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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

TRIBUNAL PARA LA PAZ

SECCIÓN DE APELACIÓN

Auto TP-SA 193 de 2019

En el asunto de Wendi Yisela Burgos Rivera

Bogotá D.C., 5 de junio de 2019

Expediente No. 2018340160500024E1

Asunto:

Apelación de la Resolución SAI-N-002-2018, mediante la cual la

SAI decretó la nulidad del trámite y requirió información

Fecha de reparto 12 de abril de 2019

La Sección de Apelación (SA) del Tribunal para la Paz resolverá la impugnación

presentada por la Procuradora Primera Delegada para la Investigación y Juzgamiento

Penal con funciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra la Resolución

SAI-N-002-2018, proferida el 21 de diciembre de 2018 por la Sala de Amnistía o Indulto

(SAI), por medio de la cual decretó la nulidad de lo actuado, inclusive hasta la resolución

que declaró cerrado el trámite.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1. Wendi Yisela BURGOS RIVERA2, quien dice ser ex integrante de las FARC-EP,

solicitó ante la SAI el beneficio de amnistía respecto de los delitos por los cuales está siendo

procesada en la jurisdicción penal ordinaria, y que se refieren a su participación en una

emboscada contra miembros del Ejército Nacional, de la cual resultaron dos soldados

muertos y uno herido. El despacho sustanciador de la SAI avocó conocimiento de la

petición y requirió la ampliación de información sobre algunos aspectos relevantes para

tomar decisión de fondo, pero se abstuvo de notificar a las víctimas por considerar que los

delitos constituían, prima facie, acciones lícitas de guerra, cuyos destinatarios no podían

considerarse víctimas. A pesar de no recibir todos los documentos requeridos, el

magistrado ponente estimó suficiente la información allegada, y procedió a declarar

cerrado el trámite y presentar proyecto de resolución ante la plenaria de la SAI. La mayoría

1 Radicado Orfeo 20181510084102. 2 Wendi Yisela BURGOS RIVERA se identifica con la cédula de ciudadanía 1.060.207.363.

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de integrantes de dicho organismo consideró que el proceso estaba viciado por no

habérseles corrido traslado a las víctimas, ni haber esperado al arribo de las diligencias

pedidas que no habían llegado. En consecuencia, decidieron declarar la nulidad de lo

actuado y retrotraer la actuación inclusive hasta la resolución que declaró el cierre del

trámite, a efectos de que la Secretaría Ejecutiva nombrara un representante de víctimas y

la Fiscalía remitiera copia de las piezas procesales faltantes. El Ministerio Público apeló

parcialmente la decisión al considerar que se presentó configuración de un exceso ritual

manifiesto, consistente en la demanda de exigencias no previstas en la ley para resolver

solicitudes de amnistía. La SA confirmará parcialmente la decisión.

II. ANTECEDENTES

2. El 13 de abril de 2018, Wendy BURGOS RIVERA, por intermedio de apoderado,

solicitó ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá,

acogerse a la JEP. Dicho Juzgado conocía de la causa penal en su contra por la presunta

comisión de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y simultáneo con

tentativa de homicidio agravado, en concurso heterogéneo con hurto calificado agravado

y rebelión3. La autoridad judicial ordinaria dispuso la suspensión del trámite –en etapa de

juicio4– y el envío de la actuación con destino a la JEP, la cual fue recibida en esta

Jurisdicción el 19 de abril de 2018.

3. Mediante Resolución de Ponente SAI-AAM-PMA-015-2018, proferida el 25 de julio

de 2018, la SAI avocó conocimiento del asunto para efectos de la amnistía y ordenó, entre

otros, lo siguiente: (i) requerir a la solicitante para que amplíe la información respecto de

su petición y ratifique el poder otorgado a su representante; (ii) oficiar al Juzgado de

conocimiento para que informe el estado del proceso penal adelantado contra la

peticionaria y remita el expediente completo a la JEP; (iii) oficiar a la Oficina del Alto

Comisionado para la Paz (OACP) para que informe si Wendi BURGOS RIVERA se

encuentra acreditada como integrante de las FARC-EP; (iv) requerir a la Fiscalía General

de la Nación para que informe sobre las indagaciones, investigaciones y procesos a los que

BURGOS RIVERA se halla vinculada como indiciada o procesada, y (v) una vez se

3 Expediente remitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, bajo radicación

180016000000201500001. Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en la vereda La Novia, municipio de Curillo, Caquetá,

el 21 de diciembre de 2010, y la Fiscalía General de la Nación los sintetizó así: “[…] la indiciada en calidad de coautora y con

otros miembros del frente 49 de las FARC, emboscaron a una patrulla de soldados [perteneciente al Batallón de Infantería No.

34 “Juanambú”] y asesinaron a dos de ellos y uno resultó lesionado”. Afirmación realizada por la Fiscalía Segunda Delegada

ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, en audiencia preliminar celebrada el 1 de

octubre de 2014 en Mocoa, Putumayo. Citada por la SAI en la Resolución SAI-RT-PMA-103-2018. Ver C. JEP. fl. 118. 4 Adelantada la audiencia preparatoria (folios 44 a 47 del expediente remitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito

Especializado de Florencia, Caquetá, bajo radicación 180016000000201500001) se programó audiencia de juicio oral.

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conozcan los procesos adelantados en su contra, comisionar a los juzgados ordinarios para

que comuniquen a las víctimas identificadas la resolución que avocó conocimiento5.

4. En sesión ordinaria del 25 de octubre de 2018, el despacho sustanciador presentó

proyecto para fallo, pero la SAI por mayoría se abstuvo de decidir, tras considerar que la

ponencia no se ajustaba al procedimiento aplicable para tramitar asuntos como el de

BURGOS RIVERA, ya que en su concepto el régimen pertinente era el previsto en la Ley

1922 de 2018. En consecuencia, le ordenó al despacho surtir las etapas procesales allí

previstas antes de suscribir nuevamente el proyecto. Quien había fungido como ponente,

salvó el voto6, pero atendiendo la anotada instrucción, el 15 de noviembre de 2018 emitió

la Resolución SAI-RT-PMA-162-2018, por medio de la cual declaró cerrado el trámite y

ordenó correr traslado a las partes interesadas por el término de 5 días hábiles, a efectos

de que se pronunciaran sobre la posible amnistía y sus anexos7.

5. El despacho sustanciador presentó nueva ponencia para ser discutida el 21 de

diciembre de 2018, pero la mayoría de la SAI, por medio de la Resolución SAI-N-002-2018,

resolvió declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer la actuación inclusive hasta la

resolución SAI-RT-PMA-162-2018. En concepto de la SAI, el expediente en el asunto de

BURGOS RIVERA seguía incompleto porque no se había recibido informe de parte de la

Fiscalía General de la Nación. Tampoco obraban las constancias de comunicación y

traslado a las víctimas identificadas en el proceso penal ordinario, por lo que estas no

habían tenido oportunidad de participar en el trámite de la amnistía. Además de decretar

la nulidad, la Sala ofició a la Secretaría Ejecutiva de la JEP para que designara un

profesional del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) en representación de las

víctimas de BURGOS RIVERA. Igualmente, señaló que a este último funcionario debía

notificársele la Resolución SAI-AAM-PMA-015-2018 una vez fuera designado como

representante. En palabras de la Sala,

[E]l despacho sustanciador no cumplió con el procedimiento establecido en los artículos 45

y 46 de la Ley 1922 de 2018, toda vez que procedió a declarar el cierre del trámite sobre el

5 C. JEP. fls. 4 a 5. Algunas de estas órdenes fueron reiteradas por el despacho sustanciador en la Resolución de Ponente

SAI-RT-PMA-103-2018, puesto que no fue posible contactar a la defensora de BURGOS RIVERA, ni se obtuvo respuesta

por parte de la interesada en comparecer. 5 JEP. Salas de Justicia. Sala de Amnistía e Indulto. Resolución de ponente SAI-

RT-PMA-103-2018. Atendiendo estas circunstancias, el magistrado ponente notificó y requirió a otro abogado quien,

según el expediente penal, también había defendido a BURGOS RIVERA, y requirió a