RECURSO DE APELACIÓN: SUP-RAP-188/2008...
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RECURSO DE APELACIÓN: SUP-RAP-188/2008 RECURRENTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA SECRETARIOS: ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA. México, Distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil ocho. V I S T O S los autos del expediente SUP-RAP-188/2008, correspondiente al recurso de apelación interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la resolución CG452/2008, dictada el treinta de septiembre del dos mil ocho, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el expediente JGE/QPAN/CG/046/2007, y R E S U L T A N D O PRIMERO. De las constancias que obran en autos y del escrito del partido recurrente, se advierten los siguientes antecedentes del asunto: a) Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil siete, Manuel Espino Barrientos, como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, presentó ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral
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RECURSO DE APELACIÓN: SUP-RAP-188/2008
RECURRENTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA
SECRETARIOS: ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA.
México, Distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil ocho.
V I S T O S los autos del expediente SUP-RAP-188/2008,
correspondiente al recurso de apelación interpuesto por el
Partido de la Revolución Democrática, en contra de la
resolución CG452/2008, dictada el treinta de septiembre del dos
mil ocho, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral,
en el expediente JGE/QPAN/CG/046/2007, y
R E S U L T A N D O
PRIMERO. De las constancias que obran en autos y del escrito
del partido recurrente, se advierten los siguientes antecedentes
del asunto:
a) Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de
dos mil siete, Manuel Espino Barrientos, como Presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional,
presentó ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral
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una denuncia en contra del Partido de la Revolución
Democrática, por actos que consideró violatorios de las
disposiciones del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
b) Los hechos mencionados por el partido denunciante como
constitutivos de infracciones a la legislación electoral federal, se
relacionan con los siguientes hechos:
1. La toma de la tribuna del Congreso de la Unión ocurrida el
primero de septiembre del dos mil seis, cuando el entonces
Presidente de la República Mexicana rindió el Sexto Informe de
Gobierno.
2. La toma de la tribuna del Congreso de la Unión ocurrida el
primero de diciembre del dos mil seis, cuando el ciudadano
Felipe Calderón Hinojosa, rendiría protesta como Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos.
3. Actos relacionados con la denominada Convención Nacional
Democrática y la “Presidencia Legítima” del ciudadano Andrés
Manuel López Obrador.
4. El plantón o toma de la Avenida Paseo de la Reforma en la
ciudad de México, Distrito Federal.
5. Financiamiento de la asociación “Andrés Manuel López
Obrador”.
6. La transmisión de un spot en el cual el otrora candidato de la
Coalición Por el Bien de Todos, ciudadano Andrés Manuel
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López Obrador simula tomar posesión como “presidente
legítimo de México”.
7. La irrupción violenta en un inmueble federal destinado a la
realización de una actividad pública de carácter religioso
(catedral de la ciudad de México, Distrito Federal).
c) Mediante acuerdo del cuatro de diciembre de dos mil siete,
emitido por el Secretario de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Federal Electoral, se determinó radicar la denuncia y
formar el expediente JGE/QPAN/CG/046/2007; emplazar al
Partido de la Revolución Democrática, para que en el plazo de
cinco días hábiles contestara lo que a sus intereses conviniera,
y girar oficio al Secretario Técnico de la Comisión de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, con
copia de la queja y sus anexos, para los efectos legales
procedentes.
d) En su oportunidad, el partido denunciado contestó la queja
alegando la improcedencia de la misma y exponiendo las
razones de hecho y de derecho que, en su opinión,
evidenciaban lo infundado de la queja.
e) La queja de mérito se sustanció por sus fases legales, se
decretaron distintas diligencias probatorias, en relación con los
eventos aducidos en la queja y en su oportunidad, el expediente
se puso a la vista de las partes para que formularan
alegaciones, lo cual hicieron.
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f) Mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil ocho, el
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral
declaró cerrada la instrucción del procedimiento.
g) En sesión extraordinaria celebrada los días veintinueve,
treinta de septiembre y primero de octubre de este año, el
Consejo General del Instituto Federal Electoral dictó la
resolución CG452/2008, aprobada el segundo día de la sesión,
es decir, el treinta de septiembre pasado, según lo refiere el
impugnante y lo reconoce expresamente la responsable en el
informe circunstanciado. En la determinación se declaró
parcialmente fundada la queja.
SEGUNDO. La resolución recurrida concluyó con los resolutivos
siguientes:
“PRIMERO. Se declara parcialmente fundada la queja presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido de la Revolución Democrática, en términos de lo dispuesto en el considerando 11 de la presente determinación.
SEGUNDO. Se impone al Partido de la Revolución Democrática una reducción de ministraciones, equivalente a $13.4367% de la ministración total que reciba por concepto de financiamiento de actividades ordinarias, en los términos previstos en el considerando 12 de este fallo.
TERCERO. En términos del artículo 355, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, el monto de las sanciones antes referidas será deducido de las siguientes doce ministraciones de financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el Partido de la Revolución Democrática durante el presente año, una vez que esta resolución haya quedado firme.
CUARTO. Notifíquese la presente resolución.
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QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.”
El Partido de la Revolución Democrática tuvo conocimiento de
la resolución que lo sancionó, el mismo día en que fue
aprobada.
TERCERO. Inconforme con esa determinación, por escrito
presentado ante la responsable el cuatro de octubre de este
año, el Partido de la Revolución Democrática, a través de su
representante suplente Rafael Hernández Estrada, acreditado
ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral,
interpuso en su contra recurso de apelación.
CUARTO. El medio de impugnación, sus anexos y el informe
circunstanciado, se recibieron en esta Sala Superior el ocho de
octubre de este año, y mediante proveído de la presidencia del
día siguiente, se formó el expediente SUP-RAP-188/2008,
mismo que se ordenó turnar a la ponencia de la Magistrada
María del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos previstos en
los artículos 18 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral.
El mandamiento se cumplimentó mediante oficio TEPJF-SGA-
5193/08 de la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal.
QUINTO. Por acuerdo de veintitrés de octubre siguiente, la
magistrada encargada de la substanciación del recurso, lo
admitió a trámite, tuvo a la autoridad recurrida por rindiendo el
informe circunstanciado y ordenó abrir la etapa de instrucción
del medio impugnativo.
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SEXTO. Mediante proveído de seis de noviembre de dos mil
ocho, al no existir más diligencias pendientes por practicar, la
magistrada instructora cerró la instrucción y con ello quedaron
los autos en estado de dictar sentencia.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación es competente para conocer y
resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III,
inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación; así como el 40, párrafo 1,
inciso b) y 44, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, todas estas
normas, conforme a lo que disponían al momento en que se
realizaron los hechos que sustentan el procedimiento
subyacente, por recurrirse en apelación una determinación
adoptada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral,
órgano central de dicho organismo, en la cual se sanciona al
partido recurrente por actos realizados entre dos procesos
electorales federales.
SEGUNDO. Resulta innecesario para resolver el presente
asunto, transcribir el acuerdo impugnado y los agravios
expresados por el apelante, por no exigirlo la ley y porque para
la decisión que se adopta se tendrá en cuenta el contenido de
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ambos documentos, al igual que las demás constancias del
expediente.
TERCERO. Procedencia del medio de impugnación. Se
cumplen con los requisitos de procedencia previstos en los
artículos 8, 9, párrafo 1, 42 y 45 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme a los
razonamientos siguientes:
a) Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de
cuatro días que establece la ley, pues en autos se advierte que
la resolución recurrida es de treinta de septiembre de dos mil
ocho y el escrito impugnativo se presentó el cuatro de octubre
del mismo año, evidentemente, dentro del plazo de cuatro días
a que se refiere el artículo 8 citado.
b) Legitimación y personería de las partes. El recurso de
apelación fue promovido por parte legítima, porque conforme al
artículo 45, inciso b), fracción I de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde
interponerlo, entre otros, a los partidos políticos a través de sus
representantes legítimos. En la especie, el recurrente es el
Partido de la Revolución Democrática, quien lo interpone por
conducto de su representante suplente acreditado ante el
Consejo General del Instituto Federal Electoral.
c) Interés jurídico. Se advierte que el partido político
recurrente cuenta con interés jurídico para interponer el recurso,
por tener el carácter de sancionado en la resolución recurrida;
por ende, le asiste el derecho para controvertir esa
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determinación, si considera que no se ajusta a los principios de
constitucionalidad y legalidad.
d) Definitividad de la resolución. Se cumple con este requisito
general de los medios impugnativos en materia electoral, toda
vez que no se encuentra previsto en la ley algún recurso o
medio de defensa ordinario, por virtud del cual la resolución
combatida pudiera ser revocada, modificada o anulada.
CUARTO. Estudio de fondo. El inconforme hace valer distintos
agravios, algunos preferentes en cuanto a su estudio, razón por
la cual se analizan en primer orden esta clase de
planteamientos, para luego estudiar los que están dirigidos a
cuestionar el fondo de la determinación impugnada.
Cuestión de competencia del Instituto Federal Electoral.
El partido político recurrente sostiene, en el primero de sus
agravios, que la autoridad administrativa electoral carecía de
competencia para conocer de los hechos que se plantearon en
la denuncia que dio origen al procedimiento sancionador en el
que se dictó la resolución que ahora se combate.
Lo anterior, porque, en su concepto, las conductas denunciadas
se verificaron por legisladores en ejercicio del cargo para el cual
fueron electos.
El agravio antes señalado es infundado en atención a los
motivos, razones y fundamentos que se exponen a
continuación.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo
segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de
interés público que tienen por objeto promover la participación
del pueblo en la vida democrática del país, de conformidad con
los programas, principios e ideas que postulen.
La previsión constitucional no constituye un derecho absoluto
de los partidos políticos, sino que se encuentra acotada por
restricciones específicas previstas en la propia Constitución y
desarrolladas en la legislación de la materia, mediante el
establecimiento de márgenes o límites que permiten el
adecuado ejercicio de las prerrogativas constitucionales.
El sistema de partidos políticos previsto en la ley suprema de
los Estados Unidos Mexicanos, incluye cánones de actuaciones
partidistas permitidas, lo mismo que prohibiciones para acotar a
la constitucionalidad y a la legalidad su actuación, a efecto de
garantizar la observancia de los principios reguladores de su
existencia, del sistema electoral y político del Estado, así como
el orden jurídico nacional.
La obligación de los partidos políticos de abstenerse de ciertas
conductas, encuentra justificación en esas premisas y en la
naturaleza de instituciones de interés público que dichas
agrupaciones de ciudadanos adquieren al momento de que la
autoridad competente les otorga el registro como partidos.
Dicha naturaleza, tiene como condición principal de
subsistencia, que dichos entes se sujeten de manera irrestricta
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a las normas por las que se les otorgan prerrogativas y
obligaciones, entre las que destacan las de contribuir al
desarrollo de la vida democrática del país y de respetar las
instituciones que conforman el Estado, en términos de lo
dispuesto en las bases I, II y III del párrafo segundo del
señalado artículo 41 constitucional.
Ahora bien, para que las previsiones mencionadas se observen
en la actuación de los institutos políticos, en el artículo 41, base
V, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se estableció, entre otras cuestiones, que el
Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y
directa las actividades relativas a los derechos y prerrogativas
de las agrupaciones y de los partidos políticos.
Dicha facultad, no se constriñe a que la verificación de las
tareas de los institutos políticos se lleve a cabo con fines
informativos, pues de dicha manera, las actuaciones de la
autoridad administrativa electoral tendentes a esa verificación,
carecerían de efectos prácticos y eficacia jurídica dentro del
sistema de control de todos los actos electorales.
Esto es, el hecho de que el constituyente haya dispuesto
otorgar al Instituto Federal Electoral competencia integral y
directa para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la
materia, entre cuyos destinatarios están los partidos políticos,
implica como presupuesto fundamental, la facultad para
sancionar el incumplimiento de las obligaciones constitucionales
y legales que les corresponden.
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La regulación de las actuaciones de los partidos políticos no se
circunscribe a las previsiones constitucionales, sino que se
extienden a las disposiciones legales atinentes, en términos de
lo dispuesto en el párrafo noveno de la base V del artículo 41
constitucional.
Así, la facultad de vigilancia del Instituto Federal Electoral, no
se acota en circunscribir su deber de vigilancia a que los
partidos políticos cumplan con las normas, principios y reglas
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sino que se extiende a las previsiones normativas
de índole legal, con el objeto de que en el sistema de partidos
políticos del Estado mexicano se cuente con los mecanismos
integrales de control, prevención y, en su caso, corrección de
las actuaciones de los institutos políticos.
Una de las obligaciones legales de los partidos políticos es la
prevista en el artículo 38, párrafo 1, inciso b), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la
cual se establece, entre otras, como deber de los partidos
políticos nacionales, abstenerse de recurrir a la violencia y a
cualquier acto que tenga por objeto alterar o impedir el
funcionamiento regular de los órganos de gobierno.
Conforme con lo antes señalado, este órgano jurisdiccional
advierte que, contrariamente a lo manifestado por el partido
político actor, la autoridad responsable sí contaba con
facultades para iniciar el procedimiento administrativo
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sancionador, sustanciarlo y, en su caso, imponer la sanción que
conforme a derecho procediera.
Lo anterior porque, para el inicio del procedimiento
administrativo sancionador, las imputaciones al Partido de la
Revolución Democrática, respecto de los hechos denunciados,
podían ser constitutivos de violaciones al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales; por ende,
susceptibles de investigarse y sancionarse por la autoridad
administrativa electoral, a lo cual se arriba del análisis de la
resolución cuestionada, que por cierto, el recurrente impugna
sobre la base de una premisa inexacta, al sostener que el
procedimiento administrativo sancionador originario tiene por
objeto la indagatoria de actuaciones de ciudadanos, realizadas
en ejercicio de un cargo público de elección popular (diputados
y senadores del Congreso de la Unión) o de la libertad de
reunión y del derecho a la participación política del país
(ciudadanos en general), y se sancionan al partido por esos
actos.
Lo inexacto de esta premisa deriva del hecho de que, el
procedimiento administrativo sancionador no se siguió en contra
de esos ciudadanos para reprochar las conductas realizadas en
ejercicio de sus derechos, tampoco se sanciona a legislador o
funcionario público alguno por el ejercicio de sus atribuciones,
sino que el procedimiento se siguió en contra del partido político
por actos susceptibles de imputársele como agrupación
ciudadana, que pudieran ser constitutivos de infracciones a la
ley electoral federal, y así se resolvió, conforme con los
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elementos probatorios aportados para ese efecto, mismos que
se consideraron suficientes para presumir que en los hechos
relativos a las tomas de tribuna del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos y la instalación de campamentos ciudadanos
en diversas vialidades de la Ciudad de México, el Partido de la
Revolución Democrática violentó lo previsto en el artículo 38,
párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Para ilustrar lo anterior, resulta pertinente señalar las
consideraciones sostenidas por la autoridad responsable en la
resolución impugnada, las que, al efecto, son las siguientes:
“…
Al respecto, debe decirse que el Instituto Federal Electoral, como autoridad federal depositaria de la función estatal comicial, cuenta con facultades para vigilar que el actuar de los partidos políticos se ajuste a los cauces legales, reglamentarios y normativos dictados para el cumplimiento de sus finalidades constitucionales y legales, y en la especie, en lo referente a que se impida el funcionamiento regular de los órganos de gobierno -toma de tribuna de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión- por parte de los Diputados y Senadores de las fracciones parlamentarias de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista.
Conforme a lo preceptuado en los artículos 1, 3, 23, párrafo 2; 38, párrafo 1 incisos a) y b), 39, párrafo 2; 82, párrafo 1, inciso w); y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral está obligado a conocer y sustanciar los procedimientos administrativos relacionados con hechos presuntamente violatorios de la norma comicial, a fin de que, de comprobarse la comisión de irregularidades atribuibles a uno o más partidos políticos, se impongan las sanciones correspondientes conforme a los estándares legales y reglamentarios establecidos para ello.
En el caso a estudio, los sucesos materia de este procedimiento se refieren a la violación de diversas normas legales relacionadas
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con el hecho de que a través del uso de violencia se impidió el funcionamiento regular de los órganos de gobierno (Cámara de Diputados y de Senadores), lo cual, de comprobarse, resultaría conculcatorio del artículo 38, párrafo 1, incisos a) y b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; lo anterior, con independencia de las posibles violaciones a normas de otra materia.
En ese orden de ideas, esta autoridad se encuentra obligada a agotar todas las fases del procedimiento de mérito, para que en su caso, se imponga la sanción respectiva por haber violado los deberes previstos a los partidos políticos nacionales en el supuesto o los supuestos normativos que se estiman transgredidos.
…”
De lo anterior se corrobora que el objeto del procedimiento era
investigar si el Partido de la Revolución Democrática realizó los
actos atribuidos en la denuncia y verificar si éstos podían
constituir alguna infracción legal o incumplimiento de las
obligaciones que debe atender, para imponer la sanción que, en
su caso, procediera.
En este tenor, resulta claro que la competencia de la autoridad
administrativa electoral para emitir la resolución cuestionada,
debe verificarse en relación con lo es realmente el objeto del
procedimiento y de la sanción impuesta, no respecto de si podía
o no analizar los actos de los legisladores federales o de los
ciudadanos en lo general, porque ninguno de éstos fueron
sancionados en la decisión recurrida.
En ese estado de cosas, si el procedimiento se siguió en contra
de un partido político nacional, por actos violatorios de la ley
electoral federal, los cuales son susceptibles de sancionarse
conforme a ese propio ordenamiento, entonces es inconcuso
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que la autoridad administrativa electoral sí tiene competencia
para verificar la actuación del Partido de la Revolución
Democrática, a efecto de determinar si es responsable de los
hechos denunciados, atribución que deriva de lo previsto en los
numerales 38, 39, 40, 342, 354 y 356 párrafo 1, del propio
código vigente al momento de los sucesos.
Luego, como la premisa esencial en la cual se basa el agravio
es incorrecta, la consecuencia es declarar infundado este
motivo de disenso.
Toma de la tribuna del Congreso de la Unión.
Por otro lado, en cuanto a las conductas relativas a la toma de
la tribuna del Congreso de la Unión, el apelante plantea
cuestiones de inconstitucionalidad de la norma aplicada, de lo
cual parte hacia los vicios de constitucionalidad y de legalidad
que atribuye a la resolución, además de aducir vicios tanto en la
fundamentación, la motivación, la valoración de la pruebas,
como en las conclusiones adoptadas por la responsable.
Los puntos de desacuerdo se refieren a los temas siguientes:
a) Inconstitucionalidad del artículo 38, párrafo 1 inciso b), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
b) Inobservancia del principio de tipicidad, porque en la
resolución no se determina el tipo concreto que constituye la
falta sancionada.
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c) Falta de comprobación de los elementos integrantes de la
falta.
d) Indebida valoración de la responsabilidad del partido
sancionado e incorrecta valoración de pruebas para ese efecto.
Sobre estos tópicos, el partido vierte distintos argumentos a
través de los cuales pretende justificar sus alegaciones, las
cuales en lo substancial se refieren a lo siguiente:
a) Por cuanto hace a la supuesta inconstitucionalidad del
artículo 38, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el recurrente afirma
que en dicha disposición no se define el elemento normativo
“funcionamiento regular” que configura la infracción, con lo cual
se trastoca el principio de legalidad y el de tipicidad rectores del
derecho punitivo, conforme a los cuales en la ley se deben
precisar las conductas que constituyan infracciones, con todos
los elementos que la conforman, a efecto de no vulnerar la
garantía prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
De igual modo, el recurrente señala que el mencionado artículo
es inconstitucional porque incluye como elemento integrante de
la descripción típica de la falta, los actos para protestar o
manifestar las ideas, lo cual implica, desde su perspectiva, que
el citado precepto 38 en el párrafo e inciso mencionados,
vulnera los derechos fundamentales a la libertad de expresión y
a la participación en la vida política del país, tutelados en los
preceptos 6 y 41 de la propia ley fundamental.
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b) Respecto a la legalidad de la resolución reclamada, el
impugnante afirma que la autoridad responsable no funda ni
motiva correctamente su determinación, pues inobserva el
principio de tipicidad, cuando aduce que la norma violada es el
artículo 38, párrafo 1, inciso b), del código referido, pero luego
al subsumir la conducta, dejó de precisar cuál de las diversas
faltas que se regulan en tal precepto, es la que finalmente se
integró, a partir de la hechos demostrados, lo cual considera
violenta la garantía de seguridad jurídica, porque desconoce la
hipótesis normativa que presuntamente conculcó.
En su concepto, en el inciso b) del párrafo 1, del aludido artículo
38 se prevén las hipótesis de infracción siguientes:
- Abstenerse de recurrir a la violencia. - Abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por objeto alterar el orden público. - Abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por resultado alterar el orden público. - Abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por objeto perturbar el goce de las garantías. - Abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por resultado perturbar el goce de las garantías - Abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por objeto impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno. - Abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por resultado impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.
El apelante precisa que el numeral establece supuestos
normativos diversos, con características y elementos propios,
por lo cual si la autoridad consideró violado dicho artículo,
entonces debió demostrar la actualización de todos esos
supuestos típicos con la totalidad de los elementos que los
conforman.
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Menciona que aun cuando el artículo 38, párrafo 1, en sus
incisos b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece al menos siete distintas hipótesis
sancionables, la autoridad administrativa electoral se limitó a
señalar de manera dogmática que “existieron elementos
suficientes para acreditar la responsabilidad directa del Partido
de la Revolución Democrática en la violación a lo dispuesto por
el artículo 38, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales”, sin indicar el
supuesto típico concreto al cual se estaba refiriendo.
Desde su perspectiva, si la autoridad hubiese practicado tal
ejercicio, tendría que haber concluido la imposibilidad de
sancionarlo, ya que bajo ninguna circunstancia se acreditarían
cada uno de los elemento del tipo.
c) Tocante a la falta de comprobación de los hechos que se le
atribuyen, el partido inconforme sostiene que si la hipótesis por
la cual fue sancionado, consistió en “abstenerse de realizar
cualquier acto que tenga por resultado impedir el
funcionamiento regular de los órganos de gobierno”, entonces
en el caso no se actualizarían los elementos del tipo, dado que
al tratase de una conducta de resultado material, era necesario
acreditar que el Partido de la Revolución Democrática desplegó
algún acto que impidiera el funcionamiento regular de algún
órgano de gobierno.
Sobre este mismo tema, el inconforme añade que la Cámara de
Diputados no constituye un “órgano de gobierno”; por tanto, no
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tenía que haber sido sancionado, que si lo anterior no fuera
suficiente, se tiene que en la especie tampoco se acredita el
elemento consistente en “impedir el funcionamiento regular del
órgano”, dado que en cuanto a la “toma de la tribuna respecto al
informe presidencial del otrora Presidente Vicente Fox
Quesada”, así como a la “toma de la tribuna en relación con la
protesta de Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de
México” el Congreso de la Unión funcionó cumpliéndose el
objetivo primordial de ambas sesiones, porque el entonces
Presidente de la República rindió el sexto informe de labores
por escrito y el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa rindió la
protesta constitucional del cargo de Presidente electo.
d) Finalmente, con relación a la responsabilidad que se le
atribuye, el partido impugnante refiere, que de acuerdo con los
criterios emitidos por esta Sala Superior, para acreditarla era
menester evidenciar que los actos fueron ejecutados a nombre
del partido político, a cuyo efecto, la responsable debió
demostrar que las conductas realizadas por las personas físicas
obedecieron o fueron consecuencia directa e inmediatamente
de lo determinado por dicho instituto o se relacionaban con el
trabajo partidista.
Lo anterior porque no basta para sancionarlo, la existencia de
sendos resolutivos del 5° y 8° Plenos del VI Consejo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática, en donde se
determinó, en el primero: “impedir que Vicente Fox Quesada
haga uso de la tribuna del Congreso de la Unión”, y en el
segundo se: “reitera su determinación de impedir la toma de
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protesta del usurpador el 1° de diciembre”, pues en ambos
casos –opina– se trató de pronunciamientos de carácter político
que no tuvieron un destinatario específico y que no son
vinculantes para sus legisladores, sino que se tratan de simples
recomendaciones.
Desde otra óptica, en el supuesto de que el tipo a actualizar
recayera en “abstenerse de realizar cualquier acto que tenga
por objeto impedir el funcionamiento regular de los órganos de
gobierno”, el partido impugnante razona, que la simple emisión
de las recomendaciones del Consejo Nacional no pueden ser
sancionables; por tanto, deben considerarse como meras
tentativas imposibles de configurar la infracción, puesto que los
medios empleados no resultan idóneos para causar el
resultado, por lo mismo no son aptas para fincarle
responsabilidad.
Previo el análisis de las cuestiones planteadas, se hace
indispensable dejar asentado algunas particularidades que
rigen sobre la debida previsión y la constitucionalidad de las
conductas ilícitas sancionables.
Conviene tener presente que un sector de la doctrina jurídica,
ha sostenido que el derecho administrativo sancionador posee
como objetivo garantizar a la colectividad en general, el
desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las
leyes administrativas, utilizando el poder del Estado para lograr
los objetivos en ellas trazados.
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Propósito que parte del hecho de que el Estado tiene un ius
puniendi único (facultad que tiene éste de imponer penas y
medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos) que, según
decida la ley, una veces será ejercido por jueces y otras por
autoridades administrativas.
En el ámbito administrativo el ilícito, falta o infracción, en
sentido lato, se identifica como la conducta tipificada en la ley,
realizada por particulares o por personas jurídicas, a través de
la cual se conculcan las normas administrativas, y esas
conductas tienen asignada como consecuencia una sanción.
Acorde con esa línea conceptual, para el derecho administrativo
sancionador electoral, falta o infracción administrativa es la
conducta (acción u omisión) con la cual se vulnera el régimen
electoral. La definición de falta o infracción electoral coincide,
esencialmente, con la concepción de delito, al tratarse en
ambos casos de un hacer o un no hacer que viola, transgrede o
pone en peligro derechos, prerrogativas o valores tutelados en
la ley. En ambos casos se exige, a su vez, que para hablar de
un delito o de una falta administrativa, que la conducta esté
prevista en la ley como ilícita y tenga asignada una sanción. La
identidad del tronco del derecho punitivo estatal da cuenta y
explica, que la sanción administrativa guarde similitud esencial
con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción
estatal frente a lo antijurídico.
Este criterio de identidad ha sido adoptado por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para
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establecer, al derecho administrativo sancionador electoral,
como una especie del derecho sancionador administrativo y
ambos a su vez como manifestaciones del ius puniendi estatal,
al cual son aplicables los principios desarrollados por el derecho
penal, matizados o adecuados, siempre que resulten útiles y
pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, sobre
la base de la naturaleza de las sanciones y el cumplimiento de
los fines de la actividad de la administración. Esto es, no se
discute la separación de los derechos penal y administrativo
sancionador, pero dada su semejanza esencial se acepta la
aplicación en ambos de ciertos principios, con las adecuaciones
necesarias.
Tal criterio aparece en la tesis S3EL 045/2002 publicada en las
páginas de la 483 a la 485 de la Compilación Oficial,
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo Tesis
Relevantes, con el rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”.
En el derecho penal, por exigencia constitucional para que una
conducta pueda concebirse como delito debe estar prevista
como tal en un precepto legal y debe tener asignada, además,
una penalidad específica. El fundamento de esta exigencia se
encuentra, primordialmente, en los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Tal principio, igualmente ha sido recogido por esta Sala
Superior en la tesis S3EL 045/2001, publicada en la página 346,
del Tomo Tesis Relevantes, de la Compilación Oficial
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro
refiere “ANALOGÍA Y MAYORÍA DE RAZÓN. ALCANCES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL”.
En el derecho penal, a partir de la definición usual de delito se
ha estructurado la teoría del tipo. Así, se divide esta teoría
general en: acción o conducta, tipicidad, antijuricidad y
culpabilidad. Tal enunciación responde a la preferencia que
tiene un elemento sobre otro en la determinación de la
existencia de un delito, ya desde el punto de vista dogmático,
ya judicial; de tal forma que en el mismo momento de
pronunciarlos se les otorga su importancia en relación con éste
y los que le suceden.
Por lo que hace al elemento de la acción, se dice que, gracias a
su saber causal, el hombre puede prever dentro de ciertos
límites las consecuencias posibles de su actividad, puede
igualmente ponerse fines diversos y dirigir su actividad,
conforme a su plan, a la consecución es estos fines.
Partiendo de tal concepción, debe tener presente que el
imperativo nullum crimen sine lege nos enfrenta a que sólo los
hechos tipificados en la ley como delito pueden ser
considerados como tal, por consecuencia, ningún
comportamiento por antijurídico y culpable que parezca puede
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llegar a la categoría de ilícito si al mismo tiempo no es típico, es
decir, si no corresponde a una descripción normativa de la ley
respectiva calificada como delito.
La tipicidad entendida así, tiene una función primordial
particularmente porque concierne a la faz descriptiva del ilícito y
esta descripción solamente puede efectuarla el legislador. El
juzgador por su parte debe constatar si la acción del sujeto
encuadra dentro de algún tipo legalmente descrito en la parte
especial de la ley; si no hay una perfecta adecuación,
simplemente no existiría delito, por lo mismo, la conducta
desplegada no podría ser objeto de sanción.
El mandato de tipificación se desarrolla en dos planos
sucesivos: primero, ha de declarar la ley cuáles son las
conductas que se consideran infracción administrativa y, luego,
ha de atribuir a cada una de tales infracciones la sanción que le
corresponde. Por tanto, se trata, de un doble mandato, aunque
en las sanciones la norma no tipifica (describe) propiamente
sino que se limita a fijar una consecuencia jurídica determinada.
En el Derecho Penal, la tipificación de la infracción de la
sanción tiene lugar de forma directa e individualizada. En el
derecho administrativo sancionador, el mecanismo es mucho
más complejo, ya que con frecuencia la tipificación no es directa
sino por remisión y la atribución no es individualizada sino
genérica. El mandato de tipificación (por ende, la misma reserva
legal y en último extremo el principio de legalidad) tiene un
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alcance muy distinto en el derecho administrativo al que tiene
en el derecho penal.
El mandato de tipificación implica la exigencia de que una
norma describa los elementos esenciales de un hecho, sin cuyo
cumplimiento tal hecho no puede ser calificado de infracción; a
su vez requiere, que el hecho concreto imputado se
corresponda exactamente con el descrito previamente en la
norma. Cuando tal correspondencia no existe, se produce la
falta de tipificación de los hechos.
En ese sentido, cuando no se integran todos los elementos
descritos en el tipo legal, se presenta el aspecto negativo del
delito llamado atipicidad, entendida como la ausencia de
adecuación de la conducta al tipo.
Definida tal concepción, es pertinente distinguir entre ausencia
de tipo y de tipicidad; la primera se presenta cuando el
legislador, deliberada o inadvertidamente omite describir una
conducta que, según el sentir o la percepción general, debería
ser incluida en el catálogo de los delitos. En cambio, la
ausencia de tipicidad surge cuando existe el tipo, pero no se
amolda a él la conducta dada.
Sobre el tema, es de apuntar que lo deseable es que la norma
realice su tarea tipificadora de manera precisa y autónoma, que
el tipo quede perfectamente descrito en una sola norma. No
obstante, la realidad es que, con frecuencia, para la tipificación
de una conducta, la norma descriptiva de la conducta ilícita ha
de acudir a otra, bien para complementar la conducta típica, o
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bien para determinar o definir uno de los elementos normativos
del tipo o bien para establecer la sanción o las modalidades de
su aplicación.
Tratándose de la legislación administrativa sancionadora
electoral, se pueden encontrar tipos cerrados (o autosuficientes)
y tipos abiertos (los que necesitan de otra norma que los
complete). Los primeros no representan problemas mayores en
cuanto a lo que se viene explicando, respecto del cumplimiento
del principio de tipicidad, porque son los tipos de ilícitos que
tienen regulados en una sola norma la totalidad de los
elementos que los conforman y la pena o sanción aplicable,
pero estos casos son los menos; la generalidad de los ilícitos
administrativos electorales son tipos abiertos, porque requieren
en su configuración la concurrencia de varias normas, tanto en
sus elementos esenciales como en las sanciones aplicables.
Con relación a la presencia de los elementos del tipo, se han
hecho patentes distintas clasificaciones, siendo para efectos del
presente estudio, invocar las siguientes:
a. Según las modalidades de la acción, tenemos ilícitos de
resultado y mera actividad.
Los de resultado requieren que la acción vaya seguida de un
resultado o consecuencia, separable temporalmente de la
conducta. Para que se dé este tipo debe darse una relación de
causalidad e imputación objetiva del resultado de la acción a un
sujeto.
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Éstos a su vez, se clasifican en formales o de simple actividad o
acción y materiales o de resultado o de resultado material.
Los ilícitos formales o de simple actividad o acción son aquellos
en los que se agota el tipo en movimiento corporal o en la
omisión del agente, no siendo necesario para su integración
que se produzca alguna alteración en la estructura o
funcionamiento del objeto material. Son infracciones de mera
conducta; se sanciona la acción (u omisión) en sí misma.
Los antijurídicos materiales son aquellos en los cuales para su
integración se requiere la destrucción o alteración de la
estructura o del funcionamiento del objeto material.
Por el contrario, los de mera actividad o mera conducta como
se reconocen, se caracterizan porque no existe resultado. La
mera acción consuma el ilícito.
En ese sentido, las infracciones de mera actividad se
contraponen a las de resultado, hasta el punto que cada una de
ellas carece de sentido sin el otro; esto determina que el estudio
de cualquiera de las dos no pueda realizarse si no es a partir de
la cuestión que los separa: esto es, la falta del resultado que
define a los ilícitos de resultado en los de mera actividad.
b. Según la relación con el bien jurídico.
En atención a la modalidad del daño al bien jurídico, la doctrina
distingue entre ilícitos de daño y de peligro. Los primeros son
aquéllos que consumados causan un daño directo y efectivo en
el bien jurídico protegido en el tipo. Los segundos son aquéllos
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en los que la consumación del tipo exige la creación de una
situación de peligro efectivo, concreto y próximo para el bien
jurídico.
Así, las características esenciales a tener en cuenta cuando se
habla de peligro son: a) La posibilidad o probabilidad de la
producción de un resultado, y b) El carácter dañoso o lesivo de
dicho resultado.
En ese sentido, si falta una de esas dos notas, falta también el
peligro. Por tanto, no podemos hablar de peligro cuando la
producción de un acontecimiento es imposible o, por el
contrario, cierta. El peligro es, por tanto, la mayor o menor
probabilidad de un acontecimiento dañoso, la posibilidad más o
menos grande de su producción.
Las infracciones o ilícitos de peligro suponen un adelantamiento
de la barrera punitiva a momentos previos a la lesión en
aquellos ámbitos en los cuales la experiencia ha permitido
tipificar, suficientemente, los límites de la norma de cuidado. En
caso contrario -cuando no sea posible determinar tales límites-
el legislador ha optado por tipificar la producción imprudente de
efectos no deseados.
Las herramientas utilizadas para trasladar la tutela tradicional
de bienes jurídicos a estos ámbitos “preparatorios” de una
conducta antijurídica son muy variadas, la más común es acudir
a la construcción de tipos que castigan el planeamiento
exteriorizado por la sola posesión de objetos conocidamente
utilizados para la realización de una clase de ilícitos o incluso la
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manifestación de voluntad para realizar hechos criminales por la
vía de una asociación ilícita.
Lo anterior se explica con base en la siguiente premisa: Si el
derecho penal debe garantizar la tutela de bienes jurídicos,
entonces debe asegurar igualmente un mínimo ético y esto no
es posible si se pretende, por un lado, construir un derecho
punitivo que desee castigar actitudes por la posesión de objetos
o intención de delinquir aun fuera del ámbito del control estatal.
Los llamados “ilícitos de peligro” corresponden a una categoría
de tipos designados, en general, por oposición a los llamados
ilícitos de daño, asumiendo como elemento de diferenciación la
relación de lesividad o afectación que los vincula con el -aun
mayoritariamente exigido- bien jurídico cuya protección justifica
la punición. Es clásica una distinción entre dos diversidades de
peligro: el concreto y el abstracto.
En los primeros el tipo requiere la concreta puesta en peligro
del bien jurídico, el peligro concreto es el resultado típico. Por
tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al
bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón
estos delitos son siempre de resultado.
Sin embargo en ocasiones dicha consecuencia (el riesgo) pasa
a ser presumida por el legislador ya sea por dificultades
referidas a la acreditación de un vínculo de imputación entre
éste y la conducta a incriminar o por concurrir en determinados
comportamientos una alta probabilidad estadística de generar
dichos riesgos, dando con ello lugar a los tradicionalmente
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llamados delitos de peligro abstracto. En estos pues, se castiga
una acción “típicamente peligrosa” o peligrosa “en abstracto”,
en su peligrosidad típica, sin exigir como en el caso del ilícito de
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro
el bien jurídico protegido.
Los ilícitos de peligro abstracto son por el contrario de mera
actividad, se consuman con la realización de la conducta
supuestamente peligrosa, aquí el juez no tiene que valorar si la
conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien
protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o
antijurídico tipificados.
Sentado lo anterior, lo conducente es analizar los motivos de
inconformidad expresados por el partido recurrente.
Inconstitucionalidad del artículo 38, párrafo 1, inciso b).
El partido alega en cuanto a este tema, que dicha disposición
integra una conducta típica cuyos elementos normativos
contravienen la constitución, porque no se cumplen las
garantías de descripción suficiente en la ley de la falta y porque
comprende, entre los elementos o componentes del tipo de
infracción, conductas tuteladas por derechos fundamentales
garantizados en la constitución, específicamente en los
numerales 6 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Para poder estar en condiciones de responder dichos agravios,
se hace necesario determinar cuál es el contenido de la norma,
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a efecto de conocer si entre las posibles infracciones que prevé,
se encuentra la que seleccionó la autoridad recurrida, para
luego verificar sus elementos normativos, y de ellos a su vez
constatar, si la falta está debidamente descrita en la norma con
todos sus componentes, para enseguida verificar si éstos
corresponden, como lo aduce el partido, a alguno de los
derechos fundamentales amparados en la Carta Magna, que
pudieran hacer inconstitucional la ley.
A tal fin conviene transcribir el párrafo 1, inciso b) del artículo 38
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, el cual dispone:
b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.
En lo que nos interesa, por cuanto hace a la descripción de las
conductas descritas que guardan relación con la prohibición de
“impedir el funcionamiento de los órganos de gobierno”, se
advierte que en la norma subyacen dos hipótesis básicas,
puesto que por un lado se prohíbe la realización de cualquier
acto que tengan por objeto impedir dicho funcionamiento
regular, y por otro, se prohíben actos que den como resultado material la imposibilidad de dicho funcionamiento regular.
Desde el punto de vista del resultado, para tener por
actualizada la conducta punible, relacionada con el “impedir el
funcionamiento regular de los órganos de gobierno”, la
actualización del tipo se consuma con el despliegue de una
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acción que obstaculice el funcionamiento ordinario del órgano.
Es decir, basta con que la conducta desplegada impida el
funcionamiento regular del órgano, con independencia de si con
ello se genera un daño material específico, para que la
conducta integre el ilícito.
Desde la óptica del objeto, el tipo se constituye como una
infracción de peligro en abstracto, puesto que se configura con
una acción que esté simplemente dirigida a entorpecer la
función pública, sin que sea menester conseguir un
funcionamiento irregular, basta que la conducta atente contra el
bien jurídico tutelado, porque de ese modo pone en riesgo el
correcto funcionamiento del órgano de gobierno. En tal caso, la
irregularidad se conforma por la conducta que atenta en contra
de dicho bien.
Ahora, definidos los dos supuestos que pueden actualizarse en
torno a la prohibición antes mencionada, toca definir los
elementos constitutivos que pueden actualizarse en torno a la
misma, con independencia de que se trate de un ilícito de
objeto o de resultado.
La descripción del tipo nos muestra que se constituye con tres
elementos relacionados con: a) impedir; b) funcionamiento
regular y b) órganos de gobierno.
En cuanto hace al primer presupuesto, el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española define que “impedir” significa
1. tr. Estorbar, imposibilitar la ejecución de algo. 2. tr. poét.
Suspender, embargar.
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Por lo que hace a “funcionamiento regular”, entiéndase como
una situación en la cual la actividad, función o actuación de que
se trate se desarrolla en óptimas condiciones, es decir,
conforme a las reglas establecidas para ese efecto.
Finalmente, en lo que corresponde a “órganos de gobierno”, es
de referir que las entidades estatales manifiestan su actividad y
su voluntad a través de sus órganos.
Según algunos autores, el órgano es un conjunto de
atribuciones o de competencias (algo así como un “cargo,”
office, ufficio, Amt, etc.) ejercidas por un ente jurídico o una
persona física determinada que ejercen su actuación dentro del
marco de las atribuciones o funciones que le han sido
conferidas.
A su vez, en una acepción amplia el “gobierno” es el conjunto
de órganos que actualizan, coordinan e instrumentan la
orientación política expresada como fines del Estado y
desenvuelta en el ejercicio de sus funciones básicas; ejecutivas,
legislativas y jurisdiccionales.
En cuanto a la estructura del gobierno tiene un aspecto formal,
es decir, referido a la normalidad jurídica, en cuanto ésta define
los órganos que la componen y establece la competencia
asignada a ellos. De manera que la estructura formal depende
de la composición, especialización y jerarquía de los órganos
respectivos que tienen el carácter de representativos.
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Por tal motivo, el conjunto de los órganos conforman la unidad
del poder del Estado, el cual se vale de ellos como medios o
instrumentos para el cumplimiento de sus fines.
Bajo tales condiciones, si cualquiera de estos entes forma parte
del engranaje institucional, cuando el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales hace referencia a
“órgano de gobierno”, tal manifestación debe ser entendida o
referida a cualquier estructura que en el ejercicio de sus
funciones, dentro del aparato del Estado, se vea vulnerada por
la actividad de algún agente externo.
En ese estado de cosas, el ilícito previsto en el párrafo 1, inciso
b) del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, exige el despliegue de una acción
cualquiera que esta sea (entendida como acción u omisión) que tenga por objeto o como resultado obstaculizar el
desempeño regular de cualquier aparato de gobierno, que sea
parte del poder público.
En ese contexto, la descripción normativa de la falta en el
artículo 38, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme con la cual
se sancionó la actuación del partido recurrente, se encuentra
debidamente integrada, en tanto comprende la totalidad de los
elementos que la conforman, por ello es inconcuso que la ley no
es inconstitucional, porque no transgrede los principios de
legalidad y tipicidad rectores del derecho punitivo, contenidos
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en la garantía de seguridad jurídica tutelada en el artículo 14 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tampoco puede estimarse que la norma tipificadora de dichas
conductas sea contraria a lo previsto en los artículos 6° y 41 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
tanto que la hipótesis normativa que describe el ilícito no incluye
en su descripción, como un elemento típico, alguna conducta
relacionada con la libertad de expresión o de manifestación libre
de las ideas de los gobernados, ni con la participación en la
vida política del país.
Lo anterior significa, que la norma en análisis no atenta en
contra de esos derechos fundamentales tutelados en la
constitución, ni siquiera incluye alguna restricción a su ejercicio.
Lo que en dicho numeral se prevé como falta es una conducta
que atente en contra del funcionamiento regular de los órganos
de gobierno o una conducta que tenga como resultado un
funcionamiento irregular de la actividad de dichos órganos. En
la falta no se exige como elemento normativo de la misma, el
que dicho el riesgo o resultado de referencia, se produzcan a
partir del ejercicio de la libertad de expresión, de manifestación
de las ideas o de la participación en la vida política del país.
Lo que en esa disposición se reprocha es cualquier acto, e
incluso omisión, que tenga por objeto o dé como resultado una
afectación al funcionamiento regular de los órganos de
gobierno.
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El ejercicio de los derechos fundamentales mencionados, per
se, no configuran la infracción descrita; por ende, el artículo en
comento no es inconstitucional.
Lo anterior no significa que materialmente hablando, en algún
caso en concreto, pudiera configurarse la falta a que se hace
referencia, a partir de actos o conductas llevadas a cabo
originalmente al amparo o en ejercicio de los mencionados
derechos fundamentales, si tales actos inicialmente ejercidos a
la tutela de dichas garantías desbordan el ámbito de licitud o
protección para incidir en la ilegalidad, de modo que puedan
configurar un ilícito y merezcan ser sancionadas.
En efecto, no debe perderse de vista que esa clase de
derechos no son absolutos, sino que tienen limitantes en la
propia Carta Magna o en las leyes secundarias. Restricciones
permitidas por la propia Constitución y por la ley, siempre que
sean racionales y se trate de garantizar otros bienes jurídicos o
derechos de terceros, en tanto guarden proporcionalidad e
idoneidad con estos últimos.
Lo cual implica que si se ejercen los derechos fundamentales
dentro del ámbito o marco constitucional permitido, no pueden
ser afectados por las leyes secundarias ni pueden sancionarse
como faltas; sin embargo, cuando ese ejercicio rebasa el límite
permitido, por incurrir en conductas que estén previstas como
restricciones a esos derechos, entonces estaremos ante actos
no amparados en esos derechos fundamentales, sino ante
actos contrarios al orden legal, de suerte que pueden ser
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previstos en la ley como faltas que den lugar a una sanción o a
una responsabilidad o algún otro tipo de consecuencias
jurídicas.
Tal situación se presenta cuando los actos realizados en
principio al amparo de los derechos de la libertad de expresión
o de participación en la vida política del país, se tornan luego
en actos indebidos por afectar el orden público o derechos de
terceros, en cuyo caso, la ley podrá regular tales conductas
como ilícitos, faltas o infracciones susceptibles de ser
sancionadas; hipótesis en la cual, como ocurre en la especie, la
norma que tipifica el delito, la falta o la infracción, incluso prevé
una consecuencia de responsabilidad de cualquier orden (civil o
administrativa) que no puede ser considerada inconstitucional.
Por todo ello, son infundados estos agravios del partido
apelante.
Falta de comprobación de los elementos integrantes de la falta
Se estima infundado el motivo de inconformidad del partido
recurrente cuando señala que la resolución combatida viola en
su detrimento el principio de tipicidad, lo cual considera
constituye una grave violación a la garantía de seguridad
jurídica al omitir señalar qué supuesto típico del artículo 38,
párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales se actualiza para sancionarlo,
respecto de los actos realizados por el Partido de la Revolución
Democrática, en relación con los hechos suscitados en el sexto
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informe de gobierno del entonces Presidente de la República,
Vicente Fox Quesada y los relacionados con la protesta
constitucional del Presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa.
Lo infundado del agravio estriba en que, contrario a lo
manifestado por el enjuiciante, la responsable sí señaló el
supuesto típico al que se refirió para sancionarlo según se
explica a continuación.
Respecto de los actos realizados por el partido en torno a los
hechos suscitados en el sexto informe de gobierno del entonces
Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, rendido el
día primero de septiembre de dos mil seis, en las páginas 144 y
195 a 197 de la resolución combatida se sostiene lo siguiente:
A) HECHOS RELACIONADOS CON EL SEXTO INFORME DE GOBIERNO DEL ENTONCES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, VICENTE FOX QUESADA, RENDIDO EL DÍA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SEIS.
LITIS En primer término, corresponde fijar la litis, respecto de los hechos a que se refiere el presente apartado, la cual se constriñe a determinar si el Partido de la Revolución Democrática transgredió lo dispuesto en los artículos 41, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, párrafo 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que el día primero de septiembre de dos mil seis, algunos de los diputados y senadores pertenecientes al partido denunciado, tomaron la tribuna del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos impidiendo que tanto los legisladores del Partido Acción Nacional hicieran uso de la palabra, como el C. Vicente Fox Quesada, entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos utilizara esa tribuna con el fin de rendir el informe a que se refiere el artículo 69 constitucional, así como el normal desarrollo de la sesión que se celebrara en ese recinto, lo que implica una alteración al funcionamiento regular de uno de los órganos de gobierno del Estado Mexicano, situaciones que presuntamente, fueron ordenadas por algunos dirigentes e incluso órganos de dirección del partido denunciado.
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[…] Sentado lo anterior, debe considerarse que obran en poder esta autoridad elementos suficientes que le permiten concluir que el Partido de la Revolución Democrática, a través de sus órganos de dirección, concretamente, a través de su Consejo Nacional ordenó expresamente a los legisladores de su grupo parlamentario “Impedir que Vicente Fox Quesada, haga uso de la tribuna del Congreso de la Unión, en su sesión del Pleno de fecha del primero de septiembre de dos mil seis, así como respaldar y avalar las acciones y acuerdos tomados por nuestras legisladoras y legisladores federales para la citada sesión del Congreso” El contenido de dicho resolutivo orienta o promueve acciones que implican impedir la efectividad de algunas disposiciones legales y reglamentarias que deben aplicarse y atenderse en el acto en que el entonces Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, tendría que asistir a presentar su Informe ante el Congreso y a la apertura de sus sesiones. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, párrafos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el primero de septiembre de cada año se prevé que: A) A la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución, y B) Antes del arribo del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de quince minutos. Asimismo, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos establece que al discurso que el Presidente de la República pronuncie cuando asista a rendir su informe de gobierno, el Presidente del Congreso contestará en términos generales (Artículo 189). Dichos actos y previsiones legales no podrían llevarse a cabo si se impidiera que el titular del Poder Ejecutivo hiciera uso de la tribuna, independientemente de la transgresión que ello implica al derecho ciudadano a escuchar los posicionamientos regularmente previstos cuando se llevaren a cabo el informe y su respuesta. En ese mismo sentido, ordenar actos que pudieran alterar el funcionamiento ordinario de la sesión del Congreso de la Unión a la que se convocara para que el Presidente presente su informe, implica en general promover la desobediencia de los legisladores
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que integran el Grupo Parlamentario del Partido de la revolución Democrática a las disposiciones que rigen las sesiones de dicho órgano. Por lo que, con independencia de que se hayan materializado acciones en tal sentido, el resolutivo del Consejo Nacional que ordena a los legisladores del Partido “Impedir que Vicente Fox Quesada, haga uso de la tribuna del Congreso de la Unión, en su sesión del Pleno de fecha del primero de septiembre de dos mil seis,” constituye en sí mismo una transgresión a las obligaciones de no hacer contenidas en el artículo 38, párrafo primero, inciso b) del Código electoral aplicable, ya que por el contrario a su obligación de abstenerse, el Partido Político acordó una instrucción que tuvo por objeto impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno, ya que por un lado se ordenaba evitar que el C. Vicente Fox Quesada, entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos utilizara la tribuna del Congreso con el fin de rendir el informe a que se refiere el artículo 69 constitucional, es decir se tenía por objeto obstaculizar la actividad del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de una obligación constitucional; como por otro lado, lógicamente otros legisladores de cualquier grupo parlamentario no estarían en posibilidad de hacer uso de la palabra, en especial es relevante que al no rendirse el informe presidencial también se afectaría al Presidente del Congreso quien no estaría en estricto sentido en la posibilidad de contestar. De lo expresado hasta este punto, la autoridad de conocimiento estima que existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad directa del Partido de la Revolución Democrática en la violación a lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que su Consejo Nacional resolvió ordenar a los legisladores pertenecientes al grupo parlamentario de ese instituto político realizar acciones que tuvieran por objeto impedir que el ex Presidente de la República, C. Vicente Fox Quesada hiciera uso de la tribuna para rendir su informe constitucional de gobierno, el día primero de septiembre de dos mil seis ante el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su sesión de instalación y apertura de sesiones. En el expediente en que se actúa obran en autos diversas notas periodísticas en las que se da cuenta de la participación de algunos de los legisladores pertenecientes al grupo parlamentario del partido denunciado, en la toma de la tribuna del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el día primero de septiembre de dos mil seis, impidiendo que tanto los legisladores del Partido Acción Nacional hicieran uso de la palabra, como el C. Vicente Fox Quesada, entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos utilizara esa tribuna con el fin de rendir el informe a que se refiere el artículo 69 constitucional. De igual forma, obran
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agregadas al expediente que se resuelve, copias certificadas del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados de fecha primero de septiembre de dos mil seis, de cuya lectura se desprende que una vez comenzada la sesión del Congreso convocada para esa fecha, con la finalidad de abrir el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LX legislatura, y una vez que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hicieron uso de la palabra los legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos nacionales Alternativa Social Demócrata y Campesina, Nueva Alianza, del Trabajo, Convergencia, Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; durante la intervención de este último, algunos legisladores de ese mismo partido interrumpieron la sesión, provocando que se abriera un receso desde las 18:45 hasta las 19:13 horas, en que se reanudó la sesión de ese órgano legislativo con el fin de instruir a la Secretaría del mismo, recibiera en el vestíbulo el informe por escrito que entregaría el C. Vicente Fox Quesada, entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dando por terminada la sesión a las 19:24 horas en virtud de la falta de condiciones para continuar con la misma. Dichos elementos si bien evidencian la materialización de las órdenes del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y sus implicaciones, se estima innecesario entrar a la valoración de estos últimos elementos en virtud de que se trata de actos de los legisladores desplegados en su ámbito parlamentario y, fundamentalmente, porque la autoridad de conocimiento tiene suficiente para juzgar procedente declarar fundada la queja que nos ocupa, en cuanto al tema que se analiza, en virtud de que el Partido de la Revolución Democrática carece de derecho alguno para instar a sus legisladores a realizar acciones que alteren el funcionamiento regular de los órganos de gobierno, por el contrario tiene la obligación de no hacerlo.
Por otra parte, por lo que respecta a la conducta del Partido de
la Revolución Democrática respecto de los hechos relacionados
con la protesta constitucional del Presidente electo, Felipe
Calderón Hinojosa, el día primero de diciembre de dos mil seis,
la autoridad responsable señaló el tipo por el que sancionó al
partido al tenor de las páginas 198 y 212 a 214 de la resolución
combatida al manifestar lo siguiente:
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B) HECHOS RELACIONADOS CON LA PROTESTA CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE ELECTO, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, EL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS.
LITIS En primer término, corresponde fijar la litis respecto de los hechos a que se refiere el presente apartado, la cual se constriñe a determinar si el Partido de la Revolución Democrática transgredió lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que, según lo aduce el quejoso, tuvo la intención de impedir el funcionamiento regular de un poder de la federación, específicamente, del Poder Ejecutivo Federal, ya que a través de diversas manifestaciones públicas, algunos de los militantes, dirigentes e incluso órganos de dirección del partido denunciado expresaron su voluntad de impedir la toma de protesta del C. Felipe Calderón Hinojosa, como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el día primero de diciembre de dos mil seis, en el recinto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece, entre otras cosas, que son obligaciones de los partidos políticos nacionales: a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto de como resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno. De los incisos anteriores, claramente se pueden advertir obligaciones de hacer y de no hacer a cargo de los partidos políticos. Así se tiene, que el primero de los incisos prevé obligaciones de hacer consistentes en que las actividades de los partidos políticos se conduzcan dentro de los cauces legales; en este sentido, por cauce debe entenderse procedimiento y por legal debe entenderse lo que está prescrito por la ley y conforme a ella, es decir que las actividades de los partidos políticos y las de sus militantes, deben realizarse conforme a los procedimientos prescritos por la ley y conforme a ella; además, su conducta así como la de sus militantes debe ajustarse a los principios del Estado democrático,
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entre los cuales destaca el acatamiento irrestricto de la legalidad, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos ciudadanos. El segundo de los incisos contiene obligaciones de no hacer, como es no recurrir al uso de la violencia, ni a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno, destacando en este último punto que por funcionamiento debe entenderse la ejecución que hace un sujeto de las funciones que le son propias. En efecto, el inciso b) del dispositivo legal en comento, contiene dos hipótesis normativas, a saber: La primera de ellas, relacionada con la intencionalidad del sujeto activo de la infracción, es decir, con el despliegue u omisión de conductas por parte del infractor de la norma, tendentes a evidenciar su voluntad por cometer dicha infracción, con independencia del resultado material, es decir, con independencia del resultado fáctico de esa expresión. Así, el primero de los supuestos jurídicos del artículo 38, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se configura con la realización u omisión de actos que permitan suponer, que un partido político tiene por objeto, o se encuentra en aptitud y tiene la convicción manifiesta de alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno, con independencia de llegar a materializar cualquiera de dichos resultados y, lo que es más, con independencia de desplegar conductas encaminadas a conseguirlo. Por otra parte, la segunda de las hipótesis normativas del artículo 38, párrafo 1, inciso b) en cita, se configura cuando el resultado de la conducta o conductas desplegadas por el sujeto activo, con independencia de su intención, produce un cambio en el mundo fáctico, en el caso, altera el orden público, perturba el goce de las garantías o impide el funcionamiento regular de los órganos de gobierno. En este contexto, como ha quedado demostrado líneas atrás, algunos militantes, dirigentes e incluso el VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática dentro del resolutivo de su 8º pleno ordinario, celebrado los días diez y once de noviembre de dos mil seis, manifestaron su voluntad de realizar actos tendentes a impedir la toma de protesta del C. Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el día primero de diciembre de dos mil seis, en el recinto del Congreso General
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de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en la especie resulta suficiente para colmar la primera de las hipótesis normativas contenidas en el artículo 38, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionada con la prohibición para los partidos políticos de realizar actos que tengan por objeto impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno. En efecto, como ha quedado explicado, no constituye obstáculo para la conclusión que antecede, si se llevaron acabo o no los actos de referencia ni que los mismos hayan impedido el funcionamiento regular del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos o del Poder Ejecutivo. En este sentido, se estima procedente declarar fundada la queja que nos ocupa, en cuanto al tema que se analiza, en virtud de que el Partido de la Revolución Democrática carece de derecho alguno para instar a sus militantes a realizar acciones que alteren el funcionamiento regular de los órganos de gobierno, es decir, a incitar a sus militantes a no ajustar su conducta a los cauces legales, con el objeto de impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno del Estado mexicano.
De las transcripciones que anteceden se evidencia claramente
que la responsable fijó la litis en determinar si, con los hechos
denunciados, el Partido de la Revolución Democrática
transgredió lo dispuesto en los artículos 41, base I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38,
párrafo 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Al respecto, sostuvo que con las constancias que obraban en el
expediente sancionador, se acreditaba la existencia de
elementos suficientes con los cuales concluyó que el Partido de
la Revolución Democrática, a través de sus órganos de
dirección, concretamente, a través de su Consejo Nacional, por
una parte, el treinta y uno de agosto de dos mil seis ordenó
expresamente a los legisladores de su grupo parlamentario
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“Impedir que Vicente Fox Quesada, haga uso de la tribuna del
Congreso de la Unión en su sesión del Pleno de fecha del
primero de septiembre de dos mil seis…”; y por otra parte si,
dicho órgano partidista los días diez y once de noviembre de
dos mil seis acordó “impedir la toma de protesta del ciudadano
Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, el día primero de diciembre de dos mil seis,
en el recinto del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos”
El contenido de dichos acuerdos, en opinión de la responsable,
tendían a orientar o promover acciones que implicaban impedir
la efectividad de algunas disposiciones legales y reglamentarias
que debían aplicarse y atenderse en torno a la rendición del
informe constitucional de gobierno del entonces Presidente de
la República Vicente Fox Quesada y a la toma de protesta del
ciudadano Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos.
En esa tesitura, la autoridad electoral sostuvo que los
precisados acuerdos del Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática constituían, en sí mismos, una
transgresión a las obligaciones de no hacer contenidas en el
artículo 38, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que, contrario a
su obligación de abstenerse, el instituto político sancionado
acordó, por una parte, una instrucción a los legisladores
pertenecientes al grupo parlamentario de ese instituto político
para realizar acciones que tuvieran por objeto impedir el
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funcionamiento regular de los órganos de gobierno, habida
cuenta de que, se les ordenaba a los legisladores de ese
partido que evitaran que el ciudadano Vicente Fox Quesada,
entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, utilizara
la tribuna del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos para rendir su informe de gobierno el día primero de
septiembre de dos mil seis en su sesión de instalación y
apertura de actividades.
Por otra parte, algunos militantes, dirigentes, e incluso el VI
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática,
dentro del resolutivo de su 8º pleno ordinario, manifestaron su
voluntad de realizar actos tendentes a impedir la toma de
protesta del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa como
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el día primero de
diciembre de dos mil seis, en el recinto del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en la especie resultó
suficiente, en opinión de la responsable, para colmar la primera
de las hipótesis normativas contenidas en el artículo 38, párrafo
1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, relacionada con la prohibición para
los partidos políticos de realizar actos que tengan por objeto impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.
En tal virtud, este órgano jurisdiccional advierte que la autoridad
sancionadora sí señaló cuál era el supuesto típico que se
actualizaba para sancionar al partido político, puesto que, el
órgano sancionador concluyó la responsabilidad con base en el
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artículo 38, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales y, en particular, el
supuesto que señala la obligación de los partidos políticos de abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por objeto impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.
Ahora bien, como ya se mencionó con antelación, el artículo 38,
párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales prevé, distintos supuestos típicos
sancionables, de entre los cuales, en lo que nos interesa
podemos advertir dos conductas típicas:
• Abstenerse de cualquier acto que tenga por objeto
impedir el funcionamiento regular de los órganos de
gobierno.
• Abstenerse de cualquier acto que tenga por resultado
impedir el funcionamiento regular de los órganos de
gobierno.
En obvio de ociosas repeticiones, ya que esta ejecutoria se ha
explicado la diferencia entre una y otra, sólo queda por
evidenciar que las conductas por las cuales sancionó el Instituto
Federal Electoral al Partido de la Revolución Democrática
fueron por una violación a un supuesto típico de peligro abstracto en oposición a un supuesto de resultado.
En efecto, cuando la responsable sostiene que el 5° pleno
extraordinario del VI Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática acordó una instrucción que tuvo por
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objeto impedir el funcionamiento regular de los órganos de
gobierno al instruir a los legisladores de ese instituto político
evitar que el ciudadano Vicente Fox Quesada, entonces
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, utilizara la tribuna
del Congreso de la Unión para rendir el informe a que se refiere
el artículo 69 Constitucional; así como cuando afirma que el 8°
Pleno ordinario del Conejo Nacional del referido instituto político
resolvió realizar actos tendentes a impedir la toma de protesta
del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, el día primero de diciembre de dos
mil seis, en el recinto del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; es indudable que se sancionó con base en
el supuesto típico de conductas de peligro a las cuales la
autoridad llamó de objeto, lo que constituye según se ha
explicado en la ejecutoria, una violación de peligro abstracto en
la cual se puso en riesgo el bien jurídico tutelado por la norma
al realizarse actos peligrosos por sí mismos.
Por tanto, contrario a lo sostenido por el recurrente, la
resolución impugnada no transgrede el principio de tipicidad,
pues sí se especificó qué supuesto típico se actualizaba para
sancionarlo, habida cuenta que, la responsable sancionó con
base en la hipótesis normativa que prevé una infracción de peligro abstracto contenida en el artículo 38, párrafo 1, inciso
b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales consistente en la obligación de los partidos políticos
de abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por objeto
impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.
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En esas condiciones, por las razones expuestas, la autoridad
responsable no violó la garantía de seguridad jurídica pues, en
oposición a lo planteado por el enjuiciante, no desconoció la
hipótesis normativa conculcada y, en consecuencia, deviene
infundado su agravio.
El apelante también expone agravios en los cuales aduce que
no se acreditan los elementos normativos que configuran la
falta. Los planteamientos que expresa son de distinto orden,
razón por la cual serán analizados de manera independiente.
A. Por principio de cuentas, por lo que hace al agravio relativo a
que la autoridad responsable confunde entre órgano de
gobierno y órgano de estado y que, por tanto, no queda
acreditada su falta al haber sancionado la emisión de un
acuerdo que instruía la obstaculización del funcionamiento
regular de un órgano de gobierno, mientras que, en concepto
del recurrente el Congreso de la Unión no tiene esa naturaleza
sino que se trata de un órgano de Estado; el agravio deviene
infundado.
Lo infundado del agravio estriba en que el actor desvincula los
conceptos órgano de gobierno de órgano de Estado, lo cual,
como ya se ha explicado, no puede ser así, puesto que, si bien
dichos conceptos dogmáticamente tienen diferencias, la ratio
del elemento normativo inmerso en el supuesto típico de la
infracción que nos ocupa, va dirigido a cualquier órgano creado
y regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o por las leyes que de ella emanen, cuyas
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relaciones configuran la forma de organización de un país y
que, además, son esenciales para la existencia del Estado.
Así, en términos del artículo 49 Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Supremo Poder de la Federación
se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
los cuales no podrán reunirse dos o más de estos en una sola
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un
individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al
Ejecutivo de la Unión.
En este sentido, si bien el artículo 38, párrafo 1, inciso b), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
refiere a un regular funcionamiento de los órganos de gobierno,
los alcances de esta norma son suficientes para comprender en
esa lectura a los tres poderes de la Unión, entre otros.
En este sentido, la distinción hecha por el recurrente respecto a
órgano de gobierno y órgano de Estado, no resulta un obstáculo
para que en ese elemento normativo, pueda ser examinado lo
relacionado al Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
B. En otro orden de ideas, resulta infundado el motivo de
disenso del recurrente en el que afirma que si la hipótesis sobre
la cual fue sancionado consistió en “abstenerse de realizar
cualquier acto que tenga por objeto impedir el funcionamiento
regular de los órganos de gobierno”, la responsable
erróneamente tuvo por acreditado el elemento del tipo
consistente en “impedir el funcionamiento regular de los
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órganos” cuando, en concepto del enjuiciante, de las
constancias que obran en el expediente y del reconocimiento
expreso de la responsable se acredita, por una parte, que si
bien diversos legisladores del Partido de la Revolución
Democrática impidieron el uso de la tribuna parlamentaria, el
Congreso de la Unión funcionó de manera normal, pues el
objetivo de la sesión consistente en que el entonces Presidente
de la República estuviera presente en la apertura del periodo de
sesiones y rindiera el informe por escrito sobre el estado
general que guarda la administración pública del país, lo cual sí
se cumplió; y, por otra parte, también se cumplió el objetivo de
que el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa tomara protesta
como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el día
primero de diciembre de dos mil seis, en el recinto del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Previo al examen del motivo de disenso del impetrante, se debe
aclarar que el actor, para construir su agravio relativo a que no
se lesionó el funcionamiento regular de los órganos, parte de la
premisa inexacta de que se le sancionó con base en los hechos
suscitados los días primero de septiembre y primero de
diciembre, ambos de dos mil seis, en la sede del Congreso de
la Unión, lo cual no es así, dado que, la conducta objeto de
reproche fue la consistente en la emisión de los acuerdos del 5°
pleno extraordinario y 8° pleno ordinario del Consejo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática, los que por sí
mismos, pusieron en peligro el funcionamiento regular del
Congreso de la Unión, actualizándose con ello la violación que
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la autoridad señaló como actos que tuvieran por objeto impedir
el regular funcionamiento de los órganos de gobierno.
Los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional del partido son
del tenor siguiente:
“RESOLUTIVO DEL 5º. PLENO EXTRAORDINARIO DEL VI CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SOBRE LA LÍNEA POLÍTICA PARA LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD. En la ciudad de México, Distrito Federal, reunido el 5º. Pleno con carácter de extraordinario del VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, el día 31 de agosto de 2006, en las instalaciones que ocupa el Salón Covadonga 2º piso, ubicado en la calle de Puebla No. 121, colonia Roma, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 9, numeral 2 y 3 del estatuto.
CONSIDERANDO 1.- Que el Consejo Nacional es la autoridad superior del Partido en el país. 2.- Que formula, desarrolla y dirige la política del Partido del país para el cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones del Congreso con otros partidos y asociaciones políticas, así como con organizaciones sociales y económicas nacionales; vigilar que los representantes populares y funcionarios del Partido apliquen la línea política y el Programa del Partido y expide la plataforma electoral. 3.- Que las resoluciones y acuerdos del Consejo Nacional serán de obligatorio acatamiento para todo el Partido. En mérito a lo antes expuesto, el Pleno Extraordinario del Consejo Nacional.
R E S U E L V E PRIMERO.- Impedir que Vicente Fox Quesada, haga uso de la tribuna del Congreso de la Unión, en su sesión del Pleno de fecha del primero de septiembre de dos mil seis, así como respaldar y avalar las acciones y acuerdos tomados por nuestras legisladoras y legisladores federales para la citada sesión del Congreso.
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SEGUNDO.- Que los integrantes de los grupos parlamentarios en las cámaras de diputados y senadores, presenten durante el mes de septiembre del año en curso las propuestas legislativas de recojan todos y cada uno de los puntos del proyecto alternativo de nación de nuestro candidato a la Presidencia de la República, Andrés López Obrador. TERCERO.- Aprobar como Agenda Legislativa de los grupos parlamentarios de nuestro partido en el Congreso de la Unión, la contenida en escrito anexo y que al terminar la lectura de estos resolutivos trataré de resumir. CUARTO.- Otorgar mandato al Comité Ejecutivo Nacional para mantener una estrecha comunicación con los grupos parlamentarios, que permita la ejecución de tareas en el ámbito de sus funciones, ligadas a los acuerdos que vayan a tomarse en la Convención Nacional Democrática. Así lo resolvió el Quinto Pleno con carácter de extraordinario del VI Consejo Nacional, efectuado el día treinta y uno de agosto de dos mil seis.” “RESOLUTIVO DEL 8° PLENO ORDINARIO DEL VI CONSEJO NACIONAL SOBRE LOS EVENTOS DEL DÍA VEINTE DE NOVIEMBRE Y PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS. En la ciudad de México, Distrito Federal; reunido el 8°. Pleno Ordinario del VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, los días 10y 11 de noviembre de dos mil seis, en las instalaciones que ocupa Expo-Reforma ubicado en avenida Morelos No. 67 de la colonia Juárez, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 numeral 2 y 3 del estatuto. El Octavo Pleno Ordinario del VI Consejo Nacional:
RESUELVE
1. Refrenda su compromiso de impulsar la participación popular en la toma de protesta del Presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino el próximo 20 de noviembre a las 17 horas. 2. Reitera su determinación de impedir la toma de protesta del usurpador el 1° de diciembre. Para ello es necesario fortalecer las medidas de resistencia civil entre 20 de noviembre y 1° de diciembre para culminar en esta última fecha con grandes movilizaciones de protesta en la ciudad de México y en todo el país.
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3. Ratifica su más firme apoyo a la resistencia contra la imposición que encabeza el Presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. 4. Instruye al Comité Ejecutivo Nacional para que impulse la generalización inmediata de la resistencia civil en todo el territorio nacional y elabore el Plan el contenga las acciones que deberemos desarrollar para incrementar ésta entre el 20 de noviembre y 1° de diciembre. 5. Convoca al Comité Ejecutivo Nacional y a los compañeros que ocupan cargos ejecutivos y legislativos, a que definan de inmediato las modalidades de la participación de todos en las actividades de resistencia civil. 6. Autoriza el Comité Ejecutivo Nacional a definir, en coordinación con el Frente Amplio Progresista y la Convención Nacional Democrática, las etapas de la resistencia y la intensidad de la misma. 7. Concluye que nos encontramos ante el agotamiento del pacto social mexicano, producto de las desigualdades mencionadas del fraude electoral del 2 de julio, de la participación ilegal del gobierno de la República, del IFE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los organismos empresariales. Las inconformidades surgidas en los últimos procesos electorales estatales, especialmente del fraude electoral en Tabasco, el comportamiento de la mayoría de los medios de comunicación durante los últimos meses, la omisión de la Corte ante la acción de inconstitucionalidad presentada por 47 senadores contra la Ley Televisa, y sobre todo el comportamiento irresponsable de las autoridades estatales y federales ante el conflicto de Oaxaca, entre otras, son signos evidentes de tal agotamiento. No existen acuerdos en lo fundamental entre las principales fuerzas políticas del país y ello genera conflictos cada vez más graves y frecuentes. 8. Afirma que urge iniciar un diálogo nacional con amplia participación de todos los actores políticos y sociales, con el objeto de construir un nuevo pacto social que seas la base del contenido de una nueva Constitución de la República y determina que dos las organizaciones del PRD participarán en actividades tendientes a generalizar este debate. 9. Instruye a las fracciones parlamentarias del PRD en el Congreso de la Unión a que exijan la inmediata instalación de mesas de negociación, para tratar las reformas legislativas más urgentes acordadas por el Frente Amplio Progresista y las
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prioridades presupuestarias. Acuerdos en estas materias evitarían más conflictos. 10. Condena todo intento de volver a militarizar el recinto de la Cámara de Diputados el 1° de diciembre, con motivo de la presente toma de posesión del presidente espurio. 11. Declara que al finalizar el mandato de Vicente Fox, el saldo principal de su gobierno es una gran desigualdad económica y social, así como la división profunda entre los mexicanos y un gravísimo retroceso en todo el proceso de democratización del país. Así lo resolvió el 8° Pleno Ordinario del VI Consejo Nacional, los días 10 y 11 de noviembre de 2006, en la ciudad de México.”
Dicho lo cual, dentro del elemento normativo contenido en el
tipo sancionado consistente en “impedir el funcionamiento
regular de los órganos” subyace un valor a tutelar consistente
en el respeto a las instituciones que forman parte del Estado, en
tanto que dicho respeto garantizará el cumplimiento del orden
jurídico y, en consecuencia, la propia supervivencia del Estado.
El impedimento u obstrucción del funcionamiento regular de los
órganos de gobierno implicaría un desfase de los cauces
institucionales para dialogar y dirimir las diferencias sociales,
económicas o judiciales y con ello no se lograría el
aseguramiento del orden social.
El significado del elemento normativo antes descrito necesita
apoyarse en distintos ordenamientos jurídicos, con base en los
cuales se construye la concepción que se exige para que se
actualice el tipo infractor, según sea el caso.
En la especie, las conductas sancionadas consistieron en lo
siguiente:
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1. El Partido de la Revolución Democrática a través de su 5°
Pleno extraordinario del VI Consejo Nacional, intitulado “Sobre
la línea política para los grupos parlamentarios del PRD" acordó
una instrucción a los legisladores pertenecientes al grupo
parlamentario de ese instituto político para realizar acciones
que tuvieran por objeto impedir el funcionamiento regular de los
órganos de gobierno, en tanto que se instruyó a los legisladores
de ese partido para que evitaran que el ciudadano Vicente Fox
Quesada, entonces Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, utilizara la tribuna del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos para rendir su informe de gobierno
el día primero de septiembre de dos mil seis en su sesión de
instalación y apertura de actividades.
2. Algunos militantes, dirigentes e incluso el VI Consejo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática dentro del
resolutivo de su 8º pleno ordinario acordaron realizar acciones
que tuvieran por objeto impedir el funcionamiento regular de los
órganos de gobierno, al haber resuelto llevar a cabo actos
tendentes a impedir la toma de protesta del ciudadano Felipe
Calderón Hinojosa como Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, el día primero de diciembre de dos mil seis, en el
recinto del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Establecidas las conductas que fueron sancionadas, es
necesario hacer un análisis del funcionamiento regular de
aquellos órganos de gobierno, respecto de los cuales el
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática
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acordó realizar diversos actos que, en concepto de la autoridad
responsable, fueron violatorios de la primera de las hipótesis
normativas contenidas en el artículo 38, párrafo 1, inciso b) del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
relacionada con la prohibición para los partidos políticos de
realizar actos que tengan por objeto impedir el funcionamiento
regular de los órganos de gobierno.
El elemento normativo del tipo consistente en “impedir el
funcionamiento regular de los órganos” se analizó en el marco
de una violación al funcionamiento del Congreso de la Unión
cuando a éste acude el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos a rendir su informe constitucional de gobierno y
cuando tocó al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa tomar
protesta como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el
pasado primero de diciembre de dos mil seis.
Por tanto, dado lo anterior, dicho elemento típico debe ser
examinado en estricto apego a la normatividad aplicable al
órgano referido y, en concreto, a los supuestos precisados.
Sobre la rendición del informe constitucional de gobierno.
El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el
siete de abril de mil novecientos ochenta y seis, el cual estuvo
vigente hasta antes de la entrada en vigor del decreto por el
que se reformó el referido numeral publicado en el Diario Oficial
de la Federación el quince de agosto de dos mil ocho, señalaba
lo siguiente:
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Artículo 69. A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Asimismo, con relación a aquél formato de rendición del informe
de gobierno a cargo del Presidente de la República Mexicana,
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos establecía lo siguiente:
Articulo 5. 1. El Congreso se reunirá en sesión conjunta de las Cámaras para tratar los asuntos que previenen los artículos 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución, así como para celebrar sesiones solemnes. 2. Cuando el Congreso sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados y el Presidente de ésta lo será de aquél. Articulo 6. 1. El 1o. de septiembre, a las 17:00 horas y el 1o. de febrero, a las 11:00 horas, de cada año, el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias. Numeral reformado DOF 08-03-2005 2. Al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declarará en voz alta: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy (fecha) el primer (o segundo) periodo de sesiones ordinarias del (primer, segundo o tercer) año de ejercicio de la (número ordinal) Legislatura". Articulo 7. 1. El primero de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución. 2. Antes del arribo del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas
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intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de quince minutos. 3. El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República presente su informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores. 4. Las Cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior. 5. Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al Presidente de la República para su conocimiento. Articulo 8. 1. Para la realización de la sesión conjunta de las Cámaras, se requiere el quórum que para cada una de ellas se dispone en el primer párrafo del artículo 63 constitucional.
Por su parte, el Reglamento para el gobierno interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
establecía lo siguiente:
Artículo 11. Se nombrarán en el mismo día tres comisiones de cinco individuos de las respectivas Cámaras, más un Secretario, que tendrán por objeto participar aquella declaración a la otra Cámara, al Presidente de la República y a la Suprema Corte. Además, cada Cámara nombrará una Comisión que, unida a la de la otra Cámara, acompañará al C. Presidente de su residencia, al recinto de la Cámara, y otras dos comisiones, una que lo recibirá en el acto de la apertura de sesiones del Congreso y otra que lo acompañará nuevamente a su residencia. Artículo 12. El día primero de septiembre a las 17 horas, se reunirán las dos Cámaras en el Salón de Sesiones de la de Diputados para el solo efecto de la apertura del Congreso. Antes de que se presente el Presidente de la República, el Presidente de la Cámara de Diputados, que en ese acto lo es también del Congreso, hará en alta voz la siguiente declaración: “El Congreso (aquí el número que corresponda), de los Estados Unidos Mexicanos, abre hoy (aquí la fecha), el período de Sesiones ordinarias del primero (segundo o tercero) año de su ejercicio.”
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Artículo 188. Cuando el Presidente de la República asista a la apertura de las sesiones, tomará asiento al lado izquierdo del Presidente del Congreso. Artículo 189. Al discurso que el Presidente de la República pronuncie en este acto, el Presidente del Congreso contestará en términos generales.
De la normativa precisada, es dable explicar el elemento
normativo del tipo que describe el articulo 38, párrafo 1, inciso
b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en llevar a cabo actos que tuvieran por
objeto impedir el funcionamiento regular del Congreso de la
Unión cuando el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
acuda a la apertura de sesiones, así como, para presentar el
informe de gobierno.
En efecto, de una interpretación sistemática y funcional de los
artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 5, 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como, 11, 12, 188 y 189
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, es posible establecer el
procedimiento regular del Congreso de la Unión para el
supuesto de la apertura del periodo de sesiones, en el cual,
además, el Presidente de la República presentará un informe
de gobierno en el que manifieste el estado general que guarda
la administración pública del país.
El procedimiento, según la normativa precisada, es el siguiente:
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61
• El primero de septiembre a las 17:00 horas de cada año,
el Congreso se reunirá en sesión conjunta en el salón de
sesiones de la Cámara de Diputados para inaugurar sus
periodos de sesiones ordinarias.
• A la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso,
asistirá el Presidente de la República y presentará un
informe por escrito, en el que manifieste el estado general
que guarda la administración pública del país, de
conformidad con el artículo 69 de la Constitución.
• Cada Cámara nombrará una Comisión que, unida a la de
la otra Cámara, acompañará al Presidente de su
residencia, al recinto de la Cámara.
• Antes de que se presente el Presidente de la República,
el Presidente de la Cámara de Diputados, que en ese
acto lo es también del Congreso, hará en alta voz la
siguiente declaración: El Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, abre hoy el período de sesiones ordinarias.
• Antes del arribo del Presidente de la República hará uso
de la palabra un legislador federal por cada uno de los
partidos políticos que concurran, representados en el
Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden
creciente, en razón del número de diputados de cada
grupo partidista y cada una de ellas no excederá de
quince minutos.
• Una vez que el Presidente de la República arribe a la
sede del Congreso de la Unión, una comisión de
legisladores de ambas cámaras lo recibirá en el acto de la
apertura de sesiones del Congreso.
SUP-RAP-188/2008
62
• El Presidente de la República tomará asiento al lado
izquierdo del Presidente del Congreso.
• Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura
del periodo de sesiones y que el Presidente de la
República presente su informe; en tal virtud, durante ella
no procederán intervenciones o interrupciones por parte
de los legisladores.
• Concluido el discurso del Presidente de la República, el
Presidente del Congreso contestará el informe en
términos concisos y generales, con las formalidades que
correspondan al acto.
• Concluido el objeto por el cual asiste el Presidente de la
República al Congreso de la Unión otra comisión de
legisladores de ambas cámaras lo acompañará
nuevamente a su residencia.
• Las Cámaras analizarán el informe presentado por el
Presidente de la República. El análisis se desarrollará
clasificándose por materias: en política interior, política
económica, política social y política exterior.
Los referidos puntos, los cuales deben leerse como una serie
de actos concatenados entre sí, integran y definen el
procedimiento ordinario de las sesiones del Congreso de la
Unión para el caso de la apertura de las sesiones ordinarias, en
el cual asistirá el Presidente de la República y presentará un
informe por escrito, en el que manifieste el estado general que
guarda la administración pública del país.
SUP-RAP-188/2008
63
En este sentido, aquellos actos que distraigan, modifiquen o
impidan que se realice el procedimiento antes indicado,
indudablemente afectan el funcionamiento regular de la sesión
y ponen en riesgo la consumación de los propósitos para los
que sesiona el Congreso de la Unión.
Definido el elemento normativo del tipo (abstenerse de realizar
actos que tengan por objeto el funcionamiento irregular de los
órganos de Gobierno) aplicable en el caso en particular
(apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y rendición
del informe constitucional de Gobierno), procede evidenciar
que, contrario a lo señalado por el partido recurrente, la
resolución del 5° Pleno extraordinario del VI Consejo Nacional,
intitulado “Sobre la línea política para los grupos parlamentarios
del PRD" en el cual se acordó una instrucción a los legisladores
pertenecientes al grupo parlamentario de ese instituto político
para evitar que el ciudadano Vicente Fox Quesada, entonces
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, utilizara la tribuna
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para
rendir su informe de gobierno el día primero de septiembre de
dos mil seis, en su sesión de instalación y apertura de
actividades, actualiza el supuesto típico de la infracción de
peligro abstracto contenido en el artículo 38, párrafo 1, inciso b)
del Código electoral federal, consistente en realizar acciones
que tuvieran por objeto impedir el funcionamiento regular de los
órganos de gobierno.
Lo anterior porque, como ya se ha señalado, la conducta
sancionada consistió en una infracción de peligro abstracto la
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64
cual castiga una acción que ponga en riesgo un bien jurídico
tutelado con independencia que se dé el resultado o no; en esa
tesitura, cuando el 5° Pleno del VI Consejo Nacional acordó una
instrucción a los legisladores pertenecientes al Partido de la
Revolución Democrática para que evitaran que el entonces
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, utilizara la tribuna
del Congreso para rendir su informe de gobierno, puso en
riesgo el funcionamiento regular del Congreso de la Unión,
puesto que dicho acuerdo estaba encaminado a separarse del
procedimiento constitucional y legal antes referido.
Ello porque si el funcionamiento regular consistía en que una
comisión de legisladores recibieran en la sede del Congreso al
Presidente de la República, que éste se sentara al lado
izquierdo del Presidente del Congreso, presentara su informe
de gobierno sin que fuera posible intervenciones o
interrupciones por parte de los legisladores y, que una vez
concluido el discurso del Presidente de la República, el
Presidente del Congreso contestará el discurso en términos
concisos y generales; resulta incuestionable que se atentó en
contra de la realización de esos actos, cuando un instituto
político instruye a los legisladores postulados por éste, a
impedir que el Presidente de la República utilice la tribuna del
Congreso para rendir su informe constitucional de Gobierno,
pues pone en peligro que ese funcionamiento se cumpla
conforme a lo establece la normativa aplicable.
Por tanto, sí se actualiza el elemento normativo de
funcionamiento regular de los órganos, cuando el Consejo
SUP-RAP-188/2008
65
Nacional ordenó la consecución de esos actos pues es
indudable que estaban encaminados a provocar un
funcionamiento irregular y separado del orden jurídico previsto
para la realización de dichas sesiones del Congreso de la
Unión.
Sobre la toma de protesta del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos 83, 87 y 128 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos previenen lo
siguiente:
Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: «Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande». Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Sobre el particular la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
Articulo 4. 1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir
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66
del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. 2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el quince de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del treinta de abril del mismo año. Articulo 5. 1. El Congreso se reunirá en sesión conjunta de las Cámaras para tratar los asuntos que previenen los artículos 69, 84, 85, 86 y 87 de la Constitución, así como para celebrar sesiones solemnes. 2. Cuando el Congreso sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe la Cámara de Diputados y el Presidente de ésta lo será de aquél. Articulo 23. 1. […] 2. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios. […]
De los referidos numerales constitucionales y legales se
desprende cuál es el elemento normativo (funcionamiento
regular de los órganos) aplicable para el caso de la toma de
protesta del Presidente de la República electo en el recinto del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho elemento, en la especie, establece que lo ordinario es
que quien resulte electo Presidente de la República Mexicana
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67
se presente a tomar protesta ante el Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, por tanto, aquello que no se
apegue a lo anterior, implicaría un funcionamiento irregular del
órgano.
En la especie, en el procedimiento sancionador seguido en
contra del Partido de la Revolución Democrática quedó
acreditado que dicho instituto político, a través de su 8º pleno
ordinario del VI Consejo Nacional, acordó realizar acciones que
tuvieran por objeto impedir el funcionamiento regular de los
órganos de gobierno al haber resuelto llevar a cabo actos
tendentes a impedir la toma de protesta del ciudadano Felipe
Calderón Hinojosa como Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, el primero de diciembre de dos mil seis, en el
recinto del Congreso de la Unión.
El pronunciamiento formulado en ese sentido por parte del
Consejo Nacional del referido instituto político,
incuestionablemente acredita el elemento normativo del tipo en
el sentido de que puso en riesgo que un órgano de gobierno no
funcionara conforme a lo establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la propia norma
fundamental establece que el presidente electo tomará protesta
ante el Congreso General, cualquier acto que tenga por
propósito evitar, impedir u obstaculizar el cumplimiento de esos
fines, indudablemente ponen en riesgo que dicho objetivo no se
cumpla y, por tanto, resulta sancionable en los términos
establecidos por el artículo 38, párrafo 1, inciso b) del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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68
Sobre la base anterior, es válido concluir que contrariamente a
lo afirmado por el recurrente, en el procedimiento subyacente sí
quedó evidenciado el elemento normativo del tipo consistente
en llevar a cabo conductas cuyo objeto era impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.
En efecto, la emisión de los acuerdos del 5° pleno
extraordinario y 8° pleno ordinario del Consejo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática efectivamente incitaron a
conductas que tenían por objeto el llevar a los órganos de
gobierno a un funcionamiento irregular; y tales acuerdos, per
se, crearon un riesgo no permitido por la norma, por una parte,
dirigido a afectar el funcionamiento regular de la sesión de
apertura del Congreso y de rendición de informe de gobierno el
pasado primero de septiembre de dos mil seis; por otra parte, la
toma de protesta del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, como
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tanto, por las consideraciones expuestas, el funcionamiento
regular de los órganos de gobierno (elemento normativo del tipo
exigido en el artículo 38, párrafo1, inciso b) del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales), sí se actualizó
con la emisión de los acuerdos que emitió el Consejo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática.
Indebida valoración de la responsabilidad y de las pruebas
Sobre este tema, el partido expone de igual forma distintos
planteamientos, mismos que serán respondidos uno a uno,
como en derecho corresponda.
SUP-RAP-188/2008
69
A. Actuación libre de los legisladores. En primer lugar se
tienen los argumentos de defensa en los cuales se aduce, que
al partido se le sanciona por conductas asumidas por
legisladores que no pueden incidir en la esfera del instituto
político ni pararle perjuicio alguno.
Sobre este particular, manifiesta el Partido de la Revolución
Democrática que el acto reclamado le perjudica, debido a que
ese instituto no puede ser inculpado, por conductas que son
imputables a senadores y diputados federales que accedieron a
dichos cargos postulados tanto por ese partido político e,
inclusive, por partidos diversos.
Lo anterior es así, atendiendo a que de acuerdo con el criterio
“MILITANTE DE PARTIDO POLÍTICO. LA POSIBLE
RESPONSABILIDAD SOBRE SUS ACTOS U OPINIONES SE
CONSTRIÑE A LA CALIDAD CON LA QUE SE HAYAN
OSTENTADO”, no es dable confundir los actos u opiniones que
emiten los militantes de los partidos políticos, con los actos que
llevan a cabo en ejercicio de algún cargo de elección popular,
puesto que debe atenderse a la calidad con la que se hayan
ostentado. Dicho criterio, apunta, se reiteró recientemente en la
ejecutoria que recayó al expediente SUP-RAP-147/2008.
En este contexto, señala que la resolución impugnada viola el
artículo 61 constitucional, en la medida en que los diputados y
senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en
el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos
por aquéllas, lo cual incluye toda manifestación que realicen en
SUP-RAP-188/2008
70
ejercicio de sus cargos, tal como sucedió en los hechos
acaecidos el primero de septiembre, así como el primero de
diciembre, ambos de dos mil seis.
Agrega, que la autoridad responsable admite que los actos por
los que se le sanciona fueron realizados en el interior de los
recintos parlamentarios, cuando es el caso que el propio
dispositivo constitucional arriba mencionado, señala que es al
Presidente de la Cámara a quien le corresponderá velar por el
respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y
por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
Por ende, considera que la autoridad responsable reconviene a
los legisladores por actos realizados en ejercicio de sus
funciones, al imponerle sanciones a ese partido político a cuyo
grupo parlamentario pertenecen, de modo tal que se les busca
inhibir para que no realicen actos similares, por la vía de una
sanción excesiva al partido político que en su momento los
postuló para acceder al cargo de elección popular que
actualmente ocupan.
Además, la apelante expresa que no resulta válido que la
autoridad responsable confunda los actos que realizan los
militantes relacionados de manera directa e inmediata con el
trabajo partidista, de aquellos actos que realizan los
legisladores en ejercicio de sus atribuciones.
Expone, que la autoridad responsable a través de una indebida
interpretación del artículo 70 constitucional, pretende establecer
un vínculo de la conducta de tales legisladores con la de ese
SUP-RAP-188/2008
71
partido político, a través de la aseveración de que los grupos
parlamentarios son reflejo de los partidos políticos en el propio
congreso y, por tanto, forman parte de estos últimos, cuando es
el caso que los actos que realizan los legisladores en el ámbito
de su función parlamentaria, no pueden ser imputables a los
partidos políticos debido a la protección constitucional con la
que los diputados y senadores cuentan, además de que se
pasa por alto que las agrupaciones de diputados, según su
filiación de partido, se realizan para garantizar la libre expresión
de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de
Diputados, más nunca para que éstos respondan a los
designios de los partidos que los postulan.
Lo anterior, porque de admitirse el criterio de la autoridad
responsable, se pasaría por alto lo dispuesto en el artículo 51
constitucional, el cual establece que la Cámara de Diputados se
compone de representantes de la Nación y del pueblo, quienes
contrario a lo afirmado por la responsable, no son reflejo de los
partidos políticos.
B. Los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional del partido no vinculan a los legisladores.
B.1 Informe de Gobierno (1° de septiembre de 2006)
El impugnante se inconforma porque el Consejo General del
Instituto Federal Electoral concluyó, que la conducta es
imputable a ese partido político, por la existencia de un
resolutivo del 5° Pleno Extraordinario del VI Consejo Nacional,
SUP-RAP-188/2008
72
en el cual se resolvió “impedir que Vicente Fox Quesada haga
uso de la tribuna del Congreso de la Unión.”
Razona que cuando la autoridad responsable en la página 183
de la resolución puesta en entredicho, señaló, en esencia, que
sí existió una instrucción por parte del Consejo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática encaminada a establecer
como línea política para los grupos parlamentarios del Partido
de la Revolución Democrática que impidieran al ex Presiente
Vicente Fox Quesada hacer uso de la tribuna del Congreso de
la Unión, en su sesión del pleno del primero de septiembre de
dos mil seis, es decir, autorizó e instruyó a sus legisladores
realizar conductas con ese objeto, dicha afirmación viola el
principio de legalidad, porque se pasa por alto que el Consejo
Nacional no puede emitir instrucciones a los legisladores, sino
meras recomendaciones.
Al respecto, se explica que la normativa interna del Partido de la
Revolución Democrática otorga plena libertad a los legisladores
que fueron postulados por ese partido, para la toma de
decisiones en pleno ejercicio de sus funciones.
En efecto, señala que el artículo 51, párrafo 1, inciso l, de los
estatutos, dispone expresamente que los grupos parlamentarios
de dicho partido en los órganos legislativos tienen plena libertad
de adoptar sus propios reglamentos internos, administrar sus
recursos económicos y elegir democráticamente a sus
coordinadores y demás responsables.
SUP-RAP-188/2008
73
Subraya que en términos del artículo 17, párrafo 4, inciso b, de
los propios estatutos, se establece como facultad del Consejo
Nacional emitir recomendaciones a los miembros del partido
en las instancias legislativas relativas a políticas públicas y
trabajo legislativo.
Precisa que tales recomendaciones no son vinculantes, porque
la Cámara de Diputados en términos del artículo 51
constitucional, se integra por representantes de la Nación,
quienes tienen plena libertad de actuar conforme a su
conciencia y en ejercicio de su función parlamentaria.
Asimismo, hace énfasis en que la autoridad responsable en el
acto reclamado, afirma que existen algunas expresiones de
quienes denomina “dirigentes” del Partido de la Revolución
Democrática en las que se pronuncian por impedir que el
entonces Presidente Vicente Fox hiciera uso de la tribuna el
primero de diciembre de dos mil seis; sin embargo, tales
afirmaciones adolecen de una debida motivación, en tanto el
apelante afirma que la autoridad responsable no explica con
qué elementos de juicio llegó a la convicción de que
efectivamente tengan ese carácter, tomando en consideración
que del artículo 19, párrafo 5, inciso c), de los estatutos, se
desprende que el único dirigente que se encuentra facultado
para ser portavoz del partido es su Presidente Nacional.
De ahí, que las manifestaciones que se realizaran por esas
personas no pueden resultar imputables al partido, dado que las
SUP-RAP-188/2008
74
mismas fueron hechas a título personal, en ejercicio de su
libertad de expresión.
B.2 Toma de posesión (1° de diciembre de 2006)
El actor manifiesta, que la autoridad responsable sustenta
fundamentalmente su determinación, en la existencia del
resolutivo del 8° Pleno extraordinario del VI Consejo Nacional
en el cual se expresó: “Reitera su determinación de impedir la
toma de protesta del usurpador el 1° de diciembre de 2006”.
A este respecto, considera que la responsable indebidamente lo
sanciona, al señalar que algunos “dirigentes” y uno de sus
órganos de dirección manifestaron su voluntad de realizar actos
tendentes a impedir la toma de protesta del C. Felipe Calderón
Hinojosa como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
puesto que no explica con qué elementos de juicio llegó a la
convicción de que efectivamente tales personas tengan ese
carácter, máxime si se toma en consideración que el único
dirigente que se encuentra facultado para ser portavoz del
Partido de la Revolución Democrática en su Presidente
Nacional.
Resalta que cualquier manifestación que realicen los miembros
de ese partido públicamente o dentro de las deliberaciones de
sus órganos se hace a título personal en ejercicio de su libertad
de expresión y no pueden ser imputables al partido. Así las
cosas, expone que se sanciona a ese partido por la simple
manifestación de ideas, lo cual a todas luces resulta violatorio
de su libertad de expresión tutelado por el artículo 6°
SUP-RAP-188/2008
75
constitucional, puesto que se establece que ninguna
manifestación de ideas será objeto de inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los
derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden
público.
Bajo tales condiciones, señala que el resolutivo adoptado en el
8° Pleno Extraordinario del VI Consejo Nacional, sólo se trató
de un pronunciamiento de carácter político que ni siquiera tenía
un destinatario específico.
Ello, porque insiste que en términos del artículo 17, párrafo 4,
inciso h, de los estatutos, el Consejo Nacional cuenta con la
facultad de emitir recomendaciones a los miembros del partido
en las instancias legislativas relativas a políticas públicas y
trabajo legislativo, que tales recomendaciones no son
vinculantes, porque la Cámara de Diputados, en términos del
artículo 51 constitucional, se integra por representantes de la
Nación, quienes tienen plena libertad de actuar conforme a su
conciencia y en ejercicio de su función parlamentaria.
Los anteriores argumentos carecen de sustento jurídico y, en
consecuencia, deben considerarse infundados.
Esta Sala Superior arriba a la convicción de que no son aptos
para revocar la resolución cuestionada, los conceptos de
violación construidos sobre la base de que el Partido de la
Revolución Democrática fue sancionado: 1) por actos que
fueron realizados en el interior de los recintos parlamentarios; 2) por legisladores; 3) en ejercicio de su función parlamentaria; 4)
SUP-RAP-188/2008
76
quienes estimaban que había sido suspendida la vigencia de
las garantías constitucionales en las inmediaciones del
señalado recinto; y, 5) cuando nunca se demostró que las
conductas realizadas por presuntos militantes de ese partido, se
relacionaran de manera directa e inmediata con el trabajo
partidista, pues ni siquiera demostró que los legisladores
involucrados son militantes del partido, además la autoridad
responsable pasa por alto que los estatutos de dicho instituto
político permiten la postulación de candidatos externos.
Lo anterior, debido a que como ya quedó explicado con
antelación, este Tribunal Federal advierte que la autoridad
responsable sancionó al partido apelante, con base en la
actualización de una infracción de peligro abstracto u objeto
como la identificó la autoridad responsable y no de resultado,
como en forma inexacta lo hace valer el partido inconforme.
Ciertamente, se considera que si bien la autoridad responsable,
como parte de su motivación hizo alusión a los eventos que
sucedieron dentro del recinto de la Cámara de Diputados, los
días primero de septiembre y primero de diciembre, ambos de
dos mil seis, relacionados, con impedir el uso de la tribuna al
entonces Presidente Vicente Fox Quesada para que presentara
su sexto informe de gobierno e impedir al entonces Presidente
electo Felipe Calderón Hinojosa rendir la protesta a que se
refiere el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en donde dichas acciones fueron realizadas
por diputados y senadores, también es cierto que esta autoridad
jurisdiccional aprecia que esos datos sólo tuvieron como
SUP-RAP-188/2008
77
propósito establecer el contexto de cada uno de tales sucesos,
pero en modo alguno fueron tomados en consideración por la
responsable para tener por actualizadas las infracciones de
peligro abstracto u objeto correspondientes e, imponer, en
consecuencia, la sanción que se reclama.
Esto es así, en tanto que de la lectura de la resolución
cuestionada, no se desprende, como lo afirma la parte apelante,
que tanto las infracciones configuradas como la sanción
impuesta por la autoridad electoral administrativa, obedecieran
a los hechos acaecidos el primero de septiembre así como el
primero de diciembre de dos mil seis, dentro del citado recinto
parlamentario en donde estuvieron involucrados diputados y
senadores, sino que aquéllas partieron de la base, de los
resolutivos adoptados por el 5° pleno extraordinario, así como el
8° pleno ordinario, del VI Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática.
Por consiguiente, es dable sostener que los conceptos de
reproche que tienen por finalidad evidenciar la
inconstitucionalidad e ilegalidad de la resolución combatida, a
partir de que en la especie se sanciona al Partido de la
Revolución Democrática, por los sucesos acaecidos el primero
de septiembre, así como el primero de diciembre, ambos de dos
mil seis, dentro del recinto de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, en los cuales participaron diputados y
senadores pertenecientes a los grupos parlamentarios de ese
partido político, así como los motivos que éstos hicieron valer
parra adoptar cada una de esas acciones, resultan inocuos,
SUP-RAP-188/2008
78
dado que ésas no fueron las razones que justificaron la
actuación de la autoridad responsable.
De ahí, que se concluya entonces que el acto reclamado, en lo
conducente, no pueda incurrir en una indebida interpretación y
aplicación de los artículos 61 y 70 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, puesto que en modo alguno se
le sanciona por las acciones realizadas por los diputados y
senadores dentro de los recintos parlamentarios, al pertenecer
aquéllos a los grupos parlamentarios del Partido de la
Revolución Democrática.
Como consecuencia de lo anterior, no se advierte que el
Consejo General del Instituto Federal Electoral en la resolución
cuestionada, se arrogara indebidamente o hubiera invadido las
atribuciones del Presidente de la Cámara, en lo concerniente a
que le corresponderá velar por el respeto al fuero constitucional
de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto
donde se reúnan a sesionar, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 61, párrafo segundo, de la Constitución General
de la República.
De ahí, que tampoco exista asidero alguno para sostener, que
la autoridad responsable a través de la resolución impugnada,
reconviene a los legisladores por tales actos y busca inhibirlos
para que no realicen actos similares. Ni resulte necesario
desentrañar, si la autoridad responsable confundió los actos
que realizan los militantes relacionados de manera directa e
SUP-RAP-188/2008
79
inmediata con el trabajo partidista, de aquellos actos que
realizan los legisladores en ejercicio de sus atribuciones.
En esta medida, también se considera que a ningún resultado
práctico llevaría examinar si la autoridad responsable a través
de una indebida interpretación del artículo 70 constitucional,
pretende establecer un vínculo de la conducta de tales
legisladores con la de ese partido político, por la aseveración de
que los grupos parlamentarios son reflejo de los partidos
políticos en el propio congreso y, por tanto, forman parte de
estos últimos, porque los motivos que dieron origen a la sanción
recurrida, finalmente, no se soportan en dichos argumentos.
Asimismo, no se pasa por alto que la parte apelante, ahora en
alusión a lo dispuesto en el artículo 51 constitucional, manifiesta
que la Cámara de Diputados se compone de representantes de
la Nación y del pueblo, quienes contrario a lo afirmado por la
autoridad responsable, no son reflejo de los partidos políticos y,
por ese motivo, no es posible establecer un vínculo de las
conductas de los legisladores con la del Partido de la
Revolución Democrática.
Ello, en tanto que como ya se ha explicado con anterioridad, la
sanción impugnada no se sustenta en modo alguno sobre el
posible nexo causal que pudiera existir, por una parte, entre las
conductas asumidas por los legisladores pertenecientes a los
grupos parlamentarios del Partido de la Revolución
Democrática, en los sucesos acaecidos el primero de
septiembre y el primero de diciembre ambos de dos mil seis y,
SUP-RAP-188/2008
80
por otro lado, respecto de la adopción de los resolutivos
precisados en ambos plenos del VI Consejo Nacional, puesto
que la resolución CG452/2008 única y exclusivamente se apoya
en tales decisiones de la autoridad superior de ese instituto
político.
De ahí, que contrario a lo aseverado por la parte apelante, sea
dable estimar que en la especie, la autoridad responsable al
resolver el presente caso no conoció de cuestiones que sean
ajenas al Derecho Electoral por ser propias del Derecho
Parlamentario, en tanto no se advierte que con la respectiva
sanción, se califiquen o reprendan las conductas asumidas por
los legisladores dentro del citado recinto legislativo, tanto el
primero de septiembre, así como el primero de diciembre,
ambos de dos mil seis.
Por consiguiente, a nada productivo llevaría efectuar el examen
consistente en, si las acciones desplegadas por los legisladores
en tales sucesos se encuentran relacionados de manera directa
e inmediata con el trabajo partidista, debido a que como ya se
expuso con anterioridad, las infracciones que en el caso
particular tuvo por actualizadas la autoridad responsable, fueron
de objeto o de peligro abstracto, las cuales en modo alguno
requieren para su concreción, del resultado fáctico
correspondiente, motivo por el cual, ningún beneficio le arrojaría
al actor conocer si las acciones en que se vieron involucrados
los diputados y senadores pertenecientes a los grupos
parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en las
SUP-RAP-188/2008
81
cámaras del H. Congreso de la Unión, debían ser consideradas
o no trabajo partidista.
Por otro lado, resultan infundados los agravios enderezados a
cuestionar el alcance y los efectos de los acuerdos adoptados
por el VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, tanto en el 5° pleno extraordinario, así como en el
8° pleno ordinario, celebrados el treinta y uno de agosto, así
como los días diez y once de noviembre, ambos de dos mil
seis, respectivamente.
En primer lugar, se aprecia que el Partido de la Revolución
Democrática opone como defensas, que de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 17, párrafo 4, inciso b, así como 51,
párrafo 1, inciso l, de sus estatutos, por una parte, el Consejo
Nacional solamente cuenta con la facultad de emitir
recomendaciones no vinculantes a los miembros del partido en
las instancias legislativas relativas a políticas públicas y trabajo
legislativo y, por otro lado, que los grupos parlamentarios del
partido en los órganos legislativos tienen plena libertad de
adoptar sus propios reglamentos internos, administrar sus
recursos económicos y elegir democráticamente a sus
coordinadores y de más responsables.
Dichos agravios resultan infundados, debido a que este
Tribunal Federal advierte que tales argumentos defensivos, se
sustentan en la normativa estatutaria vigente a la fecha de
interposición del recurso de apelación que se resuelve, la cual
es importante resaltar, no se encontraba vigente al momento en
SUP-RAP-188/2008
82
que el VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática adoptó los resolutivos que en el caso particular se
examinan.
En efecto, el examen comparativo de ambas normatividades
estatutarias permite apreciar, que los conceptos de violación
expuestos por el partido apelante en el medio de impugnación
que se estudia, se sustentan en un ordenamiento que resulta
inaplicable para el análisis del presente asunto, debido a que no
se encontraba vigente al momento en que el VI Consejo
Nacional adoptó los resolutivos correspondientes.
Con la finalidad de demostrar esta aseveración, se toman de
ser el caso, los artículos 17, párrafo 4, inciso b, así como 51,
párrafo 1, inciso l, de los ordenamientos siguientes:
• Por una parte, del Estatuto del Partido de la Revolución
Democrática con las reformas aprobadas por el IX Congreso
Nacional, celebrado el veintidós y veintitrés de abril de dos
mil cinco, que a su vez fue validado mediante la resolución
CG134/2005 del Consejo General del Instituto Federal
Electoral, por la que se declaró la procedencia constitucional
y legal de las modificaciones al estatuto de ese partido
político, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el
treinta y uno de mayo de dos mil cinco; y,
• Por otro lado, del Estatuto el Partido de la Revolución
Democrática con las reformas aprobadas por el X Congreso
Nacional Extraordinario, celebrado del dieciséis al
diecinueve de agosto de dos mil siete, que a su vez fue
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validado mediante la resolución CG259/2007 del Consejo
General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia
constitucional y legal de las modificaciones a los
documentos básicos de ese instituto político, aprobada en
sesión extraordinaria celebrada el once de octubre de dos
mil siete.
Cabe señalar, que no existe entre estos Congresos Nacionales,
alguno otro en el que se hubieran reformado los documentos
básicos del Partido de la Revolución Democrática.
Ahora bien, del examen respectivo se obtiene lo siguiente:
ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA REFORMAS APROBADAS POR EL IX CONGRESO NACIONAL
Estatuto del Partido de la Revolución Democrática que
Incluye reformas aprobadas por su X Congreso Nacional Extraordinario
Artículo 17°. Las alianzas y convergencias electorales. 1. El Partido de la Revolución Democrática podrá hacer alianzas electorales con partidos políticos nacionales o locales registrados conforme a la ley aplicable y en el marco de la misma. 2. Las alianzas tendrán como instrumento un acuerdo, un programa común y candidaturas comunes. 3. Los Consejos respectivos tienen la obligación de formular la estrategia electoral para el ámbito correspondiente. Corresponde al Consejo Nacional, con la participación de los estados y municipios, aprobar la política de alianzas electorales, y al Comité Ejecutivo Nacional, con la participación de los Comités Estatales y Municipales, operar esta política. 4. Cuando se efectúe una alianza, el Partido solamente elegirá de conformidad con el presente Estatuto, a los candidatos que, según el convenio, le corresponda. 5. Corresponde al Consejo Nacional, con la participación del Consejo Estatal, aprobar la política de convergencias electorales. A los Comités Ejecutivos Nacional y Estatal operar esta política. 6. Las candidaturas que se presenten como producto de una convergencia electoral serán registradas por el Partido para todos los efectos legales, y corresponderá a cada organización incluida en la convergencia, nombrar a candidatas y candidatos que le correspondan, según el convenio político. Las candidaturas que correspondan al Partido se elegirán de acuerdo con el presente Estatuto.
7. Cuando se realice una alianza o convergencia, se suspenderá el procedimiento de elección interna, cualquiera que sea el momento procesal en que se encuentre, incluso si la o el candidato del Partido ya hubiera sido elegido, siempre que tal candidatura corresponda a una organización aliada o en convergencia con el Partido, según el convenio firmado y aprobado.
Resulta importante destacar, que del artículo 9°, párrafo 2, se tiene que las facultades del Consejo Nacional eran:
Artículo 17º. El Consejo Nacional 1. El Consejo Nacional es la autoridad superior del Partido en el país entre Congreso y Congreso. 2. Se reúne al menos cada tres meses a convocatoria de su Mesa Directiva. Su funcionamiento está regulado por el Reglamento de Consejos que emita este Consejo. 3. El Consejo Nacional se integra por: a. a j. … 4. Sus funciones son: a. .. b. Tomar resoluciones políticas y hacer recomendaciones a los miembros del Partido en las instancias ejecutivas y legislativas de los gobiernos, relativas a políticas públicas y sobre el trabajo legislativo; c. … s. … 5. Las resoluciones y acuerdos del Consejo Nacional serán de obligatorio acatamiento para todo el Partido.
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ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA REFORMAS APROBADAS POR EL IX CONGRESO NACIONAL
Estatuto del Partido de la Revolución Democrática que
Incluye reformas aprobadas por su X Congreso Nacional Extraordinario
2. El Consejo Nacional es la autoridad superior del Partido en el país entre Congreso y Congreso; sus funciones son:
a. Formular, desarrollar y dirigir la política del Partido en el país para el cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones del Congreso Nacional; elaborar su agenda política anual; normar la política del Partido con otros partidos y asociaciones políticas, así como con organizaciones sociales y económicas nacionales; vigilar que los representantes populares y funcionarios del Partido apliquen la Línea Política y el Programa del Partido y expedir la plataforma electoral;
b. Elegir, a propuesta del presidente del Comité Ejecutivo Nacional y con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus miembros presentes a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, excepto al presidente y secretario general, y determinar las secretarías con que contará y sus respectivas funciones. Esta propuesta deberá respetar la representación proporcional expresada en la elección de consejeros nacionales. En el caso del titular de la secretaría de asuntos juveniles, el presidente hará su propuesta a partir de una terna que le presenten los congresistas menores de 30 años;
c. Designar a la presidencia y a la secretaría general sustitutos ante la renuncia, remoción o ausencia de quienes hubieran ocupado tales cargos;
d. Convocar y organizar el Congreso Nacional;
e. Convocar a plebiscito y referéndum;
f. Convocar a la elección de dirigentes y de las candidaturas a cargos de elección popular en el nivel nacional;
g. Elegir a los integrantes de la Comisión Política Consultiva Nacional;
h. Remover a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, incluso a su presidencia y/o secretaría general mediante mayoría de dos tercios de las consejeras y consejeros presentes en sesión especialmente citada para tal efecto. Esta sesión deberá ser citada en los casos en que se omita rendir cuentas sobre las actividades desarrolladas o el empleo de recursos materiales y financieros;
i. Aprobar en el primer pleno del año el Programa Anual de Trabajo con metas y cronograma, el presupuesto anual, la política presupuestal; conocer y, en su caso y momento, aprobar el informe financiero del año anterior;
j. Elegir a su mesa directiva integrada por cinco personas: presidencia, vicepresidencia y tres secretarías;
k. Expedir o modificar su propio reglamento interno, el del Comité Ejecutivo Nacional, el General de Elecciones y Consultas, y los de los Órganos Autónomos, así como todos aquéllos que sean necesarios para el debido cumplimiento del presente Estatuto;
l. Evaluar anualmente el desempeño de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, para lo cual éstos entregarán los informes necesarios ante el Consejo Nacional reunido en su primer pleno de cada año;
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ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA REFORMAS APROBADAS POR EL IX CONGRESO NACIONAL
Estatuto del Partido de la Revolución Democrática que
Incluye reformas aprobadas por su X Congreso Nacional Extraordinario
m. En los casos previstos por el Estatuto, puede por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes, destituir a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal. Sólo en caso de que no esté constituido y funcionando el Consejo Estatal, puede nombrar a los sustitutos mediante votación de dos terceras partes de sus miembros presentes;
n. Aprobar o modificar las normas y la constitución del Organismo Nacional Indígena del Partido;
ñ. Nombrar y remover a las direcciones de los centros de estudio, institutos o fundaciones del Partido;
o. Decidir en materia de endeudamiento del Partido, y
p. Las demás que define el presente Estatuto. No existe artículo 51 debido a que llega hasta el artículo 44. Empero, el artículo 27 señalaba: Artículo 27. De la relación con gobernantes y legisladores. 1. Los gobernantes, legisladores, regidores y síndicos que hayan sido postulados por el Partido de la Revolución Democrática estarán sujetos a lo que establecen las siguientes bases: a. a k. … l. Los grupos parlamentarios del Partido en los órganos legislativos y ayuntamientos adoptarán sus propios reglamentos internos, administrarán sus recursos económicos y elegirán democráticamente a sus coordinadores y demás responsables; m….
Artículo 51. De la relación con gobernantes y legisladores 1. Los gobernantes, legisladores, regidores y síndicos que hayan sido postulados por el Partido de la Revolución Democrática estarán sujetos a lo que establecen las siguientes bases: a. a k…. l. Los grupos parlamentarios del Partido en los órganos legislativos y ayuntamientos adoptarán sus propios reglamentos internos, administrarán sus recursos económicos y elegirán democráticamente a sus coordinadores y demás responsables, y m….
Bajo estas condiciones, resulta evidente que el agravio que la
parte apelante hace valer con relación al artículo 17, párrafo 4,
inciso l, de los estatutos, en el sentido de que el Consejo
Nacional cuenta con la facultad de tomar resoluciones políticas
y hacer recomendaciones a los miembros del Partido en las
instancias ejecutivas y legislativas de los gobiernos, relativas a
políticas públicas y sobre el trabajo legislativo, deviene
infundado, en tanto que dicha normativa resulta de una
vigencia posterior a la época en que ocurrieron los hechos,
razón por la cual esa disposición no puede válidamente
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invocarse para justificar que el VI Consejo Nacional, hubiera
emitido en el sentido que lo hizo, los resolutivos del 5° pleno
extraordinario, así como en el 8° pleno ordinario, celebrados el
treinta y uno de agosto, así como los días diez y once de
noviembre, ambos de dos mil seis.
Por lo que respecta al agravio que la parte enjuiciante sustenta
en el artículo 51, párrafo 1, inciso l, de los estatutos, el estudio
respectivo se efectuará tomando en consideración el contenido
del artículo 27, párrafo 1, inciso l, de los estatutos vigentes en la
época en que se adoptaron los resolutivos correspondientes.
Aclarado lo anterior, para llevar a cabo el análisis planteado por
la parte apelante, conviene tener presente la normativa
estatutaria vigente en el periodo 2005-2006, aprobada por el IX
Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática,
que a su vez fue validada mediante la resolución CG134/2005 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, misma que
regulaba el funcionamiento del Consejo Nacional, al momento
en que se adoptaron los resolutivos correspondientes.
La misma es del tenor literal siguiente:
ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA REFORMAS APROBADAS POR EL IX CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
“Artículo 9º. El Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política Consultiva Nacional.
1. El Consejo Nacional se integra con:
a. La presidencia nacional y la secretaría general nacional del Partido;
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b. Las presidencias del Partido en las entidades;
c. Las presidencias del Partido de los Comités Estatales del exterior;
d. Las expresidencias nacionales del Partido;
e. Ciento noventa y dos consejerías nacionales elegidas mediante voto secreto y directo a través del principio de representación proporcional pura por estado y con la misma razón de distribución entre los estados señaladas para la elección de los 1,100 integrantes del Partido al Congreso Nacional;
f. Sesenta y cuatro consejerías nacionales elegidas en el Congreso Nacional mediante el principio de representación proporcional. El porcentaje mínimo de votos que debe alcanzar cada planilla para tener derecho a la asignación de consejerías es del cinco por ciento;
g. Las diputaciones federales y senadurías, elegidas en sus respectivos grupos parlamentarios, en razón de la cuarta parte del total de los integrantes de éstos que sean miembros del Partido;
h. Los titulares de las gubernaturas de los Estados que sean miembros del Partido;
i. Un número de consejerías eméritas, elegidas en el Congreso Nacional, por dos tercios de los delegados presentes, a propuesta de la presidencia del Congreso, y
j. El universo de consejeros del exterior definido por el Consejo Nacional, el cual se repartirá a partir del número de miembros del Partido en cada entidad sobre la totalidad de éstos en el país.
2. El Consejo Nacional es la autoridad superior del Partido en el país entre Congreso y Congreso; sus funciones son:
a. Formular, desarrollar y dirigir la política del Partido en el país para el cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones del Congreso Nacional; elaborar su agenda política anual; normar la política del Partido con otros partidos y asociaciones políticas, así como con organizaciones sociales y económicas nacionales; vigilar que los representantes populares y funcionarios del Partido apliquen la Línea Política y el Programa del Partido y expedir la plataforma electoral;
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b. Elegir, a propuesta del presidente del Comité Ejecutivo Nacional y con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus miembros presentes a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, excepto al presidente y secretario general, y determinar las secretarías con que contará y sus respectivas funciones. Esta propuesta deberá respetar la representación proporcional expresada en la elección de consejeros nacionales. En el caso del titular de la secretaría de asuntos juveniles, el presidente hará su propuesta a partir de una terna que le presenten los congresistas menores de 30 años;
c. Designar a la presidencia y a la secretaría general sustitutos ante la renuncia, remoción o ausencia de quienes hubieran ocupado tales cargos;
d. Convocar y organizar el Congreso Nacional;
e. Convocar a plebiscito y referéndum;
f. Convocar a la elección de dirigentes y de las candidaturas a cargos de elección popular en el nivel nacional;
g. Elegir a los integrantes de la Comisión Política Consultiva Nacional;
h. Remover a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, incluso a su presidencia y/o secretaría general mediante mayoría de dos tercios de las consejeras y consejeros presentes en sesión especialmente citada para tal efecto. Esta sesión deberá ser citada en los casos en que se omita rendir cuentas sobre las actividades desarrolladas o el empleo de recursos materiales y financieros;
i. Aprobar en el primer pleno del año el Programa Anual de Trabajo con metas y cronograma, el presupuesto anual, la política presupuestal; conocer y, en su caso y momento, aprobar el informe financiero del año anterior;
j. Elegir a su mesa directiva integrada por cinco personas: presidencia, vicepresidencia y tres secretarías;
k. Expedir o modificar su propio reglamento interno, el del Comité Ejecutivo Nacional, el General de Elecciones y Consultas, y los de los Órganos Autónomos, así como todos aquéllos que sean necesarios para el debido cumplimiento del presente Estatuto;
l. Evaluar anualmente el desempeño de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, para lo cual éstos entregarán los informes
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necesarios ante el Consejo Nacional reunido en su primer pleno de cada año;
m. En los casos previstos por el Estatuto, puede por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes, destituir a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal. Sólo en caso de que no esté constituido y funcionando el Consejo Estatal, puede nombrar a los sustitutos mediante votación de dos terceras partes de sus miembros presentes;
n. Aprobar o modificar las normas y la constitución del Organismo Nacional Indígena del Partido;
ñ. Nombrar y remover a las direcciones de los centros de estudio, institutos o fundaciones del Partido;
o. Decidir en materia de endeudamiento del Partido, y
p. Las demás que define el presente Estatuto.
3. Las resoluciones y acuerdos del Consejo Nacional serán de obligatorio acatamiento para todo el Partido.
4. El Consejo Nacional sesionará por lo menos una vez cada tres meses a convocatoria de su Mesa Directiva, la cual está obligada a convocar cada vez que se lo solicite el Comité Ejecutivo Nacional.
5. La Mesa Directiva del Consejo Nacional tiene las siguientes funciones:
a. Convocar al Consejo Nacional a reuniones ordinarias o extraordinarias;
b. Proveer oportunamente de documentos de análisis e informativos a las consejeras y los consejeros;
c. Invitar a las reuniones del Consejo a especialistas en los temas de la agenda política del Consejo quienes tendrán derecho al uso de la voz, y
d. Llevar las actas del Consejo.
6. El Comité Ejecutivo Nacional se compone de un máximo de 21 integrantes, entre los cuales figuran la presidencia, la secretaría general y las coordinaciones de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión; sus funciones son:
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a. Aplicar las resoluciones del Consejo Nacional;
b. a m. …
n. Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones sobre el sentido de los votos emitidos por los representantes populares en casos que violen, contradigan la declaración de principios, el programa y la línea política el partido, que signifiquen daño a la estrategia política o imagen del partido. En los casos que lo ameriten, por cometer las infracciones previstas en el Artículo 25 numeral 8 del presente Estatuto el Comité Ejecutivo Nacional iniciará al representante popular, procedimiento ante el Órgano Jurisdiccional y aplicará con carácter de urgente y provisional, lo establecido en el Artículo 25 numeral 9 de éste estatuto.
ñ. Las demás que define el presente Estatuto.
7. El Comité Ejecutivo Nacional integrará las secretarías y comisiones que determine en concordancia con el artículo 9°, numeral 2, inciso b, de este Estatuto. Las secretarías del Comité Ejecutivo Nacional integrarán comisiones de trabajo, las cuales funcionarán de manera colegiada, elaborarán planes de trabajo con metas y cronogramas que ajustarán en función del presupuesto con el que cuenten. Los planes de trabajo serán evaluados por el Comité Ejecutivo Nacional trimestralmente y sólo en función de su cumplimiento se asignarán recursos para el siguiente trimestre.
8. La Comisión Política Consultiva Nacional se integra por un máximo de 45 integrantes, entre los cuales figuran los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido y una representación de migrantes mexicanos en el exterior y de indígenas; sus funciones son:
a. y b. …
9. La presidencia nacional del Partido tiene las siguientes funciones:
a. Presidir el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política Consultiva Nacional;
b. Convocar a las reuniones de los órganos señalados en el inciso anterior;
c. Ser portavoz del Partido;
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d. Presentar al Consejo Nacional, por lo menos cada tres meses, los informes de actividades del Comité Ejecutivo Nacional; el informe financiero será presentado por la Secretaría de Finanzas;
e. Representar legalmente al Partido y designar apoderados de tal representación;
f. Adoptar las resoluciones urgentes para el mejor desarrollo del Partido entre las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional e informar a éste de las mismas en su sesión siguiente, y
g. Las demás que define el presente Estatuto.
10. La secretaría general nacional del Partido tiene las siguientes funciones:
a. a d. …
Artículo 10º. Los Congresos del Partido.
1. El Congreso Nacional es la autoridad suprema del Partido. Sus acuerdos y resoluciones son inatacables y de cumplimiento obligatorio para todas las organizaciones y órganos del Partido.
2. El Congreso Nacional se realiza de manera ordinaria, cada tres años, y de forma extraordinaria cuando lo convoque el Consejo Nacional.
3. El Congreso Nacional se integra por:
a. a e. …
4. El número de congresistas del exterior se determinará a partir del número de miembros del Partido en cada entidad sobre la totalidad de éstos en el país de referencia, más cinco congresistas por cada Comité del Partido en el exterior siempre que dicho Comité abarque, por lo menos, un estado.
5. Los invitados del Consejo Nacional y de los Consejos Estatales tendrán solamente derecho de voz, y su número no será mayor de 333, repartidos por igual entre dichos Consejos. Los integrantes de las coordinaciones nacionales de los Comités de Base por actividad o preferencia de los miembros del Partido tendrán derecho de voz en el Congreso.
6. El Congreso Nacional se instalará válidamente con la presencia de la mayoría de los congresistas elegidos. Una vez instalado, el retiro de una parte de los mismos no será motivo de invalidez de
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sus resoluciones, siempre que permanezca, al menos, la cuarta parte de los congresistas.
7. Corresponde al Congreso Nacional:
a. Reformar total o parcialmente el Estatuto, la Declaración de Principios y el Programa del Partido, así como resolver sobre la Línea Política y la Línea de Organización del mismo;
b. Elegir a 64 integrantes del Consejo Nacional mediante el principio de representación proporcional;
c. Elegir a los titulares de los órganos autónomos por mayoría calificada de las dos terceras partes de los congresistas presentes, y
d. Las demás que defina el presente Estatuto.
8. La fecha, lugar, reglas congresuales y propuesta de temario del Congreso Nacional serán determinadas por el Consejo Nacional, pero normalmente el Congreso se reunirá inmediatamente después de las elecciones nacionales del Partido.
9. Los Congresos Estatales se integran con:
a. a d. …
10. El número total de congresistas elegidos en los distritos locales o en los municipios, según sea el caso, será establecido por el Consejo Estatal.
11. Corresponde al Congreso Estatal:
a. a d. …
12. Los Congresos del Partido en los estados se llevarán a cabo cada tres años o, antes, cuando el Consejo Estatal los convoque.
13. Los Congresos Municipales se integrarán de la siguiente manera:
a. y b. …
14. Corresponde al Congreso Municipal:
a. a c. …
15. Los Congresos del Partido en los municipios se realizarán a convocatoria del Consejo Estatal, de manera ordinaria cada tres
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años o de manera extraordinaria antes de que se cumpla este plazo.
Artículo 25°. Disciplina interna.
1. Las Comisiones Nacional y Estatales de Garantías y Vigilancia, en sus respectivos ámbitos de competencia, y mediante queja de los miembros del Partido, conocerán de las violaciones a este Estatuto y a los reglamentos del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con las siguientes normas:
a. a e. …
2. El Órgano Central de Fiscalización conocerá de las quejas relacionadas con los ingresos y gastos del Partido, sustanciará los procedimientos y determinará las sanciones que en su caso correspondan, en los términos que dispone el presente Estatuto.
3. El Consejo Nacional podrá revocar el mandato de los integrantes de los órganos autónomos, de los Consejos y Comités Ejecutivos Nacional, Estatales y Municipales, cuando incurran en conductas que impliquen violaciones graves al presente Estatuto, bajo las condiciones y las formalidades previstas en la normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática.
4. Los Consejos Nacional, Estatales y Municipales invariablemente deberán ser citados a sesión para revocar los mandatos de los integrantes de sus respectivos Comités Ejecutivos, cuando éstos omitan, en los plazos reglamentarios, rendir cuentas sobre su actividad y el empleo de recursos partidarios, o cuando incurran en conductas calificadas como faltas graves por el presente Estatuto.
5. Las infracciones a este Estatuto y a sus reglamentos podrán ser sancionadas:
a. a i. …
6. Las sanciones a que se refiere el numeral anterior deberán ser impuestas a quienes:
a. a f. …
7. Las sanciones que impliquen afectación de derechos y cancelación de la membresía sólo podrán imponerse por infracciones graves o sistemáticas al Estatuto.
8. Constituyen infracciones graves, la comisión de cualquiera de las siguientes conductas:
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a. a i. …
j. Desacatar los resolutivos de las Comisiones de Garantías y Vigilancia, del Órgano Central de Fiscalización, del Consejo Nacional y del Congreso Nacional, y
k. …
9. En los casos de urgente resolución derivados de la comisión de conductas graves por parte de los miembros del Partido, el Comité Ejecutivo Nacional podrá suspender provisionalmente los derechos y prerrogativas de los afiliados cuando encuentre elementos suficientes que acrediten la existencia de dichas conductas y la probable responsabilidad de dichos afiliados. En estos casos la suspensión mantendrá sus efectos hasta el momento en que el órgano competente del Partido emita la resolución que resuelva el fondo del asunto del que se trate. Este procedimiento siempre deberá garantizar el derecho a la defensa del afectado.
10. El Consejo Nacional podrá resolver la amnistía en favor de las personas expulsadas del Partido, pero ésta será estrictamente individual, sólo se podrá adoptar un año después de haberse aplicado la sanción por resolución de última instancia y se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes presentes del Consejo Nacional, siempre que el punto se encuentre en el orden del día desde la aprobación del mismo inmediatamente después de la instalación de la sesión.
Artículo 26°. Definición de las políticas públicas.
1. El Partido de la Revolución Democrática definirá las líneas generales legislativas y de gobierno que sus miembros impulsarán al ocupar cargos de elección popular en todos sus ámbitos y niveles. Los Consejos Estatales y Nacional aprobarán las líneas generales legislativas y de gobierno con base en los documentos básicos del Partido, la Línea Política y la plataforma electoral.
Artículo 27°. De la relación con gobernantes y legisladores.
1. Los gobernantes, legisladores, regidores y síndicos que hayan sido postulados por el Partido de la Revolución Democrática estarán sujetos a lo que establecen las siguientes bases:
a. Participación con derecho a voz en los Consejos correspondientes. Cuando se trate de temas relacionados con su ámbito específico de acción podrán fijar posiciones iniciales sobre el tema;
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b. Aplicación, en el marco de la ley, de las líneas generales legislativas y de gobierno aprobadas por el Partido;
c. Pago de cuotas extraordinarias mediante poder extendido ante la tesorería a favor de la secretaría de finanzas que corresponda. El compromiso que esto implica se suscribirá con el Partido desde el momento en que la o el interesado registre su candidatura interna. Los recursos de origen público no podrán usarse para cubrir dichas cuotas;
d. Abstención de establecer o aceptar compensaciones, sobresueldos o prebendas de beneficio personal, ingresos extraordinarios, cobertura de gastos por actividades especiales, desempeño de cargos o comisiones distintos a los de sus ingresos presupuestados;
e. Publicación de sus declaraciones patrimoniales, tanto al inicio como al final de su encargo, así como cada año;
f. Trato a las personas con atención y respeto;
g. Conducción con honradez y transparencia en la toma de decisiones;
h. Abstención de organizar grupos políticos contrarios a los objetivos del Partido;
i. Presentación de informes de actividades por escrito al Comité Ejecutivo Nacional para el caso de parlamentarios federales, al Comité Ejecutivo Estatal en el caso de parlamentarios locales, y al Comité Ejecutivo Municipal para el caso de regidores y síndicos;
j. Asistencia a las reuniones de evaluación de los gobiernos y los grupos parlamentarios del Partido en el nivel correspondiente;
k. Los legisladores y legisladoras deberán participar en igualdad de circunstancias en su grupo parlamentario, el cual funcionará siempre como entidad colegiada, y
l. Los grupos parlamentarios del Partido en los órganos legislativos y ayuntamientos adoptarán sus propios reglamentos internos, administrarán sus recursos económicos y elegirán democráticamente a sus coordinadores y demás responsables;
m. Atender las resoluciones políticas y sugerencias del Comité respectivo, en aquellos casos en los que se considere que se viola o contravienen los principios del partido, con la emisión de
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votos o aprobación de programas, presupuestos, cuentas públicas y resoluciones de carácter político.”
Con base en las disposiciones estatutarias trascritas, es dable
establecer las premisas siguientes:
• El Congreso Nacional es la autoridad suprema del partido.
Sus acuerdos y resoluciones son inatacables y de
cumplimiento obligatorio para todas las organizaciones y
órganos del Partido.
• El Congreso Nacional se realiza de manera ordinaria, cada
tres años, y de forma extraordinaria cuando lo convoque el
Consejo Nacional.
• Corresponde, entre otras atribuciones al Congreso Nacional,
resolver sobre la línea política y la línea de organización del
partido.
• El Consejo Nacional es la autoridad superior del partido en
el país entre Congreso y Congreso.
• El Consejo Nacional se integra, entre otros, con las
diputaciones federales y senadurías, elegidas en sus
respectivos grupos parlamentarios, en razón de la cuarta
parte del total de los integrantes de éstos que sean
miembros del partido.
• El Consejo Nacional no cuenta entre sus facultades, con la
de emitir recomendaciones a los diputados, senadores o
grupos parlamentarios. En cambio, sí tiene entre sus
atribuciones, la de formular, desarrollar y dirigir la política del partido en el país para el cumplimiento de los documentos básicos, así como vigilar que los representantes populares y funcionarios del Partido
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apliquen la línea política y el programa del partido y
expedir la plataforma electoral.
• Todas las resoluciones y acuerdos del Consejo Nacional
serán de obligatorio acatamiento para todo el partido.
• El Comité Ejecutivo Nacional se compone de un máximo de
21 integrantes, entre los cuales figuran las coordinaciones de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión,
teniendo entre otras funciones: aplicar las resoluciones del Consejo Nacional; así como tomar las resoluciones
políticas y hacer recomendaciones sobre el sentido de los
votos emitidos por los representantes populares en casos
que violen, contradigan la declaración de principios, el
programa y la línea política el partido, que signifiquen daño a
la estrategia política o imagen del partido. En los casos que
lo ameriten, por cometer las infracciones previstas en el
artículo 25, numeral 8, del referido estatuto, se previene que
el Comité Ejecutivo Nacional iniciará al representante
popular, procedimiento ante el órgano jurisdiccional y
aplicará con carácter de urgente y provisional, lo establecido
en el artículo 25, numeral 9, de ese estatuto.
• El Partido de la Revolución Democrática definirá las líneas
generales legislativas y de gobierno que sus miembros
impulsarán al ocupar cargos de elección popular en todos
sus ámbitos y niveles. El Consejo Nacional aprobará las líneas generales legislativas y de gobierno con base en los documentos básicos del Partido, la línea política y la plataforma electoral.
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• Los legisladores que hayan sido postulados por el Partido de
la Revolución Democrática estarán sujetos a lo que
establecen, entre otras, las bases siguientes: la aplicación,
en el marco de la ley, de las líneas generales legislativas y de gobierno aprobadas por el Partido; así como que los
grupos parlamentarios del partido en los órganos legislativos
adoptarán sus propios reglamentos internos, administrarán
sus recursos económicos y elegirán democráticamente a sus
coordinadores y demás responsables.
• Constituyen, entre otras, infracciones graves, la conducta de
desacatar los resolutivos del Consejo Nacional.
Con base en lo expuesto, se arriba a la convicción de que no le
asiste la razón al Partido de la Revolución Democrática en sus
defensas opuestas, cuando afirma que los resolutivos
adoptados por el VI Consejo Nacional tanto en el 5° pleno
extraordinario, así como en el 8° pleno ordinario, celebrados el
treinta y uno de agosto, así como los días diez y once de
noviembre, ambos de dos mil seis, respectivamente, tenían sólo
el carácter de recomendaciones.
Dicha conclusión se sustenta, por una parte, en que como ya
quedó explicado con anterioridad, la parte actora sostiene
inexactamente esa afirmación, sobre el contenido del artículo
17, párrafo 4, inciso b, de los estatutos vigentes a partir del año
dos mil siete, cuando es el caso que dicha atribución del
Consejo Nacional no se encontraba en vigor en el año dos mil
seis, periodo en el cual fueron adoptados los resolutivos
examinados, máxime cuando del examen del artículo 9°,
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párrafo 2, de los estatutos vigentes en la época en que
ocurrieron los hechos, tampoco se desprende la existencia de
alguna facultad de tipo similar en que pudiera válidamente
soportarse dicho argumento. Como consecuencia de lo anterior,
el tema consistente en que los efectos de tales
recomendaciones no resultaban vinculantes carece de dicho
sustento, así como en lo relativo a que en términos del artículo
51 constitucional, la Cámara de Diputados se integra por
representantes de la Nación, quienes tienen plena libertad de
actuar conforme a su conciencia y en ejercicio de su función
parlamentaria.
En este orden ideas, a continuación resulta entonces necesario
dilucidar, qué tipo de efectos, en general, producían en el año
dos mil seis, los acuerdos y resoluciones adoptados por el
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, a
efecto de considerar si puede sostenerse el planteamiento en el
sentido, de que no tenían efectos vinculantes.
De conformidad con el artículo 9, párrafo 2, de las disposiciones
estatutarias invocadas en líneas arriba, se tiene que al ser el
Consejo Nacional la autoridad superior del partido en el país
entre Congreso y Congreso, por lo que se preveía que todas las resoluciones y acuerdos que adoptara serían de obligatorio acatamiento para todo el partido, según lo
previsto en el párrafo 3 del mismo precepto.
Esto es así, porque como ya se mencionó, el Consejo Nacional
no contaba entre sus facultades, con la de emitir
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100
recomendaciones y mucho menos que éstas fueran dirigidas a
los diputados, senadores o grupos parlamentarios. En cambio,
sí tenía entre sus atribuciones, la de formular, desarrollar y dirigir la política del partido en el país para el cumplimiento de los documentos básicos, así como vigilar que los representantes populares y funcionarios del partido aplicaran la línea política y el programa del partido.
Inclusive, el artículo 25°, párrafo 8, inciso j, de los estatutos en
comento, disponía que constituía, entre otras, una infracción
grave, la conducta de desacatar los resolutivos del Consejo
Nacional.
Precisado lo anterior y con relación al trabajo de los órganos
legislativos, se advierte que el Consejo Nacional del Partido de
la Revolución Democrática, tenía las atribuciones siguientes:
El artículo 26 de los estatutos, identificado como de Definición
de las políticas públicas, señalaba que el Partido de la
Revolución Democrática definiría las líneas generales
legislativas y de gobierno que sus miembros impulsarán al
ocupar cargos de elección popular en todos sus ámbitos y
niveles. Así las cosas, se depositaba en el Consejo Nacional la aprobación de las líneas generales legislativas y de gobierno con base en los documentos básicos del partido, la línea política y la plataforma electoral.
Acorde con lo expuesto, el artículo 27°, párrafo 1, inciso b, de
los estatutos, denominado De la relación con gobernantes y
legisladores establecía, entre otras cuestiones, que los
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101
legisladores y legisladoras que hubieran sido postulados por el
Partido de la Revolución Democrática estarán sujetos a lo que
establecen, entre otras, las bases siguientes: la aplicación, en el
marco de la ley, de las líneas generales legislativas y de
gobierno aprobadas por el Partido.
De este modo, es posible aseverar, por una parte, que todas las
resoluciones, acuerdos y resolutivos del Consejo Nacional, eran
de obligatorio acatamiento para todo el partido, de manera
que no se preveía la existencia de ese tipo de determinaciones
que tuvieran el carácter de recomendaciones no vinculantes; y,
por otro lado, que los legisladores y legisladoras que hubieran
sido postulados por el Partido de la Revolución Democrática,
estaban sujetos, entre otras bases, a la aplicación, en el marco
de la ley, de las líneas generales legislativas y de gobierno aprobadas por el Partido, a saber, el Consejo Nacional, según lo previsto en el artículo 26, párrafo 1, de los estatutos.
Tal criterio se robustece, porque conforme a esa normativa, al
Comité Ejecutivo Nacional que se componía entre otros por las
coordinaciones de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión,
correspondía entre otras funciones: aplicar las resoluciones del Consejo Nacional, así como tomar las resoluciones
políticas y hacer recomendaciones, pero sobre el sentido de los
votos emitidos por los representantes populares en casos que
violen o contradigan la declaración de principios, el programa y
la línea política el partido, y que signifiquen daño a la estrategia
política o imagen del partido.
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102
No es óbice a dicha conclusión, que en el artículo 27°, párrafo
1, inciso l, de los estatutos vigentes en aquélla época (ahora
artículo 51, párrafo 1, inciso l), se estableciera que, entre otros,
los legisladores que hubieran sido postulados por el Partido de
la Revolución Democrática estarán sujetos a la base que
estriba, en que los grupos parlamentarios del partido en los
órganos legislativos adoptarán sus propios reglamentos
internos, administrarán sus recursos económicos y elegirán
democráticamente a sus coordinadores y demás responsables.
Lo anterior, porque a juicio de esta Sala Superior, dicha norma
estatutaria no pone en evidencia, como lo pretende la parte
actora, que las determinaciones del Consejo Nacional no
tuvieran los efectos vinculantes en análisis, y que las mismas
limiten la libertad de los legisladores postulados por ese partido
político, de tomar las decisiones en pleno ejercicio de sus
funciones.
Ello, en atención a que a través de esa previsión, contrario a lo
afirmado por el instituto político apelante, el Partido de la
Revolución Democrática establece que los legisladores que
hubieran sido postulados por ese instituto político, estarán
sujetos a la base de que los grupos parlamentarios del partido
en los órganos legislativos, adoptarán sus propios reglamentos
internos, administrarán sus recursos económicos y elegirán
democráticamente a sus coordinadores y demás responsables;
empero, ello en modo alguno se debe entender, como lo aduce
la parte apelante, en que los legisladores, aún contando con
tales atribuciones vinculadas con su régimen interior, pudieran
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103
apartarse o desatender los acuerdos, resoluciones o resolutivos
adoptados por el Consejo Nacional de ese instituto político.
Por lo anterior, se considera que dicha normativa interna del
Partido de la Revolución Democrática atinente a sus grupos
parlamentarios, entre otros, del H. Congreso de la Unión, en
relación con las decisiones aprobadas por el Consejo Nacional
de ese instituto político, no les otorga plena libertad a los
legisladores que fueron postulados por ese partido, para la
toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones,
contrariando, inclusive, lo previsto por el artículo 51
constitucional, en el sentido de que la Cámara de Diputados se
integra por representantes de la Nación, quienes deben, en
consecuencia, tener plena libertad de actuar conforme a su
conciencia para el adecuado ejercicio de su función
parlamentaria.
Con base en todo lo anterior, es posible afirmar que, contrario a
lo aseverado por el partido recurrente, no puede arribarse a la
convicción de que fueran recomendaciones carentes de efectos
vinculantes, los resolutivos del VI Consejo Nacional del Partido
de la Revolución Democrática, tanto en el 5° pleno
extraordinario, así como en el 8° pleno ordinario, celebrados el
treinta y uno de agosto, así como el diez y once de noviembre,
ambos de dos mil seis, respectivamente, en el sentido de
“PRIMERO.- Impedir que Vicente Fox Quesada haga uso de la
tribuna del Congreso de la Unión, en su sesión del Pleno de
fecha del primero de septiembre de dos mil seis, así como
respaldar y avalar las acciones y acuerdos tomados por
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104
nuestras legisladoras y legisladores federales para la citada
sesión del Congreso”, así como “2. Reitera su determinación de
impedir la toma de protesta del usurpador el 1° de diciembre de
2006. …”, toda vez que conforme al análisis previamente
practicado, se tratan sin lugar a dudas, de determinaciones
adoptadas por la autoridad superior de ese instituto político, de
obligatorio acatamiento para todo el partido, cuya ejecución, de
acuerdo con la normativa partidaria, podía incluso involucrar a
los legisladores postulados por ese partido político, en las
cámaras del H. Congreso de la Unión.
Asimismo, deviene infundado el agravio que, medularmente,
se hace consistir en que la autoridad responsable en el acto
reclamado, afirma que existen algunas expresiones de quienes
denomina “dirigentes” del Partido de la Revolución Democrática
en las que se pronuncian, por una parte, en impedir que el
entonces Presidente Vicente Fox hiciera uso de la tribuna el
primero de septiembre de dos mil seis y, por otro lado, que
manifestaron su voluntad de realizar actos tendentes a impedir
la toma de protesta del C. Felipe Calderón Hinojosa como
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pero que
adolecen de una debida motivación, porque la autoridad
responsable no explica con qué elementos de juicio llegó a la
convicción de que efectivamente tengan ese carácter, tomando
en consideración que del artículo 19, párrafo 5, inciso c, de los
estatutos, se desprende que el único dirigente que se encuentra
facultado para ser portavoz del partido es su Presidente
Nacional. De ahí, que las manifestaciones que se realizaran por
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105
esas personas no pueden resultar imputables al partido, dado
que las mismas fueron hechas a título personal, en ejercicio de
su libertad de expresión.
En efecto, dicha conclusión se soporta en las consideraciones
siguientes:
Inicialmente, se aprecia que la defensa opuesta por el partido
apelante, se basa en una normativa que no se encontraba en
vigor al momento en que se adoptaron los resolutivos del VI
Consejo Nacional.
ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA REFORMAS APROBADAS POR EL IX CONGRESO NACIONAL
Estatuto del Partido de la Revolución Democrática que Incluye reformas aprobadas por su X Congreso Nacional Extraordinario
Artículo 19°. Del Comité Nacional del Servicio Electoral y Membresía. 1. a 4. … 5. Los integrantes del Comité Nacional del Servicio Electoral y Membresía nombrarán a los integrantes de los órganos electorales en los estados, a propuesta de los Consejos Estatales. Su designación será sólo para la elección en cuestión y sólo durante el periodo de su encargo, se destinarán recursos pecuniarios a sus integrantes. El reglamento respectivo establecerá los procedimientos para garantizar una selección transparente. Empero, del artículo 9°, párrafo 9, inciso c, se desprende: Artículo 9º. El Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política Consultiva Nacional. 1. a 8. … 9. La presidencia nacional del Partido tiene las siguientes funciones: a. Presidir el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política Consultiva Nacional; b. Convocar a las reuniones de los órganos señalados en el inciso anterior; c. Ser portavoz del Partido; d. Presentar al Consejo Nacional, por lo menos cada tres meses, los informes de actividades del Comité Ejecutivo Nacional; el informe financiero será presentado por la Secretaría de Finanzas; e. Representar legalmente al Partido y designar apoderados de tal representación; f. Adoptar las resoluciones urgentes para el mejor desarrollo del Partido entre las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional e
Artículo 19º. El Secretariado Nacional 1. a 4. … 5. La Presidencia Nacional del Partido tiene las siguientes funciones: …
c. Ser portavoz del Partido; …
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ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA REFORMAS APROBADAS POR EL IX CONGRESO NACIONAL
Estatuto del Partido de la Revolución Democrática que Incluye reformas aprobadas por su X Congreso Nacional Extraordinario
informar a éste de las mismas en su sesión siguiente, y g. Las demás que define el presente Estatuto.
Por tal virtud, enseguida se practicará el examen respectivo con
base en la disposición que resulta aplicable al caso particular.
En primer lugar, el actor expresa que en el acto reclamado, se
afirma que existen algunas expresiones de quienes denomina
“dirigentes” del Partido de la Revolución Democrática, por las
que indebidamente se le sanciona.
Contrario a lo antes manifestado, esta autoridad jurisdiccional
aprecia que con motivo del examen de los hechos relacionados
con el sexto informe de gobierno del entonces Presidente de la
República Vicente Fox Quesada, rendido el primero de
septiembre de dos mil seis, la autoridad responsable en las
páginas 175 a 177 de la resolución puesta en entredicho,
expresó lo siguiente:
“…
En segundo lugar y una vez que se ha establecido la participación de algunos legisladores del Partido de la Revolución Democrática en la toma de la tribuna del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ocurrida el día primero de septiembre de dos mil seis durante la sesión de ese órgano de gobierno, impidiendo que tanto los legisladores del Partido Acción Nacional hicieran uso de la palabra, como el C. Vicente Fox Quesada, entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos utilizara esa tribuna con el fin de rendir el informe a que se refiere el artículo 69 constitucional, lo procedente es dilucidar si como lo afirma el quejoso, esas conductas obedecieron a una orden emanada de algunos dirigentes e incluso órganos de dirección del partido denunciado.
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Al respecto, conviene tener presente el contenido del punto “RESOLUTIVO DEL 5º. PLENO EXTRAORDINARIO DEL VI CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SOBRE LA LÍNEA POLÍTICA PARA LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD”, mismo que obra en la Gaceta correspondiente al VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, “número 8 septiembre 2006 año 2”, la cual fue aportada por el propio denunciado en respuesta al requerimiento que le fue formulado por esta autoridad, cuyo contenido literal es del tenor siguiente:
“RESOLUTIVO DEL 5º. PLENO EXTRAORDINARIO DEL VI CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SOBRE LA LÍNEA POLÍTICA PARA LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD.
En la ciudad de México, Distrito Federal, reunido el 5º. Pleno con carácter de extraordinario del VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, el día 31 de agosto de 2006, en las instalaciones que ocupa el Salón Covadonga 2º piso, ubicado en la calle de Puebla No. 121, colonia Roma, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 9, numeral 2 y 3 del estatuto.
CONSIDERANDO
1.- Que el Consejo Nacional es la autoridad superior del Partido en el país.
2.- Que formula, desarrolla y dirige la política del Partido del país para el cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones del Congreso con otros partidos y asociaciones políticas, así como con organizaciones sociales y económicas nacionales; vigilar que los representantes populares y funcionarios del Partido apliquen la línea política y el Programa del Partido y expide la plataforma electoral.
3.- Que las resoluciones y acuerdos del Consejo Nacional serán de obligatorio acatamiento para todo el Partido.
En mérito a lo antes expuesto, el Pleno Extraordinario del Consejo Nacional.
R E S U E L V E
PRIMERO.- Impedir que Vicente Fox Quesada, haga uso de la tribuna del Congreso de la Unión, en su sesión del Pleno de fecha del primero de septiembre de dos mil seis, así como respaldar y
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avalar las acciones y acuerdos tomados por nuestras legisladoras y legisladores federales para la citada sesión del Congreso.
SEGUNDO.- Que los integrantes de los grupos parlamentarios en las cámaras de diputados y senadores, presenten durante el mes de septiembre del año en curso las propuestas legislativas de recojan todos y cada uno de los puntos del proyecto alternativo de nación de nuestro candidato a la Presidencia de la República, Andrés López Obrador.
TERCERO.- Aprobar como Agenda Legislativa de los grupos parlamentarios de nuestro partido en el Congreso de la Unión, la contenida en escrito anexo y que al terminar la lectura de estos resolutivos trataré de resumir.
CUARTO.- Otorgar mandato al Comité Ejecutivo Nacional para mantener una estrecha comunicación con los grupos parlamentarios, que permita la ejecución de tareas en el ámbito de sus funciones, ligadas a los acuerdos que vayan a tomarse en la Convención Nacional Democrática.
Así lo resolvió el Quinto Pleno con carácter de extraordinario del VI Consejo Nacional, efectuado el día treinta y uno de agosto de dos mil seis.”
Asimismo, conviene referir en lo que interesa, el contenido de algunas manifestaciones relacionadas con el tema que nos ocupa, atribuidas en el medio impreso de referencia, a algunos dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, las cuales son del tenor siguiente:…”
Enseguida, en las páginas 177 a 182 de la resolución
impugnada, la autoridad responsable transcribe fragmentos de
las intervenciones efectuadas por los ciudadanos Fernando
Belaunzarán Méndez, Navarrete Ruíz, Verónica Juárez Piña,
Raymundo Cárdenas Hernández y Luis Miguel Barbosa Huerta,
las cuales según aparecen en la Gaceta correspondiente al VI
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática,
“número 8 septiembre 2006 año 2”, cuyo contenido y
trascripción no fueron controvertidos por el partido recurrente.
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109
Tales aspectos fueron relevantes para la autoridad responsable,
debido a las consideraciones que expone en las páginas 182 y
183 de la resolución en examen, que son del tenor siguiente:
“Lo expresado deviene relevante para el asunto que nos ocupa, en virtud de que tanto del contenido del “RESOLUTIVO DEL 5º. PLENO EXTRAORDINARIO DEL VI CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SOBRE LA LÍNEA POLÍTICA PARA LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD”, arriba transcrito, como de las manifestaciones reproducidas, es factible desprender el reconocimiento tácito del partido denunciado, respecto de su participación en los hechos que se denuncian, al momento en que su Consejo Nacional aprobó el contenido del Resolutivo, especialmente el punto siguiente:
“PRIMERO.- Impedir que Vicente Fox Quesada, haga uso de la tribuna del Congreso de la Unión, en su sesión del Pleno de fecha del primero de septiembre de dos mil seis, así como respaldar y avalar las acciones y acuerdos tomados por nuestras legisladoras y legisladores federales para la citada sesión del Congreso”.
Con tales elementos probatorios se obtiene que sí existió una instrucción por parte del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, encaminada a establecer como línea política para los Grupos Parlamentarios del PRD que impidieran al ex Presidente Vicente Fox Quesada hacer uso de la tribuna del Congreso de la Unión, en su sesión del Pleno de fecha del primero de septiembre de dos mil seis, es decir, autorizó e instruyó a sus legisladores realizar conductas con el objeto de impedir que el titular del Poder Ejecutivo Federal presentara su informe de gobierno haciendo uso de la tribuna como lo preveía la legislación parlamentaria, lo cual a su vez implicaba alterar el funcionamiento previsto para la sesión del Congreso General.”
De conformidad con lo anterior y como resultado de una
valoración conjunta de los elementos probatorios que obran
agregadas al expediente en que se actúa, esta autoridad tiene
certeza respecto de la existencia de los hechos materia del
presente apartado (El resaltado con negrita es propio de esta
sentencia).
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110
Como se puede apreciar, las manifestaciones apuntadas
únicamente fueron utilizadas por la autoridad responsable con
el objeto de precisar los alcances del resolutivo aprobado en el
5° pleno extraordinario del VI Consejo Nacional, que sí fue
objeto de sanción en la resolución reclamada.
Lo mismo ocurre, en relación con los hechos vinculados con la
protesta constitucional del presidente electo, Felipe Calderón, el
día primero de diciembre de dos mil seis, la autoridad
responsable en la resolución combatida a fojas 204 a 206,
señaló:
“• De igual forma, conviene tener presente el contenido del punto “RESOLUTIVO DEL 8º. PLENO ORDINARIO DEL VI CONSEJO NACIONAL SOBRE LOS EVENTOS DEL DÍA VEINTE DE NOVIEMBRE Y PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS”, mismo que obra en la Gaceta correspondiente al VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, “número 10 julio 2007 año 3”, la cual fue aportada por el propio denunciado en respuesta al requerimiento que le fue formulado por esta autoridad, cuyo contenido literal es del tenor siguiente:
RESOLUTIVO DEL 8° PLENO ORDINARIO DEL VI CONSEJO NACIONAL SOBRE LOS EVENTOS DEL DÍA VEINTE DE NOVIEMBRE Y PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL SEIS.
En la ciudad de México, Distrito Federal; reunido el 8°. Pleno Ordinario del VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, los días 10y 11 de noviembre de dos mil seis, en las instalaciones que ocupa Expo-Reforma ubicado en avenida Morelos No. 67 de la colonia Juárez, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 numeral 2 y 3 del estatuto.
El Octavo Pleno Ordinario del VI Consejo Nacional:
RESUELVE
1. Refrenda su compromiso de impulsar la participación popular en la toma de protesta del Presidente legítimo Andrés Manuel
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111
López Obrador en el Zócalo capitalino el próximo 20 de noviembre a las 17 horas.
2. Reitera su determinación de impedir la toma de protesta del usurpador el 1° de diciembre. Para ello es necesario fortalecer las medidas de resistencia civil entre 20 de noviembre y 1° de diciembre para culminar en esta última fecha con grandes movilizaciones de protesta en la ciudad de México y en todo el país.
3. Ratifica su más firme apoyo a la resistencia contra la imposición que encabeza el Presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador.
4. Instruye al Comité Ejecutivo Nacional para que impulse la generalización inmediata de la resistencia civil en todo el territorio nacional y elabore el Plan el contenga las acciones que deberemos desarrollar para incrementar ésta entre el 20 de noviembre y 1° de diciembre.
5. Convoca al Comité Ejecutivo Nacional y a los compañeros que ocupan cargos ejecutivos y legislativos, a que definan de inmediato las modalidades de la participación de todos en las actividades de resistencia civil.
6. Autoriza el Comité Ejecutivo Nacional a definir, en coordinación con el Frente Amplio Progresista y la Convención Nacional Democrática, las etapas de la resistencia y la intensidad de la misma.
7. Concluye que nos encontramos ante el agotamiento del pacto social mexicano, producto de las desigualdades mencionadas del fraude electoral del 2 de julio, de la participación ilegal del gobierno de la República, del IFE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los organismos empresariales. Las inconformidades surgidas en los últimos procesos electorales estatales, especialmente del fraude electoral en Tabasco, el comportamiento de la mayoría de los medios de comunicación durante los últimos meses, la omisión de la Corte ante la acción de inconstitucionalidad presentada por 47 senadores contra la Ley Televisa, y sobre todo el comportamiento irresponsable de las autoridades estatales y federales ante el conflicto de Oaxaca, entre otras, son signos evidentes de tal agotamiento. No existen acuerdos en lo fundamental entre las principales fuerzas políticas del país y ello genera conflictos cada vez más graves y frecuentes.
8. Afirma que urge iniciar un diálogo nacional con amplia participación de todos los actores políticos y sociales, con el
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112
objeto de construir un nuevo pacto social que seas la base del contenido de una nueva Constitución de la República y determina que dos las organizaciones del PRD participarán en actividades tendientes a generalizar este debate.
9. Instruye a las fracciones parlamentarias del PRD en el Congreso de la Unión a que exijan la inmediata instalación de mesas de negociación, para tratar las reformas legislativas más urgentes acordadas por el Frente Amplio Progresista y las prioridades presupuestarias. Acuerdos en estas materias evitarían más conflictos.
10. Condena todo intento de volver a militarizar el recinto de la Cámara de Diputados el 1° de diciembre, con motivo de la presente toma de posesión del presidente espurio.
11. Declara que al finalizar el mandato de Vicente Fox, el saldo principal de su gobierno es una gran desigualdad económica y social, así como la división profunda entre los mexicanos y un gravísimo retroceso en todo el proceso de democratización del país.
Así lo resolvió el 8° Pleno Ordinario del VI Consejo Nacional, los días 10 y 11 de noviembre de 2006, en la ciudad de México.”
A continuación, en las páginas 206 y 207 de la resolución
controvertida, la autoridad responsable transcribe fragmentos
de las intervenciones efectuadas por los ciudadanos Saúl
Escobar Toledo, Fernando Belaunzarán Méndez, Juan
Guerrero Ochoa, Martí Batres Guadarrama y Raymundo
Cárdenas Hernández, las cuales según aparecen en la Gaceta
correspondiente al VI Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, “número 9 octubre 2006 año 2”, cuyo
contenido y trascripción no fueron controvertidos por el partido
recurrente, dado que fue aportado por el propio denunciado.
Esas manifestaciones resultaron relevantes para la autoridad
electoral administrativa, a efecto de arribar al convencimiento,
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113
en el sentido, como puede leerse en la página 209 de la misma
resolución:
“Lo expresado deviene relevante para el asunto que nos ocupa, en virtud de que tanto del contenido del punto resolutivo en comento, como de las manifestaciones reproducidas, con independencia de los adjetivos utilizados, es factible desprender el reconocimiento tácito del denunciado, respecto de su intención de impedir la toma de protesta del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el día primero de diciembre de dos mil seis”.
De lo trasunto se advierte, que las expresiones de dichas
personas sólo fueron utilizadas por la autoridad responsable
con el objeto de precisar los alcances del resolutivo aprobado
en el 8° pleno ordinario del VI Consejo Nacional, que fue objeto
de sanción en la resolución combatida.
Todo ello se confirma, porque como puede apreciarse en la
resolución reclamada, en el análisis de las circunstancias de
modo, tiempo, lugar e intencionalidad de la infracción, en las
páginas 329 a 333, la autoridad responsable llevó a cabo el
análisis correspondiente, únicamente a partir los resolutivos del
VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática,
adoptados tanto en el 5° pleno extraordinario, así como en el 8°
pleno ordinario, celebrados el treinta y uno de agosto, así como
los días diez y once de noviembre, ambos de dos mil seis.
Por lo anterior, se considera que el Partido de la Revolución
Democrática, a diferencia de lo que sostiene en su escrito de
demanda, no es sancionado por las manifestaciones que
realizaran esos ciudadanos en ejercicio de su libertad de
expresión tutelada por el artículo 6° constitucional, en atención
SUP-RAP-188/2008
114
a que lo que se sancionó, debe insistirse, fueron las
determinaciones adoptadas por el VI Consejo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática, en los plenos
extraordinario y ordinario, correspondientes.
No pasa inadvertido, que el instituto político recurrente también
para cuestionar en lo conducente la fundamentación y
motivación de dicha resolución, señala que la autoridad
responsable identifica sin explicar cómo llega a esa decisión,
que todos los ciudadanos arriba mencionados tienen la calidad
de “dirigentes” del Partido de la Revolución Democrática,
cuando es el caso, que en concepto del impetrante, sólo se le
puede atribuir la calidad de “dirigente” a su Presidente Nacional,
habida cuenta que el artículo 9°, párrafo 9, inciso c, de los
estatutos vigentes en aquella época, sólo reconocía a dicho
funcionario partidista el carácter de ser portavoz del partido.
Al respecto, se considera que no le asiste la razón a la parte
actora.
El Partido de la Revolución Democrática parte de la premisa
inexacta, que sólo el Presidente Nacional de ese instituto
político puede tener la calidad de “dirigente”, en tanto que a
aquél únicamente se le reconoce como portavoz de ese instituto
político.
Ciertamente, del análisis de los Estatutos del Partido de la
Revolución Democrática, concretamente del artículo 13
denominado de las elecciones de dirigentes del partido, se
desprende que dentro de la expresión “dirigentes”, de acuerdo
SUP-RAP-188/2008
115
con la normativa de ese instituto político, quedan comprendidos:
los delegados al Congreso Nacional; los delegados a los
Congresos Estatales; los integrantes de los consejos del Partido
(incluye al Nacional); la presidencia y la secretaría general en
los distintos niveles de dirección del Partido; los secretarios y
secretarias que integran los comités ejecutivos a nivel nacional,
estatal y municipal; así como todos aquellos, que vía elección,
sean integrantes de los órganos de dirección.
Así las cosas, resulta evidente que la expresión “dirigente”
utilizada por la autoridad responsable, al hacer referencia a las
manifestaciones que realizaron dichas personas en el seno del
VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática,
en modo alguno se traduce en el desconocimiento de que sólo
el Presidente Nacional es el único portavoz de ese instituto
político.
Ciertamente, es importante subrayar que del análisis de la
resolución reclamada se colige en forma indubitable, que la
autoridad responsable no sanciona al Partido de la Revolución
Democrática por las expresiones realizadas por los ciudadanos
Saúl Escobar Toledo, Fernando Belaunzarán Méndez, Juan
Guerrero Ochoa, Martí Batres Guadarrama, Raymundo
Cárdenas Hernández, Navarrete Ruíz, Verónica Juárez Piña y
Luis Miguel Barbosa Huerta, durante el 5° pleno extraordinario y
8° pleno ordinario, del VI Consejo Nacional, porque como ya
quedó expresado con anterioridad, dichas expresiones fueron
tomadas en consideración a efecto de analizar el sentido y
alcance de los resolutivos adoptados en cada una de tales
SUP-RAP-188/2008
116
ocasiones por la autoridad superior del partido, siendo
precisamente esas decisiones, las que fueron objeto de la
sanción controvertida.
Por tal razón, se considera que en momento alguno, la
autoridad responsable por medio de la sanción cuestionada, le
reprocha al Partido de la Revolución Democrática las
manifestaciones que esos ciudadanos formularon en los plenos
mencionados del VI Consejo Nacional, como si las mismas
hubieran sido realizadas por personas que indebidamente
fueron tomadas como portavoces de ese instituto político y que
en ejercicio de esa calidad hubieran comprometido a dicho
partido político con sus declaraciones, toda vez que se reitera,
lo que se reprime es la adopción final de los resolutivos por
medio de los cuales, sustancialmente, la autoridad superior del
Partido de la Revolución Democrática decidió, por una parte,
que se impidiera que el entonces Presidente Vicente Fox hiciera
uso de la tribuna el primero de septiembre de dos mil seis y, por
otro lado, porque promovió la realización de actos tendentes a
impedir la toma de protesta del C. Felipe Calderón Hinojosa
como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia, se estima que resulta infundado el agravio
relativo a los argumentos de defensa construidos en torno a los
efectos de los resolutivos adoptados por el VI Consejo
Nacional.
Toma de la avenida Reforma.
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117
En el denominado agravio quinto, el Partido de la Revolución
Democrática aduce que se violan en su perjuicio los artículos
1º, 6°, 7°, 9°, y 35, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los cuales consagran, respectivamente, los
derechos fundamentales de no discriminación, de libre
manifestación y expresión de las ideas y de asociarse en forma
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país.
Lo anterior, según el partido actor, porque en la resolución
reclamada no se tomó en cuenta que el Partido de la
Revolución Democrática sólo apoyó un movimiento
“progresista”, llevado a cabo por ciudadanos, en el libre
ejercicio de los derechos fundamentales a que se ha hecho
referencia.
Por principio de cuentas, debe tenerse presente el marco
normativo sobre el cual el partido actor, basa su agravio:
“Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será
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ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos
y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados
y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
Artículo 7o.- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz
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119
pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, «papeleros», operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.
Artículo 9o.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición”.
Ahora bien, antes de examinar el agravio de mérito, es
necesario precisar dos cuestiones esenciales.
La primera para señalar que, contrariamente a lo sostenido por
el partido actor, en la resolución impugnada nunca se sancionó a ciudadano alguno, sino que la sanción
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120
impuesta por la autoridad responsable, fue para el Partido de la Revolución Democrática.
En efecto, el ente sancionado en la resolución de mérito es el
Partido de la Revolución Democrática y, no se encuentra en
parte alguna de la resolución reclamada, determinada sanción
para algún ciudadano.
Por un lado, esta precisión torna inoperante el agravio del
partido actor, puesto que parte de la premisa inexacta de que al
sancionar los hechos relativos al bloqueo de la avenida Paseo
de la Reforma, se sancionó a los ciudadanos que en dicho
suceso intervinieron; sin embargo, como ya se precisó, en la
resolución reclamada se sanciona al Partido de la Revolución
Democrática, por su participación en esos hechos, como se
demostrará más adelante.
No obstante lo anterior, la segunda precisión que se hace en
este apartado es que, contrariamente a lo que afirma el partido
actor, los derechos fundamentales a que se refiere no son
absolutos, que impliquen su ejercicio en forma indiscriminada y
sin respeto a reglamentación alguna; por el contrario, tal y como
lo ha sostenido en diversas ejecutorias esta Sala Superior, esos
derechos tienen una base constitucional, pero una
reglamentación legal.
Por tanto, el ejercicio de esos derechos no es irrestricto, sino
que debe de ajustarse a las limitaciones que la propia
Constitución establece y, por ende, la legislación secundaria.
SUP-RAP-188/2008
121
Así lo establece el propio artículo 1° de la Carta Magna cuando
en su primer párrafo establece que todo individuo gozará de las
garantías que otorga la Constitución las cuales no podrán
suspenderse ni restringirse, sino en los casos y con las condiciones que la propia Constitución establece.
Por otra parte, el artículo 6° de la referida constitución que
consagra la libre expresión de las ideas establece la limitante
del respeto a los derechos de tercero, provocación de algún
delito o perturbación del orden público.
Asimismo, en el artículo 7° se establece la limitante del respeto
a la vida privada, la moral y la paz pública.
Lo mismo sucede en cuanto al derecho de libre asociación pues
se establecen como limitantes, el uso de violencia o amenazas.
Como se puede ver, el libre ejercicio de los referidos derechos
fundamentales no es absoluto e implica la observancia de las
limitantes que establece la propia Constitución.
En el caso, el partido actor, parte de la premisa inexacta de que
existe la violación a los derechos en examen, porque nunca se
acreditó su vinculación en los hechos relativos al bloqueo de la
Avenida Reforma, ya que, según su dicho, su única
participación fue la de apoyo a un movimiento “progresista”
ciudadano.
Sin embargo, como se demostrará a continuación, las
alegaciones que realiza el partido actor para sustentar la base
de su agravio, en unos casos no controvierten las
SUP-RAP-188/2008
122
consideraciones de la resolución reclamada y, en otros, no
logran desvirtuar los fundamentos y la motivación vertidos en la
resolución reclamada, para sostener su vinculación con los
hechos con los que fue sancionado, en el apartado que se
examina.
Para controvertir el Considerando 8 de la resolución reclamada,
el partido recurrente hace valer agravios que para su análisis se
clasifican de la siguiente manera:
1. Violación al principio de legalidad (motivación). Se
refiere a que sin la existencia de alguna prueba (directa o
indirecta):
a) Se imputan a la parte recurrente actos sin que hubiera
participado, por conducto de alguno de sus órganos, en la
decisión de bloquear la circulación en la avenida Reforma;
b) Se afirma que “dirigentes” del partido manifestaron su apoyo
a dicho movimiento, sin que se explique “con qué elementos
de juicio se llegó a la convicción de que efectivamente lo
sean”. Al respecto, se hace valer que de acuerdo con el
artículo 19, párrafo 5, inciso c), de los Estatutos del Partido
de la Revolución Democrática, el único dirigente que se
encuentra facultado para ser el portavoz del partido es su
Presidente Nacional, y que cualquier manifestación que
realicen los miembros del partido, públicamente o dentro de
las deliberaciones de sus órganos, se hacen a título
personal, en ejercicio de su libertad de expresión.
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123
c) Se afirma que el Partido de la Revolución Democrática
participó en la “conformación” y orientación de las
actividades de la Convención Nacional Democrática y/o el
Gobierno Legítimo de México; y
d) Se sanciona al partido político, sin que se haya demostrado
que los ciudadanos que participaron en el bloqueo de la
Avenida Reforma sean militantes y, suponiendo que lo
fueran, tales conductas no se encontraban relacionadas
directamente con el trabajo partidista y sus fines
fundamentales.
2. Violación al principio de exhaustividad. El partido actor
hace valer que la responsable omitió analizar los argumentos
de defensa, que se hicieron valer en la contestación del
emplazamiento, respecto a que:
a) Las conductas por las que se sanciona al ahora recurrente
son actos imputables a ciudadanos que realizaron actos en
ejercicio de sus derechos fundamentales de expresión,
asociación y manifestación;
b) La queja debió desecharse al ser incompetente el Instituto
Federal Electoral para conocer de las presuntas
irregularidades denunciadas, relacionadas con actos
realizados por miembros del partido, en su calidad de
ciudadanos; y
c) Las manifestaciones de apoyo del partido recurrente hacia
la Convención Nacional Democrática y el Gobierno Legítimo
de México, tienen sustento en los artículos 3, fracción II,
inciso a), y 41 de la Constitución Política Federal; 1º de los
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124
Estatutos y en la propia Declaración de Principios; y que el
movimiento social ciudadano tiene sustento en los artículos
1º, párrafo tercero, 6º, 7º, 9º, 35, fracción III, y 39 de la
constitución política. Además, el hecho de que un partido
político tenga simpatía con las causas que originaron un
movimiento social no lo hace responsable de todos los actos
que realizan los ciudadanos que lo integran.
1. Violación al principio de legalidad (motivación).
A juicio de esta Sala Superior, los motivos de agravio resultan
inoperantes por las razones que se exponen a continuación:
En primer lugar conviene resumir las manifestaciones vertidas
por la autoridad responsable en la resolución impugnada.
En el inciso en el que se analizan los hechos relacionados con
el plantón en la Avenida Paseo de la Reforma, y en particular
en el apartado correspondiente a la comprobación de la
existencia de los referidos actos, visible a partir de la página
265 de la misma, la responsable señala que corresponde
realizar el análisis de los elementos probatorios que obran en
su poder, con el objeto de corroborar la existencia de los
hechos que presuntamente devienen contraventores de la
normatividad electoral federal y si dichos actos son atribuibles
en alguna medida al Partido de la Revolución Democrática.
En relación con el asunto antes mencionado, la responsable
valoró los siguientes elementos probatorios, mismos que obran
en los autos del expediente de cuenta:
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125
1. Instrumento notarial número 15837, de veintinueve de
noviembre de dos mil seis, pasado ante la fe del licenciado
Mario Evaristo Vivanco Paredes, titular de la Notaría número 67
del Distrito Federal, en el que se consigna la comparecencia de
Juan Alberto Galván Trejo, a efecto de solicitar se diera fe de
los siguientes hechos:
“A solicitud del compareciente, siendo las doce horas con diez minutos del día veintinueve de noviembre de dos mil seis, ingresé a través de mi computadora personal en la página de la ‘internet’ con dirección www.prd.org.mx, apareciendo como resultado las hojas que agrego al apéndice de este instrumento con la letra ‘A’, que son una reproducción fiel y exacta, de lo que apareció en el monitor de mi computadora en la mencionada dirección.--------------------------------------------------------------------------
En dicha página elegí ingresar en el apartado denominado ‘CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA’, que se encontraba al margen derecho de la pantalla, apareciendo como resultado las hojas que agrego al apéndice de este instrumento con la letra ‘B’, que son una reproducción fiel y exacta, de lo que apreció en el monitor de mi computadora en la mencionada dirección.------------“
Al respecto, la responsable especifica que el documento en
cuestión tiene el carácter de prueba documental pública, y por
lo tanto le otorga valor probatorio pleno, respecto de los hechos
que en él se consignan y, para ella aporta certeza respecto de
la existencia de un apartado referente a la Convención Nacional
Democrática, dentro de la página oficial del Partido de la
Revolución Democrática.
2. Treinta y ocho notas periodísticas obtenidas por conducto de
la Coordinación Nacional de Comunicación Social del propio
Instituto Federal Electoral.
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126
A estas documentales privadas, la responsable les concede
valor probatorio inicial de simples indicios respecto de los
hechos que en ellas se consignan y, según lo manifiesta, las
valoró en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la
experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores
de la función electoral federal.
3. El contenido del punto “RESOLUTIVO DEL 5º. PLENO
EXTRAORDINARIO DEL VI CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SOBRE LA
ACTUACIÓN DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y
AUTORIDADES LOCALES DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”, mismo que obra en la Gaceta
correspondiente al VI Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, “número 8 septiembre 2006 año 2”, la
cual fue aportada por el propio denunciado en respuesta al
requerimiento que le fue formulado por la autoridad.
4. El contenido del punto “RESOLUTIVO DEL 6°. PLENO
EXTRAORDINARIO DEL VI CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA PARA
CONVOCAR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL
ESFUERZO Y COMPROMISO DE LOS PERREDISTAS EN EL
PLANTÓN DE ZÓCALO-MADERO-REFORMA Y DE LOS
TRESCIENTOS DISTRITOS ELECTORALES”, mismo que obra
en la Gaceta correspondiente al VI Consejo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática, “número 9 octubre 2006
año 2”, la cual fue aportada por el propio denunciado en
SUP-RAP-188/2008
127
respuesta al requerimiento que le fue formulado por la
autoridad.
5. Los siguientes puntos resolutivos adoptados por el VI
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática,
relacionados con la Convención Nacional Democrática.
“5.1. “RESOLUTIVO DEL 6° PLENO EXTRAORDINARIO DEL VI CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SOBRE EL ACUERDO QUE EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PRD PRESENTA AL PLENO DE ESTE CONSEJO NACIONAL TITULADO: ‘HACIA LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA: UNA NUEVA ALTERNATIVA DE IZQUIERDA’.
5.2. “RESOLUTIVO DEL 6° PLENO EXTRAORDINARIO DEL VI CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SOBRE LA DECLARACIÓN QUE LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA TENDRÁ QUE HACER AL LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.”
5.3. “PROPUESTA A LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA PARA IMPULSAR UNA NUEVA REPÚBLICA CON NUEVA CONSTITUCIÓN Y NUEVAS INSTITUCIONES JUSTAS, DEMOCRÁTICAS Y LIBERTARIAS.”
6. El contenido de algunas manifestaciones relacionadas con el
tema que nos ocupa, atribuidas en el medio impreso de
referencia, a algunos dirigentes del Partido de la Revolución
Democrática.
La responsable destaca en la resolución impugnada que los
documentos en los que se hicieron constar los puntos
resolutivos y las manifestaciones de referencia, tienen el
carácter de documentales privadas, que al haber sido aportadas
por el propio denunciado le generaron convicción respecto de
los hechos que en ellos se consignan y fueron valoradas en su
SUP-RAP-188/2008
128
conjunto, atendiendo, según su dicho, a las reglas de la lógica,
la experiencia y la sana crítica, así como a los principios
rectores de la función electoral federal.
Asimismo la responsable fundamentó la valoración de las
pruebas en lo dispuesto en los artículos 27, párrafo 1, inciso b),
28, 29 y 35 del Reglamento para la Tramitación de los
Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación
de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto
del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Ahora bien, de la valoración conjunta de los elementos
probatorios antes descritos, la autoridad electoral administrativa
consideró que se obtenía certeza respecto de la existencia de
los hechos concernientes a la vinculación estrecha del Partido
de la Revolución Democrática con la organización ciudadana
denominada Convención Nacional Democrática y/o el Gobierno
Legítimo de México, toda vez que del acervo probatorio
reseñado, concluyó la participación directa de algunos
militantes distinguidos de ese instituto político, así como de
algunos de sus dirigentes e incluso, de uno de sus órganos de
dirección, concretamente, del VI Consejo Nacional, en la
conformación y orientación de las actividades de dicha
organización ciudadana.
Como consecuencia, la autoridad responsable estimó que los
actos imputados a la organización ciudadana denominada
Convención Nacional Democrática y/o el Gobierno Legítimo de
SUP-RAP-188/2008
129
México, resultaban atribuibles al Partido de la Revolución
Democrática, toda vez que, según su dicho, la creación y
orientación de las actividades de dicha organización, son el
resultado de la intervención directa de algunos de sus militantes
distinguidos, dirigentes y, principalmente, de su VI Consejo
Nacional.
Adicionalmente se afirma en la resolución impugnada, que debe
considerarse que la creación de la organización ciudadana
Convención Nacional Democrática y/o el Gobierno Legítimo de
México y las conductas por ella desplegadas, tienen como
contexto fáctico, el proceso electoral federal 2005-2006, en el
que contendió el Partido de la Revolución Democrática, como
integrante de la Coalición "Por el Bien de Todos", cuyo
resultado en cuanto a la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, no le fue favorable.
Una vez que determinó la comprobación del grado de
responsabilidad que correspondía al Partido de la Revolución
Democrática en las conductas desplegadas por la organización
ciudadana denominada Convención Nacional Democrática y/o
el Gobierno Legítimo de México, la responsable procedió a
dilucidar respecto de la existencia y, de ser el caso,
circunstancias en que aconteció la obstaculización de la
circulación vehicular en la Avenida Paseo de la Reforma de la
Ciudad de México, Distrito Federal.
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130
Para los efectos anteriores, procedió a allegarse de los
elementos que consideró suficientes para emitir una resolución,
y que consistieron en:
1. Acta circunstanciada de treinta de julio de dos mil ocho,
instrumentada por la propia autoridad responsable, en la
que se consignó la actuación de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, respecto a las denuncias
presentadas por diversos ciudadanos por la afectación de
su derecho de libre tránsito por la obstrucción de la vialidad
sobre la avenida Reforma.
2. La recomendación identificada como “16/2006” con el
título: “Incumplimiento de laudos y resoluciones firmes
dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”, cuyo
rubro es el siguiente:
RECOMENDACIÓN: 16/2006
EXPEDIENTE: CDHDF/122/06/CUAUH/D4522.000
PETICIONARIOS: REGINA ARACELI GÓMEZ DANTÉS Y 2455 HABITANTES Y TRANSEÚNTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.
AGRAVIADOS: REGINA ARACELI GÓMEZ DANTÉS Y 2455 HABITANTES Y TRANSEÚNTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.
AUTORIDAD RESPONSABLE: JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
CASO: OBSTACULIZACIÓN U OMISIÓN DE OBSERVAR LA LEY O NORMATIVIDAD APLICABLE.
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131
DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
3. Respuesta del Secretario de Seguridad Pública del Distrito
Federal mediante la cual proporcionó copia de algunos de los
partes informativos o de novedades, elaborados diariamente
por esa dependencia o por los agentes a ella adscritos, relativos
al tránsito y la vialidad en la avenida Paseo de la Reforma de la
ciudad de México, correspondientes al periodo de treinta de
julio al dieciséis de septiembre de dos mil seis, e informe de los
operativos implementados en las inmediaciones de la
mencionada avenida debido a la permanencia de personas
instaladas en ella.
4. Actas circunstanciadas, instrumentadas por los Vocales
Ejecutivos de las 08 y 12 Juntas Distritales Ejecutivas del propio
Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, en las que se
consignan las declaraciones de diversos ciudadanos,
relacionadas con el impacto que resintieron en sus actividades
cotidianas derivado de la obstrucción de la avenida de
referencia.
Al respecto, la responsable señaló que los documentos en
cuestión tienen el carácter de pruebas documentales públicas,
por lo que les concedió valor probatorio pleno, respecto de su
contenido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27,
párrafo 1, inciso a), 28 y 35 del Reglamento para la Tramitación
de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y
Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el
SUP-RAP-188/2008
132
Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por lo anterior, la responsable consideró que obraban en su
poder, elementos probatorios suficientes para establecer, sin
lugar a dudas, la existencia de obstaculización de la circulación
vehicular en la Avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de
México, Distrito Federal, desde el treinta de julio de dos mil seis
hasta el quince de septiembre del mismo año.
Adicionalmente a lo anterior, la autoridad administrativa
electoral estimó que la referida interrupción de la circulación
vehicular en la Avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de
México Distrito Federal, por haberse dado a conocer
públicamente no sólo en medios periodísticos escritos sino en
radio, televisión e Internet, por un espacio de cuarenta y ocho
días, incuestionablemente constituyó un hecho notorio, el cual
se invocó en términos del artículo 25, párrafo 1, inciso a) del
Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el
Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones
Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales
Al respecto, subrayó que tratándose de hechos notorios, los
mismos no están sujetos a regla normativa alguna, por tanto su
apreciación queda al prudente arbitrio del juzgador o del
operador de la norma, quien goza de plena autonomía para
declarar su existencia, sin más limitación que la sujeción a los
SUP-RAP-188/2008
133
lineamientos legales y a las reglas de la lógica, sustentando tal
afirmación en la Tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado
del Segundo Distrito, visible en la Octava Época, Tribunales
Colegiados de Circuito, página 257 del Semanario Judicial de la
Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época
1969-1987, Tomo VIII FER-IMP. Cuyo rubro y texto son los
siguientes:
“HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales.”
En este orden de ideas, según se desprende de la resolución
impugnada, las referidas probanzas adminiculadas entre sí,
generaron en la autoridad plena convicción respecto de la
obstrucción de la circulación vehicular en la Avenida Paseo de
la Reforma, realizada desde el treinta y uno de julio de dos mil
seis hasta el quince de septiembre del mismo año, por parte de
una organización ciudadana denominada Convención Nacional
Democrática y/o el Gobierno Legítimo de México, cuya creación
y orientación de actividades, son el resultado de la intervención
directa de algunos militantes distinguidos, dirigentes y,
SUP-RAP-188/2008
134
principalmente, del VI Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática.
Asimismo, se estimó acreditado que la obstrucción de
referencia se realizó mediante la instalación de campamentos,
cuyas características fueron corroboradas por la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal y consignadas en la
recomendación identificada como “16/2006” con el rubro:
“Incumplimiento de laudos y resoluciones firmes dirigido al Jefe
de Gobierno del Distrito Federal, Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal”.
Por otra parte, señala la responsable que, del análisis realizado
a los elementos probatorios que obraban en su poder,
relacionados con la obstrucción de la circulación vehicular en la
Avenida Paseo de la Reforma, se desprenden diversas
inconformidades manifestadas por los habitantes de la zona en
la que se establecieron los campamentos que obstaculizaron la
circulación de mérito, ciudadanos que estimaron afectados sus
derechos y que, en su momento, acudieron ante las autoridades
correspondientes, principalmente, ante la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal y la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal, a efecto de conseguir la
cesación de los actos atentatorios de su esfera jurídica.
Lo anterior lo corroboró, según su propio dicho, de la lectura de
la referida recomendación de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, identificada como “16/2006”, de
la que la autoridad responsable desprendió, una afectación a
SUP-RAP-188/2008
135
los derechos de, al menos, 2,455 habitantes de la zona de
referencia, lo que, según su dicho, trajo como consecuencia los
siguientes efectos:
1. Tensión social, al alterarse el desarrollo cotidiano de los
habitantes y transeúntes de la zona afectada;
2. Polarización social;
3. Agresión de los manifestantes a los no manifestantes por
consumir alimentos de marcas transnacionales y de éstos
contra aquellos por obstaculizar la vía pública, y
4. Discriminación, sobre todo de los no manifestantes hacia los
manifestantes al denostar su apariencia física, la vestimenta y
la ideología que proclaman.
Lo anterior resulta relevante para la responsable, porque le
permitió determinar que existió una afectación al derecho de
seguridad jurídica, no sólo en contra de los ciudadanos
habitantes de la zona en la que se ubicaron los campamentos,
sino también de los propios individuos que los establecieron, lo
que resultaba previsible y evitable por parte del partido político
denunciado.
La responsable señaló que el marco jurídico referido con
anterioridad, permite a los partidos políticos hacer uso de las
garantías individuales consagradas en la constitución, pero al
igual que a todos los individuos, les son aplicables las
restricciones que la propia constitución reconoce para su
ejercicio e incluso, debido al importante papel que dichos entes
SUP-RAP-188/2008
136
desempeñan dentro de la sociedad, están llamados a
observarlas con mayor puntualidad cuando su actuación se
constriñe al ámbito del proceso electoral federal.
En este sentido, estimó que las conductas atribuibles al Partido
de la Revolución Democrática no se encuentran amparadas por
los límites establecidos constitucionalmente para el ejercicio de
sus derechos de libre expresión y asociación, en tanto que
produjeron efectos negativos respecto de personas que no se
encontraban involucradas en los hechos que sustentaban sus
inconformidades y demandas.
Una vez asentado lo anterior, esta Sala Superior estima que no
le asiste la razón a la actora, cuando afirma que la responsable
no apoyó en medio probatorio alguno las conclusiones a las que
arribó respecto a la participación del Partido de la Revolución
Democrática en los hechos relacionados con el bloqueo de la
vialidad en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, durante cuarenta y ocho días, a partir del
treinta y uno de julio del dos mil seis, pues como quedó
precisado en los párrafos precedentes, la responsable se allegó
de aquellos elementos que estimó necesarios para acreditar la
existencia de los hechos denunciados por el Partido Acción
Nacional y el grado de responsabilidad del partido político actor
en el presente juicio, valorando cada uno de los elementos con
que contaba, en los términos de la legislación aplicable, tal y
como se explica a continuación.
SUP-RAP-188/2008
137
En primer lugar, la responsable llevó a cabo las diligencias que
estimó necesarias. Así ordenó, por un lado la visita a la página
de Internet del Partido de la Revolución Democrática, dejando
constancia notarial de los resultados obtenidos en dicha
inspección, y de dónde obtuvo la certeza de que en esa página
existía un vínculo directo a la página de la Convención Nacional
Democrática, en la que se promovían los actos, entre otros, de
Andrés Manual López Obrador y del Frente Amplio Progresista,
integrados por los partidos políticos de la Revolución
Democrática, del Trabajo y Convergencia, relacionados con lo
que ellos mismos denominaban Gobierno Legítimo de México.
Por otro lado, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal
Electoral, en uso de las atribuciones que le confieren los
artículos 120, párrafo 1, incisos a) y q); 125 párrafo 1, inciso s) y
356, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, levantó un acta circunstanciada
con el objeto de dejar constancia del contenido de la página de
Internet de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, de donde determinó la afectación de los derechos
humanos de los habitantes del Distrito Federal, producto de la
inactividad de la autoridad para restablecer el ejercicio de los
mismos, por la instalación de campamentos sobre el Paseo de
la Reforma.
La responsable también requirió al Partido de la Revolución
Democrática y a diversas autoridades del Distrito Federal la
documentación que consideró necesaria para corroborar la
veracidad de los hechos denunciados.
SUP-RAP-188/2008
138
De esta manera, el Consejo General del Instituto Federal
Electoral valoró los acuerdos tomados durante el 5º y el 6º
Plenos Extraordinarios del VI Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, de donde obtuvo la certeza que ese
partido político acordó los siguientes puntos:
• Convocar a todos los gobernadores, gobernadora,
presidentes municipales, síndicos, regidores y
funcionarios del Partido de la Revolución Democrática a
participar decididamente en la Convención Nacional
Democrática Por el Bien de Todos;
• Que los gobiernos estatales y autoridades locales del
partido deberán, en el marco de sus atribuciones y con
respeto a la legalidad, ser convocantes activos en sus
diferentes regiones de la Convención Nacional
Democrática Por el Bien de Todos;
• Entregar reconocimientos al esfuerzo y compromiso de
los perredistas en el plantón de Zócalo-Madero-Reforma y
de los trescientos distritos electorales.
Igualmente, la autoridad responsable obtuvo la propuesta de la
Convención Nacional Democrática para Impulsar una Nueva
República con Nueva Constitución y Nuevas Instituciones
Justas, Democráticas y Libertarias, de dónde conoció las
declaración de diferentes militantes del Partido de la Revolución
Democrática, incluyendo a su entonces Presidente Nacional,
Leonel Efraín Cota Montaño, de las que, a juicio de la
responsable, se acreditaba la estrecha relación entre el partido
político y la multicitada Convención Nacional Democrática.
SUP-RAP-188/2008
139
Cabe recordar, que estas pruebas fueron aportadas por el
propio Partido de la Revolución Democrática, por lo que
generaron convicción respecto de los hechos que en ellas se
contenían y, en consecuencia, la autoridad responsable estimó
que los actos imputados a la organización ciudadana
denominada Convención Nacional Democrática y/o el Gobierno
Legítimo de México, resultaban atribuibles, entre otros, al
Partido de la Revolución Democrática, toda vez que, según su
dicho, la creación y orientación de las actividades de dicha
organización, son el resultado de la intervención directa de
algunos de sus militantes distinguidos, dirigentes y,
principalmente, de su VI Consejo Nacional.
Finalmente, con los informes rendidos por el Secretario de
Seguridad Pública y por los Vocales Ejecutivos de las 08 y 12
Juntas Distritales Ejecutivas del propio Instituto Federal
Electoral en el Distrito Federal, la responsable consideró contar
con elementos suficientes, junto con las pruebas relacionadas
con los actos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, para acreditar que con la instalación de campamentos
a lo largo del Paseo de la Reforma, se afectó la garantía de
seguridad jurídica de los ciudadanos del Distrito Federal.
En consecuencia, esta Sala Superior estima que la autoridad
responsable, al momento de tomar la decisión de sancionar al
Partido de la Revolución Democrática, apoyó las
consideraciones de hecho y de derecho que realizó, en los
medios probatorios que obraron en el expediente que se integró
con motivo de la queja presentada por el Partido Acción
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Nacional, pruebas que fueron aportadas por ambos partidos
políticos, así como de las que se allegó el propio Instituto
Federal Electoral en el ejercicio de su facultad investigadora, sin
que ninguno de estos elementos de prueba hayan sido
controvertidos por la actora en su escrito de demanda, en la que únicamente se hacen valer argumentos genéricos, sin sustento legal o probatorio, por lo que deben considerarse inoperantes.
En efecto, esta Sala Superior deja constancia de que, en el
presente caso, no se examina el alcance y valor probatorio de
las probanzas y diligencias realizadas por la responsable, pues
el actor en ningún momento hizo alegación alguna al respecto,
ya que, en su demanda, sólo se limita a manifestar que esa
autoridad no se basó en probanza alguna para concluir su
responsabilidad en relación con los hechos de la obstrucción de
la Avenida Paseo de la Reforma.
Por ello, es que, en este apartado, acorde con el agravio
planteado, se ha demostrado, que la autoridad responsable, sí
se basó en diversas probanzas y diligencias, para arribar a la
conclusión ya apuntada; cuestión muy distinta es el resultado
del examen de dichas probanzas, sin embargo, se insiste, el
partido actor no controvierte el examen específico que de cada
uno de esos elementos probatorios hizo la responsable.
2. Violaciones al principio de exhaustividad. Tocante a los
motivos de queja enunciados en los incisos a) y c), del
apartado señalado, cabe señalar, en principio, que el partido
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político recurrente parte de la base de que no puede ser
sancionado por los hechos relacionados con el “Plantón de la
Avenida Reforma”, fundamentalmente, por dos razones: la
primera, porque los actos que se le imputan fueron realizados
por ciudadanos en el ejercicio de sus derechos fundamentales
de expresión, asociación y manifestación; y la segunda, porque
el apoyo brindado tanto a la Convención Nacional Democrática
como al Gobierno Legítimo de México es lícito, al encontrar
fundamento en preceptos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en su propia Declaración de
Principios.
Esta Sala Superior considera infundados los referidos motivos
de queja, toda vez que el incumplimiento de la obligación legal
prevista en el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por el
partido político recurrente subsiste, al margen de las conductas
de los ciudadanos desplegadas en el referido plantón, así
como del hecho de que tales actos de los ciudadanos terceros
puedan o no estar tutelados por los derechos o libertades.
Para sostener la aseveración anterior, vale la pena realizar las
precisiones siguientes:
Como ya se dijo con antelación, el Pacto Federal Mexicano
reconoce derechos, cuyo disfrute corresponde, en términos
generales, a todo individuo (derechos a: la no discriminación –
artículo 1º, párrafo tercero–; a un sistema de vida fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo
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–artículo 3, fracción II, inciso a)–; a las libertades de expresión
y de escribir –artículos 6 y 7–; y a la asociación pacífica –
artículo 9–; y 35, fracción III–); y de manera específica, a los
ciudadanos mexicanos (derechos a la asociación con fines
políticos –artículo 35, fracción III–; y a constituir partidos
políticos, para promover la participación del pueblo en la vida
democrática, entre otros fines – artículo 41–).
Sin el ánimo de abordar y ahondar en torno a la concepción o
clasificación de los derechos fundamentales, basta señalar
para efectos de la presente sentencia, que al tener la calidad
de fundamentales los derechos a que se ha hecho referencia
en el párrafo anterior, éstos se ejercen libremente por
individuos y ciudadanos, según corresponde; sin embargo, se
hace notar que el ejercicio de estas libertades también se
encuentra sometido a ciertas restricciones, que en forma
somera se abordan desde dos puntos de vista:
A. Por un lado, una parte de la doctrina sostiene que las
limitaciones hacia los derechos fundamentales derivan de la
dignidad humana, a la que se considera la base nuclear de
estos derechos. De la dignidad de la persona, como valor
central, emanan: la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la
seguridad y la solidaridad, que son dimensiones básicas de la
persona.
Una de las razones generalmente aceptadas que hacen
sostenible a la dignidad como un valor dentro de un sistema en
el que conviven distintos estratos sociales, se basa en el
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reconocimiento del respeto que debe guardar un individuo
hacia los demás: si una persona reconoce que debe respetar a
los demás, entonces, se hace respetable frente a ellos.
Por tanto, es válido estimar que el ejercicio de todo derecho se
verá afectado o disminuido, frente al ejercicio del derecho de
un tercero.
En consecuencia, si en el ejercicio de un derecho fundamental
se atenta, colisiona, desconoce o disminuye el derecho
fundamental de un tercero, tal situación generaría el reproche
del acto cometido en exceso, porque el resultado o fin obtenido
habría rebasado el contenido propio y esencial de la libertad de
que se trate.
B. Por otro lado, desde un punto de vista más técnico, se ha
considerado que las limitaciones sobre los derechos
fundamentales serán válidas (y por lo tanto jurídicamente
aceptadas), en la medida en que satisfagan, al menos, los
requisitos siguientes:
i) Ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es,
el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el
ejercicio de las garantías individuales con objetivos que
puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta
Magna;
ii) Ser necesarias para asegurar la obtención de los fines
que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no
basta que la restricción sea en términos amplios útil para la
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obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea
para su realización, lo que significa que el fin buscado por
el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por
otros medios menos restrictivos de derechos
fundamentales; y,
iii) Ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe
respetar una correspondencia entre la importancia del fin
buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce
en otros derechos e intereses constitucionales, en el
entendido de que la persecución de un objetivo
constitucional no puede hacerse a costa de una afectación
innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos
constitucionalmente protegidos.
En adición a este segundo criterio, cabe dejar asentado que,
de igual manera, las restricciones a derechos fundamentales
deberán estar en consonancia con la ley (incluidas las normas
internacionales de derechos humanos), y ser compatibles con
la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución,
en aras de la consecución de los objetivos legítimos
perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el
bienestar general en una sociedad democrática.
Con apoyo en las dos posturas que han sido referidas, tal y
como se estableció al principio de este apartado, conviene
resaltar que el propio ordenamiento constitucional mexicano
establece limitaciones para el ejercicio de algunos de los
derechos fundamentales a que se ha hecho referencia.
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Por ejemplo: la libertad de expresión podrá ser objeto de
alguna indagación judicial o administrativa, cuando ataque los
derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden
público. La libertad de prensa tiene como límites el respeto a la
vida privada, a la moral y a la paz pública. El derecho de
asociación podrá coartarse cuando se pretenda alcanzar un
objeto ilícito, y asimismo, podrá disolverse una asamblea o
reunión cuando se profieran injurias hacia una autoridad, o si
se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u
obligarla a resolver en el sentido que se desee.
En este orden de ideas, si los derechos fundamentales tienen
límites: Internos, cuando su transgresión por parte de otras
personas o poderes implica atentar contra la dignidad humana,
y Externos, que se imponen en el orden jurídico de manera
expresa, con el objeto de proteger los derechos de otras
personas; entonces, para el presente caso, cobra especial
relevancia el contenido del artículo 38, párrafo 1, inciso a), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
que establece como obligación de los partidos políticos:
“Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del
Estado democrático, respetando la libre participación política
de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos”; porque pone en relieve que las actividades que
realizan estas entidades de interés público, en ejercicio de sus
derechos o prerrogativas, se encuentran limitadas en una
obligación que les impone el debido respeto de: la legalidad,
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los valores democráticos y los derechos de otros partidos
políticos y ciudadanos.
Ciertamente, del precepto antes transcrito se advierte que en el
caso, la obligación que se impone a los partidos políticos se
integra con los supuestos normativos siguientes:
1. Conducción de actividades dentro de los cauces legales, es
decir, que cualquier acto desplegado por las entidades de
interés público de que se trata no pueden llevarse a cabo al
margen de las normas jurídicas (constitucionales, legales,
estatutarias, reglamentarias, etc.);
2. Ajuste de su conducta a los principios del Estado
democrático, lo que necesariamente conlleva a estimar que, en
todo caso, sus actos deben guardar correspondencia y
armonía con cualquier aspecto vinculado a nuestro sistema
político, económico, social y cultural. Se estima conveniente
señalar, que entre los fines que el artículo 41, Base I, segundo
párrafo, de la Constitución Política Mexicana reconoce a los
partidos políticos, se encuentra el relativo a que estas
entidades de interés público promueven la participación del
pueblo en la vida democrática. Así, entre la difusión de los
principios y valores democráticos que como fin realizan los
partidos políticos hacia el “pueblo”, se encuentra el relativo al
uso de métodos pacíficos en la solución de los conflictos,
porque resulta inconcuso que el uso de la violencia en
cualquiera de sus manifestaciones no es compatible ni
aceptable en la democracia.
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3. Respeto a la libre participación política de los demás
partidos políticos, privilegiándose valores tales como: el
pluralismo, la tolerancia, el nacionalismo, entre muchos otros; y
4. Respeto a los derechos de los ciudadanos, que denota, en
todo caso, la exigencia de anteponer los derechos ciudadanos
de índole político-electoral como de calidad fundamental en
todos sus actos.
En este orden de ideas, si un partido político, en el ejercicio de
sus actividades, incumple con el deber de cuidar que no se
afecten los derechos de terceros, es innegable que tal situación
podría dar lugar a la aplicación de una sanción, lo que resulta
jurídicamente válido.
Una vez expuestas las bases anteriores, cabe precisar que en
el caso que se examina, al momento en que la responsable fijó
la litis respecto de los hechos que ahora interesan, señaló que
se debía determinar si el Partido de la Revolución Democrática
había transgredido lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1,
incisos a), b) y p), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en virtud de que desde el día
treinta y uno de julio de dos mil seis hasta el día quince de
septiembre del mismo año, ciudadanos identificados con la
organización denominada Convención Nacional Democrática
y/o el Gobierno Legítimo de México impidieron la circulación
vehicular en la Avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de
México, Distrito Federal.
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Por otro lado, en conformidad con el artículo 15, párrafo 1, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, no se encuentra sujeto a prueba por así haberlo reconocido el propio partido político apelante, el hecho consistente en la existencia de un vínculo
(manifestaciones de apoyo) entre el Partido de la Revolución
Democrática, por un lado, y la Convención Democrática
Nacional y el Gobierno Legítimo de México, por el otro.
Además, tampoco existe controversia en relación a que el
denominado “Plantón en Reforma” derivó en una afectación a
los derechos de por lo menos 2,455 habitantes de la zona de
referencia, en los términos en que ya se ha hecho referencia.
Ahora bien, al margen de la aseveración realizada por el
partido político apelante, en el sentido de que: “todos los actos
realizados por el mencionado movimiento ciudadano se han
hecho en el marco de la Constitución y de la ley, por
ciudadanos libremente e individualmente asociados, por
medios pacíficos y democráticos, y con el único propósito de
contrastar la política actual en México con una propuesta
alternativa de nación”, o de que las manifestaciones de apoyo
brindadas hacia la Convención Nacional Democrática y al
Gobierno Legítimo de México, encuentren sustento en
preceptos de índole constitucional o en la Declaración de
Principios del partido político denunciado; se encuentra que no
está controvertida la consideración fundamental de la autoridad
de que, el desarrollo de las actividades vinculadas al
denominado “Plantón en Reforma”, fueron más allá de un
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ejercicio responsable de derechos fundamentales, de tal
suerte, que los actos cometidos en exceso afectaron los
derechos de al menos 2,455 habitantes de la zona de
referencia, afectándose el derecho de seguridad jurídica, no
sólo en contra de los ciudadanos habitantes de la zona en la
que se ubicaron los campamentos, sino también, de los propios
individuos que los establecieron, lo cual, a decir del Consejo
General: “resultaba previsible y evitable por parte del partido
político denunciado”.
En efecto, como ya se precisó, en cuanto a estos hechos, el
apelante sólo refiere que no está demostrado con prueba
alguna su vinculación con los hechos que se examinan; sin
embargo, ya se demostró que la autoridad consideró
actualizada la responsabilidad del partido actor, sobre la base
de las probanzas que ya fueron enumeradas; situación ésta
que el actor no controvierte en forma específica y mucho
menos desvirtúa.
Es por ello, que al existir un reconocimiento expreso en cuanto
al respaldo del partido político denunciado (manifestaciones de
apoyo) hacia las actividades realizadas por la Convención
Nacional Democrática y el Gobierno Legítimo de México, en
específico, el plantón realizado en la avenida Reforma (hecho
relevado de prueba por haber sido reconocido expresamente
en el recurso de apelación que se resuelve), así como que la
ejecución de tal conducta produjo la vulneración de los
derechos de ciudadanos que resultaban ajenos a dicho
movimiento, esta Sala Superior llega al convencimiento de que
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el Partido de la Revolución Democrática incumplió con la
obligación prevista en el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
al haber secundado actos que a la postre vulneraron derechos
de los ciudadanos, sin tomar alguna medida dirigida a
reconocer la prevalencia de los derechos de las personas
afectadas. En consecuencia, resulta válido que por tal motivo
se le haya sancionado.
En otro tema, el Partido de la Revolución Democrática aduce
que se infringe el principio de exhaustividad, porque desde su
perspectiva, se omitió analizar el argumento de defensa hecho
valer en la “contestación del emplazamiento”, relativo a que la
queja debió desecharse al ser incompetente el Instituto Federal
Electoral para conocer de las presuntas irregularidades
denunciadas, relacionadas con actos de miembros del partido,
en su calidad de ciudadanos.
Dicho concepto de agravio resulta inoperante, pues se
advierte que en este alegato se pretende introducir una
cuestión de improcedencia que no fue planteada en el
correspondiente escrito de contestación de emplazamiento
(visible en el Cuaderno Accesorio 2 del expediente que se
resuelve), y de cuya lectura se advierte que las causas
invocadas por el representante del Partido de la Revolución
Democrática, para poner en relieve la improcedencia del
escrito de queja, giraron en torno a los argumentos siguientes:
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1ª. Que no se aportó alguna prueba o indicio idóneo que
acreditara la existencia de los hechos denunciados, lo que
en concepto del denunciado, contraviene lo dispuesto en el
artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
de aplicación supletoria al presente asunto, en términos de
lo establecido en el artículo 3, párrafo 1 del reglamento de
la materia. Este causa es estudiada a partir de la página
133 de la resolución que se cuestiona.
2ª. Que los actos realizados por los integrantes de su
grupo parlamentario integrante del Congreso de la Unión,
se hicieron en su calidad de legisladores y no de militantes,
además de que dichos legisladores gozan de inviolabilidad
por mandato constitucional; por lo que –desde la
perspectiva del ahora apelante– es claro que el Consejo
General del Instituto Federal Electoral no es autoridad
para conocer de los supuestos actos contrarios a la ley que
se denuncian, y por ende, no constituyen violaciones a la
ley electoral aplicable al caso concreto. El estudio de esta
causa se realiza a partir de la página 137 de la resolución
impugnada; y
3ª. Que el Partido Acción Nacional invocó violaciones a un
ordenamiento de carácter local (artículos 24 y 25 de la Ley
de Cultura Cívica del Distrito Federal), las cuales no
pueden ser conocidas por el Instituto Federal Electoral,
actualizándose en el caso la causal de improcedencia
establecida en el artículo 15, párrafo 2, inciso e), del
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Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos
para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de
Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto
del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
No pasa inadvertido para esta Sala Superior, que
precisamente, la tercera de las causas antes listadas, es la que
se hizo valer en forma específica respecto de los hechos que
se examinan, como se observa en el escrito del Partido de la
Revolución Democrática de diez de enero de dos mil ocho, el
cual, en la parte que interesa, señala:
“[…]
CUARTO.- HECHOS RELACIONADOS CON EL PLANTÓN EN LA AVENIDA REFORMA.
En relación con este apartado, se debe decir en principio que el Instituto Federal Electoral es incompetente para conocer de la presunta violación que el Partido Acción Nacional pretende atribuir a mi representado.
En este sentido, tal y como lo establece el artículo 15 párrafo 2 del Reglamento del Consejo General para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, debe declararse improcedente el motivo de queja, pues por la materia de los hechos denunciados, aún y cuando se llegase a acreditar el Instituto resulta incompetente para conocer de los mismos.
Lo anterior es así pues el quejoso, aduce presuntas violaciones a la ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, mismas que en todo caso, deben ser conocidas por una autoridad diversa al Instituto Federal Electoral.
Pero además se debe decir que el Partido Acción Nacional realiza una serie de afirmaciones dogmáticas y subjetivas, que no encuentran sustento en prueba alguna, consecuentemente no
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153
acredita los extremos de su pretensión, pues no aporta elemento alguno para acreditar su dicho.
Lo anterior es así pues solamente inserta, a efecto de comprobar sus afirmaciones una nota, obtenida de Internet, que carece de valor probatorio pleno pues como ya se señaló con anterioridad las notas periodísticas, no constituyen un medio probatorio idóneo a efecto de acreditar lo dicho en ellas, pues únicamente acreditan que, en su oportunidad, se llevaron a cabo las publicaciones, más no la veracidad de los hechos en ellas expuestos.
Siendo importante mencionar que como ya se manifestó en el apartado anterior, la Convención Nacional Democrática, es un movimiento ciudadano, y que dicho plantón fue una expresión ciudadana de aquellos que participaron, realizada en el ejercicio de sus garantías individuales.
No debe pasar desapercibido que como ya se señaló con antelación el Partido de la Revolución Democrática es un partido político que apoya diversos movimientos ciudadanos con los cuales simpatiza, cuestión que se encuentra contemplada en la declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática, cuestión que ya fue hecha valer con antelación y que se solicita que se tenga por reproducida, en obvio de repeticiones.
QUINTO. FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ‘ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR’, CON CAPÍTULO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL IFE.
[…]”
Como se advierte, en el agravio que se examina, el ahora
recurrente únicamente hizo valer como motivo de
improcedencia, la incompetencia del Instituto Federal Electoral
para conocer de presuntas violaciones cometidas a la Ley de
Cultura Cívica del Distrito Federal, resultando inexacto que se
hubiera expuesto algún argumento en la línea de que la
incompetencia alegada obedeciera a que los actos realizados
por los miembros del partido, en el caso del plantón de la
avenida Reforma, los habían realizado en su calidad de
ciudadanos.
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154
Sin embargo, cabría hacer énfasis de que, aun en el supuesto
de que el partido político denunciado hubiera argüido de
manera oportuna la causa de incompetencia, en los términos
en que lo hace valer en el escrito de apelación, tal invocación
no habría sido un obstáculo para que la autoridad señalada
como responsable conociera de los hechos denunciados y
resolviera sancionando al Partido de la Revolución
Democrática.
Lo anterior, cabe enfatizar, porque la queja atinente tuvo como
eje central las presuntas violaciones a la normatividad electoral
federal por parte de dicho partido político, más no el ejercicio
de las libertades de expresión y asociación por parte de los
ciudadanos que participaron en el plantón de la Avenida
Reforma.
Por ello, se concluye que al no controvertirse la veracidad de
los hechos relacionados sobre el plantón de la Avenida Paseo
de la Reforma, la resolución impugnada debe permanecer
incólume, por lo que se refiere a este tema, y seguir rigiendo el
sentido del fallo.
Individualización de la sanción.
El partido político recurrente señala que la resolución
impugnada es ilegal, porque se encuentra indebidamente
individualizada, ya que se impuso una sola sanción por las tres
faltas acreditadas.
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155
En este contexto, señala el apelante que el órgano responsable
debió llevar a cabo un análisis particularizado de las
circunstancias que rodearon cada una de las tres faltas
detectadas, con el objeto de determinar cuál es la sanción que
correspondía a cada una de ellas, con independencia de que se
hubiese aplicado o no el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electoral vigente hasta el catorce de enero de
dos mil ocho, toda vez que al derecho administrativo
sancionador electoral le son aplicables los principios del ius
puniendi.
El agravio expuesto por el Partido de la Revolución
Democrática es sustancialmente fundado y suficiente para
revocar la resolución impugnada, en términos de lo que se
expone en párrafos posteriores.
A nivel federal, la individualización de las sanciones a las faltas
cometidas por los partidos políticos, constituye una atribución
encomendada al Consejo General del Instituto Federal
Electoral, órgano que se encuentra compelido a analizar las
circunstancias objetivas y subjetivas en que se cometió la
infracción para el efecto de determinar la sanción que debe
imponerse.
Dicha atribución, no constituye una facultad discrecional para
ejercerse arbitrariamente, sino que, como toda determinación
de autoridad, debe respaldarse en elementos jurídicos y
fácticos que justifiquen la cuantía o trascendencia de la sanción,
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156
así como su impacto en las condiciones objetivas y subjetivas
del infractor.
Como se ha señalado en los apartados previos de la presente
ejecutoria, las infracciones cometidas por el Partido de la
Revolución Democrática constituyen faltas que se conforman
con las conductas desplegadas con el objeto o propósito de
afectar el funcionamiento regular de los órganos de gobierno, y
esas conductas han sido tipificadas como conductas de
infracción, por atentar en contra de la función pública.
Conforme con lo anterior, la vigencia de las faltas detectadas
por la autoridad responsable, debe continuar surtiendo sus
efectos; sin embargo, este órgano jurisdiccional estima que tal y
como lo alega el actor en su escrito de demanda, la sanción
que corresponde a cada infracción, debe calificarse e
individualizarse por separado.
Ello, porque esta Sala Superior ha establecido el criterio relativo
a que en atención a la naturaleza jurídica del Derecho
Administrativo Sancionador Electoral, las sanciones que
correspondan a los partidos políticos por las acciones u
omisiones de naturaleza formal, respecto de los informes
ordinarios y de campaña del origen y destino de los recursos de
sus recursos, presentados a la autoridad administrativa
electoral, como la no presentación de documentos que deben
exhibirse con el informe, el llenado indebido de formatos, etc.,
no resulta jurídicamente correcto imponer una sanción particular
por cada falta cometida, sino la imposición de una sola sanción
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por todo el conjunto, ya que con esa clase de faltas no se
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable, sino únicamente su
puesta en peligro, con la falta de claridad y suficiencia en las
cuentas rendidas y de los documentos y formatos establecidos
como indispensables para garantizar la transparencia y
precisión necesarias, además de incrementar,
considerablemente la actividad fiscalizadora de la autoridad
electoral competente y los costos estatales de ésta, al obligarla,
con su incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias para
conseguir la verificación de lo expresado u omitido en los
informes, y en algunos casos al inicio y prosecución de
procedimientos sancionadores específicos subsecuentes.
El criterio antes señalado, no resulta aplicable al caso que se
estudia, toda vez que las faltas cometidas por el Partido de la
Revolución Democrática, no se llevaron a cabo con motivo de
acciones u omisiones vinculadas con la rendición de informes
de ingresos y egresos, además, tampoco pueden considerarse
de tipo formal, puesto que, como se ha evidenciado con
antelación, constituyen faltas sustanciales que trasgredieron
principios constitucionales que los partidos políticos deben
observar en todo momento.
Conforme con lo anterior, resulta conveniente destacar que las
violaciones sustantivas, se caracterizan por tratarse de
conductas de acción u omisión que hacen nugatoria,
obstaculizan o atentan contra la verificación de uno o más
principios, reglas, normas y valores constitucionales en
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158
cualquier circunstancia, en detrimento de los sistemas jurídico y
democrático o del régimen político.
Así, cada conducta que actualiza los supuestos antes
enunciados, infringe el orden constitucional, mermando con ello
la eficacia de las instituciones democráticas, así como de los
fines que justifican la existencia de los partidos políticos, en
particular el relativo a contribuir al desarrollo democrático del
país, entendido como el mejoramiento constante del pueblo, por
conducto de los mecanismos previstos en el sistema jurídico y
con pleno respeto al sistema político.
En este contexto, cuando existen violaciones de esa índole, se
generan consecuencias particulares por cada acto u omisión y
se reflejan directamente en el sistema jurídico, democrático o
político del país, situación de la que deriva la necesidad de
aplicar el principio de correspondencia entre las trasgresiones al
sistema de democracia jurídica y política del Estado y las
sanciones a imponer.
Por tanto, para determinar el número de sanciones que deben
imponerse a los infractores, con motivo de las conductas de
acción u omisión, que violen alguna obligación constitucional, la
autoridad administrativa electoral debe analizar el fin último
hacia el que se encontraba dirigida la conducta o conductas
asumidas para que, una vez identificados, proceda a imponer la
sanción o sanciones que correspondan a las faltas acreditadas.
En otras palabras, existe la posibilidad de que el infractor haya
desplegado una serie de conductas u omisiones, todas ellas
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violatorias de diversos principios, reglas o normas, pero
encaminadas conjuntamente a la obtención de un fin concreto,
supuesto en el que deberá imponerse una sola sanción, por
todas las actividades que se desplegaron para la obtención de
la consecuencia deseada o que hayan generado un resultado
específico.
Por otra parte, en el supuesto de que un solo acto u omisión
genere resultados violatorios de diversas normas, principios y
reglas constitucionales y legales, la potestad sancionadora del
Estado, debe encaminarse a la imposición de una sola sanción
en atención al principio de non bis in idem o de no sancionar en
dos ocasiones por la misma conducta.
Una posibilidad diferente se presenta cuando existe pluralidad
de conductas y/o resultados específicos diversos, situación en
la que, la autoridad administrativa electoral deberá identificar
cuales fueron los objetivos concretos que se buscaron con las
conductas desplegadas o las omisiones verificadas, para, de
dicha manera, clasificar cada una de las conductas, dentro del
ámbito de las transgresiones concretas identificadas y proceder
a la imposición de las sanciones que procedan.
Ahora bien, una vez determinado el número de sanciones que
deben imponerse con motivo de las conductas infractoras del
orden jurídico, la autoridad administrativa electoral debe
proceder a la calificación de la falta o faltas, para
posteriormente, establecer, mediante la individualización
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160
respectiva, la sanción que corresponde aplicar a cada una de
las faltas acreditadas.
Toda vez que en el caso bajo análisis, tal y como lo señala el
apelante, debe regir la normativa que se encontraba vigente al
momento de que acontecieron los hechos que dieron origen al
procedimiento administrativo sancionador, este órgano
jurisdiccional estima que al caso concreto, resulta aplicable, lo
siguiente:
Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal,
en términos generales y en función de su pertinencia, son
aplicables al derecho administrativo sancionador electoral, de
ahí que la responsabilidad administrativa corresponde al
derecho administrativo sancionador, que es una especie de ius
puniendi, consistente en la imputación a una persona de un
hecho predeterminado y sancionado normativamente. De ahí
que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en
el que se tomen en cuenta únicamente los hechos y
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas
cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la
situación del infractor en la comisión de la falta.
De igual modo, se ha concluido que la responsabilidad
administrativa electoral consiste en la imputación o atribución a
una persona o ente jurídico de un hecho determinado y
sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un
carácter meramente exclusivo, en el que se tomen en cuenta
únicamente los hechos y las consecuencias materiales, así
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como los efectos perjudiciales de las faltas cometidas
(condiciones de carácter objetivo), sino también se debe
considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión
de la falta (imputación subjetiva).
En consonancia, para fijar la sanción producto de la infracción
cometida, la autoridad a la que le corresponde emitir el acto
coactivo debe circunscribirse a criterios objetivos que le
permitan graduar apropiadamente la sanción a imponer, para
que no suponga un incorrecto ejercicio de discrecionalidad por
su parte.
La justa proporcionalidad que debe guardar una sanción con las
circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes en la falta
que se sanciona, constituye una premisa que en reiteradas
ocasiones ha sido sostenida por esta Sala Superior. La
aplicación del derecho administrativo sancionador no supone en
forma alguna sustitución de facultades administrativas, sino
simplemente corrección del exceso legal que puede llegar a
suponer el ejercer la discrecionalidad más allá de lo que
consisten los hechos determinantes del acto administrativo, que
son los que delimitan y acotan el ámbito propio de los poderes
discrecionales. Lo cual, a su vez, es lo que permite la
graduación de la sanción y señala la diferencia entre el correcto
ejercicio de estas facultades y la arbitrariedad en el ejercicio de
las mismas.
En lo conducente, el artículo 270, párrafo 5, del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al
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momento en que acontecieron los hechos que dieron origen al
procedimiento administrativo sancionador en el que se dictó la
resolución que ahora se reclama, define que para fijar la
sanción correspondiente, se tomará en cuenta las
circunstancias y la gravedad de la falta, aplicándose una
sanción más severa en caso de reincidencia.
Ahora bien, en caso de la imposición de una sanción, la
autoridad administrativa electoral debe tomar en cuenta: 1) Las
circunstancias (modo, tiempo y lugar) en que se produjo la falta;
y 2) La gravedad de la falta, para estar en condiciones de
establecer si la falta es levísima, leve o grave, la cual se
determina analizando la trascendencia de la norma violada y los
efectos que produce la trasgresión respecto de los hechos
objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho y, la
dimensión de la afectación o del daño causado, peligro o riesgo
latente a que hubiere sido expuesto.
Una vez definido lo anterior, corresponde a la autoridad
seleccionar y graduar la sanción tomando en cuenta los
siguientes elementos: a) los hechos y consecuencias materiales
y los efectos perniciosos de la falta cometida; b) la conducta y la
situación del infractor en la comisión de la falta; c) las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución; d) la
intencionalidad o negligencia del infractor; e) la reincidencia en
la conducta; f) si es o no sistemática la infracción; g) si existe
dolo o falta de cuidado; h) si hay unidad o multiplicidad de
irregularidades; i) si el partido político presenta condiciones
adecuadas en cuanto al registro y documentación de sus
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ingresos; j) si contraviene disposiciones constitucionales,
legales o reglamentarias; k) si ocultó o no información; l) si con
la individualización de la multa no se afecta sustancialmente el
desarrollo de las actividades del partido político o de la
agrupación política; y m) la gravedad de la infracción a las
obligaciones prescritas en la ley.
En el caso bajo estudio, como las infracciones en que incurrió el
Partido de la Revolución Democrática fueron de aquellas que
atentan contra la función de los órganos de gobierno, la
autoridad administrativa electoral se encontraba sujeta a
analizar y valorar cada uno de los elementos antes señalados
con la finalidad de imponer una sanción por cada una de las
faltas que estimó acreditadas.
Conforme con lo antes señalado, la autoridad responsable
debió llevar un análisis pormenorizado de las circunstancias
objetivas y subjetivas en que se cometió cada una de las
infracciones apuntadas.
Así, a efecto de individualizar cada una de las sanciones el
órgano administrativo resolutor, debió tomar en cuenta, entre
otros, los aspectos siguientes:
- Órgano partidario que emitió el acuerdo conculcatorio de sus
obligaciones constituciones y legales.
- Momento o situación jurídica y política en que se desplegó la
conducta infractora.
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- Órgano de Gobierno, institución, asociación o persona física o
moral a la que se encontraba dirigida la decisión adoptada por
el partido.
- Regla o principio constitucional transgredido.
- Bien jurídico tutelado que se estimó transgredido por la
decisión adoptada.
- Recursos económicos, materiales y humanos empleados para
la toma del acuerdo o decisión trasgresora.
- Reincidencia.
- Beneficio que obtuvo con la decisión adoptada.
- Daño causado al régimen político, democrático o sistema
jurídico con motivo de la decisión adoptada.
- Si se trató o no de una conducta sistemática.
- Si la conducta se llevó a cabo con la intención de afectar el
bien jurídico tutelado.
- Función o acto del órgano de gobierno que se pretendió
entorpecer, afectar o impedir.
En esta tesitura y toda vez que del estudio integral y cuidadoso
de la resolución impugnada, no se advierte que la autoridad
responsable haya llevado a cabo un estudio pormenorizado de
las circunstancias a que se ha hecho mención, por cada una de
las faltas que se estimaron actualizadas, sino que, por el
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contrario, la responsable procedió a fijar sólo una sanción por
las tres faltas que estimó actualizadas, y que se han estudiado
en apartados anteriores, esta Sala Superior concluye que ha
lugar a revocar la resolución reclamada, para el efecto de que la
autoridad responsable, en un plazo de diez días, proceda a
emitir una nueva resolución en que, individualice la sanción
aplicable a cada una de las tres faltas acreditadas al Partido de
la Revolución Democrática, para lo cual, deberá tomar en
consideración los elementos expuestos en la presente
ejecutoria; hecho lo anterior, procederá a informar a este
órgano jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas siguientes
al dictado de dicha resolución, el cumplimiento a la presente
ejecutoria.
Lo anterior, en la inteligencia de que al realizar de nueva cuenta
la individualización de la sanción por las conductas referidas, la
autoridad deberá tener en cuenta que el monto total de las
sanciones que debe fijar, no podrá ser superior al monto de la
sanción originalmente impuesta, toda vez que, la concesión que
en esta ejecutoria se hace a favor del partido recurrente, por la
ilegalidad en este aspecto de la resolución impugnada, en la
ejecución que se realice para reparar el agravio cometido, no
puede traducirse en una determinación que agrave e mayor
medida la situación jurídica originalmente establecida.
La justificación de esta limitante se encuentra en dos
circunstancias, la primera, deriva del hecho de la protección que
se concede al impugnante ante la ilegalidad del acto de la
autoridad que carecería de sentido si, en cumplimiento de un
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fallo protector, en lugar de beneficiar al impugnante resultara
perjudicado con esa determinación; y la segunda, se sustenta
en un principio general de derecho de non reformatio in peius,
entendido como la imposibilidad de reformar o modificar una
situación o resolución no favorable para agravarla más en
perjuicio del recurrente, que resulte aplicable en términos del
artículo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
Por todo lo expuesto y fundado se:
R E S U E L V E:
PRIMERO. Se modifica la resolución CG452/2008, dictada el
treinta de septiembre de dos mil ocho, por el Consejo General
del Instituto Federal Electoral.
SEGUNDO. Se deja sin efectos la sanción impuesta al partido
de la Revolución Democrática, para el efecto de que la
autoridad recurrida, conforme a lo explicado en la parte final del
considerando cuarto de esta ejecutoria, emita una nueva
determinación en la cual individualice las sanciones que deban
imponerse al partido infractor.
Devuélvanse las constancias pertinentes a su lugar de origen; y
en su oportunidad, archívese el expediente como asunto
definitivamente concluido.
Notifíquese personalmente al Partido de la Revolución
Democrática; mediante oficio, con copia certificada de esta
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ejecutoria, al Consejo General del Instituto Federal Electoral; y
por estrados a los demás interesados.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los magistrados
que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, con la ausencia del magistrado
Salvador Olimpo Nava Gomar, ante el Secretario General de
Acuerdos, que da fe.
MAGISTRADA PRESIDENTA
MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA
MAGISTRADO
CONSTANCIO CARRASCO DAZA
MAGISTRADO
FLAVIO GALVÁN RIVERA
MAGISTRADO
MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA
MAGISTRADO
JOSÉ ALEJANDRO LUNA
RAMOS
MAGISTRADO
PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO
