porel sector eléctrico y de telecomunicaciones.


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ticipación en un 95,2 por cien-to. Lo mismo sucede en el ca-so del mercado de servicios,en el que cuatro de las cincoempresas distribuidoras deenergía eléctrica se encuentranen manos de una misma trans-nacional (AES-Corp.).

La tercera lección está re-lacionada con los intereses delas personas consumidoras,que han sufrido los efectos ne-gativos de la voracidad delmercado y de la privatizaciónde las empresas estatales porcausa de los incrementos enlas tarifas, del deterioro de lacalidad de los servicios y delos abusos e irregularidades.

Impacto en la capacidad de consumoLas tarifas de energía eléctrica y tele-fonía presentan una tendencia alcistadesde su privatización, generando unfuerte impacto en la economía de lasfamilias salvadoreñas. En energía eléc-trica se han incrementado en un 107por ciento, pasando de un promedio de12,17 en 1997 a 25,13 dólares en 2007(consumo promedio residencial de 154Kwh/mes). Esto supone una subida deun 14,4 por ciento en relación a un sa-lario mínimo nominal urbano (unos174,24 dólares mensuales).

En telefonía la situación se repite,ya que los incrementos han alcanzadoel 30 por ciento desde la privatizacióny de un promedio de 23,18 se ha pasa-do en diez años a uno de 30,18 dólares(2007). La tarifa consumo promedioresidencial es de 13,59 horas, lo que setraduce en un 17,3 por ciento del sala-rio mínimo nominal urbano.

La brecha entre el costo de los ser-vicios públicos y el ingreso de las fa-milias que cuentan con un salario mí-nimo nominal urbano es cada vez ma-yor, ya que el pago de tres servicios(agua potable, energía eléctrica y tele-fonía) les significa un promedio de 65dólares mensuales. Si a esto le agrega-mos el costo de la canasta de mercadoen su conjunto, que para el mes demarzo de 2007 alcanzó un valor de ca-

si 700 dólares mensuales, resulta pa-tente el progresivo deterioro en la ca-lidad de vida de las y los salvadoreños.Además, la población rural aún pre-senta bajos niveles de cobertura: datosoficiales sobre 2004 muestran que ladel servicio de energía eléctrica alcan-zó un 71,9 por ciento y la telefónica un15,1 por ciento.

Por si fuera poco, a lo anterior hayque sumar los problemas relacionadoscon la calidad de los servicios. Datosde SIGET indican que el número decortes de energía eléctrica ha ido enaumento: de 16.673 en el año 1999 a75.782 en el 2005. En telefonía losproblemas están relacionados con lamala atención a los usuarios, cobrosinjustificados e interrupciones, entreotros. Por estas razones es creciente eldescontento de los usuarios con res-pecto a las empresas que prestan am-bos servicios.

Sin embargo no todo esnegativo, ya que los recurren-tes problemas y la ausencia devoluntad política para atenderlas necesidades de los ciuda-danos han promovido una im-portante participación de laciudadanía y la organizaciónde al menos quince ComitésLocales de Defensa del Con-sumidor. Existe una mayorexigencia en cuanto al cumpli-miento y fortalecimiento de laregulación, la institucionalidadpública y las leyes, así comouna demanda dirigida al esta-blecimiento de mecanismosque aseguren mayor inversiónpública y privada. La finalidades mejorar tanto el acceso y la

cobertura como los espacios y proce-dimientos que hagan posible la parti-cipación de los usuarios en el debate detemas importantes.

Lamentablemente, hasta hoy noexiste por parte de las autoridadescompetentes interés ni por reconocerla importancia de la participación ciu-dadana ni tampoco por resolver el ori-gen de los problemas, en esencia cau-sados por procesos de privatizaciónamañados, con claros privilegios parael interés empresarial.

Es importante aprender de estaslecciones y avanzar hacia mecanismosciudadanos que defiendan el agua co-mo un bien común, ya que hoy siguelatente la amenaza de su privatización.Por ello, consideramos urgente la cre-ación de un nuevo marco legal e insti-tucional del agua que asegure, entreotros aspectos, que este recurso es underecho humano y una responsabilidaddel Estado, razones por las que se de-be prohibir cualquier modalidad de pri-vatización. En este marco se cuenta yacon una propuesta ciudadana de Ley deAgua Potable y Saneamiento, que seespera sea retomada por el gobiernopara su discusión.❑

* El Centro para la Defensa del Consumidor(CDC) de El Salvador es una Organización No

Gubernamental constituida en 1991. Desarrollaprocesos de investigación, formación, educación

y orientación, así como acciones de incidenciasobre las políticas públicas.

Caso Distribuidora CAESS. Fuente: Acuerdo del Ramo de Economía nº 614 del25/08/92 (Tarifas 1992-1993); Acuerdo del Ramo de Economía nº 311 del 20/05/94

(Tarifas 1994); Acuerdo del Ramo de Economía nº 332 del 20/06/1995 (Tarifa 1995);Acuerdo del Ramo de Economía nº 82 del 12/03/96 (Tarifas 1996 y 1997); SIGET-Pliego Tarifarios de las Tarifas 1998-1999 tienen aplicado subsidio; la tarifa 2000 espromedio trimestral de Pliegos Tarifarios-SIGET, las tarifas 2001-2002 son promedio

mensual de Pliegos Tarifarios-SIGET y la tarifa semestral 2003-2007.

Las tarifas de energía eléctrica y telefoníapresentan una tendencia alcista desde suprivatización, pero el número de cortes de

electricidad se ha incrementado de16.673 en 1999 a 75.782 en 2005

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En 1995 se abrió la discusión so-bre privatización del agua po-table y saneamiento en Hondu-

ras, consecuencia de una propuestalanzada desde el Banco Interamerica-no de Desarrollo (BID). Esta propues-ta proponía la descentralización y lacreación de una Ley Marco del servi-cio de agua potable y ha definido elmodelo hondureño de privatización.

En el año 2000 el Fondo Moneta-rio Internacional (FMI) otorgó présta-mos a doce países bajo la condición deprivatizar el agua. Entre ellos estabaHonduras. Similar condición impusoel Banco Mundial (BM) entre 1990 y1995 al conceder veintiún préstamosque aumentaron a más de sesenta en-tre 1996 y 2002, con un fondo de vein-

La destrucción progresiva del medioambiente a causa del desarrollo

tecnológico, comercial e industrialque está experimentando el planeta

ha conducido a una reducciónsignificativa de las reservas

acuíferas a nivel global, así como ala contaminación de océanos, mares

y ríos. El agua dejó de ser un biensocial para convertirse en un bien

comercial con un preciodeterminado y vendido al

mejor postor.

te millones dedólares para proyec-tos de agua. Desde esosmomentos Honduras for-ma parte de los paísesque han vivido procesosy niveles profundos deprivatización del agua.

Pero estos proce-sos no vienen solos.A ellos se ha asocia-do la financiación derepresas, que superalos cuatro mil millo-nes de dólares anualesa escala global, así co-mo el negocio delagua embotellada yotros sectores empre-sariales que consumengrandes cantidades dellíquido. Entre estos últimos destacan:sector petrolero, automotriz, de cerve-zas y refrescos, minero, textil, alumi-nio, hidroeléctrico, de papel y cartón,

agroindustria y, en especial, las gran-des extensiones de monocultivos pa-

ra la explotación, entre otros.La famosa “municipaliza-

ción” en Honduras dejó a losmunicipios la administra-ción del servicio de agua,dándole el gobierno lasfacilidades y la autoriza-ción de poder acudir aempresas privadas pa-ra que desempeñen

este trabajo.

La “muniprivati-zación” enmarchaA pesar de las im-portantes movili-zaciones popula-res en contra, enoctubre de 2003 seaprobó la LeyMarco del SectorAgua y Sanea-miento. Con ella sesentaron las basesjurídicas del cues-tionado proceso de

municipalización del servicio, plan-teada como paso previo a la privati-zación del servicio y con un esque-ma diseñado desde organismos in-ternacionales.

La lucha por el agua

Decio Machado*

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Sin embargo, sólo el alcalde de Te-gucigalpa (capital de Honduras, en laque habita más de un millón de perso-nas) manifestó en su momento que a élno le interesaba el proceso, pues sumunicipalidad no tiene la capacidadtécnica y financiera de administrar elservicio y que es seguro que, de apro-barse la municipalización, el agua po-table de la capital sería privatizada.

A través de la “municipalización”se está aplicando ya este proceso en va-rias ciudades del país, entre las quedestacan Puerto Cortés y San PedroSula, en el departamento de Cortés.• Puerto Cortés. El Servicio Autó-

nomo Nacional de Acueductos yAlcantarillados (SANAA) otorga ala municipalidad los activos del sis-tema de agua potable. Todo esteproceso es avalado y financiadocon un préstamo del BID, la Agen-cia de los Estados Unidos para elDesarrollo Internacional (USAID)y la Agencia Canadiense para elDesarrollo (ACDI).

• San Pedro Sula. Segunda ciudadde importancia y principal centroindustrial de Honduras. Tiene pri-vatizada el agua desde 1999, cuan-do la corporación municipal con-vocó la participación de empresasinternacionales a una licitación pa-ra los servicios de agua potable yalcantarillado sanitario.En 1998, con el financiamiento del

Fondo Multilateral de Inversiones(FOMIN) y el BID se desarrolló unprograma de modernización cuyo ob-jetivo era el de destinar los servicios aun operador privado. Este programa sedirigió exclusivamente a promover laparticipación de empresas internacio-nales pero no las nacionales, ya que losrequisitos que exigían eran imposiblespara un país como Honduras, donde lasempresas no contaban con un capitaltan alto y no tenían experiencia en elmanejo del servicio.

El proceso finalizó en 2001 y se leotorgó la explotación del servicio a laempresa italiana ACEA, a través de uncontrato otorgado por la municipalidadpor un período de treinta años, prorro-gable a diez más. Esta concesión es un

claro ejemplo de la mala gestión pri-vada del agua, ya que el servicio no hamejorado, la calidad del agua ha em-peorado y las tarifas han aumentado enmás del 100 por cien.

Las consecuenciasLa privatización introduce una nuevaserie de exigencias financieras quetienden a aumentar las tarifas del agua,dejando fuera a una parte cada vez ma-yor de la población de la que no se ob-tiene beneficios: siempre la más pobre.La tendencia principal de las potenciasy los países industrializados es el con-trol y monopolio de las fuentes deagua. Lo justifican aludiendo a que lagestión pública ha sido incapaz de sa-tisfacer las necesidades básicas de susciudadanos y que por lo tanto hay quetraspasar, concesionar, municipalizar,donar o vender los sistemas de distri-bución: “con capital privado es máseficiente el servicio”.

Los pobladores de las zonas máspobres de Tegucigalpa, San Pedro Su-la, Progreso y otras ciudades están pa-gando por el agua que consumen. Seabastecen a través de vendedores encarros cisternas y también de agua en-vasada, lo que ha hecho de esta activi-dad un negocio. Los aguateros se abas-tecen en las pilas del operador princi-pal del servicio de la ciudad, SANAA,

Las resistenciasUno de los casos emblemáticos en to-do el proceso de defensa del agua hasido el de las movilizaciones de resis-tencia a la privatización de Aguas deSan Pedro Sula. Pero no es el único,puesto que en decenas de municipios(La Esperanza, Intubucá, Concep-ción...) existen movimientos de este ti-po. En muchos casos, en cabildosabiertos y por unanimidad, se ha acor-dado prohibir la privatización o con-cesión e incluso se ha prohibido que seaplique la ley de agua potable.

Honduras lleva sufriendo ya cercade veinte años los ajustes estructurales,la trasnacionalización, la privatizaciónde recursos y bienes públicos, la re-presión e impunidad, la corrupción gu-bernamental, la imposición de leyes se-gún la conveniencia trasnacional y lasrecetas del FMI, BID y BM, que hanincrementado tanto la deuda externacomo el número de personas sumidasen la pobreza.❑

que les vende el galón de 2,5 centavosde lempira (un centavo de dólar cadasiete galones de agua). Suministran aunas cien colonias marginales que nocuentan con el servicio de agua domi-ciliaria ni popular sea por causa del di-fícil acceso a la red o por la situaciónde sus chozas, en las faldas de los ce-rros que bordean la capital, por ejem-plo. Así viven mas de 500.000 perso-nas, los que menos tienen, invirtiendogran parte de sus ingresos diarios en lacompra de al menos un galón de agua.

Como se puede ver en el cuadro,elaborado con datos del gobierno deHonduras, la privatización afecta conespecial dureza a los sectores popula-res con mayor nivel de marginación ypobreza:

El Banco Mundial concedió entre 1990 y 2002 más de sesenta préstamos con unfondo de veinte millones de dólares para

proyectos de agua. La condición:privatizar el servicio

“ “Diseñada desde organismos

internacionales y a pesar de lasmovilizaciones populares, la

municipalización del servicio del aguasupuso un paso previo a su privatización

“ “

Pobreza en Hondurasclasificación nacional urbano ruralEn pobreza (%) 64,5 56,3 73,8Pobres (%) 17,0 20,3 13,3Muy pobres (%) 47,4 36,1 60,5No pobres (%) 35,5 43,7 26,2Total hogares 1.258.299 630.735 627.564

* Redacción Pueblos.


Hondu

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La Municipalidad de San Pe-dro Sula, a través de la Di-

visión Municipal de Agua DI-MA, se comprometió en cabil-do abierto en agosto de 1993con las comunidades del Sec-tor de Cofradía a construir unSistema de Agua Potable conuna obra de toma en la margenderecha del Río Cusuco. En di-cho evento, la alcaldía se com-prometió a realizar en 1994 losestudios técnicos y diseñosnecesarios para la instalaciónde sistemas de agua indepen-diente para nueve comunida-des. El gobierno municipal in-cumplió los dos acuerdos.

Además, tres situaciones agravaron el problema de sumi-nistro en cantidad y calidad de agua: • La decisión de DIMA en 1996, por razones evidentemen-

te financieras, de construir una obra de toma en el río Man-chaguala para abastecer las colonias de Cofradía Centroirrespetando el acuerdo del Cabildo Abierto de 1993.

• Los efectos del Huracán Mitch sobre ese débil sistema en1998.

• La concesión a 30 años realizada por el gobierno munici-pal, en el año 2000, para la operación y suministro del sis-tema de agua potable y alcantarillado al consorcio ACEAy otros de donde nace la empresa Aguas de San Pedro. Esta decisión de privatizar el agua sin consultar con el pue-

blo fue producto de la presión del Banco Interamericano deDesarrollo (BID), como parte de su programa acerca del aguapotable en América Latina. En términos prácticos, la privatiza-ción del agua ha dado lugar a un mal servicio, a contamina-ción, a tarifas altas y a un pésimo alcantarillado. En conse-cuencia, el agua no representa un bien de carácter social, am-biental ni público sino una mercancía que ASP vende defec-tuosa a muy alto precio.

El mayor problema enfrentado ha sido la mala calidad delagua que hace llegar ASP, que ha producido no sólo proble-mas de salud sino que ha generado un total descontento. Poreste motivo, la población organizó en asamblea pública su pro-pia Junta Administradora de Aguas del Sector en agosto del2003. Sus protestas han exigido la intervención de la Munici-palidad y en reiteradas ocasiones del Congreso Nacional.

A pesar de que la población intentaba dialogar, Aguas deSan Pedro se ha negado a firmar todos los acuerdos consen-suados con la Municipalidad y las instituciones mediadoras. Ar-gumentan que tienen un contrato que los respalda y regula, pe-ro esto es contradictorio porque están, precisamente, incum-pliendo el contrato en cuanto al suministro de agua en canti-dad y calidad.

El último acuerdo, realizado en octubre del 2005 y firmadopor representantes de la municipalidad del Congreso Nacionaly de la Junta de Aguas, permitía un análisis de calidad reali-

zado por una laboratorio in-ternacional, regulaba una ta-rifa justa y retomaba el temade 1993 sobre el cambio dela fuente para el Río Cusu-co. Asimismo, responsabili-zaba a ASP de garantizar elsuministro durante las 24 ho-ras del día, como está esti-pulado en el contrato de con-cesión. La empresa no firmóel acuerdo y se esmeró pordesconocer las exigenciasde los vecinos.

Situación actualContrariamente a lo que se

pueda creer, Aguas de San Pedro no administra más del 50 porciento del agua que llega a las casas de las familias del sector.En doce comunidades, con cerca de siete mil usuarios, los sis-temas de agua son gestionados por los vecinos a través de jun-tas de agua. Esto demuestra que el pueblo tiene capacidad pa-ra resolver sus propios problemas cuando se trata de satisfa-cer sus necesidades básicas, sin convertir en mercancía estasituación.

Por todo lo expuesto, la Junta considera que la gestión de losservicios de agua potable y saneamiento es un instrumento bási-co para la promoción de la calidad de vida y el desarrollo huma-no, por lo que tiene profundas repercusiones sociales. No en va-no el agua ha sido declarada por el Comité de Derechos Huma-nos, Sociales, Económicos y Culturales de la ONU como un de-recho humano, y su uso debe ser priorizado para satisfacer ne-cesidades de la población antes que convertirla en mercancía.

Teniendo en cuenta estos motivos, la población afectadaha decidido orientar la lucha a: • Suspender totalmente los pagos que realizan los vecinos por

un mal servicio y agua de mala calidad a que ofrece ASP apartir de la publicación de este acuerdo en abril de 2007.

• Exigir que la corporación municipal asuma una posiciónconsecuente con el pueblo de Cofradía y exija el retiro deASP del sector.

• Fortalecer las juntas locales administradoras de agua concapacitación, asistencia técnica y mejora de sistemas a tra-vés del apoyo de organizaciones nacionales e internacio-nales.

• Organizar comités de apoyo a la Junta Administradora deAgua del sector para que la representen en cada comuni-dad donde no existan juntas locales.

• En 2007 todos los sistemas de agua del sector serán ad-ministrados por las comunidades a través de las juntas ylos comités de apoyo.

• Exigir al Congreso Nacional la derogación del contrato deconcesión y a la alcaldía asumir el rescate de la concesiónde la que gozan estos bucaneros del agua.❑

San Pedro Sula, el ejemplo de cofradía

Bloque Popular

Extracto de un manifiesto del Bloque Popular (Abril 2007).

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Panam

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El sistema bancario de Panamásurge como resultado de unplan perfectamente diseñado

por la Dirección General de Planifica-ción y Política Económica. Se puededecir que el comienzo del proceso ban-cario en Panamá es fruto del reconoci-miento del dólar estadounidense comomoneda de curso legal desde 1904.Desde entonces, la banca se transfor-mó en el sector estrella de la economíapanameña, siendo alimentado de ma-nera constante por el desarrollo de le-yes bancarias afines a los objetivos delcapital financiero.

El desarrollo de las sociedades ca-pitalistas ha provocado complejos fe-nómenos sociales, políticos, económi-cos y jurídicos. En la era de la globali-zación se han proyectado nuevas for-mas de delincuencia, especialmentecon contenido económico. Vivimosuna etapa de esplendor para los llama-dos “delitos de cuello blanco”.

Estos delincuentes actúan impune-mente de forma general. Al hecho de

Paraíso fiscal y punto de mira de las inversiones españolas

Decio Machado*

Atravesado por un canal que une elmar Caribe con el océano Pacífico yha marcado fuertemente su devenirhistórico, Panamá, un angosto país

que fue hasta 1903 unDepartamento de la República de

Colombia, se ha ido desarrollandocomo un gran centro de comercio aescala internacional y un punto de

atracción para un importante sectorfinanciero.

que las deficien-cias del sistema normati-vo punitivo convierten enineficaz el sistema penalpanameño hay que su-marle que éste posee, co-mo el de otros muchospaíses, un corte clasistaque reprime los delitosperpetrados por personasde bajos niveles econó-micos y educativos peroque, sin embargo, es be-nigno y a veces nulo conla delincuencia practica-da desde las altas esferaseconómicas y sociales.Con esta situación, Pana-má ha sido y es terreno

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Panam

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Centroamérica privatizadaabonado para los delitos de fraude fis-cal, blanqueo de dinero y estafas fi-nancieras.

Sistema bancario panameñoPanamá acepta la confidencialidad dedocumentos o registros, lo que permi-te que tanto empresas multinacionalescomo personas residentes en paísescon regímenes tributarios impositivospuedan utilizar dichos mecanismos pa-ra transferir fondos y ocultar la infor-mación. De esa forma obtienen unaventaja final evidente, al ahorrarse losimpuestos que tendrían que haber pa-gado en sus lugares de origen.

A Panamá este sistema le permitecapturar fondos que de otra forma norecibiría. Sin embargo, la doble tribu-tación también origina problemas, mo-tivo por el que diversos organismos in-ternacionales han elaborado formas decontrarrestar estas fórmulas fiscalesque les perjudican y que, además, hangenerado muchos problemas de blan-queo de dinero procedente de activi-dades ilícitas.

En el año 2000, la Organizaciónpara la Cooperación y el DesarrolloEconómico (OCDE), compuesta por30 países desarrollados cuyo objetivoes coordinar sus políticas económicas,elaboró una lista en la que aparecían48 paraísos fiscales y entre los cuales,de manera destacada, estaba Panamá.La OCDE puso en marcha un meca-nismo de sanciones unilaterales entrelas que se encontraba la negación decréditos para financiar operacionestransaccionales. Panamá se convirtióen un país identificado como paraísofiscal, es decir, que permite el blan-queo de dinero, y “no cooperativo”,puesto que no colabora en la transmi-sión de información.

El mundo globalizado ha signifi-cado competencia para Panamá. Debi-do a la recesión en que este país se haencontrado en los últimos años y a lareducción de la demanda de créditos,el sistema bancario ha visto disminui-do su ámbito de incidencia y se ha vis-to mermado.

Además, muchos bancos interna-cionales se han mudado fuera del país.

Hace veinte años operaban en Panamá120 bancos con 49.000 millones de dó-lares USA, pero ahora hay solamente83 bancos con 37.000 millones, segúnel informe de Jarón Lukasiewicz La in-dustria bancaria en Panamá. El 90 porciento de los bancos que desarrollabansus acciones en el país hace veinte añoseran internacionales. Ahora, esta cifrase ha visto reducida al 54 por ciento.Sin embargo, el sector bancario man-tiene, a pesar del “reajuste”, su predo-minio sobre los otros sectores econó-micos y posee un valor que supera dosveces el PIB del país.

Pero la industria bancaria paname-ña ya se ha dado cuenta de que no pue-de sostenerse sólo por ser un paraísofiscal. El hecho de que el país esté do-larizado, y que el balboa (moneda na-cional) esté a la par que el dólar desde1904, ha hecho que no exista bancocentral. Es la Superintendencia de Ban-cos de Panamá, el organismo puesto enmarcha por el gobierno tras el año2000, el responsable de “fiscalizar” lasoperaciones bancarias en el país.

La Superintendencia ha alcanzadorecientemente algunos acuerdos, entrelos que se incluye la transmisión de in-formación sobre los bancos que ope-

ran en territorio panameño a institu-ciones fiscales de otros países. Esto hapermitido que, desde entonces, la OC-DE considere a Panamá “paraíso fis-cal cooperante” y vuelva a recibir untrato de favor.

A pesar de los eufemismos, Pana-má continúa siendo un paraíso fiscal.Su sistema financiero permite a em-presas extranjeras hacer negocios en elpaís mientras mantengan simplementeun local físico en el interior. Sin em-bargo, muchas bancas han desapareci-do por causa de la intensificación delas regulaciones a las que se han vistoobligadas por la presión internacionaly la competencia cada vez mayor deotros “paraísos fiscales” en la zona. Elsistema bancario se ha reestructuradoy los que quedan se han fusionado ohan adquirido otros bancos para remo-delar su situación dentro del sistemapanameño.

Los informes de la Unidad de Aná-lisis Financiero (UAF), entidad creadacon el fin de evitar el blanqueo de ca-pitales, indican con cierta ironía que elpaís “no está mal” en la incidencia deeste delito, aunque reconocen que elmismo es “dinámico, evolutivo y cam-biante”. Para la UAF, a medida que elpaís crece aumentan las operacionessospechosas pero, al mismo tiempo,este organismo asegura que el creci-miento económico actual es sano y es-tá impulsado por jubilados extranjerosretirados y la construcción como sec-tores fundamentales.

Ampliación del Canal e intereses del capital españolEl Estado español es el segundo so-cio comercial de Panamá, por detrásde Estados Unidos. La inversión es-pañola en este país supera ya los1.000 millones de dólares y va en au-mento. En el mes de mayo, el Minis-terio de Economía y Hacienda espa-ñol acordó con una delegación de go-bierno en Panamá constituir una co-misión específica para retirar a dichopaís de la lista de paraísos fiscales.El objetivo es claro: que las empre-sas españolas participen en la am-pliación del Canal, cuyo presupues-

Muchas bancas panameñas handesaparecido a causa de la presión

internacional y la competencia con otrosparaísos fiscales, que permiten a

empresas extranjeras hacer negocios simantienen un local físico

en el país

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muchas expectativas para grandesconstructoras españolas como ACS,

Vallehermoso, Acciona, Ferrovial y OHL,así como para otros tipos de empresas

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Panam

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to inicial asciende a más de 4.000millones de euros.

La ampliación del Canal de Pana-má abre muchas expectativas para lasgrandes constructoras: ACS, Sacyr Va-llehermoso, Acciona, Ferrovial, OHLy FCC, algunas de ellas con importan-te presencia ya en el extranjero. Ade-más de las constructoras se verían fa-vorecidas empresas de ingeniería, con-sultoría, telecomunicaciones y otros ti-pos de infraestructuras interesadas enel proyecto. Pero, al igual que ha he-cho con otros países como condiciónpara que puedan estar presentes en elconcurso internacional, Panamá ha exi-gido a España que retire al país cen-troamericano de la lista de paraísos fis-cales o que lo califique como “paraísofiscal cooperante”.

El que vivamos en sociedadesdonde todo está supeditado al merca-do conlleva serias contradicciones. Enla actualidad, la mayor parte del clubde los “países ricos” ya no incluye ensu lista negra a Panamá. Francia y Ru-sia han dejado de hacerlo reciente-mente e Italia ha abierto un procesoparecido al español, mientras que Ale-mania, Reino Unido, EE UU, Japón,China y Suecia ni siquiera considera-ban anteriormente que Panamá fueraun paraíso fiscal.

Ala ampliación de las obras del Ca-nal, aprobadas en 2006, se unen otrosproyectos en el sector marítimo, indus-trial y de infraestructuras que converti-rán a este país en un objetivo priorita-rio de los flujos de inversión interna-cional en los próximos años. Cuandoen 2014 se inaugure la reforma del Ca-nal, la vía acuática que une el Atlánticoy el Pacífico será ya centenaria. Por lasesclusas de esos 80 kilómetros que cru-zan esta vía marítima pasan unos14.000 barcos al año, el cuatro por cien-to del comercio mundial: el 68 porciento de las mercancías que salen deEE UU, el 23 de las de China y el 16por ciento de las de Japón.

Empresas españolas y paraísos fiscalesTres zonas de baja tributación comoHolanda, Luxemburgo y Delaware

(EE UU) y más de quince paraísos fis-cales al uso son los destinos preferidosde las inversiones de las empresas quecotizan en el Ibex-35, según revela uninforme de la revista Capital, del Gru-po G+J, en su número de mayo de2007. Este documento desgrana, com-pañía por compañía, las plazas inter-nacionales de baja tributación a las querecurren los grandes grupos españolespara evitar el pago de impuestos.

En el análisis por sectores destacano sólo la gran presencia de entidadesfinancieras como el BBVA o el BancoSabadell sino también la de gruposconstructores, los más reacios y opa-cos a la hora de informar en sus me-morias sobre las actividades en paraí-sos fiscales. Entre las empresas ener-géticas, Repsol es la más activa, mien-tras que Telefónica se lleva la palma através de su presencia en plazas offshore de baja tributación.

Latina (CEPAL), que para esta zona esde unos 22,50 dólares mensuales. Se-gún las cifras oficiales, un 14,2 porciento de la población (es decir, 434mil panameños) vive con menos de undólar al día.

En las áreas rurales no indígenas,más de la mitad de sus habitantes (54,2por ciento) son pobres y una de cadacinco personas (22,3 por ciento) se en-cuentra en situación de pobreza extre-ma. Por su parte, el 98,5 por ciento dela población de las áreas rurales indí-genas (es decir, casi la totalidad de supoblación) es pobre; mientras que el89,7 por ciento se encuentra en pobre-za extrema, según un informe del Mi-nisterio de Economía y Finanzas.

De las nueve provincias del país,cuatro de ellas muestran tasas de po-breza total mayores al 50 por cientode sus habitantes: Darién, Bocas delToro, Coclé y Veraguas. En estas pro-vincias, la pobreza extrema oscila en-tre el 19,6 y el 37,4 por ciento de supoblación. Al desglosar las estadísti-cas se observa que la provincia de Co-lón tiene menos del 50 por ciento desus habitantes en situación de pobre-za total (42,8 por ciento), pero se si-túa por encima del promedio de po-breza total para el país (37,2 por cien-to). La pobreza extrema incide en el10,7 por ciento de su población, tasamenor al promedio nacional, que esde 16,7 por ciento.

Esta dura realidad hace que más decincuenta mil niños y adolescentes tra-bajen hoy en Panamá en situación deexplotación económica, la mayoría enla agricultura y en instalaciones de ser-vicios, según reveló recientemente uninforme de la Organización Interna-cional del Trabajo (OIT).

Panamá es signatario de dos con-venios internacionales sobre el traba-jo infantil, pero esto no ha sido sufi-ciente para erradicar este flagelo. Ci-fras de la OIT reflejan que los meno-res indígenas son los más afectadospor este problema debido a los mayo-res índices de pobreza entre los pue-blos autóctonos.❑

* Redacción Pueblos.

Más de la mitad de los habitantes de lasáreas rurales no indígenas es pobre,

mientras que en las áreas ruralesindígenas esta cifra asciende a casi la

totalidad de su población: 98,5 por ciento

“ “

Si bien es cierto que la inversiónespañola en paraísos fiscales descen-dió en casi 900 millones de euros en2006, datos del Ministerio de Econo-mía muestran cómo los destinos prefe-ridos dentro y fuera del Ibex en los sie-te últimos años han sido los siguientes:Islas Caimán (565 millones de euros eninversiones españolas), Panamá (284millones) y Bahamas (181 millones).

La realidad social panameñaMás allá del “espejismo” de las cifrasdel mercado panameño o de su sectorbancario, la situación social del país seajusta a las duras realidades de la zo-na. El 41,5 por ciento de los hogaresrurales en Panamá está por debajo dela línea de pobreza establecida por laComisión Económica para América


Nicara

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En este artículo abordamos elcaso del sector eléctrico enNicaragua como ejemplo pa-

radigmático, porque muestra cómoun país ahogado por la deuda exter-na en los noventa asume los condi-cionantes marcados tanto por el Ban-co Mundial (BM) como por el Fon-do Monetario Internacional (FMI),iniciando un proceso de privatiza-ciones que acaba sumiendo el sectoren una crisis que provoca graves im-pactos sociales1.

La matriz energética de Nicara-gua es altamente dependiente del pe-

Privatiza que privatizarás, que sin luz los dejarás

tróleo (79,6 por ciento) en la generaciónde electricidad, a diferencia de otros pa-íses de la región centroamericana: Cos-ta Rica (1,8 por ciento), Panamá (32,2),El Salvador (50,5), Guatemala (50,1) yHonduras (61,3 por ciento). Las fuentesenergéticas nicaragüenses determinanque casi el 80 por ciento de la generacióneléctrica se haga a partir de centrales tér-micas, que utilizan combustibles fósiles(carbón, petróleo y gas natural). El granpeso del petróleo en la generación eléc-trica provoca que sus costes dependande forma directa de las oscilaciones deprecio del barril de crudo.

Lejos de lo que pudiera parecer, es-to no deriva de una supuesta incapaci-dad para utilizar otras energías, ya quedatos de estudios desarrollados en laépoca del dictador Somoza indican queel potencial en generación eléctrica re-

novable que tenía Nicaragua ya en aque-llos años podía llevar al país a conseguirsu independencia en este sentido e in-cluso convertirse en exportador sin de-pender del petróleo. Así, el potencial degeneración geotérmica era de 1.000MW y de hidroeléctrica de 1.760 MW,datos que contrastan con la realidad en2004, con una capacidad real de genera-ción de 742,2 MW. Es decir, que exis-tieron intereses económicos y una ele-vada incompetencia política para la pla-nificación de un sistema energético es-table y eficaz.

Siguiendo con el análisis, en el sis-tema eléctrico nicaragüense el elevadoíndice de pérdidas y fugas técnicas en eltransporte y la distribución2 es del 30,4por ciento en el 2004. Este índice es elmás elevado de la zona si lo compara-mos con las pérdidas que tienen Costa

Rica (9,4 por ciento), El Salvador(14,5 por ciento) u Honduras (22,7por ciento).

Nicaragua es el último país de lazona en cuanto a índice de electrifi-cación, con un 52,1 por ciento. Esdecir, hay más de 2,7 millones de ni-caragüenses sin acceso a electricidad(467.500 hogares)3. Este dato nue-vamente contrasta con la situaciónen Costa Rica (97,9 por ciento), ElSalvador (81,4) u Honduras (65,9por ciento). Por otro lado, Nicaraguatiene la tarifa eléctrica más elevada

Jesús Carrión Rabasco*

Condicionados por el espejismo delalivio de la deuda que prometían las

Instituciones FinancierasInternacionales y los países ricos,

durante los años noventa la mayoríade los países empobrecidos sufrió

una ola de privatizaciones deempresas estatales vinculadas a

servicios básicos o recursosnaturales. Estas privatizaciones

debían traer la modernización de lossectores, mejoras en el servicio,

competencia y hasta reducciones deprecio. Con el tiempo se hademostrado que lo que han

provocado ha sido unarecolonización y un nuevo expolio

que ha favorecido a las grandescorporaciones del Norte, causandomás pobreza y desequilibrios en los

países del Sur.

1 Artículo basado en diferentes estudios apor-tados a la campaña “La Ir-ResponsabilidadSocial de Unión Penosa. Capítulo I: Nica-ragua a Oscuras”. Las fuentes principalesson los estudios de D. Adolfo José Aceve-do Vogl y la Red Nacional Defensa de losConsumidores de Nicaragua.

2 Las redes de transporte se diferencian de lasde distribución en que las primeras hacenservir una red de alto voltaje y las segundas,que están conectadas a los centros de con-sumo, la hacen servir de medio y bajo.

3 Según cálculos de CEPAL, en 2004 vivían5,8 habitantes de promedio por vivienda.R

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de toda la zona: 124,5 dólares el MW/h,frente a los 73 de Costa Rica o los 96,7de Honduras.

Desde el verano de 2006, las em-presas encargadas de la distribucióneléctrica, propiedad de Unión Fenosa,están siendo incapaces de garantizar elsuministro continuado a la parte de po-blación nicaragüense que tiene accesoal mismo. Los cortes en agosto de2006 llegaron a ser de entre cuatro ycatorce horas diarias, afectando esto in-cluso al suministro de agua potable,además de producir graves impactos enla economía local. ¿Qué es lo que hallevado a esta situación al sector eléc-trico en Nicaragua?

Deuda externa y condicionantesNicaragua era en la década de los no-venta uno de los países más endeuda-dos del mundo. Su deuda externa totalascendía a 10.745 millones de dólaresen 1990, mientras que su producto na-cional bruto era de 988. El servicio dela deuda4 alcanzó en 1995 el 38,1 porciento de sus exportaciones, llegandoa ser el sexto país del mundo en peorsituación.

En este contexto es fácil visualizarcómo la historia de la deuda externa enNicaragua y las privatizaciones vanjuntas de la mano durante toda la dé-cada de los noventa y hasta la fecha.Para poder avanzar en las iniciativas dealivio de la deuda para países altamen-te empobrecidos, actualmente llama-das ESAF5 I y II, los diferentes gobier-nos electos (Chamorro, Alemán y Bo-laños) se sometieron a loscondicionantes impues-tos por las InstitucionesFinancieras Internaciona-les (IFI) en forma de pa-quetes de políticas eco-

nómicas de corte neoliberal. Dichasmedidas, denominadas Planes de Ajus-te Estructural, conllevan aplicar políti-cas regresivas para los sectores másvulnerables al reducir el gasto públicoy a su vez aumentar las entradas de ca-pital, vía privatización y desmantela-miento de las empresas públicas (si-guiendo las directrices del Consensode Washington).

El gobierno de Chamorro fue elprimero en preparar el camino a lasprivatizaciones al reformar la ley Or-gánica del Instituto Nicaragüense deEnergía con el Decreto Ejecutivo25/92 de abril de 1992, para permitirla entrada del sector privado. En 1998el gobierno de Alemán entra en laESAF II, en la que, para alcanzar elpunto de culminación, uno de los con-dicionantes que se van a exigir es quehaya una clara estrategia privatizado-ra. Ese mismo año, la empresa inter-nacional Price Waterhouse & Coopersfinaliza un estudio encargado por elgobierno en el que se recomienda seg-mentar la Empresa Nicaragüense deElectricidad (ENEL) en siete: dos dedistribución, una de transmisión y cua-tro de generación. A partir de ese mo-mento se reforman los instrumentosjurídicos del sector energético y, confinanciación del Banco Interamerica-no de Desarrollo (BID), se crea la Uni-dad de Reestructuración de ENEL,que será la encargada de llevar a cabola privatización.

Durante este periodo se produce laprivatización de una parte importantede las plantas generadoras, que pasan

a manos de la oligarquía nicaragüensey de capital norteamericano. El BIDapoya los procesos de privatización ode concesiones de contrato de genera-ción a inversionistas privados bajo losplazos y condiciones de un Acuerdo deCompra de Potencia6 (PPA), normal-mente de quince años de duración y endólares. El PPA entre las empresas ge-neradoras privadas y ENEL propor-ciona ingresos por dos conceptos: pa-gos por capacidad (fijos) y pagos deenergía (variables). Como los PPA ga-rantizan al generador la compra de suproducción térmica, éste no tiene nin-gún tipo de estímulo para invertir enenergías renovables; mientras que, alno efectuarse ningún tipo de controlsobre la capacidad fija contratada, pue-de ser frecuente que su capacidad realesté por debajo de la nominal.

Como un proceso paralelo al im-pulso de las privatizaciones y entradade capital foráneo, las inversiones pú-blicas en generación fueron negativasen esta época. Se ha apostado de for-ma continua por las concesiones parainstalar más plantas térmicas cofinan-ciadas por el BID, ya que necesitan deuna inversión inicial menor y, por lotanto, garantizan más rápidamente lageneración de beneficios.

La privatización de Unión FenosaSiendo Enrique Bolaños presidente dela junta directiva de ENEL, se vendie-ron a Unión Fenosa las dos empresasencargadas de la distribución de ener-gía en el país por 115 millones de dó-

lares. El proceso de com-pra fue un tanto dudoso:Unión Fenosa fue la úni-ca empresa que se pre-sentó al concurso de ad-quisición. Además deadquirir Disnorte y Dis-sur, y con ellas el mono-polio de la distribuciónen régimen de concesiónpor un período de treintaaños, la venta incluyó

4 El servicio de la deuda es lacantidad devuelta en un añoteniendo en cuenta la amorti-zación del préstamo más losintereses.

5 Enhanced Structural Adjus-tment Facility (ESAF): Pro-grama de Ajuste EstructuralAmpliado.

6 Power Purchase Agreements(PPA): Acuerdo de compra dePotencia R

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buena parte de los activos de ENEL:redes, subestaciones, bienes inmueblesy laboratorios de calibración, entreotros muchos.

Según fuentes periodísticas nicara-güenses, el ingeniero Gabriel Pasos(presidente de la Cámara de Industriasde Nicaragua) y Róger Cerda (expertoen temas energéticos), coincidieron envalorar que el segmento vendido aUnión Fenosa del sector eléctrico podíahaber sido valorado fácilmente en másde 200 millones de dólares. Con ante-rioridad a la privatización se hace unamodificación de la ley, con el fin apa-rente de “acomodar” en uno de sus artí-culos la presentación de un único ofer-tante: “será declarada automáticamentedesierta aquella licitación en la cual nose presentare al menos una propuesta”7.

Las denuncias contra Fenosa,la penosaDesde que entró en el país, Unión Fe-nosa ha tenido múltiples controversiascon consumidores y administracionespúblicas nicaragüenses. Fruto de suproceder, Fenosa está siendo denun-ciada por una campaña internacional,articulada por organizaciones de Ni-caragua y del resto del mundo. Lacampaña se llama “La Ir-Responsabi-lidad Social de Unión Penosa. Capítu-lo I: Nicaragua a oscuras”.

Sus denuncias se basan en una se-rie de impactos provocados con su ac-tividad, entre los que destacan, ademásde la incapacidad para garantizar el su-ministro eléctrico continuado, que noha invertido lo necesario para incre-mentar la tasa de cobertura de electri-ficación y mejora de la red de distribu-ción para reducir las fugas técnicas.Además, las inversiones que dice ha-ber hecho las ha realizado en contado-res o se ha apropiado de las ya realiza-das y, ante el proceso de arbitrajeabierto por el INE por estos incumpli-mientos, intenta hacer chantaje al go-bierno del recientemente elegido Orte-ga amenazando con denunciarlo antediversas instancias del Banco Mundial.

A modo de conclusiónSorprende el papel de las IFI y la con-nivencia de los gobiernos nicaragüen-ses que han ejecutado sus directricessin tener en cuenta que la electricidades un servicio básico. No han tratadode fijar criterios como la mejora de lacobertura de la electrificación ni la re-ducción de las pérdidas de energía, ytampoco han promovido el uso de

plantas generadoras limpias para des-vincular a Nicaragua de su gran de-pendencia del petróleo. Pareciera quelas privatizaciones hubiesen tenidodos únicos objetivos desligados de lapoblación: liberar recursos para pagarla deuda externa y privatizar por pri-vatizar, para obtener el máximo lucroen el mínimo tiempo para los capita-les implicados, ya sean los de Fenosao los de las oligarquías nicaragüenses.

La empresa distribuidora de ener-gía eléctrica Unión Fenosa tiene unmonopolio garantizado a treinta años,pero no le salen las cuentas porque noha realizado la inversión que deberíahaber hecho en la mejora de la red dedistribución eléctrica. Por esta razónno paga a las generadoras y prefieredejar a la población sin suministro, co-mo medida de chantaje al gobierno(tanto al anterior de Bolaños como alactual, de Ortega), sin importarle losimpactos que ello provoca.

Lo miremos por donde lo mire-mos, podríamos decir que los proce-sos de privatización como éste, de unservicio público de primera necesidad,en un país con más de la mitad de supoblación viviendo con menos de undólar al día, no pueden hacer otra co-sa que fracasar. Parece que hubieseque garantizar beneficios despropor-cionados para que el capital privado sesienta atraído para invertir en el país,sin ponerle limitaciones y, por lo tan-to, sin tener en cuenta criterios socia-les ni ambientales.

Estas medidas provocan el efectocontrario al deseado y el Estado que-da enredado en la trampa de la deudaexterna, sin tener independencia eco-nómica y política para garantizar de-rechos universales como el acceso alsuministro eléctrico a la totalidad desus ciudadanos. Debe acabar cedien-do al chantaje de las empresas trans-nacionales y hacerse cargo de su in-eficiencia, demostrándose de nuevo lamáxima: “algunas empresas transna-cionales privatizan los beneficios y so-cializan sus pérdidas”.❑

* Jesús Carrión Rabasco pertenece alObservatorio de la Deuda en la Globalización

(ODG).

BIBLIOGRAFÍA:

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GONZÁLEZ, Erika (febrero 2007): “Elriesgo de las inversiones de Unión Fe-nosa en Nicaragua”. Observatorio delas Multinacionales en América Latina(OMAL), Madrid.

GUILLÉN, Mauro F (2006): El auge de laempresa multinacional española. Co-lección Economía y Empresa. MarcialPons, Madrid.

HERRERA, Ruth Selma (2006): “Crisisdel sector energético. ¿Nicaragua apa-gándose?” Red Nacional de la Defen-sa de los Consumidores, Managua.

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PAZ, María José, GONZÁLEZ, Soraya ySANABRIA, Antonio (2005): Centro-américa encendida. Transnacionalesespañolas y reformas en el sector eléc-trico. Editorial Icaria/Paz con Dignidad.

VERGER, Toni (mayo 2004): El sutil po-der de las transnacionales. ColecciónContraargumentos de Icària Editorial,Barcelona.

7 Artículo del Decreto Ejecutivo 129-99 que refor-ma el reglamento de la ley 272



Costa

Rica

Hoy Costa Rica se enfrenta a unanueva intentona de privatizaciónde la energía, esta vez a través

de la futura firma del Tratado de LibreComercio (TLC). Para entender las im-plicaciones y las consecuencias que elTLC de EE UU, Centroamérica y la Re-pública Dominicana puede tener sobreel sector eléctrico en Costa Rica debe-mos analizar primero los efectos que seestán produciendo en los países de su en-torno inmediato, ya que así se podrá des-cubrir el libro de ruta que ha guiado laprivatización sistemática de bienes pú-blicos y energía.

Ejemplos de lucha para la esperanza

También se podrán ver cuáles sonlos efectos miméticos que, a corto pla-zo, se empiezan a cargar sobre la es-palda de la población mesoamericana.Las ciudades nicaragüenses de Managuay Granada, por ejemplo, sufren durade-ros cortes en el suministro debido a lagestión de la compañía española UniónFenosa mientras que, al otro lado, en Pa-namá, viven las consecuencias de la des-capitalización de las centrales hidroe-léctricas del Canal.

Durante los años 2005 y 2006 todoslos Estados afectados por este tratado co-mercial excepto Costa Rica han ido fir-

mando este reglamento de comercio in-ternacional. La mayoría de los gobier-nos de los países mesoamericanos, al en-contrarse en un callejón sin salida debi-do al bloqueo y a las numerosas protes-tas sociales contra el TLC (como las deGuatemala o El Salvador) han pactadoa puerta cerrada con los representantesestadounidenses para después estamparsu firma.

Ados años vista se ha producido entodas las instituciones públicas encarga-das del servicio energético una fuerte re-conversión en su plantilla, que se ha tra-ducido en miles de despidos. La electri-

Ismael Arnaiz *

Costa Rica es el único país centroamericano que aún mantiene el control públicodel sector eléctrico: el cien por cien pertenece al Instituto Costarricense de

Electricidad y Telecomunicaciones (ICE). Pero esta idiosincrasia propiaestá viéndose amenazada de manera continúa desde hace ya

más de treinta años. Bajo el paraguas y la excusa de laescasa productividad del ICE y el excesivo peso

económico que este sector conlleva para lagestión de gobierno se han resguardado

políticos y empresarios que, desde ladécada de los setenta, han

intentado privatizarlo acualquier precio.

Mª

José

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ende

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Costa

Rica

cidad ha dejado de llegar tanto a las re-giones más inaccesibles como a las quecontaban con una población escasa y debajos recursos.

Las tasas pagadas por los usuariosse han incrementado considerablemen-te: en Panamá las tarifas de la luz de2006 aumentaron un nueve por ciento yen Nicaragua, caso aún más sangrante,el servicio eléctrico ha sufrido un alzapor encima del diez por ciento anualdesde que en 1999 Unión Fenosa se hi-zo cargo del INE (homólogo del ICEcostarricense). El caso nicaragüense enquizás el más paradigmático de la re-gión: en él se puede ver la penosa ges-tión del servicio eléctrico, con continuosparos que duran a veces más de docehoras y un prolongado chantaje a las au-toridades locales y estatales del país,que ha llevado a que el gobierno inicieun proceso legal contra la multinacio-nal española denunciando el caso a laOrganización de Estados Americanos(OEA). Ésta, por cierto, todavía no seha pronunciado al respecto.

Dentro de este contexto, 2,7 millo-nes de ciudadanos costarricenses estánllamados a votar en referéndum la fir-ma o la revocación por parte de su pa-ís del TLC. Una votación popular quese ha logrado gracias a la presión ejer-cida por una amplía base de la pobla-ción que rechaza la firma del Tratadocon los EE UU.

Las multitudinarias manifestacionesde los últimos meses han obligado alpresidente electo en 2006, Óscar Arias,a que se sume de forma sorpresiva a lapetición realizada por los grupos oposi-tores de llevar a cabo un referéndum so-bre dicho Tratado. Esta apuesta no ha si-do gratuita, sin embargo, ya que la firmadel TLC fue el caballo de batalla deÓscar Arias, del Partido Liberación Na-cional, en las anteriores elecciones. Lasjustificaciones esgrimidas por Arias pa-ra no realizar el referéndum se termina-ron con la publicación, por parte del Tri-bunal Supremo de Elecciones (TSE), deuna sentencia que desestima las restric-ciones que supuestamente imposibilita-ban la consulta popular vinculante comofórmula alternativa a la votación en elCongreso.

El presidente del TSE, Luís AntonioSobrado, informó a principios de mayode que el organismo que él preside aco-ge la solicitud de referéndum hecha porel gobierno de realizar la votación po-pular para septiembre de este año y des-estima la iniciativa ciudadana, impulsa-da por el líder opositor José Miguel Co-rrales, que proponía como fecha mayode 2008.

De la “modernización” a la privatizaciónEl TLC tiene el objetivo (expreso en supreámbulo) de modernizar la estructurade las economías centroamericanas conla transformación de sus sectores públi-cos y de sus tasas aduaneras según la ló-gica del librecambio, lo que se refleja enuna progresiva reconversión de las ins-tituciones gubernamentales en empresasprivadas, mayoritariamente controladaspor capital estadounidense.

En el caso de que la población cos-tarricense se pronuncie por el Sí en el re-feréndum, los artículos normativos delTLC se posicionarían por encima de laConstitución y del marco legislativo delpaís. Esto se traduce en que en el sectorenergético (que en el borrador previo delTLC se salvaguardaba pero que final-mente se incluyó) podría entrar capitalextranjero y cualquier subvención pú-

blica o inversión al ICE por parte del go-bierno sería tipificada como una intro-misión al libre comercio, pudiendo serdenunciada a los órganos rectores deltratado internacional. Esta condiciónocasionaría, a corto plazo, una recon-versión en la estructura laboral del ICEque se saldaría con miles de despidos ycon jubilaciones anticipadas. A su vez,supondría la cesión a modo de concesiónde un alto porcentaje de los servicios queofrece el ICE para poder hacer frente ala ausencia del dinero percibido anual-mente de las arcas públicas.

Otro punto crucial a tener en cuen-ta es la licitación de obras hidroeléctri-cas futuras, que a partir de la firma delTLC tendrían que pasar a ser de con-curso público. Aplicándose esta medi-da, cualquier multinacional extranjerapodría optar a ellas, lo que dificultaría,por no decir que imposibilitaría, la ca-pacidad de competir del propio ICE oempresas de capital costarricense fren-te a las grandes multinacionales ener-géticas norteamericanas, que cuentancon un capital social de billones de dó-lares. He elegido dos ejemplos que arro-jan luz sobre qué suele ser norma co-mún en este terreno, con y sin TLC: larepresa del río Pacuare (Costa Rica) yla descapitalización y la anegación denuevas tierras en Panamá.

En el primer caso, el ICE se propu-so la construcción de una presa y unacentral hidroeléctrica en el río Pacuare.Esto suponía que gran parte de las tierrascomunales de los indígenas Boruca, si-tuadas a las orillas de este río, iban a que-dar anegadas por el aumento de caudal.Varias federaciones agrícolas (primersector económico en esta región) deGuápiles y Pacuare, protestaron confuerza por las consecuencias que estainiciativa del ICE iba a producir en suseconomías. El proyecto fue denunciadoal Tribunal Supremo y éste lo paralizó.

La solución no fue la misma en elsegundo caso arriba citado. Una de lascláusulas del TLC dificulta enorme-mente la actuación de cualquier insti-tución pública como parte denuncian-te de una empresa privada, por enten-derse como una traba a su libertad.Tanto la descapitalización de las cen-

En el caso de que la poblacióncostarricense se pronuncie por el Sí en

el referéndum, los artículosnormativos del TLC se posicionarían porencima de la Constitución y del marco

legislativo del país

“ “Las multitudinarias manifestaciones

han obligado al presidente a que se sumede forma sorpresiva a la petición realizadapor los grupos opositores de llevar a cabo

un referéndum sobre el TLC

“ “



Costa

Rica

trales hidroeléctricas como la cesión denuevos terrenos para la expansión dela presa del lago Gatún han sido de-nunciadas por la gran mayoría de co-lectivos sociales y partidos de izquier-das panameños. Además, es una de lasgrandes controversias que genera el re-ciente proyecto de ampliación del Ca-nal de Panamá. En el caso de que elTribunal Supremo de este país se pro-nunciase en contra de estos proyectoso que las instituciones locales denun-ciasen esto a la OEA, al haber firmadoPanamá el TLC con los Estados Uni-

cense, ahora encarcelado por corrup-ción), un contrato para extraer bauxitaen el cantón de Pérez Zeledón. LaAsamblea Legislativa debía aprobarlo.ALCOAiba a recibir unas 30.000 man-zanas de tierra con derecho a excavar-las para extraer el mineral. Aunque secomprometía a dejar los terrenos encondiciones aptas para el cultivo, esoera técnicamente imposible. Además,se les eximiría del pago de impuestos yrecibiría agua gratuita y electricidad encondiciones privilegiadas.

No se hizo esperar la reacción delpueblo costarricense, y muyen especial de los estudiantesde la Universidad, dirigidospor el vicepresidente de la fe-

nomina al decreto de privatización delICE firmado el 20 de marzo de 1999por el presidente Miguel Ángel Rodrí-guez. Tras la publicación de la nuevanormativa por el Consejo de Ministros,una oleada de protestas sindicales y po-pulares sin precedentes estremecióCosta Rica. Bajo la bandera del “ICEsí, Combo no”, funcionarios públicos,agricultores, estudiantes y activistas re-alizaron una huelga nacional el día 23de marzo y se cortó de forma casi per-manente la carretera panamericana.

Las protestas obligaron al manda-tario Ángel Rodríguez a suspender suviaje a Nueva Orleáns, donde partici-paría en un seminario convocado porel Banco Interamericano de Desarrollo(BID). El presidente dijo públicamen-te que el ICE “no estaba en venta” pe-ro, sin embargo, no se pronunció sobrela retirada del decreto de privatización.

Tras las protestas, el Partido de Li-beración Nacional (PLN), en la oposi-ción en ese momento, retiró su respal-do al proyecto y el gobierno aceptó queuna “comisión de notables” revisara lapolémica reforma. El 3 de abril, al re-alizarse de nuevo otra huelga generalque paralizó el país, el gobierno se vioobligado a convocar a un “diálogo na-cional”. Las negociaciones se prolon-garon toda la noche del 4 de abril en lasede del Tribunal Supremo de Elec-ciones. Las partes acordaron, entreotras cosas: integrar una “comisión es-pecial mixta” que estudie, analice e in-troduzca alternativas a la privatización,así como retirar el trámite legislativosobre el ICE. El gobierno se compro-metió a no ejercer “ningún tipo de re-presalias, sanciones, rebajas salariales,ni presentar o continuar acciones pe-nales y civiles, ni otro tipo de medidacontra quienes participaron en las jor-nadas de protesta”.

Estos dos logros aportan esperan-za para continuar luchando, pues de-muestran con claridad cómo desde losmovimientos sociales es posible derri-bar los intentos de privatización delsector público y evitar así las nefastasconsecuencias que ello provoca.❑

* Ismael Arnaiz es periodista.

El pueblo consiguió que latransnacional ALCOA

renunciase a un contrato paraextraer bauxita que le eximía

del pago de impuestos e incluíaagua gratuita y electricidad en

condiciones privilegiadas

“ “

dos sería prioritaria la libertad de em-presa (ya que las obras han sido licita-das a compañías norteamericanas) porencima el derecho de la población a sersoberana sobre sus recursos naturales,como se expone en la Constitución deeste país.

Los casos de ALCOAy el Combo EléctricoMediante acciones dudosas, la transna-cional Aluminum Company of Ameri-ca (ALCOA) logra en 1970 del presi-dente José Joaquín Trejos y su ministrode Planificación, Miguel Ángel Rodrí-guez (uno de los personajes más si-niestros de la historia política costarri-

deración estudiantil de enton-ces, Jorge Enrique Romero,hoy doctor en Derecho y pro-fesor de esa casa de estudiossuperiores. Fue también deci-

sivo el empuje dado por estudiantes desecundaria y por una docena de diputa-dos liderados por Rodrigo Carazo. Du-rante varios meses el pueblo se mani-festó en contra de la aprobación delcontrato. El 24 de abril de 1969 se ini-ció un enfrentamiento en las cercaníasde la Asamblea Legislativa entre milesde manifestantes y la policía costarri-cense, que derivó en una persecuciónpor San José de Costa Rica. El contra-to fue aprobado, pero ALCOA escogióretirarse. Así se libró el país de deserti-ficar parte de su territorio sólo para fa-vorecer a una empresa multinacional.

El segundo ejemplo es el conocidocomo Combo Eléctrico, como se de-

Mª

José

Com

ende

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Guate

mala

Con el mismo esquema represi-vo se disolvieron dos mesesdespués las manifestaciones

celebradas contra el Tratado de LibreComercio (TLC) tanto en Ciudad deGuatemala (14 de marzo) como en Co-lotenango (Departamento de Huehue-tenango, 15 de marzo). En este últimolugar los disparos de la policía mata-ron al campesino Juan López.

El uso de la fuerza y la violenciapolarizó el país y desenmascaró al go-bierno como defensor a ultranza deempresas privadas por encima de laopinión y los intereses de la poblaciónafectada. Además de afirmar que lascomunidades estaban manipuladas porintereses poderosos, ciertos portavocesgubernamentales tacharon a numero-sos dirigentes de organizaciones de “lí-deres irresponsables” y a asociacionesambientalistas de “eco-histéricas” y“enemigas del desarrollo”. Para la di-

putada de izquierdas Alba Estela Mal-donado, la consigna del gobierno enese momento fue la de “enfrentar todaforma de resistencia”.

Lo que nos deja la actividadminera La represión se inscribe en el marco deuna actividad económica altamentecuestionada, que acarrea muchos ries-gos y ofrece pocos beneficios sociales:la minería. La extracción de metales acielo abierto es un negocio lucrativo yun vigoroso instrumento de acumula-ción económica, pero también una rui-nosa inversión social. Las empresasmineras presentan un bajo índice degeneración de empleo, apenas aportanen concepto de pago de impuestos yafectan a la salud de las personas y albuen estado del medio ambiente. “Laexplotación minera nos lleva hacia unadeforestación brutal. Una montaña tar-

da millones de años en formarse. Escomo quitarle el corazón a alguien”,afirma el economista Rafael Piedra-santa Arandi1.

Una por una, las razones favorecena los detractores de la minería y defen-sores de otro modelo de desarrollo. Ha-ce diez años ya que las empresas no tri-butan el seis, sino el uno por ciento desus ganancias declaradas. Según ex-plica Leonor Hurtado2, “en 1997, du-rante el gobierno de Alvaro Arzú, seaprobó la nueva Ley de Minería, quelimita los beneficios para el país y fa-vorece a las compañías. El 99 por cien-

¿A quién beneficia la actividad minera enGuatemala?

A inicios de 2005, pobladores delDepartamento de Sololá, en el

occidente de Guatemala, seopusieron al paso de maquinariadestinada a la minera Montana,empresa extractora de oro cuyo

proyecto principal está ubicado en elmunicipio de San Miguel

Ixtahuacán (San Marcos). Más de1.500 efectivos de la PolicíaNacional Civil y el ejército

desmontaron la pasarela peatonalque obstaculizaba el tránsito de la

maquinaria el 11 de enero, causaronun muerto y doce heridos durante la

represión de los manifestantes ycustodiaron a éstos durante un día,

desde la aldea Los Encuentros hastasu destino final en Ixtahuacán.

Andrés Cabanas*

1 Tras el asesinato de los abogados Julio CameyHerrera y Adolfo Mijangos, López Piedrasantapermaneció exiliado quince años en Costa Ri-ca por su oposición a la explotación de níquelen el Lago de Izabal.

2 HURTADO, Leonor (junio de 2006): “Explota-ción minera: Una herida en la tierra y la socie-dad”, en Revista Pueblos, nº21, Madrid.


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Guate

mala

to de las regalías pertenece a las em-presas extractoras”.

Un estudio realizado por el sema-nario Inforpress advierte que la princi-pal extractora de oro en Guatemala(Montana) obtendrá tras el periodo deexplotación unos ingresos brutos apro-ximados de 1.664 millones de dólaresal precio actual de la onza de oro,mientras que, a cambio, aportará ape-nas 60 millones en concepto de regalí-as. Además, tanto los mecanismos se-mifraudulentos de exención como ladebilidad de los controles estatales de-bilitan el aporte económico. La Mon-tana se acogió incorrectamente al De-creto 29-89, Ley de Fomento y Des-arrollo de Maquilas, que exime de pa-gar hasta 2008 el total de los derechosarancelarios y los impuestos de impor-tación sobre la renta y el valor añadi-do. Sin embargo, tras la publicación enprensa de varias denuncias, la empre-sa renunció “voluntariamente” a estosprivilegios, valorados en cinco millo-nes de dólares anuales.

La actividad minera presenta unode los menores índices de generaciónde empleo (directo e indirecto) y, porotro lado, causa un fuerte impacto so-bre la salud de las personas. Para lle-var a cabo el proceso de lixiviación, esdecir, para separar el metal extraído dela roca que lo contiene, se utiliza cia-nuro y se emplea una gran cantidad deagua. Según Brigadas de Paz Interna-cionales3, el proyecto de la Montananecesita 250.000 litros de agua por ho-ra, el equivalente a lo que una familiacampesina consume en veintidós años.

Los beneficios de la actividad mi-nera no se distribuyen entre toda la co-munidad, sino que son absorbidos porun reducido grupo de empresarios vin-culados a la familia gobernante. Así lodemuestran las investigaciones reali-zadas por Luis Solano4, que sitúan a

parientes y socios comerciales del pre-sidente Oscar Berger en la empresaMontana, en la Compañía Guatemal-teca de Níquel de Izabal e incluso engrandes proyectos hidroeléctricos co-mo el de Xálala, rechazado por la po-blación el pasado 21 de abril y queafecta a comunidades de Uspantán, Al-ta Verapaz e Ixcán.

Democracia directa y participativa En este contexto, no resulta extrañoque las consultas populares hayan de-jado claro el rechazo unánime no sóloa la explotación minera sino también ala actuación de grandes hidroeléctricaso empresas petroleras. Estas consultas,que constituyen un ejercicio de demo-cracia directa y van precedidas de pro-cesos de información y análisis, ofre-cen cifras superiores al 95 por cientode oposición en los doce municipios enque se han desarrollado desde 2004:Comitancillo, Sipakapa y ConcepciónTutuapa (Departamento de San Mar-cos); Colotenango, Concepción Huis-ta, San Juan Atitán, Santiago Chimal-tenango, Todos Santos Cuchumatán,Santa Eulalia y San Pedro Necta (De-partamento de Huehuetenango); Ixcán(Departamento de Quiché) y Río Hon-do (Departamento de Zacapa).

Asimismo, han involucrado a unporcentaje importante de la población,

superior al número de votantes en losprocesos electorales para elección dealcaldes, diputados y presidente. En Si-pakapa (San Marcos), municipio si-tuado cerca del proyecto de la empre-sa Montana, los participantes doblaronlos votos obtenidos por el actual alcal-de en las elecciones municipales de2003. Aparte de las consultas directas,las autoridades comunitarias de Solo-lá (diecinueve municipios) y Totonica-pán (ocho municipios) solicitaron en2005 al gobierno la no concesión depermisos de exploración y explotaciónde recursos naturales en sus territorios,incrementando la oposición en el ám-bito nacional.

El fundamento legal de las consul-tas reside en la Constitución Política dela República, el Convenio 169 sobrePueblos Indígenas y Tribales, las Leyesde Descentralización, el Sistema deConsejos de Desarrollo y el CódigoMunicipal, donde se reconoce el dere-cho de opinión de las poblaciones so-bre decisiones que les incumben y sereglamenta el procedimiento de con-sulta. El fundamento superior, no obs-tante, es el político, por encima del ju-rídico. Para el Colectivo Madre Selva,creado en 1996, “la legitimidad de lasconsultas radica en las comunidades, yaque son quienes le dan validez, certeza,fuerza, efectividad y peso político”.

Para hacer frente a este ejercicio departicipación ciudadana se argumentaque la minería es un asunto de interésnacional (por lo tanto no restringido alámbito de las comunidades) y se cues-tionan los procedimientos de convoca-toria y desarrollo de las consultas. Lasentencia de la Corte de Constitucio-nalidad de ocho de mayo de 2007 so-bre la consulta de Sipakapa no recono-ce el carácter obligatorio del resultadoy otorga la competencia máxima sobrela minería al Ministerio de Energía yMinas, aduciendo que su desarrollo ex-cede el ámbito de las competencias co-munitarias y municipales. Al respecto,el Colectivo Madre Selva afirma que“lamentablemente, la Corte de Consti-tucionalidad respondió nuevamente aintereses sectoriales. Privilegió el inte-rés y lucro particulares frente al interés

Según Claudia Samayoa, a partir de 2005se da una expansión del concepto

terrorista hacia el clásico activista social y comunitario que se resiste a la minería

de metales a cielo abierto

“ “El proyecto de la principal extractora deoro en Guatemala, Montana, necesita

250.000 litros de agua por hora, lacantidad que una familia campesina

consume en veintidós años

“ “3 CASTAGNINO, Vincent (2006): Minería de me-tales y derechos humanos en Guatemala. La mi-na Marlin en San Marcos, Brigadas de Paz In-ternacionales, Guatemala.

4 Luis Solano es autor del libro Guatemala: Pe-tróleo y Minería en las Entrañas del Poder. In-forpress Centroamericana, 2005.


Guate

mala

social, el bienestar colectivo yla voluntad comunitaria”.

Dos visiones de paísLa polémica sobre las consul-tas y la minería no es simple-mente técnico-jurídica sinoque pone de manifiesto dos vi-siones de país y dos modelosde desarrollo: uno de ellos fun-damentado en la inversión ex-tranjera y la primacía de lasempresas privadas sobre el Es-tado y el bien común; otro, enlas necesidades de la poblacióny en la exploración de vías alternativaspara la creación de riqueza.

El primero de estos modelos se for-talece a través de la privatización (tele-comunicaciones, energía eléctrica y fe-rrocarril) y el debilitamiento de las ins-tituciones civiles democráticas y el Es-tado como ente regulador y actor fun-damental en el desarrollo (contrario a lodispuesto en el Acuerdo sobre AspectosSocioeconómicos y Situación Agraria).También se reafirma mediante la conti-nuación del autoritarismo y la represión,como explica la filósofa y defensora delos Derechos Humanos Claudia Sama-yoa5: “a partir de 2005 se da una expan-sión del concepto terrorista hacia el clá-sico activista social y comunitario queemerge a la palestra pública resistién-dose al impulso de la minería de meta-les a cielo abierto”.

Por el contrario, el segundo de losmodelos citados parte de las necesida-des detectadas en las comunidades y,como señala un estudio de Mesa Glo-bal en el que la centralidad de la parti-cipación comunitaria se considera sus-tento del desarrollo, “se considera alpaís como potencialmente minero y nose tienen en cuenta otras opciones, co-mo la agroforestería, turismo u otras al-ternativas de trabajo”.

El debate que se esconde tras es-te contexto es el del tipo de democra-cia que se está construyendo en Gua-temala, veinte años después del fin de

los gobiernos militares y tras diez dela firma de los Acuerdos de Paz. Ri-cardo Sáenz6 se ayuda de la teoría delas democracias procedimental y sus-tantiva para describir la situación deGuatemala: “la visión mínima de lademocracia hace énfasis en el régi-men político y en el establecimientode procedimientos para elegir autori-dades. Desde la perspectiva sustanti-va, la democracia es una forma de or-ganización social que implica no só-lo la plena garantía de las libertadespolíticas, sino también de condicio-nes sociales que posibiliten la parti-cipación y el disfrute ciudadano deestas mismas libertades”.

En el esquema de la democraciasustantiva, la participación popular sevuelve fundamental y, con ella, la su-peración de la crisis del movimientosocial después de la firma de la paz.En opinión de Ricardo Sáenz, “la Uni-dad Nacional Revolucionaria Guate-malteca (URNG) concentró los es-

fuerzos por el cumplimien-to de los acuerdos de paz enprivilegiar la relación di-recta e íntima con el go-bierno en la Comisión deAcompañamiento más queen la promoción de la mo-vilización y las demandassociales”.

La negociación sin pre-sión social se demostrócontraproducente al no per-mitir avanzar en los acuer-dos ni oponerse al desarro-llo de la agenda privatiza-

dora. El fracaso del modelo condujoa partir de 2004 a un nuevo ciclo deluchas sociales, caracterizado por laemergencia de nuevos actores y or-ganizaciones. La resistencia de Solo-lá en 2005, la manifestación de Toto-nicapán en septiembre del mismo año(20.000 pobladores de los 48 canto-nes se opusieron a la Ley del Agua entrámite) y la realización de consultaspopulares, entre otras movilizaciones,implican la irrupción de nuevos lide-razgos, reivindicaciones y formas delucha, así como el fin de un ciclo dedesmovilización.

Es fundamental construir una de-mocracia participativa “que reflejelos intereses reales de la población”,en palabras del periodista y dirigen-te de izquierdas Miguel Ángel San-doval. Paradójicamente, si los bene-ficios económicos de la actividad mi-nera recaen exclusivamente en lospropietarios de las empresas, la opo-sición a la misma está derivando enel fortalecimiento de las organiza-ciones comunitarias y la elaboraciónde proyectos alternativos. Así es co-mo las luchas contra la minería seconvierten en un ejercicio de ciuda-danía que a la larga beneficia la cons-trucción de alternativas y logra am-pliar el calificado por Sandoval de“estrecho margen de la democraciaguatemalteca”.❑

*Colaborador habitual de Pueblos, AndrésCabanas ha escrito el libro Mirar hacia el interior.

Organización social frente a la depredación denuestros recursos. Voz Alternativa,

Guatemala, 2005.

Las consultas populares ofrecen cifrassuperiores al 95 por ciento de oposición a

la explotación minera en los docemunicipios en que se han desarrollado

desde 2004

“ “

5 SAMAYOA, Claudia (abril de 2007): “¿Qué mo-delo de seguridad impulsó Oscar Berger?”, enEl Observador, número 5, Guatemala.

6 Ricardo Sáenz de Tejada es autor de Revolu-cionarios en tiempos de paz: rompimientos y re-composición de las izquierdas de Guatemala yEl Salvador. Guatemala, 2007


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Méxic

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Desde el inicio de las negocia-ciones del Tratado, los funcio-narios gubernamentales no se

cansaron de anunciar que la economíanacional iniciaría un periodo de creci-miento, que se generarían más y mejo-res empleos, que gracias a la libre com-petencia los productos aumentarían sucalidad y bajarían los precios... Hastaaseguraron que México alcanzaría unnivel de desarrollo que lo colocaría co-mo país del “primer mundo”.

El pasado mes de octubre, la Se-cretaría de Economía emitió un comu-nicado en el que evaluaba los doceaños del TLCAN. Según este docu-mento, entre 1993 y 2005 la economíamexicana creció un 39,8 por ciento entérminos reales, el intercambio trilate-ral de mercancías se triplicó alcanzan-do los 2.000 millones de dólares dia-

El pasado 1 de enero se cumplierontrece años de la entrada en vigor del

Tratado de Libre Comercio deAmérica del Norte (TLCAN). Desde

esa fecha hasta hoy se hanproducido sustanciales

modificaciones en la economía y lasociedad mexicanas, pero no

necesariamente para bien. Unaevaluación de los impactos del

TLCAN indica que México no se havisto beneficiado como país con este

Tratado y que la inmensa mayoríade su población no ha mejorado su

nivel de vida. No obstante, losmandatarios de Canadá, Estados

Unidos y México impulsan ahora laAlianza para la Seguridad y la

Prosperidad de América del Norte(ASPAN), bautizada por el ex

presidente Fox como TLCAN-plus.

TLCAN: espejismo y realidad

rios, el valor de las exportaciones deMéxico a sus socios se multiplicó porcuatro, hasta los 182 mil millones dedólares en 2005, y se alcanzó un su-perávit comercial de 57,8 mil millonesde dólares en el mismo año.

El mismo análisis indica que Mé-xico es hoy la décima potencia comer-cial del mundo y la primera economíaexportadora de América Latina (40 porciento del total). Se dice también quela industria manufacturera de Méxicocreció un 43,2 por ciento en términosreales, así como que casi el 90 porciento de los productos que Méxicoimporta de sus socios del TLCAN sonbienes intermedios y de capital quecontribuyen a la producción y expor-tación de mercancías.

Finalmente, la Secretaría de Eco-nomía asegura que la productividad de

Marco A. Velázquez Navarrete*

Los acuerdos de libre comercioM

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los trabajadores mexicanos en la ma-nufactura se incrementó en un 69,6 porciento, que el 33 por ciento del empleototal corresponde a esta industria, quela mitad de estos empleos están rela-cionados a la exportación y que, enpromedio, las empresas que se dedicana ello pagan salarios un 37 por cientosuperiores a los de no exportadoras.

Con todo, el informe gubernamen-tal destaca que el objetivo del TLCANno consistía sólo en liberalizar el co-mercio, sino también en crear certi-dumbre para la inversión. En este sen-tido, afirma que el Tratado generó “unmarco transparente y propicio para losnegocios”. Pero, si son ciertas todas es-tas cifras que hablan de una bonanzaparadisíaca en el país, ¿por qué conti-núa la pobreza? ¿Por qué hay más des-empleo que nunca en las últimas déca-das? ¿Por qué los salarios son insufi-cientes? ¿Por qué son cada vez más loscompatriotas que tienen que cruzar lafrontera Norte? En definitiva, ¿por qué,si se supone que México avanza, losmexicanos no encontramos alivio anuestras condiciones de vida?

Exportación de beneficiosLo cierto es que el optimismo estadís-tico gubernamental no alcanza a ma-quillar la realidad. Si bien se ha produ-cido durante este periodo un incre-mento de las exportaciones manufac-tureras (lo que es natural, dado que elacuerdo comercial implica la aperturade fronteras), estas exportaciones seconcentran en pocos sectores de la eco-nomía y en unas pocas empresas. Pro-ceden, además, de nueve de las entida-des federativas, principalmente de lazona fronteriza y centro, donde se ubi-can las maquilas.

El 63 por ciento de las exportacio-nes corresponde al sector de maquina-ria y equipos (armadoras de automóvi-les, partes de vehículos y computado-ras, todas extranjeras), las 129 másgrandes exportadoras (80 de las cualesson de capital mayoritariamente ex-tranjero) realizan el 39 por ciento deltotal de las exportaciones. Así, el su-perávit comercial se explica por dosmotivos: la labor de las empresas ma-

quiladoras y el suministro de petróleoa los EE UU.

Sin contar el petróleo y la mano deobra barata, casi nada de lo mucho quese exporta tiene algo mexicano. Lasempresas exportadoras se “autocom-pran” los insumos que requieren paraproducir sus mercancías, de maneraque no generan en el país cadenas pro-ductivas y, por ello, los beneficios re-caen en pocas transnacionales. El in-cremento de las exportaciones no jalael crecimiento de otros sectores de laeconomía, lo que ha implicado la quie-bra de pequeñas y medianas empresasy la pérdida de empleos.

Se suponía que con la llegada de in-versión extranjera se generarían más ymejores empleos. ¿Por qué no ocurrióesto? Entre 1994 y 2002 el país ingre-só 153 mil millones de dólares de in-versión extranjera (la mayoría directa):con 26 mil 865 millones de dólares secompraron total o parcialmente los ban-cos mexicanos (menos del 10 por cien-to de los que operan actualmente sonnacionales) y 54 mil 632 millones dedólares se destinaron a las maquilas ya la compra o asociación con grandesempresas exportadoras (49 por cientode la inversión extranjera directa).

A la par, en 2002, circulaban 90 milmillones de dólares de dinero volátil oinversión especulativa. Es decir, la In-versión Extranjera Directa (IED) se de-dicó a comprar negocios rentables queya existían, pero no a crear otros. Estaactuación no genera nuevos empleossino que, al contrario, los disminuye,sobre todo si consideramos que la IEDtrae aparejada la incorporación de tec-nologías ahorradoras de fuerza de tra-bajo y diferentes formas de organiza-ción laboral (esclavización).

Según Alberto Arroyo Picard, in-vestigador de la Universidad Autóno-

Análisis oficiales aseguran que México es hoy la décima potenciacomercial del mundo y la primera economía exportadora de

América Latina, pero el desempleo es mayor que en las últimas décadas

“ “

ma Metropolita-na (UAM) y au-tor de varios li-bros sobre elTLCAN, el sec-tor manufacture-ro generó un 12,8por ciento menosde empleo en2004 que en1994, aunque suproductividad au-mentó en un 58,6por ciento. Incluso los costes de lamano de obra bajaron en la mismaépoca un 37,7 por ciento.

Empleo y emigraciónEntre mediados de 1993 y mediadosdel 2000 se crearon poco más de seismillones de empleos, cifra insuficien-te para los diez millones de jóvenesque alcanzaron la “edad de trabajar”.En el sector industrial, de cada cienpuestos de trabajo existentes cuandocomenzó el TLCAN sólo quedaron no-venta en 2002. Puede observarse lamisma tendencia durante el sexenio delgobierno de Fox: el expresidente pro-metió generar 1,1 millones de emple-os anualmente, pero a mediados de2004 había casi 438 mil menos y, siagregamos a los jóvenes que se incor-poraron a la Población Económica-mente Activa (PEA), estaríamos ha-blando de un déficit de 5.123.493 em-pleos formales.

Aunque en términos absolutos eldesempleo durante el sexenio anteriorcreció, ¿por qué no se ven tantos des-empleados en el país? Por dos razones:el aumento de la migración y el auto-empleo en el sector informal. Ni si-quiera incluimos en el auto-empleo alsector agropecuario, pues queda fuerade las estadísticas del Seguro Social y

Los acuerdos de libre comercio

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durante los primeros doce años delTLCAN ha expulsado a unos 1,5 mi-llones de campesinos.

Los emigrantes mexicanos envia-ron en 2006 veinticuatro mil millonesde dólares a sus pueblos, casi un 50 porciento más de lo que México logrócaptar en el mismo periodo a través dela Inversión Extranjera Directa (elmonto podría situarse en 16.500 mi-llones). En 1995, estas remesas alcan-zaron apenas los 3.673 millones de dó-lares, según datos de Arroyo Picard, yesta cifra había subido ya a 13.266 mi-llones hace tres años.

El aumento es constante y avanzaa grandes pasos, a pesar de los frenosque trata de poner el gobierno esta-dounidense a la migración mexicana (ycentroamericana). Con sólo estas cifrascrudas de la migración se demuestrapalpablemente el fracaso del TLCAN...Y, sin embargo, los señores del podery el dinero insisten en profundizar elmodelo ahora con la Alianza para laSeguridad y la Prosperidad de Améri-ca del Norte (ASPAN).

Con la vista puesta en el Rey Midas Hoy, como nunca, el mundo aparece an-te nuestros ojos como un gran almacénde mercancías. Tierra, agua, aire, todo

cuanto es esencial para la vida (no sólohumana) parece tener precio en el granmercado mundial. Especialmente en lasúltimas décadas, el capital parece haberlogrado hacer realidad la antigua leyen-da del Rey Midas: convertir en oro to-do lo que toca. Para la lógica de la ga-nancia capitalista, todo es susceptible deser vendido y comprado. Y si se le pue-de sacar un valor añadido, como a lafuerza de trabajo, tanto mejor.

Desde sus orígenes, el capitalis-mo ha tendido a expandirse median-te la apropiación violenta de territo-rios y recursos, dominando a las po-blaciones, despojándolas de todo asangre y fuego. Su surgimiento sig-nificó una verdadera declaración deguerra contra la humanidad y contrala vida. Así nació y así continúa per-petuándose. Durante la guerra de con-quista del “nuevo mundo”, el “viejomundo” sojuzgó y se adueñó de con-tinentes con la espada bendecida porla cruz. La mundialización no es unproceso reciente sino que dura ya si-glos, aunque se está perfeccionando.El robo de territorios y recursos a co-munidades enteras, la explotación deltrabajo, el maltrato a la naturaleza yla dominación de países no sólo con-tinúa sino que se ha intensificado in-cluso de manera más sofisticada, tan-to militar como económica e ideoló-gicamente.

En su búsqueda de mayores ga-nancias, los capitalistas se disputan eldominio de “sus” territorios y no du-dan en provocar la guerra entre sí cuan-do no logran un acuerdo para repartir-se el mundo. Las guerras mundialeshan sido eso: una reconfiguración delmundo, un volver a dibujar el mapa,hecho que implica destrucción y re-construcción, para imponer una nuevaforma de dominación.

El “neoliberalismo” imperante, alque se adscriben los actuales Tratados

de Libre Comercio, no es otra cosa quela vuelta a la “natural” evolución delcapitalismo original. Tras unas brevesdécadas (1917-1989) durante las quesu desarrollo “normal” se vio afectadopor revoluciones, amenaza de éstas yluchas por la descolonización en variospaíses, y tras verse obligado a imple-mentar el “Estado del Bienestar” tantopara prevenir las amenazas citadas co-mo para salir de su crisis económica,el capitalismo de “libre” mercado re-gresó con fuerza.

Es decir, comenzó a eliminar lasconquistas sociales y laborales: con-tratación colectiva, jornada de ocho ho-ras, pensiones, salud y educación, en-tre otras. Desde la caída del Muro deBerlín y la implosión de la Unión So-viética y los regímenes del llamado“socialismo real” de Europa Oriental,el capital se siente con vía libre paracontinuar su expansión en el mundo,incluyendo las regiones en las quenunca había imperado.

En el México de 1994, al iniciodel TLC, el 20 por ciento de la po-blación más pobre percibía el 3,6 porciento del ingreso nacional, y el 10por ciento más rico llegaba al 44 porciento. En el año 2000 estas cifrashabían cambiado: del 3,6 se pasó al2,9 y del 44 al 50 por ciento. Las ci-fras demuestran con claridad la ten-dencia: mientras se produce una con-centración de bienes y capital en ma-nos de un grupo cada vez más pe-queño, la gran mayoría ve sus pers-pectivas cada vez más reducidas.Ahora, en el 2007, con la ASPAN (oTLC-plus) la existencia de Méxicocomo país se ve más amenazada. Y,sin embargo, México resiste, desdeabajo, pero eso es motivo de otrahistoria...❑

* Marco A. Velázquez Navarrete es secretariotécnico de la Red Mexicana de Acción frente al

Libre Comercio (RMALC, www.rmalc.org.mx)

Las empresas exportadoras se ‘autocompran’ los insumos para producir sus mercancías,por lo que no generan en el país cadenas productivas y los beneficios recaen en

pocas transnacionales“ “


Chile

Cuarto aniversario del TCLcon EE UU

Desde 2003, año anterior a la entrada en vigencia del Tratado de LibreComercio (TLC) con EE UU, las exportaciones del país crecieron

espectacularmente, pasando de 21.664,2 millones a 58.116,4 millones dedólares americanos en 2006. Un análisis simplista podría hacernos pensarque esto se debe a la red de tratados comerciales suscritos, que hacen de la

economía chilena la más abierta a nivel mundial si se considera el productototal de los países con los cuales se ha suscrito y que ello debería conducir a

potenciar la economía nacional. Una consideración más detenida permite, sinembargo, establecer que el motivo principal resida en el alza experimentadapor los principales rubros de exportación del país, empezando por el cobre.

Si se analiza la composiciónde las exportaciones por ru-bros puede comprobarse có-

mo su estructura de 2006 fue bási-camente la misma que la de años an-teriores a la entrada en vigencia dela política de múltiples Tratados deLibre Comercio. El cobre, cuya co-tización se ha incrementado en losmercados internacionales, constitu-yó el 56,5 por ciento del total, lo queexplica más de la mitad de las ven-tas totales efectuadas al exterior du-rante los últimos años.

Sumándole a esta cifra el óxidode molibdeno y el ferromolibdeno sellega al 61,2 por ciento. A su vez, lasventas de frutas significaron un 4,1por ciento y las de salmón y truchasun 3,6 por ciento; mientras que las decelulosa, papel y otros obtuvieron un3,2 por ciento. Los hechos hablan porsí solos: el país sigue dependiendo en

sus ventas al exterior de unos pocosrecursos primarios o de bajo valoragregado.

El análisis de los intercambioscon EE UU corroboran estas conclu-siones. El comercio bilateral entre2003 y 2006 aumentó en 133 porciento y el intercambio general delpaís lo hizo en 143 por ciento, es de-cir, en un porcentaje ligeramente su-perior. La variación comercial no de-pende sólo de los tratados sino demuchos otros factores, entre los quese encuentran los siguientes: la evo-lución de la economía mundial, lasparidades cambiarias o las cotizacio-nes en los mercados internacionalesde los principales rubros de exporta-ción e importación del país.

No fueron los tratados, sin duda,el principal factor de crecimiento delas exportaciones, aunque contribu-yesen en un cierto porcentaje a su in-

Hugo Fazio*


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Chile

mento que el de las importaciones.Las ventas generales al exterior en elmismo año crecieron un 45 por cien-to, es decir, un porcentaje mayor quelas efectuadas tan sólo a EE UU, apesar de que durante ese tiempo Chi-na utilizó sus reservas de cobre y, portanto, no presionó al mercado mun-dial del metal rojo con demandas, adiferencia de lo que vuelve a aconte-cer en 2007.

Las últimas cifras publicadas has-ta la fecha corresponden a los mesesde enero y abril del presente año. Se-gún éstas, las exportaciones a EE UUcrecieron de 1.462,5 millones a1.556,1 millones de dólares con res-pecto a los mismos meses de 2006.En porcentaje esto supone el 6,4 enun total de un 72,6 por ciento. La

produjo el fuerte crecimiento pro-nosticado. En el caso específico deEE UU, la cifra alcanzó en 2005 ape-nas a 27,8 millones de dólares, sóloun 1,8 por ciento del total. No debeolvidarse que el mercado interno deChile es reducido y que Washingtonha firmado acuerdos de este tipo conpaíses mucho más cercanos geográ-ficamente, como México, que formaparte del Tratado de Libre Comerciode América del Norte (TLCAN).

Las corrientes comerciales no de-penden, ni mucho menos, únicamen-te de los tratados suscritos. La pre-sencia de productos mexicanos y chi-nos en el mercado interno de EE UUconstituye otra evidencia. En 2003,China (sin tratado comercial con EEUU) superó a México en el montoexportado, colocándose en segundolugar detrás de Canadá. En octubrede 2006, el país asiático representóel 15,2 por ciento de las adquisicio-nes efectuadas, mientras que Méxicoalcanzó a un 10,7 por ciento. Diezaños antes, las ventas desde la naciónlatinoamericana supusieron el 9,3por ciento del total y las provenien-tes de China el 6,5 por ciento.

En la lista roja de la propiedadintelectualLa Representación de Comercio deEE UU rebajó en 2006 la calificaciónde Chile en cuanto al cumplimientode las normas de Propiedad Intelec-tual (PI), pasándolo de la llamada“lista de observación” a la “lista prio-ritaria de observación”. Esta “listaroja” quedó conformada por trece pa-íses. Entre las naciones latinoameri-canas, además de Chile, figuran Ar-gentina, Brasil y Venezuela.

Chile entró a formar parte del lis-tado de “observación” en 1989. Deacuerdo a lo señalado por la Direc-ción de Relaciones Comerciales de laCancillería, en agosto de 2006 se so-metió al país a revisiones adiciona-les, para lo cual se concedieron todotipo de facilidades. Sin embargo, es-tas medidas no resultaron suficientespara evitar que Chile obtuviese unacalificación más negativa.

cremento. Paralelamente es un factorde incremento de las adquisicionesen el exterior por las reduccionesarancelarias, a lo cual se sumó el pro-ceso de revaluación vivida por el pe-so chileno con relación al dólar nor-teamericano.

Desde 2004, año en que comien-za un curso que persiste hasta el díade hoy de alza en el precio del cobre,los términos de intercambio del paíshan sido extraordinariamente positi-vos. Entre 2003 y 2006 casi se tripli-có la variación positiva de la relaciónde los precios promedio de exporta-ción del país con relación a los deimportación. En otras palabras, eléxito exportador no fue una conse-cuencia de los tratados sino de fenó-menos acontecidos en la economíamundial, particularmente la evolu-ción del ciclo económico global y lafuerte demanda de materias primasdesde Asia (en especial de China, pa-ís con el que sólo a finales del añopasado entró en vigencia un Tratadode Libre Comercio).

Las exportaciones a EE UU des-de Chile se incrementaron en 43 porciento en 2006 en relación al año an-terior. Si no se incluye el cobre alcontabilizar los datos, sin embargo,el incremento resultante es del 18 porciento, el mismo porcentaje de au- gran diferencia en comparación con

el año anterior reside, como hemosseñalado, en el retorno de China almercado internacional del metal rojo.

Intercambio comercial e inversión extranjera Los defensores de los Tratados de Li-bre Comercio sostuvieron en el mo-mento de su firma que el impactoprincipal se produciría no en el inter-cambio comercial sino en materia deinversión extranjera. Sin embargo, es-te último ingreso se efectuará exclu-sivamente si Chile proporciona algu-na ventaja adicional con respecto a laofrecida por otras regiones o países(los TLC de este tipo se han ido mul-tiplicando por todo el mundo).

El resultado: la inversión mate-rializada desde el exterior permane-ció baja y, en consecuencia, no se

El éxito exportador no fue unaconsecuencia de los tratados sino

particularmente de la evolución del cicloeconómico global y la fuerte demanda de

materias primas desde Asia

“ “


Chile

En palabras de Susan Schwab, re-presentante de Comercio de EE UU,esta revisión “refleja nuestra preocu-pación sobre el hecho de que Chileno está protegiendo suficientementela propiedad intelectual”. En su opi-nión, se “continúa sin la disposiciónde abordar las preocupaciones de losdueños de las patentes, quienes in-forman de que se ha autorizado la co-mercialización de productos farma-céuticos que infringen (las disposi-ciones establecidas) y no ha propor-cionado el mecanismo apropiado yefectivo a través del cual los dueñosde las patentes pueden conseguir quese prevenga la comercialización endichos casos”.

Los consorcios farmacéuticos es-tadounidenses tienen una notable in-fluencia en la Casa Blanca. El Cen-tro de Integridad Pública, grupoconstituido por el gobierno nortea-mericano, llegó a la conclusión deque los grandes intereses farmacéu-ticos estadounidenses constituyen elpoder de mayor influencia sobre laOficina del Representante de Co-mercio de EE UU. No debe sorpren-der, por tanto, la determinación de in-cluir a Chile en la “lista roja”.

Mecanismos de presiónunilateralLos hechos confirman la aseveraciónefectuada al firmarse el Tratado deLibre Comercio entre EE UU y Chi-le de que progresivamente se sentirí-an las consecuencias de los “ama-rres” a los cuales se sometió el país.Al igual que acontece en cuanto al li-bre movimiento de capitales, en elámbito de la propiedad intelectual elTLC establece condiciones muchomás favorables a los objetivos de EEUU que los alcanzados en negocia-ciones multilaterales.

De finalizar exitosamente la Ron-da de Doha es inimaginable que seestablezcan condiciones en este pla-no como las suscritas bilateralmente.Las negociaciones entre EE UU y unpaís en desarrollo conducen a acen-tuar los desequilibrios en vez de re-ducirlos. Lamentablemente, éste es

el camino escogido por los gobiernoschilenos en sus relaciones económi-cas internacionales.

La determinación de colocar aChile en la “lista roja” fue adoptadaunilateralmente, como es usual en elcaso de EE UU, sin recurrir al meca-nismo de solución de controversiasestablecido en el TLC bilateral.

La vicepresidenta ejecutiva de laAsociación de Industriales Farma-céuticos (que agrupa a empresas na-cionales del sector), María EugeniaSánchez, manifestó al respecto enenero de este año: “si existe tal dis-conformidad o vulneración de la pro-piedad, me parece curioso que nun-ca lo hayan hecho presente por estavía, pues los mecanismos existen. Elideal para estas empresas es que noexistiera la industria de genéricos enel mundo, siendo que en Chile éstoscorresponden al 80 por ciento de losmedicamentos con los que se curany tratan enfermedades nuestros con-ciudadanos”.

Washington presionará siemprepor colocar trabas a la producción degenéricos porque en la medida enque se fabriquen, las ganancias de losconsorcios farmacéuticos se reducen.

Así pueden imponer plenamente susprecios monopólicos.

La presión de Japón y la UELa presión sobre Chile no provieneúnicamente desde EE UU, sino quetambién la ejercen Japón y la UniónEuropea (UE). En 2006, en vísperasde concluirse las negociaciones conel país asiático para un acuerdo de li-bre comercio, su embajador en Chi-le, Hajime Ogawa, afirmó que Japón“espera que se puedan proteger máslos derechos de propiedad intelec-tual. Este es un punto de prioridadpara nosotros”, recalcó.

La Comisión Europea, por suparte, contempla a Chile en su lista-do de naciones que violan los dere-chos de propiedad intelectual, ubi-cándolo en la segunda categoría deprioridades a enfrentar por este mo-tivo. El conjunto de países industria-lizados tienden a tener una posicióncomún para transformar la PI en unaposición monopólica, produciéndo-se entre ellos, al mismo tiempo, con-tradicciones en aspectos específicos.

Fue en la Ronda de Uruguay delAcuerdo sobre Aranceles y Comer-cio (GATT), en 1994, donde los paí-ses desarrollados lograron la posibi-lidad de establecer patentes y dere-chos de propiedad intelectual, obli-gando a los países en desarrollo acumplir determinados requisitos queles impusieron.

Estos hechos nos ayudan a com-prender cómo el carácter negativodel Tratado va adquiriendo diversasformas, que pueden expresarse conmás virulencia en cualquier momen-to. Dadas las desproporcionadas di-mensiones adquiridas por su procesode apertura, la vulnerabilidad de laeconomía chilena es muy grande pe-ro, en cambio, los grandes beneficiosque se anunciaron, por lo general, nose han dado.❑

*Hugo Fazio dirige el Centro de EstudiosNacionales de Desarrollo Alternativo de Chile

(CENDA). Entre otros libros, ha escrito La UniónEuropea y América Latina: una historia de

encuentros y desencuentros. Uniandes-CESO,Bogotá, 2006.

Los defensores de los TLC afirmaron quelos mayores beneficios estarían en la

inversión extranjera, pero para ello seríanecesario ofrecer ventajas adicionales con

respecto a otras regiones o países

“ “Los intereses farmacéuticos son la mayor

influencia sobre la Oficina delRepresentante de Comercio de EE UU,

por lo que no es extraña la inclusión de Chile en la lista roja de la

propiedad intelectual

“ “Los acuerdos de libre comercio


Colom

bia

“Iré a los Estados Unidos yhumildemente daré las

explicaciones necesarias.” Estafrase, pronunciada por el presidenteÁlvaro Uribe Vélez en una rueda deprensa rápidamente montada en la

noche del 19 de abril de 2007,expresa toda la angustia y

preocupación del régimen ente elposible estancamiento de lo que han

llamado “la integración a laglobalización” a través de la firmade un Tratado de Libre Comercio

(TLC) con el país del Norte.

La rueda de prensa a la que hace-mos referencia, así como otraorganizada en Miami un día

más tarde, son un intento del gobiernocolombiano por contrarrestar las cadavez más frecuentes alusiones que so-bre la relación entre el presidente, sushombres de confianza y el paramilita-rismo se hacen en la prensa norteame-ricana y que recientemente provocaronque el ex vicepresidente de los EstadosUnidos Al Gore cancelara su asisten-cia a un encuentro medioambiental pa-ra no coincidir con Uribe Vélez.

Pero, ¿están los Estados Unidosdispuestos a retrasar la firma de un Tra-tado que le representará millones dedólares en comercio y a, de paso, de-bilitar a su mejor socio en la región?Esto no parece posible, sobre todo por-que los norteamericanos saben perfec-tamente cuál es el problema, ya quedurante años lo han tolerado y hasta sehan beneficiado de él.

Capital transnacional y nuevasdinámicas de acumulaciónLos estudiosos del desarrollo del capi-tal están de acuerdo en que asistimos a

Narcotráfico y finanzas mundiales

una nueva fase de acumulación1. Secombinan de forma permanente la so-breexplotación de la fuerza de trabajo,la especulación financiera y el des-arrollo de megaproyectos con la rápi-da y masiva extracción de recursos na-turales: biodiversidad, agua, petróleo,minerales.

En Colombia, la adecuación a es-tas dinámicas comienza a mediados de

los setenta con una particularidad: des-de un inicio, el negocio del tráfico denarcóticos y todo el submundo que és-te genera (ver y vivir la realidad al día,sicariato, corrupción política) fue con-templado como herramienta eficaz tan-to para el desarrollo de la economía co-mo para ejercer un control social a fa-vor de las elites en el poder.

Desde entonces se entrecruzaronlas contrarreformas de corte neoliberaly la eliminación física de miles de per-sonas que trabajaban en procesos so-ciales. Asimismo, se fue produciendouna articulación creciente e integral delpaís en torno a los intereses del capitaltransnacional, con especial acento enel norteamericano.

Primero a la sombra, como algoque da vergüenza, y al final abierta-mente, los entramados económicos,políticos, militares y culturales del nar-cotráfico jugaron, y siguen jugando, desoporte del modelo. La relativa estabi-

Luis Alfredo Burbano*

Representación de la sociedad colombiana

1 Entre otros muchos autores, explican este fe-nómeno Eric Toussaint, Francois Chesnais eIstvan Meszaros.

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Colom

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lidad tanto política como económicadel país no sería explicable sin enten-der el papel del narcotráfico en las tresúltimas décadas.

Fue durante los gobiernos liberalesde Virgilio Barco y de César Gaviria(hoy opositor “constructivo”) cuandose impulsó de forma definitiva una pri-mera ola de medidas legislativas ten-dentes a habilitar las estructuras nacio-nales para la entrada a fondo del capi-tal transnacional: la Ley 9 de 1991 eli-minó el control de capitales y liberó lainversión extranjera; las reformas la-borales (1990 y 2002) flexibilizaron lacontratación laboral y las leyes 100 de1993 y 142 de 1994 abrieron el sectorsocial al control y beneficio del capitalprivado. Además, el Código de Minas(Ley 685 de 2001) entregó a perpetui-dad y a costo cero los recursos del sub-suelo; la Ley de Justicia y Paz (Ley975 de 2005) legalizó a los narcopara-militares y su dinero; y la Ley GeneralForestal (Ley 1021 de 2006) abrió elterritorio y la biodiversidad a los inte-reses transnacionales”2.

Simultáneamente, el terrorismo deEstado permitió la concentración de4,4 millones de hectáreas3, que se reo-rientaron ya para la ganadería extensi-va y los monocultivos de plantación yapara el desarrollo de grandes proyec-tos de construcción de infraestructuras.El Plan 2019 tiene como meta mejorarla focalización del gasto público; re-gular los sectores y el acervo de capi-tal físico incorporando las ultimas ten-dencias tecnológicas; garantizar la co-nectividad de población y empresas amercados y servicios; facilitar la inte-gración al mundo y promover el trans-porte multimodal, la inversión privaday esquemas empresariales modernos,dinámicos y eficientes.

Los cuatro millones de desplazadosque tuvieron la suerte de seguir vivosse trasladaron a las ciudades, causan-

do su presión una baja de salarios. Es-te impacto, unido a las contrarreformaslaborales, ha provocado la pauperiza-ción de la mitad de la población traba-jadora, que gana apenas un salario mí-nimo (algo más de 200 dólares men-suales). Estamos hablando de más deocho millones de personas.

Por otra parte, la economía se “fi-nanciariza” a tono con las tendenciasmundiales, con un sector que ya re-presenta un 25 por ciento de la econo-mía nacional y tiende a crecer, lo quemuestra su supremacía sobre los de-más. Los créditos y el juego de los in-tereses manejan los sectores producti-vos, mientras los nuevos ricos muevenla economía mediante el consumo. Co-lombia vive una crisis de endeuda-miento, pues por causa de los dineroslegalizados y la llegada de “capitalesgolondrina” se ha disparado el consu-mo mediante la vía de los créditos. Pe-ro, ¿podrán pagar estos deudores?

Libardo Sarmiento4 afirma al res-pecto: “El consumo de importados sedisparó. Se logra empatar a Brasil enventa de nuevos vehículos. Casi190.000 carros, pero Colombia conuna población tres veces menor. Dis-parada también la venta de celulares:se duplica año a año (30 millones deusuarios en 2006). Los súper e hiper-mercados, los bancos, los transporta-dores y hasta los impuestos baten mar-cas en ganancias y recaudos.”

El agro y la industria decaen, peroel sector financiero está más vital quenunca. Con la entrada en vigencia delTLC esta tendencia será más marcada,ya que los negociadores del gobiernocolombiano acordaron la entrada ma-siva de productos agropecuarios ybienes de consumo industrial.

El modelo de integración y el papel del TLCDebilitado el movimiento social y laoposición, abierto el país a la inversiónextranjera, reorganizado el régimenque administrará la nueva colonia, seempuja la firma de un TLC con los Es-tados Unidos que no es otra cosa queel colofón de la anexión al país impe-rial y, por esa vía, la tan defendida in-tegración al mundo globalizado.

Al tiempo que acusa a los críticosde parroquiales y antiprogresistas, conun discurso totalmente ideologizadoque proclama el Tratado como la solu-ción a los problemas de empleo, po-breza y desarrollo, el gobierno firma elTLC que debe ser ahora ratificado porlos congresos tanto de EE UU como deColombia. Las previsiones guberna-mentales indican que en octubre deseste año el acuerdo habrá sido ya revi-sado por la Corte Constitucional y ha-brá entrado en vigor.

Los impactos sociales, económi-cos y ambientales son imprevisiblespero ya se empiezan a sentir. El eco-nomista Eduardo Sarmiento5 sostiene

Los posibles puntos de quiebre de este modelo surgen también desdeadentro del mismo: de las disputas

entre las mafias del narcotráfico y de las incontrolables dinámicas

de la economía mundial

“ “El sector financiero representa ya un 25

por ciento de la economía nacional ytiende a crecer en Colombia, que vive una

crisis de endeudamiento

“ “Datos del Departamento Nacional de Planeación.

2 Datos extraídos de la Revista Cepa, nº3,abril de 2007. “Blindaje jurídico del modelode desarrollo forzado”.

3 FLOREZ, Luis Bernardo (2005): “VicecontralorGeneral de la República: Extinción de dominio,reforma agraria, democracia y paz”, en Revis-ta Economía Colombiana, nº 309.

4 SARMIENTO, Libardo (febrero de 2007): “Larumba de la economía colombiana”. DesdeAbajo.

5 SARMIENTO, Eduardo (14 de abril de 2007):“Anticipos del TLC”. El Espectador, Bogotá.



Colom

bia

lo siguiente: “como sucedió con laapertura (1993), las empresas han pro-cedido a sustituir masivamente la pro-ducción de materias primas naciona-les por importaciones. La producciónde cereales se desplomó y la produc-ción de bienes intermedios industria-les evoluciona muy por debajo de losbienes finales y se lleva consigo elempleo. El Producto Interior Bruto(PIB) crece a altas tasas y el desem-pleo aumenta”. Sólo los grandes mo-nopolios pueden sobrevivir en esteambiente de competencia totalmentedesigual.

Lo más inmediato y evidente se-rá la destrucción de amplios sectoresde la producción agropecuaria, conespecial énfasis en los alimentos deconsumo masivo. Ya hoy en día, co-mo resultado de la apertura de losaños noventa, el país está importan-do un promedio de 5,5 millones detoneladas anuales de alimentos.

El gobierno ha tratado de ate-nuar los impactos socioeconómicoscon medidas como el Agro IngresoSeguro o el impulso de una campa-ña masiva de reconversión produc-tiva hacia donde se supone que elpaís es competitivo: cafés especia-les, frutas, productos forestales,carne bovina, palma aceitera y al-gunos derivados lácteos. Pero comosucede con el arroz que se cultivaen el Centro-Sur del país, munici-pios enteros, dependientes de la ca-dena que se deriva de ello, estáncondenados a desaparecer.

Señala la revista Dinero6: “En estedistrito de riego hay 1.700 producto-res, de los cuales 1.300 son propieta-rios de cultivos de menos de 10 hectá-reas. Por eso, el 15 de mayo marcha-ron por las calles de Saldaña para pro-testar contra el TLC. Aún no les cabeen la cabeza que vayan a tener quecambiar una vocación que ha visto cre-cer generaciones enteras y que anual-mente le inyecta al departamento re-cursos por 500.000 millones de dóla-

res, en unas 110.000 hectáreas que secultivan anualmente en 14 municipios.Por eso, algunos creen que si el culti-vo de arroz deja de ser rentable, algu-nas poblaciones como Toca y Ataco seconvertirán en pueblos fantasmas.”

El quiebre del modeloCon un movimiento social y políticoque apenas empieza a repuntar, losobstáculos y posibles puntos de quie-bre de este modelo surgen, por un la-do, desde adentro del mismo: por unlado, de las disputas entre las mafiasdel narcotráfico y, por otro, de las in-controlables dinámicas de la economíamundial, que amenazan con arruinar yvolver aún más caótico este proyectode terror y acumulación de capital.

Durante el año 2006, la economíacolombiana medida como PIB crecióal 6,8 por ciento. Ese mismo año au-mentó el desempleo, mientras que losniveles de pobreza y miseria se man-tuvieron casi estables7.

Actualmente entran grandes canti-dades de dólares a la economía colom-biana, que tiene por principales fuen-tes las siguientes: remesas (cerca de3.000 millones de dólares), legaliza-ción del dinero de los narcoparamilita-res (otros 3.000 hasta la fecha)8 y capi-tales especulativos y volátiles que hanpresionado la revaluación del peso co-lombiano. Son varios los negocios “di-namizados” por dinero narco (cons-trucción, apuestas y parte de los detransporte, comercio e, incluso, salud),hecho que genera a su vez un entrama-do social y político complejo.

Las aspiraciones de poder de la mafiaLo que se ha destapado por ahora delas relaciones entre las mafias narco-paramilitares y ciertos políticos, gana-deros, militares y empresarios es ape-nas la punta del iceberg. Sin embargo,esta mafia no está dispuesta a seguiroculta y lucha por asumir directamen-te el poder. Las denuncias, la filtraciónde información, la entrega de pruebasy los pactos de colaboración son la ex-presión de unas fuerzas regionales queemergen y reclaman su parte del pas-tel después de haber cumplido su tareade asesinato y muerte.

El actual régimen parece estar en-tre la espada y la pared: necesita de unnarcoparamilitarismo que, a su vez,busca salir a flote y sin duda tiene, conlo que sabe, un inmenso poder de ne-gociación. La Ley de Justicia y Paz essólo la cuota inicial de la recompensapor los trabajos realizados pero no essuficiente: quieren ejercer directamen-te el poder y disfrutar de sus capitaleslegalizados.

En esta disputa intestina, EE UU yel capital transnacional tienen todas lasde ganar. Pueden presionar exigiendoy logrando (como ya lo hizo con elTLC) condiciones óptimas de ejercicioeconómico, o forzar al máximo las tresdinámicas de acumulación de capitalcitadas anteriormente.

Siempre se han dado en la Histo-ria fenómenos y procesos que las eli-tes no pueden controlar. No se des-carta una nueva crisis financieramundial ni una rebelión violenta delnarcoparamilitarismo, ni mucho me-nos la irrupción con fuerza del movi-miento social y político colombianoen busca de un gobierno democráticoen sintonía con otros países de la re-gión. De hecho, las movilizaciones yprotestas se multiplican al tiempo queel Polo Democráctico Alternativo po-ne en jaque al gobierno con sus in-vestigaciones y debates sobre la lla-mada “parapolítica”.❑

* Luis Alfredo Burbano pertenece a laCorporación para la Educación, el Desarrollo y

la Investigación Popular - Instituto NacionalSindical (CED-INS) de Colombia.

La mafia narcoparamilitar no estádispuesta a seguir oculta y lucha por

asumir directamente el poder tras haber cumplido con su tarea de

asesinato y muerte

“ “7 Los estudios gubernamentales más optimistas

sitúan la pobreza en un 45 por ciento.

8 Intervención del senador Jorge E. Robledo el14 de marzo de 2007.

6 “Arroceros: La encrucijada del arroz en el Toli-ma”, en Revista Dinero (30 de mayo de 2006),Bogotá.


Bolivi

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Las transnacionales han promo-cionado y alabado la IED con to-dos los medios que tenían a su al-

cance, hasta el punto de que se la ha en-diosado. Los resultados han sido bas-tante óptimos para estas empresas, pueslos primeros en convencerse de sus su-puestas virtudes han sido las elites y oli-garquías locales, que durante los últi-mos 20 años han abierto las puertas delos países del Sur al ejercicio libre yabusivo de las transnacionales.

La lógica subyacente detrás de laIED es clara: los países como los lati-noamericanos no tienen capacidad deahorro interno, así que éste tiene quevenir de afuera. Para que lo haga se ne-cesitan condiciones favorables, segu-ridad jurídica y, desde luego, una bue-na tasa de retorno. Es decir, no sólo de-pende del “paraíso” que un país lespueda brindar, sino también de la exis-tencia de mercados y negocios que po-sibiliten altas ganancias.

Como si la IED fuese un bálsamopara todo, en América Latina se haapoyado, fortalecido y facilitado laatracción de estos capitales hacia las

El flujo de capitales es una de lastendencias principales del

capitalismo actual, orientado haciael control de los recursos naturales

en el Sur. En este sentido, no esexagerado decir que países como loslatinoamericanos o africanos tienensentido para el capital transnacional

sólo y en cuanto proveen dematerias primas a la economía

mundial. El mecanismo paralograrlo es hoy la Inversión

Extranjera Directa (IED).

Descentralizaciones y controltransnacional en Bolivia

economías nacionales a partir de la dé-cada de los 80. En este contexto ope-raron las reformas jurídicas y el cam-bio de políticas de los Estados en la re-gión. Dichas transformaciones seorientaron a impulsar y consolidar elpapel hegemónico de las transnacio-nales: en primer lugar, en el desarrollode industrias extractivas; y en segun-do, en la determinación sobre otras ac-tividades económicas (por ejemplo lasfinancieras); para finalmente hacersecon el control de las ramas estratégicasde la economía y, así, con toda ella.

Las transnacionales, la banca inter-nacional y los Estados serviles impul-saron en su momento la privatización delas empresas estatales (minería e hidro-carburos principalmente). Junto a ellopromovieron la implementación de nue-vos marcos jurídicos acordes y diligen-tes con su actividad. No conformes, sehan dado además a la tarea de soslayarla soberanía nacional, transfiriendocompetencias de potestad exclusiva ypropia del Estado Nacional a gobiernose instituciones “subnacionales”.

Es este proceso el que nos ocupa enel presente, dado que en toda AméricaLatina se impulsa la “descentralización”en diferentes grados de profundidad ycesión de competencias de los nivelescentrales hacia los “intermedios” y lo-cales. Además, la mayoría de los paísesde la región asumen ésta como una me-dida de “democratización” del poder, loque genera un fuerte apoyo popular. Elimpulso del proceso busca la transfe-rencia de competencias que, se indica,no necesariamente deberían estar bajotutela del Estado central o cuya ejecu-ción sería más efectiva en manos de go-biernos subnacionales (departamentos,

provincias o municipios). Sin em-bargo, lo que se pierde de vista esque, junto con competencias de me-nor relevancia, también se transfierela potestad sobre los recursos natura-les, el medioambiente, la inversiónextranjera y otros aspectos que afec-tan a los intereses del conjunto de lasociedad de las diferentes nacioneslatinoamericanas.

La regionalización así entendi-da tiende a achicar aún más a los Es-tados nacionales, reduciendo su ca-pacidad para cumplir, por ejemplo,una de las propias funciones que elmodelo neoliberal le asignó: la “fis-calización” de la economía. Esto esasí en tanto elimina las competen-cias que dan sustento al Estado y lotransforma en un simple ente nomi-nal, sin potestad sobre la soberaníade la nación, el territorio y los re-cursos naturales. Queda demostra-

Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)*

Una nueva vía

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do en el grado de profundidad de lasreformas descentralizadoras de Perú,Chile y Argentina; así como en los im-pulsos “autonómicos” propiciados enBolivia y Ecuador.

Descentralización en Américadel SurA partir de la Ley Marco de Descen-tralización (Ley nº 26922, promulga-

En Argentina, que históricamenteha sido un país federal, los recursos na-turales siempre han estado bajo deter-minación del Estado nacional, al en-tenderse que los mismos deben bene-ficiar a toda la nación. El Senado ar-gentino, sin embargo, al modificar laLey de Hidrocarburos en abril de 2006,dio curso a la denominada “ley corta”,que transfiere a las provincias el “ejer-cicio del dominio originario y la admi-nistración sobre los yacimientos de hi-drocarburos”, así como la capacidad deotorgar “todos los permisos de explo-ración y concesiones de explotación”.

Puede encontrarse este mismo pro-ceso en Chile, donde el Estado se ca-racteriza por otorgar ventajas ampliasa la actividad del capital transnacionaldesde hace mucho tiempo, pues latransferencia de competencias ha lle-gado a su máximo nivel. Baste men-cionar que, en dicho país, es el juez dejurisdicción provincial quien otorga lasconcesiones para la actividad minera,con lo que al Estado sólo le correspon-den los aspectos de legislación generaly abstracta sobre la materia.

En los países en los que el ánimodescentralizador no ha llegado a esosniveles y, por el contrario, las transna-cionales han encontrado resistencia, sehan promovido movimientos autonó-micos. En este sentido, Diego Delga-do Jara1 afirma que en Ecuador: “tanevidente es el propósito de manejar losrecursos naturales de cada jurisdicciónautonómica, que la mejor prueba es elProyecto de Ley Orgánica del SistemaAutonómico. (...) Esta Ley determinaen su artículo 10, relativo a la explota-ción de los recursos naturales, que ‘la

capacidad operativa para asumir lacompetencia (de estos recursos) serádeterminada, a más del gobierno autó-nomo, por el Procurador General delEstado y por el Contralor General delEstado, mediante informes favorablesdebidamente motivados, que seránemitidos dentro de los términos y conlos efectos previstos en la ley’. Ade-más, ‘una vez transferidas las compe-tencias, el Estado Central quedará li-berado de su responsabilidad respectode ellas, la cual corresponderá al go-bierno autónomo’, añade el artículo 12de esta misma Ley”.

En la región venezolana de Zulia(que es precisamente donde se encuen-tra una de las mayores reservas de pe-tróleo del mundo) se ha oído hablar mu-cho también del autonomismo. Dedica-mos el apartado siguiente a Bolivia, elpaís en el que, con seguridad, más avan-zado se encuentra este proceso.

Bolivia y el movimientoautonomistaEn los últimos años el movimiento au-tonomista en Bolivia ha cobrado cuer-po y ha ganado muchas batallas. Trasla demanda de autonomía ha logradoaglutinar a cuatro de los nueve depar-tamentos que tiene el país, en concre-to a Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.No es casual que en dichas regiones sehallen las mayores reservas de hidro-carburos y recursos forestales.

Ciertamente, existen sobrados mo-tivos para que la población de dichosdepartamentos se sienta identificadacon estas demandas, pues el “EstadoCentralista”, como se lo denomina, haolvidado prácticamente esas regiones,llegando al extremo de concentrar yburocratizar hasta los trámites más sen-cillos en la sede del gobierno, en LaPaz. Junto a las demandas de descen-tralización de este tipo de asuntos, sinembargo, las elites regionales y pro-transnacionales aprovechan para soli-citar cambios en otras cuestiones quesocavan el dominio del Estado y au-mentan la predominancia del capitaltransnacional.

El primer elemento que demuestraesta socavación del Estado lo encon-

La mayoría de los países de la regiónasumen la descentralización como una

medida que ‘democratiza’ el poder, lo quegenera un fuerte apoyo popular

“ “

da en febrero de 1998 y posteriormen-te reglamentada por el Decreto Supre-mo Nº 010-98-PRES) se crearon losConsejos Transitorios de Administra-ción Regional (CTAR), entre cuyasprincipales “competencias y funcio-nes” se encuentra la siguiente: “Pro-mover la ejecución de inversiones pri-vadas de alcance departamental y sucomplementación con las inversionespúblicas, participando en las accionesa las que hace referencia la normativi-dad sobre promoción de inversionesprivadas (identificación de estudios,proyectos e infraestructura a ser cedi-dos para su ejecución y explotación alsector privado)”. Una revisión some-ra de la Ley Marco para el Crecimien-to de la Inversión Privada en Perú de-muestra que éste es sólo un gran para-guas para que la autoridad efectiva delos recursos naturales quede en manosde las regiones.

1 Delgado Jara es doctor en Jurisprudencia y pro-fesor de Derecho Económico de la Universidadde Cuenca (Ecuador). Es autor de varios librossobre deuda externa y el Plan Colombia.


Bolivi

a

tramos en que estas regiones hayan lo-grado imponer un Referéndum Auto-nómico vinculante para la AsambleaConstituyente. El segundo elemento serefleja en la elección de prefectos de-partamentales: son los mismos que conanterioridad representaban al gobiernocentral y, ahora, se han convertido ensus opositores y en los prin-cipales promotores de la au-tonomía.

Otro de los logros delos defensores de la regio-nalización es el Decreto Su-premo 28421, mediante elque han conseguido que lamayor parte del reciente-mente aplicado ImpuestoDirecto a los Hidrocarburos(IDH) fluya a las arcas re-gionales. En la misma línease encuentra la Ley 3065,una normativa de tres artí-culos sintéticos cuyo únicofin es transferir competen-cias nacionales sobre hi-drocarburos a la autoridaddepartamental:• Artículo 2º. “Se dispone

que la Prefectura de Ta-rija inicie de inmediatolas acciones que seannecesarias para la capta-ción de inversiones na-cionales y externas y elasentamiento de ellas enel territorio de este De-partamento, para la implementa-ción de proyectos vinculados al usoy/o transformación del gas natural,como la instalación de termoeléc-tricas, plantas de fertilizantes, plan-ta de diesel sintético, gas compri-mido para vehículos y otros que seestimen convenientes”.

• Artículo 3°. “Se autoriza a la Pre-fectura del Departamento de Tari-ja a constituir sociedades públicasy/o mixtas para llevar adelante em-prendimientos empresariales comolos señalados en el artículo prece-dente y también los vinculados a laexportación de gas natural, de mo-do que las utilidades generadas porellos puedan ayudar a financiar las

tareas del desarrollo departamen-tal. Para este efecto se podrán asig-nar parte de las regalías percibidaspor la explotación de hidrocarbu-ros, debiendo contarse con la res-pectiva aprobación del ConsejoDepartamental”.Si bien los resultados del referén-

dum sobre las autonomías departa-

mentales (2006) indican que la ma-yoría de los bolivianos han votado porel No, el hecho de que el Sí vencieraen Santa Cruz, Tarija, Beni y Pandoha generado un escenario político enel que resulta ineludible que la Asam-blea Constituyente aborde el tema. Enefecto, hoy en Bolivia ya no se discu-

te si se avanza o no por es-te camino, sino simple-mente cómo van a ser lasautonomías resultantes,qué carácter tendrán, quétipo de competencias y enqué grado de profundidadasumirán éstas.

Las elites que impulsanlas autonomías (ubicadasen el Oriente del país) noestán dispuestas a cejar ensu objetivo y, ante tal acti-tud, el gobierno de EvoMorales sólo atina a con-traponer su propuesta deautonomías indígenas, pro-vinciales, etc. y a enredarseen los aspectos administra-tivos de la conformaciónautonómica. Esto últimohace perder de vista la ten-dencia subyacente en todoel proceso: el debilitamien-to, cuando no la destruc-ción, del Estado Nacionalcomo un medio tambiéneficaz para la penetraciónde la inversión extranjera.

Hace ya varios años que comenza-ron las exigencias autonomistas en elpaís y se puede ver claramente tanto laconstancia como la astucia de sus pre-cursores. Con esos antecedentes, esmuy posible que éstos se conformencon que la Constituyente consagre losavances conseguidos hasta ahora; pe-ro no será de extrañar que, inmediata-mente concluida la misma, aumentensus exigencias o incluso transformensu movimiento en uno separatista.❑

* El CEDIB es una organización que copia,sistematiza y difunde información sobre Bolivia.Persigue que la toda población tenga acceso a

los canales de información y documentación paraque pueda participar de forma competente en la

construcción del país.

No sería de extrañar que los precursoresdel autonomismo aumentasen susexigencias o incluso transformasen su movimiento en uno separatista

“ “En este proceso de conformación

autonómica subyace el debilitamiento delEstado y la penetración de la inversión

extranjera

“ “

Una nueva víaO

scar

Hol

guín


Ecuado

r

Esto se ha logrado a pesar deque los sectores de derechasno han dado ni un sólo minuto

de tregua. Saben que está en juego eldestino de las políticas públicas y ladireccionalidad de la acción estatal,pero fundamentalmente les preocupala construcción de una nueva hege-monía que cambie demanera radical la situa-ción del país.

El mapa político elec-toral de Sudamérica se hamodificado sustancial-mente, pues, más allá dela tesis de las dos iz-quierdas, los gobiernosque han ganado o han si-do reelegidos en Vene-zuela, Brasil, Uruguay,Argentina, Bolivia yEcuador marcan un vira-je claro. Quizás esto nose debe tanto, hasta hoy,a su ruptura con los me-

El triunfo de Rafael Correaconstituyó no sólo una victoria

personal sino de un conjunto deactores y esfuerzos individualesdirigidos a impedir el acceso al

poder de Álvaro Noboa. Sinembargo, los primeros meses de

gobierno le han permitido definir unespectro político propio que en estemomento le posibilita superar el 84

por ciento de popularidad, cifra queningún gobierno había logrado en

los 27 años que dura el últimoperiodo democrático.

La patria vuelve1: una posibilidad paraconstruir una nueva hegemonía

Lectura del gobierno de Rafael Correa

canismos implementados por las polí-ticas neoliberales sino a los plantea-mientos político-ideológicos, los pro-yectos de compensación social, la re-cuperación de la función planificado-ra del Estado, la perspectiva de las po-líticas públicas y, sobre todo, un dis-curso integracionista que desafía la su-premacía de Washington.

No es posible avanzar en la inte-gración sin discutir un aspecto medu-lar: las asimetrías entre los países y elestablecimiento de una vía que incor-pore los ritmos distintos de cada una delas economías, algo sólo posible si nose acepta como única la lógica del mer-cado. También es necesario que exis-tan factores materiales que lo posibili-ten, para lo que los acuerdos energéti-cos pueden resultar cruciales. De he-cho, los compromisos logrados entrePetrobrás y el gobierno boliviano con-dicionaron la negociación con el resto

de transnacionales y, de la misma for-ma, los acuerdos de cooperación parael refinamiento de petróleo entre Ve-nezuela y Ecuador golpean a podero-sos grupos nacionales asociados conempresas internacionales que habíanmonopolizado la importación de com-bustibles y gas.

Alternativas al FMI y el BM Iniciativas como el Banco del Sur pre-tenden no sólo hacer frente a la arqui-tectura financiera establecida por elFondo Monetario Internacional (FMI)y el Banco Mundial (BM), sino bási-camente discutir un nuevo modelo deintegración regional que pueda incidiren la forma en que nuestros países serelacionan con los organismos multi-laterales.

Como dice el ministro de Economíay Finanzas Ricardo Patiño2: “En los ac-tuales tiempos, el dominio de los capi-

tales monopólicos inter-nacionales no se da sólo através de la hegemoníamilitar sino también me-diante las finanzas, quepueden ordenar o someteral mundo. Los organis-mos internacionales comoel FMI y el BM han cum-plido con ese rol. Liberar-nos demanda la constitu-ción de nuevas relacionesfinancieras internaciona-les, por eso, desde antesde iniciar el gobierno yaconversamos con países

Virgilio Hernández Enríquez*

2 Entrevista realizada por Virgi-lio Hernández para la Revis-ta Entre Voces, mayo de2007.

1 Eslogan de campaña deAlianza País. E

lena

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Ecuado

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de América Latina para crear el Bancodel Sur y posiblemente también el Fon-do del Sur. El primero tendría como ob-jetivo financiar proyectos nacionales einternacionales de desarrollo, integra-ción, infraestructura productiva; y elFondo del Sur financiar o atender losproblemas de la estabilidad macroeco-nómica. Estas alternativas todavía lasestamos discutiendo entre seis paíseshermanos de América Latina (Argenti-na, Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezue-la y Ecuador), pero estamos convenci-dos de que en este año vamos a podercontar, esperamos por lo menos, con elBanco. Estas iniciativas nos van a per-mitir utilizar nuestros propios ahorros,hoy depositados en la banca del Norte,para el desarrollo. Será como una espe-cie de cooperativa inmensa de los paí-ses del Sur para liberarnos de esa arqui-tectura internacional construida para ladominación”.

La existencia de un bloque comer-cial a partir del Mercosur o de enten-dimientos con otros bloques subregio-nales puede reconfigurar también elcomercio con el resto del mundo. Estecambio es fundamental no tanto por losbeneficios mutuos como porque ali-menta un imaginario distinto, que es-tablece nuevas condiciones y modifi-ca el cómo nos hemos mirado los lati-noamericanos, es decir: podría con-vertirse en una ruta de escape de “nues-tro destino manifiesto”. Incluso desdeantes de su toma de posesión, RafaelCorrea alimentó las potencialidades dela unión sudamericana a través de via-jes presidenciales, acuerdos energéti-cos y en otras áreas con Venezuela,vínculos comerciales con Chile y apo-yo de Argentina para la recompra de ladeuda, así como la posibilidad de fi-nanciamiento para obras de infraes-tructura con Brasil e incluso el envíode ayuda a Bolivia para hacer frente alas inundaciones.

En los primeros meses el gobiernoha concretado algunas de las propues-tas realizadas durante la campaña elec-toral que permiten paliar graves pro-blemas de exclusión y marginación altiempo que aseguran la construcción deuna base de sustento social al régimen

de Alianza País. Ésta llegó al poder sinacuerdos con las organizaciones socia-les o políticas de la tendencia, a excep-ción del logrado con el Partido Socia-lista y ciertos sectores sociales que his-tóricamente han tenido relación con di-cho partido. Entre estas propuestas seencuentra la duplicación del bono dedesarrollo humano a 30 dólares y delbono de la vivienda (de 1.800 a 3.600dólares americanos); así como la re-programación de las deudas de los pe-queños campesinos y la propuesta demicrocréditos, un poderoso mecanismode sustentación social para los sectoresmás pobres y medios de la población.

Si bien es cierto que estas medidasson continuidad de otras emprendidasen el pasado, la diferencia radica en laarticulación y sentido que se busca dara las mismas: “salir del asistencialismo,que ha conducido a relaciones cliente-lares, hacia el desarrollo social, a unapolítica que promueva este desarrolloy construya ciudadanía”3. Además elgobierno ha acompañado la adopciónde estas medidas con el debate sobre laredistribución, como la propuesta de re-forma tributaria para rebajar del IVAdel doce al diez por ciento y el incre-mento de otros impuestos (consumosespeciales, patrimonio y consumo sun-

tuario), ambas calificadas de “populis-tas”, al parecer el nuevo adjetivo demoda para las acciones que escapan ala lógica neoliberal.

Un aspecto que no se puede sosla-yar es el buen manejo mediático delpresidente y su entorno. El eslogan dela campaña oficial, “el fin de la larganoche neoliberal ha llegado, la patriaya es de todos”, revela que las causasestructurales de la desigualdad y la po-breza no sólo se deben a la corrupciónde anteriores gobiernos, sino funda-mentalmente al modelo económico.

Estado y descentralizaciónLos partidos de la derecha y los gruposoligárquicos mafiosos saben que estáen juego la capacidad de revertir me-diante decisiones públicas la fuerza delos sectores tradicionales que han pri-vatizado al Estado. El neoliberalismo,al margen de su grado de implantación,ha mantenido su fortaleza tanto por ha-berse institucionalizado en la Consti-tución y en el andamiaje jurídico-polí-tico como por haber logrado darle co-herencia discursiva a los requerimien-tos de “modernización” y a la búsque-da de salidas individuales frente a lacrisis de la mayoría de la población.

Según este razonamiento, el Esta-do se había convertido retóricamenteen la causa de los problemas y, porende, parecía coherente la disminu-ción de sus funciones y roles. La pri-vatización emergía como la soluciónúnica posible y para hacer frente alparo se generaba un fuerte discursosobre los nuevos microempresarios ylas potencialidades de la economíainformal. Paulatinamente se esfuma-ron las responsabilidades de cohesiónsocial por parte del Estado y la dis-cusión se trasladó a la eficiencia delos programas de compensación so-cial; en los grandes foros se discutíaperversamente sobre la necesidad deque el Estado privilegie recursos pa-ra la educación básica antes que paralas universidades.

La descentralización impulsadadesde los bancos multilaterales se plan-teó como una condición para el trasla-do de competencias del Estado hacia

El Banco del Sur y el Fondo del Surserán como una cooperativa inmensa para liberarnos de esa

arquitectura internacional construida para la dominación

“ “La existencia de un bloque comercial

alimenta también un imaginario distinto,que podría convertirse en una ruta deescape de ‘nuestro destino manifiesto’

“ “

3 Entrevista a Jeaneth Sánchez, ministra de Bien-estar Social. Revista Entre Voces, nº 10, enerode 2007.

Una nueva vía


Ecuado

r

los municipios. Así, elInforme sobre el Des-arrollo Mundial 1997del BM dice en su pre-facio: “el desarrolloexige la existencia deun Estado eficaz, queactúe como cataliza-dor y promotor, alen-tando y complemen-tando las actividadesde las empresas priva-das y de los indivi-duos. No cabe duda deque el desarrollo pro-movido por el Estadoha sido un fracaso”.Posteriormente, elmismo documento ar-gumenta la necesidad de que el Estadoajuste sus funciones y replantee sus ro-les en función de su capacidad; insisteen que establezca como misión el fun-cionamiento de los mercados e inclu-ye una visión instrumental de procesoscomo la descentralización o la partici-pación ciudadana.

Poco a poco la integración al mer-cado mundial sustituyó la función pla-nificadora del Estado, se pusieron demoda por disposición legal los planesestratégicos, convertidos en metodolo-gía y carentes precisamente de estrate-gia. A pesar de la resistencia de mu-chos sectores, este conjunto de progra-mas impuestos se generalizó. Ahoraesos cimientos son cuestionados y lospartidos que históricamente han de-fendido este modelo y se han benefi-ciado de él sufren un profundo dete-rioro. Ese es el motivo por el que tra-taron de frenar el avance de la Consul-ta Popular4 y de una nueva AsambleaNacional Constituyente, pues sabenque después de las próximas eleccio-

nes el mapa político puede cambiar de-finitivamente y que la próxima Cons-titución podrá revisar los principios bá-sicos de la economía y revaluar el pa-pel del Estado como elemento centralen la construcción de mecanismos deredistribución, reconocimiento y co-hesión social.

La construcción del campodemocráticoSegún Gramsci, para que una fuerzasea hegemónica tiene que ser domi-nante y a la vez dirigente, construyen-do un amplio espectro que sustente losprocesos de cambio. Alianza País hatenido el mérito de enfrentarse a la de-recha tradicional y a las fuerzas de lapartidocracia, sin embargo, su relacióncon los sectores de izquierdas ha sidotensa y buscando su subordinación. Es-ta circunstancia puede deberse a dosfactores: en primer lugar, a una iz-quierda formal incapaz de escapar al

juego del reparto insti-tucional conjuntamen-te con la derecha y elpopulismo mafioso; y,en segundo, a las cir-cunstancias propias delproyecto MovimientoPaís, que hoy tiene queatender al reto de go-bernar, sin posibilidad,hasta el momento, deuna construcción porfuera de los principalescuadros que hoy ocu-pan las más altas fun-ciones del Estado.

Existen grandesposibilidades detransformación, pero

éstas pasan necesariamente por es-tablecer un generoso cauce demo-crático y por la voluntad política pa-ra desarrollar una amplia plataformaorganizativa y programática. Deigual forma, la constitución de unPartido-Frente, no único pero si uni-do, requiere de otras posibilidadesde relación entre las distintas fuer-zas políticas y sociales. Incluso ladisputa territorial por las autonomí-as demanda escapar de la polariza-ción con las autoridades del Guayasy abrir otros escenarios de organi-zación del Estado inequitativo y dis-criminatorio, involucrando a alcal-des y prefectos del resto del país.

Es urgente, por tanto, que el con-junto de fuerzas del campo democráti-co y el gobierno de Correa construyanun amplio espectro que fortalezca unanueva hegemonía y cree nuevas pers-pectivas sociales, éticas, económicas ypolíticas. La Constituyente cobra granimportancia para ello, pero no se tratade discutir sólo un nuevo diseño insti-tucional, sino lograr desprivatizar lapolítica y generar las condiciones parala democratización integral de la so-ciedad como condición para construirun socialismo que, parafraseando aMariátegui, no podrá ser copia o calcosino creación heroica.❑

* Virgilio Hernández Enríquez es profesor de laPontificia Universidad Católica del Ecuador

(PUCE) y miembro de Alternativa Democrática.

El gobierno ha propuesto rebajar delIVA e incrementar otros impuestos

(patrimonio, consumo suntuario, etc.), lo que ha sido calificado de populista,

adjetivo de moda para lo que escapa a lalógica neoliberal

“ “4 Los partidos de derecha intentaron impedir larealización de una Consulta Popular en abril de2007, en la que se preguntaba a la ciudadaníasi estaba de acuerdo con la convocatoria deuna Asamblea Nacional Constituyente de ple-nos poderes. El Sí triunfó con el 82 por cientode los votos frente al 12 por ciento del No. Laselecciones para asambleístas se realizarán el30 de septiembre de 2007 y para poder inscri-bir las candidaturas éstas deberán estar res-paldadas por un 1 por ciento de firmas.

Ele

na P

érez


Recur

sos

-Agencia Internacional de la Energía(AIE): www.iea.org

-Banco Mundial: www.bancomun-dial.org

-Comisión Económica para AméricaLatina y Caribe (CEPAL):www.cepal.cl

-Conferencia de las Naciones Unidassobre Comercio y Desarrollo(UNCTAD): www.unctad.org

-Fondo Monetario Internacional:www.imf.org

-Global Compact (Pacto Mundial):www.unglobalcompact.org ywww.pactomundial.org

-Observatorio Economía Latinoameri-cana: www.econolatin.com

-Organización Mundial del Comercio:www.wto.org

-Real Instituto Elcano: www.realinsti-tutoelcano.org

-Somos Mercosur: www.somosmerco-sur.org

OMAL*

-Acción Ecológica (Ecuador):www.accionecologica.org

-Centro de Acción Laboral y Aseso-ría Sindical - CILAS (México):www.cilas.org

-Centro de Documentación e Informa-ción sobre Bolivia - CEDIB (Boli-via): www.cedib.org

-Centro de Investigación sobre Inver-sión y Comercio - CEICOM (ElSalvador): www.ceicom.net

-Centro de Investigaciones Económicasy Políticas de Acción Comunitaria -CIEPAC (México): www.ciepac.org

-Centro para la Defensa del Consumi-dor (El Salvador): www.cdc.org.sv

-Grupo de comunicación de los movi-mientos sociales de Brasil:www.brasildefato.com.br

-Monitor de IFIs en América Latina(Uruguay): http://ifis.choike.org/esp

-Observatorio de la Deuda en la Glo-balización - ODG (Estado espa-ñol): www.debtwatch.org

-Observatorio Latinoamericano deConflictos Ambientales - OLCA(Chile): www.olca.cl

-Observatorio Social (Brasil):www.observatoriosocial.org.br

-Observatorio Social de América Lati-na (Argentina): http://osal.clac-so.org

-Observatorio Social de EmpresasMultinacionales, Megaproyectos yDerechos Humanos (Colombia):www.observatoriocolombia.info

Observatorios y centros dedocumentación:

Redes y campañas:

Instituciones y organismos:-Alianza Social Continental: www.asc-

hsa.org-Campaña ¿Quién debe a Quién?:

www.quiendebeaquien.org-Campaña de Afectados por Repsol:

www.repsolmata.info-Campañas contra Coca-Cola:

www.cokewatch.org y www.ki-llercoke.org

-Cono Sur Sustentable: www.conosur-sustentable.org

-Contra los Acuerdos Económicosde Asociación UE-ACP:www.epa2007.org

-Enlazando Alternativas: www.alter-nativas.at

-Jubileo Sur: www.jubileesouth.org -La ir-responsabilidad social de Unión

Penosa: www.unionpenosa.org-Movimiento de los Trabajadores

Rurales Sin Tierra de Brasil:www.mst.org.br

-Oilwatch: www.oilwatch.org-Red Colombiana de Acción frente al

Libre Comercio y el ALCA:www.recalca.org

-Red Latinoamericana contra las Re-presas: www.redlar.org

-Red Mexicana de Acción frente al Li-

bre Comercio: www.rmalc.org.mx -Red por una América Latina Libre de

Transgénicos: www.rallt.org -Tribunal Permanente de los Pueblos -

Capítulo Colombia: www.tppco-lombia.info

-Vía Campesina: www.viacampesi-na.org

-Public Services Internacional Rese-arch Unit (Reino Unido):www.psiru.org

-Transnational Institute (Holanda):www.tni.org

* Observatorio de Multinacionales en AméricaLatina. www.omal.info

Recursos

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