Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres ...

Pilar Larroulet• Catalina Droppelmann• Sebastián Daza • Paloma Del Villar • Ana Figueroa

Informe Final

Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres

Privadas de Libertad en Chile

Informe Final

Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres

Privadas de Libertad en Chile

Pilar LarrouletCatalina Droppelmann

Sebastián DazaPaloma Del Villar

Ana Figueroa

Centro de Estudios Justicia y Sociedad,Instituto de Sociología,Pontificia Univeridad Católica de Chile

Santiago, Abril de 2021

Estudio Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres Privadas de Libertad en Chile

Agradecimientos

Como equipo de investigadores queremos agradecer el financiamiento y apoyo de la Fundación San Carlos de Maipo y la Fundación Colunga, que hicieron posible la realización del estudio Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres Privadas de Libertad en Chile. El estudio contó con aportes adicionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la División de Mujer y Delito de la Asociación Norteamericana de Criminología (DWC-ASC) y del Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerablidad (MLIV). El apoyo de Gendarmería de Chile fue también fundamental para el éxito de este proyecto.

A lo largo de la realización de este informe se contó con un grupo de asistentes de investigación que colaboraron con los análisis presentados en algunos capítulos: Ignacio Borquez, Pía Carozzi, Jacinta Rodríguez, y Javiera Vásquez. A cada uno de ellos le agradecemos su trabajo y compromiso con el estudio. Agradecemos además a Victoria Osorio quien colaboró activamente en la realización del terreno del estudio, a Pía Carozzi por liderar la elaboración de la base de datos que permitió los análisis que se presentan, y a Ignacio Bórquez por constituir un apoyo permanente a lo largo del proceso.

Los nudos críticos fueron discutidos en distintas ocasiones por quienes participaron en el Comité Asesor de este estudio, conformado por Michelle Barahona, Lya Cabello, Carolina Carrera, Sergio Chacón, Olga Espinoza, Ana María Morales, Patricia Pérez y Ana María Stuven. A cada una/o de ellos le agradecemos su tiempo, críticas e ideas. Las propuestas representan, sin embargo, la opinión de los investigadores de este estudio.

Finalmente, no podemos dejar de agradecer a las cinco encuestadoras que con su perseverancia, cariño y profesionalismo hicieron posible este estudio: Marisol Campos, Marcela Galaz, Javiera Muñoz, Patricia Ulloa y Susana Vaccia.

Dedicamos este trabajo a cada una de las mujeres que estuvieron dispuestas a participar y dejarse acompañar durante esos meses posteriores al egreso.

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Prólogo Centro de Estudios Justicia y Sociedad

El objetivo principal del Centro de Estudio Justicia y Sociedad de la Pontficia Universidad Católica es comprender el fenómeno del delito y la exclusión social de manera integral, considerando sus causas más profundas, la respuesta estatal y los procesos de reinserción social. En este marco, la colaboración con Fundación Colunga y Fundación San Carlos de Maipo, ha sido clave en el desarrollo de un Proyecto de investigación inédio y profundamente necesario en nuestro país, a saber el Estudio Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres Privadas de Libertad en Chile. Este estudio, no sólo cumple con altos estándares académicos y de investigación, si no que además tiene una orientación clara hacia el desarrollo de propuestas de política pública.

Globalmente, hay más de 714.000 mujeres y niñas en las cárceles, las que componen el 7% de la población carcelaria mundial, con un aumento significativo de más del 50% desde el 2000 al 2017. En Chile, hay más de 3.000 mujeres privadas de libertad, representando el 8,4% del total de personas en reclusión. Esta cifra sitúa a Chile como el 2do país de América del Sur con la mayor proporción de mujeres privadas de libertad (8,4%), solo superado por Guyana Francesa (con 9,9%).

La criminología se ha centrado desde sus orígenes en explicar el comportamiento desviado de los hombres, ignorando la particularidad de las mujeres y asumiendo que los procesos y experiencias de la población masculina aplican también a la población femenina. En este contexto, y como consecuencia del patriarcado, las mujeres en el mundo del delito son invisibilizadas, lo que redunda en la dificultad del proceso de reinserción tras su paso por la cárcel.

La información relevada a través del presnete estudio pretende visibilizar a las mujeres que salen de la cárcel en nuestro país, dando cuenta de sus vulnerabilidades y necesidades específicas en el ámbito de la reinserción social. Asimimo, permite dar cuenta de las dificultades de dicho proceso y del rol que debiesen cumplir no sólo las instituciones del Estado, sino tambien la sociedad civil en su conjunto.

Esperamos que esta publicación sea un aporte relevante en la generación de conocimiento y en el diseño de políticas penitenciarias con perspectiva de género, con bases sólidas que desafíen las jerarquías de género y de clase, en lugar de hacer que estas mujeres acepten su posición dentro del orden social. Tal como plantea Goodkind (2009), si no se abordan estas desigualdades que han contribuido a la participación de las mujeres en la delincuencia, su involucramiento delictual terminará finalmente perpetuándose.

Catalina Droppelmann

Directora Ejecutiva y de Investigación, Centro de Estudios Justicia y Sociedad Pontificia Universidad Católica.

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Prólogo

Desde la fundación San Carlos de Maipo impulsamos y apoyamos proyectos diversos, pero todos tienen al menos los siguientes propósitos; que lleguen ahí donde el Estado ni los privados hayan logrado encontrar alguna solución, donde se pueda desarrollar evidencia objetiva del problema y/o de la solución y donde también se pueda realizar una incidencia efectiva que mejore las políticas sociales. Nuestra misión es aportar al bienestar de las personas que viven en vulnerabilidad y el camino que tomamos es el de la implementación de programas sociales basados en evidencia y la generación de información sólida que aporte a una mejor toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas, para así apoyar a la construcción de un mejor país para todos.

El estudio de Reinserción, desistimiento y reincidencia de mujeres privadas de libertad que se llevó a cabo por el Centro de Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile cumple con todos los principios antes mencionados. Por una parte, hace presente a un grupo de la población penal que históricamente ha sido invisibilizada por las políticas públicas, no solo porque representa el 9% del total de privados de libertad, sino también porque por el hecho de ser mujeres viven día a día marginadas de la posibilidad de contar con programas sociales e iniciativas que sean específicas para sus necesidades e intereses.

También aporta evidencia objetiva sobre un problema social complejo como lo es el proceso de salir de la cárcel y rehacer una vida. Gracias a este estudio sabemos por un lado las características asociadas al egreso de las mujeres como por ejemplo sus datos demográficos, tipo de trayectoria delictiva, estado de salud, su motivación por el trabajo, las redes de apoyo con las que cuentan (o no) y las dificultades que a priori se les presentan para reinsertarse socialmente hasta 1 año de haber egresado. Este estudio refleja con claridad que el problema de la reinserción y la reincidencia no es solo responsabilidad de las mujeres que egresan, sino sobre todo de la falta de programas adecuados a las realidades de las mujeres que terminan su sanción. Sin estos, será muy difícil lograr la disminución de la reincidencia delictual porque no se están abordando eficazmente aquellos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un nuevo delito.

Por último, la solidez de los datos y las conclusiones de este estudio de seguro que serán un aporte en el futuro de las políticas públicas y programas sociales relativos a las mujeres que han sido privadas libertad. Serán iniciativas que incluyan medidas al egreso que ayuden de verdad a la reinserción y al desistimiento como por ejemplo, un trabajo que les permita conciliar la generación de ingresos con el cuidado de sus hijos, la vinculación con redes de apoyo comunal, la solución de temas administrativos simples como sacar el carnet o complejos como recuperar a sus hijos de las residencias de Sename, tratamientos de salud mental y drogas y también que ayuden a que encuentren un lugar seguro donde vivir. Todos aspectos que la literatura internacional ya demostraba como esenciales para disminuir la reincidencia delictual, pero que ahora, y gracias a este estudio, se validan con datos objetivos sobre la realidad local.

José Miguel Guzmán Lyon

Presidente Fundación San Carlos de Maipo

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Prólogo Colunga

En nuestro país, existen grupos y sectores sobre los que se concentran desventajas y barreras de forma completamente injustificada y, por lo mismo, que no hay razón para que pasen por ellas. Vivimos en una sociedad que concentra múltiples desigualdades, en grupos específicos, impidiendo a muchas personas vivir sus vidas en libertad y en el ejercicio de sus derechos.

Dentro de estos grupos que acumulan inequidades sobre sus vidas, las personas privadas de libertad conforman uno de los que más han experimentado desigualdades de origen, y en cuyas trayectorias sociales concentran mayores niveles de segregación, desigualdad y exclusión. Dentro de este grupo, las mujeres son especialmente vulneradas y excluidas. la población femenina enfrenta, además de las barreras de origen -estrato socioeconómico, etnia, etc.-, todas las barreras asociadas a ser mujer en una sociedad machista y patriarcal.

Hoy la política pública pareciera desconocer la realidad particular de ser una mujer privada de libertad en un recinto carcelario. A pesar de los esfuerzos de organizaciones civiles como Mujer Levantate, Abriendo Puertas, Centros Mandela o la Red Acción Carcelaria, los pocos programas de rehabilitación están pensados para hombres, negando las particularidades propias del género.

Las mujeres privadas de libertad han tenido un camino en el que se han vulnerado sus derechos, y se ven nuevamente maltratadas al estar insertas en un sistema que debería ofrecer una nueva oportunidad pero que no reconoce el género como un factor que condiciona distintas intervenciones.

No habrán respuestas efectivas si no entendemos al ser humano que tenemos delante. Si no reconocemos sus caminos de exclusión, como las acciones revictimizan a quienes ya traen una mochila pesada de olvidos y maltrato. Y sobre todo, si no valoramos y damos crédito a sus anhelos y esperanza y les damos herramientas para que puedan transformar sus vidas y puedan transitar los caminos que sueñen.

Esperamos que este estudio, realizado con el máximo rigor profesional por el equipo del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica de Chile, permita iluminar esta realidad que, como sociedad, no queremos ver y construir alternativas de políticas públicas con enfoque de género y de derechos que ofrezcan una alternativa real a las mujeres privadas de libertad y a sus hijos/as para romper circuitos que truncan sus trayectorias de vida.

Arturo Celedón

Director EjecutivoFundación Colunga

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Resumen ejecutivo

Este informe presenta los resultados del estudio Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres Privadas de Libertad en Chile, que tuvo como objetivo describir el proceso de reinserción de mujeres que salen en libertad, identificando los principales obstáculos y facilitadores de la transición al medio libre, y los distintos perfiles de mujeres de acuerdo a sus necesidades de intervención.

Para ello, se invitó a participar a todas las mujeres que, habiendo cumplido una condena privativa de libertad de al menos 30 días, egresaran de las unidades penales de Santiago entre septiembre de 2016 y marzo de 2017. Para ser parte del estudio, las mujeres debían ser de nacionalidad chilena y estar próximas a egresar de la unidad por cumplimiento del total de su condena o por haber accedido a la libertad condicional. En total, el estudio contó con la participación de 225 mujeres, a quienes se les aplicó en total cinco encuestas: una previa a su fecha de egreso, luego una a la semana, a los dos, a los seis, y a los doce meses posteriores al egreso. En cada medición se contó con la participación de entre el 80 y 90% de la población inicial. La mayoría de los análisis que se presentan, sin embargo, se realizaron sobre el total de mujeres que participó en las tres últimas olas (n=169)1.

La edad promedio de las participantes en el estudio es de 36 años, y un 90% tiene al menos un hijo. Poco más del 70% había tenido al menos una condena privativa de libertad previa, y casi la mitad egresaba luego de haber cumplido una condena de hasta 60 días. De manera consistente con lo anterior, cerca del 40% de las mujeres entrevistadas salían luego de haber cumplido una condena de hurto, y un 36% luego de una condena por delitos de droga. 30% egresó bajo el beneficio de libertad condicional.

A continuación, se presentan los resultados centrales de cada uno de los capítulos de este informe.

CARACTERIZACIÓN Y PERFILES

• Heterogeneidadenlapoblación:seidentificarontresperfilesdemujeresenbaseaindicadoresdeinserciónenel mundo delictual. - Un 31% de las mujeres fueron clasificadas en un perfil vinculado principalmente con delitos de drogas, un

inicio tardío en el delito, y una mínima inserción en un estilo de vida delictual (Clase 1). Este grupo tiene, en promedio, mayor edad, presenta menor probabilidad de reportar factores asociados a reincidencia y mayor acceso a herramientas de reinserción.

- Un segundo grupo (Clase 2, 29%) corresponde a un patrón intermedio en términos de involucramiento en el delito, con mayor participación en delitos contra la propiedad, baja identificación delictual pero mayor participación en grupos de pares desviados.

- Finalmente, un tercer grupo (Clase 3, 40%) corresponde a un grupo de mujeres más jóvenes, multi-reincidentes, vinculadas a delitos de hurto, y altamente involucradas en un estilo de vida desviado. Es este grupo quien presenta una mayor identidad delictual y, particularmente, un alto nivel de consumo problemático de sustancias.

• Losresultadosdancuentadelanecesidaddeconsiderarlosdistintosperfiles,susnecesidadesyfortalezas,almomento de pensar en políticas de reinserción.

EXPERIENCIA CARCELARIA Y MOMENTO DEL EGRESO

• Alrededordeunterciodelasmujeresaccedenaeducación(28%),acapacitaciones(37%),yatalleres(41%).41% además reporta haber trabajado en algún minuto durante su condena. La participación en estas actividades

1. Por lo mismo, es relevante considerar las diferencias entre ambos grupos al momento de generalizar los resultados. Estos resultados podrían cambiar parcialmente al considerar el total de las mujeres, o distintos sub-grupos dentro de la población analizada.

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depende, sin embargo, de la extensión condena. Aquellas con condenas menores de 540 días (un año y medio) reportan un acceso significativamente menor a todo tipo de actividad.

• Sibienexisteaccesoaserviciosdesalud,menosdel10%delasmujeresreportahaberparticipadoentratamientode drogas y un quinto en alguna atención de salud mental. Existen también claras diferencias en acceso dependiendo de la extensión de la condena.

• Unamayoríadelasmujeresdeclarahaberrecibidovisitas(88%)ycontarconapoyodelafamilia.Solounterciode las mujeres reporta visita mensual de sus hijos.

• Cercadeun20%delasmujeresreportahabersidovíctimadeviolenciadepartedeotrasinternasodepersonalde gendarmería.

• Respectoalmomentomismodelegreso,losresultadosdancuentadediferenciasrelevantesdeacuerdoaltipode cumplimiento de condena:- Aquellas que egresan bajo libertad condicional reportan haber accedido a mayor información en términos

de derechos y programas disponible y contar con recursos económicos al momento de salir. Si bien en su mayoría sale con luz de día, un 40% reporta no haber tenido nadie que la fuera a buscar.

- Aquellas que egresan luego de haber cumplido el total de la condena cuenta con muy poca información, salen sin tener dinero, y lo hacen, en su mayoría, a medianoche. Ahora bien, sobre el 80% reporta que alguien la fue a buscar.

EMPLEO

• Mujeresquesalenenlibertadlohacenenfrentandoyaunaseriededesafíosentérminosdeempleabilidad:soloun tercio tiene educación media completa, la mitad no contaba con ningún tipo de empleo al ingresar a la cárcel, y, entre quienes habían trabajado, la mayoría lo había hecho de manera informal y en empleos poco calificados. A pesar de esto, un 65% declaraba al salir que tener un empleo sería muy importante para su reinserción, aunque 70% creía que sería difícil obtenerlo.

• 56%buscaempleoenalgúnminutodurantelosprimerosdocemeses,loqueseasociaaunamayorprobabilidadde tener trabajo. Las razones para no buscar se distinguen entre aquellas que indican restricciones (problemas de salud, de cuidado de otros, por tener antecedentes) y aquellas que dan cuenta de una falta de interés de parte de la mujer (no quiere buscar, no lo necesita, o se encuentra delinquiendo).

• Un69%delasmujeresdeclarahabertrabajadoalmenosunavezduranteelperíododeseguimiento,yesteporcentaje aumenta a lo largo de las mediciones. Sin embargo, poco más del 40% de las mujeres declaraba no trabajar en cada medición.

• En términosde tipodeempleosa losqueacceden, estos sonpredominantemente informales ypor cuentapropia. La participación en trabajo dependiente (formal o informal) aumenta si a través de los meses, pasando de un 21% a un 34% entre la medición de dos y doce meses.

• Quienes no trabajan en todo el período (31%) presentan ciertas características: son más jóvenes, tienenmenor educación e historias de desempleo, presentan consumo problemático de drogas, estuvieron presas mayoritariamente por delitos de hurto, y reportan menores niveles de auto-eficacia.

MATERNIDAD

• Mayoríadelasmujeressonmadres(89%),conpromediode2,5hijospormujer.70%deltotaldemujeresteníaal menos un hijo menor de edad al salir en libertad, y ¾ de ellas vivían con alguno de ellos antes de caer presa.

• Losabuelospaternosemergencomounafiguraclaveduranteelencarcelamiento,alproveervivienda,cuidadoy mantención de los hijos de mujeres privadas de libertad. Solo un 16% de los niños menores de edad residen con el padre biológico mientras la madre está encarcelada.

• Apesardelasaltasexpectativasderesidirconsushijos(66%declaraquevivirácontodosellosalsalir),cercadel40% de mujeres no vive con ningún hijo al egreso.

• La familia—principalmente losabuelosmaternos—siguen jugandoun rol centralen losmesesposterioresalegreso, principalmente en términos de cuidado y apoyo económico. La ex pareja también emerge como una figura relevante en el apoyo económico y cuidado de hijos post egreso, aunque en un porcentaje muy inferior al de la abuela materna.

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• Lasmujeresdancuentadeunsentidodeidentidadancladoencuidadodehijos.Alsalir,declaranqueeseserásu rol central. Sin embargo, este rol disminuye en el tiempo, a medida que aumenta el de dueña de casa.

FAMILIA Y VIVIENDA

• Lafamiliaconstituyelafuentedeapoyofundamentalduranteydespuésdelaprivación.Sonfamiliaresquienesentregan ropa y elementos de aseo, han ayudado en la mantención económica de los niños, y quienes han entregado apoyo emocional durante el encarcelamiento. Al egreso, son familiares quienes entregan un lugar donde vivir (al menos 40% vive en casa de algún familiar en cada medición), apoyo económico y emocional y ayuda en el cuidado y manutención de los hijos.

• Sinembargo,paraalgunasmujereslafamiliaemergecomounafuentederiesgodereincidenciadadosupropioinvolucramiento en delito (57% reporta al menos un familiar actualmente preso), o por haber experimentado violencia durante la infancia o adultez (69% reporta algún episodio de violencia de pareja, 45% violencia física o sexual siendo menor de edad). En los meses posteriores al egreso, poco más de un tercio de las mujeres reporta que algún integrante del hogar tenía problemas de consumo de sustancia, y cerca de la mitad vivir con alguien que sigue involucrado en delito. Alrededor de un quinto reporta peleas frecuentes en el hogar donde vive.

• Mujeresjóvenes,conconsumodedrogas,multireincidentes,yconhijosmenoresdeedadsonquienesreportanmayores niveles de conflicto y menor soporte familiar.

• Respectoalavivienda,menosdeunterciodelasmujeres(28%)reportahaberpermanecidoenunmismolugarde residencia en el total de los meses.

• Lainestabilidadresidencialesmayorenmujeresjóvenes,conconsumodedrogas,yquereportanmayorconflictofamiliar. Aquellas con hijos mayores o quienes cuentan con un hogar propio reportan, en promedio, un menor número de viviendas en el período.

SALUD

• Lasmujeresreportanunaaltaprevalenciadeproblemasdesaludfísica(66%reportahabersidodiagnosticadacon alguna enfermedad crónica), que coincide con alta demanda por servicios de salud.

• Elaccesoasaludenelmediolibreseconcentraenatenciónmédicaporenfermedades,conunbajoporcentajede mujeres reportando haberse realizado sus exámenes de rutina, y muy bajo acceso a servicios dentales, de salud mental, o de tratamiento de drogas.

• LosindicadoresdesaludmentalmejoranentreLBy12meses,loquepodríaexplicarseporelestrésyansiedadvinculado al período previo al egreso.

• Cercadeun40%de lasmujeresreportatenerunconsumoproblemáticodedrogasalmomentodesalir.Elporcentaje con consumo problemático se mantiene relativamente estable a los doce meses. Sin embargo, hay un grupo de mujeres (clase 2) cuya dependencia y abuso de drogas aumenta de manera significativa entre la línea de base y los doce meses.

• Losresultadosdancuentadeunaaltacomorbilidadentrelosdistintosproblemasdesalud,particularmenteentresalud mental y drogas, y en mujeres del perfil 3. Esta comorbilidad ha sido asociada en la literatura con mayores desafíos de cara a la reinserción.

INTEGRACIÓN

• Eléxitodelprocesode reinserciónnopuedesolomedirsepor laausenciadedelito.Esteproceso implica laintegración de la mujer al contexto social al que vuelve. Para ello es necesario mirar distintos indicadores de integración.

• Lasmujeresdeclaranaltosnivelesdeapoyofamiliar,expresadoenlaentregadedineroyenvivirconfamiliares,aunque este apoyo decae en el tiempo.

• Entérminosdeprecariedadresidencial,alrededordeun10%delasmujeresreportaencadamediciónhaberestado en una vivienda temporal o haber pasado una noche en lugar de riesgo. Este porcentaje se mantiene relativamente estable.

• Entérminosdeinserciónlaboral,laparticipaciónenempleoseconcentraentrabajosporcuentapropia,aunqueel trabajo remunerado aumenta en el tiempo.

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• Adiferenciadeestudiosrealizadosenotroscontexto,lasmujeresquesalenenlibertadenChilereportanunmuy bajo acceso a subsidios (alrededor del 20%) y un bajo contacto con instituciones que podrían apoyar la reinserción (alrededor del 30%). El acceso a subsidios parece aumentar, aunque poco, en el tiempo.

• Existendiferenciasenestosindicadoresdeintegración,dondemujeresconconsumodedrogasyproblemasdesalud mental presentan mayores problemas.

DELITO

• Casilamitaddelasmujeresdelestudio(46%)reincidedurantelosprimerosdocemesesposterioresalegreso.Lareincidencia se concentra de manera clara en el primer mes posterior al egreso, donde 65% de quienes reinciden durante el año declaran haber cometido su primer delito.

• Respectoaltipodedelito,85%delasreincidentesdeclaranhabercometidodelitosdehurto,seguidosporeldelito de receptación (26%), otros robos (23%) y delitos de drogas (21%).

• Enelmomentodelegreso,lamayoríadelasmujeresdeclarabaalegresarquenoqueríaseguirdelinquiendo,aunque el porcentaje es algo mayor entre quienes no reinciden (88% versus 69% entre reincidentes). Ahora bien, las reincidentes declaran menor percepción de tener la capacidad de poder hacerlo.

• Lasrazonesparareincidirestánasociadasprincipalmentealanecesidadderecursoseconómicosysubsistencia.Quienes,encontraste,noreinciden,señalan“noquerer”yloscostosquesegeneranensusvínculossocialescomo razones relevantes para no hacerlo.

• Existenclarasdiferenciasentrelasmujeresquereincidenyquienesno.Quienesreincidenpresentanunahistoriade vida delictual que se inicia más tempranamente, un estilo de vida delictual temprano, mayor probabilidad de tener pares y familiares involucrados en delito, y de haber tenido múltiples condenas previas. 63% de quienes reinciden habían cumplido una condena por hurto, y, por tanto, casi la mitad de las reincidentes (46%) egresaron luego de haber cumplido una condena de menos de 60 días.

• Respectoafactoresderiesgoparalareincidencia,casi70%dequienesreincidenreportanconsumoproblemáticodedrogas,frentea15%dequienesnolohacen.Quienesreincidenreportan,además,menoresnivelesdeauto-eficacia, mayor cinismo legal, y menor auto-control. Las mujeres clasificadas en la clase 3 presentan una mayor probabilidad de reincidencia (63%), seguidas por aquellas de la clase 2 (26%) y finalmente clase uno (12%).

• Finalmente, en términos de factores relevantes para la reinserción, lasmujeres que reinciden reportan unamenor probabilidad de haber trabajado durante los dos meses (45% versus 90% entre no reincidentes), menor probabilidad de contar con una pareja prosocial al momento de salir (18% versus 54%), mayor nivel de inestabilidad residencial, y mayores niveles de conflicto familiar.

El informe concluye con la identificación de nudos críticos y propuestas para el desarrollo de políticas públicas en la materia. Entre los elementos claves identificados se encuentra la necesidad de discutir la extensión de las condenas por delitos de drogas, el favorecer las penas sustitutivas para aquellas mujeres condenadas a condenas menores de un año, y la necesidad de diseñar una estrategia de reinserción que abarque tanto elementos de protección social y derechos como intervenciones enfocadas en integrar a las mujeres a la sociedad y reducir el riesgo de reincidencia.


Contenidos

1 Introducción 9

2 Contexto 112.1 El proceso de reinserción 11

2.1.1 Género y reinserción 13

3 Diseño, Metodología y Caracterización de la Muestra 153.1 Diseño y Metodología del Estudio 15

3.1.1 Diseño Longitudinal 15

3.1.2 Selección de las participantes 15

3.2 Instrumentos aplicados 16

3.2.1 Cuestionarios 16

3.2.2 Componente cualitativo 18

3.3 Tasa de respuesta 18

3.4 Ética e Incentivos 20

3.5 Caracterización de la Muestra 20

3.5.1Demográficos,escolaridad,historialaboral 20

3.5.2 Experiencias de maltrato en la familia y pareja 21

3.5.3 Trayectoria en el delito 21

3.6 Algunos comentarios adicionales 22

4 ¿Quién es la mujer que egresa de la cárcel? Caracterización y perfiles 234.1 Patrones de involucramiento delictual femenino 23

4.2 DeteccióndeperfilesusandoAnálisisdeClasesLatentes(LCA) 24

4.2.1 Selección del Modelo 25

4.3 Descripción de las Clases 25

4.3.1DescripciónSocio-demográficaporclase 26

4.3.2 Experiencias de vida 27

4.3.3 Experiencia carcelaria y expectativas para la Reinserción 29

4.4 Conclusiones 30

5 Experiencia Penitenciaria y Momento de Egreso 335.1 La experiencia intra-penitenciaria 33

5.1.1Educación,capacitaciónytrabajo 33

5.1.2 Salud 35

5.1.3 Vínculos sociales 36

5.1.4 Violencia y victimización 37

5.2 El momento de egreso 38

5.3 Conclusiones 39


6 Empleo 416.1 Historialaboralpreviaalegreso 41

6.2 Búsqueda de empleo 42

6.3 Acceso y características de empleo 44

6.3.1 Dependencia y formalidad del empleo 45

6.3.2Jornada,satisfacciónyestabilidadlaboral 47

6.4 Caracterizacióndequienesnotrabajan 48

6.4.1Razonesparanotrabajar 48

6.4.2Caracterizacióndemujeresquetrabajanynotrabajan 49

6.5 Conclusiones 51

7 Maternidad e hijos 537.1 Caracterizacióndemujeresmadresdehijosmenoresdeedad 54

7.2 Ejercer la maternidad tras las rejas 54

7.2.1Cambiosenelcuidadodehijosmenoresdeedad 54

7.2.2Cambiosenlamanutencióndeloshijos 55

7.2.3Contactoconloshijosmenoresdeedadduranteelencarcelamiento 56

7.2.4Expectativasdelarelaciónconloshijosmenoresdeedadparaelegreso 57

7.3 Maternidad y reinserción 58

7.3.1Residenciaycontactoconhijo/amenoresdeedadenmediolibre 58

7.3.2Cuidadoymantencióndehijosmenoresdeedad 60

7.3.3Apoyosparacuidadoymantencióndelo/ashijo/asmenoresde 60

edadenmediolibre

7.3.4 Identidad 62

7.3.5Dificultades,satisfaccióndelarelaciónconloshijosyestrésmaternal 63

7.4 Conclusiones 63

8 Familia y Vivienda 678.1 Familias y cárcel 68

8.1.1 Vínculos familiares y apoyo durante el encarcelamiento 68

8.1.2Vínculosfamiliaresyposiblesfuentesdeconflicto 69

8.2 Familias y reinserción 70

8.2.1Expectativas,contactoyrelacionesfamiliaresalsalirenlibertad 71

8.2.2Apoyorecibidoenmediolibre 72

8.2.3Percepcióndesoporteydeconflictofamiliar 74

8.2.4 Relaciones de pareja 76

8.3 Vivienda 77

8.3.1 Lugar de residencia 77

8.3.2Característicasdeloshogaresybarrios 79

8.3.3Inestabilidadresidencial 80

8.4 Conclusiones 81


9 Salud, Salud Mental y Drogas 839.1 Salud Física 84

9.2 Salud mental y consumo de sustancias 86

9.2.1 Salud mental 86

9.2.2Abusoydependenciadesustancias 88

9.3 Comorbilidadsaludfísica,saludmentalyconsumodedrogas 89

9.4 Conclusiones 90

10 Integración social 9310.1 Indicadores de integración social y estrategia de análisis 94

10.2 Evolución de la integración social 94

10.2.1 Apoyo familiar 94

10.2.2 Vivienda 96

10.2.3Trabajo 98

10.2.4 Ayuda Institucional 100

10.3 Conclusiones 101

11 Delito y Desistimiento 10311.1 Reincidencia y desistimiento 104

11.1.1 Desistimiento conductual 104

11.1.2Cambiosenlospatronesdelaconductadelictual 107

11.1.3Desistimientosubjetivo 109

11.2Expectativas,capacidadesydificultadesparadesistir 110

11.3 ¿Quiénes persisten y quiénes desisten? 114

11.3.1 Trayectoria delictual 114

11.3.2 Desafíos para la reinserción 115

11.4 Conclusiones 117

12 Desafíos a la reinserción de mujeres en Chile 11912.1 Marco del estudio 119

12.1.1 Restricciones a la validez externa de los resultados 119

12.1.2 Algunas aproximaciones conceptuales relevantes 119

12.2 Nudos críticos y propuestas para la reinserción 121

12.2.1 Políticas penitenciarias y marcos normativos 121

12.2.2 Programas y políticas de reinserción 122

Bibliografía 127 Anexo A 135Anexo B 141


Tablas

3.1 Tasa de respuesta 19

3.2 Caracterización mujeres que participan en mayoría de las olas y las que no 19

(mediaoporcentaje)

4.1 Indicadoresmodelodeclaseslatentes(N=225) 25

4.2 Caracterizacióndeclases(mediaoporcentaje) 27

4.3 ExperienciasdevidapreviasalaCárcel(porcentaje) 28

4.4 Herramientasparalareinserción(mediaoporcentaje) 29

5.1 Accesoaeducación,capacitación,talleresytrabajoalinteriordelacárcel, 35

segúntiempodeduracióndelacondena(%)+

5.2 Accesoatratamientodedrogasyatenciónensaludsegúnextensióndelacondena(%) 36

5.3 Indicadoresdevínculosdentrodelacárcelsegúntiempodecondena(%) 37

5.4 Informaciónentregadaalsalirsegúntipodeegreso(%) 38

5.5 Indicadoresdelmomentodelegresosegúntipodeegreso(%) 39

6.1 Razonesparanobuscartrabajo(n=169) 44

6.2 ProbabilidadTrabajarent+1CondicionalenBúsquedadeEmpleoent(n=169) 44

6.3 ProbabilidadTrabajarent+1condicionalenTrabajarentsegúnTipodeEmpleo(n=169) 48

6.4 Razonesparanotrabajar(n=169 48

6.5 Caracterizaciónmujeresquetrabajanynotrabajan(n=169) 50

7.1 Los6mesespreviosatuactualprivacióndelibertad,¿vivíascontuhijo 54

(sólomenoresdeedad)?(n=116)

7.2 Visitadetodos,algunosyningunodesushijosmenoresdeedadduranteencarcelamiento 56

7.3 Cantidaddemadresquedeclaranviviránconsushijosmenoresdeedad 57

(todos,algunos,ninguno)(n=116)

7.4 Preocupacionesalsalirdelacárcel(n=116) 58

7.5 Mujeresquesehacencargodelcuidadodealmenosunodesushijo/as 60

menoresdeedad,porola


7.6 Variación de la escala de estrés maternal en las distintas olas 64

8.1 Tipodelugarderesidencia,porola(n=169) 78

8.2 Númeropromediodelugaresderesidenciasegúncaracterísticasdelapoblación(n=169) 81

9.1 Indicadores de salud física y acceso a servicios de salud durante el encarcelamiento 85

9.2 Indicadoresdeaccesoaserviciosdesaludenelmediolibre 86

9.3 Promedioydesviaciónestándardesub-escalasysíntomasSCL-90,líneadebasey12meses 87

9.4 Abusoy/odependenciadesustanciassegúnmedición(n=200) 89

9.5 Comorbilidadentretrastornosseverosdesaludmental,abuso/dependenciadedrogas 90

y enfermedades crónicas según clase

9.6 Porcentaje con enfermedades diagnosticadas por algún profesional de la salud 136

10.1ModeloBayesianomultivariable(8variablesdependientes) 138

10.2ModeloBayesianomultivariableyclases(8variablesdependientes) 139

11.1Opinionessobreeldesistimientosegúnreincidencia(%,n=169) 111

11.2Caracterizacióndemujeresreincidentesynoreincidentessegúnhistorialdelictual 114

11.3Caracterizacióndemujeresreincidentesynoreincidentessegúnvariablesdereinserción 117


Figuras

3.1 Diseño longitudinal 15

3.2 Distribucióndíaentrevistapormedición 17

3.3 Balancemuestra/Noparticipantes 135

4.1 Probabilidaddeindicadoresporclase(n=225) 26

6.1 Porcentajedemujeresquedeclarahaberbuscadoempleo(n=169) 43

6.2 TipodeEmpleo(n=169) 46

6.3 LaboresRealizadasalos12Meses 47

6.4 TasadeOcupacióndelamuestra,mes1al11(n=169) 135

7.1 Conquiénvivenhijo/asmenoresdeedad.Resultadosaniveldehijo.(n=241) 55

7.2 Personaquesehacecargoeconómicamentedeloshijosmenoresdeedad 56

en6mesespreviosylíneadebase(n=241)

7.3 Residenciademadresconsushijosmenoresdeedad(todos,algunos,ninguno),seis 59

mesesprevios,expectativasprevioalegresoyresultadosenmediolibreporola

7.4 Conquiénvivenhijo/asmenoresdeedadquenovivenconlamadreporola,en 60

basealtotaldehijosmenoresdeedadquenovivenconella

7.5 Figurasprincipalesdeapoyoparaelcuidadodeloshijosmenoresdeedad,porola 61

7.6 Figurasprincipalesdeapoyoparalamantencióndehijosmenoresdeedad,porola 61

7.7 Autoidentificaciónconelroldemadre.Líneadebase,seismesesydocemeses. 62

7.8 Desdelaúltimavezquenosvimos,¿quétandifícilhasidorehacerlarelación 63

contushijos?porola

7.9 Niveldesatisfacciónrespectoalarelaciónconsushijosmenoresdeedad,porola 64

8.1 Dequiénrecibióayudaenlacárcel(n=225) 69

8.2 Proporciónfamiliaresquehanestadoprivadosdelibertad(n=165) 70

8.3 Expectativadecontactoycontactoconfamiliaresencadaola(n=169) 72

8.4 Dequiénrecibióapoyo,portipodeapoyoyola(n=169) 73

8.5 Promediodeescalasdesoporteyconflictofamiliar(n=169) 75

8.6 Conflictosenelhogar 79

8.7 Númerodelugaresderesidenciaenlos12mesespostegreso(n=169) 80

9.1 Porcentaje que presenta trastorno severo según puntos de corte en índice 88

deseveridadglobal,porola(n=225,ICcalculadosal90%deconfianza)

9.2 Mediadepuntajedeseveridadglobalsegúnola(n=225,ICsig95%) 136

10.1 Apoyo Familiar 95

10.2 Apoyo Familiar Efectos Marginales 95


10.3 Precariedad Residencial 96

10.4 Precariedad Residencial Efectos Marginales 97

10.5 Trabajo 98

10.6 TrabajoEfectosMarginales 99

10.7 Ayuda Institucional 100

10.8 Ayuda Institucional Efectos Marginales 101

10.9 Clase Efectos Marginales 104

11.1 Reincidenciatotalyentrereincidentespormes(ntotal=169;nreincidentes=78) 104

11.2 Sobrevivenciadereincidenciasegúnmes(n=169) 105

11.3 Tiposdedelitoscometidosentrereincidentes(n=78) 106

11.4 Desistimientoenseveridadsegúnmesentrereincidentes(n=78) 107

11.5 Cambioenseveridadentremes1y12entrereincidentes(n=76) 108

11.6 Promediodedelitos(norelacionadosadroga)cometidospormesentre 109

reincidentes(n=78)

11.7 Cambioennúmerodedelitoscometidos(norelacionadosadroga)entre 109

mes1y11entrereincidentes(n=78)

11.8 Identidaddelictualenlíneadebasesegúnreincidencia(n=169) 109

11.9 Cambioeneltiempoenescaladeidentidaddelictualentrelíneadebasey 110

12mesessegúnreincidencia(n=143)

11.10 Porcentajedeacuerdoomuydeacuerdoconafirmacionesdedisposición 111

alcambiosegúnreincidencia(n=169)

11.11 Disposición a dejar de cometer delitos y percepción de capacidad entre 112

reincidentes

11.12 Sesintiótentadaadelinquiren2,6y12mesessegúnreincidencia 112

11.13 Nubedepalabrassobrerazonesdetentacionesadelinquir 112

11.14 Nubedepalabrassobrerazonesdedesistimiento 113

11.15 Razonesdedesistimientoen2,6y12meses 113

11.16 Estilodevidadelictualcomomenorsegúnreincidencia(n=169)(%Sí) 115

11.17 Tipologíasdeperfilesdelictualessegúnreincidencia(n=169)*** 116

11.18 Prevalenciamensualportipodedelitoentrereincidentes(n=78) 140

11.19 Cambioeneltiempodecuántolegustaríaycuántocreequepodrádejarde 140

cometerdelitos,entrelíneadebasey12meses(n=63)

11.20 Familiarinvolucradoendelitosegúnreincidencia(n=129)(%Sí) 140

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9

1. Introducción1

Chile tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas a nivel mundial, y ésta ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas (Gendarmería de Chile, 2018; Salinero, 2012). Al igual que en otros páıses, este aumento ha resultado en el inevitable incremento de personas que egresan de la cárcel, trayendo consigo un creciente interés en el proceso de reinserción que experimentan quienes han estado privados de libertad.

En 2016, cuando se inicia el estudio Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres en Santiago, cerca de 30.000 personas cumplían condenas privativas de libertad cada día en Chile, estando más de un tercio de ellas en la Región Metropolitana (Gendarmería de Chile, 2016). La población femenina constituía cerca del 6% de esa población. Ahora bien, así como ha sido reportado en otros páıses (Kruttschnitt & Gartner, 2003; Walmsley, 2005), el porcentaje de mujeres bajo el sistema penitenciario ha aumentado en las últimas décadas a un nivel aún mayor que el masculino (Espinoza y col., 2020). Como consecuencia, un número significativo de mujeres sale en libertad cada año. Sin embargo, poco se sabe sobre los obstáculos que enfrentan y los factores que pueden hacer su reinserción más o menos exitosa.

Aun cuando una reinserción exitosa implica más que la ausencia de comportamiento desviado, ésta ha sido tradicionalmente medida en base a la reincidencia (ver, por ejemplo, Durose y col. 2014). La evidencia nacional e internacional muestra que alrededor de dos tercios de quienes salen en libertad vuelven a delinquir antes de los 3 años, y que la mitad de quienes reinciden lo hacen en los primeros seis meses luego de salir en libertad (Langan & Levin, 2002; Morales y col., 2012). En el caso de Chile, la mitad de los egresados reingresa a la cárcel por la comisión de un nuevo delito antes de los 36 meses de su egreso (Morales y col., 2012), porcentaje que es algo mayor en el caso de las mujeres.

El alto porcentaje de población que vuelve a delinquir una vez cumplida una condena ha llevado a un incremento en la literatura sobre el tema, en un intento por identificar los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de reincidencia y generar programas de intervención que permitan promover el abandono de la conducta delictual. Sin embargo, aun cuando la evidencia internacional entrega luces sobre las barreras que dificultan el proceso de reinserción, la investigación es limitada en el caso de las mujeres privadas de libertad. Como señalan algunos autores, esta población se caracteriza por tener historias delictuales más cortas y menos severas (Block y col., 2010), pero mayores niveles de vulnerabilidad y desventajas (Kruttschnitt & Gartner, 2003; Larroulet, 2019), y menor acceso a programas de reinserción y servicios (Cárdenas, 2010; Lindquist y col., 2009). Más aun, si bien hombres y mujeres parecieran experimentar barreras similares en su proceso de reinserción, las circunstancias específicas y sus respuestas a éstas estarían enmarcadas en un contexto de género (Cobbina, 2010). La falta de evidencia sobre las necesidades específicas y los obstáculos que enfrentan las mujeres que salen en libertad dificultan el desarrollo e implementación de programas acordes a la realidad nacional, los que, incorporando una perspectiva de género (Bloom y col., 2003), podrían ayudar a quebrar el ciclo de egreso-reingreso a las cárceles chilenas y promover una adecuada integración social.

El estudio Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres Privadas de Libertad en Chile tiene como objetivo describir el proceso de reinserción que vive la mujer una vez que sale en libertad, identificando los principales obstáculos y facilitadores de la transición al medio libre, y los distintos perfiles de mujeres de acuerdo a sus necesidades de intervención. Para responder a estos objetivos, se siguió a lo largo de un año calendario a una cohorte de 225 mujeres egresadas de la cárcel en Santiago, Chile, cuyos resultados se presentan en este informe.

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Los capítulos que siguen están organizados de la siguiente manera2. El primer capítulo presenta una breve revisión de la literatura de reinserción, enfocándose particularmente en aquellos elementos que se identifican como obstáculos para una reinserción exitosa, y a las particularidades de género en los mismos. El segundo capítulo presenta en detalle la metodología del estudio y caracteriza a las mujeres participantes. El capítulo tres analiza los distintos perfiles presentes en la cohorte de mujeres que egresa en libertad. Los capítulos siguientes abordan aquellos elementos que la literatura ha destacado como relevantes para una reinserción exitosa. El informe culmina con una presentación de los programas existentes en términos de reinserción femenina, y con la identificación de nudos críticos en base a los datos presentados.

2. Cada uno de estos capítulos fue escrito como informes independientes a lo largo de un período de dos años, liderados por alguno de los investigadores del estudio. Este informe final es la combinación de cada uno de estos trabajos.

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2 Contexto

2.1 El proceso de reinserción

El proceso de salida de la cárcel luego del cumplimiento de una condena ha sido definido de distintas maneras. Los conceptos de rehabilitación, reintegración y reinserción son utilizados comúnmente como sinónimos, aun cuando tienen orígenes conceptuales distintos (para una discusión sobre el tema ver Villagra, 2008). En la literatura anglosajona el concepto que predomina es el de reentry o reingreso, que busca simplemente describir el proceso que ocurre luego de egresar de la cárcel. Como señala Travis (2005: xxi), el reingreso no es un objetivo, ni una opción,sinosimplemente”laleydehierrodelencarcelamiento:todosvuelven”.

Alrededor de 20.000 personas salen en libertad cada año en Chile luego de haber cumplido una pena en prisión, y, al igual que en otros páıses, este número ha aumentado en las últimas décadas, lo que ha tráıdo aparejado un creciente interés en entender el fenómeno. A nivel internacional, el desarrollo de la literatura de reingreso se ha enfocado en describir quiénes son aquellos que egresan al medio libre y en identificar los obstáculos que enfrentan en el momento del egreso. En este marco, como plantean Visher y Travis (2003), entender la reinserción implica incorporar una mirada longitudinal que tome en cuenta las circunstancias previas al encarcelamiento, la experiencia carcelaria en sí, el momento del egreso y la experiencia de integración post penitenciaria.

En términos de las características de quienes egresan de la cárcel, la literatura es clara en señalar que se caracterizan por sus desventajas. A nivel general, en comparación a la población general, tienen niveles de escolaridad bajos, historias de pobreza, desempleo y precariedad laboral, mayor prevalencia de salud mental y consumo problemático de drogas, entre otros problemas (Petersilia, 2003). Además, quienes egresan vienen de y vuelven a un número limitado de barrios y comunidades (Lynch & Sabol, 2001).

Más allá de las desventajas que traen, los ex reclusos y reclusas enfrentan una serie de desafíos económicos y sociales en su proceso de reingreso, que pueden afectar la posibilidad de abandonar el delito e integrarse como ciudadanos. Dentro de los desafíos que destaca la literatura están la búsqueda y mantención de un empleo, el acceso a vivienda estable y segura, el rehacer los vínculos sociales, y el mantenerse alejado de las drogas y el delito (Visher y col., 2010; Western, 2018).

En términos de empleo, la literatura da cuenta de la dificultad de quienes salen en libertad para acceder y mantener un empleo. Por un lado, la baja escolaridad, la poca experiencia laboral y las limitadas herramientas que poseen actúan como barreras pre-existentes en la búsqueda y acceso a un empleo que garantice los medios de sobreviviencia (Bushway & Apel, 2012). Por otro, la evidencia sugiere que la cárcel genera nuevas barreras como consecuencia del estigma asociado a tener antecedentes delictuales (Pager, 2003; Uggen y col., 2014). Estas barreras se traducen en las bajas tasas de empleo entre quienes salen en libertad (Western y col., 2015), y en la precariedad del empleo entre quienes acceden (Sugie, 2018).

El acceso a vivienda estable y segura es otro de los desafíos que enfrentan quienes salen en libertad (Harding y col., 2013). La literatura da cuenta de una alta tasa de movilidad residencial, con un promedio de 2.5 viviendas en el primer año en el exterior (Harding y col., 2019), y con una mayor probabilidad de vivir en la calle o en residencias precarias (Metraux & Culhane, 2004). Esta precariedad residencial ha sido asociada con una mayor probabilidad de reincidencia en el delito (Steiner y col., 2015) y de desempleo (Sirois, 2019). Adicionalmente, la evidencia señala que quienes salen en libertad retornan a un número limitado de barrios, caracterizados por la alta concentración de pobreza y vulnerabilidad y el acceso limitado a oportunidades laborales (Clear y col., 2003; Hipp & Yates, 2009; Leverentz, 2012).

En cuanto a los vínculos sociales, la literatura apunta al apoyo familiar como un elemento clave en el proceso de reinserción (Cobbina, 2010; Visher & Travis, 2003; Western, 2018). Las familias proveen un hogar donde vivir,

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medios para buscar empleo, apoyo económico y emocional, y apoyo para el cuidado de los hijos. La evidencia señala que la cárcel aumenta el estrés y conflicto en esas relaciones, incrementando las probabilidades de quiebre matrimonial (Apel, 2016) y, con ello, disminuyendo posibles fuentes de apoyo. Adicionalmente, las familias son, en ocasiones, un factor de riesgo para quienes regresan de la cárcel dada la prevalencia de relaciones conflictivas y enmarcadas en violencia que no entregan el espacio de seguridad mínimo para un mayor bienestar (Mowen & Visher, 2015). Asimismo, en algunos casos, se trata de familias vinculadas al delito y consumo de drogas, situación que podría dificultar el abandono de la conducta delictual.

Finalmente, la población penal tiene una mayor prevalencia de consumo problemático de sustancias y de enfermedades tanto físicas como mentales (Mundt y col., 2016; Porter, 2014; Schnittker y col., 2012). Estas últimas parecieran verse intensificadas como consecuencia del paso por la cárcel, limitando las posibilidades de acceder a un empleo y rehacer relaciones familiares en el momento del egreso (Link y col., 2019). El consumo de drogas podría disminuir como consecuencia de la dificultad para obtener drogas en las cárceles y la posibilidad de acceder a tratamiento durante el encarcelamiento. Sin embargo, los datos nacionales dan cuenta de un acceso limitado a tratamiento y rehabilitación en el caso chileno (Morales, 2015), y la literatura vincula de manera clara el consumo de sustancias con mayor conflicto familiar y dificultades para obtener empleo y vivienda en el proceso de reinserción (Western, 2018).

Estas barreras y obstáculos que experimentan quienes salen en libertad son, a su vez, factores claves en la explicación de la reincidencia delictiva. La evidencia es clara en señalar que el consumo de drogas aumenta las probabilidades de reincidir tanto en hombres (Gendreau y col., 1996), como en mujeres (Huebner y col., 2010). Por su parte, la literatura del desistimiento–que aborda el abandono de la conducta delictual–apunta, entre otros, a factores como el tener vínculos sociales fuertes y un trabajo de calidad como elementos claves que favorecen el movimiento hacia afuera del delito (Sampson & Laub, 1993). Estos vínculos sociales fuertes permitirían a los individuos hacer un quiebre con sus vidas previas (Laub & Sampson, 2003) y generar una identidad alejada del mundo delictual (Maruna, 2001).

Por lo mismo, no es de extrañar que el proceso de reingreso esté caracterizado por la alta reincidencia. Alrededor de seis de cada diez internos vuelven a cometer un delito en los tres años que siguen a su egreso de la cárcel (Durose y col., 2014; Langan & Levin, 2002; Morales y col., 2012). Hombres, aquellos de menor edad, quienes tienen una carrera delictual más extendida, y quienes han sido condenados por delitos contra la propiedad son quienes tienen mayores probabilidades de reincidir (Durose y col., 2014; Munyo & Rossi, 2014). Los datos en Chile, sin embargo, si bien coinciden con la evidencia internacional respecto al rol de la edad y el tipo de delito, difieren en términos de género. El análisis hecho por Morales y colegas en 2012 muestra que las mujeres tienen mayor probabilidad de reincidir. Mientras dentro de los tres años siguientes al egreso, un 50,5% de los hombres ingresa nuevamente a la cárcel, un 54,6% de las mujeres lo hace (ver también, Gendarmería de Chile 2013).

Estas diferencias con la literatura internacional podrían explicarse por distintos factores. Por un lado, la diferencia puede deberse a la composición de la población que egresa. En Chile no existe una distinción entre aquellos que cumplen condenas cortas, y los que cumplen sentencias de mayor extensión1. Por tanto, al analizar reincidencia en Chile lo hacemos sobre todos quienes egresan, independiente de la extensión de su condena. Este no es el caso de los estudios realizados en Estados Unidos, que suelen reportar reincidencia solo entre quienes cumplen condenas mayores. Son justamente aquellos con condenas más cortas quienes tienden a reportar mayores tasas de reincidencia, y que podría explicar la alta proporción de mujeres reincidentes en Chile (Morales y col., 2012). De hecho, Morales y col. (2012) dan cuenta que la mayor tasa de reincidencia femenina es consecuencia de aquellas

1. En el caso norteamericano, por ejemplo, aquellas personas que cumplen condenas mayores a un año son enviadas a prisión (prison) mientras que quienes cumplen condenas menores a un año son enviadas a cárcel (jail). La mayoría de los estudios de reincidencia se realizan con población que va a prisión (ver, por ejemplo, Durose y col. 2014; Langan y Levin 2002).

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condenadas a delitos menores (hurto), asociados con condenas de corta duración. En todos los otros delitos, las mujeres tienen tasas de reincidencia menores.

Ahora bien, esta diferencia también podría ser consecuencia de las particularidades que vive la mujer en su proceso de reinserción en Chile. La perspectiva feminista del camino delictivo (Feminist Pathways Perspective, o FPP por sus siglas en inglés) argumenta que, a pesar de las similitudes entre hombres y mujeres en los caminos de involucramiento delictual, existen diferencias en las experiencias que llevan al delito femenino, como son la exposición al trauma y la victimización dentro de la esfera doméstica (Daly, 1992; Simpson y col., 2008). Esta perspectiva de género en el involucramiento delictual refuerza la necesidad de mirar en qué medida los caminos de reinserción y abandono del delito difieren en virtud del contexto de género en que se enmarca el proceso de reinserción (Cobbina, 2010). Este contexto podría ser particularmente desafiante en Chile, dadas las expectativas asociadas a roles tradicionales de género en términos de cuidado, y la desigualdad en el acceso al mercado laboral (Espinoza y col., 2020). A esto se suma el doble estigma que pareciera experimentar la mujer que comete delito, al considerarse que viola no sólo la ley sino también las normas y roles de género esperados (Schur, 1984).

2.1.1 Género y reinserción

Comparado con los hombres que salen en libertad, las mujeres que egresan de la cárcel tienen carreras delictuales más cortas, mayor probabilidad de reportar un inicio tardío en el delito, y una menor probabilidad de haber sido condenadas por delitos violentos (Block y col., 2010; Morales, 2015). Tienen, en promedio, menores niveles de educación y una historia marcada por el desempleo y la marginación económica previa al encarcelamiento (Larroulet, 2019; Salisbury y col., 2018). Además, tienen una mayor probabilidad de ser madres, y de haber estado a cargo de sus hijos (Morales, 2015; Mumola, 2000; Valenzuela y col., 2012) Finalmente, y de manera consistente con la perspectiva de FPP, la mujer condenada tiene mayor probabilidad de reportar historias de victimización y abuso por parte de su familia y pareja (Belknap, 2007; Larroulet, 2016).

Estas mismas características definen la experiencia de reinserción, al enmarcar los obstáculos y desafíos que se enfrentan a lo largo del proceso. Por ejemplo, el restablecimiento de relaciones sociales y familiares es probablemente uno de los elementos más claramente vinculados al género. Como se señaló, las mujeres que salen en libertad tienen una mayor probabilidad de ser madres, y de haber sido la principal responsable del cuidado de los hijos antes de su encarcelamiento (Mumola, 2000; Valenzuela y col., 2012). Al salir en libertad, ellas vuelven a familias caracterizadas por roles tradicionales de género, que se traducen en la responsabilidad de volver a hacerse cargo de los hijos e hijas menores de edad y de otros familiares dependientes (Leverentz, 2014).

Esta responsabilidad familiar enmarca, a su vez, otros de los desafíos que las mujeres experimentan al salir. La necesidad de contar con un lugar estable para vivir, por ejemplo, es particularmente relevante para aquellas mujeres que buscan volver a vivir con sus hijos. La literatura sobre la materia da cuenta que las mujeres tienen una menor probabilidad de establecerse con miembros de su familia (Mallik-Kane & Visher, 2008. Ver, sin embargo, Western, 2018), lo que podría aumentar la inestabilidad residencial. Además, dada las experiencias de victimización en el entorno cercano, hay un grupo de mujeres que vuelve a hogares donde ha experimentado abuso o violencia (Leverentz, 2014).

En términos de empleo, mientras que la evidencia es mixta en términos del vínculo entre tener un empleo posterior al egreso y las probabilidades de reincidencia en el caso de las mujeres (ver, por ejemplo, Cobbina y col., 2012; Giordano y col., 2002). los estudios cualitativos dan cuenta de la relevancia que las mismas otorgan al empleo como un elemento fundamental para una reinserción exitosa (Leverentz, 2014; Opsal, 2012). Sin embargo, las mujeres que salen en libertad tienen historias caracterizadas por el desempleo o empleo precario, por menores niveles de escolaridad, y por haber accedido en menor medida a capacitación al interior de la cárcel (Morash y col., 1998; Visher y col., 2010). Esto se traduce en mayores barreras a un mercado laboral que ya es desigual en términos de género, particularmente para aquellas mujeres con menor escolaridad y que tienen hijos e hijas menores a su cargo (PNUD, 2017).

El acceso o la falta de acceso a empleo puede a su vez afectar las relaciones familiares. La literatura es contradictoria en cuanto al soporte instrumental que reciben mujeres y hombres (Visher y col., 2004; Western, 2018), pero en

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general apunta a que relaciones de conflicto podrían dificultar el proceso de reinserción. Dada la mayor prevalencia de victimización en la esfera familiar, hay razones para pensar que estas relaciones de conflicto serían más prevalentes en el caso de las mujeres (Opsal & Foley, 2013). También es cierto que, desde una mirada tradicional de género, hay expectativas que difieren en términos de recursos que se traen al hogar, algo que la literatura ha destacado como un factor estrés particular en el caso de los hombres (Harding y col., 2019). Pero la mujer experimenta otro tipo de presiones y expectativas asociadas no solo a recursos económicos, sino también al cuidado de otros (Leverentz, 2006),loquealgunosautoresrefierencomolas”múltiplesnecesidades”quecaracterizanalasmujeresquesalenen libertad (Richie, 2001).

Finalmente, la mujer que egresa de la cárcel tiene, en promedio, mayor edad que sus pares masculinos, mayor prevalencia de problemas de salud mental, y una alta prevalencia de consumo problemático de drogas (Mumola, 2000; Western, 2018). Estos elementos harán su reingreso más desafiante. Como señala Western (2018: 139-140), el encarcelamiento femenino, más que el masculino, refleja el uso de la cárcel como un instrumento de política social de última medida. A la cárcel llegan aquellas que han tenido una historia de enfermedades, adicciones, y victimización y trauma, historias que no fueron abordadas por el sistema de protección estatal, pero que hoy lo son por el sistema de justicia.

En resumen, aunque aun escasa, la literatura que analiza el proceso de reinserción femenina destaca la mayor vulnerabilidad y desventajas que tienen las mujeres que salen en libertad, y, a la vez, refuerza el hecho que los desafíos que enfrentan son muchas veces mayores a los ya enormes obstáculos experimentados por los hombres que salen en libertad. Este informe busca justamente aportar a la mayor comprensión de quienes son las mujeres que salen en libertad en Santiago, Chile y cuales son los obstáculos que experimentan.

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3 Diseño, Metodología y Caracterización de la Muestra

El estudio Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres Privadas de Libertad en Chile (en adelante, Estudio de Reinserción) fue diseñado con el objetivo de describir el proceso de reinserción que experimentan las mujeres privadas de libertad en Santiago de Chile, e identificar los obstáculos y facilitadores en este proceso. El foco estuvo puesto particularmente en los ámbitos de empleo, familia e hijos, vivienda, salud y consumo de drogas, y reincidencia. Adicionalmente, se buscó identificar perfiles de mujeres para describir las distintas necesidades de intervención en base a la información recolectada, contribuyendo de esta manera a la elaboración de programas de reinserción social a partir de las necesidades específicas de esta población. En este capítulo se presenta el diseño y metodología del estudio, la tasa de respuesta obtenida, y los elementos éticos considerados. Finalmente, se caracteriza a nivel general a las mujeres que componen el estudio.

3.1 Diseño y Metodología del Estudio

3.1.1 Diseño Longitudinal

El estudio recolecta información a través de encuestas realizadas durante un año calendario sobre una cohorte de mujeres que egresó de la cárcel entre los meses de septiembre de 2016 y marzo de 2017 en Santiago de Chile, ciudad donde habita un tercio de la población del país y un tercio de la población femenina privada de libertad a nivel nacional (Gendarmería de Chile, 2018). Aplicamos un cuestionario de línea base semanas previas al egreso, y cuatro cuestionarios fuera de la prisión: (1) a la semana posterior al egreso, (2) a los dos meses, (3) seis meses, y (4) a los doce meses. La Figura 3.1 representa el diseño longitudinal del estudio1.

1. Si bien existen estudios previos sobre mujeres privadas de libertad en Chile, todos ellos son de corte transversal. Ver, por ejemplo, Mundt y col. (2016), Morales (2015), Valenzuela y col. (2012).2. Hay dos unidades penales para mujeres que cumplen condenas en Santiago: el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín (en adelante, CPF) y el Centro de Estudio y Trabajo Talita Kum. El estudio considera a mujeres egresadas de ambos centros. El estudio no consideró a mujeres egresadas de la unidad de San Miguel al estar éste destinado a mujeres en prisión preventiva.3. Se excluyeron aquellas mujeres egresadas bajo la Ley No 19.856, de rebaja de condena, dada la dificultad de anticipar su fecha de egreso para la aplicación de la encuesta de línea base.

Figura 3.1: Diseño longitudinal

EGRESO

1 semana previa al egreso

Encuesta 1(línea de

base)

1 semana después de

egreso

2 meses después de

egreso

6 meses después de

egreso

12 meses después de

egreso

Encuesta 2 Encuesta 5Encuesta 4Encuesta 3

3.1.2 Selección de las participantes

La población objetivo consistió en mujeres de nacionalidad chilena condenadas a penas privativas de libertad de al menos 30 días en Santiago de Chile2, y que egresaron entre el 14 de septiembre de 2016 y 31 de marzo de 2017. Se consideraron solo mujeres que egresaron por cumplimiento de condena, libertad condicional o libertad vigilada3.

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Un total de 277 mujeres cumplió con los criterios de selección durante el período de observación. De ellas, 225 participó en el estudio (81%). Del total de mujeres que no fue entrevistada (52), 30 (58%) se debió a problemas de coordinación, mientras que 22 (42%) rechazaron participar en el estudio.

Puesto que no entrevistamos a todas las mujeres elegibles, surge la pregunta de si aquellas mujeres que no participaron en el estudio (52) son sistemáticamente diferentes de las que sí participaron. Para evaluar la existencia de sesgos de selección, estimamos el balance de características disponibles en datos administrativos (por ejemplo, tipo de delito, condenas previas, tipo de egreso, estado civil, número de hijos) usando diferencias de promedios estandarizadas y razones de varianza (ver Daza y Larroulet 2019 para más detalles). Nuestro análisis muestra que existen diferencias sistemáticas en algunas variables (ver Figura 3.3 en el Anexo. En rojo, las variables donde existen diferencias sobre 0.1). La disparidad más importante se observa en la proporción de delitos de propiedad: las mujeres en la muestra parecen tener un mayor involucramiento en delitos de propiedad distintos de hurto. Además, tienen mayor contacto previo con el sistema judicial (condenas anteriores), están casadas en menor proporción y tienen un menor número de hijos. No detectamos diferencias entre quienes rechazaron participar y quienes no lograron ser contactadas a tiempo, lo que sugiere que las diferencias observadas no se deben al perfil de las mujeres que rechazaron participar en el estudio4.

3.2 Instrumentos aplicados

3.2.1 Cuestionarios

Diseñamos cinco cuestionarios, uno para cada medición en el diseño longitudinal (Figura 3.1)5. La construcción de cuestionarios involucró tanto la discusión de la literatura como la revisión de cuestionarios utilizados en estudios previos. Entre los cuestionarios que revisamos se encuentra Returning Home, estudio realizado entre 2001 y 2006 por el Urban Institute (Visher y col., 2004), y Boston Reentry Study realizado entre 2012 y 2013 por la Universidad de Harvard y el Departamento de Prisiones de Massachusetts (Western, 2018)6. Ambos estudios fueron realizados con personas que egresaron de distintas unidades penales en los Estados Unidos, en su mayoría hombres, y por tanto, no contaban con secciones especiales para las mujeres participantes. Por lo mismo, se consultó el instrumento utilizado en el estudio Women’s Experience of Violence (WEV), que entrevistó a mujeres privadas de libertad en los Estados Unidos con el fin de estudiar factores asociados con la victimización y el delito violento usando un enfoque de género (Simpson y col., 2008)7. Adicionalmente, revisamos instrumentos cuantitativos usados en estudios previos sobre mujeres privadas de libertad en Chile (Valenzuela y col., 2012). Finalmente, se incorporó el Inventario de síntomas de salud mental SCL-90-R de L. Derogatis, previamente validado en la población penal de Chile (Mundt y col., 2016)8.

El cuestionario de línea base recoge información demográfica y sobre la historia de vida de las participantes, particularmente en términos de antecedentes familiares, historia laboral y delictual, consumo de drogas, y relaciones personales. Adicionalmente, se preguntó por la experiencia al interior de la cárcel y expectativas asociadas al egreso. La primera medición fuera de la cárcel se realizó a la semana de haber egresado y tuvo como objetivo caracterizar los siete primeros días de las mujeres en libertad. Además de la información recolectada,

4. Este ejercicio de comparación se realizó usando datos administrativos y auto-reporte, por lo que las diferencias observadas podrían explicarse, en parte, por errores de medición. Es posible también que existan diferencias que no podemos observar y que por tanto no podemos corregir. Aún así, Daza y Larroulet 2019 proponen soluciones para ajustar la muestra utilizando la información disponible. 5. La recolección de información sólo considera mujeres infractoras de ley, pero no otras fuentes de información tales como familiares o personas significativas. En el futuro se espera acceder a los datos administrativos. 6. Agradecemos especialmente a los investigadores principales de ambos estudios, Christy A. Visher y Bruce Western, por compartirnos generosamente los cuestionarios utilizados. 7. Agradecemos a Sally Simpson por darnos acceso a su cuestionario. 8. Agradecemos a Adrian Mundt su colaboración en el acceso e interpretación de esta escala.

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la encuesta en la primera semana permitió confirmar datos de contacto, aumentando las probabilidades de seguimiento en el futuro. Tres mediciones adicionales fueron realizadas a los dos, seis y doce meses posteriores al egreso. En cada una de estas mediciones se preguntó por aspectos vinculados a la reinserción y el desistimiento, tales como acceso a trabajo y vivienda, recuperación de vínculos familiares, contacto con instituciones, salud mental y física, consumo de drogas y reincidencia delictual. Utilizamos calendarios de vida en temas específicos tales como historia laboral y residencial, vida en pareja, consumo de drogas y delito con el objetivo de reconstruir las trayectorias de las mujeres durante el período de un año.

El cuestionario inicial (línea base) fue testeado antes de su aplicación a través de entrevistas individuales y focus groups con mujeres privadas de libertad y que ya habían egresado de la cárcel. A partir de las sugerencias recibidas, se adaptó el lenguaje y organización del cuestionario. La entrevista de línea base se aplicó de manera individual en una sala al interior de la unidad penal, donde la encuesta fue leída y rellenada en papel por la entrevistadora. La decisión de aplicar el instrumento de manera presencial se fundó en la complejidad y extensión del cuestionario. La duración promedio del cuestionario de línea base fue de dos horas.

En cuanto a los cuestionarios fuera de la cárcel, la aplicación fue mayoritariamente presencial: sólo un 1,3% de las entrevistas fue aplicada telefónicamente. La duración promedio de las entrevistas fue de 90 minutos. En aproximadamente la mitad de los casos, la entrevista se realizó en el barrio de la participante, ya fuese en un lugar público o en su propia vivienda, y en un tercio del total de entrevistas hubo otras personas presentes durante su aplicación (principalmente hijos). A partir de los dos meses, algunas encuestas fueron aplicadas al interior de una unidad penal: tres mujeres a los dos meses, 18 (9,1%) a los seis, y 17 mujeres (8,5%) en el mes doce.

La Figura 3.2 muestra la distribución de días desde el egreso en que los cuestionarios fueron efectivamente aplicados. Las líneas verticales representan los días según el diseño longitudinal de la Figura 3.1. Como se aprecia, existe bastante variabilidad en el día de entrevista desde el egreso, especialmente en los cuestionarios de seis y doce meses. La razón es que priorizamos maximizar la tasa de respuesta en vez de restringir las entrevistas a una ventana de tiempo específico.

Figura 3.2: Distribución día entrevista por medición

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3.2.2 Componente cualitativo

El estudio incluyó un componente cualitativo para profundizar sobre la información recolectada a través de cuestionarios estructurados. Realizamos 12 entrevistas en profundidad a una muestra de participantes luego de la última entrevista (doce meses). La selección de la muestra buscó representar dos perfiles de infractoras: (1) mujeres jóvenes condenadas por delitos de hurto, y (2) mujeres mayores condenadas por delitos de droga. La selección de mujeres no fue aleatoria y dependió de la facilidad de contacto y disponibilidad de las participantes.

Entre los temas abordados en la entrevista figuran la percepción de las mujeres respecto a la definición de reinserción y a su experiencia en los últimos meses; la evolución de las expectativas que tenían al egreso y dificultades experimentadas durante el proceso; y su percepción sobre el delito y las motivaciones para reincidir o desistir del delito9. Los análisis de las entrevistas cualitativas no fueron incorporados en este informe.

3.3 Tasa de respuesta

La población que participó en el estudio posee altos índices de vulnerabilidad y marginalidad, lo que dificulta su seguimiento en el tiempo (Western, 2018). Estudios previos en población infractora de ley reportan tasas de respuesta que van desde 32% a 90% (Western y col., 2017), y dependen, entre otros factores, de la extensión del estudio, tamaño de la muestra y frecuencia de contacto.

En este estudio invertimos un fracción relevante de recursos con el fin de maximizar la tasa de respuesta y poder estadístico de nuestros análisis, además de minimizar potenciales sesgos de selección debido a diferencias sistemáticas entre aquellos que participan en el estudio y quienes deciden abandonarlo. Las principales dificultades que enfrentamos en el seguimiento de las mujeres se relacionaron con la fragilidad de datos de contacto, el difícil rastreo de personas en conflicto con la ley y que no quieren ser visibilizadas, y la inseguridad tanto al interior como exterior de las viviendas de los entrevistados. Además, algunas mujeres no pudieron ser encuestadas por vivir o estar privadas de libertad en zonas lejanas del páıs.

Se adoptaron diferentes estrategias para disminuir el riesgo de atrición. La estrategia más importante consistió en crear un vínculo de confianza con las mujeres, por lo que se optó por tener un grupo estable de cinco encuestadoras, todas ellas con experiencia de trabajo en poblaciones vulnerables, que se vincularon desde la línea base con las participantes. La relación de confianza y el respeto a la confidencialidad de la información fueron claves para el éxito del estudio10. Además, se flexibilizaron los plazos de aplicación de las encuestas (ver Figura 3.2), y se mantuvo un contacto frecuente con personas o familiares cercanos a las participantes. Para proveer seguridad a nuestras encuestadoras, usamos acompañamientos (más de un encuestador por entrevista) cuando había señales de riesgo.

La Tabla 3.1 presenta la tasa de respuesta por medición. Los porcentajes fluctúan entre 80% y 90%. Del total, 153 (68%) participó en las cuatro mediciones posteriores a la línea base, y 169 participó en al menos tres de las mediciones (75.1%). Diez mujeres solo respondieron la línea base, y ocho solo hasta la primera semana. Por tanto, para 207 (92%) se tiene al menos un punto de observación posterior a la primera semana, lo que, combinado con el uso de calendarios, permitiría el análisis en algunos de los ámbitos estudiados.

9. En línea con la literatura feminista (Hesse-Biber y col., 2014), hacia el final del estudio se realizó un proceso de validación de los resultados con las propias participantes. Sin embargo, la participación fue baja y no se logró una discusión amplia y en profundidad para contextualizar los resultados preliminares.10. Una relación de confianza puede también afectar el modo en que las entrevistadas responden o generar disconfort emocional. Para evitar estos problemas, se resguardó la voluntariedad de las participantes y se respetaron los protocolos de contacto y aplicación de entrevistas. Además, las entrevistadoras fueron capacitadas para aplicar las encuestas de manera neutra y proveer información de los programas de reinserción disponibles, en caso de ser solicitada.

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11. Futuros análisis buscarán proponer soluciones para poder generalizar los resultados al total de la población de interés.

Tabla 3.1: Tasa de respuesta

Línea Base Primera Semana Dos Meses Seis Meses Doce MesesNúmero de entrevistas 225 181 177 197 200Sin contacto - 26 31 19 21Contactada sin encuesta - 18 17 9 4Casos perdidos* - 10 8 3 4Tasa de respuesta (%) - 80,4 78,7 87,6 88,9

*Casos perdidos definidos como aquellos que no participan en la entrevista actual y siguientes.

Los análisis que se presentan en este reporte se basan en las 225 mujeres iniciales, cuando estos refieren solo a la experiencia carcelaria o el período previo al mismo, o en las 169 mujeres que participaron en las mediciones de dos, seis, y doce meses. La Tabla 3.2 presenta las diferencias entre estas 169 mujeres y las 56 que fueron excluidas en algunos de los análisis. Como se aprecia, las mujeres que participaron en todas las mediciones tienen, en promedio, mayor edad, egresaron bajo libertad condicional y luego de haber cumplido una con-dena privativa de libertad más extensa. Tienen además, mayor probabilidad de haber estado condenadas por delitos de drogas, pero menos probabilidades de haberlo estado por hurto. Además, muestran diferencias en la probabilidad de reportar consumo problemático de drogas. No hay diferencias significativas, en cambio, de acuerdo a edad de inicio delictual, reincidencia penitenciaria previa, maternidad o problemas de salud mental. Es clave tener estas diferencias en cuenta al analizar los resultados de este informe11.

Tabla 3.2: Caracterización mujeres que participan en mayoría de las olas y las que no (media o porcentaje)

Participa No participa TOTAL (n=169) (n=56) (n=225)Edad*Tiene hijosEdad de inicio en delito 12 o antes 13 a 17 18 o másTiene condenas privativas previasDelito al egreso Hurto* Otros delitos contra la propiedad Delitos contra las personas Delitos de drogas* OtrosTiempo de condena* Hasta 60 días Entre 61 días y 3 años Más de 3 añosEgresa con libertad condicional* Malestar severo de salud mental Consumo problemático de drogas*

*Diferencias estadísticamente significativas entre grupos (90% de confianza).

37.2 32.9 89.3% 91.1% 22.4% 20.0% 33.9% 36.4% 43.6% 43.9% 72.8% 66.1% 34.5% 48.2% 14.9% 16.1% 7.1% 7.1% 39.9% 25.0% 3.6% 3.6% 26.3% 37.5% 37.7% 46.4% 35.9% 16.1% 35.5% 17.9% 26.5% 20.8% 35.3% 53.6%

36.189.8%

21.8%34.5% 43.6%71.1%

37.9% 15.2%

7.1%36.2%

3.6%

29.2% 39.9% 30.9%31.1% 25.1% 39.9%

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3.4 Ética e Incentivos

Según la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial), la población privada de libertad es considerada vulnerable. Esto exige seguir criterios éticos de investigación que aseguren la integridad y derechos de las mujeres infractores de ley. Tanto el estudio como los instrumentos aplicados fueron aprobados por el Comité de Ética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cada una de las participantes del estudio recibió una explicación detallada del estudio y firmó un consentimiento informado. Las mujeres, además, autorizaron el acceso a datos administrati-vos del Sistema de Justicia en Chile, e información sobre su lugar de residencia por medio de instituciones vincula-das al sistema de justicia y municipalidades.

Las mujeres recibieron un incentivo por participar en el estudio. Tras cada una de las mediciones, se hizo entrega de una gift card por $10.000 pesos chilenos ($15 US). Un aporte adicional de $15.000 pesos chilenos se entregó a quienes participaron de todas las mediciones de seguimiento. Además, se entregó dinero para la locomoción cuan-do la encuesta no fue realizada en los hogares de las participantes. Ahora bien, en cada una de las mediciones, se les preguntó a las mujeres la razón por la que participaban en el estudio, y solo entre un 11% (medición de primera semana y de seis meses) y un 22% (medición de doce meses) señalaron algo en relación a la ayuda económica brindada por la gift card. El vínculo con la encuestadora y razones asociadas a sus propios procesos de reinserción fueron otras de las razones esgrimidas.

3.5 Caracterización de la Muestra

3.5.1 Demográficos, escolaridad, historia laboral

El promedio de edad de las mujeres del estudio es 36 años (ver Tabla 3.2). Alrededor de un quinto tenía entre 19 y 25 años al momento de egresar de la cárcel (19%), 61% entre 26 y 45 años, y 20% más de 46 años. La mayor parte de las mujeres es madre (89.8%) y tuvo su primer hijo antes de cumplir 18 años (54%). El promedio de hijos por mujer es 2,8. Un 72% de las mujeres tiene al menos un hijo menor de 18 años, y un 58% un hijo menor de 13 años.

La información recolectada revela alta vulnerabilidad y desventajas socioeconómicas previas al ingreso a la cárcel. En términos de educación, un 79% de las mujeres reporta haber desertado de la escuela antes de finalizar su educación secundaria12. Si bien las mujeres con condenas por sobre tres años avanzan sus estudios durante su privación de libertad, sólo un 29% de las mujeres de la muestra tiene educación secundaria completa al egresar de la cárcel.

En términos laborales, la mayoría de las mujeres (69%) reporta haber tenido un trabajo remunerado (y legal) alguna vez en la vida. No obstante, sólo un 16% de las mujeres declaró tener un trabajo remunerado antes de ingresar a prisión, y un 40% declaró trabajos por cuenta propia (ocupaciones informales como vender en la calle o ferias libres). De este modo, y en coincidencia con su baja escolaridad, los trabajos a los que acceden las mujeres son informales, de baja remuneración y calificación. Por ejemplo, entre quienes tenían trabajo remunerado, un 40% no tenía contrato. De quienes trabajaban por cuenta propia, sólo un 10% entregaba boletas y/o pagaba impuestos. En este contexto, la actividad ilegal se constituye en la principal fuente de ingresos de la mayoría de estas mujeres. Mientras el 88% de quienes que no tenían ingresos legales señalaba que la actividad ilegal era su principal fuente de ingreso, este porcentaje bajaba a 59% entre quienes sólo tenían trabajo por cuenta propia, y a 37% en las mujeres con trabajo remunerado. Estas asociaciones dan cuenta de la conexión entre vulnerabilidad socioeconómica e involucramiento delictual.

Un 30% de las mujeres de la muestra ingresa a la cárcel sin experiencia laboral alguna. Este porcentaje es mayor entre las mujeres menores de 25 años (43%) y se asocia con las oportunidades de trabajo al interior de la cárcel, como se discute más adelante (Capítulo 5).

12. 10 mujeres declaran nunca haber estudiado.

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13. De las trayectorias identificadas por Daly (1992), tres están relacionadas con historias de victimización. La de las mujeres de la calle que abandonan el hogar a edad temprana y que se involucran en hurtos, prostitución o tráfico de droga para sobrevivir en la calle. El segundo grupo, dañada y que daña, mujeres que experimentan extrema negligencia, abuso sexual y físico en la niñez ,lo que las lleva a un comportamiento no conformista y delictual durante la infancia y a trayectorias delictuales en la adultez. Finalmente están las mujeres maltratadas que experimentan violencia de pareja y que se involucran en delitos de violencia intrafamiliar (ver Salisbury y col. 2018).14. El porcentaje de multireincidentes es mayor al reportado en estudios que caracterizan a la población penal (ver, por ejemplo, Morales 2015), lo que se explicaría, como se discute en la siguiente sección, por el diseño enfocado en una cohorte de egreso del presente estudio.

3.5.2 Experiencias de maltrato en la familia y pareja

La criminología feminista sugiere que los factores que explican la iniciación y continuidad de las mujeres en el delito son distintos a los de los hombres. Por ejemplo, Daly (1992) en su Feminist Pathways Perspective (FPP) identifica distintas trayectorias que explican el involucramiento delictual femenino, tres de ellas fuertemente vinculadas a historias de abuso desde la niñez y violencia de pareja13. De este modo, la vulnerabilidad frente al abuso y la violencia de género, y la respuesta frente a estos tipos de abusos serían factores claves para comprender la trayectoria delictual de la mujer (Belknap & Holsinger, 2013; Daly & Chesney-Lind, 1988; Salisbury y col., 2018).

Analizando la historia de las mujeres que participaron de este estudio, encontramos consonancia con esta perspectiva. Un 62% de las mujeres experimentaron algún tipo de maltrato siendo menores de edad. Específicamente, un 48% experimentó violencia verbal y un 45% violencia física y/o sexual. Por otro lado, un 64% de las mujeres señaló haberse escapado de su casa siendo menor de edad, lo que revela el clima de inestabilidad al que se enfrentan las mujeres de la muestra. Un grupo especialmente vulnerable es el de aquellas mujeres que vieron su vida familiar interrumpida, ya sea porque vivieron en la calle (17%) o estuvieron bajo custodia estatal (Servicio Nacional de Menores de Chile, SENAME) (13%). Entre quienes sufrieron violencia física y/o sexual antes de cumplir la mayoría de edad, un 20% estuvo bajo custodia estatal en algún momento, y un 28% vivió en la calle.

Esta experiencia temprana de violencia y victimización se extiende también en las relaciones de pareja. Un 60% de las mujeres señala tener una pareja fuera de la cárcel una semana antes de salir de prisión. Entre ellas, un 33% reporta algún antecedente de violencia previa en esa relación. Adicionalmente, un 69% reporta haber experimentado violencia física o sexual en alguna relación de pareja.

3.5.3 Trayectoria en el delito

El 37,9% de las mujeres que participó en el estudio cumplía una condena por hurto, y el 36% por delitos contra la ley de drogas (tráfico o micro-tráfico). Un tercer grupo lo constituyen mujeres condenadas por robos con intimidación o violencia y robos en lugar habitado o no habitado (15,2%). Finalmente, un porcentaje menor de las mujeres (7,1%) egresa de la cárcel luego de cumplir condenas por delitos violentos contra personas (homicidios, intentos de homicidio, lesiones o violencia intrafamiliar), o por otras actividades ilegales (receptación, estafa).

De manera consistente con estos delitos, cerca de un tercio de las mujeres salió en libertad luego de haber cumplido una condena menor a 60 días, mientras otro tercio reporta condenas mayores a tres años. Un 71% de las mujeres que egresan reportan haber tenido al menos una condena privativa de libertad previa a la del momento del estudio14.El promedio de condenas previas es de 3.9, aunque este promedio es consecuencia de un grupo menor de mujeres (9.8%) que tienen sobre 10 condenas previas. De hecho, la mitad de las mujeres reportan 2 o menos condenas previas.

De manera consistente con la literatura que sostiene que el involucramiento delictual de las mujeres es más tardío (Block y col., 2010; Simpson y col., 2016), un 44% de la muestra se inicia en el delito siendo mayores de 18 años, y sólo un 22% se inicia siendo menor de 12 años. La literatura destaca el inicio temprano como un factor de riesgo

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para carreras delictuales más largas y profundas (Thornberry & Krohn, 2001). De hecho, en este estudio, las mujeres que se inician tempranamente reportan también un mayor porcentaje de condenas privativas como adultas, y una mayor probabilidad de haber estado en el sistema de justicia siendo menores de edad. Esta población coincide con un perfil más vulnerable, asociado a delitos de hurto, con menor experiencia laboral, mayores porcentajes de maltrato infantil y de embarazo adolescente.

3.6 Algunos comentarios adicionales

Existen tres particularidades de este estudio que vale la pena discutir: el foco en Santiago, el estudio de una cohorte de egreso, y la heterogeneidad en la población. Respecto a lo primero, si bien Santiago concentra un tercio de la población privada de libertad del páıs, es fundamental destacar de antemano que los resultados de este estudio no son generalizables a la población femenina privada de libertad en otras zonas del páıs. Como estudios previos muestran, las características de la población penal de la Región Metropolitana difiere de la que reside en otras regiones en algunos factores relevantes como los de trayectoria delictual y consumo de sustancias (ver, por ejemplo, Hurtado y Larroulet 2012).

En segundo lugar, dado que el objetivo es describir el proceso de reinserción, el diseño del estudio implicó la selección de una cohorte de egreso. Esta decisión explica las diferencias entre nuestros datos y estudios previos de corte transversal que caracterizan a la población al interior de la cárcel. Los estudios transversales tienden a documentar un mayor porcentaje de mujeres en prisión por delitos de drogas y delitos contra personas, ya que estas cumplen condenas más largas y, por tanto, tienen un mayor probabilidad de ser incluidas en una muestra transversal de la población penal15. Nuestro estudio, por el contrario, da una mayor probabilidad de selección a mujeres con condenas cortas y que egresan durante el período de observación. Este grupo, en el que se concentran mujeres condenadas por delitos de hurto, tiende a ser invisible en la literatura y políticas públicas. Como se discutirá a lo largo del informe, los datos indican que se trata de mujeres con un perfil vulnerable, con menor acceso a programas de reinserción al interior de la cárcel, y que reportan un mayor compromiso delictual y probabilidad de reincidir. Urge, por tanto, entender mejor sus características y proceso de reinserción.

En línea con lo anterior, y como un tercer elemento a relevar, es importante destacar que los resultados del estudio dan cuenta de que el proceso de reinserción no es igual para todas las mujeres que egresan de la cárcel en Santiago. Mientras que los descriptivos que se discuten en las secciones anteriores son promedios, un análisis más detallado muestra que existen distintos perfiles en la población que difieren no solo en sus características demográficas, si no también en sus historias de vida previas a la cárcel, su involucramiento delictual, y por ende, a los desafíos y necesidades que enfrentan al salir de prisión. Un análisis más detallado de esta heterogeneidad se presenta en el capítulo siguiente.

15. Por ejemplo, el estudio “Factores de exclusión social en personas privadas de libertad” (Morales, 2015), documenta que un 52% de las mujeres en la cárcel cumple condenas por delitos de droga, y un 37% por delitos contra la propiedad, que incluye hurto y otros robos.

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4 ¿Quién es la mujer que egresa de la cárcel? Caracterización y perfiles

Si bien la descripción realizada de la población que participa en el estudio confirma la evidencia previa existente en Chile relativa a la vulnerabilidad que caracteriza a las mujeres que salen en libertad (Morales, 2015), detrás de los promedios se esconden diferencias importantes que parece necesario reconocer. La literatura en criminología ha destacado la existencia de distintas trayectorias de involucramiento delictual (Moffitt y col., 2001; Sampson & Laub, 1993), incluso entre aquellas que experimentan en algún momento una condena privativa de libertad (Piquero, 2008). Estas trayectorias difieren no solo en los factores asociados a un mayor compromiso delictual (Odgers y col., 2008), sino también a su extensión, intensidad, severidad y versatilidad (Block y col., 2010). Si bien en promedio las mujeres presentan trayectorias delictuales más cortas y menos intensas que los hombres (Block y col., 2010), los datos del Estudio de Reinserción dan cuenta de perfiles que difieren en términos de su grado de involucramiento delictual y de algunas características que podrían relacionarse con las probabilidades de reinserción y desistimiento futuro.

En el siguiente capítulo presentamos un análisis de clases latentes con el objetivo de identificar diferentes perfiles de mujeres. Se comienza dando cuenta de la literatura sobre patrones delictuales femeninos, para luego explicar el modelo estadístico utilizado y describir los perfiles detectados. Se concluye destacando la relevancia de considerar las necesidades particulares de cada uno de estos grupos1.

4.1 Patrones de involucramiento delictual femenino

La disciplina criminológica se ha centrado, desde sus orígenes, en explicar el comportamiento desviado de los hombres, ignorando la particularidad de las mujeres (Daly & Chesney-Lind, 1988) y asumiendo que los procesos y explicaciones de la población masculina aplican también a la población femenina (Miller y col., 2016). Sin embargo, sabemos que hay diferencias entre hombres y mujeres que requieren explicación. Las mujeres, por ejemplo, tienen menores tasas de prevalencia delictual (Moffitt y col., 2001) y, si cometen delitos, estos son menos graves, menos violentos y los cometen con menor frecuencia, además de tener carreras delictuales más cortas (Belknap, 2007; Block y col., 2010; Britton, 2011; Piquero y col., 2012).

La criminología feminista ha cuestionado el debate teórico sobre la etiología del delito, incorporando el componente de género en el análisis, de manera de entender cómo las estructuras de género organizan la vida diaria y delimitan las identidades y la acción de hombres y mujeres (Daly & Chesney-Lind, 1988). Así también, desde la criminología del desarrollo, existe un creciente interés por estudiar los caminos que llevan al involucramiento delictual femenino y en qué medida estos difieren de los ya establecidos en hombres. En uno de los primeros aportes a esta literatura, Daly analizó los expedientes de 40 mujeres y 40 hombres para determinar las diferencias y similitudes de género en los caminos hacia el involucramiento delictual (Daly, 1992). A partir de su estudio, se propone lo que hoy conocemos como la Feminist Pathways Perspective (FPP), que destaca la existencia de distintos perfiles del involucramiento delictual femenino, algunos de los cuales están presentes también en la población masculina.

En el análisis realizado por Daly (1992), se destacan cinco patrones de involucramiento delictual femenino. En primer lugar, está el llamado patrón de la calle, caracterizado por un abandono temprano del hogar, vida en la calle, un inicio delictual temprano y extendido, además de altos niveles de uso y abuso de sustancias. Si bien este patrón está presente también en la población masculina, la prevalencia en la población femenina es alta y ha

1. Los resultados presentados en este apartado fueron publicados parcialmente en Larroulet y col. (2020).

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sido el foco de atención de gran parte de la literatura en la materia (Brennan y col., 2012; Simpson y col., 2008). Un segundo patrón es dañado y que daña, donde Daly clasifica a mujeres que fueron abusadas y maltratadas siendo menores y cuyo comportamiento agresivo aparece tempranamente y se extiende hasta la edad adulta. Este patrón se relaciona con problemas de salud mental y también, al igual que en el caso de la mujer de la calle, con consumo problemático de drogas. Un tercer patrón es el vinculado a droga, que corresponde mayoritariamente a un involucramiento delictual en el mercado de la droga y que, en el caso de la mujer, es consecuencia de sus relaciones familiares o de pareja. Este patrón se caracteriza por un consumo de drogas ausente o experimental y pocos antecedentes delictuales. Finalmente, hay dos patrones propiamente vinculados al mundo femenino y que se caracterizan por un inicio tardío en el delito: el que Daly denomina mujeres agredidas, que se involucran en el delito como consecuencia de la relación con una pareja violenta (ver también Richie 2001; Simpson y col. 2008), y el patrón motivado económicamente, donde confluyen mujeres con pocos factores tradicionalmente considerados de riesgo delictual (por ejemplo, un inicio tardío en el delito, sin consumo problemático de drogas, etc.) y que cometen delitos propiamente económicos, como fraude y hurto.

La existencia de patrones similares ha sido confirmada en estudios posteriores, destacando principalmente el rol que la violencia doméstica y la vulnerabilidad económica y social podrían jugar en el involucramiento delictual de mujeres (Nuytiens & Christiaens, 2016; Salisbury y col., 2018; Simpson y col., 2008). Salisbury y col. (2018), por ejemplo, en su estudio con mujeres condenadas en una cárcel federal de Argentina, destaca la alta prevalencia de victimización y violencia previa al involucramiento delictual, así como la motivación económica detrás de la gran mayoría de los delitos.

El visibilizar los distintos patrones detrás del involucramiento delictual femenino nos permite entender cómo llega la mujer al sistema de justicia, pero además nos da luces sobre las necesidades específicas de esta población que requieren ser tomadas en cuenta para ayudar en el proceso de desistimiento y reinserción (Kruttschnitt, 2016). Ahora bien, es importante tener presente que estos perfiles no presentan características y circunstancias de vida mutuamente excluyentes. Más que una taxonomía rígida, los perfiles presentados operan como herramientas que permiten orientar la investigación y la intervención con mujeres infractoras de ley.

4.2 Detección de perfiles usando Análisis de Clases Latentes (LCA)

Para examinar la heterogeneidad existente en los perfiles de mujeres entrevistadas en el presente estudio utilizamos un modelo de clases latentes (LCA). Este modelo permite identificar grupos no observados directamente en los datos, pero que son similares en cuanto a una serie de indicadores categóricos (Collins & Lanza, 2010). Como es evidente, la población en cuestión podría ser caracterizada por medio de una variedad de constructos latentes. En el caso de este informe, buscamos identificar grupos que difieren en su grado de inserción en el mundo delictual.

La selección de indicadores se basó en dos líneas de investigación. Por un lado, la literatura del desarrollo en criminología que examina cómo un inicio temprano en el delito se relaciona con trayectorias delictuales más largas e intensas (Farrington, 2003), y en qué medida la conducta anterior es un buen predictor de la conducta futura (Nagin & Paternoster, 2000). Por otro lado, la literatura feminista que aborda los distintos patrones de involucramiento delictual entre hombres y mujeres (Daly, 1992), los que a la vez estarían asociados a distintas necesidades de cara a la reinserción y el desistimiento (Brennan y col., 2012; Kruttschnitt, 2016).

En consecuencia, decidimos utilizar las siguientes variables para explorar perfiles de mujeres: (1) historia delictual (tipo de delito cometido a lo largo de la vida), (2) inicio temprano en el delito (a los 14 años o antes), (3) reincidencia carcelaria (si había sido condenada a prisión cuatro o más veces antes, que corresponde a la media de la muestra), (4) abuso o dependencia de sustancias, e (5) identidad delictual (si declara considerarse a si misma como una delincuente). La distribución de estas variables para el total de la población se presenta en Tabla 4.1.

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Tabla 4.1: Indicadores modelo de clases latentes (n=225)

Indicador Media DEDelitos vida Hurto 0.70 0.46 Otros Propiedad 0.59 0.49 Drogas 0.44 0.50Otros Condenas Previas (4 o mas) 0.26 0.44 Dependencia - Abuso de Drogas 0.40 0.49 Inicio Delictual 14 años o previo 0.37 0.48 Identidad Delictual 0.22 0.42

DE= Desviación estándar

4.2.1 Selección del Modelo

Probamos distintos modelos con diferentes clases y combinación de variables. Finalmente, seleccionamos el modelo en base a criterios tanto estadísticos como interpretativos. Primero, elegimos los modelos con menor BIC (o Criterio de Información Bayesiano)2. Luego, seleccionamos el modelo más interpretable y de mayor relevanciateórica.Tanto el modelo de dos como el de tres clases son estadísticamente mejores que el modelo de una clase (menor BIC), lo que indica que la muestra no es homogénea. La comparación entre el modelo de dos y tres clases no es tan clara. Estadísticamente, la diferencia entre ambos modelos es menor y no significativa. Sin embargo, la solución de tres clases es teóricamente interesante. Por razones interpretativas, optamos por el modelo de tres clases para describir el perfil de inserción en el mundo delictual de las mujeres entrevistadas. Adicionalmente, el modelo de tres clases posee una probabilidad posterior de pertenencia superior a 0.70 para cada grupo3,lo que nos permite clasificar a cada mujer en una clase sin introducir sesgos adicionales en el análisis (Roeder y col., 1999).

4.3 Descripción de las Clases

La Figura 4.1 presenta la prevalencia de las variables por clase. Como se aprecia, la clase 1 (31%) se caracteriza por delitos contra la ley de drogas, baja prevalencia de delitos contra la propiedad y hurto, y una baja probabilidad de reportar condenas frecuentes, dependencia a drogas, inicio temprano o identidad delictual. Es decir, es una clase caracterizada por pocos factores de riesgo asociados a una carrera delictual extendida, y por su baja inserción en una subcultura delictual más allá de la vinculada al tráfico y venta de drogas. Sus características sociodemográficas y delictuales apuntan a un perfil similar al que Daly, 1992 llamó mujer vinculada a drogas.

2. Es decir, modelos con mayor probabilidad pero corregidos por sobreajuste.3. La probabilidad posterior de pertenencia indica la probabilidad de un individuo de ser asignado a una determinada clase en función de los indicadores utilizados. La probabilidad media de la clase 1 es 0.85, clase 2 es 0.83, y clase 3 es 0.94.

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La clase 2 (29%) tiene un perfil de baja inserción delictual, si bien la probabilidad de reportar un inicio temprano es marginalmente superior en comparación con la clase 1. Ahora bien, esta clase se caracteriza principalmente por el involucramiento en delitos contra la propiedad, y está sobrerepresentada en los delitos violentos, como el robo con intimidación y con violencia.

Por último, la clase 3 (40%) se caracteriza por su mayor nivel de compromiso delictual, con alta probabilidad de reportar dependencia o abuso a sustancias, un inicio delictual temprano, percibirse a sí mismas como delincuentes y ser altamente reincidentes. Esta clase también se concentra en la comisión de delitos contra la propiedad, principalmente hurtos a lo largo de la vida, apuntando a una combinación del perfil dañado y que daña y mujer de la calle.

A partir de los perfiles identificados, cada mujer de la muestra fue asignada aquella clase a la que tenía mayor probabilidad de pertenecer. A continuación, cada una de estas clases será caracterizada en mayor detalle de acuerdo a sus variables sociodemográficas y delictuales, sus experiencias de vida previas al ingreso a la cárcel, y sus experiencias carcelarias y expectativas para la reinserción.

4.3.1 Descripción Socio-demográfica por clase

La Tabla 4.2 muestra los perfiles socio-demográficos de las clase estimadas. Para detectar diferencias significativas entre los tres grupos, usamos análisis de varianza (Anova). Salvo la variable de escolaridad, todas las otras variables analizadas son significativamente distintas entre grupos. Como se aprecia en la Tabla 4.2, las mujeres que pertenecen a la clase 1 tienden a ser mayores al salir en libertad, estar cumpliendo condenas por delito vinculados a la ley de drogas, y tener condenas que exceden al año de duración. Esta población tiene además una mayor probabilidad de salir en libertad bajo un régimen de libertad condicional. Cabe recordar que este grupo se caracteriza justamente por su involucramiento en delitos de drogas y su menor perfil de riesgo delictual.

4. En la categoría otros propiedad se incluyen: robos en lugar habitado con gente y sin gente, robo en lugar no habitado, robo de y desde vehículo, robo por sorpresa, robo con intimidación y robo con violencia.

Figura 4.1: Probabilidad de indicadores por clase (n=225)

Clase 3 (40%)

Clase 2 (29%)

Clase 1 (31%)

Hurto Vida

Propiedad Vida

Droga Vida

Inicio Temprano

1.00

0,75

0,50

0,25

0.00

Reincidencia Cárcel

Dep/Abuso Drogas

Identidad Delictual

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Tabla 4.2: Caracterización de clases (media o porcentaje)

Variable Clase 1 Clase 2 Clase 3 N=69 N=65 N=91Edad (%)* 19-25 4.4 15.4 31.9 26-35 23.2 43.1 45.1 36-45 26.1 27.7 18.7 46-55 26.1 9.2 4.4 56+ 20.3 4.6 0 Promedio 44.0 34.8 31.1Educación (%)* Sin básica completa 36.2 27.7 30.8 Media incompleta 34.8 35.4 46.2 Media completa o mas 29.0 36.9 23.1Número promedio de hijos* 2.9 2.4 2.1Tipo de delito condena (%)* Hurto 2.9 35.4 65.9 Otros propiedad 2.9 44.6 22.0 Persona 4.4 3.1 3.3 Drogas 89.9 16.9 8.8Condenas privativas previas (%)* 0 39.1 37.5 15.4 1 20.3 20.3 8.8 2-4 39.1 34.4 26.4 5-9 1.5 6.3 26.4 10+ 0 1.6 23.1Extensión sentencia (%)* Menos 1 año 14.5 43.1 72.5 Entre 1 y 3 años 40.6 16.9 12.1 Mas de 3 años 44.9 40.0 15.4 Libertad Condicional(%)* 53.6 40.0 5.0

*Diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (95% de confianza).

4.3.2 Experiencias de vida

Las mujeres que ingresan a la cárcel experimentan condiciones de vulnerabilidad, marginalidad, y victimización que definen“suestadodesaludfísico,mentalyespiritual”almomentodeserencarceladas(Gaarder&Belknap,2002,p. 508). Ahora bien, así como los perfiles de mujeres que identificamos difieren en términos sociodemográficos, cabe la pregunta de en qué medida difieren sus experiencias durante la infancia y adolescencia como en el período previo a su privación de libertad. Estos factores no sólo revelan variables asociadas al involucramiento delictual, sino que también dan luces sobre necesidades específicas de esta población que requieren ser tomadas en cuenta en el proceso de reinserción.

El segundo grupo de mujeres se caracteriza por ser, en promedio, más joven, y haber cumplido condenas por delitos contra la propiedad, principalmente aquellos distintos de hurto4. Finalmente, el grupo caracterizado por su mayor compromiso delictual (clase 3), presenta un promedio de edad cercano a los 30 años y condenas mayoritariamente cortas por delitos de hurto (73% menores de un año). Este grupo tiene baja probabilidad de haber egresado bajo un régimen de libertad condicional.

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Esta experiencia se expande a la edad adulta, como víctima y agresora en contextos de relaciones de pareja. Por otro lado, y de manera consistente con el patrón de la calle señalado por Daly, este grupo de mujeres posee un mayor incidencia viviendo en la calle, tanto siendo menor de edad como antes de ingresar a la unidad penal. Esto se condice con la mayor inestabilidad residencial previa al ingreso a la cárcel. Por último, este grupo muestra también un mayor involucramiento en delitos a temprana edad, y vínculo con amigos que delinquen.

Si bien los perfiles de las mujeres de la clase 1 y la clase 2 son similares a primera vista, hay algunas diferencias a destacar. Las mujeres clasificadas en la clase 2 tienen una mayor probabilidad de haber sido arrestadas siendo menores, de tener amigos involucrados en delito, de haber vivido en la calle, y de reportar un inicio temprano en el consumo de cocáına o pasta base (antes de los 18 años)5. Sin embargo, poseen una menor probabilidad de tener familiares involucrados en delito. De manera consistente con la literatura internacional (Brennan y col., 2012; Daly, 1992; Salisbury y col., 2018), la clase 1 representa a aquellas mujeres involucradas en el mercado de drogas que se caracterizan por una menor inserción en el mundo delictual y menor exposición a la violencia, pero cuyas redes familiares están también insertas en patrones vinculados al delito, probablemente a la misma venta de sustancias.

5. A pesar del inicio temprano, es interesante destacar que este grupo presenta una baja probabilidad de reportar dependencia o abuso de sustancias. Esto podría ser consecuencia de la mayor dificultad de acceso a sustancias en la unidad (ver Capítulo 9).

Como se aprecia en la Tabla 4.3, el porcentaje de mujeres con experiencias de violencia es alto. Aun así, existen diferencias estadísticas significativas entre los grupos. Aquellas mujeres clasificadas en la clase 3 tienen mayor probabilidad de haber crecido en un contexto de violencia y abandono: casi la mitad declara haber sufrido violencia física por parte de sus padres u otros adultos siendo menor de edad, y más de la mitad haber sido víctima de violencia en el hogar.

Tabla 4.3: Experiencias de vida previas a la Carcel (porcentaje)

Variable Clase 1 Clase 2 Clase 3 N=69 N=65 N=91Infancia y adolescencia Violencia física* 30.4 26.2 47.3 Violencia sexual 11.6 18.5 24.2 Vivio en la calle* 4.3 20.0 25.3 En SENAME por protección* 1.4 10.8 24.2 Deserción escolar 81.2 83.1 85.7 Testigo de violencia física padres* 37.7 38.5 55.6 Arresto* 11.6 34.4 68.9 Amigos arrestados* 17.4 49.2 77.3 Consumo temprano alguna cocaína* 4.8 23.4 37.8Relaciones Familiares En pareja pre carcel 76.8 78.5 79.1 Historia de VIF (víctima) 65.7 68.3 72.4 Historia de VIF (agresora)* 32.8 36.7 64.4 Algún familiar preso en la vida* 75.4 60.0 83.1Seis meses antes de la cárcel Trabajaba 18.9 17.4 10.5 Inestabilidad residencial* 8.7 26.6 37.4 Vivió en la calle* 2.9 12.9 30.8 Mayoría de amigos involucrados en delito* 11.6 23.8 56.2


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Por tanto, si bien la población que compone este estudio se caracteriza por una vida marcada por la vulnerabilidad y la violencia, estas experiencias no son homogéneas, lo que apunta a la necesidad de considerar las necesidades de distintos grupos de cara al proceso de reinserción. Más aún, la pregunta no es solo cómo ingresan y cuáles han sido sus historias y experiencias de vida, sino cómo y con qué herramientas egresan luego de su privación de libertad.

4.3.3 Experiencia carcelaria y expectativas para la Reinserción

Existen importantes diferencias entre los distintos perfiles luego del egreso. Por una parte, la probabilidad de acceso tanto a trabajo como a capacitación durante la experiencia carcelaria varía profundamente entre los grupos. Las mujeres pertenecientes a la clase 1 tiene una probabilidad tres veces mayor de acceder a trabajo en la cárcel que las mujeres de clase 3, probablemente porque 2/3 de las mujeres de la clase 3 tiene una condena de menos de un año calendario (ver Capítulo 5). Estas diferencias se repiten, aunque menos marcadamente, en relación a otros factores. Por ejemplo, aun cuando no hay diferencias significativas en la percepción de soporte familiar, si existen diferencias en la percepción de conflicto con la familia6, donde las mujeres de clase 3 presentan mayores niveles de conflicto. Esto es relevante, pues, contextos de conflicto familiar son un factor de riesgo para la reincidencia (Mowen & Visher, 2015).

Tabla 4.4: Herramientas para la reinserción (media o porcentaje)

Variable Clase 1 Clase 2 Clase 3 N=69 N=65 N=91En la cárcel (%) Acceso a capacitación* 56.9 49.2 16.5 Acceso a trabajo* 62.3 46.2 20.9 Participación en grupo religioso 53.6 58.5 46.2 Recibió visitas* 97.1 85.9 82.4Al salir Tiene hijo(a) menor de edad (%)* 60.0 82.8 94.9 Cuenta con apoyo económico familia/pareja (%) 46.4 43.1 30.8 Escala soporte familiar 3.2 3.1 3.0 Escala conflicto familiar* 2.1 2.1 2.5 Salud excelente o buena (%)* 49.3 76.6 53.3 Síntomas de malestar severo de salud Mental (%) 22.1 18.3 30.8 Dependencia/abuso drogas (%)* 13.0 1.5 86.8 Escala de control sobre la vida* 3.1 3.1 2.8Expectativas (%) Importante encontrar trabajo 85.5 90.6 79.8 Muy/algo probable consumir drogas* 4.3 7.9 57.3 Muy/algo probable volver a delinquir* 5.8 22.2 60.4


6. Las escalas de soporte y conflicto familiar fueron adaptadas del estudio Returning Home. La escala de soporte está compuesta por items como ”Me siento cercana a mi familia” y ”Mi familia es una fuente de apoyo para mí”. La escapa de conflicto incluye items como ”Peleo mucho con mi familia”, y ”Mi familia me critica mucho”. Ver Capítulo 8 para mayor detalle.

Por otra parte, las mujeres pertenecientes a la clase 2 declaran tener mejor estado de salud. La diferencia con la clase 1 es esperada pues, en promedio, son 10 años menores (ver Tabla 4.2). Aquellas clasificadas en la clase 3, sin embargo, tienen peor salud a pesar de ser más jóvenes. Este factor parece estar relacionado con diferencias en dependencia y abuso de sustancias. Un 87% de las mujeres en la clase 3 posee síntomas de dependencia oabusoa sustancias, atribuiblemayoritaria—aunquenoúnicamente -—apastabase. Esteporcentajedifiere

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significativamente del 13% que presenta síntomas en la clase 1 y del 2% en la clase 2. Como plantea la literatura, el consumo problemático de drogas es uno de los factores más problemáticos en el proceso de reinserción que afectaría no solo el riesgo de reincidencia delictual (Huebner y col., 2010; McIvor y col., 2009), sino la recuperación de vínculos sociales (Cobbina y col., 2012; Western, 2018).

Finalmente, los distintos grupos difieren también en sus expectativas respecto al egreso. Si bien no hay diferencias significativas en la relevancia que otorgan a encontrar un trabajo, si las hay en la probabilidad de volver a consumir drogas y volver a delinquir. Esto refleja, en parte, las diferencias ya señaladas en términos de dependencia de sustancias y de inserción en el mundo delictual. Además, estas diferencias son consistentes con las que se aprecian enlaescalade”controlsobrelavida7”queapuntajustamentealniveldeauto-eficaciayagenciadelasmujeresencuestadas, un factor que la literatura asocia a una mayor probabilidad de tener una reinserción exitosa (McIvor y col., 2009).

4.4 Conclusiones

Desde una perspectiva de género, la literatura reciente busca reflejar las diferencias existentes entre hombres y mujeres y, con ello, considerar aquellos factores de riesgo y necesidades de tratamiento más relevantes para la población femenina. Entre estos sobresalen las historias de abuso y presencia de trauma (Covington, 2012), involucramiento en relaciones interpersonales disfuncionales (Cobbina, 2010), baja auto-eficacia (McIvor y col., 2009), problemas de salud mental y abuso de drogas (Cobbina y col., 2012), y responsabilidades adicionales que la mujer tiene en términos familiares (Leverentz, 2006). Sin embargo, también es clave tener en cuenta que algunos de estos factores difieren entre los distintos grupos de mujeres que egresan en libertad.

Los resultados de este capítulo refuerzan la existencia de distintos perfiles de mujeres en la población que egresa en libertad. En específico, los datos relevan tres grupos de mujeres. El primero de ellos (clase 1) (31% de las mujeres de la muestra) compuesto por mujeres de mayor edad, vinculadas principalmente a delitos de drogas, con un inicio tardío en el delito y menor probabilidad de presentar factores tradicionalmente asociados con reincidencia. Este grupo coincide con la mujer vinculada a drogas que analiza Daly (1992). El segundo grupo–(clase 2, 29%)–sugiere un patrón más complejo. Si bien reportan un inicio tardío en el mundo delictual y solo algunos de los factores de riesgo asociados con carreras delictuales extendidas, ellas si presentan una mayor inserción en grupos de pares desviados y en estilos de vida delictual comparado con aquellas de la clase 1, aun cuando no reconocen una identidad delictual ni presentan consumo problemático de sustancias (ver, sin embargo, Capítulo 9). Finalmente, el tercer perfil identificado (clase 3, 40%) corresponde a mujeres multireincidentes, condenadas principalmente por hurto, con un perfil altamente vulnerable y con consumo problemático de sustancias. Este grupo se vincula claramente con los patrones de la calle y dañado y que daña identificados por Daly (1992), y pareciera corresponder con aquel que entra y sale del sistema penitenciario, donde, como se verá en el siguiente capítulo, accede a un número limitado de intervenciones.

Los distintos grupos de mujeres presentan una alta exposición a la violencia y victimización, así como historias de marginalidad económica. Sin embargo, las diferencias presentadas confirman la necesidad de reconocer que no todas las mujeres que egresan de la cárcel son iguales, y existen diferencias fundamentales que explican y determinan no sólo sus patrones delictuales sino también su proceso de reinserción. De ahí la importancia

7. La escala se compone de una serie de items, a los que se reacciona con una escala likert desde Muy de acuerdo a Muy en desacuerdo. Los items de la escala son los siguientes: (1) Tengo muy poco control sobre lo que pasa en mi vida; (2) Lo que pase conmigo en el futuro depende principalmente de mí; (3) Es muy poco lo que puedo hacer para cambiar la mayoría de las cosas de mi vida; (4) Mi vida se me ha salido de control; (5) No hay manera que pueda resolver algunos de los problemas que tengo; (6) Puedo hacer cualquier cosa si realmente me lo propongo; y (7) Me siento incapaz de lidiar con mi vida.

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de considerar estos resultados al momento de hacer recomendaciones de políticas de reinserción y programas específicos, y alejarse de soluciones únicas.

Por ejemplo, los resultados sugieren de manera clara que el consumo de sustancias está en la base del comportamiento de las mujeres clasificadas en la clase 3. Considerando la historia de múltiples pero breves condenas y la evidencia sobre el efecto de las condenas cortas en reincidencia (Armstrong & Weaver, 2010), este grupo podría beneficiarse de sentencias alternativas a la cárcel que aborden los problemas de salud que parecen subyacer a su involucramiento delictual. Por otro lado, las mujeres de la clase 1 cuentan con una serie de herramientas para hacer frente al proceso de reinserción. Sin embargo, las barreras experimentadas en el mercado del trabajo dificultarían el proceso de abandono del delito, intervenciones enfocadas en la capacitación y acceso a empleo al salir en libertad serían fundamentales para facilitar si inserción. Finalmente, las mujeres de la clase 2, si bien se pueden beneficiar de un mayor acceso a capacitación y empleo, probablemente requieran una mayor intervención sobre actitudes y expectativas delictuales, dado su mayor involucramiento en un estilo de vida y con pares desviados.

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5 Experiencia Penitenciaria y Momento de Egreso

El entender el proceso de reinserción, definido como el egreso de la cárcel luego de haber cumplido una condena, exige mirar el desarrollo de este proceso en el tiempo. Visher y Travis (2003) definen cuatro etapas claves para comprenderlo: (a) la vida previa al encarcelamiento, (b) el periodo en la cárcel,(c) las experiencias inmediatas al egreso de la cárcel y (d) las experiencias posteriores de integración social.

Mientras los capítulos anteriores entregan alguna descripción de la realidad de vida de las personas que egresan, en este capítulo buscamos analizar la experiencia carcelaria en términos tanto del acceso a programas y oportunidades, como del apoyo recibido por la mujer durante este período. Adicionalmente, se describen las circunstancias del momento de salida y las experiencias inmediatas al egreso, recogidas en la encuesta de primera semana. A lo largo del informe se considera posibles diferencias según la extensión de la condena, y según el tipo de egreso, para ver cómo estos influyen en las oportunidades que tienen las mujeres para acceder a ciertos servicios dentro de la cárcel y planificar de mejor manera las circunstancias de su salida.

5.1 La experiencia intra-penitenciaria

Las mujeres que cumplen condenas en privación de libertad poseen historias de marginalización económica, problemas de salud física y mental, experiencias de victimización, violencia, y conflictos familiares que se asocian con su ingreso a la cárcel. Estos factores preexistentes a la privación de libertad impactan, a su vez, las oportunidades de reinserción cuando las mujeres egresan de la cárcel (Huebner y col., 2010).

No obstante, el paso por la cárcel en sí mismo puede favorecer o entorpecer el proceso de reinserción. Así como para ciertas personas el tiempo en privación de libertad puede ser una oportunidad para abstenerse de un consumo problemático de sustancias, situaciones de vulneración y actuar como un punto de inflexión y reflexión; para otras, el tiempo en prisión puede facilitar el desarrollo de redes delictuales que profundicen una carrera delictual, o puede constituirse en una experiencia deshumanizante que daña severamente las posibilidades de reconstruir una vida plena en el exterior (Harding y col., 2019; Visher & Travis, 2003; Western, 2018). La posibilidad de que el periodo en la cárcel favorezca una reinserción positiva depende, en parte, de si este tiempo es capaz de disminuir las brechas que llevaron a las personas a la cárcel en primer lugar (Wakefield & Uggen, 2010).

En esta sección se presentan los datos sobre la experiencia carcelaria de las mujeres, en términos del acceso a educación, capacitación, salud y vínculos interpersonales. Adicionalmente, se analiza en qué medida esta experiencia depende de la extensión de la condena y de otros antecedentes individuales.

5.1.1 Educación, capacitación y trabajo

Uno de los elementos más desafiantes para las mujeres al momento de la reinserción es la (re)incorporación al mundo laboral. Los bajos niveles de educación, trayectorias laborales inestables y la carga de antecedentes penales han sido destacados en la literatura como obstaculizadores para la reinserción laboral (Opsal & Foley, 2013). En nuestra muestra, el 83% de las mujeres señala que encontrar trabajo es crítico para su reinserción social, mientras al mismo tiempo, 65% considera que será muy difícil encontrarlo.

Los niveles de educación son una primera barrera para la reinserción laboral. Las mujeres que salen en libertad lo hacen teniendo niveles de escolaridad muy por debajo de la media nacional1. Sólo un 29% de las mujeres egresa de la cárcel con educación media completa, 41% egresa con básica completa y un 28% no ha terminado

1. De acuerdo a CASEN 2017, en Chile un 53% de las mujeres mayores de 18 años tiene educación media completa y sólo un 15% no tiene educación básica completa (Observatorio Social, 2018).

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su educación básica al momento de salir en libertad. El bajo nivel de educación de las mujeres es reflejo de una historia educacional interrumpida. Un 79% desertó del colegio antes de terminar la enseñanza media, siendo séptimo básico el curso promedio en que abandonaron la escuela. En este contexto, la cárcel efectivamente es una oportunidad para avanzar en sus estudios escolares. En nuestra muestra, 28% de las mujeres terminó algún curso dentro de la unidad penal, 10% logró terminar su educación básica y 13% señala haber terminado cuarto medio2.No obstante, estas oportunidades se ven casi exclusivamente concentradas en aquellas mujeres cuyas condenas se alargan por más de 540 días (ver Tabla 5.1). Entre las mujeres que están en la cárcel menos de 540 días solo 3% accede a algún tipo de educación.

Dentro de la cárcel también se entregan otro tipo de herramientas que pueden facilitar la transición al mundo laboral, como capacitaciones y experiencia laboral. Considerando el total de capacitaciones, 37% de las mujeres de la muestra declara haber participado en algún entrenamiento laboral. No obstante, este porcentaje desciende a 7% entre quienes han estado en la cárcel entre 61 y 539 días, y a 6% entre las mujeres que han estado menos de 60 días. Las capacitaciones desarrolladas por FOSIS e INFOCAP son las más prevalentes. Ahora bien, la mitad de las mujeres que acceden a capacitación señala que duraron más de 5 meses, un 43% participó en cursos de entre 2 y 4 meses, mientras que un 7% declara que el curso más largo al que tuvo acceso fue de menos de un mes.

Respecto a la experiencia laboral, 30% de las mujeres que participan en el estudio no tiene ningún tipo de experiencia en trabajos remunerados dependientes. Sólo un 16% tenía trabajo remunerado antes de su privación de libertad y 40% recibía ingresos por actividades por cuenta propia. Al interior de la cárcel, un 41% de las mujeres tuvo oportunidad de trabajar, y la mitad de ellas lo hizo durante la mayoría de su condena3. Al momento del egreso, 27% se encontraba trabajando en la cárcel. No obstante, las oportunidades de trabajar dentro de la cárcel nuevamente se encuentran concentradas entre aquellas mujeres que tienen condenas de más de 540 días.

En el caso del empleo, es interesante destacar que también existen diferencias de acuerdo a la experiencia laboral previa. Sólo 25% de las mujeres que no tenían experiencia laboral previa accede a trabajos intrapenitenciarios, versus un 49% de quienes si tenían experiencia laboral, lo que sugiere que la cárcel tiende a reproducir las inequidades de acceso al trabajo que existen en el mercado laboral.

2. De todas las mujeres de la muestra que egresan de esta privación de libertad con cuarto medio, un tercio (31%, n=20) obtuvo el título en la cárcel.3. El 16% trabajó para una empresa privada que operaba al interior de CET (Centro de Estudio y Trabajo), un 10% en trabajos en talleres manipulación de alimentos, 6% como jornal de Gendarmería y sólo un 2% como trabajadora independiente en artesanías. El promedio de ingresos declarado por estos trabajos es de $77.274.

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Finalmente, existen otros programas destinados a entregar apoyo psicosocial a las mujeres, fomentar el vínculo con sus familias y entregar momentos recreativos. Un 41% de las mujeres participó alguna vez de este tipo de talleres, nuevamente estando concentrados, casi exclusivamente, en aquellas mujeres de condenas largas (ver Tabla 5.1). En general, las posibilidades de acceder a actividades deportivas y culturales son mínimas: 9 de cada 10 mujeres nunca accede a ese tipo de actividades.

5.1.2 Salud4

Las mujeres privadas de libertad tienen una salud más precaria y mayores niveles del consumo problemático de drogas que la población general (Visher y col., 2004; Western, 2018). La privación de libertad puede, potencialmente, mejorar el acceso a tratamiento de adicciones, y de problemas de salud mental y física, especialmente en mujeres mayoritariamente marginadas del sistema de salud. Por ejemplo, Un 18% de las mujeres no pertenecía a ningún sistema de salud antes de ingresar a la cárcel. No obstante, 32% de la muestra considera que su paso por la cárcel empeoró su salud física y/o mental.

Por ejemplo, el 40% de las mujeres entrevistadas presenta síntomas de abuso y/o dependencia de drogas al momento del egreso5. Entre ellas, sólo un 15% ha sido tratada alguna vez en su vida, y un 9% accedió a algún tipo de tratamiento durante la privación de libertad6. Dos de cada tres de estas mujeres declaran necesitar tratamiento y rehabilitación al salir de la cárcel. Además, el 62% de las mujeres que presentaba síntomas de abuso/dependencia

4. Los problemas de salud previos al encarcelamiento y durante el proceso de reinserción se analizan en mayor detalle en el Capítulo 9. Esta sección tiene como objetivo dar cuenta del acceso a tratamiento durante el encarcelamiento.5. Se utilizó el módulo de consumo de drogas del MINI International Neuropsychiatric Interview para medir abuso y dependencia de sustancias. Ver Capítulo 9 para más información.6. Se incluye comunidad terapéutica y tratamiento de drogas de bajo umbral.

Tabla 5.1: Acceso a educación, capacitación, talleres y trabajo al interior de la carcel, según tiempo de duración de la condena (%)+

Variable Hasta 60 días Entre 61 y 539 días Entre 540 días o más TOTAL n=65 n=41 n=119 n=225Educación escolar 3 3 51 28Capacitaciones* 6 7 65 37 FOSIS 0 0 22 12 INFOCAP 0 5 20 12 CET 0 0 17 9 Cursos SENCE 2 2 13 8 Proandes 0 0 3 1Talleres o programas 14 10 66 41 Mujer Levántate 0 2 32 17 Abriendo Puertas 0 2 27 15 Talleres culturales 8 5 19 13 Programas de vinculación familiar** 2 0 16 9 Talleres deportivos 0 5 15 9 Acompañamiento espiritual 3 2 9 6Acceso a trabajo intra-penitenciario 2 14 71 41

+Diferencias significativas entre los grupos en todas las variables.*En el porcentaje total se considera también la participación en otro tipo de capacitaciones.**Considera la participación en cualquiera de los siguientes programas: Conozca a su Hijo, Rehaciendo Vínculos, Abriendo Caminos.

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5.1.3 Vínculos sociales

La literatura plantea que la posibilidad de retomar y fortalecer vínculos de apoyo social es clave para promover una reinserción exitosa (Cobbina, 2010). No obstante, la privación de libertad aumenta la probabilidad de quiebre familiar (Apel, 2016) y muchas veces desconecta a las mujeres de familias e hijos, aumentando la posibilidad de recaer en el delito (Giordano y col., 2011).

Los resultados del estudio indican que la familia es un soporte fundamental en el proceso intra-penitenciario9. Un 57% de las mujeres señala que alguien de la familia – más frecuentemente la madre e hijos – fue la persona más cercanas en el periodo de privación de libertad. A su vez, un grupo mayoritario de las mujeres señala haber recibido apoyo de su familia, ya sea en la forma de apoyo emocional (83%)10, económico (70%)11 o manteniendo a sus

7. Se incluye alcohol, marihuana, cocáına pasta base e inhalables.8. Malestar severo de acuerdo al instrumento SCL-90, aplicado en el estudio (Mundt y col., 2016), y con los puntos de corte validados por (Ignatyev y col., 2016). Ver Capítulo 9 para más información.9. Ver Capítulo 8 para mayor desarrollo del tema. 10. Se consideran quienes recibieron apoyos de padre, madre, hijos, hermanos u otros familiares en escuchar sus problemas y/o sentirse queridas y esperadas por ellos.11. Se considera quienes recibieron dinero o ropa, alimentos y elementos de aseo en la unidad penitenciaria de madre, hijos, hermanos u otros familiares.

de drogas declara haber consumido alguna sustancia durante los últimos 30 días7, lo que indica que la cárcel no garantiza una abstención del consumo ni es un espacio libre de drogas.

Respecto a salud mental, el 25% de las mujeres presenta síntomas de malestar severo al momento de egreso8.De estas mujeres, sólo el 13% tuvo acceso a algún taller psicosocial y/o servicios de salud mental como terapia o atención psiquiátrica.

Los porcentajes de acceso a servicios médicos, consultas ginecológicas, y servicios dentales son claramente mayores en contraste con lo relativo a salud mental y consumo de sustancias. Ahora bien, y como se aprecia en la Tabla 5.2), el acceso a otros servicios médicos se encuentra condicionado a la extensión de la condena. Las mujeres con condenas mayores a 540 acceden en un porcentaje significativamente mayor a todos los servicios médicos analizados.

Ahora bien, en algunos casos la privación de libertad interrumpió tratamientos médicos. Por ejemplo, un 30% de las mujeres señala que estaba en algún tipo de tratamiento médico al momento de ingresar a la cárcel. La mitad de ellas no pudo continuar con el tratamiento dentro. Por otro lado, un 26% de las mujeres señala haber tenido una enfermedad y/o dolencia severa al interior de la unidad penal. De ellas, un 21% no recibió atenciones médicas. Si bien el acceso es más extendido que con otros servicios, aún existen brechas para garantizar a las mujeres el derecho a la salud en la cárcel.

Tabla 5.2: Acceso a tratamiento de drogas y atención en salud según extensión de la condena (%)

Variable Hasta 60 días Entre 61 y 539 días 540 días o más Total (n=65) (n=41) (n=119) (n=225)Tratamiento de drogas 0 0 13 7Atención de salud mental 5 0 29* 17Servicios médicos 44 48 77* 62Servicios ginecológicos 20 24 68* 46Servicios dentales 27 45 66* 51

*Diferencias significativas entre los grupos (95% de confianza.

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hijos en el medio libre (58%). Así también, la mayoría de las mujeres (58%) recibe visitas mensuales de familiares, aunque sólo un 38% señalaba recibir visitas mensuales de sus hijos. Existen diferencias significativas en los niveles de contacto con familiares según la extensión de las condenas (ver Tabla 5.3). Aquellas con condenas cortas declaran un menor apoyo emocional y económico de sus familias, y menos visitas mensuales de sus hijos. En este grupo, también, el 12% señala que no tuvo a nadie cercano durante la privación de libertad, y 27% nunca recibió visitas.

Algunas mujeres ven sus vínculos familiares debilitados por el paso por la cárcel12.Las condiciones propias del régimen de visitas pueden contribuir, en parte, a explicar esta situación (Michalsen y col., 2010). Un tercio de las mujeres de la muestra señala que aspectos como los procedimientos de registro y revisión (26%), la falta de privacidad (14%), tiempos de espera (9%), tratos de funcionarios (5%) y castigos (2%) han limitado las visitas por parte de sus seres queridos. Por otro lado, un 20% de las mujeres menciona que la lejanía y el costo del transporte disminuye las visitas, mientras que un 12% destaca que los horarios de las visitas no son adecuados. Cabe destacar que un 20% de las mujeres señala no desear que la visiten en la cárcel y un 9% que su familia no la quiere visitar.

12. Por ejemplo, un 30% de quienes recibían visitas mensuales de sus hijos al principio de la privación de libertad, terminan recibiendo visitas en menor frecuencia al final de la condena.13. Un 8,4% declara haber sido víctima de agresiones físicas por parte de personal de gendarmería y un 14% por parte de otras mujeres privadas de libertad. Por otro lado, un 1,3% declara haber sido víctima de abuso sexual por parte de personal de gendarmería y un 1,8% por parte de otras mujeres privadas de libertad.

Tabla 5.3: Indicadores de vínculos dentro de la cárcel según tiempo de condena (%)

Variable Hasta 60 días Entre 61 y 539 días Entre 540 días o más TOTAL (n=65) (n=41) (n=119) (n=225)Persona más cercana durante privación de libertad Alguien de la familia 52 57 60 57 Pareja o ex pareja 15 7 3 7 No tiene persona cercana 12 5 3 6 Alguien de la unidad 8 5 4 5 Amigos 5 10 3 4Apoyos recibidos desde la familia Apoyo emocional* 71 81 90 83 Económico* 50 76 79 70 Con el cuidado de hijos 62 60 56 58Visitas Nunca recibió visitas* 27 12 3 12 Visita semanal de familiares 23 41 29 30 Visita mensual de familiares 52 57 61 58 Visita semanal de hijos 9 24 15 15 Visita mensual de hijos* 18 36 46 36


5.1.4 Violencia y victimización

La cárcel es un espacio en donde se pueden acrecentar las experiencias de victimización y violencia entre las mujeres. Un 18% de las mujeres declaró haber ser victimizada alguna vez al interior de la cárcel, ya sea física o sexualmente por personal de gendarmería y/o otras mujeres privadas de libertad13.Quieneshanestadomástiempoprivadasdelibertad tienen un mayor probabilidad de haber vivido estas experiencias. Un 24% de quienes estuvieron en la cárcel más de 540 declaran experiencias de victimización, versus un 8% de quienes estuvieron menos de 60 días. A su vez, 24% de las mujeres declara el uso de violencia contra personal de gendarmería (6%) u otras internas (24%).

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5.2 El momento de egreso

El momento del egreso es un evento complejo y relevante para el proceso de reinserción (Visher & Travis, 2003; Western y col., 2015). En este período, las mujeres transitan de un entorno controlado a un entorno libre, en donde deben gestionar un lugar donde vivir, solventar sus gastos de mantención y retomar contacto con familiares. La visualización de los desafíos que las mujeres enfrentarán aumenta su ansiedad, y como señalan Harding y col., 2019, muchas personas se enfrentan en el exterior a realidades que dificultan la consecución de esas metas a pesar de las intenciones declaradas antes de egresar al medio libre.

El éxito o fracaso en esta primera inserción es clave para la reincidencia y reinserción futura (Visher & Travis, 2003; Western y col., 2015). La literatura plantea que las prácticas carcelarias muchas veces dificultan este proceso, exponiendo a las personas a riesgos. Por ejemplo, la evidencia da cuenta que un egreso progresivo estaría asociado con mejores perspectivas de inserción social (Ostermann 2012). Sin embargo, la mayoría de quienes egresan lo hacen luego de cumplir el total de su condena en privación de libertad (ver, por ejemplo, Morales y col. 2012). Además, muchas personas salen de la cárcel con poco o nada de dinero, sin arreglos de transporte para llegar a sus hogares o a altas horas de la noche donde existen pocas posibilidades de contacto con la familia o proveedores de servicios (Munyo & Rossi, 2014; Visher & Travis, 2003).

En términos de progresividad, un 20% de las mujeres que sale en libertad tenía acceso a beneficios de salida al momento de egresar. En más de la mitad de los casos, este beneficio era de salida dominical. Solo tres mujeres reportan haber estado con salida diaria. Del total, además, un 31% egresa bajo el beneficio de libertad condicional, mientras que la mayoría lo hace luego de cumplir el total de su condena14.

Porotraparte,losresultadosdelEstudiodeReinsercióndancuentadelaspocasinstanciasdepreparación para el egreso a las que acceden quienes salen en libertad. Un porcentaje muy bajo de las mujeres recibe información respecto a cómo encontrar trabajo, acceder a servicios y encontrar un lugar donde vivir (Tabla 5.4. En ese sentido, las respuestas de las mujeres sugieren que no existe un esfuerzo sistemático e institucional para orientar a las mujeres en el momento previo a la salida. La preparación para el egreso depende también del tipo de cumplimiento de

14. Es relevante recordar que el estudio no considera mujeres egresadas bajo la Ley No 19.856, dada la imposibilidad de anticipar su fecha de egreso para la aplicación de la encuesta de Línea de base.

Tabla 5.4: Información entregada al salir según tipo de egreso (%)

Variable Cumplimiento de condena Libertad Condicional TOTAL (n=156) (n=69) (n=225)Si puede borrar antecedentes* 7 50 21Como buscar trabajo 7 20 12Como continuar con su educación* 3 15 7Como acceder a talleres de adaptación al medio libre 4 13 7Como obtener una ficha de protección social 5 8 6Como acceder a ayuda legal 3 10 5Donde acudir si necesita ayuda con hijos 3 8 5Como acceder a tratamiento de droga/alcohol 4 5 4Como trasladarse a su casa 2 7 4Como encontrar un lugar donde vivir 2 5 3Como acceder a servicios de salud mental 2 5 3Como acceder a servicios de salud en general 3 3 3

*Diferencias significativas entre los grupos (90% de confianza).

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Estos porcentajes, nuevamente, varían de acuerdo al tipo de egreso. Si bien destacábamos que aquellas mujeres que salen bajo la libertad condicional cuentan con mayor acceso a información, también parecieran tener menos tiempo para preparar la salida. Por ejemplo, solo un 23% de las mujeres que egresan con libertad condicional sabía que saldría en libertad con al menos 7 días de antelación. En el caso de quienes egresan por cumplimento de condena, este porcentaje asciende a 97%. Esta diferencia puede explicar que el 40% de quienes egresan con libertad condicional no hayan sido acompañadas por familiares o amigos al momento de la salida.

Los datos también indican que hay aspectos logísticos de la salida que podrían exponen a las mujeres a riesgos. Por ejemplo, 47% de las mujeres sale de la cárcel en la noche y 64% sale sin dinero para solventar gastos inmediatos como locomoción. Como es de esperar, el porcentaje que egresa en la noche es significativamente mayor entre aquellas que lo hacen luego de cumplir el total de la condena16, y son ellas quienes tienen una menor probabilidad de contar con recursos económicos al momento de salir. Encontraste, quienes salen con libertad condicional tienen mayor probabilidad de salir con dinero (55%), probablemente porque un mayor porcentaje de ese grupo trabaja al interior de la cárcel, y de hacerlo durante el día. Sin embargo, como se señaló, hay un porcentaje relevante de este grupo que no cuenta con nadie que la espere a la salida de la unidad penal. Siendo ellas quienes han tenido condenas más largas, este proceso de transición y llegada al nuevo hogar puede ser particularmente estresante.

15. Los resultados de este análisis se basan en el total de mujeres que participó en la medición de primera semana. Por eso el número total de mujeres es 181, y no las 225 de las tablas anteriores. 16. La ley considera que la condena se cumple a las 23:59 horas del día establecido. Por otro lado, quienes egresan por libertad condicional pueden dejar la unidad apenas llega la lista de mujeres beneficiadas, lo que suele ocurrir durante el día laboral.

condena. Las mujeres que acceden a libertad condicional obtienen, en general, mayor información y recursos para el momento del egreso, lo que podría ser consecuencia de que tienen, en promedio, condenas más extensas en el tiempo.

Al analizar el proceso mismo del egreso vemos que la mayoría de las mujeres sabía de antemano cuándo saldría en libertad y pudo contar con familiares o amigos que la recibieran a la salida (ver Tabla 5.5)15.

Tabla 5.5: Indicadores del momento del egreso según tipo de egreso (%)

Cumplimiento de condena Libertad Condicional Total (n=121) (n=61) (n=181)Momento del egreso Supo que saldría al menos 7 días antes* 97 23 72 La fueron a buscar a la salida* 86 60 77 Tenía dinero al salir* 27 55 36Hora de egreso Entre 23:30 y 2:30 hrs* 69 3 47 Entre 12 y 21 hrs* 31 97 53


5.3 Conclusiones

La reinserción post carcelaria es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. En este reporte describimos dos momentos claves de este proceso de reinserción: el período intra-penitenciario y el momento del egreso. Ambos fueron caracterizados desde los servicios que entrega la cárcel a las mujeres.

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Si bien la cárcel entrega oportunidades para retomar la educación escolar, solo un 37% de mujeres accede a capacitaciones enfocadas a lo laboral y 41% a algún tipo de trabajo intra-penitenciario. Más aun, las capacitaciones disponibles son en su gran mayoría de corta duración, por lo que sería necesario explorar si son suficientes para compensar las debilidades que tienen las mujeres para enfrentar el mercado laboral al egreso, y si se ajustan a lo que éste espera. En términos de talleres y programas de intervención, un 41% de las mujeres dice haber accedido a alguno, realizados por Gendarmería, o por fundaciones que trabajan al interior de las unidades.

Este acceso tanto a talleres como a capacitaciones y trabajos se concentra en el grupo de mujeres que tiene condenas de más de 540 días. Aquellas mujeres con condenas más cortas tienen un acceso limitado, con porcentajes que no alcanzan el 10% en términos de educación o capacitaciones. Hay que recordar que un 29% de las mujeres que egresan lo hacen luego de cumplir una condena de menos de 60 días, y 47% si consideramos todas aquellas menores a 540 días. Esto implica que la mitad de las mujeres que egresan lo hacen sin acceder a mayor intervención. Adicionalmente, las oportunidades para trabajar que existen en la cárcel generalmente se concentran entre quienes tienen mayor experiencia laboral, lo que podría estar reproduciendo inequidades pre-existentes.

Respecto al acceso a la salud, se observa que en general existe baja cobertura para tratar problemas especialmente relacionados con la comisión de delitos, como consumo de drogas y problemas de salud mental. La menor cobertura se encuentra nuevamente entre el grupo de mujeres con condenas cortas. Según los análisis de perfiles revisados previamente, son justamente estas mujeres con condenas cortas quienes reportan en mayor medida un consumo problemático de sustancias y, por ende, quienes debiesen acceder a este tipo de tratamiento.

Finalmente, la experiencia carcelaria pareciera estar íntimamente ligada a la familia en el exterior. Son sus integrantes las personas que las mujeres sienten más cerca durante el encarcelamiento. Es de la familia de quien reciben apoyo emocional y económico. Y la inmensa mayoría de las mujeres (88%) declara haber recibido alguna visita durante la privación de libertad, aun cuando el porcentaje que las recibe semanalmente es algo menor. Estos resultados refuerzan la idea que el encarcelamiento afecta no solo a quien lo experimenta, sino también a aquellos vínculos sociales más cercanos (ver, por ejemplo, Comfort, 2009). Estos vínculos, sin embargo, se ven debilitados en el caso de algunas mujeres, a pesar de ser centrales en el proceso de reinserción (Visher & Travis, 2003).

Finalmente, la literatura de reinserción considera la transición inicial al medio libre como un proceso particularmente estresante, que implica el reajuste a las tareas e interacciones diarias de la sociedad que vive en libertad (Western, 2018). Esto implica reconocer el contexto donde se habita, recuperar vínculos sociales, obtener una vivienda estable, y buscar medios de subsistencia. Todos estos elementos los iremos discutiendo en los próximos capítulos de este informe. Sin embargo, la literatura también apunta al momento del egreso como ese primer paso en que el sistema penitenciario puede facilitar –o no– la transición en libertad (Visher & Travis, 2003). Los resultados dan cuenta que existe poca preparación para el egreso, lo que se refleja en entrega limitada de información respecto a derechos y lasalternativasdisponiblesfueradelacárcel.Quienesegresanconlibertadcondicionalsonnotificadasconpocaantelación lo que se asocia con una salida más solitaria, no obstante quienes egresan por cumplimiento de condena son expuestas en mayor proporción a salir en medio de la noche y sin recursos económicos. Esto, a pesar de que la literatura sostiene que pequeños aportes en recursos para solventar los primeros días en libertad son relevantes para reducir la reincidencia (Munyo & Rossi, 2014). Estas situaciones exponen a mujeres a riesgos, que podrían ser evitados con mejores políticas para el momento del egreso.

En los capítulos que siguen se analizan los distintos desafíos que enfrentan las mujeres que salen en libertad, describiendo de esta manera lo que ocurre en los primeros 12 meses posteriores al momento de egreso de la cárcel.

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6 Empleo1

Tanto la literatura del desistimiento (Laub & Sampson, 2003) como aquella que se enfoca en programas de reinserción (Cook y col., 2015; Uggen & Kruttschnitt, 1998) apuntan al trabajo como un elemento relevante que favorece el abandono de la conducta delictual. Sin embargo, las personas que egresan de la cárcel reportan grandes dificultades para acceder a trabajos y para mantenerse en los mismos (Visher y col., 2004; Western, 2018). Historias de desempleo y bajas tasas de escolaridad restringen el acceso a empleos de calidad, y, si bien la experiencia laboral y de capacitación a la que acceden estando encarcelados pudiese compensar estas desventajas, la literatura en Chile (Cárdenas, 2010) y afuera (Kruttschnitt & Gartner, 2003) confirma que solo un pequeño porcentaje de internas e internos accede a los mismos, y que los aprendizajes no necesariamente se aplican a su experiencia al medio libre. Cárdenas (2010) en un estudio exhaustivo sobre el sistema de capacitación y trabajo carcelario en Chile pone en evidenciacomoéste”presentaunaescasarelaciónconlasdemandasdelmercadodeltrabajoregional,contribuyendoconelloaldesempleofuturodeestaspersonas”(p.103).Porotrolado,elprocesodereingresoestámarcadoporexperiencias de estigma, donde el tener antecedentes penales se puede transformar en una barrera adicional en este proceso de inserción laboral (Pager, 2003).

La literatura es limitada en el caso de las mujeres. Un análisis realizado con el estudio Returning Home, muestra que las mujeres tenían menores probabilidades que los hombres de estar empleadas a los dos meses post egreso, y que esta diferencia aumentaba con el tiempo (Visher y col., 2004). Estos resultados son consistentes con los resultados mixtos que reporta la investigación en términos de reincidencia y desistimiento, donde el tener empleo no aparece como un factor detonante en las probabilidades de abandonar el delito en el caso de las mujeres, como si lo es en el caso de los hombres (ver, por ejemplo, Rodermond y col. 2016; Uggen y Kruttschnitt 1998). Las diferencias que aparecen en los estudios cuantitativos podrían ser consecuencia de las peores perspectivas laborales que enfrenta la mujer, en términos de acceso al trabajo y de precariedad laboral, de su necesidad de manejar múltiples roles, o de diferencias en herramientas asociadas a la empleabilidad como son la educación y la salud. Sin embargo, estudios cualitativos han mostrado que el acceder a un trabajo constituye, en el discurso de las mujeres que salen en libertad, un elemento central en su proceso de reingreso, principalmente como una manera de mantenerse a sí misma y a sus dependientes (Leverentz, 2014; Opsal & Foley, 2013).

En este capítulo presentamos los desafíos y experiencias en el ámbito laboral de las mujeres que egresan de la cárcel en Santiago, Chile. Primero, se describe la historia laboral de las mujeres, tanto previa como durante su privación de libertad, de manera de caracterizar a quienes egresan en términos de empleabilidad. Luego se analizan los patrones de búsqueda y acceso a empleo en los primeros doce meses en libertad y se caracteriza el tipo de empleo realizado. Finalmente, se caracteriza a quienes trabajan y quienes no lo hacen a lo largo del período analizado en base a indicadores medidos en la Línea de Base.

6.1 Historia laboral previa al egreso2

Previo a la actual privación de libertad, la gran mayoría de las mujeres que participaron de este estudio había trabajado al menos una vez de manera remunerada y legal (69%). En general, la experiencia laboral de las mujeres de esta cohorte se encuentra mayoritariamente en trabajos poco calificados, vinculados al aseo de empresas y casas, al comercio, y labores de cocina o atención en restaurantes. Estas cifras son consistentes con datos encontrados estudios previos realizados en Chile que indican que la mayor parte de la población femenina privada de libertad había tenido algún tipo de trabajo previo al encarcelamiento, usualmente en el sector informal (ver (Espinoza y

1. Este capítulo contó con la colaboración de Ignacio Bórquez.2. Los análisis de esta sección se realizan sobre el total de 225 mujeres que participaron en la medición de línea de base.

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col.,2014; Morales, 2015)3. A pesar de que la mayor parte había tenido algún tipo de experiencia laboral, en los seis meses previos a su actual encarcelamiento, sólo una de cada dos mujeres (49%) tenía algún empleo. En su mayoría, quienes trabajaban previo a la privación de libertad lo hacían por cuenta propia (40%). Solo un 9% tenía trabajo remunerado, y 6% tenía ambos tipos de empleo.

Durante la privación de libertad, un 41% de las mujeres accedió a algún tipo de trabajo intrapenitenciario4. Según lo reportado anteriormente, este porcentaje varía significativamente según la duración de la condena y la experiencia laboral previa, con aquellas con mayor extensión de la condena y con experiencia laboral teniendo una mayor probabilidad de tener trabajo intrapenitenciario (ver Capítulo 5). Esta desigualdad en el acceso a empleos tiene que ver, en alguna medida, con los mecanismos de distribución de las oportunidades laborales en las unidades penales. Estudios previos han mostrado que existe una relación entre la posibilidad de trabajar y acceso a beneficios intrapenitenciarios,dondeeltrabajoesvistocomoun”premio”ynocómounderechoydondeserequiereunporcentaje de cumplimiento para acceder al mismo (Azócar y col., 2018). En el momento del egreso, un 27% de las mujeres se encontraba trabajando al interior de la unidad. De ellas, la gran mayoría (40%) lo hacía en una empresa privada que funcionaba al interior de la unidad, mientras que un 22% trabajaba como jornal de Gendarmería. Los ingresos promedio de estas mujeres alcanzaban los 171.000 pesos al mes, cifra inferior al sueldo mínimo nacional.

En términos de capacitaciones, un 38% de las mujeres en la muestra había participado en algún tipo de capacitación. Al igual que con las oportunidades laborales, el acceso a capacitación se concentra exclusivamente en aquellas mujeres con condenas por sobre los 541 días. Estudios previos en población privada de libertad en Chile han encontrado cifras de acceso a capacitación laboral mayores (ver Morales et al. 2015)5. No obstante, no existe evidencia para señalar que estas diferencias se deban a motivos distintos que al diseño muestral6.

6.2 Búsqueda de empleo7

Al momento de salir en libertad, la gran mayoría de las mujeres declararon que para ellas sería importante o muy importante (19% y 65% respectivamente) encontrar un empleo. Sin embargo, 69% creía que esto sería difícil.

Como se aprecia en la figura 6.1, un 56% de las mujeres declara haber buscado empleo en algún momento durante los doce primeros meses posteriores al egreso. El porcentaje disminuye desde un 42% a los dos meses, a un 24% a los doce meses, a medida que el porcentaje que mujeres que trabaja aumenta (ver siguiente sección). A su vez, el porcentaje que busca empleo es significativamente mayor entre quienes declararon antes de egresar que tener trabajo era muy importante.

3. En el estudio de Morales (2015) se reporta que un 78% de las mujeres habían trabajado legalmente previo a la privación de libertad. En Espinoza y col. (2014) se señala que un 80% de las mujeres habían trabajado antes de ingresar a la cárcel y un 70% se dedicaba a trabajos de tipo independiente.4. Se consideran empleos para empresas privadas que operan al interior de la unidad, empleos asociados a la alimentación, trabajos para Gendarmería de Chile, y trabajos independientes. En comparación con estudios previos, la cifra estimada se aproxima más a la encontrada por Piñol y col. (2015), que alcanza el 54%. Cárdenas (2010) y Morales (2015), en cambio, reportan un mayor porcentaje de mujeres con acceso al trabajo al interior de la unidad (70% y 76% respectivamente). Esto se puede deber a la diferencias en los diseños muestrales de los estudios, que consideran población penitenciaria en distintos momentos del tiempo.5. Por ejemplo el estudio de Morales et al. señala que el 67,5% de una muestra representativa de privados de libertad había accedido a formación laboral, no habiendo diferencias significativas entre hombres y mujeres. Este estudio considera una muestra de mujeres del CPF San Joaquín y de la Serena.6. Como se ha señalado, al ser esta una muestra de egreso, existe un mayor porcentaje de mujeres con condenas cortas, que acceden en menor medida a oportunidades laborales y de capacitación.7. Salvo que se señale expresamente, los análisis de los siguientes tres apartados consideran solo a las mujeres que participaron en las mediciones de dos, seis y doce meses (n = 169). Para ver diferencias entre ellas y quienes no participaron, ver Tabla 3.2 en Capítulo 3.

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Figura 6.1: Porcentaje de mujeres que declara haber buscado empleo (n=169)

Entre aquellas que buscaron trabajo (n = 95), un 63% señalaba al egresar que sería difícil o muy difícil encontrar empleo. La percepción de dificultad aumenta una vez expuestas a la búsqueda de empleo. A los dos meses un 72% de las mujeres reporta que ha sido difícil o muy difícil buscar empleo. A partir de entonces, la percepción de dificultad entre quienes buscaron empleo disminuye a 55% a los seis meses y 46% a los doce meses. Estos datos refuerzan la idea de que el primer periodo post egreso es particularmente difícil y precario pero algunas mujeres logran sortear estas dificultades iniciales.

Es interesante evidenciar las diferencias entre los medios por los que se esperaba buscar empleo y los medios finalmente utilizados para ello. En el momento del egreso, las mujeres declaraban que planeaban buscar empleo por medio de la familia (22%), personal de gendarmería o fundaciones que conoció estando en la unidad (18%), la asistencia pública (15%), y los amigos (13%). Al preguntarle a las mujeres por los medios efectivos de búsqueda en los primeros doce meses post egreso, los amigos pasan a ser el medio principal de acceso a empleo (35%), y seguido por la familia (23%). Solo un 10% declara haber buscado empleo por medio de la asistencia pública, y un porcentaje similar por personal de gendarmería o fundaciones. Estos porcentajes son sobre el total de mujeres analizadas (n = 169), pero es importante tener en cuenta que un 44% de las mujeres nunca buscó trabajo a lo largo del período.

Las razones para nos buscar trabajo son variadas (ver Tabla 6.1). Entre un 21% y 28% de las mujeres no busca trabajo entre los dos y doce meses porque señala no poder trabajar. Entre las inhabilidades destacan problemas de salud y consumo de drogas (entre 7% y 10%), tener roles de cuidado de niños (entre 2% y 7%) o por sus antecedentes (entre 9% y 11%). Por otro lado, existe un grupo relativamente estable (de alrededor de 14% en cada medición) que no desea buscar trabajo, por distintas razones. El porcentaje que no busca por contar ya con un trabajo aumenta a lo largo de los meses8.

8. La pregunta por búsqueda de empleo se hizo a todas las mujeres, independiente que tuviese o no un trabajo, dado que igualmente podrían estar buscando.

2 meses 6 meses 12 meses Alguna vez

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

42,0

32,5

24,3

56,2

44


Si bien cerca de la mitad de las mujeres que no buscaron empleo declaran haber trabajado en algún momento a lo largo de los doce meses, la búsqueda de empleo se relaciona de manera clara con la posibilidad de acceder al mismo. Como muestra la Tabla 6.2, el porcentaje de mujeres que declara haber tenido un empleo a los seis meses es significativamente mayor entre aquellas mujeres que declararon haber buscado empleo a los dos meses. Mientras un 46% de las que no buscaron a los dos meses declara tener empleo a los seis meses, el porcentaje asciende a 66% en el caso de las mujeres que sí declaran haber buscado. La relación es aun más marcada entre los seis y doce meses, con un 80% de las mujeres que buscaron a los seis meses declarando haber estado o estar trabajado a los doce meses9.

Tabla 6.1: Razones para no buscar trabajo (n=169)

Tabla 6.2: Probabilidad Trabajar en t +1 Condicional en Búsqueda de Empleo en t (n=169)

P (Trabaja 6 Meses I Búsqueda 2 Meses) P (Trabaja 12 Meses I Búsqueda 6 Meses) Trabajot+1 Trabajot+1

No Sí No Sí No 54.1 45.9 54.9 45.1 Sí 33.8 66.2 20.0 80.0

Búsquedat

6.3 Acceso y características de empleo

En relación al empleo, un 69% de las mujeres participantes declaró haber trabajado al menos una vez en los primeros 12 meses posteriores al egreso. Si bien el porcentaje de mujeres que trabaja aumenta a lo largo del tiempo, como se aprecia en la Figura 6.2, sobre un 40% de las mujeres declara no haber tenido trabajo desde la última medición10.

9. Se considera cualquier tipo de empleo, incluidos aquellos por cuenta propia o informales.10. Los análisis mes a mes realizados en base al calendario de vida de empleo reportan que, en promedio, un 60% de las mujeres no tenía trabajo cada mes, porcentaje que, sin embargo, disminuye de un 70% en el mes uno a cerca del 55% en los últimos meses.

Dos Meses (%) Seis Meses (%) Doce Meses (%)Buscó trabajo en esa ola 42.0 32.5 24.3Ya tiene trabajo 11.2 16.0 21.9Delinque 5.3 10.1 5.9 Antecedentes 8.9 7.1 11.2 Consumo de drogas/alcohol 2.4 3.6 3.0 Cuidado de hijos o familiares o casa 2.4 7.1 6.5 Pareja no le permite 1.2 0 0.6 Por motivos de salud 4.1 5.9 4.1 Está privada de libertad 0 0.6 2.4 No le gustan los trabajos disponibles 2.4 0.0 0.6 No lo necesita 5.3 3.6 5.3 No quiere buscar 4.7 5.3 7.1 Se aburrió de buscar 0.6 1.2 0.6Otro Otro 1.8 4.1 4.1 No responde 7.7 3.0 2.4

Nopuede

No quiere

45


11. Para esta comparación se utilizó la información mensual obtenida en el calendario de empleo. Eso explica las diferencias con la Figura 6.2 que considera a todas las que trabajaron entre las distintas olas.12. Se calcula el promedio de la tasa de ocupación femenina entre septiembre de 2016 y marzo de 2018 en base a estadísticas del INE. Si bien ambas muestras no son estrictamente comparables, ya que la estadística nacional incluye mujeres entre 15 y 60 años, el dato permite tener un punto de comparación relevante.13. Para la realización de este informe, se procedió, en primer lugar, a analizar la descripción cualitativa de cada trabajo, de manera de confirmar si el trabajo declarado por la mujer pertenecía o no a la sección respectiva (dependiente o por cuenta propia). En los casos en que el empleo descrito no correspondía a la clasificación escogida, se procedió a recalificar los trabajos en la sección respectiva. Cuando la información provista no era suficiente, se mantuvo la clasificación definida por la participante. En total, las recalificaciones fueron más frecuentes entre empleos inicialmente declarados como ”por cuenta propia”. El empleo de nueve mujeres fue reclasificado como ”dependiente” en el mes dos, diez en el mes seis, y ocho en el mes doce. Los empleos recalificados como dependientes corresponden en general a empleos descritos como cuidado de otros familiares, labores de aseo, y ayuda a familiares en comercio informal. Este último, si bien podría ser considerado por cuenta propia para el familiar a cargo, fue reclasificado dada la relación de dependencia de la mujer con quien es el responsable del comercio. En base a la descripción del empleo, solo una mujer que había declarado un empleo dependiente fue clasificada como ”por cuenta propia” (el empleo estaba descrito como ”vender pan por su cuenta”). La variable basada en la reclasificación es la que se utiliza a lo largo de este reporte.

En comparación con la tasa de ocupación femenina a nivel nacional, no se observan grandes diferencias entre las mujeres de la muestra y las mujeres chilenas. Para el periodo de observación, la tasa de ocupación promedio de las mujeres chilenas fue de 45% (INE, 2017) y la tasa en las mujeres de la muestra de 42%11. A los once meses desde el egreso, la tasa de ocupación de las mujeres de la muestra llegaba a 48%, ligeramente sobre la media nacional (ver Figura 6.4 en el Anexo)12. Sin embargo, estos porcentajes no dan cuenta de las posibles diferencias en el tipo de empleo al que se accede.

6.3.1 Dependencia y formalidad del empleo

La descripción del tipo de empleo se realiza en base a dos categorías: la dependencia y la formalidad del empleo. Encadaocasión,serealizarondostiposdepreguntas:unosobreempleosdependientes(”Desdelaúltimavezquenos vimos, ¿has trabajado de manera formal, remunerada legal (es decir, alguien o una institución te pagaba un salario?”)yotrosobreempleosporcuentapropia(”Desdelaúltimavezquenosvimos,¿hastrabajadoenalgunaactividad legal por cuenta propia, es decir, sin empleador? (como venta de artículos en la calle, ferias, micros, estacionando autos, algún emprendimiento personal, etc. Considera cualquier trabajo en que no hayas tenido empleador,aunquehayasidoesporádico”)13. Con esta información se distinguen entre los empleos dependientes e independiente o por cuenta propia.

Adicionalmente, para cada empleo dependiente se preguntó si la mujer poseía un contrato o entregaba boletas de honorarios, y si se le pagaban las cotizaciones. Para cada empleo independiente, se consultó si la mujer entregaba boleta por los servicios prestados. A partir de esta información, se distingue entre trabajos formales (es decir, empleos donde la mujer tenía contrato, se le pagaban imposiciones o entregaba boleta) y trabajos informales (es decir, aquellos empleos que no poseían las características anteriores).

A partir de estos indicadores, se describe la evolución en el tiempo de la probabilidad de tener empleo de las mujeres participantes en base a cinco categorías: no trabaja, trabaja en un empleo dependiente y formal, trabajaba en un empleo dependiente informal, trabaja por cuenta propia de manera formal, trabaja por cuenta propia de manera informal.

Como se observa en la Figura 6.2, la participación en empleos dependientes formales aumenta de manera constante a lo largo de las mediciones. Mientras solo un 7.7% de las mujeres estaba en esta situación en el mes dos, 16.6% declara trabajar en un empleo dependiente formal a los seis meses y un 19.5% en la medición de los 12 meses. Por

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Entre los empleos dependientes reportados se encuentran trabajos asociados a aseo de hogares y empresas, a servicios de alimentación (por ejemplo, ayudante de cocina, garzona), y ventas (en minimarket, en locales de comida, etc.). En menor medida, aparecen labores asociadas al cuidado de otros. Los trabajos de aseo son particularmente frecuentes entre los empleos dependientes. En cuanto a los empleos por cuenta propia, priman labores asociadas a venta (de ropa, de perfumes, comida, principalmente en la feria o en la calle).

La Figura 6.3 representa de manera gráfica esta información, donde el tamaño de las palabras representa la frecuencia con que se reportan los distintos tipos de empleo declarados en la medición de doce meses.

La relevancia de las distintas palabras se mantiene relativamente estable a lo largo de los meses, aunque la relevancia del aseo aumenta un poco con el tiempo, lo que es consistente con el aumento de empleos dependientes. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres declara trabajar en actividades vinculadas a la venta de productos, en ferias y de manera informal.

otro lado, el porcentaje que trabaja en empleos dependientes pero informales se mantiene relativamente estable. En total, a los doce meses sobre un 30% de las mujeres estaba trabajando de manera dependiente remunerada. El porcentaje de mujeres que trabaja por cuenta propia decrece en el tiempo a medida que el trabajo dependiente aumenta14. Un 32% desempeñaba actividades independientes para generar ingreso a los dos meses desde el egreso. A los doce meses ese porcentaje es de casi 23%. Este aumento en la tasa de ocupación se condice con los niveles de satisfacción con la situación laboral, porcentaje que aumenta crecientemente en el tiempo: desde un 37% a los dos meses, a un 41% a los seis meses, y hasta un 51% a los doce meses.

En contraste con la tasa de ocupación, al considerar el tipo de empleo emergen diferencias relevantes con la población femenina nacional. Entre las mujeres chilenas que trabajaban en el periodo en cuestión, un 26% lo hacía de forma independiente y un 74% de forma dependiente (INE, 2017). Entre las mujeres de la muestra en cambio, a los once meses desde el egreso sólo un 48% tenía trabajo dependiente y un 54% trabajo independiente.

14. Los casos en que se trabajaba de manera independiente pero formal–entregando boleta–son excepcionales, por lo que se consideran de manera agregada en el texto.

Figura 6.2: Tipo de Empleo (n=169)

Dos meses Doce mesesSeis meses

No trabajó Dependiente informal Dependiente formal Cuenta propia informal Cuenta propia formal

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

2,4

29,6

7,7

13,0

47,3

2,4

21,3

14,2

16,6

45,6

1,8

20,7

19,5

14,2

43,8

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Figura 6.3: Labores Realizadas a los 12 Meses

6.3.2 Jornada, satisfacción y estabilidad laboral

Entre quienes trabajaban de manera dependiente en cada medición, la gran mayoría lo hacía en una jornada de 44 horas (60% a los dos meses, 58% a los doce meses). El porcentaje que trabaja jornada completa es menor en los empleos por cuenta propia. La categoría modal en este grupo es el trabajo por tarea (30% a los dos meses, y 47% a los doce meses). Esto se asocia a trabajos como labores de aseo, venta informal, costuras, servicios de belleza, recolección de alimentos, o cuidado de otros. Sin embargo, alrededor de un quinto de las mujeres que trabajaba por cuenta propia, lo hacía en una jornada completa (24% a los dos meses, 18% a los doce meses).

A las mujeres que declaraban trabajar en cada medición (n = 89 a los dos meses, n = 95 a los doce meses), se les preguntó también por su grado de satisfacción con el empleo actual, con su salario, y la proyección que tenían en ese empleo (si les gustaría seguir trabajando en ese empleo en el futuro). Un 74% de las mujeres declara estar muy satisfecha o satisfecha con su empleo actual a los dos meses, porcentaje que asciende a 89% a los doce meses. No aparecen diferencias en el nivel de satisfacción según el tipo de empleo. El porcentaje de satisfacción es algo menor respecto al ingreso que el empleo genera, con un 53% y 67% de las mujeres declarando estar satisfecha o muy satisfecha con éste a los dos y doce meses respectivamente. Ahora bien, en el caso del salario, si bien no hay diferencias entre los empleos por cuenta propia y dependiente a los dos meses, si hay diferencias a los doce meses: 74% de las mujeres con empleos dependientes declaran estar satisfechas en contraste con un 58% de aquellas en trabajos por cuenta propia.

Finalmente, un 28% de las mujeres declaró proyectarse por más de un año en el empleo que tenía a los dos meses, porcentaje que sube a 43% a los doce meses, de manera consistente con el aumento en el porcentaje de satisfacción. Lo interesante, sin embargo, es que a los doce meses las mujeres que trabajan por cuenta propia declaran una mayor proyección en su empleo (61%) que aquellas que declaran tener empleos dependientes (32%). Estos hallazgos van en línea con lo encontrado por Cárdenas y Undurraga (2014) que constatan que mientras el trabajo por cuenta propia permite compatibilizar distintos roles a las mujeres, el trabajo formal es visto como un alto sacrificio por baja remuneración.

Además de la proyección declarada por las mujeres, se analizó el nivel de estabilidad laboral en los empleos declarados en cada ola. Dada la precariedad de los trabajos reportados (con ejemplos como venta de agua en las esquinas, ventas en ferias informales, etc.), es de esperar que exista un alto nivel de inestabilidad en los empleos. Para reflejar este fenómeno, se analizó en qué medida la probabilidad de tener un empleo en alguna de las mediciones, dependía o no de haber tenido un empleo en la medición anterior. En general, y como se aprecia en la Tabla 6.3, la probabilidad de tener un empleo en la ola actual (t+1) es significativamente mayor entre aquellas mujeres que también tenían un empleo en la medición anterior (t). Específicamente, un 75% de las mujeres que no tenían trabajo a los dos meses, tampoco lo tiene a los seis meses. Este porcentaje es de 79% cuando se analizan los cambios entre los seis y doce meses. Es interesante notar que la estabilidad laboral es mayor entre las mujeres que tienen un

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6.4 Caracterización de quienes no trabajan

La última sección de este reporte tiene como objetivo describir las principales razones reportadas por las mujeres para no trabajar durante el año tras el egreso de la cárcel y caracterizar a quienes no trabajaron durante el período. En términos generales, una de cada tres mujeres (31%) no trabajó en ningún momento a lolargodelosdocemeses,noobstanteencadaperiododemediciónentreun47%yun44%noseencontraba trabajando.

6.4.1 Razones para no trabajarComo se aprecia en la Tabla 6.4, son varias las razones por las cuales las mujeres señalan no trabajar. No obstante, estas pueden ser clasificadas en distintos tipo de razones. En primer lugar existe un grupo que esboza razones relacionadas a no encontrar empleo. Este grupo asciende al 17% de las mujeres a los dos meses y disminuye a 12% a los 12 meses. El tener antecedentes penales pareciera ser una de las razones principales para no tener empleo, con un 12% de las mujeres reportando esta como la razón principal a los dos meses, y un 8% a los doce meses. De hecho, un 63.2% de las mujeres que buscaron empleo en algún momento durante los doce meses declara haber sido rechazadas por tener antecedentes penales.

empleo dependiente, que entre quienes tienen un empleo por cuenta propia (71% y 54% respectivamente para cambios entre mes dos y seis, 75% y 63% entre seis y doce meses). De hecho, los cambios desde un empleo por cuenta propia a uno dependiente son más probables que los cambios en la dirección contraria, lo que explicaría en parte el aumento en el porcentaje de mujeres que declara estar trabajando de manera dependiente (Tabla 6.2). Por ejemplo, casi un 26% de las mujeres que tenía un empleo por cuenta propia a los dos meses declaró tener un empleo dependiente a los seis meses.

Tabla 6.3: Probabilidad Trabajar en t +1 condicional en Trabajar en t según Tipo de Empleo (n=169)

P(Trabajo 6 Meses I Trabajo 2 Meses) P(Trabaja 12 Meses I Búsqueda 6 Meses) Trabajot+1 Trabajot+1

No Dependiente Por Cuenta No Dependiente Por Cuenta Trabaja Propia Trabaja Propia No Trabaja 75.0 16.3 8.8 79.2 11.7 9.1 Dependiente 17.1 71.4 11.4 13.5 75.0 11.5 Por Cuenta Propia 20.4 25.9 53.7 15.0 22.5 62.5

Trabajot

Tabla 6.4: Razones para no trabajar (n=169)

Dos Meses (%) Seis Meses (%) Doce Meses (%)Trabajó en esa ola 52.7 54.4 56.2

No ha encontrado 4.1 1.2 3.6Está esperando para comenzar 0.6 0.6 0Por antecedentes 12.4 7.7 8.3Está en la cárcel 0 1.8 4.7Consumo de drogas/alcohol 1.2 2.4 1.8Cuidado de hijos o familiares o casa 2.4 4.7 3.6Pareja no le permite 1.2 0.6 0.6Por motivos de salud 4.7 3.0 2.4Delinque 5.9 5.3 4.7No ha buscado 6.5 5.9 1.2No lo necesita 1.8 1.8 3.6No quiere 4.1 3.6 6.5Otro 1.2 3.0 0.6No responde 1.2 4.1 2.4

Noencuentra

No puede

No quiere

Otro

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Por otro lado, existen mujeres que no pueden trabajar por distintas razones asociadas a la salud, tareas de cuidado o la misma privación de libertad. Este porcentaje de mujeres que se ve imposibilitada a trabajar es de 10% a los dos meses, porcentaje que aumenta a 13% a los doce meses. Este incremento se ve determinado en parte por un aumento en quienes se encuentran privadas de libertad a los doce meses (de 0% a 5%).

Finalmente, un porcentaje relativamente constante de mujeres a lo largo del año (entre el 16% y el 18% a lo largo de las mediciones) declaran no trabajar por no querer hacerlo, no necesitarlo, o porque se dedican a delinquir (alrededor del 5%).

6.4.2 Caracterización de mujeres que trabajan y no trabajan

A continuación procedemos a comparar a las mujeres que trabajaron y las que no trabajaron en base a una serie de indicadores medidos todos en la línea de base15.

Como se aprecia en la Tabla 6.5, las mujeres que declaran no haber trabajado a lo largo del período eran, en promedio más jóvenes que quienes si trabajaron, estando sobre-representadas en el tramo etáreo de 19 a 25 años. Difieren también, de manera significativa, en los niveles de educación alcanzados. Las mujeres que trabajan tienen también mayores probabilidades de reportar educación media completa, comparado con aquellas que no trabajan. No obstante, no hay diferencias en las probabilidades de reportar bajos niveles de educación, lo que probablemente explica la precariedad de los empleos considerados en este análisis16.

15. La significancia estadística de las diferencias fue testeada usando un test de chi cuadrado o de diferencia de medias, dependiendo del tipo de variables.16. Cabe recordar que cualquier mujer que haya declarado obtener recursos por medio de empleo dependiente y por cuenta propia, sea formal o informal, está considerada en la categoría ”Trabajó”. Esto incluye aquellas que, por ejemplo, declararon en alguna medición haber vendido botellas de agua en las esquinas.

Ambos grupos también difieren de acuerdo a los perfiles identificados en la población (Capítulo 4). Las mujeres identificadas en la clase 1–aquellas de mayor edad y cuyo involucramiento delictual dice relación principalmente con delitos de drogas, tienen mayor probabilidad de haber tenido algún empleo, en relación a mujeres clasificadas en la clase 3. Estas últimas son las que presentaban mayores factores de riesgo delictual y de vulnerabilidad. En consonancia con los perfiles, hay diferencias también en términos del tipo de delito por el que habían sido condenadas. Mientras la mayoría de las mujeres que no trabajaron estuvieron presas por delitos de hurto, la categoría modal en el caso de quienes trabajaron fueron delitos de droga.

En términos de consumo problemático de sustancias, aquellas mujeres que no trabajaron presentan mayor probabilidad de reportar consumo problemático de sustancias al momento del egreso. No hay diferencias significativas en la probabilidad de reportar un malestar severo en salud mental, aunque sí existen al mirar específicamente la sub-escala de depresión, donde aquellas que no trabajaron reportan mayores niveles en la escala de depresión que las que no.

En cuanto a experiencia laboral previa, sobre un 70% de las mujeres que trabajaron durante los primeros doce meses en libertad reportan haber trabajado alguna vez en la vida, comparado con solo un 22.5% de aquellas que no trabajaron en el período analizado. Los resultados son similares al considerar el trabajo al interior de la unidad. Ambos grupos también difieren significativamente en la probabilidad de reportar que era muy importante encontrar trabajo al salir en libertad. Entre quienes no trabajan la mitad no consideraba importante encontrar trabajo al egresar. Adicionalmente, las mujeres que no trabajaron en el período tenían mayores probabilidades de haber reportado que era muy probable que volvieran a delinquir en la línea de base.

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Tabla 6.5: Caracterización mujeres que trabajan y no trabajan (n=169)

No Trabajo (n=52) Trabajo (n=117)Edad* 19-25 26.9% 12.8% 26-35 38.5% 32.5% 36-45 23.1% 25.6% 46-55 7.7% 17.9% 56 o más 3.8% 11.1%Educación* Sin educación básica completa 30.8% 33.3% Educación media incompleta 51.9% 32.5% Educación media completa 17.3% 34.2%Perfiles* Clase 1 17.3% 41.0% Clase 2 23.1% 34.2% Clase 3 59.3% 24.8%Delito al egreso* Hurto 63.5% 21.4% Otros delitos contra la propiedad 13.5% 23.1% Delitos contra las personas 1.9% 4.3% Delitos de drogas 21.2% 47.9% Otros 0% 3.4%Consumo problemático de drogas* Sin consumo problemático 42.3% 74.4% Con consumo problemático 57.7% 25.6%Malestar severo de salud mental 32.7% 23.7%Tiene hijo menor de edad 76.9% 65.0%Ha trabajado alguna vez en la vida* 22.5% 77.5%Trabajó durante privación de libertad* 14.1% 85.9%Muy importante encontrar trabajo* 52.9% 71.6%Muy probable que vuelva a delinquir* 42.3% 4.3%Escala control sobre la vida* 2.79 3.04


Finalmente, las mujeres que trabajaron y las que no trabajaron en el período difieren también en términos de auto-eficacia,medidapormediodelaescalade”controlsobrelavida17”.Lasmujeresquetrabajanpresentanmayorpercepción de auto-eficacia, consistente también con el hecho que un mayor porcentaje de ellas declaró que era muy importante encontrar empleo al momento de salir. No hay diferencias significativas, en cambio, en términos de la probabilidad de tener un hijo menor de edad.

En resumen, los resultados dan cuenta de diferencias claras entre las mujeres que trabajan y las que no lo hacen. Algunas de ellas dan cuenta de restricciones para poder trabajar: restricciones asociadas, por ejemplo, al consumo problemático de sustancias que la literatura de reinserción ha vinculado a menores probabilidades laborales (Western, 2018). De hecho, entre quienes no trabajaron, hay un 28.9% que declara haber buscado empleo a lo largo del período, lo que refleja un interés por trabajar que se enfrenta a posibles obstáculos pra poder hacerlo. La referencia a los antecedentes como causa son un ejemplo de ello. En otros casos, sin embargo, los resultados indicarían un menor interés de acceder a empleo, principalmente asociado a contar con recursos a través de la actividad delictual. Esto es particularmente así entre mujeres jóvenes que cumplieron condenas por hurto.

17. Ver Capítulo 4 para mayor detalle de la escala.

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6.5 Conclusiones

La gran mayoría de las mujeres que sale en libertad tienen historias marcadas por el desempleo o el empleo precario. En la cárcel acceden a educación, capacitación y a empleo, aunque este acceso no es igual para todas y se concentra en aquellas de condenas más largas. Para casi todas ellas, tener un empleo al salir en libertad emerge como un desafío, pero al que asignan una gran relevancia. Sobre el 80% de ellas señala que será importante encontrar un empleo, lo que esperan lograr a través de su familia, amigos, fundaciones y la asistencia pública.

Una vez en el exterior, la mitad de las mujeres (56%) declara haber buscado empleo en algún minuto durante los doce primeros meses. Este porcentaje es mayor en los primeros meses en el exterior, lo que coincide con el período demayorpercepcióndedificultad.Quienesbuscantienenmayoresprobabilidadesdereportarunempleoenelfuturo, lo que da cuenta de ciertas oportunidades que se van generando en el tiempo. Por ejemplo, dos tercios de las mujeres que buscaban empleo en la medición de dos meses, declaraban haber tenido uno en la de seis meses.Por otro lado, quienes no buscan señalan, en su mayoría, motivos que tienen que ver con dificultades para trabajar asociadas a razones personales o de cuidado de otros. Preocupa de manera particular las restricciones de acceso para este grupo, dada la necesidad de mantener justamente a esos otros dependientes que señala la literatura (Cobbina, 2010; Leverentz, 2014), o de hacer frente a los costos asociados a la salud (Western, 2018). En esta línea, este grupo al que se le presentan oportunidades restringidas de acceso al mercado del trabajo, podrían presentar niveles de marginalidad aun mayor y requerir fuentes de ingreso alternativas, para evitar el riesgo de reincidencia.

En contraste, hay un porcentaje cercano al 20% que declara no querer buscar empleo o simplemente estar delinquiendo.Suexclusióndelmercadolaboralnodepende,portanto,delaccesoylafaltadeoportunidades, si no que pareciera responder a factores internos o motivaciones personales. Para este grupo de mujeres, no basta con generar oportunidades de empleo o facilitar la inserción laboral femenina por medio de políticas de cuidado de dependientes.

En el caso de algunas mujeres, la marginación del mercado laboral responde a las dificultades percibidas para encontrar trabajo. Alrededor de un 10% de las mujeres señalan no buscar trabajo debido a tener antecedentes y un porcentaje relevante se ve rechazada en la búsqueda debido a lo mismo. De esta manera, y en línea con la literatura (Pager, 2003), los antecedentes pueden constituir una barrera clave, que alarga las condenas de las mujeres, impidiendo su acceso al mercado laboral.

Ahora bien, cerca del 70% de las mujeres declara haber tenido algún empleo durante los primeros meses posteriores al egreso. Este porcentaje aumenta a lo largo de los meses, hasta alcanzar una tasa de ocupación similar a la nacional. Aun así, sobre el 50% de las mujeres no está trabajando en cada mes.

Más aun, si bien el acceso a empleos dependientes y formales aumenta a lo largo de las mediciones, la gran mayoría de las mujeres se desempeña en trabajos informales y por cuenta propia. Como se describe en el texto, mientras los empleos dependientes están principalmente asociados a aseo, los independientes se concentran en la venta, principalmente en la calle o feria. Los trabajos por cuenta propia son de suyo más informales, menos estables y, por ende, más precarios. A pesar de ello, las mujeres reportan niveles de satisfacción similares en los distintos tipos de empleo, y una mayor proyección en el caso de las labores por cuenta propia. Esto pareciera indicar que los empleos independientes no solo son más accesibles para esta población, sino que hay un porcentaje de ella que los prefiere por sobre la dependencia y formalidad (ver Undurraga y Cárdenas 2014). Por otro lado, los resultados refuerzan la reconocida dificultad que tiene la población penal, y particularmente la femenina, para acceder a empleos formales y de calidad que permitan una real subsistencia (Harding y col., 2019; Visher y col., 2004).

Finalmente, una de cada tres mujeres del estudio no trabajó en ningún momento a lo largo de los doce meses. Las razones para no trabajar son variadas, desde el no encontrar empleo en razón de los antecedentes, hasta el no poder trabajar por razones de salud o cuidado de otros dependientes. Hay un porcentaje de mujeres que declara no querer trabajar. En algunos casos, la razón central es que está delinquiendo. Pero existen mujeres que declaran simplemente no querer o no necesitar, lo que podría estar asociado al apoyo económico de la familia o pareja.

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A nivel general, las mujeres que no trabajan presentan diferencias relevantes con aquellas que si reportan haber tenido al menos un trabajo durante el período. En línea con la evidencia internacional (Uggen, 2000; Visher y col., 2004; Western, 2018), las mujeres de mayor edad, con mayor educación, con una historia laboral previa y en la cárcel, y sin consumo problemático de drogas tienen mayor probabilidad de haber accedido a trabajos. También es así entre las mujeres que cumplían condena por delitos de drogas, en contraste con aquellas que tuvieron condenas por hurto que reportan en mayor medida no haber trabajado. Hay otras diferencias entre quienes trabajan y quienes no que dan cuenta de diferencias en la motivación a trabajar. Por ejemplo, la probabilidad de empleo es mayor entre aquellas que declaraban al salir que encontrar un trabajo era muy importante y entre quienes presentan mayor auto-eficacia. Por su parte, quienes creían muy probable volver a delinquir están sobrerepresentadas entre aquellas que no trabajaron.

Estas diferencias refuerzan el hecho de que existen factores externos (por ejemplo, estigma, o restricciones asociadas al cuidado de otros) y factores internos (como falta de interés, o la inserción en mundo delictual) que podrían estar limitando el acceso al trabajo. El poder distinguir entre estos factores es relevante, dado que políticas que apuntan a la entrega de capacitación y oportunidades laborales si bien pueden ser fundamentales para el grupo de mujeres que, a pesar de buscarlo, no logran acceder a empleo, serán insuficientes para aquellas que no muestran interés en buscar empleo ni en trabajar. Intervenciones de tipo cognitivo conductual que aborden la identidad delictual y puedan generar motivación e incentivos en post de la inserción en el mundo laboral, parecieran ser más adecuadas.

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7 Maternidad e hijos1

El 91% de las mujeres condenadas a penas privativas de libertad en Chile son madres y tienen un promedio de 2,5 hijo/as (Morales, 2015; Valenzuela y col., 2012). Hoy se estima que más de 40.000 niños y niñas del páıs tienen a uno de sus padres privados de libertad (Observatorio Niñez y Adolescencia, 2016), situación que conlleva un alto costo social debido a la importante función que cumplen las madres y padres en el desarrollo de los niños y niñas (Block y col., 2010) y que se vuelve aún más relevante al considerar que, luego del egreso de la cárcel, son las madres las que tienden a asumir mayoritariamente el cuidado de sus hijo/as (Bloom & Covington, 1998).

En Chile es muy escasa la literatura que da cuenta de cómo las mujeres abordan la maternidad durante el proceso de reinserción, lo que dificulta enormemente la formulación de políticas públicas que tomen en cuenta la realidad, necesidades y expectativas de estas mujeres luego de su egreso de la cárcel. La evidencia internacional en la materia no es concluyente hacia una dirección. Por un lado, existen estudios que vinculan la maternidad a un proceso de reinserción más exitoso en términos de bienestar personal, al desarrollo de una identidad prosocial y a menor probabilidad de reincidencia (Barrick y col., 2014; Giordano y col., 2006; Graham & Bowling, 1995; Kreager y col., 2010). Según algunos autores, la actitud y deseo de cambio de la mujer se vincularían con la maternidad como potenciador de una actitud positiva y como una oportunidad para transitar a un rol de madre (Giordano y col., 2006). La maternidad sería en muchos casos un motor para no volver a la cárcel y para desarrollar un cambio de mentalidad asociado a los hijo/as (Sharpe, 2015). La evidencia ha demostrado que la participación de las mujeres en el cuidado de sus hijo/as reduce el riesgo de reincidencia (Grella & Rodriguez, 2011; Sheehan y col., 2007) y existen también estudios que asocian el desistimiento del delito a la motivación de madres cuyos hijo/as se encuentran bajo la tutela del Estado en pos de recuperar su cuidado (Sharpe, 2015).

Por otro lado, algunas investigaciones sugieren que la maternidad podría ser un factor de estrés y preocupación económica que dificulta enormemente el proceso de reinserción de las mujeres, especialmente en contextos de mayor desventaja social en los que se potencian los desafíos asociados a la estabilidad laboral y económica (Richie, 2001; Rumgay & Roberts, 2004). El estrés derivado del deterioro de la relación con los hijo/as producto de la privación de libertad es un factor que se destaca como influyente en la salud mental de las mujeres que egresan de la cárcel (Arditti & Few, 2008). Así también, otros estudios cuestionan el efecto positivo de la maternidad en el abandono del delito en contextos de embarazos no deseados, nacimiento de nuevos hijo/as después del encarcelamiento, y escenarios con baja tasa de convivencia con el padre biológico del niño (Giordano y col., 2011). Todo lo anterior refleja que, si bien la evidencia apunta mayoritariamente al rol positivo de los hijos en el desistimiento del delito a largo plazo, en el primer período de reinserción aparece una dicotomía evidente respecto al rol que juega la maternidad en la reintegración de la madre. Luego del egreso de la cárcel, los hijos pueden aparecer como motivación para no cometer delitos y como apoyo emocional y, al mismo tiempo, ser una fuente de estrés y preocupación que podría afectar enormemente la reinserción de las madres en distintos ámbitos de su vida.

Los programas internacionales que apuntan al apoyo de la reinserción y la maternidad se concentran en intervenciones que promueven el vínculo madre-hijo/a durante la privación de libertad de la mujer a través de visitas protegidas, intervenciones de sensibilización maternal y reducción del trauma de la separación causada por el encarcelamiento y desarrollo de la resiliencia (Alley, 2017; Department of Justice – Corrections Victoria, 2020; Perry, 2009; Shlonsky y col., 2015)2. Las teorías de género que apoyan estas intervenciones parten de la base de que la motivación primaria de la mujer sería el establecimiento de un fuerte sentido de conexión y mutualidad, aspecto que, en caso de existir, influiría en una reintegración exitosa a la comunidad a través del desarrollo y cuidado del ámbito relacional de su

1. Este capítulo contó con la colaboración de Javiera Vásquez.2. En Chile los programas que trabajan con maternidad y privación de libertad son el Programa Abriendo Caminos, cuyo foco está en el apoyo integral para niños, niñas y adolescentes hijos de personas privadas de libertad, y el Programa Creciendo Juntos, programa para mujeres que viven con sus hijos al interior de la unidad penitenciaria

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proceso de reinserción (Bloom & Covington, 1998). Distintos estudios enfatizan que, además de la promoción y fortalecimiento del vínculo durante la privación de libertad, resultaría fundamental el fortalecimiento lazos familiares e institucionales que apoyen el ejercicio de la maternidad en el proceso de reinserción (Cobbina, 2010; Richie, 2001; Rumgay & Roberts, 2004), especialmente en el ámbito económico, emocional, cuidado de los hijos (Cobbina, 2010) y oportunidades laborales (Arditti & Few, 2008).

En este capítulo se presentan los principales resultados del Estudio de Reinserción en relación a cómo se vive la maternidad en este proceso. En primer lugar, se realiza una caracterización general de las mujeres del estudio que son madres. Luego, se detalla cómo fue el ejercicio de la maternidad y la relación con sus hijos durante su privación de libertad3, poniendo especial énfasis en la frecuencia de contacto, los apoyos recibidos para su cuidado y mantención durante el cumplimiento de la condena, la relación con los hijos durante el encarcelamiento y las expectativas que tienen las mujeres en torno a su maternidad luego del egreso de la cárcel. Por último, se describe cómo estas mujeres viven la maternidad durante el primer año posterior al egreso, considerando la relación con sus hijos, los apoyos recibidos, los niveles de estrés maternal, la identidad frente al rol materno y las principales dificultades percibidas durante este período en relación a los hijos. En pos de brindar un análisis que permita dar insumos en torno al rol de la maternidad en el marco de una política nacional de reinserción social femenina, toda la información que se presenta en el presente reporte tiene como foco a las mujeres que tienen al menos un hijo menor de edad.

7.1 Caracterización de mujeres madres de hijos menores de edad

Un 89,4% de las mujeres que participaron en el estudio son madres (n=150) y/o están embarazadas (n=1) en el momento previo al egreso de la cárcel, con un promedio de 2,5 hijos por mujer. Del total de las madres consideradas (n=169)4, un 68,6% tiene al menos un hijo menor de edad (n=116). Las 116 mujeres consideradas en este reporte suman, en conjunto, 241 hijos menores de edad.

7.2 Ejercer la maternidad tras las rejas

7.2.1 Cambios en el cuidado de hijos menores de edad

Tal como lo muestra la Tabla 7.1, la mayoría de las mujeres que tiene hijos menores de edad vivieron con todos o algunos de ellos en el período previo al encarcelamiento (74,1%). Esto indicaría que, por tanto, la gran mayoría de los hijos de mujeres encarceladas experimentaron cambios de residencia y/o cuidado como consecuencia de la privación de libertad de la madre. Un 25,9% de las mujeres declara no haber vivido con ninguno de sus hijos menores de edad en los seis meses previos al encarcelamiento y sólo un 10,3% de las mujeres vivía con todos ellos, lo que sugiere la presencia de factores externos a la privación de la libertad que influyen en la residencia previa de la madre con algunos de sus hijos.

3. Para mayor fluidez en la lectura, nos referiremos a “hijos” para referir a ”hijos e hijas” de las mujeres.4. Al igual que en los capítulos anteriores, los análisis se realizan sobre el total de mujeres que participaron en cada una de las mediciones de dos, seis y doce meses (n=169). Esto explicaría algunas diferencias con la caracterización del total de la muestra hecha en el Capítulo 3.

Tabla 7.1: Residencia con hijos menores en los 6 meses previos al encarcelamiento (n=116)

Frecuencia %Vivía con todos sus hijos menores de edad 12 10.3Vivía con algunos de sus hijos menores de edad 74 63.8No vivía con ningún hijos menor de edad 30 25.9

Nota: Vivir con sus hijos consiste en vivir en algún momento con sus hijos menores de edad.

55


Al mirar los datos desde todos los hijos menores de edad de las mujeres de la muestra (N = 241), es posible obtener información de con quién viven durante el encarcelamiento de la madre. Mientras la mujer cumple su condena privativa de libertad, es la familia materna la que asume mayoritariamente el cuidado de los hijos menores de edad. Tal como lo muestra la Figura 7.1, la mayor parte de ellos se quedan con sus abuelos maternos (43,5%). Aparece un número importante de hijos menores de edad que se quedan con otro familiar de la madre (21,5%). Sólo un 16,2 % se queda con su padre, un 9,1% se queda con otra persona y un 4,9% con los abuelos paternos del hijo. Tres niños viven con su madre al interior de la unidad al momento de la entrevista y dos de ellos se quedan bajo la custodia del Estado (SENAME) durante la privación de libertad de la madre. Los resultados son similares si se realiza el análisis sólo con aquellos menores que vivían con su madre previo al encarcelamiento (n=170).

Figura 7.1: Con quién viven hijo/as menores de edad. Resultados a nivel de hijo. (n=241)

7.2.2 Cambios en la manutención de los hijos

Igualmente, el encarcelamiento materno implica cambios en la manutención de los hijos menores de edad. La Figura 7.2 permite visualizar quién asume la responsabilidad económica de los hijos menores de edad durante los 6 meses previos al encarcelamiento y durante la privación de libertad de la madre.

Durante los seis meses previos al encarcelamiento, un 30,7% (n=74) de los menores de edad estaban económicamente a cargo exclusivamente de su madre, es decir, se trata de casos en que la mujer, que luego cumpliría una condena de privación de libertad, era la única persona que asumía la responsabilidad económica de su mantención. Sólo en un 13,3% de los casos el padre del hijo5 asumía exclusivamente esta responsabilidad y en un 17,8% lo hacían ambos padres. Un 12,9% estaba económicamente a cargo de sus abuelos maternos y un 21,6% de otro familiar de la mujer. Estos porcentajes cambian radicalmente durante la privación de libertad de la madre. En este período, sólo un 2,9% de los hijos menores de edad estuvieron económicamente a cargo de su madre privada de libertad. Son nuevamente los abuelos quienes aparecen asumiendo un rol principal en este ámbito; un 31,5% de los niños y niñas estuvieron a cargo de su abuelo/a materno/a, y un 35,7% a cargo de otra persona que, en muchos casos, corresponde a los abuelos o familia paterna6. No se observa un cambio muy marcado entre el porcentaje de padres que se hicieron cargo de sus hijos entre los seis meses previos a la privación de libertad y la línea de base. Mientras previo al encarcelamiento de la madre, el 13,3% de los padres de los niños asumía exclusivamente la carga económica de los hijos, tan sólo el 17,8% lo hizo en la línea de base. Por otro lado, sólo un 1,7% de los hijos menores de edad queda bajo la tutela del Estado a través de SENAME (n=4) en este período.

5. En esta pregunta la mujer puede referirse al padre biológico o del padre adoptivo del hijo.6. La otra persona corresponde principalmente a la familia paterna del hijo, como abuelo/a paterno/a, ex suegra, padrastro del niño, primos del padre y yernos.

Mi madre o padre

Otro familiar

Padre del hijo/a

Otro

Abuelos paternos del hijo/a

Conmigo al interior de la unidad

Vive sólo o con su propia familia

SENAME

Perdidos

Vecina

Amiga

43,6

21,6

16,2

9,1

5,0

1,2

0,8

0,4

0,4

0,4

1,2

56


7. La pregunta permitía nombrar a más de una persona.8. La ex pareja no necesariamente es el padre biológico de los hijos de la mujer.

Además de la pregunta de quién asume la responsabilidad principal, el cuestionario de línea de base incluyó preguntas de apoyo de bienes o recursos para mantener a sus hijos menores de edad durante la privación de libertad7. Un 92,2% (n=107) de las mujeres con hijos menores de edad declara que ha recibido este tipo de apoyo. La abuela materna sobresale nuevamente como la figura principal, con un 47,4% de las mujeres reportando que contó con el apoyo económico de su madre (n=55). La ex pareja de la mujer8 ha aportado con este gasto en un 20,7% de los casos (n=24) y el abuelo materno en un 18,9% (n=22).

Figura 7.2: Persona que se hace cargo económicamente de los hijos menores de edad en 6 meses previos a la cárcel y línea de base (n=241).

7.2.3 Contacto con los hijos menores de edad durante el encarcelamiento

Respecto a las visitas recibidas por la mujer durante su encarcelamiento, un 45,7% de las mujeres declara haber recibido alguna vez la visita de todos sus hijos menores de edad, un 21,6% habría recibido la visita de sólo algunos de ellos, y un 32,8% no recibió visitas de ninguno de sus hijos menores de edad mientras estaba en la cárcel (Tabla 7.2). En términos de frecuencia, la mayoría de quienes recibieron visitas, declaran haber tenido al menos una visita al mes de alguno de sus hijos (71%).

Madre del hijo/a

30,7%

50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%

2,9%

35,7%

2,5%

17,8%

31,5%

5,8%1,7% 2,1%

21,6%17,8%

13,3% 12,9%

2,1% 0,8% 0,8%

Otra persona Ambos padres del

hijo/a

Padre del hijo/a

Abuelo/a materno del

hijo/a

Perdidos Hermano/a o pareja

SENAME

Seis meses previos Línea de base

Tabla 7.2: Visita de todos, algunos y ninguno de sus hijos menores de edad durante encarcelamiento

Frecuencia %Todos sus hijos menores de edad la visitaron durante privación de libertad 53 45.7Algunos de sus hijos menores de edad no la visitaron durante privación de libertad 25 21.6Ninguno de sus hijos menores de edad la visit´o durante privación de libertad 38 32.8

57


A pesar de que muchas mujeres no ven frecuentemente a sus hijos menores de edad durante su encarcelamiento, la mayoría de ellas mantiene contacto todas las semanas con todos sus hijos menores de edad (62,1%)9. Este contacto excluye la visita presencial, es decir, puede ser por teléfono o video-llamada, redes sociales, cartas, entre otros. Un 12,1% declara tener contacto semanal sólo con algunos de ellos y un 25,8% (n=30) declara no mantener contacto semanal con ninguno de ellos. De las mujeres que no mantienen contacto semanal con ninguno de sus hijos, 11 declararon que no vivían con ninguno de ellos previo al encarcelamiento.

7.2.4 Expectativas de la relación con los hijos menores de edad para el egreso

El cuestionario incluía una exploración de las expectativas que tenían las mujeres de volver a vivir con sus hijos menores de edad una vez en libertad. Antes de salir en libertad, la gran mayoría de las madres con hijos menores de edad declaró querer pasar la mayor parte del tiempo con sus hijos una vez en libertad (87,1%), más de la mitad (66,4%) declaró que viviría con todos sus hijos menores de edad y 18,1% que con al menos alguno de ellos (ver Tabla 7.3). Es importante tener en cuenta que sólo un 10,3% (n=12) de las mujeres de la muestra vivía siempre o por períodos con todos sus hijos menores de edad previo al encarcelamiento, lo que implica que un número importante de ellas declara expectativas muy altas en relación a retomar la convivencia con algunos de sus hijos en libertad. Asimismo, a pesar de que 30 mujeres no vivían con ninguno de sus hijos menores de edad previo al encarcelamiento, sólo 18 mujeres declaran que no volverán a vivir con ninguno de ellos luego de su egreso de la cárcel10. Estas 18 mujeres tienen, en promedio, 1,8 hijos.

9. En Chile, muchas personas privadas de libertad tienen acceso ilegal a celulares al interior de sus módulos, pudiendo comunicarse con el exterior ya sea por texto, voz o video-llamada de una manera más privada y frecuente que el teléfono público de la cárcel. 10. De estas 18 mujeres, 15 corresponden a mujeres que no vivían con ninguno de sus hijos menores de edad previo al encarcelamiento.

Tabla 7.3: Cantidad de madres que declaran vivirán con sus hijos menores de edad (n=116)

Frecuencia %Vivirá con todos sus hijos menores de edad 77 66,4Vivirá con algunos de sus hijos menores de edad 21 18,1No vivirá con ninguno de sus hijos menores de edad 18 15,5

Otro de los temas abordados en esta sección fueron las principales dificultades y preocupaciones que las mujeres declaraban respecto al futuro ejercicio de la maternidad una vez que egresaran de la cárcel. Algunos estudios han advertido acerca del estrés que sufren las madres debido a su privación de libertad, demostrando mayores niveles de tensión en su papel de madres cuanto mayor es el tiempo de encierro (Arditti & Few, 2008; Severson y col., 2007).

Como se puede observar en la Tabla 7.4, antes de salir, casi todas las madres de hijos menores de edad declaran que ser madre las ayudará a salir adelante una vez en libertad (91,4%). Se reconoce, sin embargo, que no va a ser un proceso fácil. A la mitad de las entrevistadas le angustia que sus hijos se sientan más cercanos a otras personas, a un 45,7% le angustia que sus hijos ya no le hagan caso, a gran parte de ellas (73,2%) le angustia no tener dinero para mantenerlos y a más de la mitad (55,1%) le angustia no tener un lugar para vivir con sus hijos. Es importante notar que, si bien sobre el 80% de las mujeres espera vivir con algunos o todos sus hijos menores de edad, más de la mitad de las mujeres están preocupadas por tener un lugar para vivir con sus hijos (55,2%). A pesar de esta necesidad, la gran mayoría se reconoce como importante para el bienestar de sus hijos, con la gran mayoría de las mujeres declarando que sus hijos estarán mejor con ellas cuando se encuentre en libertad (88,7%) y que se harán cargo de ellos una vez en libertad (87,1%).

58


7.3 Maternidad y reinserción

Este apartado aborda cómo las mujeres con hijos menores de edad declaran haber vivido distintos aspectos de la maternidad luego de su condena privativa de libertad, específicamente a los dos meses, seis meses y doce meses luego de su egreso al medio libre. Se hará referencia a cambios entre lo reportado durante el tiempo en la cárcel y lo reportado en el primer año en el medio libre.

7.3.1 Residencia y contacto con hijo/as menores de edad en medio libre

A la hora de analizar las expectativas que tenían las mujeres antes de salir de la cárcel y lo que efectivamente sucede en realidad una vez que están en libertad, es posible evidenciar algunas variaciones. Tal como lo muestra la Figura 7.3, son más las mujeres que esperaban vivir con todos sus hijos menores de edad una vez en libertad que las que efectivamente lo hacen. Así, mientras un 66,4% (n=77) de las mujeres declaraba que viviría con todos sus hijos menores de edad una vez que egresara de la cárcel, a los dos meses sólo un 47,3% (n=53) de ellas vivía con todos ellos, a los seis meses un 39,8% (n=45) y al año un 36,3% (n=41). Asimismo, son más las mujeres que no viven con ninguno de sus hijos en el medio libre que quienes esperaban hacerlo al momento del egreso. Antes de salir de la cárcel sólo un 15,5% (n=18) de las mujeres declaraba que no viviría con ninguno de sus hijos menores de edad. Sin embargo, a los dos meses un 38,3% (n=44) de las mujeres no vive con ninguno de ellos, y el porcentaje aumenta algo en los meses siguientes.

Teniendo en cuenta sólo el período de reinserción en el medio libre, es posible constatar que la proporción de mujeres que vive con todos, algunos o ninguno de sus hijos menores de edad tiende a mantenerse estable a partir de los seis meses. En comparación con los dos meses, en las mediciones de los seis y doce meses es menor el porcentaje de mujeres que vive con alguno o todos sus hijos menores de edad. En consonancia, a medida que pasa el tiempo se aprecia un leve aumento de la cantidad de mujeres que no viven con ninguno de sus hijos menores de edad.

Al comparar estos resultados con el período previo a la privación de libertad, es posible evidenciar que es mayor la proporción de mujeres que viven con todos sus hijos luego del egreso de la cárcel que quienes lo hacían siempre o por períodos los 6 meses previos al encarcelamiento. Sin embargo, también es mayor la proporción de mujeres que no vive con ninguno de ellos. En otras palabras, una cantidad importante de mujeres vuelve a vivir con todos sus hijos menores de edad luego de su egreso, a pesar de no haberlo hecho antes de su privación de libertad. Asimismo, en comparación al tiempo antes de su privación de libertad, luego del egreso de la cárcel son más las mujeres que no viven con ninguno de sus hijos menores de edad, lo que indica que una proporción importante de ellas o bien comienza a vivir con todos ellos o bien deja de vivir con todos ellos.

Tabla 7.4: Preocupaciones al salir de la cárcel (n=116)

Al salir de la cárcel. . . Frecuencia %Ser madre me ayudará a salir adelante 106 91,4Le angustia que sus hijo/as se sientan más cercanos a otras personas 58 50,0Le angustia que sus hijo/as ya no le hagan caso 53 45,7Le angustia no tener dinero para mantener a sus hijo/as 85 73,3Le angustia no tener un lugar para vivir con sus hijo/as 64 55,2Se va a hacer cargo de sus hijo/as 101 87,1Sus hijo/as estarán mejor con usted 103 88,8

59


Figura 7.3: Residencia de madres con sus hijos menores de edad en los seis meses previos a la cárcel, expectativas al salir, y resultados en medio libre por ola.

Al analizar los datos a nivel de hijos menores de edad11, es posible observar que un 50,4% (n=109) de ellos viven con su madre a los dos meses, un 45,1% (n=102) a los seis meses y un 41,7% (n=94) a los doce meses. Un 46,2% (n=100) de los hijos menores de edad no vive con la madre a los dos meses, un 54% (n=122) a los seis meses y un 58,2% (n=131) no vive con ella al año luego del egreso de la cárcel.

Un tercio de los hijos menores de edad que no viven con la madre, lo hacen con los abuelos maternos (ver Figura 7.4). El porcentaje que vive con ellos se mantiene estable a través de las mediciones. Le sigue en relevancia el padre biológico, los abuelos paternos y otros familiares. Es interesante destacar que el porcentaje de niños que vive con el padre biológico disminuye, sin embargo, a lo largo de los meses. Un porcentaje menor de los hijos está bajo la custodia de SENAME.

Ahora bien, si bien no todas las mujeres vuelven a vivir con todos sus hijos luego de la cárcel, la gran mayoría sí ha tenido contacto con al menos alguno de ellos luego de su egreso. Al analizar el contacto que estas madres tienen con sus hijos menores de edad durante el primer año luego de su egreso de la cárcel, se puede evidenciar que, a los dos meses, sólo un 6,3% de las mujeres declara no haberse contactado con ninguno de sus hijos menores de edad, porcentaje que se mantiene relativamente estable en el tiempo. Los principales motivos declarados para no contactarse con sus hijos menores de edad en el medio libre tienen que ver con no querer hacerlo (ya sea de parte de ella o de parte del menor), por problemas en la relación con la persona que cuida al hijo, por sentir que no está en condiciones de verlo, por haberse distanciado o perdido el contacto anteriormente, entre otros.

11. Hay pequeñas variaciones respecto a la cantidad de hijos menores de edad reportados en las distintas olas. En línea de base N=241, dos meses N=216, seis meses N=226 y doce meses N=225. Los porcentajes detallados en esta sección están calculados en base al total de hijos menores de edad reportados en cada ola

Seis meses previos (n=116)

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0Expectativas

(n=116)Dos meses

(n=116)Seis meses

(n=116)Doce meses

(n=116)

25,9%

63,8%

10,3%

15,5%

18,1%

66,4%

38,3%

13,4%

47,3%

45,6%

14,9%

39,8%

45,1%

18,6%

36,3%

No espera vivir/no vive con ningún hijo menor de edad

Espera vivir/vive con sólo algunos de sus hijos menores de edad

Espera vivir/vive con todos sus hijos menores de edad

60


7.3.2 Cuidado y mantención de hijos menores de edad

En cada una de las mediciones en el medio libre, más de la mitad de las mujeres que tiene hijos menores de edad declara haberse hecho cargo del cuidado de al menos uno de ellos. Tal como lo muestra Tabla 7.5, un 60,7% de ellas se hace cargo del cuidado de al menos uno de sus hijos menores de edad a los dos meses, un 63,2% a los seis meses y un 61,1% a los doce meses. Esta proporción tiende a coincidir con la proporción de mujeres que vive con sus hijos en las distintas mediciones del medio libre.

Figura 7.4: Con quién viven hijo/as menores de edad que no viven con la madre por ola, en base al total de hijos menores de edad que no viven con ella

7.3.3 Apoyos para cuidado y mantención de lo/as hijo/as menores de edad en medio libre

Aun cuando ellas suelen ser las principales responsables, la mayoría de las mujeres con hijos menores de edad declara haber recibido apoyo para su mantención y cuidado durante este primer año en libertad. De hecho, sobre el 85% de las mujeres declara haber recibido ayuda para el cuidado de sus hijos a los meses posteriores al egreso. El porcentaje aumenta levemente a medida que pasan los meses (de 85% a los dos a 92% a los doce meses).

La figura que aparece como el principal apoyo para el cuidado de los menores sigue siendo la abuela materna, seguida del otro familiar y de la ex-pareja. Tal como lo muestra la Figura 7.5, para cerca de la mitad de las mujeres, su madre es un apoyo para el cuidado de los hijos menores de edad en cada una de las mediciones. Aproximadamente 1 de cada 5 mujeres hace referencia a otro familiar, mientras que el porcentaje que señala que la ex pareja es una fuente de apoyo sube de un 8% a los dos meses, a un 20.4% a los doce meses. Estos porcentajes tienden a ser similares a los reportados durante la privación de libertad. Es interesante relevar que, al mirar los datos desde el conjunto de los hijos menores de edad, se evidencia que sólo un 24,1% (n=76) de ellos recibió contribución de la crianza de parte de su padre durante este año luego del egreso de su madre de la cárcel.

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

32%32,8%

32,8%

16,8%

21%20,5%

24%

20,5%

16,0%

12%

14,8%

26,7%

4%2%

7,4%

3,1%0,8%

0,8%

0,0%1%0,0%

1% 0,0%0,8%

0%0,8% 2,3%

Abuelos maternos

Padre biológico

Abuelos paternos

Otro familiar

Otro SENAME infracción

VecinoSENAME protección

Amigo

Dos meses (n=100)Seis meses (n=122)Doce meses (n=131)

Dos meses Seis meses Doce meses N % N % N %Se hace cargo de al menos un hijo menor 68 60,7 72 63,2 69 61,1No se hace cargo de ninguno de sus hijos menores 44 39,3 42 36,8 44 38,9Total 112 100 114 100 113 100

Tabla 7.5: Mujeres que se hacen cargo del cuidado de al menos uno de sus hijo/as menores de edad, por ola

61


Figura 7.5: Figuras principales de apoyo para el cuidado de los hijos menores de edad, por ola

El apoyo recibido para la mantención económica de los hijos menores de edad en el medio libre es similar, aunque algo inferior, al apoyo recibido para su cuidado. Mientras un 79,5% de las mujeres recibió ayuda para mantener a sus hijos a los dos meses luego del egreso, un 87,6% declara haberlo recibido a los doce meses. Los porcentajes son, sin embargo, menores a los reportados durante la privación de libertad (92.2%). Cabe reforzar que, a los dos meses luego del egreso, una de cada cinco mujeres no recibe apoyo de nadie para mantener a sus hijos menores de edad.

Así como en el cuidado, las figuras principales que aparecen como apoyos para la mantención de los hijos son la abuela materna de los hijos, otro familiar de la mujer y la ex pareja. Tal como lo muestra la Figura 7.6, y similar a lo que se observa en cuanto al apoyo para el cuidado, la proporción de mujeres que recibe apoyo de la madre y de la ex pareja durante su privación de libertad no varía considerablemente una vez que la mujer egresa de la cárcel. La madre sigue siendo una figura importante de ayuda para la mantención de los hijos menores de edad. La ex pareja sigue teniendo un rol de apoyo para la mantención de los hijos en alrededor de 20% de los casos, teniendo un rol bastante menor en comparación a la madre y el otro familiar. Un 23,5% (n=74) de los hijos menores de edad ha recibido aporte económico de su padre para su mantención, en un 30,5% (n=96) de los hijos menores de edad el padre no ha aportado en la mantención económica de los hijos menores de edad y en 13 casos el padre del hijo/a falleció.

Figura 7.6: Figuras principales de apoyo para la mantención de hijos menores de edad, por ola

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

47,4%

42,0%

46,5%

MADRE OTRO FAMILIAR EX PAREJA

45,1%

13,0%

18,8% 17,5% 17,7%20,7%

8,0%

15,8%

20,4%

Línea de base (n=116) Dos meses (n=110) Seis meses (n–114) Doce meses (n–113)

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

47,4%

38,4%39,5%

MADRE OTRO FAMILIAR EX PAREJA

41,6%

12,9%16,1%

17,5%15,9%

20,7%

13,4%16,7%

19,5%

Línea de base (n=116) Dos meses (n=112) Seis meses (n=114) Doce meses (n=113)

62


7.3.4 Identidad

Los cuestionarios del estudio incluyeron ciertas preguntas de identidad relacionadas a roles que las mujeres esperaban que las representasen mejor durante su reinserción. Como se detalla en la Figura 7.7, antes de salir de la cárcel, un 47,4% de las mujeres que tenían hijos menores de edad esperaban que, una vez en libertad, el rol que más la representase fuera ser madre12. Una vez en el medio libre, se preguntó a las mujeres cuál rol creían que las representaba mejor. Al analizar la concordancia de esas declaraciones con las expectativas que ellas mismas declararon antes de salir en libertad, se evidencia que, antes de salir de la cárcel, fueron más las mujeres que declararon que esperaban que su rol de madre las representase una vez en libertad (47,4%) que las que efectivamente declaran que ser madre es el rol que más las representa a los seis meses (32,5%) y al año luego del egreso de la cárcel (27,4%).Esto podría evidenciar que, en la medida que se avanza en el proceso de reinserción, ellas toman o consideran una mayor diversidad de roles.

Es importante considerar que uno de los roles incluidos dentro de otros roles fue ser dueña de casa, que puede relacionarse al cuidado de los hijos o al ejercicio de la maternidad. Antes de salir de la cárcel, un 19% (n=22) de las mujeres esperaba que las representase el rol de dueña de casa en el medio libre. El porcentaje que declara este rol aumenta una vez en libertad, con un 31,58% (n=36) declarando que efectivamente ese rol la representa a los seis meses y un 37.2% a los doce meses. La mayor cantidad de mujeres que se identifican con ser dueña de casa en su proceso de reinserción podría relacionarse a un mayor empoderamiento en términos de llevar las riendas del hogar o bien a que éste es uno de los roles al que más fácilmente acceden estas mujeres, ya sea por opción o deber. El ser madre podría estar, en parte, contenido en el ser dueña de casa, explicando los cambios observados en ambos roles. Los otros roles declarados fueron ser empleada o trabajadora, estudiante y algunos roles relacionados a cometer delitos.

12. En línea de base la pregunta fue ”Y pensando en cuando salgas en libertad, ¿cuál de estos roles esperas que te represente mejor?”. Esta pregunta se realizó en los cuestionarios de seis meses y doce meses de la siguiente manera: ”Y actualmente, ¿cuál de estos roles crees que te representa mejor?”.

Figura 7.7: Auto identificación con el rol de madre. Línea de base, seis meses y doce meses.

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

47,4%50,9%

Línea de base (n=116) Seis meses (n=114) Doce meses (n=113)

32,5%

69,9%

27,4%

Rol de madre Otro rol

63,2%

63


7.3.5 Dificultades, satisfacción de la relación con los hijos y estrés maternal

Las mediciones en el medio libre contemplaron también algunos aspectos vinculados a las dificultades que las mujeres perciben para rehacer la relación con sus hijos luego del egreso de la cárcel. Tal como lo muestra la Figura 7.8, a los dos meses, un 40% de ellas declara que no ha sido para nada difícil rehacer esta relación, porcentaje que disminuye levemente hacia los seis meses. Sin embargo, a los dos y seis meses, cerca de un 20% reconoce haber tenido muchas dificultades en esta materia, porcentaje que disminuye a 11,50% al año de egreso. Aun así, solo 15 de las 116 mujeres consideradas en este análisis declararon en alguna de las mediciones que la relación con sus hijos ha sido el mayor desafío que han tenido desde que salieron en libertad. Esto implica que, a pesar de que se reconocen dificultades en la relación con los hijos, la gran mayoría de las mujeres percibe otros aspectos como los principales desafíos de este proceso de reinserción.

A pesar de que muchas de las mujeres reconocen algún nivel de dificultad en rehacer la relación con sus hijos, a la hora de analizar el nivel de satisfacción que declaran respecto a la relación con sus hijos, es posible evidenciar que la gran mayoría de ellas declara sentirse satisfechas o muy satisfechas con la relación con sus hijos menores de edad a los dos meses (83,0%), porcentaje que tiende a mantenerse relativamente estable a los seis meses (82,5%) y al año luego del egreso de la cárcel (77%) (Figura 7.9).

Tal como se mencionó en el apartado anterior, los cuestionarios del estudio incluyeron una escala de estrés maternal. La Tabla 7.6 muestra las variaciones de sus mediciones a lo largo de todas las olas. Los resultados reflejan que no existe una variación importante en los niveles de estrés maternal declarados por las madres de hijo/as menores de edad, ni siquiera respecto al período en que se encontraban privadas de libertad.

Figura 7.8: Desde la última vez que nos vimos, ¿qué tan difícil ha sido rehacer la relación con tus hijos?

Dos meses (n=112)

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0Seis meses

(n=114)Doce meses

(n=113)

20,5%

17,0%

40,2%

3,6%

18,8%15,8%

1,8%

18,4%

30,7%

1,8%

11,5%

38,1%33,3%

38,05%

17,7%

31,0%

Para nada difícilUn poco difícilDifícilMuy difícilPerdidos

7.4 Conclusiones

Los datos expuestos a lo largo de este reporte permiten destacar algunas implicancias para las políticas que busquen promover un adecuado ejercicio de la maternidad durante la privación de libertad y en la transición al medio libre.

64


Figura 7.9: Nivel de satisfacción respecto a la relación con sus hijos menores de edad, por ola

De manera general, se evidencia que la maternidad es un eje central en la vida de la mayoría de las mujeres que egresan de la cárcel; un 76,8% de las mujeres tiene al menos un hijo menor de edad y un 91,4% declara que ser madre la ayudará a salir adelante.

Respecto al período de privación de libertad, los datos advierten la importancia de potenciar y promocionar el ejercicio del rol materno y la calidad del vínculo con los hijos menores de edad durante el encarcelamiento. La promoción de visitas que resguarden la calidad del vínculo madre hijo aparece como un aspecto fundamental si se considera que alrededor de la mitad de las mujeres (54,3%) no recibió la visita de todos sus hijos menores de edad, sino sólo de algunos y/o de ninguno de ellos. El contacto frecuente con los hijo/as menores de edad durante la privación de libertad se realiza mayoritariamente a través de medios no presenciales, situación que advierte la necesidad de potenciar y diversificar las vías para ejercer el rol materno desde la cárcel. Los resultados muestran, además, que sólo un 10,3% de las mujeres vivían con todos sus hijos menores de edad previo al encarcelamiento, lo que podría indicar que existen factores previos al encarcelamiento que dificultaban el vínculo con sus hijo/as menores de edad.

Una de las áreas que aparece como fundamental para el apoyo del ejercicio de la maternidad durante la privación de libertad tiene que ver con el trabajo de las expectativas de las mujeres antes de su egreso. Mientras que previo a salir en libertad 66,4% de las mujeres declaraba que viviría con todos sus hijos menores tras el egreso, al año sólo 36,3% lo hace. Estas expectativas son altas no sólo respecto a la residencia futura sino también respecto a la residencia previa con los hijos antes de ingresar a la cárcel. Este escenario advierte la importancia de atender la necesidad de las mujeres de retomar el vínculo, ofreciendo alternativas más frecuentes y de calidad en relación a la comunicación con los hijo/as y al flujo e intercambio de información con el exterior antes de su egreso, de manera de poder anticipar el futuro reencuentro con sus hijos y anticipar o resolver posibles dificultades en relación a la convivencia con sus hijos una vez en libertad.

Muy satisfechaSatisfechaNo muy satisfechaPara nada satisfechaPerdidos

Dos meses (n=112)

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0Seis meses

(n=114)Doce meses

(n=113)

45,5%

37,5%

11,6% 8,8%

7,0%

44,7%

5,3%

28,3%37,2%

15,9%

48,8%

0,9% 1,8% 1,8%4,5%

Tabla 7.6: Variación de la escala de estrés maternal en las distintas olas

Frecuencia Media Desviación Estándar Mínimo MáximoLínea de Base 114 2.37646 .693 1 4Dos meses 110 2.47954 .621 1 4Seis Meses 114 2.51462 .733 1 4Doce Meses 112 2.23660 .688 1 4

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Lo anterior se vuelve fundamental al considerar que, para muchas de las mujeres, la residencia con sus hijos no pareciera ser un aspecto seguro ni resuelto a la hora de salir en libertad. Los primeros meses en libertad aparecen como un momento clave para reforzar las políticas públicas y programas de apoyo para las madres que salen de la cárcel. El porcentaje de mujeres que no vive con ningún hijo aumenta en el tiempo, lo que podría asociarse a nuevas condenas o a diferencias con la familia y la red de apoyo. Adicionalmente, hay un grupo constante de mujeres que no se hace cargo del cuidado de ninguno de sus hijos menores de edad durante el primer año de reinserción, lo que advierte la presencia de factores que dificultan una recuperación más definitiva del cuidado de todos sus hijos menores de edad luego del egreso de la cárcel, a pesar de las expectativas expresadas por las mujeres.

En términos de la mantención y cuidado de los hijo/as menores de edad, los datos muestran que la proporción de mujeres que recibe apoyo para el cuidado es igual durante la privación de libertad que durante primer año de egreso, momento en el que siguen recibiendo también mucho apoyo para la mantención de sus hijos menores de edad.

Durante privación de libertad, la mayoría de las madres no puede asumir el costo económico de mantener a sus hijos y dependen del apoyo de alguien que no sólo asuma su cuidado sino la responsabilidad económica. Esto adquiere relevancia al considerar que casi la mitad (48,6%) de los hijos menores de edad de las mujeres de la muestra estaban económicamente a cargo de la mujer (sola o en conjunto con el padre) en el período previo a la privación de libertad. Esta responsabilidad económica recae en muchos casos en la familia de la mujer (ver también Capítulo 8), especialmente en las abuelas de los hijos, situación que podría generar dificultades si se considera la baja capacidad de generar ingresos que existe en la tercera edad. El escenario anterior se vuelve preocupante al considerar, además, que en Chile, las mujeres son en promedio más pobres por ingresos que los hombres, debido, en parte, a que un tercio de la población femenina no tiene ingresos propios (CASEN, 2017).

Una vez en libertad, las mujeres no asumen la maternidad solas. Al año de egreso, el 92,0% de las madres recibe apoyo para el cuidado de sus hijos y un 97,6% para su mantención, evidenciándose un arreglo de subsistencia y custodia compartido a nivel familiar. Estos apoyos provienen de parte de la abuela materna, de la ex pareja y de otro familiar en orden decreciente. La familia materna aparece como el espacio fundamental de apoyo durante y después de la privación de libertad, apoyo que no sólo requieren las madres que no viven con sus hijos menores de edad sino también quienes sí lo hacen. La ausencia del padre del hijo en su cuidado y mantención durante y después de la privación de la libertad de la madre resalta como otro de los resultados importantes del reporte. Durante la privación de libertad de la madre, sólo un 16,2 % de los hijos menores de edad se queda con su padre y sólo un 20,3% estuvo económicamente a cargo de esta figura, proporción similar que aporta económicamente en su mantención en el medio libre. Al año luego del egreso, sólo un 16,8% de los hijos que no viven con su madre se quedan con su padre. Estos datos deben considerarse a la hora de pensar la reinserción laboral de estas mujeres.

En cuanto al rol materno como eje del sentido de identidad, se pudo relevar que sólo 27,4% de las mujeres declara al año de egreso que el rol de madre es el que más las representa, en contraposición al 47,4% que declaró esto antes de salir en libertad. Esto podría sugerir que, a medida que avanza el proceso de reinserción, las mujeres se van abriendo a roles diferentes a la maternidad, o bien que el cuidado de los hijos se inserta en la tarea más amplia de hacerse cargo del hogar. Es clave indagar más en los distintos roles disponibles, pensando en políticas de reinserción que permitan ampliar los roles posibles más allá de las labores de cuidado.

Los hallazgos permiten dar cuenta que la reinserción para las madres es un proceso que no sólo conlleva desafíos asociados a la recomposición del vínculo materno filial, sino también a la resolución de otros aspectos que son de igual relevancia para este grupo de mujeres. Si bien, se requieren intervenciones que ayuden a estas mujeres para el desarrollo de su maternidad, se debe tener en cuenta que ellas declaran niveles considerables de satisfacción en la relación con sus hijos y cuentan con apoyo para su cuidado, aunque este apoyo viene de las propias redes familiares que, en ocasiones, pueden ser particularmente frágiles. En este sentido, los datos sugieren que la maternidad podría potenciarse estratégicamente como un motor para el cambio y un punto de partida para la restauración de otros aspectos de sus vidas.

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67


8 Familia y Vivienda1

Como se discutió en el capítulo anterior, la cárcel tiende a debilitar las relaciones sociales al dificultar el contacto entre seres queridos (Apel, 2016). Rehacer y fortalecer estos vínculos es uno de los grandes desafíos que enfrentan las mujeres que salen en libertad. Más aun, varias teorías criminológicas sostienen que vínculos sociales más fuertes pueden prevenir el involucramiento en el delito (Hirschi, 1969) y favorecer el abandono del mismo (Laub & Sampson, 2003).

De manera consistente, la literatura en reinserción identifica a la familia como un componente fundamental para una reintegración exitosa, al constituir la mayor fuente de apoyo para quienes salen en libertad (Cobbina, 2010; Visher & Travis, 2003). Son los familiares quienes proveen un hogar donde vivir, medios para encontrar empleo, ayuda económica, apoyo con el cuidado de los hijos, y soporte emocional (Harding y col., 2019; Western, 2018). Aunque limitada, la evidencia internacional señala que una relación estable y positiva con la familia disminuye el riesgo de reincidir en el delito y de recaer en el consumo de drogas (Barrick y col., 2014; Mowen y col., 2019).

Ahora bien, este rol no es igual para todas. En las narrativas de mujeres que salen en libertad, la familia se identifica como lo mejor pero a la vez lo más difícil de salir en libertad (Harm & Phillips, 2001). Esta dualidad refleja la complejidad y diversidad que existe detrás de las relaciones sociales. Mientras para algunas mujeres la familia entrega soporte instrumental y emocional, para otras las relaciones familiares constituyen una fuente de estrés y conflicto que puede hacer el proceso de reinserción aun más desafiante. En efecto, algunos estudios han mostrado que el conflicto familiar tiene un efecto mayor que el apoyo, aumentando el riesgo de reincidencia (Mowen y col., 2019; Mowen & Visher, 2015).

El dinamismo en las relaciones familiares durante los meses que siguen a la salida en libertad se refleja también en los cambios en la composición del hogar y de residencia (Harding y col., 2019; Sirois, 2019). Por ejemplo, Harding y sus colegas señalan que los participantes de su estudio vivieron, en promedio, en 2.5 hogares distintos en el primer año luego de salir de la cárcel (Harding y col., 2019). Como es de esperar, una mayor inestabilidad residencial está directamente asociada con el nivel de apoyo y cercanía con la familia, y tendría consecuencias en una inserción exitosa (Villagra, 2008).

Finalmente, el contexto donde las personas regresan aparece como un factor relevante para entender el proceso de reinserción. La literatura muestra que las personas que salen en libertad vuelven a un número limitado de barrios (Clear y col., 2003; Lynch & Sabol, 2001), y que estos se caracterizan por ser barrios con una alta concentración de marginalidad (Hipp y col., 2010; Leverentz, 2012), lo que impactaría inevitablemente en los servicios a los cuales se puede acceder, y, como consecuencia, en las oportunidades para volver a delinquir (Hipp y col., 2010; Hipp & Yates, 2009).

A continuación, se exponen los principales resultados del estudio en relación al rol que tiene la familia, la vivienda y el barrio en el proceso de reinserción. En primer lugar, se realiza una caracterización general de las relaciones familiares previas al egreso, para luego explorar cambios en esas relaciones a lo largo de los primeros 12 meses en libertad. Luego se analizan los cambios en vivienda, y las características de los hogares y barrios donde las mujeres vuelven. Finalmente, se discute el problema de la inestabilidad residencial, caracterizando a aquellas mujeres que tienen una mayor probabilidad de experimentarla.

1. Este capítulo contó con la colaboración de Pía Carozzi y Jacinta Rodríguez.

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8.1 Familias y cárcel

El objetivo de esta sección es caracterizar a las familias de las mujeres que salen en libertad en Santiago, y analizar la percepción que ellas tienen del rol de la familia durante el encarcelamiento. Es clave destacar que la inmensa mayoría de las mujeres (95%) declara tener familia, definida esta como aquellos que tienen la misma sangre o con quienes tienen una relación política.

Esta familia ha estado presente a lo largo de la vida de las mujeres. De las 225 mujeres que componen este estudio, la gran mayoría (65%) vivió con ambos padres biológicos siendo menor de edad, y consideran a su padre y a su madre biológicos sus figuras paterna y materna respectivamente. A juzgar por los resultados, tanto padres como madres están presentes en la vida de estas mujeres. De hecho, un 26% de ellas seguía viviendo con alguno de sus padres antes de entrar a la cárcel. Obviamente, estar presente no implica necesariamente tener una buena relación. La complejidad de las relaciones sociales que viven quienes han estado privadas de libertad se refleja, entre otros, en relaciones familiares conflictivas en muchos casos. Sobre esto volveremos más adelante.

Respecto a las parejas, 66% de las mujeres declaró tener una pareja al momento de empezar su actual sentencia. De ellas, un 76% vivía con su pareja, aunque solo un porcentaje menor (12%) declaraba estar casada (ver también, Giordano y col. 2002).

8.1.1 Vínculos familiares y apoyo durante el encarcelamiento

Al momento de salir en libertad, la mayoría de las mujeres (76%) declara sentirse cercana a su familia. Esta cercanía pareciera haber aumentado en el período de privación de libertad, ya que era menor (64%) antes de ingresar a la cárcel. De hecho, un 35% declara que el paso por la cárcel la ha acercado a su familia. El aumento en percepción de cercanía también ha sido reportado en otros estudios (Visher y col., 2004). Como señalan Visher y sus colegas (2004), esta mejoría podría responder a que las relaciones previas al encarcelamiento estaban caracterizadas por el estrés y el conflicto como consecuencia del mismo involucramiento delictual de la mujer. Por otro lado, también es posible que las relaciones familiares hayan mejorado durante el período intra penitenciario, no solo porque aquellos familiares que permanecen cerca son justamente los que están dispuestos a acompañar el proceso, sino también por ser un período de menor contacto y, con ello, de menores oportunidades para el conflicto. Cabe recordar que la gran mayoría de estas mujeres recibió visitas durante su privación de libertad, según se reporta en el Capítulo 5, aunque estas visitas no necesariamente eran frecuentes. Solo un 23% declara que la experiencia carcelaria la alejó de su familia, mientras un 42% declara no haber experimentado ninguna dificultad para mantener el contacto con su familia durante el encarcelamiento2. Finalmente, también existe cierta evidencia que las personas privadas de libertad tienden a tener altas expectativas de su proceso de salida y de las relaciones con familiares y parejas (Naser & La Vigne, 2006; Visher y col., 2004) (ver también Capítulo 7).

Respecto a las parejas, un 68% de quienes tenían pareja en el momento de entrar a la cárcel mantienen su relación al salir de ella. Aquellas que reportaron haber experimentado violencia de parte de su pareja y quienes tienen condenas más largas, tienen mayores probabilidades de haber terminado la relación durante el encarcelamiento. En el momento de salir en libertad, 60% declara tener una pareja.

La literatura da cuenta que quienes están privados de libertad suelen recibir apoyo tanto instrumental como emocional por parte de sus familiares (Barrick y col., 2014; Mowen & Boman, 2019; Taylor, 2016). En línea con esta evidencia, los resultados muestran que la familia y la pareja constituyeron fuentes claves de apoyo durante la privación de libertad (ver Figura 8.1). De las 225 mujeres que participan en el estudio, solo 10 declaran no haber

2. Entre quienes declaran haber experimentado alguna dificultad, un 18% señala que fueron razones económicas, un 15% declara no querer mantener un contacto cercano, un 14% la falta de acceso a teléfono, un 9% no querer que la visiten. Otras razones, pero en menor porcentaje, apuntan a la falta de interés de la familia, a la distancia, y a las reglas de la visita.

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recibido ningún tipo de apoyo económico mientras estuvieron presas. La gran mayoría contó con alguien que le trajera comida, ropa o elementos de aseo, o que la ayudó con la manutención de sus hijos. Esta ayuda, que podemos calificar de económica o instrumental, fue provista en la gran mayoría de los casos por familiares. De hecho, sobre el 70% de las mujeres declara haberla recibido solo de familiares3. Estudios cualitativos dan cuenta de la relevancia que tiene para las mujeres contar con apoyo en el cuidado de sus hijos e hijas mientras se está privada de libertad, lo que les permite mantener el vínculo con ellos (Western, 2018). En cuando al apoyo emocional, solo 12 mujeres declaran no haber tenido alguien con quien compartir los problemas ni que las hiciera sentir queridas. En este último caso, casi el 80% declara haber recibido este apoyo emocional de su familia.

Figura 8.1: De quién recibió ayuda en la cárcel (n=225)

Respecto a los familiares que constituyen una fuente de apoyo en el período del encarcelamiento, la madre y la pareja son las figuras más relevante en términos de soporte instrumental. Sobre un 40% de las mujeres declararon que su madre les llevó comida, ropa y elementos de aseo durante el encarcelamiento, y un porcentaje similar que la escuchó y aconsejó. El rol central de la madre se mantiene, como se verá, a lo largo del período de reinserción. Los hijos, en cambio, son los familiares más nombrados en términos de soporte emocional, que implica haberla hecho sentir querida y esperada.

Este apoyo recibido se refleja en las altas expectativas que tienen las mujeres del apoyo que recibirán de su familia al salir. 60% de las mujeres esperan llegar a vivir a la casa de algún familiar, y 42% espera recibir algún tipo de apoyo económico de su familia durante el primer mes afuera. De hecho, salvo una mujer, todas dicen que se contactarán con algún familiar durante el primer mes después de salir en libertad, siendo los hijos, la madre y la pareja los más frecuentes.

8.1.2 Vínculos familiares y posibles fuentes de conflicto

La literatura sugiere que el apoyo recibido durante el encarcelamiento se asocia positivamente con una inserción exitosa al salir (Visher & Travis, 2003), Stansfield et al. 2020; Mowen & Visher, 2016; Cochran, 2013). Ahora bien, aun cuando la gran mayoría declara tener una relación positiva, no podemos olvidar que hay un porcentaje importante de mujeres que han tenido experiencias de abuso y violencia al interior de sus hogares. Como se reporta en en la descripción de las mujeres que participaron en este estudio (Capítulo 3), un 45% declara haber sufrido

3. Se considera como familiar la madre, el padre, pareja o ex-pareja, hijos, hermanos y otros familiares. No familiares son amigos que se han hecho fuera o dentro de la unidad.

Llevaron comida ropa o elementos

de aseo

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

No recibio ayudaSolo familiaresFamiliares y no familiaresSolo no familiaresNo indica quien

Recibió ayuda en las siguientes cosas...

Le prestaron o dieron dinero

Gastaron bienes o recursos económicos

para mantener a sus hijos

Escucharon sus problemas o dieron consejos cuando ella

los necesitó

La han hecho sentir querida y

esperada

Pro

po

rció

n

70


violencia física o sexual en el hogar siendo menor de edad, y un 69% haber sido víctima de violencia de pareja en su vida adulta. Respecto a las parejas que tienen al momento de salir en libertad, un 32% de las mujeres declaró haber sufrido algún tipo de violencia de parte de esa pareja antes de ingresar a la cárcel.

Adicionalmente, la gran mayoría de las mujeres ha tenido al menos un familiar involucrado en delito (76%), y que ha estado privado de libertad (73%, n=165). La Figura 8.2 muestra los familiares que las mujeres declaran han sido alguna vez condenados a una pena de cárcel en razón del delito cometido. La pareja o ex-pareja y los hermanos son los familiares más nombrados, seguidos por el padre. Estos datos son consistentes con la literatura que señala que personas en contacto con el sistema de justicia tiene mayor probabilidad de tener familias que han estado a su vez involucrados en delito.

Figura 8.2: Proporción familiares que han estado privados de libertad (n=165)

En el momento de salir en libertad, un 57% de las mujeres declara tener a algún familiar privado de libertad. Para la mayoría de ellas, ese familiar es la pareja o el hermano, mientras que solo un 3% de los padres está actualmente preso. Esto implica que la experiencia carcelaria las acompañará en los meses posteriores al egreso, ya que muchas de ellas mantiene un contacto activo con Gendarmería a través de las visitas a aquellos familiares presos (Centro Justicia y Sociedad, 2018).

Por tanto, si bien las relaciones familiares aparecen como un factor de apoyo y bienestar durante el encarcelamiento, para un porcentaje relevante de esta población la experiencia familiar está también asociada a una experiencia de delito, o a situaciones de violencia y conflicto. Por lo mismo, es importante considerar en qué medida una reinserción exitosa se puede ver afectada tanto positivamente por el apoyo recibido de parte de la familia, como negativamente ante la presencia de conflicto en la misma (Harding y col., 2019; Mowen & Visher, 2015).

8.2 Familias y reinserción4

Al igual que lo que ocurre durante el encarcelamiento, las mujeres descansan en sus familias mientras se enfrentan a los desafíos de la reinserción. Son estas familias las que constituyen la mayor y principal fuente de apoyo. En esta

4. Los análisis de esta sección se realizan sobre el total de mujeres que participaron en cada una de las mediciones de dos, seis y doce meses (n=169).

Ha estado privado/a de libertad Sí No

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Parejas/ex

Pro

po

rció

n

Hermano/a Padre Primo/a Tío Madre Hijo/a Otro Abuelo/a

71


sección se analiza en primer lugar el contacto que las mujeres tienen con sus familias luego de salir en libertad. Luego, se reportan los apoyos efectivamente recibidos de parte de las familias a lo largo de las mediciones. En tercer lugar, se presentan los resultados de la percepción que las mujeres tienen de sus vínculos familiares, analizando posibles diferencias según otros indicadores, así como cambios que ocurren a lo largo de los meses. Finalmente, se analizan posibles fuentes de conflicto en la familia y en la pareja que pueden dificultar el proceso de reinserción.

8.2.1 Expectativas, contacto y relaciones familiares al salir en libertad

La mayoría de las mujeres se contacta y mantiene contacto con miembros de la familia, siendo los hijos, la madre, la pareja y los hermanos los familiares con quienes se establece un mayor contacto. El encuentro con la familia parece ser menos difícil de lo que las mujeres temían antes de salir en libertad. En el momento del egreso, solo un19%delasmujeresdeclaróquesería”muyfácil”rehacerlarelaciónconsufamilia,mientrassobreel40%delasparticipantesseñalaquenohasido”paranadadifícil”rehaceresevínculoenlassiguientesmediciones5. Algo similar ocurre con los hijos: mientras un 21% decía que sería muy fácil al momento de salir, cerca del 40% declara que así lo ha sido en las siguientes mediciones (ver Capítulo 7).

Ahora bien, es interesante observar que el contacto con los familiares disminuye con el paso de los meses (ver Figura 8.3). Por ejemplo, si bien un 91% de las mujeres declara haberse vinculado con algún familiar desde el egreso a los dos meses, sólo un 67% de ellas efectivamente lo ha hecho entre los seis y doce meses después de haber egresado de la cárcel6. Más aun, prácticamente el total de las mujeres (99%) declaraba querer contactarse con al menos un familiar previo a su egreso de la cárcel. Como ya se señaló, la literatura da cuenta de las diferencias entre las expectativas que internos e internas manifiestan previo al egreso y la realidad que viven posterior a él (Naser & La Vigne, 2006), lo que se evidencia en el caso del contacto.

Probablemente la diferencia más interesante entre expectativas y realidad se ve con los hijos. Mientras un 84% declara esperar contactarse con al menos uno de sus hijos al salir, a los dos meses solo 66% ha podido hacerlo, y entre los seis y doce meses ese porcentaje desciende a 58 y 56% respectivamente7.Los resultados son consistentes con lo reportado en el Capítulo 7, sobre el aumento del porcentaje de mujeres que no vive con ninguno de sus hijos menores de edad. Adicionalmente, parece relevante destacar que, en cada medición, alrededor de un 10% de las mujeres reporta no tener ningún familiar cercano.

5. Las alternativas son distintas en el cuestionario de Línea de Base y las siguientes mediciones. En el primer caso, las alternativas consideraban desde ”muy fácil” a ”muy difícil”. En las siguientes, las alternativas iban desde ”para nada difícil” a ”muy difícil”.6. Estos resultados no responden a una posible disminución en el contacto producto del encarcelamiento. De hecho, los porcentajes son prácticamente iguales cuando consideramos solo a quienes no estuvieron privadas de libertad en esa ola o en las anteriores.7. Los porcentajes no coinciden con los reportados respecto a contacto en el Capítulo 7. A diferencia de la información por hijo sobre la que se basa el capítulo anterior, la pregunta que se reporta en la Figura 8.3 mide contacto con familiares en general. Se preguntó en la medición de línea de base con quienes piensa contactarse al salir, y en las mediciones de seguimiento, con quienes se había contactado desde la última entrevista. La respuesta era una respuesta abierta, que permitía señalar distintos familiares. Es posible que algunas mujeres no hayan reportado hijos, en el caso de estar viviendo con ellos.

72


Figura 8.3: Expectativa de contacto y contacto con familiares en cada ola (n=169)

No tuvo Contacto Sí tuvo Contacto

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Pro

po

rció

n

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0Línea base dos

mesesseis

mesesdoce

meses

Padre Hijo/a

Total Madre

8.2.2 Apoyo recibido en medio libre

A lo largo del período, sobre un 70% declara haber recibido ayuda en términos de vivienda, alrededor de un 60% haber recibido ayuda económica, y sobre 60% ayuda con la manutención y/o cuidado de sus hijos (ver Figura 8.4)8.La gran mayoría de quienes reciben ayuda la ha recibido de parte de sus familiares. Por ejemplo, entre quienes declaran haber recibido ayuda económica, más el 80% dice que esta ayuda provino de la familia9.Y este porcentaje se mantiene relativamente estable a lo largo de los meses. La familia es quien provee también la mayor parte del apoyo recibido en el acceso a vivienda, y es aun mayor en lo que dice relación al cuidado y manutención de los hijos (sobre el 90% en cada ola). El contar con apoyo en el cuidado y manutención de los hijos ha sido destacado en la literatura como un elemento importante para una reinserción exitosa (Cobbina, 2010; Leverentz, 2011). La única excepción es la búsqueda de empleo, donde los amigos juegan un rol relevante–aunque menor que la familia, al igual que instituciones como fundaciones, gendarmería, etc (resultados similares en Visher y col. (2004)).

8. A diferencia del Capítulo 7, los porcentajes se presentan sobre el total de mujeres, independiente la edad de los hijos.9. Los porcentajes reportados son sobre el total que declara recibir ayuda. Los que aparecen en la Figura 8.4 son sobre el total de mujeres analizadas.

Línea base dos meses

seis meses

doce meses


seis meses

doce meses


seis meses

doce meses

73


Figura 8.4: De quién recibió apoyo, por tipo de apoyo y ola (n=169)

Pro

po

rció

n

2 Meses 6 Meses 12 Meses

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Escuch

ar pro

blem

as y d

ar con

sejos

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Cu

idad

o

de su

s hijo

sC

uid

ado

d

e sus h

ijos

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Man

tenim

iento

d

e sus h

ijos

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Enco

nó

micam

ente

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Enco

ntrar

trabajo

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Lug

ar do

nd

eq

ued

arse

No aplicaNo ha recibido ayuda

Solo familiares

Familiares y amigos

Familiares y otro

Solo amigos

Amigos y otro

Solo Institución

Solo otro

74


En la gran mayoría de los casos, la ayuda proviene de la madre, salvo en lo que respecta a la ayuda económica donde la pareja adquiere mayor relevancia. Estos resultados se condicen con la evidencia existente que destaca el rol de la familia, y particularmente de la madre, como la principal fuente de apoyo en el proceso de reinserción de hombres y mujeres que salen en libertad (Harding y col., 2019; La Vigne, 2009; Visher y col., 2004; Western, 2018). En el caso de las mujeres, además, el apoyo que se recibe de la familia está íntimamente vinculado con el rol de cuidado de los hijos que ejercen las abuelas maternas durante el encarcelamiento femenino (ver Capítulo 7). La literatura nacional e internacional destaca el rol que la familia nuclear juega en el cuidado y custodia de los hijos una vez que una madre pierde la libertad, dada la frecuente ausencia de los padres biológicos de niños y niñas (Valenzuela y col., 2012; Wakefield & Wildeman, 2013). Esto no es así en el caso de los hombres, cuyos hijos suelen haber estado y quedar a cargo de la madre biológica. Como reporta Western (2018), las mujeres tienen una mayor probabilidad de vivir con la familia, principalmente como consecuencia de ser ese el hogar donde viven sus hijos al salir ella en libertad.

Ahora bien, es importante destacar que el apoyo familiar no está exento de desafíos. De hecho, al preguntarles por los problemas vividos por la familia durante los últimos 12 meses desde el egreso, un porcentaje importante de mujeres declara que alguien en su familia tuvo problemas de consumo de drogas (47%), de salud mental (11%) u otra enfermedad grave (20%), y de involucramiento delictual (54%). Adicionalmente, un 24% de las mujeres declara haber perdido a algún familiar durante esos doce meses, en la mayoría de los casos la madre o el padre. Hablamos, por tanto, de contextos de vulnerabilidad, y de familias con sus propios problemas y desafíos. Esta fragilidad podría explicar en parte la disminución del contacto con familiares a medida que pasan los meses.

8.2.3 Percepción de soporte y de conflicto familiar

En cada medición, se aplicaron dos escalas para medir el nivel de soporte y de conflicto familiar10. Ambas escalas tienen un rango de uno a cuatro, con cuatro indicando altos niveles de soporte y de conflicto, respectivamente. Como se puede apreciar en la Figura 8.5, la percepción de soporte familiar tiende a disminuir a medida que pasan los meses. El promedio de la escala pasa de un 3.1 en la Línea de Base a 2.8 a los doce meses, diferencia que es estadísticamente significativa11. Estos resultados son coincidentes con los presentados por Visher y colegas (2004) en el caso de las mujeres participantes del estudio Returning Home. El valor promedio de la escala de apoyo familiar en el momento de salir en libertad era de 3.11 y pasa a 3.08 en la segunda medición, entre 4 y 6 meses post egreso. Los autores también reportan un aumento en la percepción de apoyo durante el encarcelamiento (ver sección anterior).

No hay diferencias significativas en el nivel de apoyo entre quienes presentan consumo problemático de sustancias al momento del egreso. Tampoco hay diferencias significativas según edad, o el número de condenas previas. Las diferencias también son menores entre los distintos tipos de perfiles descritos en el Capítulo 4. Si bien las mujeres descritas en la Clase 1 reportan, en cada medición, niveles más altos en la escala de apoyo, en todos los casos, el promedio disminuye entre la Línea de Base y los siguientes dos, seis y doce meses, alcanzando el punto más bajo en la última medición.

10. Ambas escalas están tomadas del estudio Returning Home. La escala de soporte considera el grado de acuerdo respecto a los siguientes ítems: ”Me siento cercana a mi familia”, ”Quiero que mi familia esté involucrada en mi vida”, ”Me considero una fuente de apoyo para mi familia”, y ”Mi familia es una fuente de apoyo para mi”. La escala de conflicto se basa en tres ítems: ”Yo peleo mucho con mi familia”, ”siento que mi familia está decepcionada de mi”, y ”Mi familia me critica mucho”. En cada una de las mediciones, las escalas presentan alfas superiores a 0.86 y 0.73 respectivamente.11. La diferencia entre la Línea de Base y las mediciones de dos, seis y doce meses es estadísticamente significativa. No así las diferencias entre las mediciones de dos, seis y doce. El promedio de apoyo en la primera semana es similar al de la Línea de Base.

75


Figura 8.5: Promedio de escalas de soporte y conflicto familiar (n=169)

Las mayores diferencias se encuentran en la composición familiar. Por un lado, el nivel de apoyo es mayor entre las mujeres que viven con su familia nuclear (alrededor de 30% en cada medición)12, comparado con aquellas que no. Esto es así en todas las mediciones, salvo la de los seis meses. Ahora bien, aquellas que viven con su familia también experimentan una disminución del apoyo, de un promedio de 3.3 en la Línea de Base a uno de 3.1 a los doce meses13.

Por otro, aquellas que declaran vivir con al menos uno de sus hijos (entre 61% y 55% a los dos y doce meses respectivamente) presentan niveles de apoyo más altos, que, aunque decaen en el tiempo, se mantienen siempre por sobre el promedio de quienes no viven con alguno de sus hijos. Este mayor apoyo pareciera estar definido principalmente por quienes tienen hijos mayores de edad. De las 169 mujeres que participaron en las olas de seguimiento, 11% no tenía hijos, 21% tenía solo hijos mayores de edad, y 69% tenía al menos un hijo menor de edad. Independiente de si vivían con ellos o no, son estas últimas mujeres quienes reportan menores niveles de apoyo en las sucesivas mediciones y quienes reportan, además, una cáıda estadísticamente significativa en el nivel de apoyo a partir de la Línea de Base. La diferencia con aquellas que, teniendo hijos, no tenían menores de edad, es también estadísticamente significativa en cada una de las mediciones, menos en la de Línea de Base. La cáıda pronunciada y la falta de diferencia con aquellas sin hijos menores de edad antes de salir en libertad reflejan el choque entre las expectativas de apoyo y la realidad para aquellas mujeres con hijos menores de edad. Según la literatura, son justamente ellas quienes requieren mayor apoyo familiar al enfrentar demandas múltiples y contrapuestas como son el cuidado de los hijos y el acceso y mantención del trabajo (Cobbina, 2010).

La escala de conflicto, en cambio, permanece relativamente estable en las distintas mediciones14. Esta estabilidad se mantiene al analizar la distribución por distintos factores de riesgo. Sin embargo, a diferencia de la escala de

12. Familia nuclear fue definida como vivir con madre, padre y/o hermanos.13. Aquellas que viven con su pareja, que corresponde también a un tercio de la muestra en cada medición, presentan niveles de apoyo más bajo, aunque más estables en el tiempo. Pero las diferencias en cada medición no son estadísticamente significativas. xiv La única excepción es en la primera semana, donde el promedio de la escala es 2.10, lo que podría estar reflejando un momento de ”luna de miel” o bienestar post egreso, que no se mantiene en el tiempo. Las diferencias entre la Primera Semana y la Línea de Base son estadísticamente significativas.14. La única excepción es en la primera semana, donde el promedio de la escala es 2.10, lo que podría estar reflejando un momento de ”luna de miel” o bienestar post egreso, que no se mantiene en el tiempo. Las diferencias entre la Primera Semana y la Línea deBase son estadísticamente significativas.

Med

ia

Línea base 2 meses 6 meses 12 meses/a

4

3

2

1

Escala ConflictoSoporte

76


soporte, si hay diferencias en los niveles de conflicto reportados de acuerdo al grupo de variables observadas. Por ejemplo, las mujeres que tenían consumo problemático de sustancias al momento de salir en libertad reportan, en cada medición, mayores niveles de conflicto familiar. Las diferencias son estadísticamente significativa, y son consistentes con la evidencia internacional que apunta al consumo de drogas de la persona que sale en libertad como un motivo de estrés y conflicto con su entorno familiar (Leverentz, 2011; Western, 2018)15.

Por otro lado, aun cuando no hay diferencias en el nivel de conflicto entre quienes eran primerizas y reincidentes en términos de privación de libertad, si las hay al comparar entre aquellas que habían tenido un número de condenas previas mayor o igual a la media de la muestra16. Aquellas con mayor número de condenas manifiestan un mayor nivel de conflicto familiar, aunque la diferencia solo es estadísticamente significativa en la medición de Línea de Base. Las mujeres de mayor edad manifiestan también menores niveles de conflicto a través de las distintas mediciones. Esto nos indica que aquellas mujeres cuyo contacto con el sistema ha sido más frecuente y aquellas menores de 35 años enfrentan mayores dificultades en términos de su re-contacto con familiares al momento de salir nuevamente en libertad. No emergen diferencias de acuerdo a la composición del hogar, salvo en el caso de quienes viven con sus hijos, que manifiestan menores niveles de conflicto en las últimas dos mediciones. Sin embargo, y de manera consistente con la escala de soporte, las mujeres que tienen al menos un hijo menor de edad manifiestan mayores niveles de conflicto que aquellas con hijos mayores o sin hijos17.

Finalmente, en línea con las diferencias ya señaladas en la escala de soporte, las mujeres clasificadas en la Clase 1 manifiestan menores niveles de conflicto, mientras aquellas pertenecientes a la Clase 3 los mayores niveles de conflicto. Las diferencias entre ambas clases son estadísticamente significativas, pero no así las diferencias con las mujeres clasificadas en Clase 2.

8.2.4 Relaciones de pareja

Del total de mujeres que tenía una pareja al momento de salir en libertad, 28% mantiene la misma pareja a lo largo de los meses. En contraste, un 46% de las mujeres inician una nueva relación durante el primer año en el exterior, lo que da cuenta de la inestabilidad de las relaciones durante el período (Harding et al., 2019). Respecto a las características de estas parejas, del total de mujeres que tuvo alguna pareja, el 78% declara haber estado con una pareja que tenía algún tipo de historia delictual, aun cuando solo el 19% con una pareja que estaba actualmente delinquiendo. Un 43% declara también haber tenido una pareja con consumo problemático de drogas, y un 44% haber tenido a su pareja presa en algún momento al salir en libertad y durante los doce meses posteriores. Si bien el porcentaje de parejas actualmente delinquiendo es menor, este podría deberse en parte a un problema de incapacitación asociado a la privación de libertad.

Además, del total que tenía pareja en cada ola, un 29% reporta haber sufrido violencia de pareja en alguna de las mediciones. La literatura vincula estas experiencias de violencia con una mayor probabilidad de delinquir (Daly, 1992), lo que se suma, en el caso de un grupo de estas mujeres, a tener una pareja que sigue delinquiendo y/o con consumo de drogas. Más aun, los datos dan cuenta que, para un porcentaje de estas mujeres la pareja constituye el mayor vínculo con el mundo delictual. Por ejemplo, sobre el total que declara que alguien de su familia tuvo problemas de consumo de drogas, un poco más del 40% reporta que fue su ex o actual pareja. El porcentaje es algo mayor en referencia al delito y a estar actualmente encarcelados. Por tanto, mientras que para algunas mujeres la pareja constituye un factor de apoyo económico y emocional relevante, para un grupo importante de ellas es quien provee mayores oportunidades para la reincidencia y la recáıda en el consumo de drogas (Leverentz, 2014).

15. Es importante señalar que existe literatura también que muestra como el conflicto familiar aumenta las probabilidades de recaer en el consumo de sustancias (Mowen & Boman, 2019; Mowen & Visher, 2015). La relación podría ser bidireccional.16. La media de condenas previas es 4, y la mediana 2.17. Aunque las diferencias son significativas solo a los dos y doce meses.

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En resumen, las familias constituyen la mayor fuente de apoyo económico y emocional para las mujeres que salen en libertad. De ellas reciben un lugar donde vivir, ayuda en el cuidado y mantención de los hijos, e incluso apoyo económico. Aunque el apoyo instrumental permanece en el tiempo, el contacto y la percepción de soporte disminuyen con los meses. Adicionalmente, para cerca de un 10% de las mujeres del estudio, no existe familia a quien puedan acudir, y para otras la familia y pareja parecen constituir una fuente de estrés y conflicto que podría dificultar el proceso de reinserción y generar oportunidades para la reincidencia.

8.3 Vivienda18

Uno de los grandes desafíos que enfrentan quienes salen en libertad es el tener un hogar estable donde vivir. La literatura vincula la inestabilidad residencial con una mayor probabilidad de delinquir, lo que podría ocurrir por el quiebre de vínculos sociales, la generación de estrés, o un aumento en la marginalidad y la pobreza (Metraux & Culhane, 2004; Western, 2018). En este apartado se describen, en primer lugar, los lugares de residencia y los cambios en el tipo de lugar que experimentan las mujeres durante los primeros 12 meses. Luego se caracteriza el hogar y barrio donde vuelven las mujeres. Finalmente se analiza el problema de la inestabilidad residencial y las características de las mujeres que la experimentan.

8.3.1 Lugar de residencia

Justo antes de su ingreso a la cárcel, poco menos de la mitad de las mujeres que participaron en el estudio vivía en un departamento o casa propia (20,1%) o arrendada (21,9%), y un porcentaje similar en casa de algún familiar (36,7%) –principalmente la madre o el padre– o de la pareja (8,9%) (ver primera columna de Tabla 8.1). Un 7,1% declara haber estado viviendo en una residencia precaria19, principalmente en la calle (7 mujeres del total de 12 en residencia precaria)20.

Antes de salir en libertad, sobre la mitad de las mujeres declara que llegará a vivir en casa de un familiar (51,5%), mientras un 18,3% que lo hará en su casa o departamento propio y un 8% que vivirá con la pareja (ver segunda columna de Tabla 8.1). El porcentaje que declara que se establecerá en un departamento o casa arrendada es menor que antes de caer presa (13,6%). Solo un 2,4% (n=4) declara que vivirá en algún tipo de residencia considerada como precaria, y 4 mujeres (2,4%) dicen no saber dónde volverán a vivir21. Si analizamos los resultados para cada mujer, la vivienda propia y de un familiar son las que presentan mayor estabilidad entre la vivienda previa a la cárcel y aquella donde se espera llegar a vivir. Por ejemplo, un 88% de quienes vivían en una casa o departamento propio antes de la cárcel declaran que volverán a vivir a él, porcentaje que es algo mayor en el caso de la familia (92% de quienes vivían en casa de un familiar declaran que volverán a vivir con un familiar).

Ahora, ¿que pasa efectivamente la primera noche? A nivel general, existe bastante consistencia entre las expectativas expresadas al momento de salir y el lugar donde las mujeres pasan su primera noche. Como se aprecia en la Tabla 8.1, un 15,5% de las mujeres pasa su primera noche en un departamento o casa propia, un 8,3% en un departamento o casa arrendada, y un 61,3% lo hace en casa de algún familiar. Ahora bien, al analizar estos datos a nivel individual, vemos que cerca del 40% de quienes esperaban llegar a vivir en una casa propia pasa la primera

18. Los datos relativos a esta sección se reportan sobre el total de mujeres que participaron en las mediciones de línea de base, dos, seis y doce meses (n=169).19. Se considera residencia precaria el vivir en un centro de tratamiento o rehabilitación, un hospital, casa de acogida, motel, residencial u hotel, ruco o casa de consumo, casa abandonada, o la calle.20. Cabe destacar que el porcentaje de mujeres en vivienda precaria aumenta al considerar el total de mujeres entrevistadas en la línea de base: 9% (n=21) mujeres declaraba vivir en vivienda precaria, reportando 12 de ellas haber estado en la calle. Estas diferencias dan cuenta de la dificultad de seguir a aquellas mujeres que viven en un contexto de mayor marginalización.21. Se registra como no responde en Tabla 8.1.

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noche en casa de un familiar. El porcentaje es similar entre quienes esperaban llegar a vivir en la casa de la pareja, y mayor entre quienes esperaban llegar donde algún amigo o conocido. Por tanto, este mayor porcentaje que pasó la primera noche en la vivienda de un familiar (61%) en relación al porcentaje que esperaba llegar ahí (52%) responde al hecho que muchas mujeres son recibidas por sus familiares más directos (principalmente padres, en un tercio de los casos), a pesar que esperaban llegar a otros lugares. De manera consistente con otros estudios (ver Mallik-Kane y Visher, 2008), la familia se presenta como la primera y más segura opción de alojamiento al salir en libertad. Esto, nuevamente, confirma el rol central que juega como fuente de apoyo instrumental en este proceso.

Los resultados dan cuenta también de una relativa estabilidad en el tipo de vivienda donde permanecen las mujeres en el tiempo22, estabilidad que es especialmente marcada en el caso de las mujeres que cuentan con una casa o departamento propio (ver Tabla 8.1). Esta estabilidad también se observa en el porcentaje que declara residir en casa de algún familiar, el que se mantiene en torno al 40%, similar a lo que ocurría previo a la privación de libertad23. La casa de un familiar es, además, el tipo de residencia más común en esta población, particularmente en los primeros meses posteriores al egreso (Mallik-Kane & Visher, 2008)24.El porcentaje de mujeres que logra arrendar un lugar aumenta de un 8% a los dos meses, a 15% a los doce meses, aunque se mantiene siempre por debajo el porcentaje que vivía en una vivienda arrendada antes de caer presa (22%).

Finalmente, un 3% declara estar viviendo en la cárcel a los seis y a los doce meses y entre un 4 y un 5% declara estar residiendo en lugares precarios, en cada una de las mediciones. Ahora bien, y como se discutirá más adelante, estos porcentajes dan cuenta del total que vive en cada uno de los lugares en las distintas olas, pero no considera posibles cambios ocurridos entre olas ni da cuenta de cambios a nivel individual. De hecho, al analizar cada uno de los meses, vemos que un 17.8% de las mujeres declara haber vivido en residencias precarias en algún mes de los primeros 12 posteriores al egreso. Mujeres con consumo problemático de drogas, con mayor conflicto y menor soporte familiar, que habían vivido con su pareja los primeros dos meses, y que pertenecen a la Clase 3 tienen mayor probabilidad de haber vivido en algún mes en lugares precarios. Además, 6 de las 7 mujeres que pasaron la primera noche en un lugar precario vuelven a residir en alguno de ellos en los meses posteriores.

22. Hay que destacar que la estabilidad es respecto al tipo de lugar. La descripción de la inestabilidad se realiza más adelante. 23. La casa de algún familiar es, en dos tercios de los casos, la casa del padre o la madre.24. Hay que destacar si que el porcentaje relativamente alto y estable que reporta vivir en casa de un familiar no indica necesariamente estabilidad. De hecho, hay mujeres viven en casas de distintos familiares a lo largo del período.

Tabla 8.1: Tipo de lugar de residencia, por ola (n=169)

Tipo Lugar Pre Cárcel Línea de Base* Primera Noche Dos Meses Seis Meses Doce MesesCasa o departamento propio 20.1 18.3 15.5 20.7 19.5 18.3Casa o departamento arrendado 21.9 13.6 8.3 8.3 12.4 14.8Casa o departamento tomado 1.8 1.2 1.8 1.8 1.8 1.2Casa de algún familiar 36.7 51.5 61.3 46.2 40.2 37.3Casa de pareja 8.9 7.7 5.4 11.2 11.2 13.0Casa de amigo 3.6 3.0 3.0 8.3 7.1 7.7Cárcel 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0Residencia precaria 7.1 2.4 4.2 3.6 4.1 4.7No responde 0.0 2.4 0.6 0.0 0.6 0.0

* Lugar declarado donde esperan vivir al salir.

79


8.3.2 Características de los hogares y barrios

A lo largo de las mediciones, las mujeres declaran vivir en hogares con un promedio entre 4 y 3 personas25.Independiente del tipo de hogar donde residen, cerca de un 30% de las mujeres declara vivir con su familia de origen (padre o madre y hermanos), mientras que sobre un 30% que lo hace con su pareja o ex pareja. Sobre la mitad de las mujeres declara vivir con alguno de sus hijos. Estos porcentajes se mantienen relativamente estable entre los dos y los doce meses.

Respecto a posibles problemas asociados al hogar, a lo largo de las mediciones, cerca de un tercio de las participantes reportó que alguno de los integrantes de su hogar tenía problemas con consumo de sustancias, y cerca la mitad vivir con alguien que estaba involucrado en delitos (ver Figura 8.6). Como señalan algunos autores (Mowen & Visher, 2015; Visher & Travis, 2003) y ha sido discutido previamente, algunos miembros del hogar pueden representar una fuente de conflicto que facilite la continuidad en el delito o el consumo de drogas. De hecho, los datos son consistentes con el 30% de las participantes que declara que el lugar donde se está quedando no es un lugar apropiado para evitar reincidir o consumir drogas.

Por otra parte, si bien la inmensa mayoría de las mujeres declara sentirse acogida y cómoda en el lugar donde vive (sobre 76% en cada medición), hay un 20% de ellas que declara no sentirse protegida y segura en el hogar, y un porcentaje algo menor que declara que hay gritos y discusiones fuertes de manera frecuente en el mismo (entre 10 y 17%), o peleas físicas de manera frecuente o al menos algunas veces (entre 14 y 24% en las distintas mediciones).

Finalmente, la literatura plantea que la gran mayoría de quienes salen en libertad vuelven a un número limitado de barrios (Clear y col., 2003), caracterizados por la pobreza, alto desempleo, altas tasas de delito, y consumo de drogas (Harding y col., 2019; Leverentz, 2014; Western, 2018). Esta concentración de la reinserción en barrios marginalizados podría aumentar, a su vez, las probabilidades de volver a delinquir (Hipp & Yates, 2009; Leverentz, 2006). Los resultados muestran que la mayoría de las mujeres que salen en libertad en Santiago vuelve a un grupo limitado de comunas y permanece en las mismas en el tiempo (ver también, Gendarmería de Chile, 2013). Por ejemplo, a los doce meses alrededor de un tercio de las mujeres vivía en solo tres comunas: Puente Alto, La Pintana y Maipú. Además, y en línea con lo planteado, un porcentaje relevante declara establecerse, dentro de las comunas, en barrios que podrían ser considerados altamente inseguros: casi un 40% reporta que en su barrio es muy o bastante probable toparse con una balacera, y un 56% que existe venta de drogas y problemas con narcotráfico.

25. Estos promedios excluyen a aquellas que declaran vivir en la cárcel en la medición respectiva.

Figura 8.6: Conflictos en el hogar

NS/NR

No

Sí

Pro

po

rció

n

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.02 meses 6 meses 12 meses/a

Problemas consumo de alcohol/drogas1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.02 meses 6 meses 12 meses/a

Involucramiento en delitos

80


8.3.3 Inestabilidad residencial

Si bien la gran mayoría de las mujeres accede a vivienda a lo largo de las mediciones, los resultados dan cuenta de un alto nivel de inestabilidad residencial cuando se analizan los cambios de vivienda de cada mujer en los distintos meses del estudio. En promedio, las mujeres declaran haber vivido en 2.7 lugares en los 12 meses posteriores al egreso26, lo que coincide con lo reportado en otros contextos (Harding y col., 2019; La Vigne & Parthasarathy, 2005). La literatura en la materia define como inestabilidad residencial el haber experimentado más de un movimiento por año (Geller & Curtis, 2011). Como se aprecia en la Figura 8.7, solo un 28% de las mujeres ha permanecido en el mismo hogar a lo largo de los 12 meses de seguimiento, mientras cerca de un cuarto de ellas declara cuatro o más viviendas en los distintos meses.

26. El número de lugares se obtiene de las declaraciones hechas en el calendario de vivienda, aplicado en las olas de 2, 6, y 12 meses. Considera la cárcel como lugar.27. Todas las variables de caracterización fueron obtenidas en la medición de Línea de Base.28. Al ser ambas variables continuas originalmente, la relación se evaluó también con una correlación de Pearson. En el caso del conflicto, esta correlación es positiva y estadísticamente significativa. En el caso de la escala de soporte, la correlación es negativa y significativa.29. Esta variable está medida a los dos meses y, por tanto, reconoce a aquellas mujeres que durante los primeros dos meses en el exterior reportaban haber vivido en una casa o departamento propio.

Ahora bien, la inestabilidad residencial es mayor en las mujeres más jóvenes, en quienes tienen consumo problemático de sustancias, y en aquellas que no tienen hijos o tienen hijos menores de edad27.Por ejemplo, como se aprecia en la Tabla 8.2, las mujeres menores de 35 años reportan un promedio de 3.1 lugares en los 12 meses, mientras aquellas mayores reportan un promedio de 2.3. Esta diferencia es estadísticamente significativa. Este factor edad podría explicar la asociación entre tener hijos menores de edad e inestabilidad residencial ya que, de hecho, aquellas que declaran haber vivido con algún hijo en la medición de dos meses reportan mayor estabilidad residencial. Es interesante señalar que no se observan diferencias entre aquellas mujeres que tienen un historial de condenas más extendido, lo que no se condice con la literatura que apunta a la interrelación entre el sistema penitenciario y la inestabilidad residencial (Geller & Curtis, 2011; Metraux & Culhane, 2004).

Por otro lado, el rol de la familia vuelve a destacar. En línea con la evidencia internacional (Harding y col., 2019; La Vigne & Parthasarathy, 2005), los resultados dan cuenta que a mayor conflicto familiar, mayor cantidad de hogares reportados. El resultado es inverso en el caso del soporte. En la Tabla 8.2 se aprecia como aquellas mujeres con un puntaje en la escala de apoyo menor a la media reportan en promedio 3 lugares, en contraste con 2.3 entre quienes tienen un nivel de apoyo superior a la media de la muestra28.Por otro lado, el haber vivido al inicio en una casa o departamento propio es un claro factor protector de inestabilidad residencial29. Quienesdeclaranhaberestadoen

Figura 8.7: Número de lugares de residencia en los 12 meses post egreso (n=169)

35

30

25

20

15

10

5

01 2 3 4 o más

23,7

18,3

29,628,4

81


esta situación reportan un promedio de 1.6 hogares en los doce meses. En contraste, las personas que no tenían un lugar propio donde vivir al inicio del proceso reportan un promedio de casi 3 hogares en esta etapa.

Finalmente cabe destacar las diferencias que emergen entre los perfiles identificados en esta población. Enconsonanciaconlacaracterizaciónhechadeestosdistintosgruposenloscapítulosanteriores,lasmujeres de la Clase 3 presentan un mayor riesgo de inestabilidad residencial. En promedio, reportan 3.5 lugares. Más interesante aun, un 43% de ellas señala haber vivido en cuatro o más lugares, mientras un 46% de las mujeres clasificadas en la Clase 1 haber vivido solo en un lugar durante todo el período.

Tabla 8.2: Número promedio de lugares de residencia según características de la población (n=169)

N Media Desviación Estándar

Menor de 35 80 3.1 1.7Mayor o igual a 35 89 2.3 1.7No tiene hijos 18 3.3 2.0Hijos menores de edad 116 2.9 1.8Hijos mayores de edad 35 1.7 0.7Menor a la media 127 2.5 1.6Mayor o igual a la media 41 3.1 2.0Sin consumo problemático 108 2.1 1.2Abuso o dependencia 1.2 3.6 2.1Menor a la media 79 2.9 1.8Mayor o igual a la media 79 2.3 1.5Menor a la media 79 2.4 1.7Mayor o igual a la media 75 2.9 1.8No 133 2.9 1.8Sí 36 1.6 0.9Clase 1 57 1.9 1.0Clase 2 52 2.4 1.4Clase 3 60 3.5 2.1

*Diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.+Diferencias significativas entre aquellas sin o con hijos menores de edad y con hijos mayores de edad.++Diferencias significativas entre clases.

Edad*

Hijos+

Condenas previas

Consumo problemático de drogas*

Escala de soporte*

Escala de conflicto*

Vivió en hogar propio*

Perfiles++

8.4 Conclusiones

Los datos presentados en este capítulo refuerzan el rol central que la familia juega en el proceso de reinserción de mujeres que salen en libertad en Santiago. Respecto a las relaciones familiares, los resultados dan cuenta que la gran mayoría de las mujeres contó con el apoyo de su familia mientras estaba privada de libertad, siendo la madre y la pareja figuras centrales en este apoyo. De la misma manera, ellas manifiestan altas expectativas en relación a la mantención de esos vínculos después del egreso y al apoyo económico e instrumental que podrían recibir al salir.

A lo largo del primer año las mujeres mantienen el contacto con su familia, y reciben apoyo en términos de vivienda, ayuda económica, y apoyo en la manutención y cuidado de los hijos. Aun así, y a medida que pasan los meses, el contacto con la familia disminuye, así como la percepción de soporte expresada en la escala respectiva. Estos resultados son consistentes con lo reportado en otros estudios (ver, por ejemplo, Visher y col., 2004), y podría explicarse por un aumento en las expectativas que la familia pone en la mujer, o al surgimiento de nuevos conflictos asociados, por ejemplo, a la reincidencia y el consumo de drogas.

82


Ahora bien, es interesante destacar ciertas diferencias en los niveles de apoyo y conflicto percibido por las mujeres. La mayor cáıda en la percepción de apoyo la experimentan aquellas mujeres que tienen al menos un hijo menor de edad –lo que no implica que vivan con él/ella, y son ellas quienes manifiestan un mayor nivel de conflicto. Esto podría ser consecuencia de las mayores demandas que experimentan quienes tienen hijos menores de edad (Cobbina, 2010) y de las expectativas que tenían en términos del apoyo que recibirían durante el proceso de egreso. Así también, mujeres de mayor edad y con menor contacto con el sistema de justicia declaran tener menores niveles de conflicto en la familia. Esto indica que, en consonancia con otros estudios (Harding y col., 2019), existe cierta relación entre el compromiso delictual de la mujer y el apoyo que recibe y percibe de parte de su familia.

La mayor expresión de conflicto es, probablemente, aquella que se traduce en violencia de pareja. Entre quienes tienen pareja a lo largo del período, cerca de un cuarto declara haber sufrido violencia. Adicionalmente, cerca de la mitad declara haber tenido alguna pareja con consumo problemático de drogas, presa o delinquiendo. Si bien la pareja constituye una fuente de apoyo económico importante para muchas mujeres, para otras el tener pareja y las características de la misma podría interferir con el proceso de reinserción y abandono de la conducta delictual, lo que va en línea con la literatura de los patrones de involucramiento delictual de género (Daly, 1992) y con otros estudios de reinserción femenina (Leverentz, 2014).

A nivel general, por tanto, los resultados confirman la complejidad que existe en las relaciones sociales, y el cómo la familia puede constituir una fuente de apoyo que facilite el proceso a una reintegración exitosa, o representar una fuente de conflicto que obstaculiza este proceso y favorece la reincidencia.

Respecto a la vivienda, los datos confirman lo reportado en estudios internacionales (Clear y col., 2003) y nacionales (Gendarmería de Chile, 2013) respecto a la concentración de la población que reingresa en pocas comunas y barrios. A partir de los reportes de las mujeres, también podemos señalar que cerca de la mitad de ellas vuelve a barrios con altos niveles de delincuencia.

Por otro lado, la familia emerge nuevamente como un factor fundamental en términos de vivienda, siendo la casa de algún familiar el lugar de residencia más frecuente a lo largo de las mediciones. De hecho, dos tercios de las mujeres pasan la primera noche en la casa de un familiar, siendo la casa de la madre o padre la más prevalente (Western, 2018). En contraste, un porcentaje menor de mujeres declara estar viviendo en la calle u otra residencia precaria en cada medición. Aun así, al considerar el total de los meses vemos que este porcentaje es cercano al 20%, y además emergen claras diferencias de acuerdo a si la mujer tenía problemas con el consumo de sustancias, conflicto con la familia, entre otras.

Finalmente, aun cuando los resultados muestran cierta estabilidad en el tipo de lugar de residencia– principalmente para aquellas mujeres que tienen una vivienda propia, o viven con familiares, existe un porcentaje significativo de mujeres que reportan inestabilidad residencial. Poco más del 40% de las mujeres reporta haber vivido en 3 o más lugares durante 12 meses. Factores como el consumo de sustancias, el conflicto y bajo apoyo familiar, y la edad aumentarían la probabilidad de experimentar inestabilidad residencial. La literatura apunta a la inestabilidad residencial como un factor de riesgo para la reincidencia delictual (Geller & Curtis, 2011; Herbert y col., 2015), y al que se puede responder con políticas públicas que provean hogares y residencias de acogida, facilitando así la transición al medio libre.

83


9 Salud, Salud Mental y Drogas

A nivel mundial, la población privada de libertad presenta problemas de salud física y de salud mental que exceden aquellos presentes en la población general (Fazel y Seewald 2012; Schnittker y John 2007). Esta alta prevalencia ha sido atribuida a factores socioeconómicos y de comportamiento, incluyendo el consumo de sustancias. Los contextos de vulnerabilidad y pobreza que caracterizan a esta población se traducen muchas veces en un acceso limitado a servicios de salud y cuidados preventivos, y en la presencia de otros factores de riesgo como la mala nutrición y la precariedad residencial (Rose y LeBel 2017; Porter 2014; Fickenscher y col. 2001).

Esta realidad pareciera ser aun más pronunciada en el caso de las mujeres privadas de libertad (Schnittker y John 2007). En Estados Unidos por ejemplo, la población femenina encarcelada tiene mayores prevalencias de obesidad, enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas que sus pares masculinos y la población general (Rose y LeBel 2017; Maruschak, Berzofsky y Unangst 2015). En cuanto a la salud mental, la literatura sugiere que las historias de victimización, vulnerabilidad y trauma que caracterizan a la población penal femenina serían factores de riesgo importantes para desarrollar diversos trastornos de salud mental (Western 2018). De hecho, revisiones sistemáticas de literatura han dado cuenta de las altas prevalencias de psicosis y depresión en este población (Baranyi y col. 2019; Fazel y Seewald 2012), que coinciden con mayores niveles de consumo abusivo de sustancias (Visher, La Vigne y Travis 2004; Western 2018; Mir y col. 2015). En el caso de Chile, sin embargo, Mundt y col. (2016) documentan que, al momento del ingreso a la cárcel, las prevalencias de depresión mayor y riesgo suicida en población femenina son mayores a las encontradas en otros estudios similares en países de altos ingresos, pero menores a las de la población masculina (Mundt y col. 2016). El consumo de sustancias, en cambio, pareciera ser mayor en la población femenina encarcelada en Santiago (Hurtado y Larroulet 2012).

Si bien la población que llega a la cárcel es más propensa a tener problemas de salud mental y física, el paso por la cárcel puede agudizar o generar nuevos problemas de salud a largo plazo (Wildeman y Wang 2017). Las condiciones de encierro, situaciones de violencia al interior de los recintos, mala alimentación y el estrés pueden ser perjudiciales tanto para la salud mental como física (Link, Ward y Stansfield 2019; Schnittker, Massoglia y Uggen 2012). Si bien en algunos casos el paso por la cárcel puede favorecer el acceso a tratamientos de salud, la abstinencia de consumo y un entorno más estable para población extremadamente vulnerable (Hammett, Roberts y Kennedy 2001), esto depende de las condiciones carcelarias y las políticas penitenciarias de cada país.

Ahora bien, la salud mental y física tendrían implicancias importantes en el proceso de reinserción. La mala salud física actúa como un obstaculizador para el logro de metas valoradas positivamente, como la estabilidad económica, éxito académico y estabilidad familiar, y puede constituirse en una fuente permanente de estrés (Schroeder y col. 2011). Las necesidades de salud física y mental establecen las bases para alcanzar roles pro sociales en el proceso de reinserción, afectando la posibilidad de obtener un empleo, estabilidad económica, retomar las relaciones familiares y últimamente desistir del delito (Link, Ward y Stansfield 2019). Esta relación entre salud física, mental y reinserción ha sido documentada por cierta literatura que destaca cómo la mala salud física, mediada por la ansiedad y depresión, disminuyen las posibilidades de alcanzar roles pro sociales y aumentan las probabilidades de delinquir entre mujeres de bajos ingresos y población adulta (Link, Ward y Stansfield 2019; Schroeder y col. 2011).

En este capítulo analizaremos la prevalencia de problemas de salud física, mental y de consumo de sustancias en la población que egresa del centro penitenciario femenino en Santiago, Chile. En primer lugar, se caracterizará a esta población en términos de salud física y acceso a la salud tanto en el centro penitenciario como en el medio libre. Luego se analizarán indicadores de salud mental y consumo de sustancias, recogidos mediante instrumentos validados para esta población1, en cuanto su prevalencia previa a salir en libertad y en los cambios a lo largo de los primeros 12 meses en el exterior. Adicionalmente, se analizará en que medida los problemas de salud varían

1. SCL-90 para salud mental (Ignatyev y col. 2016) y M.I.N.I para consumo de drogas.

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entre los distintos perfiles identificados en el estudio. Finalmente, se analizará la comorbilidad que se presenta entre problemas de salud física, mental y consumo de sustancias.

9.1 Salud Física

Para determinar la presencia de condiciones de salud crónicas entre las mujeres, se utilizaron dos medidas a lo largo del estudio. En la línea de base se preguntó a las mujeres si alguna vez en la vida habían sido diagnosticadas por un profesional de la salud con alguna enfermedad de un listado. Las enfermedades incluidas corresponden a enfermedades crónicas (cáncer, hipertensión, problemas a los riñones y al hígado, enfermedades reumáticas, cardiovasculares, diabetes y discapacidades físicas y cognitivas) e infecciosas (enfermedades de trasmisión sexual –SIDA o VIH, Hepatitis B o C– y tuberculosis). Por otro lado, en la encuesta de doce meses se preguntó a las mujeres si habían sido diagnosticadas durante el último año de aquellas enfermedades. De esta manera se recogen dos indicadores de condiciones crónicas. La primera medida de diagnóstico alguna vez en la vida no implica que la persona tenga la enfermedad en la actualidad, no obstante, implica un riesgo potencial de tener problemas de salud en el futuro. Por otro lado, quienes han sido diagnosticadas durante el último año serían con certeza quienes requieren tratamiento en el periodo de medición (Maruschak, Berzofsky y Unangst 2015).

Un alto porcentaje de las mujeres señala haber sido alguna vez en la vida diagnosticada de alguna enfermedad crónica o infecciosa (47%) y un 28% fue diagnosticada durante el último año (Tabla 9.1)2. Las enfermedades diagnosticadas más frecuentes son las enfermedades cardiovasculares (19%), seguidos por diabetes (8%), enfermedades respiratorias (8%), reumáticas (7%) y otras enfermedades como colelitiasis, enfermedades al riñón, ulceras y tiroides (9%)3.Estos indicadores consideran solamente a quienes han sido diagnosticadas. Por ende, podría haber un sesgo debido al sub-diagnóstico en grupos que tienen bajo acceso a servicios de salud.

De manera consistente con la evidencia internacional, podemos señalar que la historia de problemas de salud precede al ingreso a la cárcel. Más de un tercio (30%) de las mujeres se encontraba efectivamente recibiendo tratamiento médico antes de ingresar a la cárcel4. La mayoría de estas mujeres tomaba medicamentos para alguna dolencia física (53%, 16), un 18% (12) tomaban medicamentos psiquiátricos, 6% (4) se encontraba en tratamiento de drogas y 12% (8) asistía a algún centro médico para realizarse tratamientos (diálisis, quimioterapia, terapia kinesiológica entre otros). De quienes recibían tratamientos médicos antes de la privación de libertad, un 46% (32) vio su tratamiento interrumpido con el encarcelamiento5. En general fue más probable continuar con el tratamiento para quienes tomaban medicamentos por dolencias físicas (70%) que entre quienes se encontraban en tratamiento psicofarmacológico (21%) o por tratamiento de drogas (25%). De quienes interrumpieron su tratamiento, un 41% (n=13) señaló que no obtuvo atención médica dentro de la cárcel mientras un 19% señaló que no quiso seguir con el mismo (n= 7). Finalmente, algunas mujeres señalan que no continuaron por falta de acceso a sus medicamentos ya sea por el costo, falta de papeles necesarios o por haber estado poco tiempo privada de libertad (18%, 6).

En general un 80% de las mujeres recibe algún tipo de atención médica estando privada de libertad. No obstante,

2. Se consideran enfermedades crónicas el asma, cáncer, enfermedad crónica al pulmón, diabetes, problemas al corazón, en fermedad al corazón, angina, presión sanguínea alta o hipertensión, colesterol o triglicéridos altos, artritis o reumatismo, artrosis, enfermedad cerebrovascular (derrame), dolor de espalda crónico, depresión, otro problema de salud mental, problema cognitivo o de aprendizaje, colelitiasis, obesidad, úlcera péptica, problemas ginecológicos u alguna discapacidad física y enfermedades infecciosas tuberculosis, SIDA o VIH,Hepatitis B o C, Otras enfermedades de transmisión sexual3. Un 4% fue diagnosticada alguna vez con cáncer, y un 2% con alguna enfermedad de transmisión sexual.4. La pregunta es “antes de tu privación de libertad esta vez, te encontrabas recibiendo algún tratamiento de salud (tal como tomar medicamentos, asistir a controles por alguna enfermedad, ¿estar en tratamiento de drogas)?” Hay un 36% que declara haber tenido una enfermedad que requería tratamiento. No obstante, sólo un 30% recibe efectivamente tratamiento.5. Sólo un 54% (38) señala haber continuado el tratamiento al interior de la unidad.

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existen diferencias de acuerdo a grupo al que pertenecen las mujeres. Las mujeres de la clase 1, caracterizadas por tener condenas más largas, acceden en mayor medida a los distintos servicios de salud. Esto puede ser justamente consecuencia de la extensión de la condena (ver Capítulo 5). Así también, fue más probable para ellas continuar con los tratamientos que tenían fuera de la cárcel.

Una vez que egresan, la demanda por servicios de salud en la comunidad de esta población es alta. De hecho, un 56% de las mujeres señaló en la encuesta de línea de base que requeriría tratamiento médico en el medio libre6.Ahora bien, una vez egresadas del centro penitenciario la continuidad en la atención de salud no se encuentra garantizada. Un 19% de las mujeres señala en las encuestas de dos y/o seis meses que dejó un tratamiento que estaba recibiendo en la cárcel una vez cumplida su condena.

6. Los problemas de salud mencionados por las mujeres son variados. Un 11% señala que necesitara tratamiento de salud mental o por consumo de drogas, un 9% por enfermedades cardiovasculares, 5% señala enfermedades respiratorias y otro 5% problemas ginecológicos. Un 4% requiere tratamiento para enfermedades reumáticas, otro 4% para diabetes y/o obesidad, un 3% señala requerir atención dental y un 2% tratamiento para cáncer.

Tabla 9.1: Indicadores de salud física y acceso a servicios de salud durante el encarcelamiento

Total Clase 1 2 3Indicadores de salud fÍsica (%)* No está afiliada a Fonasa o Isapre antes de privación de libertad* 18 17 14 21 Percepción de empeoramiento de salud física tras privación de libertad* 27 38 15 27 Tuvo enfermedad que requiriera tratamiento antes de la privación de libertad* 36 48 26 34 Pudo continuar tratamiento en CPF (n = 68)* 54 78 47 24 Alguna enfermedad crónica diagnosticada 66 58 71 68 Requerirá tratamiento médico en el medio libre 44 38 46 47Acceso a servicios de salud en privación de libertad (%)* Atención ginecológica* 46 64 54 23 Atención dental* 51 57 63 38 Atención en salud mental 10 12 15 5 Tratamiento por consumo de drogas 3 0 6 3 Atención médica general 62 77 60 52


No obstante, la mayoría de las mujeres recibe algún tipo de atención médica durante el primer año en el exterior (65%), y no se observan diferencias significativas entre las distintas clases. Los organismos de salud son, de hecho, las instituciones a las que las mujeres recurren en mayor medida durante los primeros meses en el exterior, comparando con el municipio, iglesia, gendarmería u organizaciones no gubernamentales (Centro Justicia y Sociedad 2018). No obstante, los servicios a los que acceden las mujeres se encuentran exclusivamente concentrados en atenciones médicas. Sólo un 9% de las mujeres accede a dentista, y un 9% y 3% respectivamente recibe atenciones de salud mental o por consumo de drogas (ver siguiente sección).

Por otro lado, son pocas las mujeres que acceden a controles médicos ginecológicos de rutina durante el año posterior al egreso (Tabla 9.2). Sólo un tercio de las mujeres se realizó exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual (32%), con las mujeres clasificadas en la clase 3 reportando mayor probabilidad de hacerlo (46%). Recordamos que este perfil corresponde a mujeres en promedio más jóvenes, con mayores índices de consumo de drogas y de habitabilidad en calle. Por otro lado, respecto a los exámenes ginecológicos de rutina

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Los datos indican entonces una alta prevalencia de enfermedades crónicas e infecciosas en la población, en línea con lo encontrado en estudios internacionales (Maruschak, Berzofsky y Unangst 2015). Por otro lado, queda en evidencia que el encarcelamiento y el cumplimiento de la condena implican en algunos casos interrupción de tratamientos médicos. El acceso a la salud en la cárcel está determinado en alguna medida por la extensión de las condenas, por lo que las mujeres que se exponen a condenas cortas tendrían mayores probabilidades de ver interrumpidos sus tratamientos de salud. Por otro lado, a pesar de que existe un alto porcentaje que accede a servicios médicos en la comunidad, el acceso a exámenes de rutina preventivos es escaso, así como a atenciones de salud mental, de adicciones, y dentales.

9.2 Salud mental y consumo de sustancias

9.2.1 Salud mental

Para la medición de salud mental se utilizó el Symptom Checklist 90-Revised (SCL-90-R), instrumento que mide la presencia de 90 síntomas asociados a distintos trastornos de salud mental durante la última semana (Ignatyev y col. 2016). La escala tiene nueve subescalas que abordan trastornos de somatizaciones, obsesiones y compulsiones, sensitividad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicotismo. Ese instrumento ha sido validado en población privada de libertad en Chile, mostrando validez para detectar problemas severos de salud mental (Ignatyev y col. 2016). Además de las sub-escalas, el SCL-90 entrega un indicador de severidad global, que es ampliamente utilizado como indicador general de malestar severo. Para medir trastornos mentales severos, Ignatyev y col. (2016) establecieron un punto de corte específico del índice de severidad global para esta población7,el que utilizaremos en este reporte.

En la Tabla 9.3 se presentan los puntajes promedio de los índices de severidad global y las subescalas del SCL-90 tanto en la línea de base como en la medición de doce meses8. Se realizó un test de medias para muestras

(mamografía y PAP), un 68% de las mujeres no se realizó ninguno de estos exámenes, sin existir diferencias significativas entre los perfiles.

Tabla 9.2: Indicadores de acceso a servicios de salud en el medio libre (n=225)

Total Clase 1 2 3Recibe atenciones médicas (%)* Servicios médicos 54 58 49 54 Dentista 9 10 8 9 Psicólogo o psiquiatra 9 9 12 7 Tratamiento de drogas 4 1 5 4Exámenes de rutina (%)* Se realizó exámenes para detectar ETS* 32 23 22 45 Se realizó PAP y mamografía* 16 14 15 18 Sólo se realizó PAP 14 16 7 17 No se realiza exámenes ginecológicos 68 64 76 64

*Diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (95% de confianza).ETS refiere a exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual. PAP refiere a la prueba de Papa-nicolau.

7. Ignatyev y col. (2016)establecen el punto de corte en 1,42 para medir trastornos mentales severos. El punto de corte tendría una sensitividad de 0,72 y especificidad de 0,78.8. Para evitar la pérdida de información debido a la atrición, se imputó el valor promedio de la escala a nivel individual a aquellos casos que no contaran con observaciones en puntos particulares del tiempo.

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pareadas9. Los resultados indican que hay mejoras significativas en las mediciones de salud mental entre la línea de base y los doce meses en casi todas las sub-escalas y el índice de severidad global. En general, en la mayoría de las sub-escalas se observaron diferencias significativas entre la línea de base y la primera semana10 y entre la medición de seis meses y la de doce meses11. Esto confirma la idea de que el momento previo a la salida en libertad es un período particularmente difícil para las mujeres, extremando los síntomas de salud mental, los que disminuyen a medida que se alcanza cierta estabilidad. Factores como la estabilidad residencial y el acceso a fuentes más formales de ingreso podrían influir en la mejora de estos índices.

9. La prueba t de muestra pareada, a veces llamada prueba t de muestra dependiente, es un procedimiento estadístico utilizado para determinar si la diferencia de medias entre dos conjuntos de observaciones es cero. En una prueba t de muestra pareada, cada sujeto o entidad se mide dos veces, lo que da como resultado pares de observaciones. Las aplicaciones comunes de la prueba t de muestra pareada incluyen estudios de casos y controles o diseños de medidas repetidas para determinar si existían cambios significativos a lo largo del año entre las mujeres.10. Esto se da para el indicador de severidad global y las sub-escalas de ansiedad, depresión, hostilidad, ideación paranoide, obsesiones, psicotismo, sensitividad y somatizaciones. Se estimaron las diferencias tanto para la muestra total, como para la muestra considerando sólo aquellos casos con todas las observaciones y los resultados son consistentes.11. Esto se da para en indicador de severidad global, y las sub-escalas de ansiedad fóbica, obsesiones, psicotismo y somatizaciones. Se estimaron las diferencias tanto para la muestra total, como para la muestra considerando sólo aquellos casos con todas las observaciones y los resultados son consistentes.

Tabla 9.3: Promedio y desviación estándar de sub-escalas y síntomas SCL-90, línea de base y 12 meses

Línea Base 12 meses t gl p-valueSeveridad Global (SG) 1,05 (0,04) 0,84 (0,05) 4,40 224 0,000Ansiedad 1,29 (0,06) 0,98 (0,06) 4,76 - 0,000Ansiedad fóbica 0,56 (0,05) 0,46 (0,04) 1,77 224 0,039Depresión 1,21 (0,05) 1,04 (0,06) 2,83 224 0,003Hostilidad 0,9 (0,06) 0,97 (0,07) -1,02 224 n.sIdeación paranoide 1,08 (0,05) 0,95 (0,06) 2,05 224 0,021Obsesiones 1,05 (0,06) 0,82 (0,06) 3,49 224 0,000Psicotismo 0,74 (0,05) 0,66 (0,05) 1,67 224 0,049Sensitividad Interpersonal 0,89 (0,05) 0,53 (0,04) 6,58 244 0,000Somatizaciones 1,3 (0,06) 1,03 (0,06) 4,43 224 0,00

Respecto a la presencia de trastornos severos, se observa que existe una variación significativa entre la línea de base y la primera semana en el medio libre (Figura 9.1). Mientras en la línea de base un 24% [IC 20%, 29%] presenta indicios de un trastorno severo, en la primera semana este porcentaje baja a 15% [IC 11%, 19%]. No obstante, en las mediciones de dos a doce meses, no se observan diferencias significativas respecto a la línea de base. De esta manera, se podría pensar que en el largo plazo el grupo que presenta mayor malestar tiende a ser relativamente estable. En general, un 42% de las mujeres presenta puntajes sobre el punto de corte para malestar severo en alguna de las mediciones.

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Figura 9.1: Porcentaje que presenta trastorno severo según puntos de corte en índice de severidad global, por ola (n=225, IC calculados al 90% de confianza)

Como se señaló previamente, sólo un 9% de las mujeres accedió a consultas con psicólogo o psiquiatra durante el año de seguimiento (ver Tabla 9.2). Si consideramos también tratamientos psicofarmacológicos, en total un 14% de las mujeres recibe algún tipo de apoyo en salud mental en el año en el medio libre. Sin embargo, solo un 24% de quienes presentan trastorno severo alguna vez durante el año, recibe algún tipo de tratamiento y/o consulta en salud mental en el año. En general no se observan diferencias significativas en este indicador según perfiles, aunque a nivel descriptivo las mujeres de la clase 3 siempre presentan puntajes más altos en los indicadores de salud mental.

9.2.2 Abuso y dependencia de sustancias

Para la medición de abuso y dependencia de sustancias se utilizó el módulo de consumo de la Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.), instrumento que mide a través de 10 preguntas síntomas de abuso y/o dependencia de drogas durante los últimos 12 meses. Este cuestionario se aplicó en la línea de base y a los doce meses desde el egreso. En la Tabla 9.4 se presentan los porcentajes de mujeres que presentan abuso y/o dependencia de sustancias en la línea de base y a los doce meses, en total y según clases. Considerando el total de la muestra, no existen diferencias significativas entre la línea de base y los doce meses, lo que demuestra cierta estabilidad en los problemas de consumo en la población12.

No obstante, en la clase 2 se observa un aumento significativo en el porcentaje que presenta síntomas de abuso/dependencia de sustancias. Esto se puede explicar en parte por la extensión de la condena. Un 56% de las mujeres de la clase 2 tuvieron condenas superiores al año, y en general, un 50% de quienes manifiestan síntomas de abuso/dependencia sólo en la medición 12 son mujeres que tuvieron condenas superiores al año, lo que implicaría que el reporte en Línea de Base podría haber estado afectado por la mayor abstinencia producto de la privación de libertad.

12. Se realizó también una t de muestra pareada que corrobora estos hallazgos.

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

Línea base Dos meses Seis meses Doce mesesPrimera semana

0,24

0,180,200,20

0,15

Total - +

89


De hecho, entre las mujeres que declaraban consumir sustancias al momento de salir en libertad, un 78% (n= 116) señala que su consumo disminuyó durante su estadía en la cárcel con respecto a lo que consumía en el medio libre, un 16% (n= 24) señala que el consumo se mantuvo igual y un 6% (n= 9) que este aumentó. Por ende, si bien la cárcel puede promover una reducción del consumo para ciertos grupos (por ejemplo, aquellas mujeres de la clase 2), esta no es un lugar libre de drogas. Cabe recordar que sólo 6% accede a tratamiento durante la privación de libertad, lo que contrasta con el 38% que egresa con abuso o dependencia de sustancias.

Así también, antes de salir en libertad, un 20% manifestó creer que necesitaría ayuda para dejar de consumir una vez en libertad. En el medio libre, sólo un 4% de las mujeres de la muestra accedieron a algún tipo de tratamiento de drogas durante el año. De quienes presentan síntomas de abuso/dependencia según el M.I.N.I en la medición de 12 meses, el porcentaje que accede a tratamiento es del 5%. Esto a pesar de que es un 18% que manifiesta haber querido acceder a un tratamiento durante ese periodo.

9.3 Comorbilidad salud física, salud mental y consumo de drogas

En la Tabla 9.5 se presentan distintos indicadores de comorbilidad entre enfermedades crónicas físicas13, los problemas de abuso y dependencia de drogas en los últimos doce meses en libertad, y la presencia de un trastorno severo en salud mental también en los últimos doce meses en libertad. En general, se observa que el 28% de las mujeres presenta problemas severos de salud mental simultáneamente con problemas de consumo de sustancias. Existen diferencias significativas entre clases, siendo la comorbilidad mayor en el caso de las mujeres pertenecientes a la clase 3, donde un 49% de ellas presenta ambas sintomatologías juntas. En el caso de problemas de consumo de drogas y enfermedades crónicas diagnosticadas, un 16% presenta ambas. Nuevamente la clase 3 presenta una mayor comorbilidad de ambas condiciones. Finalmente, la presencia conjunta de problemas de salud mental y enfermedades crónicas, se observa en un 19% de los casos. A pesar de que no se dan diferencias significativas entre los grupos, se observa que en este caso el estimador puntual para la clase 1 es mayor. Esto se podría deber entre otras cosas a que las mujeres de la clase 1 son en promedio mayores que las mujeres de las otras clases.

13. Se excluyen las enfermedades de salud mental y consumo de esta categoría.

Tabla 9.4: Abuso y/o dependencia de sustancias según medición (n=200)

% SD IC- IC+Línea de BaseTotal 38% 0,03 31% 45%Clase 1 14% 0,04 5% 23%Clase 2 2% 0,02 0% 5%Clase 3 84% 0,04 76% 92%12 mesesTotal 41% 0,04 34% 47%Clase 1 8% 0,03 1% 15%Clase 2 28% 0,06 16% 40%Clase 3 377% 0,06 67% 86%

90


Cabe señalar que sólo un 22% de las mujeres no presenta ninguna de estas tres condiciones, estando la mayoría (78%) afectada por al menos uno de estos problemas de salud.

9.4 Conclusiones

En el presente capítulo tuvo por objetivo ahondar en la situación de salud física y mental de las mujeres que egresan luego de cumplir una condena privativa de libertad. Los resultados evidencian que las mujeres privadas de libertad se caracterizan por tener una salud precaria, y presentar elevados niveles de consumo problemático de sustancias, lo que resulta consistente con la literatura sobre la población penal femenina (Visher, La Vigne y Travis 2004; Mallik-Kane y Visher 2008). Según la literatura, el consumo de drogas y los problemas de salud física y mental marcan la vida de las mujeres infractoras antes, durante y después de la privación de libertad (Western 2018). En efecto, casi la mitad de las mujeres declara haber sido diagnosticadas alguna vez en la vida con una enfermedad crónica o infecciosa.

Dada la alta prevalencia de problemas de salud, no sorprende que las mujeres del estudio presenten una gran demanda por servicios de atención médica. Durante la privación de libertad, la gran mayoría de las mujeres (80% de la muestra) recibe algún tipo de atención médica, y al momento de egresar del recinto penitenciario, más de la mitad afirma que requeriría de tratamiento médico una vez en el medio libre. Sin embargo, pasados los doce meses después del egreso, la búsqueda de atención médica se vuelve menos frecuente y se reduce principalmente a consultas por enfermedades y/o problemas de salud física. En los datos resalta el bajo acceso a exámenes de rutina preventivos, así como la atención de salud mental o tratamiento de adicciones. En este sentido, se evidencia que la demanda de atención médica de las mujeres al año de haber egresado de la cárcel se caracteriza por ser más reactiva que preventiva.

La literatura de la población femenina ha evidenciado ampliamente la naturaleza imbricada entre el abuso de sustancias y la trayectoria delictual femeninas (Huebner, DeJong y Cobbina 2010; Western 2018). Los resultados presentados confirman que el abuso o dependencia de sustancias es significativo en la población penal femenina. Considerando el total de la muestra, aproximadamente un 40% de las mujeres presentan problemas por consumo de sustancias al momento de egresar de la cárcel, cifra que se mantiene relativamente estable a los 12 meses después del egreso. De hecho, pese a que algunas mujeres declaran que su consumo disminuyó durante el tiempo de privación de libertad, un grupo importante de ellas, principalmente entre aquellas clasificadas en la clase 2, recae en el consumo problemático una vez fuera de la cárcel. Es probable que el consumo de este grupo se haya visto reducido por las dificultades en el acceso a drogas al interior de la unidad. Sin embargo, la ausencia de un

% SD IC- IC+Comorbilidad trastorno severo en salud mental y abuso/dependencia de sustanciasTotal 28% 0,03 22% 34%Clase 1 1% 0,04 0% 20%Clase 2 19% 0,05 10% 31%Clase 3 49% 0,06 38% 61%Comorbilidad abuso/dependencia y enfermedad crónicaTotal 16% 0,03 11% 21%Clase 1 7% 0,03 2% 18%Clase 2 3% 0,02 1% 13%Clase 3 31% 0,05 22% 42%Comorbilidad trastorno severo en salud mental y enfermedad crónicaTotal 19% 0,02 14% 25%Clase 1 26% 0,05 17% 39%Clase 2 12% 0,04 6% 23%Clase 3 17% 0,04 10% 27%

Tabla 9.5: Comorbilidad entre trastornos severos de salud mental, abuso/dependencia de drogas y enfermedades crónicas según clase (n=200)

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tratamiento adecuado implica la re-caída en el consumo problemático una vez que salen en libertad. Para otras mujeres, en cambio, la salida en libertad representa simplemente una continuidad en el consumo presente también al interior de la unidad.

La evidencia apunta a que el consumo problemático tiene un importante efecto negativo en las distintas esferas del proceso de reinserción. El uso de drogas durante el periodo de reinserción está asociado con la reincidencia en mujeres ofensoras (Visher, La Vigne y Travis 2004; Huebner, DeJong y Cobbina 2010), menor menor apoyo familiar (Western 2018), y menores posibilidades de tener un trabajo o una vivienda estable (Mallik-Kane y Visher 2008). Estas asociaciones son consistentes con lo presentado a lo largo de este informe (ver Capítulos 6, 10 y 11), y pone de relieve la necesidad de abordar este problema durante y de manera posterior al encarcelamiento. Sin embargo, el estudio evidencia que muy pocas mujeres recibe tratamiento de adicciones durante el encarcelamiento (3%) o después de egresar de la cárcel (4%).

Por último, se observa una relación entre problemas de salud mental y consumo problemático: casi un tercio de las mujeres participantes en el estudio presenta simultáneamente, problemas severos de salud mental y problemas de consumo. Esta comorbilidad se acentúa en las mujeres pertenecientes a la clase tres, donde aproximadamente la mitad presenta esta doble sintomatología e indica la particular complejidad de este grupo que se vincula a su mayor vulnerabilidad y marginalidad económica. El doble diagnóstico de problemas de salud mental y consumo problemático es consistente con la literatura, que destaca el hecho de ser particularmente pronunciada en el caso de la población penal femenina (Mir y col. 2015).

A nivel general, los resultados ponen de manifiesto las múltiples necesidades de las mujeres que salen en libertad y, con ello, la importancia de incorporar una perspectiva de género tanto en los tratamiento e intervenciones que tienen lugar al interior de la cárcel como en las oportunidades y apoyos en el proceso de reinserción (Bloom, Owen y Covington 2003).

92


93


10 Integración social

La privación de libertad es un evento que interrumpe, para bien o para mal, trayectorias del ciclo de vida tales como la crianza, el contacto familiar, la vida en pareja, la experiencia laboral o acceso a ingreso, vivienda, y tratamientos de salud. Como se ha señalado, el proceso de reinserción ha sido tradicionalmente evaluado de acuerdo a la reincidencia, es decir a la ausencia o presencia de comportamiento delictual. Sin embargo, como plantean algunos autores (Harding y col., 2019; Western, 2018), el regreso al medio libre implica un proceso más complejo de integración, a través del cual un individuo se incorpora en un contexto social determinado. Esto implica, entre otras cosas, restablecer –y en algunos casos, reparar– lazos con familiares, encontrar un lugar dónde vivir, obtener trabajo, proveerse de medios de subsistencia para ellas y sus familias. El paso por la cárcel deja marcas que dificultan esta integración social y que agudizan o perpetúan las desigualdades tempranas y profundas que caracterizan a la población penal, haciendo este proceso particularmente desafiante (Pager, 2003; Wakefield & Uggen, 2010; Western, 2018).

La variedad de problemas y complejidad de desafíos que enfrentan las mujeres al salir de la cárcel requiere comprender el proceso de reinserción desde una perspectiva amplia de integración social, que considere dinámicas sociales, familiares, comunitarias, laborales y psicológicas. El abandono de la actividad delictual no ocurre en el vacío, sino justamente en interacción con dinámicas sociales e individuales que deben ser consideradas a la hora de evaluar el éxito de la transición desde la cárcel hacia el exterior (National Research Council, 2014; Western y col., 2015). Estas dinámicas, además, no son estáticas sino que cambian en tiempo. Los desafíos que las mujeres enfrentan durante las primeras semanas desde el egreso de la cárcel son diferentes después de un año (Visher & Travis, 2003; Western y col., 2015). Contar con información longitudinal para evaluar la evolución de los desafíos que las mujeres enfrentan es, por ende, esencial, y provee de una mirada más completa de las trayectorias que siguen las mujeres luego de salir de la cárcel.

En este capítulo, nos focalizamos en indicadores que miden el acceso a niveles básicos de bienestar social y material tales como vivienda, apoyo familiar, trabajo, y participación en programas. El objetivo es explorar cómo la integración social, definida a partir de estos indicadores, varía durante el período de un año, e identificar qué factores parecen estar relacionados con mayores niveles de inclusión. Adicionalmente, los resultados se contrastan con el estudio de reinserción en Boston realizado por Western y col. (2015, Western 2018), a fin de establecer puntos de semejanza y diferencia1.

En primer lugar, describimos los indicadores de integración social que se utilizarán y la estrategia de análisis. Luego, evaluamos cada dimensión de integración social y discutimos las características individuales que se relacionan con las trayectorias de integración de las mujeres. Finalmente, concluimos y discutimos las implicancias de los resultados. De este modo, aunque nuestra definición de integración social es limitada, constituye una primera aproximación a la evolución de la inclusión que experimentan las mujeres del estudio durante el primer año de su salida de la cárcel. Con esto buscamos expandir el concepto de una reinserción exitosa a la obtención de lo que Western (2018:35) nomina”unniveldebienestarcompatibleconlapertenenciaaunacomunidad”.

1. El Estudio de Reinserción en Boston (BRS) es uno de los estudios más recientes en la materia. Aun así, es clave tener en cuenta que parte de las diferencias podrían explicarse por el contexto geográfico al que se vuelve, así como el hecho que la gran mayoría de los participantes en el BRS son hombres.

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10.1 Indicadores de integración social y estrategia de análisis2

Siguiendo a Western y col. (2015), nuestra definición de integración social incluye cuatro dimensiones: apoyo familiar, vivienda, trabajo y ayuda institucional. Cada dimensión incluye dos indicadores que son analizados por separado:

1. Apoyo familiar: si la mujer recibe dinero de algún familiar alguna vez, o bien si vive en la casa de un familiar (incluyendo pareja e hijos).

2. Vivienda precaria: si la mujer vive alguna vez en la calle, hostal, residencia, con un amigo u otro persona que no es pariente o pareja, o bien si pasa la noche en la calle u otro lugar de riesgo.

3. Trabajo: si la mujer trabaja formal o informalmente.4. Ayuda institucional: si la mujer recibe subsidios de alguna institución o programa público, o si ha estado en

contacto con alguna institución de apoyo (municipio o programa de reinserción).

Los indicadores de integración son dicotómicos (0/1) y los calculamos en cada ola (primera semana, dos meses, seis meses y un año). Con el objetivo de explorar qué características y experiencias se relacionan con los indicadores de integración social, estimamos modelos multivariables y multinivel usando un conjunto de variables independientes (Snijders y col., 2011)3. Incluimos variables independientes en base a un criterio teórico, demográfico y evitando incorporar predictores con alta correlación entre sí. Nuestro primer modelo utiliza 15 variables de la línea base: edad, educación básica o menos (0/1), número de hijos, pareja antes de entrar a la cárcel (0/1), experiencia laboral antes de entrar a prisión (0/1), escala de problema de salud mental (Inventario de Síntomas SCL-90, valores estandarizados), abuso o dependencia drogas (0/1), escala de control sobre la vida (estandarizada), escala de disposición al cambio (estandarizada), número de condenas previas y tiempo total en la cárcel (meses). Además, ajustamos por ola de medición (primera semana, dos meses, etc.). Nuestro segundo modelo utiliza las clases identificadas en este estudio (ver Capítulo 4) y variables demográficas como edad, número de hijos, educación y pareja antes de entrar a la cárcel, con el fin de explorar las características de integración social de los distintos perfiles de mujeres.

10.2 Evolución de la integración social

10.2.1 Apoyo familiar

Nuestra medición de apoyo familiar considera si la mujer recibe dinero de algún familiar o vive con sus familiares (incluyendo pareja e hijos). La Figura 10.1 representa la proporción de mujeres que declara recibir dinero y vivir con algún familiar en las cuatro olas del estudio4. Las líneas sobre los puntos representan los intervalos de credibilidad de las proporciones estimadas5.

2. A diferencia de los capítulos anteriores, este capítulo se basa en el total de mujeres que participaron en la muestra. Para aquellas que abandonaron el estudio o no participaron de una medición, los valores de los indicadores fueron imputados. Realizamos 20 imputaciones usando modelos multinivel y predictores demográficos y de involucramiento delictual para estimar los valores perdidos. De este modo, las diferencias de los indicadores en el tiempo no serían producto de cambios en la composición de la muestra debido a atrición o no respuesta, sino de cambios observados en las variables de interés, bajo el supuesto de que la imputación es una buena estimación de los casos perdidos. Detalles del modelo de imputación y su validación están disponibles en https://github.com/sdaza/reentry-social-integration. Las variables independientes usadas para modelar los indicadores de integración también fueron imputadas cuando hay casos perdidos.3. Todos los modelos son Bayesianos, modelan los indicadores de integración al mismo tiempo (multivariable), incluyen un término aleatorio por mujer. Los resultados usan 20 imputaciones de valores perdidos.4. Las proporciones de los indicadores de integración social son estimadas usando un modelo que sólo incluye ola del estudio como variable independiente y los valores imputados.5. Los intervalos de credibilidad corresponden al percentil 2.5 y 97.5 de la distribución a posteriori de la proporción del indicador de integración social.

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Figura 10.1: Apoyo Familiar

Como se aprecia en la Figura 10.1, la proporción de mujeres que recibe dinero de algún familiar bordea el 50% y disminuye en el tiempo: alrededor de 55% en la primera semana desde el egreso, y cerca de un 44% luego de un año. La proporción de mujeres que declara vivir con algún familiar, por su parte, sobrepasa el 60% y se mantiene estable a lo largo del primer año de egreso. Estos valores son similares a los reportados por Western y col. (2015) en su estudio de reinserción donde entre un 50% y 78% de los participantes de diferentes razas y grupos étnicos reporta contar con apoyo familiar después de seis meses del egreso. Esta consistencia refuerza el rol de la familia en el proceso de reinserción aún en contextos sociales y penitenciarios distintos (ver también Capítulo 8).

La Figura 10.2 resume las asociaciones sistemáticas e independientes (efectos marginales) estimadas en el modelo presentado en la Tabla 10.1 (ver Anexo) usando los valores promedios de las variables independientes continuas y valores de referencia en el caso de las variables dicotómicas. La probabilidad de recibir dinero de la familia, por ejemplo, decrece sistemáticamente con el número de condenas previas que declaran las mujeres. La proporción de mujeres que vive con sus familiares, por su parte, decrece con la edad, problemas de salud mental (escala estandarizada) y el número de hijos (por ejemplo, cuando el número de hijos es mayor, puede ser más difícil alojar con otros familiares).

Luego de ajustar por por edad, número de hijos, y educación, los distintos perfiles de mujeres no parecen asociarse de manera sistemática a la probabilidad de contar con apoyo familiar.

Figura 10.2: Apoyo Familiar Efectos Marginales

Nota: Intervalos de credibilidad (95%), 20 imputaciones.

(a) Dinero familia y condenas previas (b) Vive con familia y edad

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10.2.2 Vivienda

Utilizamos dos indicadores de precariedad residencial: vivir alguna vez en la calle, hostal, residencia, con un amigo u otro persona que no es pariente o pareja durante la primera semana desde el egreso, dos meses, seis meses y un año (que llamamos vivienda temporal), y pasar la noche en la calle u otro lugar de riesgo (noche en lugar de riesgo). A diferencia del apoyo familiar, la proporción de mujeres con precariedad residencial bordea el 10% y se mantiene relativamente estable durante el primer año después del egreso (ver Figura 10.3). La vivienda temporal, sin embargo, aumenta durante los dos primeros meses (de 8% en la primera semana a 14% en el segundo mes) y luego se mantiene relativamente estable alrededor de un 11%. Los valores reportados por Western y col. (2015) para precariedad residencial son más altos (entre 26 y 50% a través de diferentes grupos étnicos y razas), probablemente debido al mayor nivel de adicción y problemas de salud mental declarado en la muestra de ese estudio.

Figura 10.3: Precariedad Residencial


(c) Vive con familia y salud mental (d) Vive con familia e hijos

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Las variables que se asocian sistemáticamente con una mayor precariedad residencial se presentan en la Figura 10.4. Como se aprecia, la dependencia y el abuso de drogas se asocian tanto a mujeres con viviendas temporales como a aquellas que pasan la noche en lugares de riesgo (ver Capítulo 8 para el análisis de inestabilidad residencial). Además, la mayoría de las mujeres que pasa la noche en lugares de riesgo posee puntajes altos en la escala de problemas de salud mental antes de salir de la cárcel. Esto sugiere que una proporción de mujeres vulnerables tiene acceso a vivienda estable inmediatamente después de salir de la cárcel pero no necesariamente durante el período de un año, y que existen ventanas de riesgo (por ejemplo, los dos primeros meses) donde problemas de consumo de droga y salud mental pueden alcanzar niveles críticos y dificultar la reinserción.

En términos de perfiles, se observa una clara gradiente según involucramiento delictual y consumo de drogas. La Clase 1 de mujeres posee la menor probabilidad de acceder a una vivienda temporal o pasar la noche en un lugar de riesgo, mientras que la Clase 3 posee la mayor probabilidad (ver Figura 10.9 y Tabla 10.2 en Anexo). En otras palabras, las clases con un mayor involucramiento delictual y abuso de drogas poseen un mayor riesgo de experimentar inestabilidad residencial como la definimos en este análisis.

Figura 10.4: Precariedad Residencial Efectos Marginales

(c) Noche en lugar de riesgo y salud mental

(b) Noche en lugar de riesgo y drogas(a) Vivienda temporal y drogas

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10.2.3 Trabajo

Usamos tanto el reporte de trabajos remunerados con un empleador (en adelante, trabajo dependiente) como ocupaciones por cuenta propia (en adelante trabajo independiente) para medir integración al mundo laboral6. Como se aprecia en la Figura 10.5, existen cambios significativos durante el primer año luego del egreso: la proporción de mujeres con trabajo dependientes durante la primera semana alcanza sólo un 5%, mientras que los trabajos independientes llegan a un 14%. Dichas proporciones alcanzan un 14% y 40%, respectivamente, luego de dos meses del egreso. Mientras los trabajos por cuenta propia llegan a su punto más alto el segundo mes, declinando levemente el mes seis y después de un año, los trabajos que cuentan con un empleador aumentan sistemáticamente con el tiempo. La proporción de mujeres que accede a estos trabajos es, sin embargo, menor, aunque tanto trabajos dependientes como independientes tienden a converger al cabo de un año (25% y 33%, respectivamente). El estudio de Western y col. (2015) considera la participación en cualquier tipo de empleo en su análisis, y reporta niveles mayores de participación laboral (entre 50 y 60%) luego de seis meses. Esta mayor participación podría explicarse por diferencias en el mercado laboral entre Chile y los Estados Unidos, y por la distinta composición de la muestra7.

6. Cabe recordar que los trabajos independientes reportados por las mujeres son en un gran mayoría trabajos informales (ver Capítulo 6). En el caso de los dependientes, el procentaje de formalidad es mayor.7. Por ejemplo, la composición de género de los estudios es distinta, y, como se discute en el Capítulo 6, el acceso de la mujer al trabajo en Chile es más limitado, especialmente en contextos vulnerables como donde viven las mujeres de la muestra.

Figura 10.5: Trabajo


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Como es de esperar, la dinámica laboral dependiente, que suele ser más formal, es diferente a la dinámica independiente, no sólo respecto a la prevalencia luego de un año del egreso, sino también de los factores asociados con la probabilidad de acceder a un trabajo. El acceso a trabajo se asocia a la edad de las mujeres (ver Figura 10.6). Los mujeres más jóvenes tienen una probabilidad levemente mayor de obtener trabajos dependientes. La relación entre trabajos independientes y edad, por su parte, es positiva aunque más imprecisa e incierta. El número de condenas previas tiene una relación clara y esperada con la probabilidad de trabajar de manera dependiente, pero dicha asociación es imprecisa y pareciera no hacer una gran diferencia en el caso de los trabajos por cuenta propia. La experiencia laboral previa fuera de la cárcel parece tener un impacto menor en el caso de las ocupaciones dependientes (independiente de otros factores), mientras que aumenta la probabilidad de acceder a un trabajo informal.

La asociación con educación y factores individuales tales como autoeficacia, disposición al cambio, y salud mental son muy imprecisos como para establecer relaciones sistemáticas. Esto se puede deber al tipo de trabajos a los que acceden las mujeres luego de salir de cárcel (menor calificación) y factores estructurales que dificultan el acceso al trabajo (precariedad del mercado laboral, red de contactos limitada, exclusión vía solicitud de antecedentes penales, discriminación).

Desde el punto de vista de los perfiles de mujeres, la probabilidad de trabajar informalmente decrece sistemáticamente con el nivel de involucramiento delictual y consumo de drogas que reportan las mujeres antes de salir de la cárcel (ver Figura 10.9 en el Anexo).

Figura 10.6: Trabajo Efectos Marginales

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

20 30 40 50 60 70

Edad

Trab

ajo in

depe

ndien

te

(b) Trabajo dependiente y condenas previas(a) Trabajo dependiente y edad

(c) Trabajo independiente y trabajo previo

100


10.2.4 Ayuda Institucional

Por último, examinamos la evolución del contacto y ayuda monetaria (subsidios) que reciben las mujeres de instituciones gubernamentales y programas públicos y privados de reinserción social durante el primer año de egreso8. La Figura 10.7 muestra la proporción de mujeres que contacta o recibe subsidios durante la primera semana, dos meses, seis meses, y un año del egreso. En primer lugar, se observa que durante la primera semana desde egreso, el nivel de contacto con los programas y municipios es más alto que la ayuda monetaria directa: 26% y 13%, respectivamente. En ambos casos, el nivel de apoyo aumenta con el tiempo, alcanzando un 32% de contacto a los dos meses, y un 22% de ayuda monetaria luego de un año. Pese a este aumento en el tiempo, la cobertura no supera un tercio de las mujeres, lo que revela la magnitud de la necesidad de apoyo para la reinserción de mujeres que salen de la cárcel9. Los porcentajes de cobertura contrastan con los reportados por Western y col. (2015), donde el acceso a asistencia pública alcanza un máximo de 88% entre blancos, 82% entre afroamericanos, y 50% entre hispanos.

8. La pregunta sobre contacto incluye municipios, y programas como Mujer Levántate Abriendo Puertas, RAIF, u otro programa de reinserción. La pregunta sobre subsidios incluye seguro de desempleo, discapacidad, u otros beneficios sociales, subsidio o seguro social (alimentos, hijos, vivienda).9. Es importante recordar que solo un 36% de las mujeres cuenta con algún recurso económico al salir en libertad (ver 5, lo que refuerza la precariedad que caracteriza el proceso de reinserción en Chile.10. Esto es esperable, pues como muestran estudios previos, la maternidad en Chile opera como un facilitador de acceso a protección social (Molyneux, 2000).

Figura 10.7: Ayuda Institucional

Mientras la probabilidad de recibir dinero de un programa aumenta con el número de hijos10, el contacto con programas y municipios disminuye entre las mujeres que declaran dependencia y abuso de drogas (ver Figura 10.8). Esto es consistente con la menor probabilidad de mujeres en la Clase 3 de contactar programas o instituciones públicas, y revela tanto la dificultad de mantener contacto con mujeres con mayores niveles de riesgo, como también la necesidad de focalizar los esfuerzos de intervención en grupos más vulnerables.

Nota: Intervalos de credibilidad (95%), 20 imputaciones

101


Figura 10.8: Ayuda Institucional Efectos Marginales

10.3 Conclusiones

En este reporte examinamos el cambio en diferentes indicadores de reinserción social durante el período de un año luego de salir de la cárcel. Siguiendo el análisis propuesto por Western y col. (2015), nos focalizamos en indicadores no tradicionales de reinserción social (soporte familiar, vivienda, trabajo y asistencia pública), bajo el supuesto de que el desistimiento de la actividad delictual y reincidencia son procesos que ocurren en un contexto social, complejo y dinámico, que requiere una mirada general tanto para comprender los desafíos que enfrentan las mujeres privadas de libertad como para guiar la elaboración de políticas que faciliten su integración.

Los resultados sugieren que una proporción significativa de mujeres (entre 50 y 60%) declara recibir soporte familiar, ya sea dinero o un lugar donde alojar. Estos valores están en línea con los reportados por Western y col. (2015) en indicadores similares, pero en una muestra mayoritariamente masculina. Por otra parte, la precariedad residencial bordea un 10%, muy por debajo de los niveles reportados en el estudio de Western y col. (2015), donde entre un 26 y 50% de ex-reclusos de diferentes razas y grupos étnicos declaran haber vivido en un hogar marginal o temporal enlos primeros días post egreso. Nuestra muestra consiste sólo de mujeres, lo que probablemente explica las diferencias con el estudio de Western y col. (2015) respecto a los indicadores de precariedad residencial, especialmente cuando ésta se relaciona con dependencia y abuso de drogas. De hecho, Western (2018) da cuenta de una mayor estabilidad residencial de las mujeres de su muestra, asociada a la mayor probabilidad que ellas tienen de vivir con familiares en función del rol jugado en el cuidado de los hijos durante el período de encarcelamiento. Aún así, existe alrededor de un 10% de mujeres con alta vulnerabilidad residencial y riesgo que requieren una intervención especializada.

El acceso al trabajo, por su parte, posee niveles distintos si se trata de ocupaciones dependientes o por cuenta propia, siendo siempre mayores los niveles de acceso a estos últimos, aún cuando parecen converger luego de un año. Los niveles de inserción laboral en nuestra muestra se encuentran por debajo de las observadas en el estudio de Western y col. (2015), lo que se espera dada la menor participación laboral femenina en Chile y diferencias entre el mercado laboral chileno y estadounidense. El número de condenas previas se relaciona negativa y sistemáticamente con la probabilidad de obtener un trabajo dependiente, al igual que la edad, lo que sugiere la existencia mecanismos estructurales de exclusión y discriminación que dificultan la reinserción laboral de las mujeres en la muestra. Contrariamente a lo que muchas veces se plantea, el acceso al trabajo en esta muestra, parece ser limitado por aspectos más bien estructurales y no por características de las propias mujeres. En este sentido, el acceso a oportunidades sería más clave que la oferta formativa. Más investigación se requiere para verificar algunas de estas hipótesis.

Finalmente, el acceso a ayuda institucional bordea un 30% de las mujeres de la muestra y se encuentra muy por debajo de los valores reportados en el estudio de Western y col. (2015), donde la cobertura supera el 60%. Esto revela las limitaciones de la oferta de asistencia para la reinserción con la que cuentan las mujeres de la muestra, especialmente aquellas con problemas de consumo de drogas, y que podría asociarse con mayores probabilidades de reincidir en el delito.

(b) Contacto programas y drogaprevias(a) Subsidios e hijos

102


103


11 Delito y Desistimiento1

Como se ha señalado, aun cuando la reinserción post penitenciaria es un proceso que implica más que la ausencia de comportamiento desviado, el éxito o fracaso de éste ha sido tradicionalmente medido en base a la reincidencia (Durose y col., 2014). La evidencia nacional e internacional muestra que alrededor de dos tercios de quienes salen en libertad vuelven a delinquir antes de los 3 años, y que la mitad de quienes reincide lo hace en los primeros seis meses de haber salido en libertad (Langan & Levin, 2002; Morales y col., 2012). En el caso de Chile, la mitad de los egresados reingresa a la cárcel por la comisión de un nuevo delito antes de los 36 meses de su egreso (Morales y col., 2012), porcentaje que es algo mayor en el caso de las mujeres.

Si bien el análisis de la reincidencia entrega información valiosa respecto de quienes vuelven a delinquir y de quienes no lo hacen, en la criminología existe cierto consenso en que el abandono del delito está lejos de ser un evento que ocurre de un día para otro, sino que más bien implica un proceso de tránsito entre la delincuencia y la convencionalidad (Shover, 2004). Este proceso a través del cual una persona se aleja del delito ha sido denominado de desistimiento. De esta manera, el desistimiento se entiende como una variable continua que considera cambios parciales en cuanto a la frecuencia y severidad de los delitos que se cometen (Farrington & Welsh, 2008; Loeber & Le Blanc, 1990), distinguiéndose así de la definición de reincidencia donde prevalencia una mirada dicotómica de presencia o ausencia de delito.

Asimismo, el enfoque de desistimiento incluye aspectos que van más allá de simplemente dejar de delinquir, incorporando cambios tanto a nivel conductual (rutina, estilo de vida, actividades), social (pares, relacionales familiares, roles), individual (identidad, orientación moral) y socio-ambiental (entornos, ambientes). Según Bottoms y Shapland (2014), el desistimiento consiste en un proceso de adquisición de virtud, en el cual se trata de aprender a vivir una vida no delictual, cuando alguien ha estado inmerso por un período significativo en un entorno criminal. Esto, naturalmente, es extremadamente complejo e involucra muchas veces recaídas y retrocesos en el proceso de cambio.

Algunos autores han tratado de explicar las distintas etapas involucradas en el proceso de desistimiento (Bottoms & Shapland, 2016; Farrall y col., 2014). Por ejemplo, Giordano (2016), a partir de datos recogidos en diversos estudios longitudinales, desarrolló un modelo de transformación cognitiva, en el cual, basándose en el interaccionismo simbólico, estableció cuatro tipos de cambios que podrían estar involucrados en el proceso de abandono del delito. Según la autora, primero los sujetos experimentarían una cierta apertura al cambio, la cual favorecería la permeabilidad frente a nuevas oportunidades para la reinserción (tales como el trabajo y la adquisición de nuevos roles), frente a los cuales los sujetos no estarían abiertos o disponibles cuando se encuentran en plena actividad delictual. Tras ello, se desencadenarían transformaciones en la identidad, a través de las cuales los sujetos comenzarían a verse a sí mismos de manera diferente, lo que, a su vez, favorecería cambios en el significado que adscriben al comportamiento criminal.

El presente capítulo, además de ofrecer un análisis de la reincidencia de las participantes del estudio, intenta aproximarse a la exploración de su proceso o fallido proceso de desistimiento2. Para ello, en primer lugar, se describe la reincidencia de las participantes, en cuanto a su temporalidad y a los tipos de delitos que cometen. Luego, siguiendo el enfoque de desistimiento, se exploran otras operacionalizaciones que dan cuenta de cambios en la severidad,

1. Este capítulo contó con la colaboración de Ignacio Bórquez.2. Hay que destacar, sin embargo, que para poder realmente determinar si alguien ha desistido o no del delito, se requieren períodos de seguimiento mucho más largos (idealmente toda la trayectoria vital). Por tal razón, los análisis que se presentan si bien permiten determinar qué mujeres se abstienen de delinquir y quienes no lo hacen durante un período de un año tras su egreso de la cárcel, pueden denotar el inicio de un proceso de desistimiento o simplemente una etapa sin delinquir a lo largo de la trayectoria de las participantes.

104


la frecuencia y la identidad delictual de las participantes a lo largo de los 12 meses de seguimiento. En segundo lugar, se discuten las expectativas, capacidades y dificultades para desistir que presentan las participantes durante el período de seguimiento, dando cuenta de que abandonar la conducta delictual es un proceso extremadamente complejo. En tercer lugar, se explora quienes son las mujeres que reinciden y quienes no lo hacen, caracterizándolas en cuanto a sus trayectorias delictuales y en relación a sus desafíos de cara a la reinserción. Finalmente, en las conclusiones se discute cómo estos hallazgos podrían informar políticas de reinserción social bajo una perspectiva de género3.

11.1 Reincidencia y desistimiento

11.1.1 Desistimiento conductual

La reincidencia delictual refiere a la comisión de un nuevo delito luego de haber recibido una condena. En el caso del presente estudio, una primera aproximación a la reincidencia se calcula a través de los delitos auto reportados por las participantes durante los doce meses de seguimiento tras su egreso de la cárcel. Este análisis, considera un listado exhaustivo de delitos que fueron presentados en cada una de las olas del estudio4.De acuerdo a la información recogida, del total de 169 mujeres un 46.2% reincide, mientras que 53.8% declara no haber cometido ningún delito durante los doce meses tras su egreso de la cárcel. Estos resultados son consistentes con estudios previos tanto nacionales como internacionales (Langan & Levin, 2002; Morales y col., 2012).

En cuanto al desarrollo de la reincidencia a lo largo de los 12 meses de seguimiento (Figura 11.1), es interesante notar que a modo general y sin diferenciar por tipo de delito, ésta muestra un desarrollo relativamente progresivo, alcanzando su peak en el mes 8. Cerca del 40% de las mujeres reporta haber cometido algún delito durante ese mes. Ahora bien, el porcentaje que reporta delinquir durante el primer mes posterior al egreso es sorprendentemente alto (30.2%). De hecho, el 65.4% de quienes reinciden durante el período total de observación declaran haber cometido delitos en ese primer mes, y un 30.2% de ellas reincidió durante la primera semana.

3. Todos los análisis fueron realizados sobre el total de mujeres que participó en las mediciones de dos, seis y doce meses (n=169). En el caso de la medición de doce meses, hay tres mujeres cuyas encuestas fueron hechas antes de esa fecha. Por tanto, cuando se reporta actividad mensual, el total de 12 meses corresponde a 166 mujeres.4. Incluye: (i) Robo en lugar habitado con gente; (ii) Robo en lugar habitado sin gente; (iii) Robo en lugar no habitado; (iv) Robo vehículo; (v) Robo en vehículo; (vi) Robo por sorpresa; (vii) Robo con intimidación y amenaza; (viii) Robo con intimidación y arma; (ix) Robo con violencia; (x) Lesión grave; (xi) Homicidio; (xii) Amenazas; (xiii) Actividades ilegales; (xiv) Receptación; (xv) Vandalismo; (xvi) Estafas; (xvii) Porte de armas; (xviii) Hurto; (xix) Violencia intrafamiliar; (xx) Venta de drogas; (xxi) Preparación, empaquetamiento de drogas.

Figura 11.1: Reincidencia total y entre reincidentes por mes (n total=169; n reincidentes= 78)

65,4%73,1% 73,1%

78,2%

82,1% 82,1%

82,1%84,6%

80,8%

81,6%

37,3%

37,3%

37,9%

37,9%37,9%

34,3% 36,1%

33,7% 33,7%

32,5%

30,2%39,1%

74,4%70,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Mes

Reincidencia total Reincidencia entre reincidentes

105


5. La sobrevivencia es la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente no experimente el evento hasta un cierto periodo, en este caso la comisión de delitos. La probabilidad de sobrevivencia estimada cada periodo es el producto sucesivo de los complementos de la probabilidad de riesgo estimada para ese y todos los periodos anteriores.

Un resultado similar se refleja en el análisis de sobrevivencia de reincidencia, que analiza la comisión del primer delito posterior al egreso5. Este análisis da cuenta de que al primer mes hay una probabilidad de sólo 0.7 de no haber reincidido (Figura 11.2). Después de ese primer mes, las disminuciones presentadas en la probabilidad de no reincidir son menos pronunciadas, llegando a su mínimo en el octavo mes donde casi la mitad de las mujeres ya han cometido al menos un delito. Por tanto, los resultados dan cuenta de que el riesgo de reincidencia es significativamente mayor durante el primer mes posterior al egreso, mes en que reincide la mayoría de las mujeres que retoma la actividad delictual en el período de 12 meses de observación.

Figura 11.2: Sobrevivencia de reincidencia según mes (n=169)

En cuanto al tipo de delito de reincidencia (Figura 11.3), la mayoría de quienes reinciden declaran haber cometido delitos de hurto (84.6%). Son justamente estos delitos los que presentan una reincidencia más temprana y de mayor frecuencia. De hecho, en el Capítulo 4, se señalaba que el grupo de mujeres que concentra su conducta delictual en los hurtos era quienes presentaban mayor cantidad de condenas previas, además de un perfil de mayor vulnerabilidad.

Tal como muestra la Figura 11.3, la reincidencia en hurtos es seguida por otras actividades ilegales (32.1%), donde el delito de receptación es el más declarado (25.6%), probablemente al estar asociado a la reducción de las mismas especies hurtadas o robadas. De manera consistente, el tercer grupo de delitos que presenta mayores niveles de reincidencia son los robos (23.1%), los cuales son sucedidos por los delitos de drogas (20.5%), donde la mayoría de las mujeres declara haber vendido droga (19.2%). Finalmente, los delitos que presentan menores niveles de reincidencia son los delitos contra las personas, con 7.7% que declaran haberlos cometido.

Al analizar la prevalencia mensual de distintos tipos de delito (ver Figura 11.18 en el Anexo), los resultados dan cuenta que la participación en hurto es relativamente constante a través de los meses, con un 62% de las mujeres reportando haber cometido hurto en el primer mes, llegando hasta un leve peak de 73% de mujeres a los 7 meses. Un comportamiento similar presentan los delitos de droga, con porcentajes de participación en tráfico que giran en torno al 10 o 12%. Los robos y otras actividades ilegales presentan, en cambio, un aumento leve pero constante a lo largo de los meses. Por tanto, la reactivación de la conducta delictual pareciera ser más lenta en este tipo de delitos que en el caso de los hurtos o delitos de droga.

0,70

1,00

0,700,65

0,59 0,57 0,54 0,54 0,54 0,540,54

0,62 0,62

Mes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

106


Figura 11.3: Tipos de delitos cometidos entre reincidentes (n=78)

Hurto 84,6%

Otras actividades ilegales 32,1%

Receptación 25,6%

Porte de armas 7,7%

Estafas 3,8%

Actividades ilegales 1,3%

Vandalismo 1,3%

Otros robos 23,1%

Robo por sorpresa 9,0%

Robo en lugar habitado con gente 6,4%

Robo con intimidación y arma 6,4%

Robo en lugar no habitado 5,1%

Robo con violencia 5,1%

Robo en lugar habitado sin gente 3,8%

Robo vehículo 3,8%

Robo en vehículo 3,8%

Robo con intimidación y amenaza 1,3%

Delitos de drogas 20,5%

Venta de drogas 19,2%

Preparación, empaquetamiento drogas 7,7%

Delito contra persona 7,7%

Violencia intrafamiliar 5,1%

Lesión grave 5,1%

Amenazas 3,8%

Homicidio 1,3%

107


11.1.2 Cambios en los patrones de la conducta delictual

Más allá de la presencia o ausencia de delitos en los meses posteriores al egreso, es interesante aproximarse al proceso de abandono de la conducta delictual. Como ya se señaló, la literatura especializada en el enfoque de desistimiento sugiere observar también cambios en los patrones de la conducta delictual a lo largo del tiempo (Farrington & Welsh, 2008; Kazemian, 2007; Loeber & Le Blanc, 1990). Para ello, en esta sección se presentan los cambios en la severidad y frecuencia de los delitos cometidos por aquellas que reinciden en los 12 meses de seguimiento.

Cambios en severidad

En primer lugar, para evaluar cambios en la severidad se construyó un índice que permitió categorizar a los delitos del listado utilizado en las distintas mediciones del Estudio de Reinserción, de acuerdo a severidad según lo establece el código penal. De esta forma, se dividieron los delitos entre faltas, delitos simples y crímenes6. A partir de esta clasificación, es posible observar que la proporción de mujeres que declara haber cometido delitos simples es significativamente mayor a la de quienes cometen crímenes, concentrándose la reincidencia en delitos de menor severidad, lo cual se explica en parte por la alta proporción de reincidencia en hurtos (Figura 11.4). En cuanto a los crímenes, la proporción de mujeres que declara haberlos cometido es relativamente estable a lo largo de los meses, alcanzando un leve peak en los meses seis y siete con 16.7% de las mujeres declarando haber cometido crímenes.

En cuanto al cambio en la severidad de los delitos a lo largo del período de seguimiento (Figura 11.5), considerando la misma clasificación explicada anteriormente, es posible observar entre el mes 1 y el mes 12, la mayoría de quienes reincide mantiene o disminuye la severidad (68.5%) y sólo 31.6% la aumenta. Esto da cuenta de que aunque reincidentes, la mayoría de estas mujeres no presentan cambios cualitativos en su conducta delictual a lo largo del tiempo.

6. Para la construcción de este indicador, se clasificó a los 22 delitos incluidos en el cuestionario según su tipificación en el código penal, es decir, de acuerdo a la severidad formal en términos de la pena probable. Faltas incluye: (i) Actividades ilegales; y (ii) Vandalismo. Delitos simples incluye: (i) Violencia intrafamiliar; (ii) Robo por sorpresa; (iii) Robo en lugar no habitado; (iv) Receptación; (v) Preparación, empaquetamiento de drogas; (vi) Porte de armas; (vii) Lesión grave; (viii) Hurto; (ix) Estafas; (x) Amenazas. Crímenes incluye: (i) Venta de droga; (ii) Robo vehículo; (iii) Robo en lugar habitado con gente; (iv) Robo con violencia; (v) Robo con intimidación y amenaza; (vi) Robo con intimidación y arma; (vii) Homicidio. En caso de que mujeres que declararan más de un delito en cada mes, se optó por atribuir la severidad máxima entre todos los delitos declarados en cada mes.

Figura 11.4: Desistimiento en severidad según mes entre reincidentes (n=78)

No cometió Delitos simples Crimenes

Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

29,5%26,9% 25,6% 26,9%

21,8% 17,9% 15,4% 17,9% 17,9% 19,2% 18,4%

34,6%

55,1% 59,0% 61,5% 59,0%61,5% 65,4% 69,2%

67,9% 66,7% 66,7% 67,1%

51,3%

15,4% 14,1% 12,8% 14,1% 16,7% 16,7% 15,4% 14,1% 15,4% 14,1% 14,5%51,3%

108


Además de la severidad según lo establecido en el código penal, es relevante medir cómo la percepción de severidad cambia desde la óptica las propias mujeres del estudio. Para ello, construimos otro índice de severidad basado en el daño percibido por las mujeres respecto a ciertos delitos7. Los resultados dan cuenta de un aumento en la percepción severidad de los delitos consultados, que es mayor entre las mujeres que reinciden (63% de las reincidentes aumenta su percepción de severidad, frente a 43% de las no reincidentes). Esto aumento podría dar cuenta de que, con el paso del tiempo, al ir observando ciertos daños colaterales derivados los delitos cometidos, las percepciones de su severidad aumentan8.

Figura 11.5: Cambio en severidad entre mes 1 y 12 entre reincidentes (n=76)

0

31,6%

54,0%

MantuvoAumentó Disminuyó

14,5%

7. Para el mismo listado de delitos reportado en la Figura 11.3, se preguntó “¿Qué tanto daño crees que este delito le hace a la sociedad?”. Las alternativas iban desde “Nada” (1) a “Mucho” (4). A partir de estas respuestas, se obtuvo un promedio de severidad percibida por mujer. La pregunta fue realizada en solo dos mediciones: primera semana y seis meses.8. Es importante destacar si que la percepción subjetiva de severidad es sobre el total de los delitos, independiente de que hayan sido cometidos por ellas o no.

Cambios en frecuencia

En cuanto a la frecuencia de los delitos a lo largo del tiempo (Figura 11.6)9, es posible observar que el promedio de delitos cometidos se mantiene relativamente estable durante el primer año posterior al egreso10. No obstante, es importante relevar el peak que alcanza la frecuencia de delitos en el mes 2, lo cual podría relacionarse al hecho de que un número significativo de mujeres ya ha retomado su actividad delictual.

Por su parte, al analizar cambios en la frecuencia de los delitos entre el primer y último mes de seguimiento (Figura 11.7), se observa que cerca del 40% de las mujeres reporta un aumento en el número de delitos cometidos. Solo un tercio de las reincidentes disminuye la cantidad de delitos entre el primer mes y el mes once. Estos resultados difierendeladisminuciónobservadaentérminosdeseveridad“penal”(Figura11.4).

9. Los promedios no consideran delitos de drogas, ya que, por sus características, estos fueron medidos como días en el mes, y no cantidad.10. En los análisis de frecuencia no se considera el mes 12 del calendario de delito, ya que un porcentaje de las mujeres respondió la encuesta antes de finalizar el mes. Por lo mismo, para el total de la muestra, el mes doce tiene una duración promedio de 26 días, sin embargo un cuarto de las mujeres tienen menos de 22 días reportados. Dada la relevancia del tiempo en la medición de frecuencia, este mes se excluye de los análisis.

109


Figura 11.6: Promedio de delitos (no relacionados a droga) cometidos por mes entre reincidentes (n=78)

Figura 11.7: Cambio en número de delitos cometidos (no relacionados a droga) entre mes 1 y 11 entre reincidentes (n=78)

11.1.3 Desistimiento subjetivo

Más allá del cambio en los patrones de la conducta delictual, es interesante observar la dimensión subjetiva del desistimiento. Para ello, se analizó si existían cambios en la identidad delictual, es decir, se indagó en si más allá del ámbito conductual estas mujeres dejaban de percibirse a si mismas como delincuentes.

Como se aprecia en la Figura 11.8, antes de salir en libertad, las mujeres que reinciden tenían una mayor probabilidad de verse a si mismas como delincuentes (34.6% versus 6.6%). Además, ellas reportaban en mayor proporción que aquellas que no reinciden que su familia y vecinos las veían de esa misma manera.

8,8

10,912

10

8

6

4

2

0

8,7 8,6 8,38,8

9,78,9

8,39

8,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Promedio de delitos cometidos cometidos

Mes

0

MantuvoAumentó Disminuyó

39,7%

28,2% 32,1%

No reincide Reincide

Figura 11.8: Identidad delictual en línea de base según reincidencia (n=169)

Su familia la ve como una delincuente **

0

Se ve a si misma como delincuente ***

Cree que la gente de su barrio la ve como delincuente **

6,6%

34,6%

15,4%

33,3%28,6%

50,0%

110


Al analizar los cambios en el tiempo, vemos que las mujeres no reincidentes tienden a mantener (57.5%) o a disminuir (26.2%) su identidad delictual (Figura 11.9)11. Ahora bien, la tendencia mayoritaria a mantenerse o disminuir la identidad delictual también se observa entre aquellas que reinciden, aunque una mayor proporción de ellas (25.4%) se percibe como más criminal con el paso del tiempo. El hecho de que la mayoría de las participantes, tanto reincidentes como no reincidentes, tiendan a mantener o a disminuir su identidad delictual, podría relacionarse al hecho de que en el medio libre existen mayores oportunidades de desarrollar otras identidades y de ejercer roles distintos a lo delictual, donde estas mujeres pueden anclar su sentido de self (ver Capítulo 7).

11. Al ser el proceso identitario interaccional, es importante analizarlo considerando de manera conjunta sus tres dimensiones (individual, familiar, comunitaria). Por tanto, en este análisis se considera la suma de cada uno de los ítems.

Figura 11.9: Cambio en el tiempo en escala de identidad delictual entre línea de base y 12 meses según reincidencia (n=143)

11.2 Expectativas, capacidades y dificultades para desistir

Tal como se mencionó anteriormente, el abandono de la conducta delictual no ocurre de un día para otro, sino que es un proceso que toma tiempo y que está marcado por avances y retrocesos, y por una profunda ambivalencia respecto no sólo del deseo de dejar de delinquir, sino de la propia capacidad para hacerlo (Bottoms & Shapland, 2011). Contrariamente a lo que se tiende a pensar y tal como se observa en la Tabla 11.1, al momento de salir de la cárcel la mayoría de las mujeres declaran querer dejar de cometer delitos. Si bien el porcentaje es mayor entre quienes no reinciden (88%), es cercano al 70% entre quienes si reincidirán durante el primer año posterior al egreso.

Ahora bien, esta intención de dejar el delito pareciera estar marcada por la ambivalencia. Antes de salir en libertad, un 22% de quienes se mantienen sin delinquir dudaba respecto de la decisión de dejar el delito. El porcentaje que muestra ambivalencia es, sin embargo, significativamente mayor en el caso de quienes finalmente reinciden (64.1%). Otro aspecto relevante se refiere a la capacidad percibida para dejar el delito atrás. De hecho más de la mitad (52.6%) de quienes reinciden no se sienten capaces de dejar de delinquir. Tal como muestra la Figura 11.10, 84.6% de quienes reinciden refieren que requerirán apoyo para lidiar con los desafíos del medio libre y sólo 61.6% dice que logrará dejar atrás factores de riesgo para la reincidencia, como es el caso de los amigos y carretes. Esto es interesante, ya que otros estudios nacionales con poblaciones masculinas (Droppelmann, 2021) e internacionales (Bottoms y col., 2004; Carlsson, 2016; Healy, 2014) han mostrado que los hombres tendrían altos niveles de confianza en su capacidad de dejar el delito atrás, incluso tras intentos fallidos. Estas diferencias podrían interpretarse por el hecho de que el sentido de agencia estaría fuertemente imbuido en nociones de género: mientras los hombres ejercen masculinidad a través de mostrar que tienen el control sobre sus propias decisiones, las mujeres estarían más conscientes de sus vulnerabilidades y de la ausencia de roles y oportunidades disponibles para ellas (Droppelmann, 2021).

16,3%

34,9%

0

No reincidentes (n=80) Reincidentes (n=63)

26,2%

Disminuyó Se mantuvo Aumentó

57,5%

39,7%25,4%

111


Tabla 11.1: Opiniones sobre el desistimiento según reincidencia (%, n=169)

Figura 11.10: Porcentaje de acuerdo o muy de acuerdo con afirmaciones de disposición al cambio según reincidencia (n=169)

Asimismo, tal como se observa en la Figura 11.11, es interesante destacar que dentro de quienes reinciden, tanto el interés en dejar de delinquir como la capacidad percibida para lograrlo, disminuyen a lo largo de los12 meses de seguimiento12. De hecho entre la línea de base y los 12 meses de seguimiento, 44% de quienes reinciden disminuyen sus deseos de desistir y 58% disminuyen su capacidad percibida para abandonar el delito (ver Figura 11.19 en Anexo).

Lo anterior, es consistente con estudios previos (Nugent y Schinkel, 2016; Shapland y Bottoms, 2011), donde se releva que la falta de oportunidades para la reinserción, las constantes tentaciones a las que se enfrentan quienes salen de la cárcel y los fracasos reiterados en los intentos por desistir, afectan la capacidad y el interés para lograrlo. Tal como muestra la Figura 11.12, quienes reinciden perciben en mayor proporción que quienes no lo hacen tentaciones para delinquir. Esta tentación es más intensa justamente al comienzo del período de seguimiento (2 meses), que es cuando la mayoría de las mujeres comienza a reincidir.

12. Ambas preguntas se realizan a todas las mujeres al egresar, pero solo a quienes reportaron cometer delito en las mediciones posteriores. En una escala de 1 (no tengo interés/no podré) a 10 (quiero/podré dejarlo por completo), las mujeres respondieron dos preguntas en específico: ”Qué tanto le gustaría dejar de cometer delitos” y ”Qué tanto crees que podrías dejar de cometer delitos”.

No reincidente Reincidente total N=91 N=78Sí (%) Quiero abandonar por completo el delito* 87.9 69.2 A veces quiero abandonar el delito y a veces no* 22.0 64.1 Quiero abandonarlo, pero no sé si seré capaz* 22.0 52.6


0


Necesitaré apoyo para lidiar con los problemas y desafíos cuando salga en

libertad ***

Cuando salga en libertad dejaré atrás los amigos y carretes que me traen

problemas ***

77,0%84,6%

79,2%

61,6%

112


Figura 11.11: Disposición a dejar de cometer delitos y percepción de capacidad entre reincidentes

Figura 11.12: Se sintió tentada a delinquir en 2, 6 y 12 meses según reincidencia

Como se observa en la Figura 11.13, las razones detrás de estas tentaciones son variadas, pero destacan razones instrumentales, como dinero para subsistir o para mantener a los hijos13. A lo anterior, le siguen (pero en un nivel mucho menor) razones que dicen relación con un estilo de vida delictual, tales como obtener plata para consumir drogas, invitaciones a delinquir y adrenalina. En la mención espontánea de las participantes destaca también la independencia, lo cual es consistente con estudios anteriores, que relevan que el delito operaría como una forma de empoderar a las mujeres en su capacidad para auto gestionar sus vidas y resistir atributos estereotipados de género (Miller, 2002; Daly, 2010). No se observan cambios en estas razones a lo largo de los meses.

Figura 11.13: Nube de palabras sobre razones de tentaciones a delinquir

13. El tamaño de la palabra corresponde a la frecuencia con que se reportan las distintas motivaciones.

Qué tanto le gustaría dejar de comerter delitos

Qué tanto cree que podría dejar de cometer delitos

Línea de base (n=78) Seis meses (n=57)

8,5

7,6

7,3

5,4

4,8

6,8

Doce meses (n=63)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Tentada a delinquir

02 meses

(n=105)**

31.3%

56,0%

42,9%

6 meses(n=111)**

12 meses(n=105)**


26,4%

50,0%

20,9%

113


5,7% 5,7%9,5% 8,6%

29,5%

23,8%

12,4%

No obstante, a pesar de las dificultades en el proceso de desistimiento, quienes se mantienen alejadas del delito al menos durante una de las mediciones, destacan dentro de sus razones para abandonarlo el simple deseo de noquererhacerlo (verFigura11.14).Estesentidodeagencia, reflejadoen laafirmaciónmásmencionada“no-quiero”,hasidofuertementedestacadoenlaliteraturasobredesistimiento(Bottomsycol.,2004;Mulveyycol.,2004), especialmente en las primeras etapas del proceso de reinserción. No obstante, hay cierta literatura que ha sido crítica al respecto, señalando que para las mujeres es complejo poder ejercer el mismo nivel de agencia que los hombres, debido a las múltiples restricciones estructurales de las que son víctimas (Carlsson, 2016; Healy, 2014).

Además del deseo de querer desistir, las participantes del estudio también destacan otras razones para dejar el delito atrás (Figura 11.14). Resalta el miedo a ser detenida o estar presa, el cual disminuye a lo largo del período de seguimiento, probablemente al percibir pocas probabilidades de ser arrestadas (ver Figura 11.15). Esta razón, es seguida por causas asociadas a lo vincular: la familia, pares e hijos, las cuales aumentan su relevancia a lo largo del tiempo, lo que podría deberse a la recuperación o consolidación de las relaciones que se vieron quebradas o afectadas durante el encarcelamiento. A continuación, en orden de importancia, las mujeres refieren razones morales o éticas que se asocian a la determinación de que delinquir está mal. Esto último, es clave en el proceso de desistimiento, ya que como plantean autores como Bottoms y Shapland (2016), dejar de delinquir se asocia a una orientación hacia lo pro-social. Finalmente, contrariamente a lo que se tendería a pensar, otros factores como el acceder a un trabajo, es referido por un número mucho menor de mujeres, aunque tiende a aumentar a lo largo del tiempo, probablemente a medida que aumenta el acceso a trabajo (ver Capítulo 6).

Figura 11.14: Nube de palabras sobre razones de desistimiento

Figura 11.15: Razones de desistimiento en 2, 6 y 12 meses

4,8%

14,4%

26,1%

1,8%

10,8%

Miedo a detención

Nota: Se omitió la categoría NS/NR. El número de caso varía ya que solo se le preguntó a quienes no delinquieron en cada ola.

Otra

Delinquir está mal

No tuvo necesidad económica

Por pareja, familia o hijos

No quiere delinquirEncontró trabajo

2 meses(n=105)**

14.3%

2,9%4,7%

24,7%

30,5%

8,1%

6 meses(n=111)**

12 meses(n=105)**

32,5%

6,3%8,6%

114


11.3 ¿Quiénes persisten y quienes desisten?

Tal como se ha venido observando a lo largo de este capítulo, el proceso de abandono de la conducta delictual es complejo. Varias de las dificultades dicen relación a trayectorias de vida marcadas por desventajas estructurales y exclusión social. Asimismo, la falta de oportunidades y de apoyo para la reinserción impiden que muchas mujeres logren consolidar procesos de desistimiento (ver, por ejemplo, Capítulo 6 y Capítulo 10). En esta sección se analizan las características de las mujeres que reinciden y de las que se mantienen sin delinquir durante el período de seguimiento, para dar cuenta de quienes son y cuáles son sus particularidades y necesidades en el proceso de reinserción.

11.3.1 Trayectoria delictual

La mujeres que reinciden presentan, en promedio, un inicio en la conducta delictual más temprano que quienes no vuelven a cometer delitos en el período de seguimiento (Tabla 11.2). Mientras que 64.4% de quienes no reinciden se inician después de haber cumplido la mayoría de edad, esto sólo ocurre en 20.5% de las que si reinciden. De hecho, el 50% de las mujeres que reincidieron en el período de seguimiento se habían iniciado en el delito a los 14 años o antes, mientras que la edad media de inicio era 20 años para el caso de quienes no reincidieron. Los resultados son claros en señalar que la probabilidad de haberse iniciado en el delito en la adolescencia temprana es más alto para quienes reinciden, dando luces de un mayor involucramiento en comportamientos desviados en una etapa donde el desarrollo socioemocional y moral está todavía en proceso de formación. Asociado a lo anterior, y tal como se observa en la Figura 11.16, quienes reinciden presentan en mayor proporción pares y actividades anti-sociales como menores, que quienes no reinciden.

Tabla 11.2: Caracterización de mujeres reincidentes y no reincidentes según historial delictual

No reincidente Reincidente Total N=91 N=78 N=169Edad inicio delito (%)* 12 años o antes 11.5 34.6 22.4 13 a 17 años 24.1 44.9 33.9 18 años o mías 64.4 20.5 43.6Familiar cometió delito alguna vez en la vida (%)* 62.6 93.5 76.8Familiar privado de libertad alguna vez en la vida (%)* 62.6 87.0 73.8Número de condenas previas (%)* Ninguna o una 74.4 50.0 63.1 Dos o más 25.6 50.0 36.9Delito última condena (%)* Robos 20.9 19.2 20.1 Hurto 10.0 62.8 34.3 Delitos contra persona 5.5 1.3 3.6 Tráfico de droga 60.4 15.4 39.6 Otros 3.3 1.3 2.4Tiempo última condena (%)* Hasta 60 días 10.0 45.5 26.3 Entre 61 y 539 días 26.0 31.2 18.0 Entre 540 días y 3 años 9.1 3.9 19.8 3 a 5 años 15.6 14.3 15.0 5 a 10 años 26.7 3.9 16.2 Más de 10 años 7.8 1.3 4.8


115


Figura 11.16: Estilo de vida delictual como menor según reincidencia (n=169) (% Sí)

Nota: La significancia fue calculada mediante un test de chi cuadrado. ***p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Amigo arrestado por la policia cuando ella era menor de edad ***

Amigos con problemas drogas cuando ella era menor de edad ***

Involucrada en peleas fisicas siendo ella menor de edad ***

Herida gravemente en evento violento siendo ella menor de edad ***

Usó arma de fuego siendo ella menor de edad ***

ReincideNo reincide

64,1%

31,9%

64,41%38,5%

33,0%

30,8%12,1%

12,1%32,1%

66,7%

En cuanto a la familia, es posible observar que quienes reinciden refieren en mayor proporción haber tenido un familiar involucrado en delito, el que se concentraría principalmente en la pareja y la familia ampliada (ver Figura 11.20 en el Anexo). Esto es consistente con literatura que señala el efecto de arrastre que tendrían las relaciones interpersonales en la conducta delictual de las mujeres (Daly, 1992; Uggen & Kruttschnitt, 1998).

El propio desarrollo de la conducta delictual difiere entre reincidentes y no reincidentes. Tal como se observa en la Tabla 11.2, el 74.4% de quienes no reinciden tienen una o ninguna condena anterior, mientras que la mitad de las reincidentes refieren tener dos o más condenas. De manera consistente con el tipo de delito más prevalente durante los doce meses posteriores al egreso, la mayoría (62.8%) de las reincidentes había cumplido una condena por hurto. La duración de estas condenas también difiere, presentando las reincidentes en mayor proporción condenas cortas, probablemente al concentrarse en delitos de hurto. Por el contrario, quienes no reinciden tienden a tener condenas más largas. Por ejemplo, 26.7% de quienes no reinciden reportan haber cumplido una condena entre 5 y 10 años, porcentaje que es solo 4% en el caso de las reincidentes. Esto da cuenta de la mayor participación en delitos de drogas del primer grupo.

116


11.3.2 Desafíos para la reinserción

Así como quienes reinciden y quienes no difieren en sus trayectorias delictuales, también presentan particularidades en sus necesidades de cara a la reinserción.

En el Capítulo 4 se presentó un análisis de perfiles, el cual permitió distinguir a las participantes del estudio entre 3 grupos o clases. La clase 1 se caracterizó a modo general como con un inicio más tardío, edad más avanzada y delitos de drogas. La clase 2 con un inicio en el delito más temprano que la clase 1, pero más tardío que la clase 3 y mayormente delitos contra la propiedad. Finalmente, la clase 3 con un involucramiento delictual más temprano y profundo, cumpliendo condenas más cortas principalmente por hurtos. Como se ha discutido a lo largo de este informe, este último grupo presenta, en general, mayores desafíos para la reinserción: bajo acceso a empleo, mayor inestabilidad residencial, consumo problemático de sustancias. En consonancia, y tal como se observa en la Figura 11.17, son las mujeres de la clase 3 quienes presentan mayores niveles de reincidencia y las que a su vez presentarían mayores necesidades de intervención debido a su perfil de mayor vulnerabilidad e involucramiento en la subcultura delictual.

Más allá de los perfiles, las participantes que reinciden y quienes no lo hacen presentan diferencias significativas en varios aspectos clave para la reinserción (ver Tabla 11.3). Mientras que casi la mitad de quienes no reinciden egresó bajo libertad condicional, casi el 80% de quienes reinciden lo hicieron luego de cumplir la totalidad de su condena. 55% de quienes reinciden nunca trabajó durante el período, sólo 17.8% tiene una pareja pro-social que la pudiese apoyar en su proceso de reinserción14 y 47.2% presenta dependencia de drogas. Entre quienes no reinciden, el porcentaje que trabaja es mayor, así como el que cuenta con una pareja prosocial. Solo un 15% de ellas reporta problema de dependencia o abuso de sustancias. No se observan diferencias significativas en apoyo familiar o institucional, así como en el riesgo de haber vivido en una vivienda precaria durante la primera semana. Esto no implica naturalmente que estos aspectos no sean claros focos de intervención para las mujeres que salen de la cárcel, sino más bien que podría referirse a necesidades transversales para ambos grupos tal como lo señala la literatura (Giordano y col., 2007; Leverentz, 2011).

En cuanto a las capacidades personales que favorecen la reinserción, podemos observar a través del análisis de escalas psicométricas (Tabla 11.3), que quienes reinciden presentan en promedio menores niveles de control sobre su propia vida y mayores niveles de cinismo legal, escala que mide la orientación a desobedecer la norma social. Esto abre camino a ejes relevantes de intervención para promover estos factores que la evidencia muestra asociados al proceso de desistimiento (Maruna & Lebel, 2010; Vaughan, 2007). También se observan diferencias significativas en las escalas de conflicto familiar y de estabilidad residencial, dando cuenta que quienes reinciden presentarían mayores dificultades en los ámbitos familiares y de vivienda. Ambos aspectos han sido relevados por la evidencia como elementos clave en la reinserción de las mujeres que delinquen. De hecho estudios muestran que aunque varias de estas mujeres tienen relaciones problemáticas con sus familias de origen, e incluso han sido abusadas y / o descuidadas por ellas, dependen en gran medida de sus familiares como fuentes de apoyo emocional y económico durante su desistimiento y reinserción (Giordano y col., 2007; Leverentz, 2011). Además, aunque algunas mujeres tratan de distanciarse de estas relaciones, no pueden pagar el costo de esta decisión, desarrollando más bien un proceso de re-significación de los sentimientos negativos asociados a estos vínculos familiares (Giordano y col., 2007; Martinez & Christian, 2009).

14. La pareja fue definida como prosocial si la mujer declaraba que trabajaba, no estaba delinquiendo, y no tenía problemas de consumo abusivo de sustancias.

Figura 11.17: Tipologías de perfiles delictuales según reincidencia (n=169)***

No reincideReincide

0

52,7%

11,5%

62,8%

Clase 1 (Droga) Clase 2 (Propiedad) Clase 3 (Calle)

35,2%25,6%

12,1%

117


Tabla 11.3: Caracterización de mujeres reincidentes y no reincidentes según variables de reinserción

11.4 Conclusiones

A lo largo del presente capítulo, fue posible observar que 46.2% de las mujeres del estudio vuelven a cometer delitos durante los 12 meses posteriores a su egreso de la cárcel, mientras que 53.8% no lo hacen. Estos porcentajes concuerdan en magnitud con estudios nacionales e internacionales. Asimismo, mientras las mujeres que reinciden no presentan cambios relevantes en la frecuencia de su conducta delictual a los largo de los 12 meses de seguimiento, sí se observa que la mayoría de ellas mantienen o disminuyen los niveles de severidad de los delitos que cometen. Sin embargo, es interesante relevar que, en el caso de las mujeres del estudio, la reincidencia se produce en su mayoría, dentro del primer mes tras el egreso. 65.4% de quienes reinciden lo hace dentro del primer mes y de ellas 30.2% incluso dentro de la primera semana. Si bien esta rápida re-activación de la conducta delictual se da de forma más marcada entre quienes cometen hurtos, es un patrón más bien general un inicio previo a los 6 meses tras el egreso para todas las reincidentes. Esto, da cuenta no sólo de la ausencia de intervención intrapenitenciarias principalmente para quienes han cumplido condenas cortas (delitos de hurtos), sino también de la necesidad de un apoyo inmediato e intenso tras el egreso, que pudiese prevenir estas tempranas recáıdas en el delito. De hecho, las participantes refieren en mayor proporción tentaciones para delinquir asociadas a contar con dinero para subsistir y/o mantener a sus hijos. Le siguen, pero en menor proporción, tentaciones asociadas al estilo de vida delictual, tales como obtener dinero para consumir drogas, invitaciones a delinquir y adrenalina.

Siendo consistentes con lo anterior, se puede planear que el apoyo para la reinserción en un comienzo, especialmente dentro de los primeros 3 meses, debiese orientarse a la subsistencia económica y a la vivienda, es decir a solucionar la sobrevivencia diaria. Esto, se podría complementar con la entrega de un subsidio y con la incorporación rápida a un trabajo, el cual no necesariamente debe ser aún en esta etapa un medio para el desarrollo personal, sino más bien un medio para lograr subsistir sin tener que caer en el delito o depender económicamente de parejas vinculadas a lo delictual. Debemos recordar que sólo 17.8% de quienes reinciden tienen una pareja pro social, que podría

No reincidente Reincidente Total Media o % Media o % Media (D.E) o % N=91 N=78 N=169Egreso con Libertad Condicional (%)* 51.6 16.7 35.5 Apoyo familiar en primera semana (n=153) (%) 81.6 75.8 79.1Ayuda institucional en primera semana (n=153) (%) 37.9 31.8 35.3Vivienda precaria en primera semana (n=153) (%) 6.9 15.2 10.5Inestabilidad residencial * 2.2 3.2 2.7 (1.7)Trabajo durante seguimiento (%)* No trabajó 9.9 55.1 30.8 Cuenta propia 37.4 15.4 27.2 Dependiente 52.7 29.5 42.0Pareja prosocial en línea de base (n=101) (%)* 53.6 17.8 37.6Malestar severo salud mental en línea de base (%) 27.0 26.0 26.5Trastorno por consumo de sustancias en línea de base (%)* No 84.9 36.1 62.7 Abuso 7.0 16.7 11.4 Dependencia 8.1 47.2 25.9Escalas Escala control sobre vida * 3.1 2.8 3.0 (0.5) Escala autoestima 3.1 3.0 3.0 (0.5) Escala cinismo legal * 2.3 2.6 2.4 (0.5) Escala empaía 3.3 3.2 3.3 (0.5) Escala autocontrol * 2.1 3.3 2.6 (1) Escala estrés maternal 2.3 2.4 2.4 (0.7) Escala soporte familiar 3.2 3.0 3.1 (0.8) Escala conflicto familiar * 2.1 2.5 2.3 (0.8)


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apoyarlas en su proceso de desistimiento, y 55.1% de ellas nunca trabajó en el período de seguimiento. Además, varias mujeres mencionan dentro de las tentaciones para reincidir la independencia, por lo cual se hace prioritario el asegurarles un medio de subsistencia. En cuanto a la vivienda, se observa que quienes reinciden presentan mayor inestabilidad residencial, probablemente asociada a conflictos familiares, por lo cual el acceder a un lugar seguro donde vivir, es clave en las primeras etapas tras el egreso. Como ya se ha señalado, cobra sentido pensar en casas de acogida o half-way houses que brinden al menos una solución transitoria para cierto grupo de mujeres.

Tras la solución de los aspectos más prácticos de la reinserción, el proceso de intervención debe enfocarse en factores más complejos, aquellos asociados al estilo de vida delictual, la identidad y la disposición al cambio, así como en restaurar los vínculos afectivos. Respecto del estilo de vida delictual, si bien quienes reinciden refieren aspectos ligados a ello en mucho menor proporción que aquellos asociados a la subsistencia económica, estos no dejan de ser relevantes especialmente entre quienes presentan consumo problemático de drogas y/o alcohol (47.2% de las reincidentes presenta dependencia y 16.7% abuso). Del mismo modo, son relevantes entre las mujeres de la clase 3 (según lo discutido en el capítulo correspondiente), quienes presentan en mayor proporción varias condenas previas y más cortas, las cuales afectan profundamente el ciclo de vida. Dejar atrás el estilo de vida delictual es un tremendo desafío no sólo para las mujeres que egresan de la cárcel, sino para el propio proceso de intervención, ya que se deben reactivar mecanismos de protección social que nunca operaron en la vida de estas mujeres y reparar historias de profunda exclusión social, de la cuales especialmente quienes reinciden, fueron víctimas desde etapas muy tempranas de su desarrollo.

Tal como se mencionó anteriormente, la identidad delictual es un aspecto relevante en la promoción del desistimiento. Es interesante observar como, tanto entre quienes reinciden como entre quienes no lo hacen, la auto percepción de si mismas como delincuentes tiende a disminuir a lo largo de los 12 meses de seguimiento. Esto podría deberse a que durante este período algunas retoman otros roles como madres, parejas, trabajadoras, entre otros; los cuales les permiten forjar nuevos sentidos de identidad distintos a lo delictual. Sin embargo, alrededor de un cuarto de quienes reinciden empeoran su identidad delictual y en promedio este grupo presenta una mayor orientación a desobedecer la norma social, lo cual podría profundizar identidades delictuales que terminarían obstaculizando procesos de cambio. En este ámbito, el apoyo de el/ la delegada/o durante la intervención se hace muy importante, ya que el proceso identitario es interaccional, por lo tanto, requiere la reafirmación constante de otros. El reconocimiento de los avances del proceso de intervención, también toma gran relevancia en esta etapa, ya que especialmente en el caso de quienes reinciden, el interés en desistir y la percepción de la capacidad para lograrlo disminuyen a lo largo del período de seguimiento, seguramente debido a la percepción de sus propios fracasos en los intentos de dejar el delito atrás, asociados a peores niveles de control sobre la propia vida que presentarían las reincidentes. En este ámbito, tal como se mencionó anteriormente, la literatura sobre desistimiento es clara en que la esperanza y la auto-eficacia son factores de cambio que deben ser promovidos a través de la intervención.

Si bien, dentro de las razones para no reincidir, en un comienzo se menciona el temor a ser arrestada, esto disminuye a lo largo del tiempo, probablemente debido a que las propias mujeres perciben la baja probabilidad que tienen de ser detenidas. Ahí es cuando, comienzan a cobrar importancia aspectos vinculares como la familia, los pares y los hijos. Tal como se mencionó en capítulos anteriores, retomar estas relaciones tras el paso por la cárcel es un gran desafío y la intervención debiese ayudar al re-establecimiento de relaciones sanas que favorezcan la reinserción, aún más si consideramos que quienes reinciden declaran mayores niveles de conflictividad familiar.

Los resultados expuestos en este capítulo dan cuenta de que dejar el delito atrás es un proceso complejo y que la reincidencia se asocia en distintos momentos a factores diferentes. En este sentido, los programas de reinserción para mujeres que egresan de la cárcel no deben ser un cúmulo de intervenciones desestructuradas, si no que deben estar organizadas en torno a la temporalidad que sigue el proceso de cambio y reintegración. Para ello, creemos que la concentración de la intervención en los primeros meses en la subsistencia diaria y la orientación hacia la consolidación de procesos de cambios en el tiempo restante podría evitar al re-activación de redes delictuales y podría así detener el peak de participación en delito que se observa alrededor del octavo mes post egreso. Asimismo, permitiría priorizar focos de intervención de acuerdo a las necesidades que se van presentando en la vida de las mujeres que egresan de la cárcel, evitando por un lado la sobre intervención y por otro, intervenciones atemporales que no cobrarán sentido ni tendrán el impacto que se espera. Finalmente, el acompañamiento se torna clave en todas las etapas del proceso de reinserción, no sólo para facilitar el acceso a servicios, sino para dar soporte a los procesos de desistimiento, interviniendo la ambivalencia, apoyando en la resistencia frente a las tentaciones y facilitando procesos de vinculación socio-afectiva.

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12 Desafíos a la reinserción de mujeres en Chile

12.1 Marco del estudio

El estudio Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres Privadas de Libertad en Chile tuvo como objetivo describir el proceso de reinserción experimentado por una cohorte de mujeres que sale en libertad en Santiago, Chile. En esta sección se presentan una serie de recomendaciones de política pública a partir de los principales nudos críticos identificados en este estudio.

Antes de presentar las recomendaciones, parece necesario hacer dos precisiones. Por un lado, destacar las diferencias entre el grupo estudiado y aquellas que, estando privadas de libertad, no fueron parte de la cohorte del estudio. Por otro, explicitar ciertas concepciones teóricas sobre la cárcel y el castigo, la reinserción y el género sobre las cuales se cimientan las propuestas.

12.1.1 Restricciones a la validez externa de los resultados1

Como se señala en el capítulo de metodología (Capítulo 3), el estudio definió como población objetivo a todas las mujeres que egresaban luego de cumplir una condena privativa de libertad de al menos 30 días, en la Región Metropolitana. Adicionalmente, se estableció como restricción el que fuesen de nacionalidad chilena, y que egresaran o por cumplimiento total de la condena o por libertad condicional. En el mismo capítulo se señalan las diferencias entre aquellas que, siendo parte de la población objetivo, no participaron en el estudio, y entre quienes se mantuvieron participando en las distintas mediciones y quienes dejaron de hacerlo. Todas estas diferencias implican que se debe tener cuidado al generalizar los resultados al total de la población objetivo.

Por otra parte, nos interesa destacar que hay grupos que quedaron fuera de la población objetivo y cuya experiencia, por tanto, no emerge en este informe. En particular, los datos levantados no incorporan realidad de la población extranjeraniLGTBIQ+.Respectoalasprimeras,esprobablequesuprocesodifieradadalarestricciónderedesdeapoyo con que cuentan y las dificultades adicionales asociadas a su estado migratorio. Respecto al segundo grupo, queremos señalar que es un grupo particularmente invisibilizado en la investigación relativa al encarcelamiento y la reinserción y que requiere un estudio particular para levantar sus experiencias y necesidades.

Adicionalmente, es relevante destacar el foco geográfico del estudio, que se restringió a mujeres que egresaban en la Región Metropolitana. Esto implica que los resultados presentados en este informe no son necesariamente generalizables a aquella población que egresa en otras regiones del país. Esto es particularmente cierto toda vez que las características de la población penal de la Región Metropolitana parecen diferir claramente de aquellas en otras regiones (Hurtado y Larroulet, 2012), y del hecho que el acceso a programas e intervenciones es mayor en Santiago que en otras zonas del país (Piñol et al. 2015).

12.1.2 Algunas aproximaciones conceptuales relevantes

Como Western señala (2018), en el encarcelamiento femenino se evidencia de manera más clara el uso de la cárcel como último recurso cuando todas las políticas sociales fallan. Como ya se ha discutido, las mujeres privadas de libertad tienen historias caracterizadas por pobreza, desempleo o precariedad laboral, adicción a sustancias, victimización y trauma, lo que la literatura ha venido a describir como las múltiples marcas de marginalidad que caracterizan a esta población (Allen et al., 2010; Capítulo 4).

1. Al hablar de validez externa hacemos referencia a en qué medida los resultados obtenidos se pueden generalizar a otras poblaciones similares.

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En esta línea, es importante señalar la relevancia de la prevención social. Varios de estos problemas preceden a la cárcel y habrían podido ser abordados de manera temprana, impidiendo que se extendieran y profundizaran en el tiempo, y evitando, con ello, la privación de libertad. Un ejemplo claro de esto es el consumo problemático de sustancias. 25% de las mujeres que declaran consumir marihuana, cocaína o pasta base inició su consumo de drogas antes de los 14 años. Evitar el inicio del consumo o, en su defecto, la extensión de una historia de consumo, es, según la literatura, más efectivo que la intervención tardía enfocada en consumo problemático. Más aun, el sistema penal no debe ser la vía a través de la cual se dé solución a problemas de salud pública que debiesen haber sido solucionados previo al contacto con la justicia.

Un segundo punto relevante tiene relación con el uso de la cárcel como medio de castigo. Uno de los fines del castigo, y particularmente de la privación de libertad, es la prevención de delitos futuros, tanto para quien experimenta el castigo (prevención específica), como para la sociedad en su conjunto (prevención general). Existe, sin embargo, un consenso en la literatura de que, comparado con otro tipo de sanciones, la cárcel tiene un efecto nulo o incluso crimonogénico respecto a la comisión de delitos (Agan et al., 2021; Nagin et al., 2009). Por tanto, creemos necesario promover el uso de penas sustitutivas que permiten el cumplimiento de una condena en la comunidad. Este tipo de condenas no solo evita los costos individuales y sociales asociados al encarcelamiento, sino han mostrado ser efectivas en la reducción de la reincidencia (Wemink et al. 2010). Los tribunales de tratamiento de drogas (Mitchell et al. 2012) y de salud mental (Sarteschi, Vaughn y Kim, 2011) son otro tipo de penas alternativas que han mostrado ser exitosas en reducir reincidencia.

Un tercer marco que queremos destacar es cómo se define el éxito en el proceso de reinserción, y el rol del contexto en el mismo. Como se ha repetido a lo largo del texto, el éxito del proceso de reinserción no puede ser definido únicamente por la ausencia de comportamiento desviado. Como señalan Harding y colegas (2019), el proceso de abandono del delito es solo una parte, pero está íntimamente vinculado, al proceso más complejo de integración social y económica de quien sale en libertad. Esta reintegración, destacan los autores, requiere mirar tanto las características y motivaciones de quien se reinserta, como las del contexto que lo recibe. En esta línea, es necesario destacar el hecho que la población que estudiamos es una población altamente marginalizada y que viene de y vuelve a contextos familiares y sociales y a barrios particularmente vulnerables.

Por otro lado, el Estudio de Reinserción pone su foco en mujeres que salen en libertad. Como ya se ha destacado, las mujeres componen una parte menor del total de la población penal y, por lo mismo, ha sido un grupo tradicionalmente invisibilizado tanto en el estudio del fenómeno penal como en las políticas enfocadas al mismo, presentando, además, características y necesidades que difieren de aquellas de la población masculina. Más aun, es posible esperar que la experiencia de la mujer que egresa difiera de la del hombre en virtud de su género. Como se discute en la introducción, la literatura apunta a que el proceso de reinserción social es un proceso enmarcado en roles y expectativas de género que generan nuevos obstáculos y desafíos a la mujer que sale en libertad. De hecho, en algunos aspectos las mujeres que egresan parecieran no diferir mayormente de mujeres con niveles similares de exclusión y vulnerabilidad, enfrentándose, entre otras, a un mercado laboral desigual, a una mayor responsabilidad en las labores de cuidado. Ahora bien, si, siguiendo a Western (2018), definimos el éxito del proceso de reinserción de acuerdo con el acceso a un nivel básico de bienestar de quienes salen en libertad, no podemos dejar de lado aquellas políticas sociales que no se restringen a mujeres que tienen antecedentes penales. Dado que el estudio que se discute se enfocó en las mujeres que salen en libertad luego de cumplir una condena carcelaria, en la sección que sigue se enfatizan aquellas propuestas específicas para este población. Sin embargo, nos parece fundamental destacar la necesidad de generar más y mejores políticas sociales que contribuirían también a la integración social de estas mujeres.

Teniendo en cuenta estas restricciones y marcos de referencia, la siguiente sección presenta una serie de nudos críticos y propuestas desarrolladas a partir de los resultados del Estudio de Reinserción.

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12.2 Nudos críticos y propuestas para la reinserción

Los principales nudos críticos identificados fueron estructurados en dos ámbitos principales: un nivel normativo relativo a políticas penitenciarias, y un nivel programático enfocado específicamente en programas de reinserción.

12.2.1 Políticas penitenciarias y marcos normativos

La población penal en Chile ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas (Salinero, 2012). Cada día hay cerca de 40.000 personas privadas de libertad, lo que nos lleva a una tasa de 233 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas a nivel mundial (Walmsley, 2018). Este aumento se ha dado a pesar de la evidencia existente que cuestiona la efectividad de la cárcel como mecanismo de prevención de nuevos delitos (ver, por ejemplo, Nagin, 2013; Nagin et al., 2009), y que destaca las consecuencias que el encarcelamiento trae tanto para quienes lo experimentan, como para su entorno cercano (Kirk & Wakefield, 2018).

La población penal femenina, a pesar de representar menos del 10% del total de la población en privación de libertad, ha experimentado un aumento aun mayor las últimas décadas (Walmsley, 2012). Esta tendencia se observa en todo el continente y ha sido atribuida, en parte, a la mayor persecución de delitos de drogas que afecta de manera desproporcionada a las mujeres (Transnational Institute, 2011; Youngers, 2014). Esto es así a pesar de que las mujeres tienden a jugar un rol secundario en la cadena de distribución de drogas, rol que las expone, a la vez, a un mayor riesgo de ser detenidas y de cumplir extensas condenas privativas de libertad (Larroulet, 2016; Maher, 1997).

Por otro lado, las reglas de las Naciones Unidas para el trato de mujeres en contacto con el sistema de justicia, conocidas como las Reglas de Bangkok, reconocen las diferencias y particularidades de esta población, y proveen una guía a los actores del sistema para reducir el encarcelamiento femenino y responder a las necesidades específicas de esta población, incorporando, por tanto, un enfoque de género en la sanción y ejecución penal (ONU, 2010). Bajo este marco, y en base a los resultados del Estudio de Reinserción, emergen tres líneas de acción.

Respecto a los delitos de droga, los resultados dan cuenta que las mujeres condenadas a estos delitos tienen, en promedio, mayor edad y cumplen condenas más largas (ver Capítulo 4). Estas mujeres presentan un menor involucramiento en un estilo de vida delictual y un bajo riesgo de reincidencia, medido a través de factores tradicionalmente asociados con carreras delictuales extensas (inicio temprano, consumo de sustancias, etc.), y sin embargo componen un 36% del total de mujeres que sale en libertad en Santiago. De hecho, los datos presentados en este informe dan cuenta que aquellas mujeres que tienen condenas de mayor duración presentan menores niveles de reincidencia (Capítulo 11). Por ejemplo, sólo un 18% de las mujeres que egresan habiendo sido condenadas por delitos de droga, reincide en el primer año en el exterior, en contraste con 85% de aquellas que egresan después de cumplir una condena por hurto.

Los delitos de drogas explican parte importante del crecimiento en la población penal en Chile no solo porque aumenta la probabilidad de que una mujer sea privada de libertad, sino además porque las condenas asociadas a los mismos son particularmente altas. Cerca del 40% de las mujeres que egresan por tráfico de drogas han tenido condenas que exceden los 5 años. Sin embargo, la evidencia es consistente en destacar la baja efectividad que tienen las condenas largas en la reducción de reincidencia (Loughran et al., 2009; NCR, 2014). En línea con las teorías clásicas del delito, es la probabilidad de castigo más que la severidad del mismo, la que presenta un cierto efecto disuasivo (Nagin, 2013). Estas largas condenas tienen, además, altísimos costos tanto para la sociedad en su conjunto, como para quienes experimentan el encarcelamiento (NCR, 2014).

En base a estos resultados y a la evidencia existente, se propone evaluar la extensión de la condena en los delitos de droga. Una condena más corta, combinada con intervenciones en el ámbito de redes y laboral (ver apartado siguiente), puede traer los mismos beneficios en términos de reinserción, y reducir los costos y consecuencias negativas experimentadas por aquellos que quedan en el medio libre cuando una mujer es encarcelada.

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Respecto a las condenas de menor extensión, los resultados presentados dan cuenta que un porcentaje relevante de quienes salen en libertad (29%), lo hacen luego de haber cumplido una condena de hasta 60 días. En su mayoría, estas son mujeres multireincidentes y que han sido condenadas por delitos contra la propiedad, no violentos, y de menor cuantía, tales como el hurto o el robo por sorpresa. Tanto en Chile como en otros países, este grupo de personas con condenas cortas pero reiterativas componen un porcentaje relevante de la población penal femenina (Morales et al., 2012; Baldry, 2010).

Según los resultados presentados en el Capítulo 5 de este informe, este grupo prácticamente no accede a ninguna intervención mientras cumple su condena, ni siquiera a educación o capacitaciones que podrían ser relevantes en su proceso de reintegración. Más aun, las condenas cortas parecieran concentrar un perfil de alta vulnerabilidad y con una mayor prevalencia de consumo problemático de sustancias (ver Capítulo 4), el que podría explicar, en parte, su involucramiento delictual (resultados similares en Armstrong y Weaver, 2010). En línea con lo señalado, son justamente las mujeres de condenas cortas quienes presentan mayores tasas de reincidencia post-egreso. Existe cierta evidencia que sugiere, además, que la reincidencia de quienes experimentan condenas privativas de libertad cortas es mayor que aquella de grupos de similares características pero que son condenados a penas alternativas (Wermink et al., 2010), o que no fueron condenados por sus delitos (Agan et al., 2021), lo que apuntaría a un potencial efecto criminógeno de la cárcel en esta población.

Dada esta realidad y la evidencia relativa a los beneficios de las medidas alternativas (Petersilia, 2011), se sugiere revisar mecanismos alternativos de cumplimiento de condena que, evitando las consecuencias negativas del encarcelamiento, permitan generar intervención en aquellos ámbitos que son relevantes para este grupo de la población penal. En particular, se sugiere analizar la expansión de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) para población multireincidente y que presenta consumo problemático de sustancias. Los TTD han tenido una enorme expansión en el país, y han mostrado ser efectivos en términos de reincidencia (Mitchell et al 2012; Morales, Moraga y Figueroa, 2019). Sin embargo, a la fecha, han sido utilizado solo para quienes entran por primera vez en contacto con el sistema de justicia. Esto a pesar que en modelo teórico de las cortes de drogas se plantea la posibilidad de responder a los casos de mayor riesgo de reincidencia (McKenzie, 2006). La expansión de esta y otras medidas alternativas a la población multireincidente requerirían modificaciones a las leyes existentes, por ejemplo, a las restricciones para el acceso a la suspensión condicional del procedimiento, tales como la ausencia de antecedentes penales, que hacen a la mayoría de las mujeres de este grupo no elegibles.

Finalmente, en momentos en que se discute la necesidad de una ley de ejecución de penas que permita un abordaje sistémico del proceso de cumplimiento de condenas, se sugiere considerar en esta discusión la incorporación de una perspectiva de género. Esto implica reconocer, como se señaló, las necesidades particulares de las mujeres en contacto con el sistema en términos, por ejemplo, de acceso a salud y protección de derechos, y facilitar la capacitación de quienes trabajan en el sistema en una perspectiva de género. A partir de lo mismo, se sugiere facilitar el acceso a beneficios de salida, que permitan incorporar mayor progresividad en el cumplimiento de la pena, dado los beneficios que esto tiene en términos de inserción social tanto para la mujer como para su familia. A modo de ejemplo, según los datos de este estudio, aquellas mujeres que egresaron bajo la modalidad de libertad condicional presentan un porcentaje de reincidencia significativamente menor que quienes lo hicieron luego de cumplir el total de su condena (22% versus 60%).

12.2.2 Programas y políticas de reinserción

Como se ha señalado, la reinserción se entiende como el proceso que se inicia desde el ingreso a la unidad penal, y se extiende hasta tiempo después de haber egresado de la misma (Petersilia, 2003; Visher y Travis, 2003). Ahora bien, aun cuando el proceso de integración social puede tomar años, el apoyo en los primeros meses posteriores al egreso han mostrado ser críticos para lograr una reinserción exitosa (Munyo y Rossi, 2015; Western et al., 2015). De manera consistente, la gran mayoría de los programas de reinserción que han mostrado ser efectivos en términos de disminución de reincidencia combinan una intervención intra-penitenciaria con intervención y apoyo post-penitenciario (ver, por ejemplo, Duwe, 2012). Este último componente ha sido destacado como un elemento clave en el éxito de los programas (McKenzie, 2006; Petersilia, 2003).

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Por otro lado, la literatura reconoce las múltiples necesidades de las mujeres que salen en libertad (Kruttschnitt y Gartner, 2003), apuntando a la necesidad de pensar intervenciones comprehensivas y sistémicas, que reconozcan las necesidades específicas y diversas de la población. En esta línea, la experiencia comparada muestra que la implementación de programas en el ámbito penitenciario se debe enmarcar dentro de una Estrategia de Reinserción, la cual brinda soporte, da continuidad y orienta a todas las intervenciones que se implementan. Los programas no pueden ser una sumatoria de intervenciones, sino que deben dan cuenta de los objetivos que persigue el sistema penitenciario y del rol que juega el Estado en la protección social e integración de las mujeres que están cumpliendo o han cumplido condenas en el sistema penal. Por tal razón, la oferta que debe estar disponible, debe ir más allá de la reducción de la reincidencia y debe compensar, a través de la entrega de servicios de protección social, la severa exclusión social en que la mayoría de estas mujeres se encuentra, la cual no fue abordada previo a su ingreso a la cárcel. De esta manera la oferta programática general de reinserción social en el sistema penitenciario puede diferenciarse en dos focos principales: (1) Protección Social y Derechos, e (2) Intervención (ver también, Morales et al., 2018)2.

a) Protección social y derechos durante la privación de libertad

El ámbito de la Protección Social y Derechos se refiere a conjunto de prestaciones asistenciales coherentes con el marco de la política social, incluyendo el acceso a servicios que se consideran derechos, tales como la salud física, la salud mental, la educación y el ejercicio de la maternidad, cuyo objetivo no es necesariamente impactar en la reincidencia, sino restituir derechos sociales y con ello facilitar la integración social.

Tal como se observó anteriormente, las mujeres del estudio presentan altas prevalencias de trastornos de salud mental y bajo acceso a tratamiento (ver Capítulos 9 y 5). Esto asociado a trayectorias e historias de marcada vulnerabilidad, victimización y trauma, hacen que muchos de estos trastornos o afecciones se cronifiquen, dificultando el proceso de reinserción. Asimismo, se profundizan las etiquetas, ya relevadas por varias investigaciones previas (Sharpe y Gelsthorpe, 2015), de locas o impulsivas, con la que cargan gran parte de las mujeres que han delinquido. En este sentido, se sugiere incorporar mecanismos de screening breves al ingreso de las mujeres a los centros penitenciarios, seguidos (en los casos que lo ameriten) de una profundización diagnóstica y tratamiento. Del mismo modo, se sugiere capacitación a los funcionarios de trato directo de Gendarmería en esto ámbitos, para incorporar mejoras en el vínculo y en el trato, y así evitar re-victimizaciones o profundización de experiencias vinculares traumáticas que las mujeres privadas de libertad han vivido. En cuanto a la educación, las mujeres del estudio presentan un rezago escolar importante, con solo un 30% de ellas reportando tener educación media completa. Si bien muchas de ellas logran avanzar en su escolaridad en la cárcel, esto es así solo para quienes tienen condenas superiores a un año y medio (ver Capítulo 5). En este ámbito, se sugiere asegurar el acceso a la nivelación escolar, especialmente en aquellas mujeres que están cumpliendo condenas cortas, quienes no acceden a la oferta programática disponible, pero podrían dedicar su estadía en el centro penitenciario a una nivelación de estudios intensiva.

Finalmente, el ejercicio de la maternidad es un elemento clave, ya que tal como se mencionó en el capítulo 7, la mayoría de las mujeres son madres (89%), con un promedio de 2,5 hijos por mujer. De hecho, el 70% del total de mujeres tenía al menos un hijo menor de edad al salir en libertad, y ¾ de ellas vivían con alguno de ellos antes de caer presa. Además, este aspecto para las mujeres uno de los principales focos de preocupación. En esta línea, se proponen estrategias que aseguren, por un lado, el interés superior de los menores y, por otro lado, que promuevan el vínculo materno filial. Respecto al período de privación de libertad, los datos advierten la importancia de potenciar y promocionar el ejercicio del rol materno y la calidad del vínculo con los hijos menores de edad durante el encarcelamiento, así como con las personas que se quedan a cargo de ellos durante el encarcelamiento. La promoción de visitas que resguarden la calidad del vínculo madre-hijo/a aparece como un aspecto fundamental

2. Hay un tercer eje que pareciera ser fundamental en el caso de la intervención femenina que apunta al componente relacional de la intervención. Ver reflexión sobre este punto al final de la sección.

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si se considera que alrededor de la mitad de las mujeres (54,3%) no recibió la visita de todos sus hijos menores de edad, sino sólo de algunos y/o de ninguno de ellos.

b) Intervención

En el ámbito de la Intervención, se estructuran todos aquellos programas y procesos que tienen como objetivo favorecer la reinserción social y disminuir la reincidencia. Estas intervenciones deben estar pre-definidas, adecuarse a las necesidades de cada una de las mujeres, implementarse a modo de continuo y pueden entregarse de manera individual o grupal, estando algunas diseñadas como lineamientos u orientaciones generales y otras como programas estructurados. A modo general, estas pueden distinguirse en los siguientes ejes clave: (1) Apoyo vocacional y empleo, (2) Drogas, (3) Vivienda, (4) Vínculos sociales, y (5) Actitudes y comportamientos. La intervención en estos ejes podría darse tanto de manera intra como post-penitenciaria, aunque la literatura refuerza el beneficio de garantizar una continuidad en el tiempo.

El apoyo vocacional y el empleo, es sin duda, uno de los aspectos más relevantes del proceso de reinserción. Tal como se observó en el estudio, si bien la participación laboral de las mujeres aumenta en el tiempo, casi la mitad de las mujeres no trabaja en cada medición, y quienes lo hacen, acceden principalmente a empleos precarios e informales. Una gran cantidad de estudios han demostrado una correlación entre mayor empleo y menor reincidencia (Uggen, 2000; Wilson, Gallagher, y MacKenzie, 2000; Latessa, 2012). Los efectos positivos de un empleo tienen que ver con un ingreso regular que permite satisfacer una serie de necesidades a partir del momento del egreso de la cárcel. Esto no solo implica mejoras en el ámbito material, sino también personal, en relación al estatus social y la autoestima. Además, el empleo se relaciona con un mayor control social a partir de la asociación con pares pro sociales (Kazemian, y Maruna, 2009; Laub, y Sampson, 2001). Por lo tanto, facilitar el acceso a empleos y de buena calidad debiese ser uno de los objetivos de una estrategia de reinserción. Dada la baja escolaridad y las historias de desempleo, se sugiere, en primer lugar, generar capacitaciones intrapenitenciarias que se enfoquen principalmente en temas de apresto laboral, donde se puedan discutir las expectativas y beneficios del acceso a un empleo formal, así como se entregue información relativa a sus derechos laborales, eliminación de antecedentes y acceso a redes de cuidado para aquellas que tienen menores de edad a cargo. En segundo lugar, es urgente generar vínculos con oportunidades laborales en el exterior. Esto implica no solo ajustar las capacitaciones para poder acceder a empleos presentes en la comunidad (ver Undurraga y Cárdenas, 2000), sino también fortalecer el componente de apoyo post penitenciario que los resultados dan cuenta es extremadamente precario. Parte de esta labor debiese ser realizada en conjunto con los municipios locales. Como se señala en el Capítulo 8, un porcentaje alto de mujeres vuelve a un número menor de municipalidades. El trabajo conjunto entre municipios y Gendarmería debe ser promovido como parte de la estrategia de intervención. Asimismo, debe brindarse capacitación en emprendimiento, ya que el trabajo formal no es siempre una alternativa posible para mujeres que deben combinar trabajo y cuidado de los hijos, y este tipo de labores otorga empoderamiento y flexibilidad, aspectos clave para fomentar la independencia económica que la mayoría de las mujeres del estudio no posee. Ahora bien, es fundamental destacar que la temporalidad de las intervenciones debe responder al perfil específico de necesidades de la mujer. Por ejemplo, el acceso a capacitación intrapenitenciaria especializada y a empleo debiese ser prioritario y temprano para aquellas mujeres que cumplen con un perfil como el de la clase 1 (ver Capítulo 4), de manera de evitar un retorno a la venta de drogas al salir de la unidad. Para mujeres que presentan problemas de consumo de drogas, la intervención debe partir por abordar éste, generando otros mecanismos de apoyo económico que evite la recaída en el delito asociada a necesidades materiales una vez que se sale de la unidad (ver Capítulo 11). Sobre este punto, es clave destacar que existe evidencia de que el apoyo económico al salir, tanto a través de apoyo monetario directo (Munyo y Rossi, 2015) como a través de beneficios sociales generales (Tuttle, 2019) generan una disminución en la reincidencia delictual de quienes salen en libertad.

Las drogas son un claro obstaculizador de los procesos de intervención y su intervención mejora claramente la reinserción social (Mackenzie, 2006; Visher, y Travis, 2011). En el estudio, fue posible observar que cerca del 40% de las mujeres que sale en libertad presenta consumo problemático de drogas, pero que menos del 10% accede a tratamiento. Por lo anterior se torna clave aumentar la oferta de rehabilitación de drogas intrapenitenciaria, aislando a quienes están en consumo activo del resto de la población con el modelo de comunidad terapéutica. Ahora bien, esta mayor intervención intrapenitenciaria debe ir acompañada de tratamiento al exterior de la unidad.

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Como se señaló en el Capítulo 9, los resultados dan cuenta de mujeres que, habiendo disminuido su consumo en la unidad, presentan una dependencia y abuso de drogas a los doce meses posteriores al egreso. Sin tratamiento en el exterior, el riesgo de re-caída en el consumo es sumamente alto. Cabe recordar que un consumo problemático de sustancias se asocia con resultados negativos en términos de reinserción observando mayores niveles de conflicto familiar, inestabilidad residencial y desempleo. Asimismo, considerando que el consumo y la dependencia es más prevalente en aquellas mujeres que cumplen condenas cortas (ver Capítulo 4), se sugiere, como se señaló, fomentar el uso de alternativas al encarcelamiento asociadas a la oportunidad de acceder a programas de rehabilitación, tal como ocurre en los Tribunales de Tratamiento de Drogas.

En cuanto a la vivienda, sobre el 70% de las mujeres del estudio reporta haber vivido en más de un hogar en los doce meses posteriores al egreso, y casi un cuarto haberlo hecho en 4 o más lugares (Capítulo 8). Esta inestabilidad residencial es mayor entre quienes son más jóvenes, tienen conflictos familiares, no tienen vivienda propia, y presentan consumo problemático de sustancias, entre otros factores.Quienes presentanmayor inestabilidadresidencial tienen, a la vez, mayor probabilidad de reincidir. Acceder a un lugar seguro donde vivir, es clave en las primeras etapas tras el egreso, por lo que cobran sentido, casas de acogida o half-way houses que brinden al menos una solución transitoria para cierto grupo de mujeres.

La presencia y calidad de los vínculos sociales se encuentra a la base del proceso de reinserción (McNeill, 2014). La evidencia demuestra que los vínculos sociales significativos con personas pro-sociales disminuyen la conducta delictual favoreciendo una identidad y status pro social especialmente en los casos de mediano y alto riesgo de reincidencia (Kazemian, y Maruna, 2009). Uno de los principales polos de integración social es la familia, capaz de entregar apoyo emocional y material a quienes salen en libertad mediante la entrega de vivienda, dinero y conexión social con el resto de la comunidad (Leverentz, 2011). Sin embargo, tal como se observó en el presente estudio, hay un grupo relevante de mujeres que declara tener conflicto con la familia o que experimentan violencia de pareja a lo largo del período de seguimiento. De hecho, quienes reinciden declaran mayores niveles de conflictividad familiar (ver Capítulo 11) y, aunque la mayoría en la última ola declara sentirse satisfecha o muy satisfecha con sus relaciones familiares (70%), esto tiende a disminuir (aunque de manera muy leve) a lo largo del año de seguimiento. Esto es consistente con el hecho de que más de la mitad señala que es difícil rehacer las relaciones familiares y con los hijos. De manera interesante, estos cambios en los niveles de satisfacción no se observan en el ámbito de los aspectos materiales, donde a pesar de que el nivel de insatisfacción es más alto, este se mantiene relativamente estable a lo largo del año. Esto podría estar dando cuenta de que un área importante de intervenir es el ámbito de las relaciones familiares y que sólo brindar atención en el ámbito de la carencia material no es suficiente para lograr aportar estabilidad a la vida de estas mujeres. Generar intervenciones que aborden la resolución de conflictos, la desnaturalización de contextos de violencia, y la promoción de vínculos sanos, pareciera ser clave en esta población.

Finalmente, en cuanto a actitudes y comportamientos, la literatura en reinserción da cuenta de la necesidad de complementar la entrega de oportunidades con una intervención enfocada en cambios individuales de corte más motivacional. Existe consenso sobre la efectividad de los programas basados en un enfoque cognitivo-conductual (McKenzie, 2006), que buscan justamente generar cambios en las actitudes y, con ellos, conductas, asociadas a la comisión de delitos. La importancia del cambio a nivel individual ha sido también destacada en la literatura del desistimiento como un antecedente fundamental para poder beneficiarse (en términos de abandono de la conducta delictual) del acceso a oportunidades (Giordano et al., 2002; Paternoster y Bushway, 2011). En línea con lo anterior, pareciera ser la interacción entre cambios del individuo y cambios en las oportunidades que el contexto provee lo que hace un programa exitoso (Nakamura y Bucklen, 2014; Uggen, 2000). Por ejemplo, no bastaría con dar acceso a empleo sin un trabajo paralelo que aborde la identidad prosocial, como tampoco bastaría con cambios identitarios si no existen oportunidades reales de integración. En el caso de los resultados presentados, la identidad delictual propia y percibida por otros se asocia con una mayor probabilidad de reincidencia en las mujeres del estudio, así como una menor percepción de control sobre la propia vida parece afectar tanto las posibilidades de trabajar como las de reincidir. Por otro lado, el hecho que 65.4% de quienes reinciden lo haga dentro del primer mes, da cuenta no solo de la necesidad de un apoyo inmediato e intenso tras el egreso, sino también de factores de corte motivacional que podrían explicar la recaída temprana en el delito (Kurlychek et al., 2012). Por lo mismo, se sugiere evaluar el programa de Reinserción Social para Personas Privadas de Libertad de manera de incorporar, con un enfoque de género y cognitivo-conductual, componentes de empoderamiento, agencia y auto-regulación, así como expandirlo

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a aquellas mujeres con condenas cortas pero alto compromiso delictual (CJS, 2019 para un análisis de cobertura).

Finalmente, aunque los resultados presentados no abordan directamente la forma que debe tomar la intervención, la literatura si da luces sobre la importancia del vínculo entre la mujer y quien participa de su proceso de intervención. En el caso del Estudio de Reinserción, esto se vio reflejado en el trabajo de terreno. Para el éxito del seguimiento (ver Capítulo 3), fue fundamental la confianza y el respeto mutuo con la encuestadora, que permitió, en muchos casos, la generación de un vínculo personal. Esto coincide con la relevancia que le da la literatura al eje relacional de la intervención. Para una intervención sea exitosa es fundamental la construcción de la relación entre el interventor y el intervenido, en una base de confianza, entendimiento y respeto mutuo (Adler, et al., 2016). En este sentido, el rol del equipo psicosocial no debe limitarse a la gestión de los programas ni a la promoción y sustento del desistimiento como una práctica administrativa, sino que deben considerarse una parte activa del proceso de cambio del infractor (McNeill, y Weaver, 2010), reconociendo y reforzando los avances en el proceso de reinserción. Tal como plantean Maruna, LeBel, Naples, y Mitchell, (2009), las personas comienzan a creer que pueden cambiar de manera efectiva, cuando la gente a su alrededor empieza a creerlo también. Esto implica poner el foco en la mujer que ingresa a la cárcel, con la confianza en el éxito del proceso de reinserción que se inicia.

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134


135


Anexo A: Tablas y Figuras

Figura 3.3: Balance muestra / No participantes

Diferencia estandarizada de promedios

Delito otro

2.0

1.5

1.0

0.5

−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0

Delito propiedad

Libertad condicional

Hurto Condena anterior

CasadaNº hijos CPF

Año nacimiento

Delito drogas

Delito personas

Raz

ón

de

vari

anza

Figura 6.4: Tasa de Ocupación de la muestra, mes 1 al 11 (n=169)

Tasa de Ocupación Tasa de Ocupación Femenina Chile (promedio Sept 2016 - Mar 2018 INE)

60

50

40

30

20

10

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

136


Figura 9.2: Media de puntaje de severidad global según ola (n= 225, IC sig 95%)

Tabla 9.6: Porcentaje con enfermedades diagnosticadas por algún profesional de la salud

Alguna vez en la vida En los últimos Total (línea de base) doce mesesAlguna enfermedad diagnosticada 35 28 47Enfermedad Cardiovascular 16 7 19Problema de salud mental 11 10 17Diabetes y/o obesidad 7 2 8Otras enfermedades 7 4 9Enfermedad respiratoria (EPOC, Asma y otras) 5 5 8Enfermedad reumática 5 3 7Discapacidad física o cognitiva 5 1 6Cáncer 3 2 4Problema ginecológico 3 1 4ETS 2 1 2

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

Linea de Base Primera semana Dos meses Seis meses Doce meses

Media de Severidad Global SCL-90

Media + -

1,200

1,000

0,800

0,400

0,200

0,000Línea base Primera semana Dos meses Doce mesesSeis meses

Media de Severidad Global SCL-90

Media + -

137


Figura 10.9: Clase Efectos Marginales

(a) Vivienda temporal según clase

0.100

0.075

0.050

0.025

0.000

Viv

ien

da

tem

po

ral

Clase 1 Clase 2 Clase 3

(c) Trabajo independiente según clase

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

Trab

ajo

ind

epen

die

nte


(b) Noche en lugar de riesgo según clase

0.2

0.1

0.0

No

che

en lu

gar

de

ries

go


(d) Contacto programas según clase

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1Co

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cto

inst

itu

cio

nes


138

Tab

la 1

0.1:

Mo

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0.

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Ola

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Edad

-0

.02

-0

.11

-0

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-0

.03

-0

.05

0.

04

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-0

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8]

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139

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140


Nota: Otros robos incluye: (i) Robo en lugar habitado con gente; (ii) Robo en lugar habitado sin gente; (iii) Robo en lugar no habitado; (iv) robo vehículo; (v) Robo en vehículo; (vi) Robo por sorpresa; (vii) Robo con intimidación y amenaza; (viii) Robo con intimidación y arma; (ix) Robo con violencia. Delito de droga incluye: (i) Venta de droga; (ii) Preparación, empaquetamiento de drogas. Otras actividades ilegales incluye: (i) Actividades ilegales; (ii) Receptación; (iii) Vandalismo; (iv) Estafas; (v) Porte de armas.

Figura 11.18: Prevalencia mensual por tipo de delito entre reincidentes (n=78)

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Figura 11.19: Cambio en el tiempo de cuánto le gustaría y cuánto cree que podrá dejar de cometer delitos, entre línea de base y 12 meses (n=63)

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Figura 11.20: Familiar involucrado en delito según reincidencia (n=129) (% Sí)

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141


En esta sección se revisan los programas de reinserción femenina disponibles específicamente en las cárceles de la Región Metropolitana, desde donde egresa la población que participa en este estudio. Se consideraron programas que se realizan desde Gendarmería de Chile (GENCHI), y desde instituciones y organizaciones privadas que trabajan al interior de la unidad2.

1. Programa de Reinserción Social para Personas Privadas de Libertad (PPL): Este programa tiene como objetivo la disminución de la reincidencia y contribuir a la convivencia social y seguridad ciudadana. En base al Modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR) (Andrew y Bonta 2001), se organiza la oferta programática disponible que incluye desde programas de recreación a intervenciones especializadas. El programa contempla la aplicación de un instrumento estandarizado que representa uno de los ejes principales del sistema de reinserción de Gendarmería, conocido como IGI. El Inventario para la Gestión de Caso/Intervención (IGI) es una herramienta canadiense del 2004 que ofrece un análisis de características individuales y sociales que son relevantes para la toma de decisiones relativa al proceso de intervención para cada persona. Se evalúan los ocho factores de riesgo propuestos por el modelo3, a partir de los cuales se define el tipo de intervención requerido4.

2. Programa Creciendo Juntos5: Éste es el único programa de Gendarmería que posee cierto enfoque de género al tener en consideración las necesidades propias de cierto grupo de la población penal femenina. La población objetivo es mujeres embarazadas y madres de hijos lactantes que estén privadas de libertad, así como también padres y madres que mantengan un vínculo filial con hijos de hasta 14 años. El programa está organizado en dos componentes. El primero de ellos, conocido antiguamente como el Programa de atención a mujeres embarazadas y con hijos lactantes, se desarrolla en la sección materno-infantil del recinto penitenciario, es decir, aquella sección donde residen las mujeres embarazadas y las madres con hijos lactantes de hasta 2 años. El segundo componente corresponde al antiguo programa Conozca a su hijo, y consiste en talleres destinados a hombres y mujeres condenados, que mantengan vínculo filial menores de hasta 14 años5.

3. Programa Mujer Levántate6: Esta Fundación apoya a las internas del Centro Penitenciario Femenino San Joaquín en su proceso de reinserción, acompañándolas durante un año antes del egreso, y un año post egreso. A partir de una evaluación de riesgo se le construye a cada mujer un plan de intervención y luego en los talleres se abordan temáticas como habilidades sociales, manejo de la ira, resolución anticipada de problemas, manejo de finanzas personales, manejo de los impulsos, cómo comunicarse, anticipar la llegada a la familia, entre otras.

1. Esta sección fue escrita por Emilia García, en base al taller de titulación realizado en 2020 con Paulo Adrian. Ver García y Adrian, 2020. Para mayor información sobre programas disponibles en Chile, revisar Piñol y col. 2015 y CJS 2020.2. Para esta revisión se consideraron solo los programas de reinserción social femenina desarrollados en la Región Metropolitana que cumplen con la conceptualización de programa desarrollada por Fernández-Ballesteros (2001): “un conjunto especificado de acciones humanas y recursos materiales diseñados e implantados organizadamente en una determinada realidad social, con el propósito de resolver algún problema que atañe a un conjunto de personas”. Muchas de las iniciativas que se realizan actualmente en las cárceles en Santiago y otras regiones buscan acompañar o ayudar a mujeres privadas de libertad a pasar su condena pero no cuentan con la estructura organizacional ni la claridad de objetivos para calificarse como programa de intervención propiamente tal. Por esa razón, no fueron consideradas en los programas que se presentan.3. Considera los siguientes factores: historia delictual, educación/empleo, familia/pareja, uso del tiempo libre, grupo de pares, consumo de alcohol/drogas, actitud y orientación procriminal y patrón antisocial. 4. Para un análisis de la cobertura de este programa, ver CJS, 2020.5. Más información en: https://www.gendarmeria.gob.cl/pob penal.html 6. Más información en: http://mujerlevantate.cl

Programas de reinserción en Santiago1

Anexo B

142


Fuera del penal se realiza un nuevo plan de intervención reformulando el anterior. En primer lugar, los profesionales hacen visitas domiciliarias durante 12 meses para hacer seguimiento a las mujeres, en segundo lugar se les busca capacitaciones en distintos oficios para optar por un mejor empleo. Esta fundación cuenta además con casa de acogida que entrega residencia temporal para las mujeres egresadas que no tienen dónde vivir.

4. Programa Abriendo Puertas en Libertad7: La Corporación Abriendo Puertas trabaja en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y recientemente en la Cárcel de Máxima Seguridad de Rancagua. A través del programa Abriendo Puertas en Libertad se realizan talleres de capacitación y acompañamiento individual a las internas dentro y fuera del penal, cuyo objetivo es facilitar y acompañar a las mujeres durante el proceso de egreso al medio libre. El programa contiene distintos talleres y en cada sesión se abordan distintas temáticas que ayuden y preparen a las mujeres para el egreso. Una vez egresadas del penal los voluntarios de la Corporación acompañan a las mujeres en este periodo vinculándolas con redes para acceso a beneficios, chequeo de antecedentes personales, colocación laboral, nivelación de estudios, entre otros. Terminado el Plan de Retorno al Hogar la Corporación le hace seguimiento por 12 meses aproximadamente para conocer las condiciones en las que se encuentra.

5. Programa Rehaciendo Vínculos8: este programa a cargo de la Vicaría de la Pastoral y tiene como fin promover la reinserción social femenina mediante la restitución y reparación de los vínculos materno-filiales. Esto lo logran mediante talleres formativos y acompañamiento individual dentro del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, que duran 12 meses aproximadamente, enfocadas a madres privadas de libertad y un encuentro protegido mensual con sus hijos al interior del CPF. Hoy trabajan con madres del CPF de Santiago que provienen de las comunas Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, La Granja, San Joaquín o Lo Espejo.

7. Más información en: http://www.corporacionabriendopuertas.cl 8. Más información en: http://www.vicaria.cl/area solidaria.php

143

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