Ratto, Sixto y otro c

Ratto, Sixto y otro c. Productos Stani S.A. PRIVATECS, agosto 26-966. - Ratto, Sixto y otro c. Productos Stani S.A.

Opinin del Procurador General de la Nacin.

El precepto de la Constitucin Nacional que los fallos de ambas instancias han invocado como nico sustento normativo del acogimiento de la demanda entablada por los actores, reza as: "El trabajo en sus diversas formas gozar de la proteccin de las leyes, las que asegurarn al trabajador... igual remuneracin por igual tarea...".

Incluida entre aquellas que en el nuevo art. 14 de la Constitucin Nacional se refieren a la remuneracin del trabajo efectuado bajo relacin de dependencia, la disposicin transcripta no puede considerarse totalmente desvinculada de la que previamente encomienda al legislador proteger la "retribucin justa" del trabajador. Desde este punto de vista, estimo que la clusula de referencia, tomada en su estricta literalidad, aparece enderezada a proscribir de nuestro concreto ordenamiento legal preceptos que de cualquier modo impongan o autoricen discriminaciones irrazonables entre quienes desempean una misma labor, y conduzcan, por esa va, a privar a alguien, o a algunos, de la remuneracin estimada justa para los dems ocupados en idnticas tareas.

Se sigue de ello que el dispositivo constitucional que alude a dicha igualdad de trato establece, ante todo, un criterio al que el poder estatal ha de subordinar la regulacin salarial del contrato de trabajo, tenga ella lugar por va legal o reglamentaria, o bien a travs de la actuacin que al Poder administrador compete en la homologacin de convenciones colectivas (arts. 3 y concs., ley 14.250).

En el caso de autos, sin embargo, no se trata de la aplicacin del aludido precepto del nuevo art. 14 con el fin de verificar si se adecua a l determinado acto normativo, sino de juzgar, a la luz de lo all estatuido, el proceder observado por la demandada al acordar a tres de sus operarios retribuciones, diferentes entre ellas, pero en todos los casos mayores que las otorgadas a sus restantes dependientes ocupados en iguales tareas, a los cuales ha respetado, sin embargo, el salario que para la respectiva categora reconoce el convenio colectivo de la actividad y, ms concretamente, se trata de establecer si slo por mrito de la prescripcin constitucional ya citada, cabe reconocer a los actores, no beneficiados con la sobreasignacin, el derecho de exigir a su empleador las diferencias de salarios resultantes de su equiparacin con uno de los obreros remunerados por arriba del convenio.

Hllase, pues, fuera de controversia el acatamiento por la demandada de los salarios fijados por dicho instrumento y, por ello, reitero que la discriminacin en que los actores fundan su reclamo no proviene de disposicin normativa cuya validez constitucional se encuentre en tela de juicio. Por tanto lo que corresponde resolver es si, como lo ha decidido el a quo por mayora, la clusula del art. 14 bis a que he venido aludiendo puede brindar, por s sola, soporte jurdico adecuado al reclamo formulado por los actores.

Sobre el punto expreso desde ya mi opinin negativa.

El texto constitucional en examen, analizado a travs de sus antecedentes en el orden internacional, y en la labor de la Convencin Nacional Constituyente que precedi a su sancin, recoge una opinin vigente en la conciencia jurdica general, contraria a que la retribucin de un mismo trabajo sufra merma por razn del sexo, la raza, la nacionalidad o el credo de quien lo ejecuta, lo cual, por cierto, autoriza a entender tambin prescripta, en la materia, cualquiera otra discriminacin de igual o parecida irrazonabilidad que conduzca a remunerar a un trabajador con un salario inferior al establecido para una tarea similar a la suya.

Lo expuesto equivale a decir que cualquier aplicacin de la norma constitucional de referencia que signifique proyectarla ms all de la mera formulacin de un criterio para la regulacin del contrato de trabajo por el Estado, requerir indispensablemente la previa determinacin del valor que haya de reconocerse a la labor desempeada por quien pretenda desconocida la garanta constitucional en anlisis, nico camino para llegar a establecer, en concreto, si ha mediado arbitraria conculcacin de aqulla.

En el caso de autos, la aludida determinacin debe considerarse verificada para las partes por va del convenio colectivo concertado para la actividad a que pertenecen, el cual traduce el acuerdo de aqullas, logrado a travs del procedimiento de la ley 14.250, y homologado por el Estado, respecto de cul es la remuneracin del trabajo de los actores que ha de estimarse adecuada a la pauta constitucional de justicia.

Ello establecido, y toda vez que, conforme as qued acreditado en la causa, la demandada ha satisfecho a los accionantes esos salarios, su decisin de retribuir a tres operarios por encima del convenio no resulta, en mi opinin, elemento fundamental para configurar un esencial desconocimiento de la garanta de igualdad de trato remuneratorie. En tales condiciones, pienso que tampoco puede esta ltima operar como criterio judicial vlido para fundar decisiones de la naturaleza de la que se trae apelada, pues, en las circunstancias de autos, el proceder de la demandada no aparece contrario a la reglamentacin legal de los derechos que acuerda la Constitucin, y supone, por tanto, el ejercicio de una facultad propia, no lesiva del derecho de los actores a una justa retribucin de su trabajo, y que debe entenderse concretada al amparo de tambin expresas garantas establecidas en los arts. 14 y 19 de la Ley Fundamental.

Las consideraciones que preceden, y las concordantes del voto de la minora del a quo, me llevan a pensar que el pronunciamiento en recurso debe ser revocado. - Julio 12 de 1965. - Ramn Lascano.

Buenos Aires, agosto 26 de 1966. - Considerando: 1 - Que en estos autos se debate la inteligencia de la clusula del art. 14 de la Constitucin Nacional que asegura "igual remuneracin por igual tarea". Se trata de varios obreros que desempean labores similares; a todos se les paga la retribucin fijada en el convenio colectivo, pero a algunos de ellos la compaa demandada les ha reconocido un plus, fundada en su "mayor idoneidad, dedicacin y servicios prestados". Los restantes reclaman se les pague tambin a ellos ese plus, pretensin que es acogida por el a quo, que juzga que la discriminacin hecha por el patrn contrara la aludida garanta constitucional.

2 - Que la solucin del presente caso no depende del problema, debatido en autos, de la operatividad del principio del art. 14 de la Constitucin Nacional, en cuanto asegura igual remuneracin por igual tarea; aun admitiendo su inmediata operatividad, resulta obvio que l no es sino una expresin de la regla ms general de que la remuneracin debe ser justa. As entendido, es indudable que se opone a discriminaciones arbitrarias como seran las fundadas en razones de sexo, religin o raza, pero no a aquellas que se sustentan en motivos de bien comn; nada obsta, por va de ejemplo, a que se pague mayor retribucin a quien tiene mayores cargas de familia, tal como la misma Constitucin lo quiere al disponer que una ley establecer "la compensacin econmica familiar" (art. 14, "in fine").

3 - Que, siendo as, es claro que el mentado principio tampoco se opone a discriminaciones fundadas en la mayor eficacia, laboriosidad y contraccin al trabajo del obrero. La ley no debe interpretarse conforme a la desnuda literalidad de los vocablos usados, ni segn rgidas pautas gramaticales, sino con arreglo a su significado jurdico profundo.

4 - Que el empleador cumple con el mandato constitucional pagando a cada categora de trabajadores lo que estipula el convenio colectivo, que por haberse elaborado con intervencin de la parte laboral, asegura una remuneracin justa.

5 - Que no puede privarse al empleador de su derecho de premiar, por encima de aquellas remuneraciones, a quienes revelen mritos suficientes. De lo contrario, no habra manera de estimular al trabajo, la eficacia y la lealtad, con grave detrimento de la justicia, y con respecto al inters de la comunidad, que en esta cuestin no puede dejar de compurgarse, es patente el efecto nocivo de una igualacin forzosa al ms bajo nivel.

6 - Que el derecho del empleador de premiar aquellos mritos no puede sujetarse a la prueba, en la prctica muy sutil y difcil, de que ellos existen; debe quedar librado a su prudente discrecionalidad, pues de lo contrario se desvirtuara su ejercicio.

7 - Que de este modo no se autorizan arbitrariedades o discriminaciones infundadas que comprometan la disciplina del trabajo, sino se asegura el justo reconocimiento de una superacin til, que conviene a la elevacin y al bien de la comunidad.

Por ello y lo dictaminado por el Procurador General se revoca la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso. Las costas de esta instancia por su orden, en atencin a la naturaleza de la cuestin resuelta. - Eduardo A. Ortiz Basualdo. - Roberto E. Chute. - Marco A. Risola. - Guillermo A. Borda. - Luis C. Cabral.